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Etiqueta: narcotráfico

Poder Judicial lidera seminario internacional que analiza la justicia restaurativa para mujeres con delitos menores de drogas

  • Seminario se realizará del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial realizará un seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurora Holiday In, a partir de las 8:00 de la mañana.

Este taller internacional tiene como objetivo principal discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad.

Se contará con la participación de Gerardo Rubén Alfaro, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, así como representación del Ministerio de Justicia y Paz, Asamblea Legislativa y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

La participación internacional estará representada por la Conferencia del ministro de Justicia de los Países Iberoamericanos y los operadores de justicia de la República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago y Argentina.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

A propósito del escándalo de “El Universal”

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El periódico mejicano, como es de todos conocido, publica un artículo sobre negociaciones del narco con el Gobierno.

Tengamos en cuenta que el constante negociador con los carteles de la droga ha sido el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y la DEA. Son proverbiales y harto conocido que el fortalecimiento de los carteles mejicanos y colombianos se debe al acuerpamiento y condescendencia de estas dos agencias. Solo basta recordar que mientras, por ejemplo, el gobierno de Reagan proclamaba públicamente su combate a las drogas, la CIA y la DEA negociaban con los contras y los narcos el cambio de armas por drogas en las fronteras de Nicaragua, en la costarricense con la complicidad del gobierno de Luis Alberto Monge.

Esas negociaciones pertenecen a esa historia de la “guerra” contra las drogas que siempre tienen un componente oscuro ya que no ha sido honesta y verdadera de parte del gobierno de USA, pero que ha significado un baño de sangre para los latinoamericanos.

Costa Rica es al menos el principal exportador o reexportados de droga de Centroamérica y el primero del mundo según ha dicho el exministro de seguridad Rogelio Ramos. En cualquier caso, a nuestro país llega, se almacena y exporta una enorme cantidad de cocaína, con las impostergables consecuencias. La primera es que ese negocio no es manejado por esas pandillas, que al decir del Presidente se matan entre ellas por disputa de territorio o de mercados. La exportación de las enormes cantidades de coca se maneja a otro nivel, probablemente directamente por los carteles mejicanos. ¿Y qué consecuencias produce ese enorme tráfico comercial ilícito? No me refiero a las pandillas, sino a la política, la policía, el entretenimiento o los negocios. Nadie en su sano juicio podría alegar que estos y otros campos no han sido “contaminados” por semejante negocio de exportación ilegal o se mantienen “vírgenes” al margen de semejante negociado. ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel alcanzado por el lavado de capitales en Costa Rica?

Precisamente mientras un periodista nacional se va a México a destapar semejante escándalo, en materia de partidos políticos ocurren cosas que llaman la atención.

Dos partidos políticos que se disputan entre ellos la más fiel representación de lo que llaman el “rodriguismo” generan serias dudas: uno llamado Partido Pueblo Soberano es fundado y dirigido por una asesora de Casa Presidencial de cuyo nombre no me acuerdo, sumamente cuestionada precisamente en México por su ligamen con el narcotráfico, y el otro llamado Aquí Costa Rica Manda es un partido fundado y vendido al señor Federico Cruz por un señor de apellido Vargas también cuestionado por lavado de dinero y contrabando. Ambos personajes son dirigentes relevantes en los dos partidos.

En momentos tan turbulentos en la política nacional, hay que decirle al Presidente Chaves que no solo hay que ser honrado sino parecerlo. Cuando se denuncia en un periódico extranjero supuestas negociaciones de su gobierno con el narco -que han sido rechazadas enérgicamente por él-, poco favor le hace andar con semejantes amigos, con esa clase de dirigentes de esos partidos políticos. El panorama político para Rodrigo Chaves es bastante oscuro con semejantes correligionarios y hace que la ola de dudas continúe.

Hoy debemos ser más prudentes que nunca

Marco Vinicio Fournier

Tal y como lo habíamos anunciado, los niveles de violencia tienden a aumentar conforme disminuye el apoyo al presidente, ya que la población sufre una decepción más y una evidencia más del poco compromiso de la clase política con las miserias de la mayoría de la población.

