En la carta a continuación, diferentes organizaciones y personas pertenecientes a movimientos sociales de Pueblos Originarios, realizan un pronunciamiento en defensa de Cristhian González Gómez; funcionario de la Organización de Naciones Unidas en Costa Rica.
Agente Residente Sistema de Naciones Unidas Costa Rica.
Señora Catalina Crespo Sancho.
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
5 de agosto, 2022.
Reciban un cordial saludo de parte de las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta carta.
La cual tiene el objetivo de expresar el respaldo y apoyo a las labores realizadas por Cristhian González Gómez, funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cristhian no sólo ha sido amable, respetuoso y responsable con el trato directo frente a las Organizaciones Propias de Pueblos Originarios que nos encontramos fortaleciendo nuestra cultura, sino que, es objetivo, altamente ético y su labor se caracteriza por la probidad y por la defensa de los Derechos Humanos. Cristhian pertenece a uno de los Pueblos Originarios que habitan la Zona Sur del país -Pueblo Bruncakj, en el Territorio de Boruca-, por lo que sabemos que cuenta con la experiencia y sensibilidad necesaria para escuchar nuestras necesidades y acompañarnos desde tan importante organismo internacional. Sin lugar a duda su presencia en la ONU y en los Territorios Indígenas de la Zona Sur y del país ha sido de mucha importancia.
Queremos hacer público ante usted, que agradecemos profundamente el trabajo del señor Cristhian González y que respaldamos sus labores. Conocemos de su integridad humana, profesional y, sobre todo, su profundo compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las personas más vulnerabilizadas, discriminadas y violentadas en el país.
Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos injustos a González Gómez que fueron expresados en una carta que le fue presentada a la señora Defensora de los Habitantes, durante una reunión con sectores que se oponen abiertamente a las recuperaciones de tierra-territorio y que han promovido y participado en agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios. En esa carta, según la nota publicada por un diario de circulación nacional, se menciona que el señor Cristhian González Gómez tiene participación en las “invasiones en la zona” y que supuestamente cuenta con una actitud imparcial ante las Organizaciones Propias que estamos recuperando nuestras tierras-territorios. Señalamiento que es falso y que más bien da cuenta de la alta complejidad del contexto que atraviesan nuestros Pueblos y Territorios; contexto en el que las y los recuperadores han probado que son los principales afectados de la violencia y que, por tanto, la ONU les dirige la atención y escucha.
Las invitamos a dialogar con los diversos sectores inmersos en este conflicto, con el objetivo de reducir la tensión y la violencia que nos aqueja.
Finalmente, esperamos que se pueda reconocer la importante labor del señor González Gómez, así como de los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes señalados en la misma carta. A ellos y ella, les agradecemos profundamente su labor y compromiso real con la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y de cualquier sector que se encuentre en vulnerabilidad.
Por primera vez, la Asamblea General de la ONU reconoce en una resolución adoptada por 161 votos a favor, 8 abstenciones y cero en contra; el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Derecho que ya se encontraba reconocido en múltiples declaraciones desde 1972, en diversos convenios internacionales y por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; pero que sin embargo, no había sido reconocido como tal por el máximo órgano de las Naciones Unidas.
Un gran paso en la consolidación de este derecho humano fundamental.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Según se desprende de la lista de los actuales Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este 2022 llegan a expiración de sus respectivos mandatos Brasil y Venezuela (véase listado oficial).
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas. Se trata de un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados. En este año 2022, esta entidad es presidida, por vez primera en toda su historia, por Argentina (véase comunicado oficial de diciembre del 2021).
El Consejo de Derechos Humanos en breve
Entre sus numerosas atribuciones (Nota 1) el Consejo de Derechos Humanos es la instancia llamada a crear, mediante resolución, comisiones de investigaciones para documentar situaciones en las que se viola de manera masiva y grave derechos humanos: en la actualidad son 36 mecanismos de investigación (véase enlace oficial); también recae en este órgano el crear o renovar mandatos temáticos sobre ámbitos específicos en materia de derechos humanos, y que en la actualidad ascienden a 45 (véase enlace oficial).
Ello sin olvidar de mencionar la adopción de resoluciones en temas relevantes que luego son puestos a conocimiento de la Asamblea General: la reciente (e histórica) resolución A/76/300 sobre derecho al ambiente como un derecho humano adoptada el 28 de julio del 2022 por una abrumadora (e inédita) mayoría (véase nota de prensa y esta nota publicada en Costa Rica explicando el significado de tan abultada mayoría de votos a favor) fue inducida desde el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre del 2021 (véase nota oficial).
Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014, con un solo voto en contra (Estados Unidos) a la hora de votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución que crea una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en el mes de junio del 2015
La repartición geográfica conlleva algunos criterios muy propios (véase enlace oficial) tendientes a asegurar un equilibrio entre todas las regiones del mundo a la hora de realizarse la votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas para escoger a los Estados miembros. En la integración del Consejo de Derechos Humanos, la región de América Latina y del Caribe cuenta con 8 escaños, mientras que África cuenta con 13, al igual que la región Asia/Pacífico, también con 13; como resultado de la antigua partición de Europa durante la Guerra Fría, se considera la región de Europa Occidental por una parte, con 7 y por otra, Europa Oriental, con 6 escaños.
Cada año, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, usualmente en el mes de octubre, se procede a renovar de manera parcial el Consejo de Derechos Humanos, eligiendo para cada una de estos cinco bloques regionales a varios Estados por un mandato de tres años para suplir las vacantes correspondientes. En la actualidad, por América Latina y el Caribe figuran: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006 (véase resolución A/RES/60/251 de abril del 2006) y reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (un órgano intergubernamental que funcionó desde 1946 hasta el año 2005 compuesto por 53 Estados): es de notar que esta resolución se adoptó con 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Islas Marshall, Israel y Palau) y 3 abstenciones (Bielorusia, Irán y Venezuela) según se informa en esta nota de prensa de Naciones Unidas. En un interesante artículo del 2007 que analiza las negociaciones previas a esta votación, se lee que un diplomático norteamericano conocido por sus posiciones radicales e intransigentes originó este voto de Estados Unidos:
«La mayoría de los Estados concordaron con el Presidente Eliasson en cuanto a que esta redacción era la mejor posible, dada la atmósfera existente y que era urgente consolidar el acuerdo antes de que se realizara la siguiente reunión de la CDH. Estados Unidos no compartía esta opinión. El Embajador Bolton manifestó su inquietud acerca de muchas disposiciones contenidas en el texto y, junto con negarse a explicitar cuáles cambios lograrían que Estados Unidos apoyara la resolución, hizo un nuevo llamado a efectuar negociaciones individuales entre países. El apoyo para esta posición fue casi nulo y finalmente la Asamblea aprobó la resolución que creaba el nuevo Consejo…» (Nota 2).
Recientemente, tuvimos la oportunidad de analizar la exclusión de Rusia de este órgano de Naciones Unidas (véase nuestra nota del 7 de abril del 2022), como consecuencia de la agresión militar perpetrada en el territorio de Ucrania: cabe indicar que Rusia (158 votos) y Ucrania (166) fueron electas en representación de la región de Europa del Este en octubre del 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase nota oficial de Naciones Unidas).
Costa Rica y su súbito interés en integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2019
Habíamos tenido la oportunidad de analizar en octubre del 2019 la repentina decisión de Costa Rica de postularse en aras de intentar arrebatarle la silla a Venezuela (Nota 3).
Se trató de una maniobra que no fructificó, quedando electos Brasil y Venezuela por América Latina y el Caribe (véase nuestra breve nota sobre resultados alcanzados en la votación del 27 de octubre del 2019): la diplomacia de Brasil reunió para esta elección 153 votos, la de Venezuela 105, al tiempo que la de Costa Rica (no electa) pudo contar con el respaldo de 96 Estados que votaron en favor de su candidatura (para más detalles sobre los resultados de la votación, véase acta A/74/PV.17, pp. 3-4)
Este episodio bastante peculiar permitió confirmar lo que enseña la observación de la práctica diplomática en Naciones Unidas para este tipo de ejercicios: los intercambios de votos y de compromisos que los Estados han pactado entre sí en materia de candidaturas difícilmente pueden ser revisados a menos de dos semanas de una elección. Algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es muy probable que Venezuela y Brasil tenían asegurada gran parte de sus votos cuando Costa Rica anunció súbitamente su postulación. No se trata de semanas o meses de antelación, sino en algunos casos, de candidaturas que se preparan desde varios años (Nota 4).
