ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.
ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.
ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.
ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.
ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.
ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.
ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.
Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!
ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.
San José, domingo 16 de julio de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario: el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos, a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de odio y saña.
Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.
Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.
Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense. Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios. Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para tirar puentes, no para dinamitarlos.
El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de formación superior de las policías con el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han aprendido mucho de lo que hay que hacer.
Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese campo.
Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.
Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son buenos ejemplos.
Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.
Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor presidente, por favor, con todo el respecto, no siga atacando a la institución que vela por la salud y las pensiones de millones de costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a lo mejor que tiene este país.
Documento compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.
Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.
En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.
Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.
Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.
Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.
Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)
Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).
Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)
Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.
El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.
Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).
A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).
Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.
De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.
ASUNTO: El CSUCA en Costa Rica, alberga en su CXX Sesión Extraordinaria a un usurpador. LA USAC DE GUATEMALA NO TIENE RECTOR
Nos dirigimos a ustedes como ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, académicos(as) de universidades públicas de la región, artistas, intelectuales y sociedad civil plenamente informada y conscientes de la trágica y valerosa resistencia que atraviesa desde el mes de abril del 2022 la universidad más antigua de Centroamérica y la única institución de educación superior pública de Guatemala: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la mayor universidad del país, la única universidad pública y la más antigua se le ha conferido por ley, participación con voz y voto en las decisiones de 100 entidades públicas. Este valor de representatividad tiene su fundamento en los ideales de servicio, en su autonomía constitucional, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1944 y en su coherencia crítica para ofrecer soluciones al país, además de proveer gratuitamente o con muy bajo costo, educación superior. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibe fondos públicos y eso la convierte en una institución clave no solo por su voz y capacidad de voto en las decisiones de importantes instituciones públicas, sino porque con autonomía y criticidad, es una fuerza de oposición ante procesos de corrupción que emanan del gobierno, oficialismos de turno y de las redes de poder político.
Hacemos de su conocimiento que esta Alma mater fue tomada por la comunidad estudiantil, docente, administrativa, apoyada por diferentes sectores de la población (campesina, indígena, civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Derechos Humanos) desde el 27 de abril de 2022 con la toma de Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) y posteriormente el 19 de mayo de 2022 con la ocupación del Campus Universitario en su totalidad, en respuesta a los procesos ilegítimos del fraude electoral que colocó al señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis en el cargo de rector con un procedimiento electoral que no se apegó al marco de la legalidad. La persona que se presenta en este encuentro como Rector de la USAC no cuenta con las capacidades académicas mínimas para el puesto; no cumple siquiera con el requisito mínimo de cinco años de experiencia docente universitaria, según la norma que rige la materia, pese a la información falaz que contiene su currículo. Además, es reconocido por una larga trayectoria de corrupción, su cercanía con el narcotráfico y sus vínculos con el presidente de Guatemala. A partir de esos hechos y hasta el día de hoy la comunidad universitaria sancarlista, la sociedad civil guatemalteca, y comunidad centroamericana universitaria y civil continúan apoyando la resistencia y rechazo a lo que se ha calificado como fraude electoral en esta casa de estudios.
Desde el 1 de julio de 2022 en que asumió el puesto de rector, en un acto igualmente anómalo, pues lo hizo en secreto y sin que estuviera presente el pleno del Consejo Superior Universitario, como lo manda la normativa de la universidad; la comunidad universitaria y diferentes medios de comunicación oficiales y alternativos nacionales y de la región han evidenciado el abuso de poder con que Mazariegos, apoyado por el gobierno y redes de la élite del país, han utilizado la violencia y la represión contra la propia comunidad estudiantil y académica, intimidando, criminalizando y atentando contra la vida de estudiantes, docentes y dirigentes en este proceso de oposición y resistencia, como respuesta al legítimo derecho de no aceptar la ilegalidad y corrupción en los procesos electorales.
