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Etiqueta: narcotráfico

¿Quo vadis Costa Rica?

Vladimir de la Cruz

No es ¿a dónde vas, sino a dónde te llevan…Costa Rica?, como hay que plantear la pregunta. El problema de las drogas y afines es uno de los más importantes y sobresalientes de la agenda nacional. Tiene que ver con el narcotráfico, la narco mafia que está en el país desde hace muchos años, con su ramificación en la narco política; el control territorial por parte de grupos altamente organizados reconocidos por las autoridades de seguridad y judiciales; con los grupos que empiezan a hacerse visibles y públicos cobrando peajes en ciertos barrios o zonas; los ajusticiamientos de pandilleros, el sicariato que empieza en jóvenes, a modo de pruebas, para el ingreso en pandillas o grupos narcotraficantes, que produce muertos prácticamente todos los días, en toda la geografía nacional. La exportación de droga por los puertos oficiales del país, sin control alguno, con complicidad de las autoridades portuarias y de gobierno, en todos sus niveles, desde seguridad pública, el grupo que está dedicado a su control, las autoridades policiales cantonales, las autoridades municipales comprometidas; todas éstas encargadas supuestamente de controlar las exportaciones, con complicidad sin ninguna duda, de las empresas empacadoras, de las frutas de exportación, y de las empresas transportadoras, de esa fruta, desde donde la recogen hasta los muelles de exportación.

Los contenedores salen sellados desde los sitios donde los llenan con mercaderías, con determinado peso. Así deben llegar a los sitios como los muelles y así deben controlar su peso y sus sellos, entre otras cosas, a esos contenedores. Por eso el uso de escáneres. Si los contenedores van con drogas es porque así salen de las empacadoras a los trailers, o porque en la ruta pasan a una de las “bodegas” nacionales, que están en el camino hacia el muelle de exportación, para alterar el contenedor. ¿O, no es así?

En las carreteras nacionales, en el norte y en el sur, cuando los tráileres pasan las fronteras, de entrada, o de salida del país, en distintos lugares de las rutas, los obligan a pasar a estaciones de pesaje…por la misma razón… para control de que no hayan sido alterados…

Las drogas en el país se dieron desde la llegada de los chinos a trabajar en el ferrocarril, en el siglo XIX. Se autorizó para ellos el opio, que lo facilitaban los contratistas de esa mano de obra en el ferrocarril. A finales del siglo XIX también se mencionaba la marihuana, la droga más temida hasta la década de 1960. A los niños de las escuelas, en la década de los 50s, nos llevaban al Museo Nacional, en visita obligada, al sótano, a una sala que tenían preparada para ello, oscura, con una vitrina con luz, custodiada por dos guardias civiles, bien armados, que infundían miedo, en donde había una mata de marihuana. Allí nos hablaban del peligro de su uso y de paso nos asustaban con ella.

A finales de los años 60s, y principios de los 70s, con motivo de la guerra de Viet Nam, y las protestas que había contra esa asquerosa guerra, los Estados Unidos fomentó el consumo de la marihuana, del LSD y los otros sicotrópicos entre sus soldados y la juventud rebelde norteamericana, situación que se trasladó a América Latina y a sus juventudes. También impulsaron sustancias sicodélicas, así como la heroína, hongos “mágicos”, y sustancias alucinantes. En la Universidad de Costa Rica la metieron. La enfrentamos los grupos políticos de izquierda, con colaboración de sacerdotes como Fernando Royo. El profesor Miguel Sobrado elaboró un afiche bellísimo, el Drogomono, representando un joven metido en las drogas…

Durante el gobierno de Luis Alberto Monge, fue recibido en carro del Poder Ejecutivo, de la casa presidencial, uno de los más importantes jefes de la narco mafia mexicana. A todo eso sumaba la presencia en el país de tenebrosos y millonarios personajes, asociados, en esos años, a altas figuras del Partido Liberación Nacional, en gobiernos de esa época.