Después de lo acontecido en el 2019, tanto en el año 2020 como en el 2021, Costa Rica optó, por alguna razón, por no postularse; al igual que lo había hecho del 2015 al 2019, después de su última postulación oficial en el 2014, que no le permitió tampoco ser electa.
En el 2020, resultaron electos para las tres vacantes por la región Bolivia, Cuba y México, con respectivamente 172, 170 y 175 votos respectivamente (véase detalle de los votos obtenidos por los demás Estados en el acta A/75/PV.16, pp.14-15; en el 2021, resultaron electos Argentina (175), Honduras (172) así como Paraguay, con una destacada marca de 185 votos reunidos.
Las elecciones venideras para el 2022, el 2023 y el 2024
Para este año 2022, son dos las vacantes que dejan Brasil y Venezuela y que deberán ser objeto de una decisión colectiva para suplirlas por parte del bloque regional de América Latina y del Caribe: la práctica en Naciones Unidas indica que se delega a cada bloque regional el presentar los candidatos para suplir las vacancias de turno que le corresponden.
En caso de desacuerdo entre los integrantes del GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), son entonces los votos obtenidos por cada candidatura los que deciden cuáles Estados son electos y cuáles no resultan electos. Únicamente los números obtenidos en la Asamblea General de Naciones Unidas cuentan, al tratarse de una votación secreta.
En el año 2023, serán tres las vacantes al llegar al término de su actual mandato Bolivia, Cuba y México. En el 2024, serán tres nuevamente, al concluir su mandato Argentina, Honduras y Paraguay.
El espacio para tres es siempre mayor al espacio para dos
Tres vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos dan lugar a elecciones mucho menos reñidas que cuando se trata de dos, y merece mención señalar que:
– para el último ejercicio (2019), las diplomacias brasileña y venezolana lograron su cometido, dejando por fuera a la de Costa Rica;
– al igual que las de Brasil y Cuba (2016), Brasil reuniendo 137 votos, Cuba 160, y Guatemala tan solo 82;
– así como los aparatos diplomáticos de Cuba y México (2013): en aquella oportunidad Cuba reunió 148 votos, México obtuvo 135 votos, quedando fuera Uruguay con 93 votos;
– en octubre del 2010, con 180 votos cada uno, Ecuador y Guatemala fueron electos, al tiempo que se registra, sin explicación plausible, un solo voto a favor de Perú (véase enlace oficial con tablero general de votos obtenidos). Se trata posiblemente de un único voto de un delegado que, sin haber recibido instrucción alguna desde su capital, voto con su mejor criterio o bien por el Estado con el que más se siente identificado…
– en octubre del 2007, Bolivia obtuvo 169 votos, Nicaragua 174, al tiempo que se registró (como en el caso de Perú en el 2010), a Costa Rica, Chile y Belize cada uno con un solo voto (véase acta A/61/PV.97, página 3): en este caso, al menos para el caso de Costa Rica, otra hipótesis a considerar es que su delegado en Naciones Unidas, por alguna razón, no considerara que pudiera votar ni por Bolivia ni por su vecino Nicaragua…
Algunas de las marcas obtenidas por Estados de América Latina, algunas ausencias y algunas presencias notorias
Más allá de las cosas que a veces pueden ocurrir en la mente de un diplomático cuando su capital omite enviarle una instrucción de voto, resulta oportuno recordar que son los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas los que son llamados a votar en favor de las candidaturas correspondientes.
Como previsible, la marca más alta registrada por un Estado de América Latina (antes del notorio hito logrado por Paraguay en la última contienda del 2021 reuniendo 185 votos a su favor), fue la obtenida por el aparato diplomático de Brasil en el 2012 (con 184 votos a su favor), seguido por Perú (180) en el 2017, y México (179) también en las elecciones del 2017. Con un solo voto (probablemente el suyo), Colombia es el Estado que obtuvo la menor cantidad de votos en las primeras elecciones realizadas en el 2006, seguido por Honduras con 3 y Costa Rica con 6 (véase acta A/60/PV.80 del mes de mayo del 2006, pp. 3-4).
Resulta oportuno precisar que, desde su integración en el mes de mayo del 2006, el Consejo de Derechos Humanos nunca ha contado (véase listado oficial) con los siguientes Estados de América Latina como Estados miembros: Colombia, Haití y República Dominicana.
Por otro lado, como dato de interés, Cuba ha sido escogido en cinco ocasiones desde el 2006 como integrante para los siguientes períodos: (2006-2009), (2009-2012), (2014-2016), (2017-2019) y (2021-2023). Al igual que México: (2006-2009), (2009-2012), (2014-2016), (2018-2020) y (2021-2023). Se puede considerar que sus respectivas diplomacias consideran prioritario el integrar al Consejo de Derechos Humanos al registrar ambos Estados la mayor cantidad de mandatos desde el 2006. Cuba y México son seguidos por Argentina y Brasil con cuatro mandatos cada uno. Los mandatos de Brasil son: (2006-2008), (2013-2015), (2017-2019) y (2020-2022); los de Argentina: (2006-2007), (2013-2016), (2019-2021) y (2022-2024). Siguen luego Venezuela con tres mandatos: (2013-2015), (2016-2019) y (2019-2021) así como Ecuador (2006-2009), (2011-2013) y (2016-2018).
Como se puede observar, un equilibrio muy sutil se ha instalado entre las diplomacias de Argentina, Cuba, Brasil y México desde el 2006, mientras que los demás Estados de América Latina participan de manera mucho más esporádica a la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas.
Las candidaturas oficiales para las elecciones en este año 2022
Al parecer, para las elecciones de este 2022, Venezuela ha optado por presentarse para una reelección (véase nota de prensa de Talcualdigtal del 25 de julio del 2022); al tiempo que el pasado 5 de mayo del 2022, Chile anunció de manera oficial su candidatura (véase comunicado oficial de su diplomacia). Es posible que la referencia a Venezuela hecha refiera a un sondeo previo realizado por la diplomacia venezolana antes de tomar la decisión de anunciar oficialmente su postulación.
Con relación a Costa Rica, al momento de redactar estas líneas no se ha hecho público anuncio alguno. Después de su repentino intento en el 2019, y del fracaso de su candidatura en el 2014 (véase nota nuestra al respecto), la última vez que Costa Rica fue electa en el Consejo de Derechos Humanos remonta al año 2011, al quedar electa con Chile y con Perú (y quedando fuera de la contienda Nicaragua): véase al respecto nota oficial de Naciones Unidas así como esta nota oficial de los resultados obtenidos por cada aparato diplomático (Chile con 159 votos, Costa Rica con 138, Perú con 136, y Nicaragua -no electa- con 98 votos reunidos).
Nótese que en este enlace de una ONG especializada en derechos humanos con sede en Ginebra y en un volante de una actividad a realizarse en Ginebra en el mes de septiembre del 2022, sí se menciona a Costa Rica conjuntamente con Chile y con Venezuela (véase volante) para ocupar las dos vacantes a suplir en octubre del 2022, sin que haya trascendido (salvo error nuestro), algún anuncio oficial de candidatura.
Por su parte, República Dominicana, el pasado 14 de junio anunció su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase comunicado oficial): al revisar con detenimiento, se trata de una postulación para el período (2024-2026), y no para el que se decidirá próximamente (2023-2025).
Las designaciones para el mandato (2023-2025) se decidirán durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que iniciará en septiembre del 2022.
