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Etiqueta: narcotráfico

La democracia en peligro

Dr. Juan Jaramillo Antillón

Hace 2.500 años, el filósofo griego Platón señalaba: “El Estado es lo que es porque sus ciudadanos son lo que son. Por lo tanto, ni esperemos siquiera tener mejores Estados, mientras no tengamos mejores hombres”. “Un problema de la democracia es que no existe igualdad perfecta de oportunidades en ella “. “Además, es muy difícil lograr en una población la suficiente educación en la mayoría de las gentes para desempeñar adecuadamente cargos públicos, y por ello solo aquellos que habían demostrado tener sabiduría, capacidad y honestidad en su labor diaria deberían ser elegidos para gobernar”. Por supuesto Platón sabía que eso era solo un sueño.

La utopía de un gobierno perfecto no se ha logrado y creo que no es realizable con excepción de lo logrado en algunos países nórdicos, a la cabeza en ese sentido. La razón de esto es, la característica propia del ser humano por ser imperfecto en muchos aspectos tanto físico como mentalmente, a lo que se suma el hecho de si a los niños en el hogar, sus padres no les enseñan las diferencias entre el bien y el mal, y si le agregamos que el niño pequeño asimila mucho lo que ve (ejemplos), y si estos no son buenos, ahí se inicia la deformación en la formación de su carácter y futura conducta.

Hemos aprendido que, así como la democracia nos depara libertad y supuestamente igualdad de oportunidades debido a nuestra preparación, sin embargo, también nos muestra sus fallas, entre ellas permitir “la incompetencia e irresponsabilidad” en la función pública algo bastante generalizado. Además, hay otro aspecto que debilita la imagen de la democracia, como es la “corrupción”, la cual se da por avaricia y deshonestidad de muchos gobernantes, que, al tener el poder, creen tener el derecho a usufructuar las ventajas en su beneficio y no en las del pueblo que lo eligió.

La responsabilidad de actuar bien, de parte del empleado público, desde el más alto puesto como es la presidencia, al más simple trabajador estatal, es un “sine qua non” para que la democracia funcione. El problema es que grupos de empresarios privados de todo nivel, buscan cómo lograr beneficios económicos ilegítimos y logran esto con ayuda del corrupto empleado público; los ejemplos que la prensa nos muestra de los alcaldes y de lo sucedido en la Caja Costarricense de Seguro Social son pequeños ejemplos de lo que nos está pasando y sucede en todo el mundo, agregado a esto el narcotráfico cuya influencia y poder están destruyendo a los gobiernos de cualquier ideología.

Una de las más grandes ventajas de la democracia es la libertad de opinión y el derecho que tenemos todos de expresar nuestro malestar o disgusto ante hechos que nos parecen incorrectos en todas las actividades de la vida. Para que esto se dé se requiere la existencia en el país de una prensa libre independiente y honesta. La libertad de opinar y sobre todo la de actuar, no puede ser irrestricta, ya que sabemos que nuestros derechos acaban donde comienzan los de los demás; o para decirlo mejor, la seguridad de la sociedad vale más que el individuo, aunque con esto el individualismo del liberalismo, deba ceder paso al socialismo democrático.

Esa libertad es a la vez una debilidad y también, una forma de autocorrección que no existe en otro tipo de gobierno como son las dictaduras de izquierda o derecha cuando llegan al poder. La debilidad se genera cuando, al existir un hecho doloso en el gobierno, la prensa en libertad para informar, con razón lo muestra a la población; como las fallas son constantes y a todo nivel, así va creciendo la desilusión de los ciudadanos sobre si la democracia es un gobierno adecuado para avanzar hacia un mejor desarrollo social y económico.

Las deficiencias generan desconfianza y pérdida de la credibilidad en los partidos políticos tradicionales y en sus candidatos, entonces el ciudadano comienza a preguntarse y hasta aceptar la idea de “una mano fuerte para gobernar”. Así es como las democracias ceden paso al totalitarismo.

El problema es que, no puede existir una sociedad democrática sin el derecho a un cuestionamiento cívico de los sucesos de su gobierno. En el momento que se pierda la libertad de opinar abiertamente, la democracia comienza a sucumbir. Los ciudadanos deben aceptar que la democracia más que una meta, es en realidad un largo camino, que se va perfeccionando con los años y las correcciones que le hagamos. En ciencias a eso se le llama “la prueba y el error” y es así como esta avanza, aunque no le agrade a más de uno, pero es con este tipo de ciencia que hemos logrado los progresos y avances de la sociedad.

Aceptamos que, al no haber seres perfectos, debemos elegir para gobernarnos a personas honestas, que ofrezcan programas realizables para los recursos que poseemos, y sobre todo que tengan una clara visión de nuestras limitaciones y de los valores que se deben proteger.

TODOS somos responsables en menor o mayor grado por la elección de las personas a puestos políticos, y por ello, hay que tener el máximo cuidado al elegir al que consideremos el mejor posible si es que lo hay, y si no, aunque cueste decirlo, al menos malo. Esto último sucede, porque precisamente el pueblo (hombres y mujeres) mayores de edad, honestos y trabajadores no suelen participar en la formación de los partidos, en las campañas políticas e incluso en ocupar cargos públicos, dejando entonces que, el oportunista político sea al final elegido, aunque esté lleno de defectos.

Aristóteles decía: “el hombre no actúa movido por ideales éticos, es preciso coaccionar su voluntad por medio de la ley para que haga lo correcto”. “Con la ley, el hombre es el ser más perfecto, sin ella es el más salvaje. Por eso precisa de una buena organización social, el Estado, el cuál mediante leyes, lo obliga a obrar rectamente”.

La democracia a pesar de su imperfección contribuye a que el Estado creado dentro de ese sistema, sea el mejor posible para los ciudadanos. Por eso debemos contribuir a mejorarla no a destruirla.

DIGO

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.

         Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.

         Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.

         Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.

         Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.

         Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.

         Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.

VENDER EL ALMA AL DIABLO

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Hace ya bastantes años, en una lección del posgrado en Ciencias Penales de la U.C.R., el eminente profesor Dr. Francisco Castillo González nos ilustró con una enseñanza más propia de la ética profesional que del derecho penal. Nos decía sentencioso, palabras más, palabras menos, lo siguiente: “un abogado penalista puede llevar algún caso de narcotráfico; lo que no puede es tener clientes narcotraficantes…”.

         El tema tiene cercanía con otras cuestiones muy propias de la ética profesional. Por supuesto que el derecho de defensa, para todos y todas, está garantizado para cualquier tipo de delito y hay que respetar ese principio. Pero sabemos igualmente, desde hace décadas, que las organizaciones mafiosas clásicas, tipo “Cosa Nostra”, tienen a su servicio gabinetes de economistas y contadores públicos, bufetes de abogados, así como políticos, clérigos y hasta policías, fiscales y jueces comprados. Hay mucho dinero de por medio y esa es una tentación para cualquier profesional sin escrúpulos, dispuesto a venderle el alma al diablo.

         Conocemos el vínculo íntimo e indisoluble que estas agrupaciones mafiosas exigen: fidelidad absoluta o muerte. También somos testigos de eventos, incluso en nuestro provinciano medio, de litigantes más o menos conocidos que, en efecto, terminan en la cárcel o son liquidados en algún atentado.

         Para mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, época de la lección del Dr. Castillo González, la verdad es que Costa Rica apenas comenzaba a familiarizase con el narcotráfico y su morfología mafiosa. Pero con el devenir de los tiempos, para desgracia de todos, otras formas de crimen organizado han asentado sus reales en esta arcadia bucólica.

         Principalmente se ha hecho evidente la corrupción “públicoprivada” y pido licencia para usar estas dos palabras juntas porque el fenómeno delictivo que representan es uno y el mismo, las dos caras de la moneda, una sola bestia bicéfala.