Escribimos a ustedes ante la vergüenza histórica que representa para nuestra región, para la ciudadanía guatemalteca, centroamericana y la mirada internacional que, el señor Walter Mazariegos, conocido en su propio país como “El Usurpador” ocupe solo nominalmente el cargo de representación universitaria, debido a que, en Guatemala permanece escondido y sin ejercer todas las funciones de su puesto, consciente del rechazo de que es objeto por parte de la mayoría de la comunidad sancarlista.
Apelamos a ustedes señores y señoras representantes del CSUCA en esta CXX Sesión Ordinaria celebrada el 21 y 22 de abril de 2023 en la Universidad Nacional de Costa Rica para tomar conciencia de nuestro rechazo absoluto a la invitación que el órgano de representación regional universitaria hace a Walter Mazariegos, así como de cualquier otro espacio de representación por la ilegitimidad electoral del puesto que usurpa y por la cuestionable trayectoria académica, moral y política que le antecede.
Señores y señoras del Consejo Superior Universitario de Centroamérica CSUCA, este es un llamado a la conciencia sobre los mayores ideales que fueron planteados hace más de cien años en el Sueño de Córdoba, a sus pilares fundamentales de respetar la autonomía universitaria, libre de interferencia política y de garantizar la libertad de la comunidad estudiantil y docente. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sentado un precedente histórico en la región centroamericana y en el continente desde el momento en que no aceptó el procedimiento ilegal de colocar a un rector de facto, que llevaron a cabo las redes de corrupción política y del poder oficial. Pese a esta difícil situación y al contexto en que la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos atraviesa, instituciones, importantes figuras intelectuales y sociedad civil no cesarán de apoyar y de brindar sus esfuerzos por rescatar la autonomía del mayor centro de estudios superiores de Centro América.
La invitación y el recibimiento de Walter Mazariegos al evento del CSUCA envía un mensaje equivocado a la sociedad centroamericana, a toda la comunidad estudiantil, docente y sociedad civil centroamericana. Su invitación está a contracorriente de los ideales de autonomía y libertad universitaria. Su presencia en este evento fomenta una cultura de impunidad que da la espalda a la realidad que atraviesa la propia comunidad universitaria sancarlista y niega los valores que deberían guiar el espíritu crítico, la acción y la educación superior en nuestra región.
Solicitamos a ustedes como representantes del CSUCA una moción de censura para Walter Ramiro Mazariegos Bioli en un pronunciamiento por escrito en el que se reconozca la ilegitimidad de su cargo y se le excluya absolutamente de toda representación en el CSUCA por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Que este precedente histórico sirva de ejemplo para todas nuestras universidades públicas centroamericanas y para que este hecho no se repita nunca más.
¡La Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene rector!
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Titular Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP – Representante Sector Académico-, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador, Centro América y, América Latina, Escritor, Científico Social
Costa Rica es el segundo país en la ruta centroamericana del tráfico de cocaína.
Nuestro país se encuentra posicionado estratégicamente dentro del continente americano, lo cual resulta muy proclive para algunos grupos criminales organizados nacionales como extranjeros manejar desde nuestro territorio toda la logística relacionada con el tema del narcotráfico, sea para efectos de recibir la droga de países productores de Suramérica, ocultarla y venderla en suelo costarricense, o trasladarla hacia países consumidores de Norteamérica y de Europa, entre otros.