Definitivamente la mayoría de los homicidios están asociados al crecimiento del narcotráfico. Pero también existe un problema creciente de violencia cultural que genera manifestaciones más allá del crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en los suicidios y en las muertes en accidentes de tránsito, que juntos superan la tasa de homicidios. O en los hechos de violencia en centros educativos que también la superan con creces como tasa poblacional.

Por otra parte, recuérdese que la relación entre la tasa de homicidios y el coeficiente Gini es de 0,70.

Entonces, es innegable que urgen mejores estrategias de seguridad; pero, por encima de esto, urge un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y mejores estrategias de socialización para una cultura de paz y convivencia. Cuando un pueblo se empobrece y pierde respeto al ordenamiento jurídico, necesariamente se hará más violento, pero también se sentirá más atraído hacia el crimen, incluyendo el narcotráfico.

Por eso, es un absoluto sinsentido el quitarle recursos a la educación para reforzar la seguridad. Pero también resulta irracional el generar más violencia con la excusa de controlarla.

Solo durante esta semana, he leído dos artículos que insisten en que Costa Rica no puede enfrentar al narcotráfico porque no tiene ejército y se compara a nuestro país con México y Colombia, como si esos países hubiesen logrado algún tipo de avance en el control de la violencia asociada al narcotráfico a través de la acción de sus ejércitos. Ni qué decir de los Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo y con el mayor consumo de drogas por parte de su población.

Del mismo modo, en uno de los artículos que circularon esta semana se menciona también que nuestros parques nacionales son un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, mientras se promueve un nuevo megaproyecto turístico frente al Parque Nacional Santa Rosa.

Dentro de esta misma línea, la ANEP apoyó públicamente el abuso policial de hace dos semanas, en donde fueron brutalmente agredidas muchas personas frente a la Asamblea Legislativa, incluyendo profesores y estudiantes universitarios, una diputada, periodistas y varias activistas feministas. Según la ANEP, la censurable actuación de la policía se basaba, precisamente, en la necesidad de combatir el consumo de marihuana, aunque no se hubiese encontrado esta droga en ninguna de las personas detenidas y aunque el motivo de la manifestación fuera el rechazo a la violencia policial.

Ante la ola creciente de violencia, es entendible que surjan con mucha fuerza sentimientos asociados al miedo, al tiempo que también se genere mucho enojo ante la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema.

Sin embargo, debemos ser muy prudentes al escoger las estrategias a seguir o a apoyar. El miedo puede llevarnos a aceptar políticas que a la postre generan más violencia, como el apoyo a un ejército o a la brutalidad policial. Del mismo modo, el enojo puede llevarnos a aprobar medidas autoritarias y agresivas, como las que sistemáticamente ha favorecido el gobierno actual, o a permitir en nosotros mismos actitudes y conductas violentas hacia nuestros familiares o vecinos o hacia sectores de población más vulnerables.

Pero tampoco es solución la paralización, la sumisión o la resignación. Debemos insistir en que la mejor estrategia para combatir la ola de violencia es el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y el apoyo a los esfuerzos para una educación integral, de calidad y de amplia cobertura. Pero ese mejoramiento no vendrá jamás como iniciativa del gobierno, por lo que la mejor solución pasa por el trabajo organizado y activo de la población exigiendo y promoviendo estrategias de enfrentamiento de la violencia a través de la promoción de una cultura de paz y respeto y exigiendo mejores políticas de redistribución de la riqueza y mejores estrategias de prevención y combate a la corrupción y a la violencia en todas sus manifestaciones. El miedo y el enojo deben canalizarse hacia la participación política activa y propositiva y dirigida al beneficio de la gran mayoría de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables.

 

 

 

Posición Oficial de ANEP acerca del artículo del periódico El Universal, de México, sobre supuestas negociaciones entre el gobierno de Chaves y el narcotráfico

Con enorme preocupación, aunque carentes de sorpresa, hemos leído el artículo publicado en el diario mejicano El Universal, redactado por el periodista José Meléndez, que refiere a una supuesta negociación entre el gobierno de turno y estructuras narcotraficantes de corte internacional.