La droga ya la habían metido. En algunos sectores altos de la sociedad, de clases medias y profesionales, y de sectores universitarios era casi un signo de distinción social, cuando no de rebeldía…

Con la guerra en Nicaragua, especialmente en el período de la lucha contra el gobierno sandinista, en la década de los 80s, los Estados Unidos introdujo la droga en Centroamérica, de manera oficial, con el caso Irán Contras. Traían droga desde Irán y otros países productores, para dársela a los grupos contra revolucionarios, para que ellos la vendieran y traficaran, y así pudieran comprar armas. Con ello crearon un negocio en el que comprometieron de nuevo al partido Liberación Nacional, en el gobierno de Luis Alberto Monge. Aparecieron alrededor de este negocio empresarios y políticos involucrados haciendo clavos de oro. Desde entonces se desarrolló una actividad empresarial, vinculada a las drogas, con complicidades gubernativas y policiales, independientemente del partido de gobierno de turno.

Hoy ha rebasado el vaso. Por todo lado se respiran las drogas, no solo la marihuana, que frente a las nuevas es casi un postre de niños. Se tolera la marihuana; se le justifica médicamente. Se modificó la ley para no castigar cierta portación de marihuana que se considera de consumo personal; se facilitó la siembra doméstica en pequeñas cantidades. Si es un asunto médico, ¿por qué la Caja Costarricense del Seguro Social, no procesa la droga capturada en laboratorios para ese uso? En varios estados de los Estados Unidos está totalmente legalizada; en otros la cultivan y procesan. En ciudades estadounidenses hay sitios públicos autorizados para su venta.

Se dice que Costa Rica es la gran bodega centroamericana de la droga que se comercia desde Colombia hacia los Estados Unidos. Aparentemente, la policía antidrogas, por asuntos de inteligencia policial, conoce los sitios de almacenamiento de esas drogas, que tienen apoyo policial, judicial, de seguridad pública, de la policía antidrogas, de altos funcionarios de la institucionalidad del Estado que alcanza a los del Poder Ejecutivo, y de ¿la Casa Presidencial?

En la lucha contra traficantes, una mala recolección de pruebas, ¿a propósito?, provoca que a los detenidos los jueces tengan que dejarlos libres, devolviéndoles todo lo que les incautaron… ¿Amenazas a los jueces o a las autoridades policiales para impedirles o neutralizarles su actuación? Facilidades para suspenderles las penas, bajo control de tobilleras……¿Qué controles se realizan con las personas involucradas en autorizar estos procedimientos?¿Qué controles se realizan con las personas involucradas en la persecución de estos delincuentes? ¿Se investigan sus ingresos, sus modos de vida, sus bienes e ingresos, y el de sus allegados familiares?

A finales del siglo pasado en una montaña en la Península de Nicoya, cerca de Nicoya, había un radar poderoso que controlaba toda la costa pacífica, vinculado a la lucha contra la droga. La montaña era protegida policialmente y de acceso restringido. Ese radar lo eliminaron, ¿por qué? ¿por nuevas tecnologías? ¿O porque no les interesaba controlar el movimiento marítimo de las drogas?

El cuento de los escáneres es espectacular. Se adquirieron ¿…uno, dos? Nunca funcionaron. Nunca agarraron ni detectaron nada… Los primeros los echaron a perder. Se volvieron a adquirir… ¿y qué pasó? Estaban de adorno. Con los escáneres de más reciente factura hubo bombos y platillos, del gobierno, de las autoridades y de la terminal portuaria de Limón, la APM Terminals. ¿Y, qué? No los ponían a funcionar. Permitieron que los dañaran alevosamente; que los chocaran sin que se establecieran responsabilidades, de los choferes y sus empresas, o de los funcionarios que permitían esos daños; que pasaran varios meses sin uso y sin que ninguna autoridad perseguidora de la droga dijera nada… Pero, empezaron a sonar alarmas en Europa,…Holanda, España… Desde Costa Rica se estaban enviando contenedores repletos de drogas, de cocaína… con frutas de mampara… banano, piña…

Las empresas productoras, las empresas exportadoras, las empresas empacadoras, las empresas transportistas, desde las fruteras hasta la terminal portuaria son la cadena del negocio de la exportación de productos, y de las drogas cubiertas con productos de exportación; las autoridades portuarias con escáner o sin escáner, nada decían. ¿Se hacían las tontas, o participaban del negocio?