         Sería entonces pertinente, hoy como ayer, a propósito de la ética profesional, afirmar que un abogado penalista puede llevar algunos casos de corrupción, pero no debería especializarse en ellos ni tener sólo clientes cuestionados por las figuras típicas asociadas a esta modalidad delictiva. Aunque ya sabemos también que abunda el dinero de por medio, y hay muchos diablos sueltos comprando almas.

Morazán, “El Genio Poderoso” a Honduras

Lic. José A. Amesty R.

01-diciembre-2021

Nos hemos informado, sobre el posible triunfo en Honduras, de la candidata a la presidencia Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del derrocado Manuel Zelaya.

Si el recuento de votos no da un vuelco inesperado, hasta el lunes pasado, según los datos provisionales, se trata de una victoria por goleada, por más de 20 puntos, frente al candidato conservador Nasry Asfura con el 51,4% de los votos contabilizados.

Y resaltamos, las expresiones “el derrocado Manuel Zelaya” y “vuelco inesperado”, porque fue lo que aconteció con Manuel Zelaya, y no deseamos ocurra con el triunfo de Xiomara Castro, recordemos…

En la madrugada del domingo 28 de junio 2009, fuerzas militares secuestraron al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, con lo que se perpetró un golpe de Estado contra el mandatario centroamericano, que había convocado a una consulta popular para decidir sobre el establecimiento de una Asamblea Constituyente que habilitara una reforma constitucional.

Este golpe de Estado a Manuel Zelaya en el 2009, fue un golpe al corazón del pueblo hondureño, los resultados los hemos visto: familias migrando en grandes caravanas. El narco-Estado de Felipe Calderón y Peña Nieto, hicieron mella en territorio centroamericano, los canallas sin escrúpulo alguno decidieron hacer de Honduras, la versión centroamericana de Colombia.

Ahora, en el año de la posible post pandemia, sucedió lo inverosímil, Honduras decide ponerse en pie, honrando a todos los que fueron silenciados a la mala, a todos los que fueron lanzados al exilio y al olvido, a todos los que quedaron en el camino de la ruta migratoria, a todos los que jamás volverán, a todos los que sueñan con el regreso, a los que añoran.

Y no es tarea fácil la que tiene Xiomara Castro, pero sabemos que con dignidad, amor, humildad, memoria y ahínco podrá desempeñar a cabalidad la responsabilidad que ha depositado el pueblo hondureño en ella; esperando que cumpla las promesas de campaña, sin olvidar a los pueblos originarios, al arrabal, los derechos de género que tanta falta hacen en Honduras, a los miles de hondureños que añoran el retorno desde la diáspora, entre muchas otras.

Y no la tiene fácil, además, ¿porque qué país recibe?

  1. Honduras se ha visto golpeada por los efectos del cambio climático y el azote de dos huracanes a finales de 2020. Lo que ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas y ha agravado las condiciones de vida en muchas regiones del país.

Esto ha generado un éxodo masivo de sus ciudadanos, que constantemente llegan a la frontera de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

No obstante, aunque la próxima presidenta de Honduras, heredará un país con un crecimiento entre el 8% y 9% este año, también deberá afrontar una elevada deuda externa con una cifra de 2.074 millones de dólares que deberá pagar en 2022 según cifras del Banco Central.

“El nuevo gobierno heredará una situación en la que no estará vigente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso implica que su prioridad será intentar suscribir uno nuevo. En el fondo, este va a definir también el conjunto de políticas públicas y en buena medida la manera para resolver los problemas financieros”, explicó Mauricio Díaz, director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).

El nuevo gobierno enfrentará problemas para financiar el presupuesto nacional de 2022, que rondará los 12.790 millones de dólares, apuntó Díaz.

Mientras tanto, la tasa de pobreza en Honduras podría situarse al cierre de este año en el 80 % y el número de desempleados superaría los dos millones de personas, según economistas y organizaciones obreras.

  1. Desde 2013, cuando Juan Hernández era candidato a la presidencia, fue señalado por presuntamente haber aceptado un soborno monetario y el acceso al laboratorio de cocaína del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, a cambio de cubrir sus acciones ilícitas usando al Ejército Nacional. Declaraciones que también fueron respaldadas por fiscales estadounidenses durante varios años.

Hernández ha rechazado esas acusaciones y ha afirmado que no tiene ningún vínculo criminal. Hasta ahora, no ha sido acusado formalmente de ningún cargo.

En 2016, su hermano menor Juan Antonio Hernández fue hallado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y en marzo de 2020 fue condenado a cadena perpetua por este delito.

Después de este suceso, el presidente se ha mostrado con mano dura contra el narcotráfico y ha entregado en extradición a Estados Unidos a varios de los implicados.

En el estrado, los narcotraficantes han hablado de sus vinculaciones con Hernández, sin embargo, éste ha mencionado que solo son “mentiras que afirman ante las cortes de los Estados Unidos, buscando que las condenas sean menores”.

  1. En el gobierno de Juan Orlando Hernández, el índice de Estado de derecho de 2019, diseñado por el World Justice Proyect (WJP), ubicó a Honduras con un indicador del 0,4 posicionando al país como antepenúltimo en toda América Latina y donde la categoría de justicia penal se registró como su peor indicador.

Según informes oficiales, antes de su mandato en 2013, Honduras tenía una tasa de 77,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una situación que mejoró con su llegada al poder al registrar 37,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2020.

Sin embargo, los hondureños en la realidad viven en escenarios de crimen organizado en las calles con una cifra de al menos 10 muertos diarios en acciones violentas por bandas criminales.

  1. Después de que la oposición calificara como “fraudulentas” las elecciones en las que ganó Juan Orlando Hernández, su administración ha sido empañada por múltiples denuncias de corrupción.

Los señalamientos a su gobierno aumentaron luego de que el Parlamento hondureño no permitió la continuidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en enero de 2020, la cual estaba relacionada con un acuerdo entre el país y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La decisión del legislativo se presentó luego de que la Maccih, dejó evidencia sobre la captura y el encarcelamiento en 2018 de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien actualmente cuenta con un juicio en curso.

El mismo Parlamento también se ha visto salpicado por denuncias de corrupción a varios de sus diputados, la mayoría de ellos pertenecientes al Partido Nacional, al que pertenece el presidente hondureño.

Lamentablemente, Honduras aún no ha podido desligarse de un pasado turbulento marcado por el golpismo, el poder de las clases conservadoras y el siempre presente intervencionismo norteamericano implícito y explícito. Antigua colonia española, desde 1840 hasta el decenio de 1980, este país centroamericano fue frecuentemente dirigido por dictaduras conservadoras.

Y es uno de los países más pobres del continente, y conocido mucho tiempo como una “república bananera”. Está ubicado en América Central, bordeado por Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y tiene costas del lado del Pacífico y sobre todo del lado del Caribe. Tiene una superficie de 112.492 kilómetros cuadrados y una población de unos 5,5 millones.

El 63% de las familias hondureñas sufren de desnutrición, miles de chicos viven en la calle y más del 55 % está desempleado. Una vez más esta situación no importa y los poderosos intereses de los militares se han adueñaron del país.

Por supuesto, la esperanza que tiene este país, es el regreso del espíritu de Morazán, por medio de Xiomara Castro.

Porque como señalara José Martí, Morazán fue “un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, quizás el único que haya producido la América Central”.

José Francisco Morazán Quesada, fue un militar y político hondureño que gobernó la República Federal de Centro América durante el turbulento periodo de 1830 a 1839.

¿Qué hizo Francisco Morazán?

Fue conocido como el Paladín Centroamericano. Intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron: la educación, libertad de prensa y de religión entre otras.

¿Cuál fue uno de los sueños de Francisco Morazán?