A modo de conclusión
Cabe precisar que quien fuera el máximo representante de Costa Rica en Naciones Unidas en la sede de Nueva York en el período (2018-2022) fue recientemente electo como experto independiente en derechos humanos para integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2022 (véase nota oficial de Naciones Unidas y hoja de vida de los candidatos propuestos): no se trata de un órgano intergubernamental, sino de un órgano de tratado (también denominado órgano de supervisión o monitoreo en la literatura especializada – Nota 5) compuesto por expertos independientes, encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales de los 173 Estados Parte al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio similar realizado en octubre del 2021 en el marco regional hemisférico de cara a la designación de cuatro jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 6).
Desde el 30 de junio del 2022 (véase nota oficial sobre renuncia aceptada en mayo del 2022), Costa Rica adolece de un representante con rango de Embajador en Naciones Unidas en Nueva York. Una situación similar a la vivida por Costa Rica en el 2014, un año en el que las elecciones celebradas para designar a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de este año fueron precedidas por la toma de posesión de nuevas autoridades electas en mayo, dando lugar a un vacío mientras se procedió a la designación del nuevo representante en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo costarricense.
Con relación a Chile, es de notar que designó a su nueva embajadora en Naciones Unidas diez días después de la toma de posesión de sus nuevas autoridades (véase nota de prensa del 21 de marzo del 2022). Cabe destacar que, además de adherir recientemente al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte número 13 desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) (Nota 7), el Poder Ejecutivo chileno acaba de proceder a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo de San Salvador de 1998 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase nota oficial de su diplomacia del 28 de julio del 2022): como se ha podido apreciar en los últimos meses, la diplomacia de Chile profundiza su compromiso internacional con los derechos humanos desde que llegó la nueva administración del Presidente Gabriel Boric.
–Notas–
Nota 1: Sobre las nuevas competencias del Consejo de Derechos Humanos con relación a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos y un intento de comparar ambos órganos después de 5 años de funcionamiento del primero, véase VIEGA e SILVA M., El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, 667 páginas, pp. 169-246. Texto integral de la tesis disponible aquí.
Nota 2: Véase HALPERIN H.M, ORENTLICHER D., «El nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas«, Anuario de Derechos Humanos (2207), pp. 113-120, en pp.117-118. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos: breves reflexiones«, Réseau International des Droits Humains, edición del 16 de octubre del 2019, disponible aquí.
Nota 4: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014.
Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
Nota 5: Véase por ejemplo MUSSO J.A, RODRIGUEZ M.C., SÁNCHEZ MERA S. TAHHAN R. M., Lecciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad Católica Santiago del Estero, ediciones UCSE, 2021, 413 páginas, texto completo disponible aquí, pp. 86-101. Para un estudio sobre los órganos de tratados más detallado en español, véase CASTAÑEDA HERNANDEZ M., Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas como elementos de cambio en el orden internacional, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2018, 325 páginas. Texto integral de la tesis disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «La elección de nuevos integrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 20 de octubre del 2021, disponible aquí.
Nota 7: Sobre esta notable adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que exhibe aún más a Costa Rica en sus inconsistencias en el plano internacional, véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Chile es oficialmente Estado Parte número 13. Algunas breves reflexiones desde Costa Rica«, Diario Constitucional, edición del 31 de julio del 2022, disponible aquí.
Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Nicolas Boeglin (*)
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por Chile.
Las mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú merecen mención: el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, al tiempo que el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. A su vez, estas cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
A partir del 13 de junio del 2022, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13. La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado plantea ahora algunas interrogantes en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en Naciones Unidas de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus.
Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado.
En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 2).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción (véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia).
No cabe duda que, Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará… también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú: un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, el magnífico ejemplo de la adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. Iniciativas legislativas recientes altamente preocupantes que limitarían sustancialmente las normas vigentes en Costa Rica sobre participación ciudadana en materia ambiental han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica); al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses evidencia la total impericia de las actuales autoridades a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio), y confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra gran pesada deuda que arrastran desde muchos años las autoridades de Costa Rica (véase muy completo reportaje del 2019, cuya lectura se recomienda).
Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana en materia ambiental constituye uno de los pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus (1998).
Los costarricenses ya han podido por sí solos observar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrirle a la economía costarricense si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales en el medio digital costarricense de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales y por una magistrada de la Sala Constitucional para oponerse al Acuerdo de Escazú (Nota 3). Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy…) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.
El mismo jurista Mario Peña había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros y este otro documento suscrito por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que se basa en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya consternación para muchos.
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento» único de su Poder Judicial. En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad. En realidad, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito, sino que se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva de la Sala Constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental pocamente divulgada y cuestionada (Nota 4).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya las siguientes interrogantes: ¿estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
– -Notas- –
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se confirma aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 3: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Es de notar que en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 4: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
En estos últimos días del mes de mayo del 2022, se difundió en algunos círculos diplomáticos y en algunos medios de prensa (véase por ejemplo nota de Le Point y nota de The Guardian) la carta de renuncia del diplomático ruso Boris Bondarev, quien fuera hasta el 23 de mayo consejero en la Misión Permanente de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Es, al parecer, el primer integrante del aparato diplomático ruso en renunciar a sus funciones oficiales desde el inicio de la agresión militar de Rusia al territorio de Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero del 2022. Al menos, el primero en hacer pública su decisión, si es que se han dado otras bajas de este tipo sin trascender en la esfera pública. El 23 de marzo, la BBC informó de otra renuncia de un alto funcionario ruso, sin que se conozcan sus motivos para hacerlo (véase nota). En cambio, la carta de Boris Bondarev, extraída de la red social twitter, explicita sus motivaciones y se reproduce de manera integral a continuación (véase enlace):
«Renuncio, no renuncio, y si renuncio, ¿qué hago?»: apuntes en torno a un siempre delicado dilema interno
Una renuncia de esta índole que consiste en cesar de continuar defendiendo a un Estado por parte de un diplomático de carrera debe siempre entenderse como un acto que evidencia una profunda crisis en lo interno del aparato diplomático de dicho Estado.
El desacuerdo en seguir las instrucciones enviadas desde la capital puede ser la realidad de algunos diplomáticos cuando se trata de criterios políticos que consideran cuestionables y discutibles. No obstante, cuando conforme la reflexión se instala en la mente del diplomático, su debate interno puede llegar a levantar algunas interrogantes a un punto tal que la decisión que toma es la siguiente: ya no tiene mayor sentido continuar sosteniendo lo que considera … insostenible. Renunciar a toda una carrera profesional dentro del servicio exterior del Estado es siempre una decisión díficil de tomar.
Existen algunos precedentes, y en cada uno de ellos se confirma esta lectura: recientemente por ejemplo, en América Latina, se informó de la decisión de quien fuera el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de renunciar a seguir representando los intereses de Nicaragua (véase nota de la BBC del 23 de marzo del 2022). En el 2004, fue el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas el que dimitió de sus funciones (véase al respecto esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas).
Existen también casos, de una naturaleza muy distinta, en los que son declaraciones desafortunadas que llevan a solicitar la renuncia de un embajador, sin que a veces la renuncia se materialice (véase por ejemplo nota de la BBC del 2010 sobre extrañas declaraciones del Embajador de Chile en Buenos Aires). En el 2013, luego de declaraciones desacertadas de su máximo reprentante en Panamá, Costa Rica procedió a presentar oficialmente sus «disculpas» en una carta formal lamentando lo ocurrido: no hubo en este caso ninguna renuncia, sino un cese y traslado del interesado a otro destino, siempre con rango de embajador (Nota 1).
En el caso más específico de los diplomáticos rusos en este mes de mayo del 2022, el continuar justificando y defendiendo los argumentos oficiales de Rusia en su accionar en contra de Ucrania tiende a volverse cada vez más apremiante, como lo intentaremos explicar en las líneas que siguen.
La agresión de Rusia a Ucrania: un cajellón sin salida desde la estricta perspectiva legal internacional
Desde el 16 de marzo del 2022, una decisión preliminar (denominada «providencia» u «ordenanza«) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Rusia cesar de inmediato su oficialmente denominada «operación militar especial» en Ucrania.