Desde ANEP, gracias a la honrosa representación que ostentamos del gremio policial, desde distintas instituciones, aunado a la preparación académica y experiencia en el campo de quienes conforman nuestro equipo de trabajo; y nuestras bases, tenemos la oportunidad de identificar y asociar circunstancias que, para gran parte de la ciudadanía, pasan desapercibidas, y que, al juntarlas nos llenan de sospechas.

En los últimos años se han presentado las siguientes situaciones:

1) Resistencia a dotar de recurso y plazas a la Policía Profesional de Migración, lo que, en medio de crisis migratoria, les imposibilita realizar patrullajes en fronteras, inspecciones en hoteles y plantas productoras y/o empacadoras de productos de exportación, donde se contrata personal indocumentado. En muchas ocasiones estas personas, que luego son despedidas sin derechos, por su estado de vulnerabilidad son captadas por bandas dedicadas al narcotráfico.

2) Una pésima distribución de recurso de la Policía Aeroportuaria que disminuye la atención de los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos; situación que ha servido como excusa para ejercer presión, e intentar sacar al cuerpo policial con potestad de imperio de nuestra frontera más grande, para colocar seguridad privada.

3) La nula cantidad de oro decomisado en Crucitas, y más recientemente la decisión de Seguridad Pública de retirar a la Fuerza Pública del lugar (posteriormente, y tras cuestionamientos en medios de comunicación, la policía fue enviada de nuevo al sitio).

4) No crecimiento de recurso policial en la zona sur del país, por donde ingresa la droga que viene del cono sur del continente.

5) Excluir a Costa Rica del programa de revisión de contenedores de Naciones Unidas.

6) Resistencia por llenar plazas vacantes en Policía de Control de Drogas.

7) Asignación de horarios en muelles y fronteras que dejaban estos puntos sin agentes antidrogas luego de las 19 horas y hasta el día siguiente (situación subsanada luego tras hacer la denuncia pública).

8) “Cambio de estrategia” de Seguridad Pública, que implica retirar a la Policía de Control de Drogas de sus labores de inteligencia e investigación en los muelles, fronteras y aeropuertos (aplicación actual).

9) Solicitud a la Policía de Control de Drogas de entregar los usuarios, claves y contraseñas (incluye información sensible) de los sistemas informáticos. (Que nunca habían sido vulnerados pese a los hackeos que ha sufrido el país). (Situación actual).

10) Ministerio de Hacienda no transfiere la totalidad de los montos que la ley destina a cuerpo policiales por impuestos como el de sociedades anónimas, del banano y casinos.

11) Encarcelamiento de exdirector de Fuerza Pública, por nexos con el narcotráfico.

12) Aprobación de leyes como la 9635, que encapsuló al Ministerio de Seguridad Pública en una imposibilidad de crecimiento presupuestario por la “regla fiscal” y disminuyó el poder adquisitivo de las y los servidores policiales

13) La Ley Marco de Empleo Público que congela indefinidamente los salarios de las y los policías, generando un factor de riesgo para la corrupción y captación del reclutamiento de estructuras del crimen organizado.

14) Resoluciones judiciales cuestionadas, que no interponen medidas cautelares a personas presuntamente vinculadas a actividades de crimen organizado.

15) Desde el ámbito legislativo: no aprobación de leyes como la de extinción de dominio, grabar capitales golondrinas, para conocer beneficiarios finales de las personas jurídicas…

16) Visita de personas aparentemente ligadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa.
Entre otras…

Es decir, desde hace años en nuestro país se vienen presentando situaciones sospechosas, cuestionables y otras que, directamente, van debilitando el aparato estatal y empoderan a las mafias narcotraficantes. No es posible aseverar si la supuesta negociación entre el Estado y el narco, en el gobierno de turno sea cierta. Sin embargo, ante todos los antecedentes existentes, y las decisiones recientes del Poder Ejecutivo, tampoco podemos descartarla.

Desde ANEP esperamos que el Ministerio Publico entable las investigaciones pertinentes.

Debemos reiterar nuestra tesis: Una de dos; o el gobierno de Chaves está pésimamente mal asesorado en temas de seguridad; o están defendiendo los intereses del narcotráfico.