Tenemos grupos de delincuencia organizada y violenciade nacionalidad costarricense en conexión con extranjeros dedicados al tráfico de drogas como cocaína, marihuana, drogas sintéticas y precursores químicos, flujos humanos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y, existe violencia en zonas vulnerables. Y, siendo Estados Unidos el principal consumidor de cocaína del mundo nuestro país es un puente. La oferta crea su propia demanda. Sin consumidores no hay productos…
“Costa Rica surge como un punto estratégico para el tránsito de cocaína por tierra, aire y rutas marítimas, como zona de tránsito y almacenaje de la droga”
Somos un lugar para el almacenaje y tráfico de la droga liderado por redes criminales-comerciales de personas jóvenes de nacionalidad costarricense. No hay estructuras jerarquizadas. Repitámoslo son grupos de delincuencia organizada compuestos únicamente por nacionales que establecen relaciones de negocios con pesos pesados en este mundo:
Traficantes internacionales
Grupos de Apoyo logísticos y transportistas
Vendedores y distribuidores
La violencia es parte de su modo operativo. Plata o plomo como decía Pablo Escobar Gaviria es lo en nuestros días está sucediendo en distintos cantones de Costa Rica en el Siglo XXI. Tenemos sicariato, por supuesto que sí …pero ellos son individuos costarricenses que actúan como asesinos a sueldo. Han aprendido. No nos equivoquemos. Son criminales locales lamentablemente para las familias involucradas conformados por jóvenes en circunstancias socio-económicas vulnerables. La violencia es el medio de resolver conflictos entre los grupos criminales y la manera de saldar ajustes de cuentas por tumbes de drogas. Ese es el meollo del asunto. Es un hecho que existe vinculación con grupos extranjeros cuyo origen tienen raíces mexicanas y colombianas, pero eso es otro tema. Quienes dirigen lo que está sucediendo en Costa Rica con las drogas son personas jóvenes de nacionalidad costarricense.
San José, sigue siendo el lugar preferido de los consumidores de cocaína y por tanto allí llegan los oferentes nacionales. En Costa Rica, aún no están presentes los grupos depredadores (tumbadores) de droga que son grupos especializados en tumbar (robar) los cargamentos de droga a los transportistas e incluso a otros grupos traficantes…
“La participación de menores de edad en los delitos de tráfico de drogas cada vez es mayor: los traficantes encuentran en la población joven alguien de quien aprovecharse. Los grupos de crimen organizado reclutan a jóvenes como narcomenudistas sirviéndose de la tentación que supone la obtención de ganancias y bienes materiales. Además, los criminales también pueden convertir a los jóvenes en adictos para más tarde forzarles a vender la droga. Este fenómeno no es exclusivo de zonas marginales, sino que también ha sido identificado en centros de educación secundaria.” Y, cuando las estadísticas nos dicen que solo el 50% de los estudiantes que ingresan al colegio se gradúan el semillero esta para cultivo…
El consumo del crack nos está despedazando a todos, pero específicamente a las personas jóvenes que están entre 15 a 35 años. Principalmente en los cantones de San José – Escazú es mayor demandante de cocaína-, Alajuela, San Carlos, Desamparados, en el Distrito Hatillo, en la provincia de Limón y, Puntarenas.
Las drogas ingresan por tierra, mar y aire a nuestro país.
Nuestras zonas productoras agrícolas (banano, piña, cítricos, etc.) son usadas para ocultar la droga entre los productos de exportación hacia los distintos mercados. La zona atlántica como la pacifica son los puertos de ingreso. Y San José la zona de bodega. Tenemos hechos contundentes: La mayoría de los condenados por tráfico de drogas son ciudadanos costarricenses. ¿Quiénes son los traficantes? Bueno son ciudadanos costarricenses con conexiones en el exterior. El 85% de los condenados por tráfico de drogas son costarricenses. Como nos diría la tira cómica creada por el genial Walt Kelly, “Jefe, hemos encontrado al enemigo: ¡somos nosotros mismos!”.
La pregunta de fonde es: ¿Tenemos creada o está en proceso una mafia costarricense basada en distribución de drogas de cualquier tipo? Mi hipótesis es que se está gestando su creación. ¿Estamos a tiempo de frenar su nacimiento y gestación? Quizás no. Talvez sí. Debemos actuar e ir por la juventud de nuestro país esos casi 2 millones de estudiantes que están en escuelas y colegios de nuestros centros educativos. ¡Hay que actuar!
Las “mafias” – como se ha estudiado a fondo- conforman una macro criminalidad del reciclaje de dinero obtenido por venta de drogas que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio.