Se trata de una primera decisión favorable a Ucrania con relación a la demanda que interpuso en La Haya pocos días después de iniciarse la agresión rusa a su territorio: véase al respecto para mayores detalles nuestra breve nota al respecto titulada «Ucrania / Rusia: las medidas provisionales ordenadas a Rusia por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puestas en perspectiva«.
Son en efecto varias las reglas que Rusia está violando abiertamente desde la madrugada del 24 de febrero del 2022, empezando por las primeras disposiciones de la misma Carta de Naciones Unidas relativas al respeto a la integridad territorial de un Estado y a la prohibición del uso de la fuerza (Nota 2).
Esta primera ordenanza del juez internacional de La Haya en el caso que opone Ucrania a Rusia es claramente irrespetada, y coloca ahora a Rusia en una situación de abierto desafío a la autoridad de la justicia internacional: sin lugar a dudas, este desacato a esta decisión produce sus consecuencias desde el punto de vista jurídico.
En efecto, al cumplirse el pasado 24 de mayo tres meses desde el inicio de las operaciones militares rusas en territorio ucraniano, que violentan las reglas más básicas del ordenamiento jurídico internacional, es probable que Ucrania refuerce su decidida estrategia legal con una acción ante la justicia internacional tendiente a obtener reparaciones por los graves daños causados por Rusia en su territorio: diversas entidades trabajan desde ya en Ucrania (y probablemente también fuera de ella), en aras de calcular y de cuantificar – destrucción tras destrucción – los múltiples daños ocasionados por Rusia en Ucrania (véase enlace con cálculos y estimaciones al 27 de abril del 2022). Un evento internacional abierto al público reunirá expertos el 30 de mayo sobre este preciso tema (véase enlace oficial).
Cabe recordar que en otro caso conocido por la CIJ, en su demanda de 1984 contra Estados Unidos, Nicaragua presentó una memoria sobre compensación por daños que detallaba los diversos rubros de la destrucción causada por Estados Unidos en su territorio al entrenar, adiestrar y financiar a la denominada «contra» nicaragüense (véase documento, en particular pp. 266-349). Un cambio de orientación político acaecido en 1990 tuvo como consecuencia el retiro formal de la demanda por compensación por la misma Nicaragua en 1991 (véase comunicado oficial de la CIJ de septiembre de1991 en francés y en inglés).
Rusia y la justicia internacional: el significado de su no comparecencia
Siempre con relación a la demanda interpuesta por Ucrania contra Rusia el 26 de febrero del 2022 ante el juez de La Haya (véase texto de la demanda y texto de la solicitud de medidas provisionales), cabe recordar que, al convocarse a audiencias públicas en La Haya realizadas el 7 de marzo para escuchar los alegatos de Ucrania y los contra alegatos de Rusia, Rusia optó por no comparecer ante los jueces de La Haya. ¿No comparecer ante el juez internacional desdeñando de esta manera una tribuna internacional como la barra de La Haya para justificar su accionar? ¿Acaso los argumentos de Rusia para justificar su agresión no cuentan con la sólidez suficiente como para someterlos a un debate contradictorio en La Haya? Es una de las tantas preguntas que entraña esta significativa ausencia: para mayores detalles (y algunas otras preguntas hechas que no ameritan ser nuevamente reproducidas), véase nuestra breve nota al respecto titulada «Ucrania / Rusia: la fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la CIJ «.
Esta actitud del aparato diplomático de Rusia evidenció ante todo (y en particular ante los jueces de la CIJ y el resto de la comunidad internacional) la situación poco sostenible, desde el punto de vista jurídico, en la que se ha colocado Rusia desde la madrugada del 24 de febrero del 2022.
Las acciones bélicas se han mantenido desde entonces entre las fuerzas militares de Rusia y de Ucrania, con avances y retrocesos de unos y de otros, pérdidas en vidas humanas cuantiosas tanto en las tropas de una como de otra. El saldo en muertes y heridos de gravedad en el seno de la población civil ucraniana aumenta día tras día, así como el flujo de refugiados y de desplazados internos y el número de tragedias de todo tipo en las que se ven inmersas familias ucranianas.
A la fecha, no se vislumbra mayor esfuerzo o iniciativa para reiniciar canales de negociación en aras de que cesen las hostilidades, en particular desde que Ucrania vislumbra una victoria militar. Los hallazgos a inicios del mes de abril del 2022 de las exacciones cometidas por Rusia en la localidad de Bucha han modificado sustancialmente la posición inicial de Ucrania de sentarse a una mesa de negociación, y el firme respaldo de la comunidad internacional influye en esta postura. En esta nota de RFI se informa sobre la llamada a consulta del embajador de Rusia en París por las autoridades galas al negarse este diplomático a reconocer la responsabilidad de Rusia en los eventos de Bucha.
Con relación a la responsabilidad penal individual de altos funcionarios de Rusia, tanto civiles como militares, en la instigación o la comisión de actos que califiquen como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el conflicto en Ucrania ha llevado a otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), a multiplicar diversas investigaciones en su territorio (véase enlace oficial de la CPI al respecto).
En su misiva, el ahora ex diplomático ruso Boris Bondarev explica, sin contemplación para sus antiguas autoridades en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que:
«Today the Ministry of Foreign Affairs is not about diplomacy. It is all about warmongering, lies and hatred. It serves interests of few, the very few people thus contributing to further isolation and degradation of my country«.
A modo de conclusión
Es posible que esta primera renuncia hecha pública de un alto funcionario diplomático de Rusia sea seguida de otras, dado el aislamiento cada vez más pronunciado de Rusia en el seno de la comunidad internacional: esta última observa a uno de sus integrantes ignorar las bases fundacionales del mismo ordenamiento jurídico existente desde 1945.
En la precitada nota de The Guardian el ahora ex funcionario ruso explica que su decisión estaba tomada desde el mismo 24 de febrero y que debió proceder a arreglos de diversa índole antes de hacerla efectiva. Resulta de interés señalar que, en su también carta de renuncia (con fecha del 23 de febrero del 2022), uno de los asesores legales de larga data de Rusia ante el juez internacional de La Haya, el jurista francés Alain Pellet, señaló en el último párrafo que:
«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it
/
J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement» (véase carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).
– – Notas – –
Nota 1: El 7 de marzo del 2013, Costa Rica retiró a su embajador en Panamá (véase nota de prensa de La Nación) y envió una nota en la que presentó sus disculpas formales a las autoridades panameñas. Ello se debió a declaraciones dadas por el embajador Melvin Sáenz Biolley, el 6 de febrero anterior, primero en las afueras de un estadio, y luego en un medio radial panameño conducido por la periodista Bettina García Muller. Costa Rica notificó oficialmente a Panamá que: “El Gobierno de Costa Rica desea hacer llegar sus más sentidas disculpas por las expresiones emitidas por don Melvin y las molestias que estas causaron al ilustrado Gobierno de Panamá” (véase nota de prensa de La Nación). En julio del 2013, el señor Melvin Sáenz Biolley presentó oficialmente sus credenciales como embajador de Costa Rica en Perú (veáse nota de CRHoy).
Nota 2: Se trata de un conjunto de reglas muy básicas que sostienen el edificio normativo internacional desde 1945 y que detalla una entidad como el International Law Institute (Institut de Droit International) en su declaración del 1ero de marzo del 2022 (véase texto en francés y en inglés). Estas mismas normas internacionales reaparecen en la demanda presentada por Ucrania contra Rusia el 26 de febrero del 2022 ante la CIJ: véase texto en francés y en inglés.
Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)Publicado por Curso de Derecho Internacional.
@UNCOSTARICA visitó ayer el territorio indígena de China Kichá para recabar información sobre los hechos suscitados recientemente y apoyar las posibles soluciones que permitan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Costa Rica.
En un reciente informe de Naciones Unidas, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, analiza los efectos económicos y financieros del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, en América Latina y el Caribe.