San José, miércoles 27 de septiembre de 2023

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

 

Publicado en: https://anep.cr/posicion-oficial-de-anep-acerca-del-articulo-del-periodico-el-universal-de-mexico-sobre-supuestas-negociaciones-entre-el-gobierno-de-chaves-y-el-narcotrafico/

¿Vamos a Seguir Poniendo los Muertos?

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En tiempo de guerra y en tiempo de paz seguimos poniendo los muertos, mientras las potencias y países ricos recogen las ganancias, tanto del negocio de las armas como del narcotráfico. Lo que es una ganancia para esos países se revierte en pérdida en vidas humanas para los nuestros.

Urge cambiar radicalmente esta lógica neocolonial, propiciada por los poderes fácticos del capitalismo salvaje de un neoliberalismo que se vende como el ideal de prosperidad para los pueblos empobrecidos, mientras son sometidos a patrones financieros, sistemas productivos y estilos de consumo que profundizan la pobreza, la desigualdad y la violencia. Hay que erradicar este neocolonialismo, que se viste de buena vecindad, protector del libre comercio y hasta de los derechos humanos: un contrasentido a todas luces, que campea a fuerza de una propaganda mediática engañosa y desvergonzada.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, una vez más, ha levantado la voz en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer que se eleve a la categoría de crimen internacional toda invasión militar de un país contra otro. Esta, entre otras acciones globales anticolonialistas contribuirían, sin duda, a una convivencia global más digna, afectiva y pacífica. Y permitiría contener los tambores que reiteradamente llaman a la guerra, para redefinir fronteras de influencia geopolítica entre las potencias y naciones más poderosas.

Hay que asumir el desafío de un nuevo pacto global con compromisos vinculantes que contribuyan a erradicar, de una vez por todas, el neocolonialismo guerrerista, antiecológico y homicida. No debemos permitir que se continúe profundizando el modelo de globalización dual: donde unos disfrutan los oasis de riqueza y otros perecen en la más escandalosa miseria, unos ponen los muertos y otros recogen el botín, unos conservan y cuidan la naturaleza y el ambiente y otros lo depredan y explotan para amasar capitales, unos son víctimas de enfermedades y pandemias y otros acumulan ganancias con el negocio de las medicinas y las vacunas…

Lamentablemente, un conjunto de nuevas fuerzas sociales, políticas y religiosas de corte populista y neoconservador están contribuyendo a desviar la atención sobre las causas estructurales de estos álgidos problemas. Por ejemplo, se utiliza el discurso de la anticorrupción, refiriéndolo de manera reduccionista a los comportamientos individuales o de grupos de interés que utilizan recursos públicos y privados para enriquecerse. De esta manera, se exime al modelo mismo, que genera y propicia esos comportamientos. Y las alternativas propuestas, van en la misma dirección, a saber, corregir esos comportamientos, como si se trata de simple voluntarismo personal o grupal. De esta manera, los correctivos son simples paliativos, porque se dejan intactas las estructuras socio-económicas, jurídico-políticas y culturales.

Construir los cimientos de un proyecto global alternativo postneoliberal sigue siendo la consigna necesaria para recoger y hacer viables esos esfuerzos e ideales que permitan heredar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Acciones desde los ámbitos personales, locales y comunales son tan necesarios como las acciones globales. Y en esta tarea, son precisamente los países que hoy ponen la peor parte: los muertos, quienes deben aunar acciones y esfuerzos para decir ¡basta Ya! Y avanzar hacia un nuevo modelo descolonizador y humana, social y ecológicamente viable, para “vivir bien, juntos”.

Cuidemos nuestras democracias

José Luis Pacheco Murillo

Lo sucedido en Ecuador con relación al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio es muy lamentable.

Ese asesinato es tan solo una pequeña parte de la violencia que vive Ecuador y quizá sea importante entender que en realidad son varios tipos de violencia.

La política es la que une los dos extremos, es decir, la violencia que genera el narcotráfico y la violencia civil que se ha trasladado a centro penitenciarios.