El hondureño Francisco Morazán, llegó a ver cumplido su sueño de una Centroamérica unida en una sola nación. Destacaba José Martí “la sombra de Bolívar, que soñó para la América del Sur una sola nación… y la sombra de Morazán, incrustando en su espada triunfante las cinco repúblicas de la América del Centro”.

¿Cuál fue el legado que dejó Francisco Morazán?

En cuanto al legado social, Morazán introdujo la reforma religiosa de la libertad de cultos y de religión, así como la libertad de expresión y la libertad de conciencia, plasmando derechos revolucionarios para aquellos años en la América Latina.

Deseamos que la camarada Xiomara Castro, lleve a cabo un gobierno para el pueblo sufrido de Honduras, con los postulados del Socialismo.

UNA FISCALÍA PARA LA DEMOCRACIA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado CSJ. Profesor catedrático UCR.

         Hay que insistir en la importancia que tiene, en una democracia, la cabeza del Ministerio Público. Es vital en la medida de los poderes discrecionales que por ley se le asignan, tanto por lo que debe hacer, como por lo que no debe hacer. Dirigir el monopolio de la acción penal pública no es poca cosa, cuestión relativamente compleja y llevadera en la delincuencia convencional (robos, estafas, violaciones, homicidios); pero tremendamente compleja en cuanto a la delincuencia no convencional (corrupción público/privada, narcotráfico, sicariato, tráfico de personas o de armas). Los principios de independencia y objetividad rigen para toda su actividad. Tan dañino puede ser un fiscal con mentalidad de acusador a ultranza, como aquél que, por negligente o corrupto, fomenta la impunidad.

         Quien ocupe la fiscalía general tiene que demostrar que ha estudiado la teoría fundamental de los derechos humanos y sabe aplicarla; tiene que demostrar que conoce la Constitución Política, el derecho penal y de manera especial el derecho procesal penal. Debe además demostrar que maneja los requerimientos mínimos de una denuncia, el tratamiento que debe llevar una investigación preliminar en coordinación con la policía judicial, y tener entrenamiento en la formulación de un dictamen acusatorio, o cualquiera de las otras salidas procesales. Quien ocupe este cargo estratégico para la sobrevivencia de la democracia, tiene que demostrar que sabe escuchar y trabajar en equipo, y que ha manejado, con pericia, un alto número de subalternos.

         Este país no puede darse el lujo de designar para los más altos cargos judiciales, por mucho apoyo político que tengan, a personas que en su vida han tratado casos y expedientes, los requerimientos y las resoluciones para desempeñarse con solvencia. No podemos poner a pilotar el avión a quien cuenta apenas con licencia para motocicleta. Importa saber de qué universidad es graduado, si de las de verdad o las de garaje. Para esto hay que ver los índices de promoción en las pruebas del Colegio de Abogados.

         Pero la fiscalía general no es sólo cuestión de conocimientos jurídicos. Es también de rasgos de personalidad, psicológicos y de carácter. Tiene que cultivar la sabiduría para tomar decisiones y hacerlo de manera oportuna; tiene que ser valiente para resistir presiones internas y externas, de grupos de poder legítimos e ilegítimos; además debe tener la destreza de ponerse en el lugar del otro, y de manera especial en nuestros tiempos, en el lugar de la otra. La prudencia y la serenidad son indispensables, un rasgo de personalidad sin el cual, toda pericia se pone en riesgo.

         Guárdenos la Providencia de un fiscal o fiscala débil, influenciable, manipulable, presto a recibir instrucciones de los de arriba, agradecido por el nombramiento, displicente, venal, servil. La valentía es la base de la integridad. Cumplirá con su delicada función si no se doblega ante nada ni ante nadie.

         Por eso la Fiscalía General debería tener el indispensable rango Constitucional; debería ser la culminación de toda una carrera y tener las condiciones profesionales, salariales y demás ventajas de un miembro de Corte Suprema. La tentación de pasar de la Fiscalía a la Corte debería evitarse, no sólo por decisiones personales, sino por impedimentos legales.

         He visto una precalificación que ha hecho la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia en el certamen abierto para nombrar Fiscal General. Considero que en ella hay nombres con los mínimos de experiencia, conocimientos y personalidad adecuada para el cargo. Pero hay otros nombres que paran el pelo. Al menos, si no se tiene el perfil ideal, la Corte debería designar a alguien que no haya manifestado públicamente sus miedos y fobias a determinadas minorías de la población, alguien que al menos sepa la diferencia entre delito y pecado. Lo graves es que una vez nombrado, todas y todos estaremos en manos del nuevo fiscal o fiscala. Y sólo hago este último señalamiento porque he constatado la existencia de algún candidato impresentable con nota superior a 90. La resurrección en pleno siglo XXI de los Torquemadas medievales que en el mundo han sido. Una involución inaudita. Una auténtica catástrofe.

Los talibanes colombianos (II)

Por Carlos Meneses Reyes

Caracterización de los talibanes y cómo asimilarlos con sus pares colombianos.

Se trata de resaltar elementos básicos para comprender por qué los talibanes reciben la venia de quienes los atacaban y buscaban desaparecer.

Cuando se conoció la decisión del presidente Baden de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y de la colaboración con los Talibanes en la evacuación, salida del país y control del neurálgico aeropuerto de Kabul, le preguntaron al jefe del Estado Mayor de EE UU, el general Mark Milley, por la colaboración con los talibanes en la evacuación y contestó: “En la guerra, para reducir riesgos haces lo que tienes que hacer, no necesariamente lo que quieres”. Toda una lección y preocupante plantear que los estrategas del imperio gringo se vieron obligados a escoger como aliados a los menos malos y refractarios, así como a su vez, si se equivocaron en escoger como aliados afganos a los políticos más corruptos y en contraria a los intereses de esa población. Comprender si aquí jugó o de “aliarse hasta con el diablo” con tal de hacerle daño a su contra parte o contrario u odiado contradictor. Conviene partir del enfoque que una cosa son los Talibanes y otra el islamismo. Que con la salida de las tropas USA de Afganistán, ni el islamismo, como tampoco los Talibanes, fueron derrotados. ¿Entonces qué queda?

En lo concerniente al tema de los talibanes y sus pares colombianos, precisemos

En Colombia, como resultado del prolongado conflicto armado interno, se ha llegado a la bajeza de unión y armonía de lo institucional, bajo un estado de cosas inconstitucional (eci), con lo ilegal. Pero esto no se supera con el carácter de supremacía de lo legal frente a lo ilegal. Se requiere asumir la labor de un vuelco total, radical, en lo institucional. Cuando se afirma que no existe gobernabilidad en Colombia y que rige un mandato sub presidencial, se está ante un sistema político que rige a la nación en forma irregular e inconstitucional. Al calificarse al Estado colombiano como un Narco Estado, redunda en que su origen, funcionamiento y efectividad, tenga como antecedente el apoyo directo del narcotráfico. A l afirmarse la ilegitimidad del gobierno colombiano, por estar inmerso en el resultado electoral por intervención de la llamada “ñeñe política”, la impunidad al respecto genera peso político especifico de afrenta, descrédito y deshonor, en cabeza del gobernante aludido. Por ello incursionar en un parangón, en el estado actual de cosas en Afganistán y en Colombia, no resulta un desacierto.

En Afganistán rige un poder teocrático emanado cual forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. Al afirmarse, en Colombia, que el Centro Democrático- que no partido-actúa como una secta; centra en un funcionamiento de colectividad cerrada, en los que aparenta proveer fines de carácter político; pero que en la práctica funciona bajo la égida de un mesías, que ejerce un poder absoluto sobre sus adeptos.

Si conforme a lo analizado en el presente articulo los Talibanes reconfortan un Narco Estado en la actualidad; el fuero político atribuye en Colombia que la entredicha legitimidad del gobierno de turno en Colombia asimila a un desgobierno producto del narcotráfico y por ende existen presupuestos que lo califican como un caracterizado Narco Estado.