La mafia es invisible, es asociación dirigida y explotada por personas autorizadas por edad, inteligencia, posición social, pruebas, expedientes judiciales, experiencia y pericia en el arte de delinquir impunemente. No existen estructuras organizacionales visibles… son sin rostro. ¿Quiénes conocen la Junta Directiva de la Mafia? ¡Nadie! Solo el “directorio” de los hombres de mayor confianza. La mafia es “una asociación ilícita, autentico sistema de poder criminal” que ubican a sus miembros al filo del Código Penal. Es complejidad organizativa y “mafia financiera”. Su estrategia es obtener el máximo prestigio y la máxima ganancia, el silencio y olvido, establecer relaciones e intereses con la política, obstaculizar las investigaciones, campañas de deslegitimación, de desprestigio, de agresiones contra fiscales y magistrados. La búsqueda de coberturas, asesinatos y masacres. El terror y miedo. Impedir el control de la legalidad de sus negocios. La impunidad, falsificación de datos, la santificación de imputados. Desgranar la justicia y la legalidad. Vínculos secretos. La mafia costarricense se está apenas gestando… ¡No existe!
Costa Rica, es una bodega y puente de las guerras de las drogas. Se movilizan anualmente 1.150 toneladas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU –donde hay más de 50 millones de consumidores que gastan más de US$ 50.000 millones anuales de dólares para consumo de cocaína, heroína y marihuana proveniente de Irán y Afganistán, Myanmar, Laos, Tailandia, México, Perú, Bolivia y Colombia-. EE UU se pudre con la nueva droga zombie que carcome la piel y pone en alerta a EEUU… Se llama fentanilo y xilacina. No queremos eso para nuestros casi 2 millones de jóvenes costarricenses…
¿Cómo combatir la delincuencia criminal organizada y frenar el ascenso de una mafia costarricense?
Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa con Centroamérica para combatir el narcotráfico. Debemos articular esfuerzos con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Como estado-nación aislados no vamos a lograr ningún objetivo. Y dado que la guerra contra las drogas está perdida debemos hacer una solución regional.
Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 81 Comisionados Cantonales Antidrogas reportando a un (una) Comisionada Nacional Antidrogas. Uno por cantón para articular y coordinar esfuerzos con el Ministerio de Seguridad Publica y el Ministerio de Educación. Debemos salvar, rescatar, restaurar a nuestros casi 2 millones de jóvenes costarricenses que son el objetivo de grupos de delincuencia organizada y violenciade nacionalidad costarricense en conexión con extranjeros. Es conocido que el crimen organizado costarricense utiliza las tentaciones, las carencias y la provocación que genera la ostentación para atraer a los jóvenes.
Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren.
Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por la Corte Suprema de Justicia y no por la actual Asamblea Legislativa.
Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga – cualquier tipo-” que bien puede estar en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social, los EBAIS, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Seguridad Publica y, el Poder Judicial.
Sexto, fortalecimiento del Ministerio de Seguridad Publica.
Séptimo, la juventud costarricense (escuela, colegio, universitaria) requiere intervención estatal para que puedan enfrentar las disyuntivas de la vida. Nuestra juventud se mueve por incentivos. La recompensa es lo que los mueve. El Estado puede mejorar los resultados con la juventud costarricense – para que no ingrese al Club de Mafia- ¿Cómo? Si el mundo de las drogas les ofrece dinero y bienes corto plazo y muerte segura, el Estado bien puede ofrecerles apoyo vía educación para salir de la pobreza, construir un proyecto micro, pequeño o mediano que les genere satisfacción, acceso a crédito con tasas blandas y sin garantías hipotecarias, y un tipo de educación pública atractiva que no los lleve a la deserción ni la frustración y los aleje de las aulas. Darles herramientas para construir su propio destino. La criminalidad se combate con los aparatos ideológicos del Estado (Ministerio de Educación) y los aparatos represivos del Estado (Ministerio de Seguridad Publica)
A MODO DE CONCLUSION
Somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay conexión de nuestro grupos de criminales organizados costarricenses dada la filtración por el lado de demanda de drogas con los oferentes que son carteles mexicanos y colombianos, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%).
Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por los grupos criminales organizados costarricenses y alianza estratégica con las verdaderas mafias que existen y están consolidadas como las mexicanas, colombianas, los yakuza, las trías chinas, la cosa nostra o la rusa. Aún estamos a tiempo… la mafia costarricense está en proceso de gestación aún no ha nacido.
El pasado 18 de marzo en Limón, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, realizó una solicitud de barrida ambiental, dirigida hacia el Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, el Licenciado José Pablo González.
En dicha carta, formulada por Marco Vinicio Levy Virgo, se indica que, desde el 2019, en el Caribe Sur, impera un ambiente de desconfianza hacia las autoridades, debido a la frecuente coalición entre narcotráfico, diputaciones, empresarios y funcionarios públicos. Dichos diputados han defendido supuestos derechos de pobladores del Caribe Sur mediante el impulso de moratorias que tienden a la colonización de la zona marítima terrestre, “obviando que para un sencillo poblador es prácticamente imposible sufragar los gastos que conlleva el mantenimiento de una vivienda al lado del mar” (Levy,2023).
De esta forma, manifiestan la Asociación, el Caribe necesita de un abordaje integral, debido a que el narcotráfico tiene tomada la zona: los cuales tienen sus emisarios en el gobierno local, hasta el punto que han declarado non gratos a insignes luchadores ambientales (Levy,2023).
Esas mismas fuerzas han conjuntado voluntades para el impulso de la Ley 9223, sugestivamente denominada “Ley de reconocimiento de los derechos de los pobladores del Caribe sur”, con la cual intentaron cercenar 188 hectáreas de bosque del Refugio Gandoca- Manzanillo (Levy,2023).
Finalmente, Levy denuncia que, mientras las comunidades del Caribe Sur ponen el cuerpo para defender la institucionalidad y el Patrimonio Natural del Estado en contra de empresarios y abogados mafiosos, la Fiscalía del Ministerio Público carece de las herramientas fundamentales para frenar a las mafias afincadas en el cantón de Talamanca.
¿Porqué y a quiénes les conviene que se hable de “narcotráfico”?
Narcotráficoo narco agresión.
Del término compuesto “narcotráfico”, el asunto es posicionar lo segundo, el tráfico. Insistentemente, por los canales de desinformación, en boca de funcionarios, o de manera irreflexiva, por muchas personas, se machaca en el “narcotráfico”. Parece no haber consumo de drogas, negocio de las drogas: el gran problema; lo que hay que combatir es el tráfico de las drogas.
El término “narcotráfico”, está cargado de manera tendenciosa y por demás está decir maliciosa: “narco”, es el “qué”, es el “asunto” en cuestión: el común de las personas valora lo que está posicionado en su opinión, sobre el término “narco”, de la siguiente manera: droga; malo; persona que se dedica al negocio de las drogas (ese fulano es un “narco”); sin vergüenza, mal viviente, despreciable, condenable, vulnerable.
“Trafico” es el hacer.
Traficar: “Paso de vehículos, personas o “mercancías por un lugar”. (Diccionario. Definiciones de Oxford Languages).
Aquí el asunto está en “pasar” la droga, “llevar” la droga. Si la droga se lleva, es de un lugar hacia otro lugar, de donde la cultivan, la cosechan o la hacen, hacia dónde la consumen.
“La hacen”, es muy importante, porque no “se hace” sola, alguien la hace, algunos la hacen.
Entonces desde el mismo lugar donde algunos la hacen; algunos la llevan. Lo más seguro es que son los mismos, con la “colaboración” de otros.
¿De donde y a dónde “la llevan”? En este punto, “las cosas” empiezan a tener cara: En el caso del continente americano, “los malos del sur”, se la llevan a “las pobres victimas del norte”.
Esto es lo que se posiciona con el término “narcotráfico”: del sur al norte.
Pero es en el norte donde está el mayor consumo de drogas; quienes organizan, imponen y dirigen todo para producirlas, llevarlas, distribuirlas, cobrar y entregar dinero, hacerlas un negocio y de paso involucrar y culpabilizar al sur. ¿Cómo dice el dicho? “Tras de que deben, cobran”.