El candidato presidencial no es el único político asesinado, en julio pasado el alcalde de Manta también fue asesinado y junto a él y como un daño colateral fue se sumada una joven deportista que en el momento menos oportuno se le acercó para pedirle ayuda. Muy lamentable.

Es alarmante la cantidad de muertes que han ocurrido este año, 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023. El 79% ligadas al narcotráfico.

Lo que sucede en Ecuador debe ser un llamado de atención para todos los países latinoamericanos. Ya Colombia vivió ese tipo de violencia hace algunos años y de igual forma candidatos fueron asesinados. Debemos echar para nuestro saco y entendamos que cuando la política se corrompe deja de ser política y se convierte en cómplice de los crímenes que se cometen.

Precisamente tenemos una situación alarmante en relación con la cantidad de crímenes, homicidios que estamos teniendo y es muy probable que un porcentaje bastante elevado estén ligados al narcotráfico.

Cuidemos nuestras democracias y no permitamos que se nos vaya de las manos por elecciones contrarias a lo que verdaderamente necesita el país y también las municipalidades.

Dios quiera que la situación de Ecuador se calme y puedan tener las elecciones el próximo 20 de agosto, aún y a pesar de la ausencia de Villavicencio.

Abrazo solidario a todos y en especial a los ecuatorianos.

«Llegó la hora de la limpieza social»

Carlos Campos Rojas
Guápiles, 30 de julio de 2023

Así fueron informados los habitantes de Pococí mediante un panfleto distribuido, por una de las facciones que disputan el territorio del narcotráfico en la provincia de Limón.

Hay toque de queda, juicios sumarios en media calle, quemas de casas, arrinconamiento de los comerciantes y emprendedores, que solo pueden operar bajo las condiciones establecidas por la facción dominante hasta el momento. Las autoridades ausentes.

La limpieza social, como acto terrorista, es la masacre de quienes adversan a la facción que se asume dominante. La limpieza social que se anuncia -es decir, la masacre de la población-, solo es posible anunciarla y divulgarla en panfletos, porque hay una autoridad política superior que lo autoriza, de lo contrario no podría ni siquiera considerarse y ya estarían esas personas en proceso de ser identificadas. Esta limpieza social se extenderá a cualquiera que disienta con el régimen que desea imponerse. Los académicos que tanto dicen que debe defenderse la tan manoseada democracia, ahora guardan silencio cómplice y cobarde, acallando el relato, volviendo la cara, solo para preservar su endeble burbuja: nadie puede eludir la violencia cuando esta es la ley.

Un hombre se quita la camisa en la Asamblea Legislativa e insulta a los diputados y es un debate nacional sobre el odio y la urgente necesidad de ser protegidos. La sangre de la población de Limón corre por las calles de nuestra provincia y se asume como algo intrascendente, esa es la congruencia del estado social de derecho, la violencia como norma en la provincia más desigual, desde hace muchas administraciones.

El narcotráfico en Costa Rica es un conjunto de élites que no les importó el país y se aseguraron que las raíces de su actividad corrompiesen a los necesarios en todos los estamentos del Estado, para llenarse de dinero ensangrentado. Lo he dicho reiteradamente, para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que abra las puertas de par en par; un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Si uno de estos actores no participa, el narcotráfico no puede operar.

La masacre acontecida en Tortuguero en el aula de una escuela, fue el inicio del reciente desparpajo, un hombre asesinó, a la vista de todos, a una mujer que estaba en la facción contraria. Ayer sábado 29 en pleno centro de Guápiles, prácticamente frente a la entrada de emergencias del Hospital, masacraron cuatro personas.

Nuestra violencia es estructural, tenemos los peores indicadores en inversión en educación, salud, tecnología, oportunidades. Los que mueren son nuestros hijos, las mujeres y jóvenes vulnerables carentes de oportunidades a los que solo el narcotráfico les tiende la mano. Son hijos de la provincia más desigual de Costa Rica, de donde se saquea diariamente la riqueza, para que el vallecentrismo viva su opulencia.

Nuestra provincia está inmersa en una guerra desde hace muchos años, que ahora escala a la demostración de la barbarie a que están dispuestos los narcotraficantes para demostrar quién manda, después seguirá el privilegiado vallecentrismo.