Así, puntualmente tenemos: – Se acusa en Afganistán que a las mujeres se les impone la burka. En Barranquilla se denuncia que a una acudiente le negaron el ingreso al colegio de su hijo por su forma de vestir (se presentó con pantalones ceñidos, tacones sin medias y una blusa escotada, por encima del ombligo). La reacción de ella fue: “visto moderna y gracias a dios Alá, nada me quita ni me pone”.

– Comprendamos y asimilemos que el sistema colombiano (no solo en lo electoral) está amenazado por las economías ilegales. Esas mismas fuentes poderosas que le dieron capacidad de negociación con el imperio a los talibanes.

– En Afganistán penalizan a la homosexualidad y la escogencia o elección de genero públicamente.

Desde el púlpito de una iglesia en el Departamento del Tolima, un cura católico, reprochó el hecho que feligreses no asistieran a misa por asistir a un evento LGTBI. Arengó: “En tanto que los maricas asisten a un Festival, al que nos obligan…”

– Denuncian en Bogotá. DC, que a dos jóvenes de sexo femenino no les arrendaron un apartamento, cuando indicaron que eran pareja…

– A la directora del Festival de Poesía en Cali, poeta, escritora y fotógrafa, Betsimar Sepúlveda, la discriminaron y fue objeto de vejámenes porque no era oriunda de Cali. ¿Qué entenderán, por poesía, esos guaches talibanes criollos?

– Con relación al aborto, según la opinión de un congresista de la secta de gobierno CD (que no partido) aludir a “el falaz argumento de que (sic) la mujer es dueña de su cuerpo”. Este talibán criollo argumenta la doble moral del discurso provida en Colombia. Desconoce los avances sobre el tema en diferentes países y el más reciente de la Corte mexicana que despenaliza el aborto. Desconoce las luchas de la mujer y la reivindicación bajo su lema: “Ni presas por abortar; ni muertas por intentar”.

– La columnista Olga Gayón, señala que Colombia impone la Burka institucional a su mejores escritores en la Feria Internacional del Libro en Madrid. Como país invitado elaboró una Lista Negra de escritores colombianos que no sean “neutros”; es decir, que opinen en oposición al gobierno narco paramilitar del sub presidente Duque.

Lo falsario de la guerra contra los narcóticos

Para comprender la situación del Afganistán de hoy, corresponde acudir a las llamadas guerras contra el narcotráfico o narcóticos. El escenario de guerra de esa región del oriente obedece a la dinámica de las economías ilegales y su pertenencia en cuanto a la multiplicación de sus brazos armados.

Al exponer elementos para comprender la situación de Afganistán y de Colombia ante el mundo, resalta la consideración de abordar la influencia de la lucha contra el narcotráfico y contra los narcóticos, en ambos países y en relación con el escenario geopolítico de sus actuaciones.

En relación con Afganistán atisbar que, en el periodo anterior a la guerra de invasión estadounidense, el cultivo del opio estaba prácticamente, controlado, extinguido o erradicado. Con posterioridad a esa guerra, o sea actualmente, el 80% de la heroína en el mundo se produce en Afganistán.

En relación con Colombia, la llamada guerra contra el narcotráfico ha incidido en el crecimiento, la comercialización y agudizado el factor interno del conflicto armado colombiano.

En lugar de una lucha para acabar con el narcotráfico y erradicarlo, la guerra contra el mismo no ha hecho más que alimentarlo, nutrirlo; aplicando a la extensión del intervencionismo en los asuntos internos de ambos países, conforme a sus caracterizadoras: con invasión directa en Afganistán y con invasión vedada- hasta ahora- en Colombia.

De manera que la lucha contra los narcóticos en Afganistán fue otro proyecto fallido de los Estados Unidos de América. Resultó inocultable el aumento y crecimiento del cultivo de la adormidera, base para la producción del opio y otros derivados estupefacientes. Una inversión de 8.000 millones de dólares, prácticamente botados al cesto, al igual que ocurrió con los fondos destinados al Plan Colombia, que no fue otro que la concepción de un plan de invasión e involucramiento en el conflicto armado interno colombiano.

Señalan que el principal objetivo del imperio estadounidense para invadir a Afganistán fue el petróleo, como un territorio álgido en el paso de hidrocarburos y comercialización del gas a Asia. Conocían del enorme potencial en yacimientos de hierro cobre y oro y sobre todo de litio, que, con probabilidades estudiadas durante el periodo de invasión, confirman a Afganistán, como el país de mayores reservas de litio en el mundo y estiman sus yacimientos de oro en un valor de 1.000 billones de dólares. En cuanto a control geopolítico habían logrado introducir “un Vietnam” en el ámbito de manejo de la antigua unión soviética y que concluyo con la caída de la llamada República Democrática Popular de Afganistán (RDPA), periodo de mayor logro de conquistas políticas, sociales, culturales, en ganancias hacia preferencias a la mujer y en el plano económico al pueblo afgano.

Una segunda razón importante es el ascenso de China, tras la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética.

Como tercera razón para invadir destacan la existencia de más de 20 millones de uigures,

perteneciente al grupo túrquico de las lenguas altaicas, de concepción filo conservadora.

Hoy en día, existe incluso la amenaza de un nuevo e importante frente: una nueva Guerra Fría contra China, alentado por Pakistán, los Emiratos del Golfo Pérsico, el régimen misógino y represivo de Arabia Saudita. Los intereses de Rusia y Turquía, por otro lado. En el caso de Pakistán, todo gira en torno a la imposibilidad de cerrar una frontera, tan activa como la existente con Afganistán.

No obstante, el desarrollo de los acontecimientos, luego de la salida de USA, apunta a una estabilidad política de acuerdos con los Talibanes interna e internacionalmente, sin que por debajo de la mesa se incite a una nueva guerra civil que mantendría el control geopolítico de Pakistán, Israel y sus aliados de los emiratos árabes y los estadounidenses.

Afganistán vivió un momento de gran esperanza con el gobierno del Partido Democrático Popular de orientación comunista y tendencia soviética, que sí hizo grandes esfuerzos por hacer avanzar los derechos democráticos de toda la población, incluyendo los de las mujeres. Desde entonces tropezó con los intereses de los traficantes de opio y con sectores retardatorios en el seno mismo del pueblo, que no alcanzaron a comprender, ni a estar preparados para asimilar las ventajas de un Estado democrático y laico radical. No asimilaron lo de estadio cultural ante la concepción sobre la mujer, como tampoco el deslinde laico de lo religioso, que finalmente concluyó en la trágica, equivoca y contraproducente invasión soviética. Esta invasión trajo consigo la llamada Segunda Guerra y el afianzamiento del uso del tráfico de narcóticos. La actividad de la CIA resultó desenfrenada. Luego de la salida de los soviéticos, surgen los Talibanes, como lo hemos reseñado, que como amos y señores del control del opio y narcóticos acumulan control político y toman el poder en el transcurso de los años de 1.996 a 2.001, cuando son desalojados por las tropas invasoras yanquis y su aliados de occidente. Se da inicio así a la Tercera Guerra en suelo afgano. Los Talibanes fueron derrotados; pero no acabados. Imprescindibles en encauzar el negocio de los narcóticos, también se fortalecieron en lo económico. Tuvieron fábricas de heroína para el consumo y comercialización; de tal manera que pasaron del 10% del control del mercado de narcóticos durante su primer periodo de gobierno al control del 100% de lo mismo, al día de hoy.

El Pentágono organizó el traslado de miles de combatientes de Al Qaeda, con juego de los talibanes, a Bosnia, para intervenir a favor de los musulmanes en ese país, en 1999. Este es uno de los peligros latentes que asoma la llegada de africanos migrantes a Colombia, con pasaporte USA.