¿Porqué si en el norte tienen organismos de inteligencia y represivos, tan efectivos, no terminan con el narcotráfico y nos dejan de una vez en paz?
De ahí la importancia de posicionar la segunda parte del termino: tráfico.
Con el pretexto del narcotráfico se ejecutan acciones por medio de las cuales se lleva a cabo la política de imposición y dominación.
Hay que combatir el “narcotráfico”: esto quiere decir, planificar, y ejecutar acciones de guerra, invadir países, capturar “sospechosos”.
Manuel Antonio Noriega, fue la excusa con la que se perpetró una brutal y criminal agresión, que costó muchas vidas, contra Panamá.
“… Noriega era un militar…al servicio de la inteligencia estadounidense… desde antes de ser militar, ya estaba al servicio de la CIA…fue acusado de narcotráfico… entrenado en Estados Unidos… de confianza para Bush…” (BBC NEWS MUNDO)
Recientemente, el presidente López Obrador, denunció intenciones de agresión a su país, por parte de algunos políticos de Estados Unidos contra México, con el pretexto del opioide fentanilo.
Lo anterior, de alguna manera hace venir a la mente, por algo, la “Guerra del opio”.
“Las guerras del opio o las guerras anglo-chinas fueron dos conflictos bélicos que ocurrieron en el siglo XIX… Sus causas fueron los intereses comerciales que crearon el contrabando británico de opio en la India y en China… La segunda, en la que Francia se implicó con los británicos, estalló en 1856 y duró hasta 1860… La derrota china en las dos guerras forzó al gobierno a tolerar el comercio de opio”. (“Guerras del opio”. Google Arts & Culture).
Así, se comenten y justifican actos de abuso y agresión contra países latinoamericanos y se seguirán cometiendo, mientras no se le ponga alto, con dignidad y organización, a los países que las cometen.
“El hijo de Pablo Escobar: “mi padre trabajaba para la CIA… con la cocaína financiaban la lucha contra el comunismo en Centroamérica… Es evidente que el encubrimiento es hacia los grandes corruptos de Colombia y Estados Unidos…la idea es representarlo lo más malvado y atractivo posible, y así no nos fijaremos en los malos que lo ayudaron a ser tan malo”. (El Confidencial)
Políticos, presidentes, ministros, organismos, países, armas, dinero, geopolítica y geoeconomía, juegan en todo esto.
Es un deber patriótico, ciudadano y humanitario, reflexionar y erradicar de nuestro vocabulario, con la carga tendenciosa e intencionada que en la actualidad comporta, esa docena de letras así estructuradas y el sentido que componen. Ya no más.
Desterremos de una vez por todas el “narcotráfico”.
En Costa Rica hemos sido dados a pensar que la violencia y el terror no pueden afincarse en nuestro medio, ya que somos un pueblo de paz y democracia. Lamentablemente nos olvidamos de nuestra posición geopolítica y que al igual que en 1856 o en la década de los 80s del siglo pasado, las tormentas de la vecindad terminan azotándonos. Las cosas han cambiado radicalmente en nuestra América desde que brotó el gran negocio de los carteles de la droga en el último cuarto del siglo pasado, cambiando los ejes del poder económico y político. Hasta entonces el poder económico dependía en gran medida del poder político centralizado en estructuras clientelistas. Con la aparición del negocio de la droga, con un poder económico sin precedentes, se resquebrajó la estructura de poder clientelista. Sistema que presentaba, por una parte, serias debilidades que permitían su penetración por la corrupción imperante, y por otra, generaba una masa creciente de excluidos desplazados por la tecnología que buscaban desesperadamente ingresos para atender las necesidades de sus familias.
Colocados geográficamente entre los países productores y procesadores de cocaína en el sur y los traficantes comercializadores y el gran mercado de consumidores en el norte del continente y punto de enlace con Europa, nuestro país es una ruta de paso necesaria para este nefasto negocio. Especialmente el tráfico terrestre, ya que el marítimo y el aéreo son controlados cada vez con más recursos por parte de los Estados Unidos.