Al igual que en Chicago en época de Al Capone, el alcalde y miembros del Concejo Municipal se arrinconan con silencio cómplice, suplicando las recetas de siempre, más policías, sabiendo todos, que cuando nos ofrecen seguridad, lo único que perdemos es la libertad, pues es la ciudadanía la que debe encarcelarse, como si los criminales fuéramos nosotros, para entregarles nuestras comunidades a su antojo.

La población sabe la forma en que la corrupción y la impunidad de políticos, jueces, fiscales, comerciantes, policías, funcionarios públicos (hombres y mujeres porque ahí no hay problemas de género, ni reclamos de violencia política), se pavonean por nuestras calles demostrando que nacen de la conducta del autoritarismo de esta destartalada república representativa, para acrecentar el miedo y dominarnos, insultándonos con su “creciente bienestar económico”.

Todos sabemos que la policía ha sido preparada solo para garrotear a la población cuando se levanta en protesta ante los desmanes de los que se les encargó administrar el país, la DIS solo persigue sindicalistas, dirigentes comunales o a quienes desde palacio les indiquen.

Manifiesto nuevamente mi preocupación, en como el Presidente ruge en flancos débiles con su potestad de imperio, pero guarda silencio y distancia en temas tan estratégicos como el que señalamos, porque todavía sigue la incógnita de cuál es la mano que mece la cuna. Fue regocijante ver la instalación de los escáneres en APM y la detección inmediata de cómo se prestan algunas industrias agrícolas para ensuciar nuestras exportaciones. Lo triste fue ver cómo se volvió la cara y se minimizó la situación, cuando sorpresivamente se destruyó uno de los escáneres. Todo volvió a la “normalidad”.

Reunido con Don Orlando, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, le hice saber que si no actuamos con rapidez y de inmediato, el descrédito a que se ha sometido la institucionalidad representativa -entre ellas el sistema de Justicia-, abrirá el paso a que se imponga otra justicia, aunque no nos guste la que surja, porque la espada aparece cuando la justicia llega tarde.

La ciudadanía con sus saberes y experiencias, debe levantarse y movilizarse en busca de la paz. Llamar a rendir cuentas – estén en el puesto que estén- a quienes permiten al narcotráfico asumirse dueño de nuestro destino y de la vida de nuestros hijos. Que asuman personalmente su responsabilidad. Deben revisarse sus cuentas bancarias, sus posesiones, sus relaciones políticas y comerciales. Llegó la hora de que pongamos orden.

Bajo el mandato de la Constitución Política debemos movilizarnos como El Soberano -hoy a 20 años de que nuestra Carta Magna, así lo reconoció -, junto a los funcionarios públicos y empresarios decentes, haciendo valer el poder del que somos dueños. Tenemos que sobrepasar el miedo y levantarnos con dignidad, con Dios de la mano, pues de no hacerlo seremos nosotros mismos, los que habremos hecho un pacto con el diablo.

Somos un pueblo de paz, construiremos un entorno de paz, pues la guerra no se derrota con la guerra, sino con la paz.

Ante el decomiso de 900 kilos de cocaína en el muelle de Moín ANEP exige la rescisión del contrato con APM Terminals

Comunicado ANEP

ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.

ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.

ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.

ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.

ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.

ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.

ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.

Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!

ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.

San José, domingo 16 de julio de 2023.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Costarricenses, estamos en guerra

Dr. Álvaro Salas Chaves

Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario: el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos, a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de odio y saña.

Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.

Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.

Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense. Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios. Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para tirar puentes, no para dinamitarlos.

El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de formación superior de las policías con el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han aprendido mucho de lo que hay que hacer.

Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese campo.

Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.

Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son buenos ejemplos.

Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.

Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor presidente, por favor, con todo el respecto, no siga atacando a la institución que vela por la salud y las pensiones de millones de costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a lo mejor que tiene este país.

Documento compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.

Bukele y las maras en El Salvador

Alberto Salom Echeverría

(Segunda parte).

Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.

En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.

Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.

Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.

Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.

Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)

Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).

Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)

Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.

El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.

Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).

A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).

Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.