Las tres guerras citadas de Afganistán han sido guerras por y contra el opio. Fueron los Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de Pakistán, quienes para esos años patrocinaron la creación de bandas de extremistas religiosos que el resto de la población afgana denominó muyahidines, término similar a bandidos.

Durante el desarrollo de la tercera guerra de invasión, en el años 2.014, el Daesh, creo la conformación del Califato Islámico. En Irak apareció el Estado Islámico (EI o ISIS), que destruyó valiosos monumentos budistas en Palmira. Hacia el año de 2.015, se fundó el llamado Estado Islámico de Afganistán o ISK, obviamente apoyado, entre otras fuerzas, por los Al Qaeda y por los Talibanes. En su control territorial se dedicaron la prostitución y trata de blancas, al tráfico de órganos y al comercio del opio. Aquí desplazaron los ideales de milicia islamita y centraron en lo de narcotraficantes. Esto ratifica que el escenario de guerra en Afganistán ha sido el escenario de una guerra del opio. Al igual que en Colombia, ha sido una guerra de intervención. El 90% de la heroína mundial ha sido producida en Afganistán. Esto conlleva a la lectura que los Talibanes hoy en el poder, con el control de 100% de narcóticos, son frente a los narcotraficantes latinoamericanos, incluidos los de Colombia (en el poder) los narcotraficantes más potentes del mundo. Ambos países, a hoy, califican como Narco Estados. En el caso de Colombia, se estima que los narco paramilitares en el poder, representan el mayor productor y exportador de cocaína del mundo.

Al igual que durante la guerra de invasión, las tropas yanquis se congraciaban con los “señores del opio” para mantenerlos enfrentados con las guerrillas islamitas; los Talibanes pasaron a reclamar un 10% de impuesto sobre la producción del opio, a controlar ellos mismos el 100% de la totalidad de cultivos, producción y tráfico. Los intereses de las multinacionales de la guerra, entre ellas las farmacéuticas, requieren de la materia prima del opio para elaborar múltiples fármacos, como la morfina y la codeína. Allí radica la explicación. Se afirma que, gracias a los Talibanes, occidente cuenta con anestésicos y sicofármacos.

Resumiendo, recordemos, que en 1978 en Afganistán tuvo lugar una revolución socialista, conocida como Revolución Saur o Revolución de Abril. La revolución promovió una importante reforma agraria, distribuyendo las tierras confiscadas a los oligarcas que huyeron entre los campesinos sin tierra; legalizó los sindicatos, estableció un salario mínimo; fijó un impuesto progresivo a la renta; redujo el precio de alimentos de primera necesidad; prohibió el cultivo del opio (materia prima para elaborar heroína, de la que es principal consumidor mundial Estados Unidos): promovió cooperativas campesinas, inició una campaña de alfabetización proyectando desarrollar las industrias pesada y ligera. En ese marco se creó el Consejo de Mujeres Afganas, emitiéndose un decreto para “garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el ámbito del derecho civil y eliminar las injustas relaciones feudales patriarcales entre esposa y marido”. Este gobierno socialista criminalizó los matrimonios por dinero o forzados, permitiendo que las mujeres eligieran libremente su esposo y su profesión, y de ningún modo, nunca jamás obligó al burka. Por el contrario, elevó considerablemente la situación de las mujeres, ayudando a su desarrollo personal y social, tal como hace siempre el socialismo en cualquier país. Teniendo como consecuencia el final del proceso socialista y el retroceso de los derechos de las mujeres, en Afganistán, será hora de replantearlo.

Costa Rica: pan y circo de bicentenario

Marcos Chinchilla Montes

Juvenal acuñó la expresión “pan y circo para el pueblo”, la que alude a la distracción que se le ofrece e impone a un pueblo para evitar que éste no solo reflexione sobre las contradicciones y problemas que afectan a la sociedad en la que vive, sino también para que busque superarlas.

En eso resumo el espectáculo que se organizó para celebrar la independencia costarricense el pasado 15 de setiembre en el Estadio Nacional. Un colorido espectáculo tipo Hotel Fiesta (con su todo incluido) donde se conjugan luces, trajes, bailarines, músicos e historias perfectamente sincronizadas en torno a una idea central: el ser iguales en un país encantador, perfecto, independiente y sin contradicciones. Miles aplaudieron la versión oficial, la versión que siempre han conocido desde su niñez.

Ni por asomo, una alusión a la corrupción, al aumento de la pobreza, o la concentración de riqueza cada vez más descarada y vergonzosa, a las imposiciones históricas del Fondo Monetario Internacional. Nada de mencionar el machismo y la violencia hacia la mujer, el tráfico de drogas, la discriminación a las poblaciones no binarias, la violencia del crimen organizado que se extiende por todo el país. Bien escondidos quedaron los asesinatos políticos del Codo del Diablo, el robo de las tierras indígenas, el combo fiscal, la ilegalización de las huelgas, la destrucción del medio ambiente, la policía militarizada que reprime manifestantes, la exclusión educativa, la venta de la patria. Carmen Lyra figuró mutilada e instrumentalizada, al menos no quedó reducida a los Cuentos de mi tía Panchita.

Se impuso la fina coreografía, una bofetada descarada a historia crítica y reflexiva de nuestro pasado.

En fin, lo volvieron a hacer; millones de costarricenses recibieron su dosis de soma para afianzar la idea de que somos lo mejor de Centroamérica y América Latina; aunque diversos indicadores sociales reflejan la progresiva y peligrosa regresión social que sufre el país. Eso se llama construir la identidad nacional a base de mentiras y sueños, ocultando debajo de la cama nuestras múltiples contradicciones acumuladas a lo largo de siglos.

Tal vez para el tricentenario, quienes nos sucedan puedan reflexionar de manera profunda y honesta sobre el país que están construyendo; si es que quienes vivimos en esta época, algo les dejamos para repensar su pasado y futuro.

Es el modelo económico, dice el director del OIJ

Óscar Madrigal

El día de ayer participé en un programa de radio llamado “Alternativas” sobre el tema de la criminalidad en el país. Resumo algunas ideas que expuse.

Hace unos tres días el director del OIJ, Walter Espinoza, decía en una entrevista en La Nación:

“Recientemente el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.

De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya”.

El director del OIJ es consciente que el actual modelo de desarrollo económico que genera desigualdad, pobreza, desempleo, injusta distribución de la riqueza es también la causante de que los delitos, por ejemplo, de homicidios, no disminuyan.

Los estudios sobre la criminalidad también han demostrado que la delincuencia no es un problema de los pobres. Otras naciones mucho más pobres que la nuestra, muestras índices menores de delitos, como por ejemplo los homicidios.

Sin embargo, los partidos políticos que han gobernado en las dos últimas décadas han enfrentado el problema de la criminalidad solo desde la perspectiva de un derecho penal autoritario, aumentado las penas y los delitos desde mediados de los años 90, sin que esta política haya producido ningún beneficio. Solo ha aumentado el autoritarismo sin beneficio para la sociedad.

Las clases dominantes creen que las leyes penales resolverán problemas sociales, cuando es evidente que las leyes por sí solas no resuelven los problemas de la sociedad, lo que solo se logra con políticas públicas dirigidas a enfrentar las causas de la criminalidad. Sin embargo, las actuales políticas de austeridad, de recorte a los programas de atención social que impulsa el actual Gobierno, solo agudizará la criminalidad del país. Además, las leyes anti-huelgas, la criminalización de la protesta social, junto a las políticas autoritarias del proyecto de Empleo Público, se orientan a crear un sistema político cada vez más autoritario y, por tanto, menos democrático.

Costa Rica ha pasado a ocupar el top de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, y ahora también a estar entre los primeros 5 lugares del continente con la mayor cantidad de privados de libertad por habitantes y con el mayor índice de mujeres privadas de libertad de Centroamérica.