Ha coincidido este interés del narcotráfico con las debilidades de nuestro sistema económico y social que deja por fuera especialmente a las regiones fronterizas y costeras, donde el narco se haido posicionando y penetrando los poderes locales e instituciones nacionales con su poder económico. De ahí que la lucha por el control de territorios haya desatado el terror y el crimen en nuestras costas y fronteras donde se ha posicionado y expande su estela de muerte hacia otras regiones del país.
El problema de nuestra debilidad, como país, frente a esta amenaza depende no solo del aparato de legalidad y de seguridad que debe actualizarse y modernizarse a fondo para impedir que siga expandiéndose y tomando fuerza este peligro. Especialmente en su sistema de inteligencia fortaleciendo la seguridad comunitaria de manera sistemática con seguimiento y atención permanente. Pero sobre todo, actuar en la prevención reduciendo la exclusión social. Un país que concentra sus ingresos en el 20% de la población y no abre suficientes oportunidades para incorporarse a la vida moderna a los jóvenes y a quienes perdieron la oportunidad educativa, tiene los pies de barro. La prevención de la violencia depende de la modernización del sistema educativo para adecuarlo a las exigencias de la nueva tecnología del conocimiento y de la regeneración ecológica. Sin olvidar que el aprendizaje y la capacitación constituyen actualmente, por la velocidad de los cambios, un proceso permanente para evitar la exclusión.
Especial atención merece en nuestro caso la actualización de la mano de obra para actuar frente a las necesidades y oportunidades. Recordemos que más del 50 % de la población económicamente activa tiene un nivel inferior al bachillerato y este porcentaje es mayor entre los desocupados. Se trata no solo de una actualización de los centros de trabajo, sino de los procesos y transformaciones que abren oportunidades en sus comunidades y regiones. Procesos que no pueden depender de proyectos elaborados por burócratas, sino que deben responder a la demanda y a la organización de las comunidades. Las instituciones deben, ante todo responder a estas demandas con asistencia técnica y recursos complementarios a los aportados por las comunidades. Las comunidades, cuando gozan de autonomía, saben quéopciones tienen en las condiciones de su comunidad, para abrirse paso a paso mejorando sus capacidades.
Las ofertas del INA actuales frecuentemente les exigen, no solo requisitos de nivel de estudio que no tienen, sino un horario de asistencia en las sedes del INA que en muchas partes quedan a kilómetros de distancia con problemas de desplazamiento y en horarios de 7 a 2 pm que les impide trabajar para atender las obligaciones familiares.
El proyecto Germinadora de la sede regional Brunca de la UNA, es un ejemplo a seguir con bajo costo y alto rendimiento cualitativo en la promoción de individuales y asociativos integrados con las fuerzas vivas locales, como se puede apreciar en el video realizado por canal 13 “La estación de la esperanza con autonomía”
Caminos exitosos existen, lo que se necesitan son decisiones políticas en el campo educativo y de capacitación para emprender una prevención efectiva. Con la Fuerza Pública pueden mitigarse los daños, pero no evitarlos en el mediano ni largo plazo.
Lo que estamos viviendo con las drogas en el ámbito nacional es solo el principio de una amenaza de ocupación de nuestro territorio por el terror. Por el momento, lo visible es la violencia manifiesta en el control de territorios, pero el verdadero poder está tomando posiciones estratégicas a través del blanqueo de capitales, el cual es tema de otro artículo.
Todavía no estamos en guerra civil como es el caso del El Salvador, y estamos a tiempo, si tomamos conciencia del peligro para tomar medidas efectivas, pero debemos actuar pronto con visión y decisión.
Telenoticias de Canal 7 trasmitió un reportaje de un operativo policial anti-drogas en Puntarenas. Una caravana de cerca de 10 vehículos avanzaba a las 3 de la mañana con cerca de 50 policías fuertemente armados con lo último de la tecnología criminal, pertenecientes a varios cuerpos -de muchas siglas que no conozco- por lo riesgoso del caso. Aquellas “tomas” me recordaron algunas películas de Hollywood de cuerpos militares del Ejército de USA ingresando a alguna región de Faluya, Irak.