Según Bárcena, el conflicto ocurre en un contexto de alta incertidumbre a nivel global asociada a diversos factores, entre los que destaca: el desigual ritmo de vacunación contra el COVID-19 y las nuevas variantes del virus, las presiones inflacionarias y la dificultad presente para mantener el estímulo fiscal, las tensiones comerciales y los riesgos en el sector inmobiliario de China, las disrupciones en las cadenas de suministro y la alza en los fletes, así como, los eventos extremos debido al cambio climático.
De acuerdo con el informe, este conflicto tiene un impacto en las economías de América Latina y el Caribe a través de los canales de transmisión de los efectos circunstanciales, principalmente el canal comercial (con efectos directos e indirectos), el canal de precios de las materias primas (incluidos los términos de intercambio y los problemas de inflación) y el canal financiero.
Los precios de productos básicos agrícolas y alimentos, la (in)seguridad alimentaria, la inflación, el desempleo y la pobreza son algunos de los efectos mencionados por la CEPAL como adversos, al contexto de incertidumbre y volatilidad que sufre hoy la Región.
Dicho informe fue presentado en el Diálogo de Alto Nivel “Escenarios ante el conflicto en Ucrania”, organizado por el Consejo Económico y Social (CES) de la República Argentina el 23 de marzo de 2022.
El pasado 7 de abril del 2022, la Asamblea General de Naciones adoptó una resolución mediante la cual se suspende la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Su párrafo dispositivo primero establece que la Asamblea General:
«1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos ../ .. 1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation»
Remitimos sobre esta votación a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas (así como su versión en francés), y se reproduce el texto de la resolución adoptada al final de esta misma nota en español, en inglés así como en ruso.
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del actual organigrama de Naciones Unidas, compuesto por Estados electos por la misma Asamblea General de Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad de analizar la elección reciente de Argentina, Honduras y Paraguay por parte de América Latina y el Caribe, acaecida en el mes de octubre del 2021 (véase breve nota nuestra al respecto); la de Bolivia, Cuba y México en el 2020 (véase nota); así como la de Brasil y Venezuela en el 2019 (véase nota). Los 8 precitados Estados constituyen los actuales representantes de América Latina en este órgano intergubernamental que se compone de 47 Estados Miembros. Cabe recordar que el actual Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, la cual funcionó hasta el mes de marzo del 2006, compuesta por 53 Estados.
En el mes de marzo del 2011, Libia fue objeto de una resolución suspendiendo su membresía del Consejo de Derechos Humanos muy similar (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas); en junio del 2018, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de manera voluntaria, en señal de solidaridad con su incondicional aliado israelí (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«).
El voto registrado este 7 de abril en breve
La resolución A/RES/ES-11/3 votada este 7 de abril contó con 93 votos a favor, 24 en contra, 58 abstenciones y 18 Estados cuyos delegados optaron por el siempre peculiar «No Show» (véase detalle del voto en este enlace de Naciones Unidas).
Entre los que votaron en contra, aparecen en el hemisferio americano Bolivia, Cuba y Nicaragua. Al tiempo que, entre las 58 abstenciones, aparecen Brasil, El Salvador, Guyana, México, San Cristóbal y Nevis, así como San Vicente y las Granadinas.
Cabe indicar que por tercera vez consecutiva desde que se adoptan resoluciones sobre la agresión de Rusia a Ucrania (véase nuestra breve nota sobre la resolución adoptada el 2 de marzo y nuestra nota sobre la resolución adoptada el 24 de marzo), el delegado de Venezuela optó por la particular opción del «No Show» (ausencia de su delegado a la hora de registrarse la votación).
Con relación a algunos Estados que resultan de la desaparición de la URSS en 1991 y que aún mantienen una relación privilegiada con Rusia, es de notar que Armenia, Arzeibaidján, y Turkmenistán optaron por el «No Show«, al tiempo que los demás acuerparon a Rusia votando en contra de la resolución (Bielorusia, Kazakhstán, Kyrgyzstán, Tajikistán, Uzbekistán).
Algunos detalles de interés sobre la estrategia diplomática de Rusia
Ante una nueva probable victoria diplomática de Ucrania contribuyendo a aislar aún más a Rusia ante los ojos de la comunidad internacional, eran de esperar inéditas gestiones, y ello al más alto nivel por parte de Rusia para frenarla días antes del 7 de abril.
Como parte de su estrategia diplomática, Rusia envió durante los días previos a la votación cartas oficiales a una gran cantidad de Estados advirtiendo que serían considerados como «Estados hostiles» a Rusia en el caso de votar a favor pero también en caso de abstenerse o bien de no participar al voto como tal («No Show«): una presión a la que sí sucumbieron varios Estados en particular en Asia Central (véase nota de prensa proviniendo de esta región del mundo).
El contenido de estas cartas plantea algunas interrogantes con relación a la abstención registrada de India y el «No Show» de Venezuela, entre otros. La precitada carta enviada por Rusia, según varios medios de prensa (véase por ejemplo esta nota publicada en India) que la citan, expresamente indicaba los términos de la advertencia hecha por Rusia:
«It is worth mentioning that not only support for such an initiative but also an equidistant position in the vote (abstention or non-participation) will be considered as an unfriendly gesture«.
Más allá de las gestiones diplomáticas de Rusia para frenar este tipo de iniciativas, será de gran interés observar si de ahora en adelante, los 58 Estados que se abstuvieron y los 18 que se ausentaron al momento de la votación serán incluidos en su totalidad en la lista de «Estados hostiles» a Rusia: si lo son algunos, pero no lo son todos, será de interés (aún mayor) conocer con exactitud los criterios usados por Rusia. Como se recordará, una primera versión de esta lista fue dada a conocer por las agencias de prensa rusas el 7 de marzo del 2022 (véase por ejemplo nota de la agencia TASS de noticias). Esta lista de Estados declarados oficialmente «hostiles» por Rusia coincide en parte – pero no en su totalidad – con la lista de Estados que solicitaron días antes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación (véase listado incluido en este comunicado de la CPI con fecha del 2/03/2022): dejamos a nuestros estimables lectores revisar cuáles Estados aparecen en ambas listas y cuáles no.
A modo de conclusión
Pese a la gestiones del aparato diplomático de Rusia, este voto viene nuevamente a aislar a Rusia ante la comunidad internacional.
Si Rusia es consecuente con la letra misma de la carta enviada por su aparato diplomático a un gran número de capitales en el mundo, su aislamiento recrudecerá con únicamente 23 Estados que votaron con ella en contra de esta resolución con los que debería mantener relaciones amicales o normales. Se trata de 23 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, lo cual acarrea una pregunta muy válida para los 170 restantes: ¿los demás Estados deben ahora ser colocados todos en la categoría de «Estados hostiles» a Rusia?
Es probable que, conforme nuevas exacciones cometidas en zonas controladas por Rusia salgan a la luz del día, y nuevos ataques en Ucrania causen más daños a la población civil, como el registrado en la estación de tren de Kramatorsk (véase nota de El Pais del 8/4/2022), se añadan otras resoluciones de este tipo y que se busque suspender a Rusia de otros recintos de Naciones Unidas. Estas resoluciones podrían adoptarse en las próximas semanas, en particular si se observa que Rusia no rectifica su actuar, iniciado el pasado 24 de febrero del 2022 con una masiva agresión militar en territorio ucraniano, que sigue denominándose oficialmente en Rusia (tanto a nivel oficial como en medios de prensa rusos) como una «operación militar especial«.
El pasado 16 de marzo, fue la máxima instancia jurisdiccional de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la que exigió, mediante una ordenanza, a Rusia el cese inmediato de su ofensiva militar en suelo ucraniano. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota que concluía indicando que:
«Se puede adelantar que esta providencia leída por la CIJ este 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño en una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania: fue la misma intención la que tuvo Nicaragua en 1984 ante la CIJ, ante la destrucción propiciada, financiada y orquestada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense«.