Se sabe también que las cárceles no resocializan a esas personas, las cuales por lo general se encuentran hacinadas y violándose en muchos casos sus derechos humanos.

A lo anterior debe agregarse que la aplicación de las leyes, lo que llamamos la justicia, no parece operar de la misma manera para todas las clases sociales. Los escándalos de corrupción no terminan en juicios o sentencias, sobre todo cuando se trata de personas adineradas o pertenecientes a las clases poderosas económicamente.

Las estadísticas así lo indican: de todos los casos denunciados por corrupción solo el 20% van a juicio después de 3 o 7 años; de los que van a juicio solo el 7% terminan con sentencia y solo la mitad de ellas en sentencias condenatorias. Pero lo más llamativo es que se trata de casos “menores” como el tráfico que pide una “mordida” o el funcionario municipal una “comisión”. Los grandes actos de corrupción que involucran a los miembros de los clanes poderosos económicamente no aparecen nunca juzgados.

La llamada clase política, por otra parte, está carcomida por la corrupción. Casi todos los partidos políticos han sido condenados por estafa o están siendo acusados por estos delitos: el PLN, el PAC, el partido evangélico de Justo Orozco, el PASE de Oscar López, el Libertario de Otto Guevara, el partido del doctor Hernández, el PUSC y muchos otros. De igual manera, prácticamente todos los expresidentes han enfrentado acusaciones por corrupción por casos como Alcatel, Caja, la Trocha, Cementazo, Cochinilla y otros.

La corrupción de los políticos produce una degeneración en la sociedad porque hay muy pocos referentes y porque la ética en la función pública parece no importar o importar bien poco, como el caso por ejemplo de Figueres. Ese es el mensaje equivocado que se dirige a la ciudadanía sobre los valores y la virtudes de los políticos.

Los componentes de orden social hacen que la criminalidad no descienda en Costa Rica, como lo afirma el director del OIJ. Es necesario, consecuentemente, cambiar el modelo de desarrollo económico, el modelo de acumulación de capital como dirían otros, que está generando o produciendo esos problemas.

En términos generales, solo una democratización de nuestra vida social, económica y cultural podrá disminuir y enfrentar acertadamente la creciente delincuencia nacional.

Desplazados y terrorismo de Estado

Por Carlos Meneses Reyes

Eso de considerar que el gobierno de turno no preveía una escalada social de la protesta política en Colombia, incurriendo en des gobernabilidad, no es de por sí cierta; como quiera que obedece a la tozuda posición de la oligarquía colombiana, en su infinito poder de dominio, de no aceptar que los métodos de domesticación social aupadas con las prácticas sangrientas de Terrorismo de Estado aplicadas, desbordaron en ineficaces; demostrando cuan equivocadas están al pretender desconocer la fuerza arrolladora de un pueblo organizado.

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta publica es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares. La verdad de Perogrullo en Colombia es que las fuerzas militares aplican mano dura a la protesta política. Asocian la violencia desatada durante la protesta política y social, con sinónimo de vandalismo. Siempre argumentarán el libre tránsito de calles y vías; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ese el escenario natural de las protestas. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el Terrorismo de Estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y para estatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contra insurgencia a uno de supuesta legalidad. Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana, aplica practicas militares.

Como resultado de la intensificación de la lucha armada en el país y en consecuencia, la generalización del conflicto armado interno en diversas áreas de la geografía colombiana; en este año de 2.021, se han multiplicado los desplazamientos de población campesina e indígena, hacia zonas urbanas. Ello obedece al favorecimiento de la expansión paramilitar en los territorios más altamente militarizados. Demostrado está que las zonas y áreas de influencia de las antiguas FARC, fueron copadas con efectivos militares. Debieron, pero no lo hicieron, aplicar los lineamentos de un Plan de Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, tal como lo contemplaron los Acuerdos de La Habana, para lograr el ingrediente de la No Repetición. Pero esos Acuerdos no fueron implementados por la derecha militarista en el poder. Por el contrario, haciendo uso de una política contra insurgente, sembraron el campo de bandas criminales- las bacrim- y en cínica alianza de ayuda colaborativa, del elemento y recurso paramilitar, intensificaron los enfrentamientos de esas estructuras, con las fuerzas insurgentes, en tanto la oficialidad y el generalato “se lavan la cara” ante el incremento de masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

El desplazamiento forzado afectó a 32.217 personas en 106 eventos masivos (Cohodes 2020.). En Nariño: 11.470 personas desplazadas, siendo la población afrodescendiente, la mayor afectada con número de 9.150 personas; mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas. Es el Pacifico colombiano, el de mayor número de personas desplazadas: 21.932. En Ituango un número superior a 5.000 desplazados, que se resisten a regresar a sus parcelas, por carencia de condiciones y permanencia de los enfrentamientos armados. Eso sí, sin cansar de repetirlo: son enfrentamientos y combates entre grupos paramilitares y las guerrillas insurgentes, sin pasar la hoja del sainete montado por la inteligencia militar y la política de contra insurgencia narco paramilitar en el poder, de ser enfrentamientos entre las distintas huestes insurgentes colombianas.

Para este año 2.021, la espiral de desplazamiento interno de población afectada por el conflicto armado es del 103%. Tanto en el Norte caribeño y el nororiente, en el sur del Departamento de Bolívar, en el occidente antioqueño y chocoano; en el la región occidental; el Arauca y el Catatumbo, el cuadro de afectación a los derechos humanos es dramático.

Hoy se está en una situación de desplazamientos y enfrentamientos armados, superior al previo escenario del proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas insurgencias de las FARC-EP- que en modo alguno puede calificarse como un “proceso de paz”.

La permanencia narco paramilitar

La oligarquía militarista vende la idea que existe un “nuevo” paramilitarismo. Falso. Es el mismo paramilitarismo, develado, denunciado y condenado, el que actualmente funciona en Colombia. Siempre como recurso, imposible de prescindir, del ejército made in Usa, que opera en territorio colombiano. En la medida en que persiste el conflicto armado interno en Colombia, el para militarismo continua con soporte institucional, de terceros empresarios y vehículo del lavado de activos, tal cual es su naturaleza: un instrumento contra insurgente de dominación, control y miseria contra el pueblo colombiano.

El resultado de la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, y la hechura en trizas de su contenido documentario, ha cumplido el interés de la derecha militarista: la intensificación del conflicto interno armado. Logrado que, en vez de unas FARC, existan “tres en una”. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); tanto por su inclaudicable consecuencia política, en una desgastante permanencia de sus negociadores plenipotenciarios en Cuba; como la no suplencia de la lucha armada en Colombia. Ello implica reiterar su vigencia, trayendo consigo el caracterizar como fuerza insurgente, a los antiguos reductos del Ejército Popular de Liberación (E.P.L), conforme a su sello de vocación de poder popular e insistencia de una salida política negociada al conflicto interno armado colombiano. De igual manera y así sea de soslayo, adelantar, que consecuencia a la no solución a los reclamos populares en la calle y el tratamiento contra insurgente dado a la protesta social en Colombia, ha traído, ello consigo, la inevitable irrupción de la guerrilla urbana en Colombia.

La opinión pública internacional ha asimilado esta constante de situación en Colombia. Comprendido que la llamada guerra contra los drogas, continúa siendo un instrumento imperial de domino geopolítico. Que la lucha contra el narcotráfico ha redundado en la instalación y perfil de un Narco Estado en Colombia; precisamente porque el negocio consiste en que el narcotráfico no se extinga y variantes como la legalización de la marihuana, se imponga.

Así le llamen eufemísticamente “cannabis” y su uso medicinal; está demostrado que solo la legalización universal de las drogas narcóticas es lo procedente y la sola legalización en un solo país, no ha traído solución definitiva al problema, de por si capitalista, como lo es el narcotráfico y su incidencia económica mundial.