Pero nuestras fuerzas especiales ingresaban al barrio Fray Casiano de Madrid; el objetivo fue detener a dos menores de edad de 17 años que son ya sicarios, supuestamente verdugos de otro joven de 21 años. En otros sitios como Chacarita, El Roble y otros se detuvo a 5 personas más.
¡Qué tristeza ver a jóvenes en esta situación! Es la guerra contra los pobres, como la han llamado algunos estudiosos del tema.
Estamos en presencia de una nueva pandemia que ha dejado cerca de un millón de muertos, como ha dicho el presidente de Colombia Gustavo Petro. La guerra contra las drogas iniciada por Nixon ha sido un total fracaso, aunque nuestros pueblos son los que mayoritariamente ponen los muertos. Petro, el más lúcido presidente de América Latina, acaba de proponer una política unitaria de América Latina para enfrentar este flagelo, agudizado aún más por la aparición del Fentanilo como una nueva droga que mató el año pasado a cien mil estadoudinenses. Ningún país por sí solo es capaz de enfrentar el problema de narcotráfico.
El mes pasado ha sido el más violento de la historia del país. Y así seguirá ocurriendo. El círculo que estamos creando es que esa guerra crea mayor pobreza y desigualdad que son a su vez los factores estructurales detrás del sicariato y el tráfico de drogas. Romper ese círculo es la única forma de enfrentar acertadamente el problema. Pero el Gobierno actual, igual que los anteriores, creen que SOLO a punta de represión se solucionará.
Las cosas deberían plantearse con claridad a la población.
La realidad es que en el país existen múltiples PANDILLAS, que dominan territorios, unos más extensos que otros, en todas las provincias y regiones. Las autoridades quieren adornar las cosas y no las llaman por su nombre: Pandillas, tal y como se denominan en El Salvador, Honduras y otros países. Tal vez podríamos diferenciarlas del cartel porque estas se dedican a la distribución local y no internacional.
Esas pandillas están en guerra entre ellas por el mercado de los estupefacientes y en ella se matan.
Si el círculo vicioso no se rompe, los índices de violencia y asesinatos entre nuestros jóvenes seguirá creciendo.
Es urgente exigir al Gobierno una política integral para enfrentar al narcotráfico y las pandillas.
La guerra contra ellas tal y como se ha llevado a cabo, ha fracasado rotundamente.
El pasado martes 20 de septiembre, el Presidente de la República de Colombia, Sr. Gustavo Petro, participó de la 77° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebró en la ciudad de New York.
Durante su intervención, el señor Petro comentó que Colombia es un país de una gran belleza y riqueza natural, pero su belleza se encuentra ensangrentada y con una violencia imperante a causa de la causa por la destrucción de la selva amazónica y la planta de la coca, posteriormente, criticó dicha causa, alegando que se está envenenando la tierra y el agua con venenos que son perjudiciales para el desarrollo de la vida, únicamente para eliminar la mata de la cosa, lo que consecuentemente asesina millones de latinoamericanos, e incluso esta lucha contra el narcotráfico, deja como saldo miles de personas asesinadas y afrodescendientes apresados en Estados Unidos.
El señor Petro acotó que, mientras la selva se ve perjudicada, las autoridades mundiales hacen la guerra y se interesan por aumentar sus arcas financieras, además, aseguró que a estos no los interesa salvaguardar la biodiversidad ni la educación, sino extirpar la selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas.
Por otra parte, instó a acabar la guerra contra las drogas, pues considera que ha fracasado y, en su lugar, se construya una nueva sociedad, más justa y equitativa, que sea capaz de atender el desastre climatológico producido por el capital y la mentalidad mercantilista del mundo.
Finalizó comentando la importancia de salvaguardar la selva amazónica y dejar de financiar los proyectos armamentísticos en pro de la vida en el planeta y la sociedad humana.
Compartido con SURCOS por Luis Bernardo Villalobos.
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