Texto de la resolución adoptada en español / inglés / ruso (véase texto en las diferentes versiones oficiales de Naciones Unidas)
«Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos
La Asamblea General,
Recordando su resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, en particular el párrafo 8, en que se establece que la Asamblea General podrá suspender los derechos a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de todo miembro del Consejo que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,
Tomando nota de la resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 4 de marzo de 2022, en particular de la grave preocupación del Consejo por los informes de abusos y violaciones graves y sistemáticos de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos por la Federación de Rusia durante su agresión contra Ucrania,
Recordando sus resoluciones ES-11/1, de 2 de marzo de 2022, y ES-11/2, de 24 de marzo de 2022.
Expresando grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, reconociendo las firmes expresiones de preocupación contenidas en las declaraciones del Secretario General y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y observando la última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania realizada por la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania, de 26 de marzo de 2022,
1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos;
2. Decide también volver a examinar la cuestión según proceda;
3. Decide además suspender temporalmente el undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General y autorizar al Presidente de la Asamblea General a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros».
«Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council
The General Assembly,
Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006, in particular paragraph 8, which states that the General Assembly may suspend the rights of membership in the Human Rights Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights,
Taking note of Human Rights Council resolution 49/1 of 4 March 2022, in particular the grave concern of the Council regarding reports of gross and systematic violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed by the Russian Federation during its aggression against Ukraine,
Recalling its resolutions ES-11/1 of 2 March 2022 and ES-11/2 of 24 March 2022, Expressing grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine, in particular at the reports of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law by the Russian Federation, including gross and systematic violations and abuses of human rights, recognizing the strong expressions of concern in statements by the Secretary-General and by the United Nations High Commissioner for Human Rights, and noting the latest update on the human rights situation in Ukraine by the human rights monitoring mission in Ukraine, of 26 March 2022,
1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation;
2. Also decides to review the matter, as appropriate;
3. Further decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States».
«Приостановление прав членства Российской Федерации в Совете по правам человека
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 60/251 от 15 марта 2006 года, в частности на пункт 8 ее постановляющей части, в котором установлено, что Генеральная Ассамблея может приостановить членство в Совете по правам человека какоголибо члена Совета, который совершает грубые и систематические нарушения прав человека,
принимая к сведению резолюцию 49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года, в частности серьезную обеспокоенность Совета сообщениями о грубых и систематических нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Российской Федерацией в ходе ее агрессии против Украины,
ссылаясь на свои резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года и ES-11/2 от 24 марта 2022 года,
выражая серьезную обеспокоенность продолжающимся правозащитным и гуманитарным кризисом на Украине, особенно в связи с сообщениями о нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации, включая грубые и систематические нарушения и ущемления прав человека, учитывая решительные выражения обеспокоенности в заявлениях Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и отмечая последнюю обновленную информацию о ситуации с правами человека на Украине от 26 марта 2022 года, подготовленную миссией по наблюдению за правами человека на Украине,
1. постановляет приостановить права членства Российской Федерации в Совете по правам человека;
2. постановляет также вернуться к рассмотрению данного вопроса при наличии надлежащих условий;
3. постановляет далее временно прервать работу одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить ее заседания по требованию государств-членов».
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado a SURCOS por el autor.
*Foto de portada: tropas de Ucrania intentando contrarrestar en posición el avance de Rusia en un puente en la misma capital de Kiev. Foto extraída de nota de prensa de The Guardian, edición del 25/02/2022
Postal N (Imagen de Mundo sin Guerras y sin Violencia).
– Madrid, España – Rafael de la Rubia
¿Quién es responsable del conflicto?
No se sabe el número de ucranianos que han muerto, tampoco el de jóvenes rusos que fueron obligados a luchar. Viendo las imágenes, serán por miles,si sumamos a los inválidos físicos, los inválidos emocionales, los afectados con graves fracturas existenciales y los horrores que está produciendo esa guerra de Ucrania. Miles de edificios destruidos, viviendas, escuelas y espacios para la convivencia aniquilados. Innumerables vidas y proyectos truncados, así como relaciones rotas por la guerra. Ya se cuentan por millones los desplazados y refugiados. Pero la cosa no termina ahí. Ya son cientos de millones los afectados con el aumento de la carestía de la vida en todo el mundo y pueden llegar a ser miles de millones los afectados.
Muchos de esos seres humanos eran coetáneos de los albores de la vida. No se conocían, pero lucharon hasta que su vida fue cercenada. O, como muchos jóvenes ucranianos, se ocultan para no ser llamados a la guerra “… soy muy joven para morir y para matar…” manifiestan. Además, hay muchos niños, ancianos y mujeres que están viendo fracturadas sus vidas por una guerra que se dice, nadie quería.
¿A quién señalamos como responsable de tales crímenes? ¿Al que apretó el gatillo o disparó el misil? ¿Al que dio la orden de atacar? ¿Al que fabricó el arma, al que la vendió o al que la donó?¿Al que diseñó el programa informático de seguimiento del misil? ¿Al que con su discurso inflamó la sangre o al que sembró cizaña? ¿Al que con sus artículos e información falseada creó el caldo de cultivo para el odio? ¿Al que preparó falsos ataques y falsos crímenes de guerra para culpar al otro bando? Dime, por favor, a quien apuntas con tu dedo acusador. ¿Al que impasible en su puesto de responsabilidad saca beneficio de la muerte? ¿Al que inventa historias para robar a otro? Ya es de dominio público que lo primero que muere en las guerras es la verdad… ¿Serán entonces los representantes políticos los responsables? ¿Serán los grandes medios de propaganda los responsables? ¿Serán los que cierran y censuran algunos medios de comunicación? ¿O los que fabrican videojuegos donde se trata de matar al opositor?¿Será Putin el dictador de una Rusia que quiere expandirse y retomar sus aspiraciones imperialistas? ¿O será la OTAN que la cerca cada vez más estrechamente, después de prometer su no expansión, habiendo triplicado el número de países? ¿Quiénes de todos estos tienen alguna responsabilidad? ¿Ninguno? ¿O solo unos pocos?
Los que señalan a culpables sin hacer referencia al contexto en el que todo esto se hace posible, los que señalan a culpables “mediáticos”, fáciles de identificar, sin señalar a los que realmente se benefician y sacan ganancias de la muerte, los que así operan, además de cortedad de miras, se convierten en cómplices de situaciones donde vuelva a surgir algún conflicto.
Cuando se busca un responsable y se reclama castigo ¿Se repara con él el inútil sacrificio de la víctima? ¿Se mitiga el dolor del afectado? ¿Se resucita al ser querido? Y lo más importante ¿Se impide su repetición a futuro?
Si se pide castigo, se está buscando venganza y no justicia. La verdadera justicia tiene que ver con reparar el daño causado.
Mucha gente no se puede creer lo que está pasando. Es como si se hubiera retrocedido en la historia. Pensábamos que esto no volvería a ocurrir, pero ahora lo vemos más cerca porque es en la puerta de Europa donde estamos viviendo el conflicto. Estábamos acostumbrados a que los afectados fueran en guerras lejanas,tuvieran la piel de color y no fueran blancos de ojos azules. Y los niños estaban descalzos y no llevaban gorros con borlas ni ositos de peluche. Ahora lo sentimos más cerca y nos estamos volcando en solidaridad, pero nos hemos olvidado de que esto es continuación de lo que ocurre hoy o ha ocurrido antes en muchas partes del mundo: Afganistán, Sudan, Nigeria, Pakistán, R.D. Congo, Yemen, Siria,los Balcanes, Irak, Palestina, Libia, Chechenia, Camboya, Nicaragua, Guatemala, Vietnam, Argelia, Ruanda, Polonia, Alemania o Liberia.