Propio para el programa de matarife

La Confesión explícita del ex presidente innombrable, en el año de 2.006, en una entrevista en la W Radio, sobre la desmedida y concebida retórica presidencial, buscando desdibujar su activo papel paramilitar desde su paso por la Gobernación de Antioquia; el señalamiento en el número 82 como entre los 100 narcotraficantes buscados por la DEA; su confesión en esa entrevista difundida, de haber actuado armado, enmascarando o encubriendo actuación directa suya en operativo contra insurgente, de la fuerza pública contra un grupo de supuestos guerrilleros, que amenazaban la sagrada propiedad de sus tierras Ubérrimas, en Córdoba. Así aludido, trajo consigo, conforme a su relato, un golpe al Ejército Popular de Liberación (E.P.L), veinte años atrás; o sea hacia 1.986 y que, conforme a juristas populares, procede la acusación penal en su contra.

Esto, sumado a la distracción por las grandes contradicciones que generan sus acciones en las alturas del poder; ocultar el desgaste político que le ha representado su errada y asnal actitud frente al reclamo nacional de las Madres de Soacha y de reclamos de desaparecidos durante sus dos periodos de gobierno; perpetuando la dictadura civil de Terrorismo de Estado en Colombia; serían estos algunos del largo enunciado de situaciones que la desmedida escena de un ex presidente, fuera de sus cabales, denota.

Esa confesión paramilitar del innombrable y el mutismo del generalato de la época, se registró para entonces, en la entrevista a a él hecha, que publicaron los medios de alienación masiva (M.A.M). Demuestran su concepción paramilitar y de “justicia” por su propia mano. Relata como hace más de 20 años, con pistola en mano, participó en un operativo de la Fuerza pública (Policía y D.A.S) y se enfrentó a un grupo o cuadrilla de supuestos integrantes del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.); obteniendo como resultado ocho bajas de los subversivos. Todo sucedió en predios de su Hacienda ganadera La Ubérrima en el Departamento de Córdoba, donde aún hoy afirman los uribeños: “todos somos paramilitares”.

(En Semana, Texto completo de la entrevista del presidente Uribe en la W Radio

3/12/2006): Dice: “Yo he tenido que enfrentar muchas situaciones de intento de secuestro a mí, a mi familia. Recuerdo que una vez casi me secuestran en el Ubérrimo, el EPL. Todo terminó porque yo mismo me armé, con una pistola, una escopeta y fui con la gente del DAS y de la Policía a enfrentar esos tipos, capturaron 8, ahí mismo fui donde los jueces de la República y les dije: espero que los traten con todo el respeto a los Derechos Humanos. Por ahí debe estar eso en los expedientes, como ha habido tanta leyenda de la oposición –me gustan estas entrevistas para poder enfrentar eso- y los tuvieron en la cárcel. Vino la amnistía al EPL, los soltaron y lo primero que hicieron fue que llegaron a la finca y se robaron 178 novillos”.

De manera que lo presento como propio para investigador, cuál fue la verdad sobre esa acción justiciera. Y lo traigo a colación, por encajar como anillo al dedo, a la vituperable practica de la “gente de bien” con camisas blancas, dispuestas a continuar actuando como sujetos de contra insurgencia en las ciudades.

Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras

Por Marlin Óscar Ávila
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25 de junio de 2021

Hasta ahora los pueblos y gobiernos de América Latina han derramado sangre defendiendo los territorios donde nacieron; cada metro cuadrado del país ha sido defendido con mucho coraje, patriotismo y gallardía. No obstante, últimamente las fuerzas internacionales del obscurantismo neoliberal están experimentando con uno de los países más pobres y gobernado por narco traficantes tan corruptos, como traidores a su patria, la entrega de un tercio o más del territorio a fuerzas empresariales extranjeras. Todo con la mirada indiferente de sus “gloriosas Fuerzas Armadas”.

Contexto

Honduras “ocupa el segundo lugar en extensión territorial, después de Nicaragua, en Centroamérica con un perímetro de 2401 km y una extensión de 112.492 km²”[1] (61,392 km2 más que Costa Rica), es considerado por muchos peyorativamente, a nivel internacional, como “Banana Republic”, con un territorio de 112.492 km².

Los servicios básicos de energía y agua están privatizados, así como los servicios de educación y salud, se ha llegado a su privatización en un muy alto porcentaje. Asistir a un centro de salud clínica u hospital públicos, es apenas para atención médica, donde los insumos (medicinas e insumos), los debe comprar el paciente. El transporte público es privado en su totalidad y las principales carreteras del país han sido concesionadas, predominando compañías colombianas. En ese, naturalmente rico territorio de Honduras, hay una población mayor a los 9.5 millones de habitantes[2]. Más del 70% vive bajo la línea de la pobreza y arriba del 53.4% de ésta se encuentra en la miseria. Hay una considerable brecha entre ricos y pobres, la clase media tiende a desaparecer y un reducido porcentaje logra pasar la educación superior. El 55% de la oferta en educación superior, en 2018, era del sector público y un 1.7 del total era para sacar doctorado,[3] lo que seguramente se ha reducido en este período de la plandemia SARS-CO2. De la considerada población con ingresos medios (clase madia para muchos), ha sufrido un proceso de pauperización en los últimos dos años que se llega a confundir con el sector que vive bajo la línea de la pobreza, aun con su esfuerzo de aparentar estar en una escala superior.

Por las evidencias existentes, no solamente el gobierno central del poder Ejecutivo ha sido calificado como de mayor corrupción de su historia, pero todo el andamiaje institucional del Estado, junto a sus tres poderes e instituciones descentralizadas, con la complicidad de las elites de los cuerpos armados. Esto se agrava con los resultados de las investigaciones jurídicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia de los EUA, donde se ha confirmado el involucramiento de un numeroso grupo de funcionarios de alto nivel en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos, logrando que el Congreso dominado por el Partido Nacional, blinde a los corruptos y narcotraficantes con leyes y reformas constitucionales, acrecentando los niveles de impunidad y el cinismo sin precedentes. La desconfianza popular ha ido creciendo constantemente, sin dejar un área e institución pública en donde se llegue a considerar como viable para algo de gobernabilidad. Concluido el segundo período continuo del actual presidente, pero el tercero del Partido Nacional, se prepara las elecciones para noviembre próximo.

Los Enclaves

Luego de la implantación desde finales del siglo XIX al XXI, de una economía de enclave[4] por empresarios estadounidenses. Para el hondureño común, ese período fue de un auge económico que únicamente y parcialmente se puede comparar, posteriormente, con la industria vinculada a la textilería e industria para prendas de vestir y de partes de autos que ha predominado desde la década de los ochentas, principalmente en la zona norte del país. Algunos historiadores piensan que la industria minera también ha utilizado el modelo de “enclave”, más que todo por la compañía Rosario.

Fue a partir de estos enclaves que surgen nuevos ricos, muchos de origen turco, árabe e israelita, y se establecen algunas empresas industriales, como las azucareras, de bebidas (ejem. Cervecería Nacional Hondureña) y financieras como los bancos Atlántida y FICOHSA. Los enclaves bananeros y mineros provocaron la reestructuración de las propiedades de tierra, pequeños y medianos propietarios desaparecieron, como en su momento sucedió con el cultivo y la industria del aceite de palma africana en la zona Atlántida, en el período de la década de los setenta, subsidiado por el gobierno de turno (gobiernos militares). A excepción de los enclaves mineros, el auge de las economías citadas, se han asentado, principalmente en la zona del litoral Atlántico hondureño (671 Km de longitud), que inicia en la frontera con Guatemala y termina en la frontera con Nicaragua, pasando por el gran valle de Sula que cubre 17 municipios, en una extensión territorial de 7,384.6 km2 de adonde se extrae el 63% del PIB nacional y habita un 27% de toda la población[5]. Además, es donde se considera que está la mayor reserva de petróleo aun sin explotar[6].