Este no es un conflicto entre ucranianos y rusos, como no lo son los que ocurren entre saharauis y marroquíes, palestinos y judíos o entre chiitas y sunitas. El verdadero conflicto está entre los poderes que utilizan a los pueblos y a los países manejándolos, oprimiéndolos y enfrentándolos por el rédito y beneficio que obtienen de ello. El verdadero problema está en los que se lucran con la guerra, en el complejo militar-industrial, en los que quieren mantener su poder y posesión desalmada frente a las necesidades de los desposeídos del mundo, esas mayorías que todos los días luchan por construir una existencia digna. Este es un tema complejo y que está en la raíz de nuestra historia: la manipulación de las poblaciones para enfrentarlas entre sí mientras hay sectores que sacan beneficio de ello.
Recordemos que los 5 países que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas en el mundo. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas…
Por otra parte, las guerras son restos de una etapa de nuestro pasado prehistórico. Hasta hoy, hemos convivido con ellas, casi considerándolas como «naturales», porque no suponían un grave peligro para la especie. ¿Qué problema podría producir para el género humano que un reyezuelo entrara en conflicto con otro y murieran unos cuantos cientos? De ahí se pasó a miles. Y después siguió aumentándose la escala, con el perfeccionamiento tecnológico en el arte de matar. En las últimas guerras mundiales los muertos se contaron por decenas de millones. Día a día sigue aumentando enormemente la capacidad destructiva con el arma nuclear. Ahora sí, con la posibilidad de una confrontación nuclear, ya está en peligro nuestra especie. Ahora está en cuestión la continuidad del ser humano.
Esto no nos lo podemos permitir. Es un punto y aparte que tenemos que decidir como especie.
Los pueblos estamos demostrando que sabemos unirnos y que ganamos más colaborando que enfrentándonos.
Ya hemos recorrido dos veces el planeta y les aseguro que no nos hemos encontrado a nadie que crea que con las guerras avanzamos.
Son 60 países los que ya han proscrito las armas nucleares firmando el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN). Obliguemos a nuestros gobiernos a que lo ratifiquen. Aislemos a los países que defienden el armamento nuclear. La doctrina de la “disuasión” fracasó, pues cada vez hay armas más potentes y en más países. La amenaza nuclear no se ha eliminado, contrariamente cada vez cobra más fuerza. En todo caso, como paso intermedio, pongamos las armas nucleares en manos de unas Naciones Unidas refundadas con clara dirección hacia el multilateralismo y hacia resolver los principales problemas de la humanidad: el hambre, la salud, la educación y la integración de todos los pueblos y culturas.
Seamos coherentes y manifestemos ese sentir a viva voz para que los brutos que nos representan se enteren: Ya no nos podemos permitir más conflictos armados. Las guerras son la escoria de la humanidad. El futuro, será sin guerras o no será.
Nos lo agradecerán las nuevas generaciones.
(*) Rafael de la Rubia es fundador, en 1993, de la asociación humanista Mundo Sin Guerras y Sin Violencia.
Síntesis: La insaciable Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) instrumentalizó a su favor las Naciones Unidas, durante el surgimiento de los grandes conflictos bélicos en el mundo, desde finales del siglo pasado cuando la fuerza bruta de los militares desplazó el derecho internacional.
Ya a las 18 horas locales del fatídico 24 de marzo los trabajadores regresan a sus casas con la jornada laboral cumplida. No faltaron curiosos que desde las ventanas de los ómnibuses divisaran las orillas de las vías cundidas de “robles austriacos” reventando florecillas moradas y rosadas en primavera, invitada fija de la capital yugoslava desde tiempos inmemoriales. Y es que esa tarde- noche el teatro de Belgrado vestía de lujo, precisamente, para celebrar la llegada de los días primaverales, cuatro días atrás. Las butacas ya tenían dueño para la Opera, pues los boletos estaban vendidos una semana antes, mientras en el interior del bello inmueble de gruesa columnas sonaba tristón un violín y un nostálgico saxofón, como presintiendo algo fatal en pleno desarrollo, al mismo tiempo la señal era inequívoca esa noche: la batuta descartaba error alguno, por pequeño que fuese. Por eso hubo tiempo suficiente para que el director del coliseo ordenara arreglos especiales en la entrada del edificio con filas de lirios blancos, al lado derecho, y a la izquierda, con ramos de cerezos frescos. No hubo sitio del teatro sin perfumarse.
Pero los belgradeses, orgullosos siempre de su histórica ciudad, embriagados además porque atrás dejaban el crudo frío yugoslavo, nunca imaginaron que solo dos horas luego sus vidas cambiarían para siempre, como pareciera presagiaron con su Do Sostenido lanzado al aire por el tristón violín y el Fa de pecho gritado desesperadamente por el nostálgico saxofón “Made in USA”. El mundo quedaría entonces horrorizado, boquiabierto y de cabeza hacia abajo. Efectivamente, al ser las 20 horas en punto del 24 de marzo de 1999 la Organización del Atlántico Norte (OTAN) rompió las alas de las Naciones Unidas (ONU) – quién sabe por cuántos años más-, lanzando a diestra y siniestra y ningún acuerdo jurídico bombas de quinientas libras sobre Yugoslavia. Paradójicamente, llenó también de tanques las calles de Belgrado y de aviones de combate el despejado cielo yugoslavo, a nombre de la paz, según su comunicado oficial, y para resolver el viejo “problema albanés”. Ya las naciones ex soviéticas de Polonia, República Checa y Hungría habían ingresado a la OTAN, abriendo así el camino para que esta alianza militar se extendiera sin control alguno sobre Europa del Este, desafiando a “Raimundo y a todo el mundo” y llenando de bases militares los países vecinos del Mar Báltico. De esta manera, Europa Occidental y su brazo armado desempolvarían la vieja tesis de principio del siglo pasado, en torno a que, si dejan avanzar a Rusia por la llamada Eurasia, los días para el oeste están contados como imperio. Este término de Eurasia fue acuñado por el economista británico a principio de 1904, Halford John Mackinder, (“Britain and british seas”) quien tiene aún hoy numerosos seguidores – especialmente en Alemania y Gran Bretaña -sobre sus sentencias geopolíticas de “quien domina Asia Central y domine Eurasia será dueño del mundo”. Allí están las grandes extensiones de tierras fértiles, enormes reservorios de agua, gas natural y petróleo, asimismo depósitos de carbón, oro, hierro y enormes cantidades de bosques vírgenes etc.
Así fue como – este 24 de marzo de 2022 se cumplieron 23 años de la invasión a la antigua Yugoslavia- la OTAN inició la desintegración territorial de una supuesta nación soberana, borrándose de paso y de un plumazo los postulados de todo el derecho internacional público, las reglas humanitarias sobre la guerra; frente a la negligencia de la ONU, el visto bueno de Europa y la suplantación, hasta hoy, del dialogo por el rugir de los cañones y el aullido de los aviones cazas.
Se cree que durante 78 días de invasión mataron entre 1.200 y 5.000 personas, se lanzaron más de 9.000 toneladas de bombas, de las cuales entre 15 y 45 de ellas contenían uranio empobrecido, por primera vez en un acontecimiento bélico. La “civilizada” Europa Occidental dando lecciones, siempre, sobre “actos civilatorios”.