Sabemos que los enclaves modernos tienen nuevas exigencias y características. La índole de su inversión es diversificada, incluye diferentes compañías y empresas, como su mercado es diversificado. Todo lo que se produce y procesa es para los mercados extranjeros. Sus inversores y empleados no tienen ningún interés en la población que habita en su entorno, excepto por su fuerza laboral. Es una población que no tiene arraigo alguno en los territorios que ocupan. Son tratados como extraños o extranjeros, con la única función de servir a la empresa que lo contrata, bajo condiciones establecidas por los dueños del enclave, sin intermediación de un gobierno o agencia defensora de los derechos laborales. Los enclaves son completamente comandados por sus dueños.

Las ZEDES en Honduras

La oposición política está bastante fraccionada, luchando sin estrategia unificada, en los últimos once años y medio. El Partido Nacional (que de nacionalista no tiene más que el nombre) quiere continuar gobernando después de estar en el poder por los últimos once años[7]. En caso de fracasar en sus pretensiones, sea que gane o pierda, el grupo gobernante tiene una cuartada para seguir enriqueciéndose con la explosión de los recursos del país mediante el proyecto de ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Proyecto que ha gestado desde la sombra durante todos esos años, presentándolo ocasionalmente a la asamblea de diputados para reformas jurídicas y aprobaciones, últimamente por parte de la Corte Suprema de Justicia, a conveniencia de sus beneficiarios. A diferencia de las Zonas Libres de impuestos, para la inversión extranjera en áreas industriales establecidas en la década de los noventas, cubriendo áreas de hasta 15 hectáreas de terreno, las ZEDES son áreas territoriales de varios miles de hectáreas del territorio nacional donde se pueden instalar diversas compañías para explotar todos los recursos naturales, fuerza laboral, infraestructura e instituciones públicas y privadas con autonomía política, jurídica, de seguridad, libre de impuestos, con manejo fiscal y comercial autónomo, estableciendo y utilizando los medios de comunicación y transporte que mejor les convenga. Esos territorios pueden estar ocupados por poblaciones y asentamientos humanos originarios, pueden incluir zonas urbanas y rurales, las que pueden ser expropiadas por los nuevos inversionistas. Las políticas de contratación, administración y gestión de negocios serán establecidas por los inversionistas. Estas ZEDES, hasta ahora están definidas para cubrir una tercera parte del espacio territorial hondureño, particularmente adonde están los espacios con mayor potencial económico como son las costas del Atlántico y del Pacífico, formando una especie de encierro geográfico a los territorios que, por el momento, no están en oferta, ubicadas en la zona central o, interior del país, sin que eso pueda asegurárseles ser intocables en el futuro.

Esos espacios geográficos que hasta el momento tienen divisiones políticas denominados departamentos y municipios, estructura y jurisdicción definidas en la Constitución, cubre 39 mil 331 kilómetros cuadrados. La compra venta de estos espacios territoriales ya entraron al mercado y desde ahora se inicia la expropiación de sus dueños hondureños para ser transferidos a los nuevos dueños extranjeros y nacionales que hayan decidido invertir en ellos. Para los procedimientos el gobierno actual ha permitido el formal establecimiento de una nueva “constitución” con la normativa y reglamentación en cienes de páginas escritas, firmadas y selladas por los tres poderes de la República de Honduras.

Es algo así como ha venido ocurriéndole a Palestina, donde los israelitas sionistas han ido ocupando su territorio paulatinamente, sin importar quienes habitaron y compraron o se establecieron en esos bienes raises por décadas anteriores. Solamente que, en Honduras, es el mismo gobierno o Estado quien ha gestionado la entrega en venta a firmas y personas extranjeras con algunas nacionales particularmente a empresas con orientación muy conservadora.

Mientras escribimos este artículo, una comisión del gobierno, que incluye a lideres religiosos evangélicos, esta en visita oficial en Israel. Todas las señales nos dicen que detrás de este proyecto ha estado la asesoría constante del gobierno sionista de Israel. Y, coincidiendo con esto, podemos notar el apoyo del gobierno de los EUA, desde el golpe de estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en 2009, pasando los años del gobierno de Trump, hasta el actual de Joe Biden. Ya es sabido que el actual presidente Joe Biden se declaró sionista en noviembre de 2016, cuando en Nueva York afirmo: “Soy sionista, pero para esto no hace falta ser judío”[8]

El Concepto “Destino Manifiesto” y Grandes Conflictos por Territorialidad

Lo que actualmente ocurre en Honduras, puede llevarnos a recordar el “origen del concepto del «Destino Manifiesto» [el cual] se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos” [de Norte América]. Bajo ese concepto se justificaba el uso de cualquier medio para alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra, hasta la vía militar.16​ Fue así que el filibustero estadounidense, William Walker, médico y abogado, armó a un grupo de reclutas conocidos como «Los Inmortales», para invadir, en 1855, Centro América, tomándose por las armas a Nicaragua y luego, invadió la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, de donde fuera expulsado. Más tarde es aprendido y fusilado en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860.[9]

En nuestra historia es casi inexistente un país de América Latina que no haya tenido o no tenga conflictos fronterizos por la delimitación fronteriza y no haya defendido hasta con los dientes su territorio usurpado por terceros países, normalmente vecinos. Para ejemplo, los más mencionados en este tiempo son Bolivia con su acceso al mar y sus derechos en disputas con Chile por décadas. También están los conflictos entre Paraguay y Brasil en las riberas del río Paraná.

En el siglo XIX, entre 1846 y 1848, cuando las tropas estadounidenses entraron a la ciudad de México, hasta la formalización de la cesión por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, cuando México traspasó el 119% de su territorio actual a los EUA.[10]

Afuera de nuestro continente, se distingue el caso de Palestina. Cada año, a partir de 1948, Israel ha venido ocupando, contra la voluntad de Palestina, más y más territorio de su país, con centenas de muertos en un conflicto que la misma ONU no ha sido capaz de intermediar adecuadamente, porque el lobby israelita sionista en Washington es tan fuerte que EUA siempre ha vetado las decisiones del Consejo de Seguridad para favorecer a Israel.[11]

Las preguntas obligadas ahora son:

  1. ¿Está y, ha estado, el sionismo israelita detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños?
  2. ¿La tolerancia de la administración de la Casa Blanca ante los abusos de autoridad, crimen organizado, lavado de activos, violación constante de los derechos humanos y destrucción del Estado de Derecho por parte del gobierno de Honduras durante la última década, se debe al padrinazgo sionista y al uso de su territorio como plataforma contra otros países de América del Sur?
  3. ¿La compraventa de buena parte de Honduras en pedazos bajo el título de ZEDES, obedece a una estrategia de posesionar a las grandes corporaciones de territorios dentro de un Estado constituido como el hondureño, aun violentando su Constitución, para luego de aprender de este experimento, pasar luego a otros países bajo el principio ya actualizado de “Destino Manifiesto”?

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Honduras

[2] https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-pobreza_la-pobreza-en-honduras-subi%C3%B3-a-70—en-2020-por-culpa-de-eta–iota-y-la-covid/46581382

[3] https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas

[4] Desde el concepto más tradicional de monocultivo para exportación, además de control territorial, el poder político interno y administrativo, sin generar beneficios económicos nacionales, más que la mano de obra barata y alguna infraestructura residual Marlin Oscar Avila

[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Sula

[6] https://criterio.hn/en-honduras-hay-petroleo-pero-el-gobierno-mantiene-el-tema-en-secreto/

[7] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf

[8] ” https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493847/coalicion-netanyahu-israel-gabinete

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/William_Walker

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Cesi%C3%B3n_mexicana

[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54162476