Efectos del bombardeo de la OTAN sobre el Ministerio de Defensa en Belgrado foto WIKIPEDIA
GUERRA OTAN EN UCRANIA
Seis mil sanciones comerciales y financieras a Rusia y la entrega masiva a Ucrania de misiles de toda clase, envíos de innumerables tanques recogidos de la era soviética, moderna municiones, cohetes contra blindados, aviones no tripulados (drones de fabricación turca) y cientos de “soldados de fortuna”( “mercenarios”, para unos, y “voluntarios” para otros), por parte de países miembros de la OTAN, evidencian que la presencia rusa en Ucrania escaló hacia un conflicto entre rusos y la Alianza Atlántica, encabezada por Estados Unidos, de pronósticos bastantes reservados. Por eso, el presidente estadounidense, Joe Biden, acaba de girar $800 millones a Ucrania (anteriormente había girado $ 350 millones), más otros envíos de tecnología militar de punta, para enfrentar, dijo en conferencia de prensa, las tropas del “carnicero Putin”. El masivo armamento procedente de la OTAN para su protegido ucraniano, el presidente Volodimir Zelenski – un afamado actor de teatro quien no mueve un dedo sin permiso de la Casa Blanca – ingresa por la fronteriza Polonia en convoyes nocturnos; nación esa que, junto a Rumania, tienen la asignación de abastecer de armas a las brigadas de valientes “nacionalistas”, según la matriz mediática vendida desde Londres, París, Madrid y Washington. A la vez dan refugio a más de tres millones de ucranianos con la clara intención de prolongar cuánto se pueda el conflicto bélico y buscar luego una “crisis humanitaria” que permita la intervención del bloque Oeste; con el visto bueno de una ONU que ni en Yugoslavia, Irak o Yemen, etc., “picó leña, ni prestó el hacha”. Estos refugiados tienen a su favor para ser “bienvenidos” por los gobiernos polaco y rumano ser “personas blancas y ojos azules”, como apuntó recientemente un telenoticiero español. Este “importante” detalle reseñado por la prensa española, en torno a la piel y los ojos de los refugiados ucranianos, va dirigido a contrastar como los europeos y estadounidenses perciben a otros emigrantes procedentes de Afganistán, Irak, Libia, Siria, República Árabe Saharaui y naciones latinoamericanas como Haití, Honduras, Guatemala, entre otros, todos ellos de piel oscura y destartalada por la miseria. Para proteger la gente de “piel blanca” y “ojos azules” piden la intervención de la Corte Penal Internacional y cuánta organización de derechos humanos existe, pero el doble rasero del fascismo que vivimos no solicitó ese tribunal para los crímenes de lesa humanidad cuando se encierra en jaulas a los niños migrantes en la frontera de Estados Unidos ni para castigar los asesinatos masivos de civiles en Afganistán, Irak o Libia. La gente de piel oscura de esos países es de “raza inferior” por no ser “arios”.
La negativa de la OTAN a comprometerse a detener su acelerada ampliación al este de Europa, en las propias barbas de Rusia, así como la renuncia expresa de Ucrania a pertenecer a esa Alianza, ni atacar más la cultura y la ciudadanía de ascendencia rusa en el Dombas (este ucraniano con un área estimada en 600 mil kilómetros), mantiene un pulso en torno a sí el mundo se dirige a un gobierno planetario único, o por el contrario, el multilateralismo se impondrá.
Pie de foto.Putin: OTAN se pasó de la línea roja.
Dependiendo cómo concluya la crisis por la presencia no tan indirecta de la OTAN en Ucrania (sus soldados no están presentes físicamente, pero la presencia de la alianza es ineludible en cuanto a tecnología militar), estaremos frente a novedades pocas veces vistas en el planeta. Por un lado, la humanidad sabrá sí el neofascismo y el nazismo de nuevo cuño, disfrazados de falsos “nacionalistas” (este término no me pertenece, lo utilizó la CNN para referirse a los “ejemplares” luchadores del “batallón Azov” ucraniano, considerado nazista), son erradicados definitivamente del orbe como sustento ideológico del neoliberalismo, traducido a capitalismo salvaje y depredador de pueblos enteros. Por otra parte, veremos si la llamada Europa Occidental logra librarse en algún momento de la tutela de Washington en el campo político, financiero, militar y energético. Estados Unidos son los verdaderos ganadores hasta ahora en la llamada “crisis ucraniana”, pues puso de rodillas diplomáticamente a la Unión Europea, pasó a controlar el consumo de hidrocarburos en el viejo continente sin disparar un tiro y ha inundado de armas el mundo. Por el momento Biden redondea además su otro gran negocio. Saca del ojo de la tormenta a su hijo Hunter, implicado en recibir ilegalmente comisiones millonarias en China como “asesor” de negocios, así como presunto encargado de más de 30 laboratorios clandestinos en Ucrania para usar virus y aves migratorias en la dispersión de enfermedades y plagas, con fines militares. Según informaciones periodísticas, Estados Unidos hizo de Ucrania el mayor centro de pruebas para la guerra bacteriológica, en violación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (CABT), sostuvo el microbiólogo Ígor Nikulin, exmiembro de la Comisión de la ONU para las armas biológicas y químicas (ELPAIS.cr 12/3/2022). El diario digital costarricense consignó, además, citando a dicho científico, que desde 2014 en ese país se registraron brotes de varias enfermedades e incluso epidemias locales. «Surgieron la peste neumónica, el ántrax y enfermedades exóticas como la fiebre Q (…) Estamos ante una violación a gran escala de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas por parte de Estados Unidos y Ucrania. Esos países desarrollaron, produjeron y almacenaron nuevos tipos de armas, infringiendo los tres pilares de la convención», informó el periódico tico.
Otras novedades en el horizonte son la segura crisis alimentaria a mediano plazo en las naciones satélites y los problemas por los altos precios de la energía, así como el debilitamiento del dólar estadounidense en importantes metrópolis, como moneda de pago internacional, frente a monedas locales como el rublo ruso, la rupia de la India y el yuan chino. Ucrania es uno de los grandes productores agrícolas (trigo y maíz) y de fertilizantes del este de Europa; además coloca en el mundo grandes cantidades de aluminio, acero, níquel, paladio, cobre y platino; mientras Rusia abastece con un 9,8% de trigo el mercado del planeta y aporta el 40% de gas para los hogares de Europa Comunitaria, con un 40% más barato que el importado desde Estados Unidos. (Diario “El Economista” 31/01/2022).
El presidente Biden y su polémico hijo Hunter, implicado en laboratorios clandestinos en Ucrania.
De esta manera, este nacimiento de un nuevo sistema de monedas pareciera encaminado a obtener a mediano plazo «activos tangibles», capaces de golpear la “guerra hibrida” del capitalismo rapaz, con sus significativos embargos económicos, como el padecido por Cuba desde hace 60 años, así como el robo y confiscación de oro, dólares o euros de las naciones “desobedientes”, depositados en bancos de Occidente. El caso de Cuba merece mención especial por el cinismo que ofrecen sus adversarios. Seis décadas con la soga al cuello en cuanto no tiene derecho de comerciar libremente, ni a obtener dólares honestamente, ni medicinas ni tecnología; pero cuando alguien queda ciego por faltas de gotas oftálmicas o muere por falta de un medicamento, entonces eso es por culpa “del régimen”.
El uso del dólar y el euro con fines guerreristas, como el desplegado contra Rusia, Irán o Venezuela (y de sumisión total de la humanidad a las familias dueñas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el banco europeo, gracias al control ejercido por el llamado “monstruo sionista”), pareciera sufrió un serio revés con la guerra en Ucrania, aunque mucho dependerá del papel que asuma China en los próximos meses. Este nuevo orden financiero llevaría a monedas como el yuan, el rublo, el peso cubano, la rupia o el bolívar venezolano, etc. y etc., a respaldarse en “reservas reales” conforme a su producción de comida, petróleo, oro, gas, plata, tierra, agua, flora, fauna etc. Todos estos recursos serían avales que garantizarían independencia y soberanía en el nuevo orden económico mundial dejados por Ucrania y Rusia. Por el momento, cada vez más, las naciones del Movimiento de Países no Alineados y el poderoso grupo G 20 van configurando su propio «swift” (código de identificación de una transacción financiera internacional) para el comercio soberano entre algunos de ellos, siendo precisamente India, Rusia y China quienes encabezan esta iniciativa y desafían el dólar y el euro. En América Latina y el Caribe la configuración de nuevos gobiernos con otras concepciones sobre la independencia y la soberanía de los pueblos como el encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con directa repercusión dentro de la CELAC, parecieran se fortalecerían tras el conflicto en Europa del Este. Hay convencimiento que el multilateralismo y la autodeterminación de los pueblos terminarán por imponerse, dejando atrás, quizá, los saqueos inmisericordes, millares de muertos inocentes y la desaparición de naciones enteras, en pleno Siglo XXI.
¡Esa noche no hubo opera en Belgrado!
*Es diplomado en Geopolítica y Petróleo; periodista, abogado y notario por la U.C.R. Especial para Surcos.
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