Sería interesante verificar si esas empresas gozan de las llamadas “certificaciones”, que se dan por empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, lo que podría favorecer la falta de controles de lo que transportan…

La tocada de campanas en Europa obligó a poner los ojos nuevamente en el proceso de control. Esto impuso mayor control de la droga, o se prohibía y limitaba el comercio de exportación, a ciertos puertos y países europeos. Se puso el énfasis en los escáneres. Se llegó a decir que no había capacidad de control de todos los contenedores, que era normal apenas revisar un 10% de los mismos…mientras que en el 90% restante pasaba la droga…por los puestos de control de Costa Rica, pero no del todo de Europa… cuando caían varios cargamentos en Europa, de la misma fruta, y posiblemente de la misma empresa exportadora, en distintos momentos, públicamente, nunca se puso el énfasis en las empresas comprometidas… se seguía orientando la información hacia los escáneres, que era la parte final del proceso.

La farsa más grande la hizo recientemente el propio Presidente de la República. Parado en una tarima, debidamente arreglada para el show, a una distancia de unos 30 metros, de un escáner controlador de mercaderías, anunció que iban a pasar cinco trailers con sus respectivos contenedores de frutas. Los trailers ya estaban debidamente escogidos, y en fila, para el show, para la exhibición. El Presidente gritaba, excitado, no por drogas…”ya pasó uno”…”, “otro”, el tercero, el cuarto y el quinto; y se acabó el show cuando el Presidente más excitado, si se quiere extremadamente apasionado, exaltado, como frecuentemente se comporta, gritó a todo pulmón que los escáneres habían funcionado…que no se había detectado droga en esos cinco tráileres de exhibición que habían escogido para probarlos… y que estaban obviamente “limpios” de drogas.

Y, ¿los otros tráileres? El presidente no se quedó para la exhibición y control de los otros trailers… Ese día, en ese momento, pusieron a prueba los escáneres con esos cinco tráileres y sus contenedores. Es conocido que cuando se captura una lancha con bastante droga es porque esa droga es denunciada para que la capturen y dejen pasar un cargamento más grande de droga, por otro lado.

En la lucha contra la droga se firmó un Tratado o Convenio con los Estados Unidos, para el patrullaje de los océanos centroamericanos, que pareciera no produce nada; no da resultados… No se dice; no se informa, no se publicita cuánta droga capturan. O las naves de la marina norteamericana están en el negocio de la droga o no tienen tecnologías que permitan detectar el trasiego marítimo de la droga. O participan del negocio de captura de una lancha y dejan pasar diez lanchas…

Otro temita relacionado con las drogas es la destrucción de las drogas ya incautadas. Se acostumbraba quemar la droga en hornos nacionales, debidamente escogidos de grandes empresas, para la quema y destrucción de la droga decomisada. Desde hace tiempo no se está quemando la droga en Costa Rica. Lo que se dice es que desde el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, donde frecuentemente hay naves militares de los Estados Unidos, se la llevan en aviones militares hacia los Estados Unidos.

En la información oficial militar de bases norteamericanas, en el extranjero, los Estados Unidos reporta justamente una en Liberia. ¿De ser cierto, por qué se exporta hacia los Estados Unidos la droga decomisada en Costa Rica? ¿Se paga por esa droga? ¿Cuánto dinero genera ese negocio? ¿Se le regala a los Estados Unidos esa droga? ¿La ponen a circular nuevamente? ¿Cuáles autoridades nacionales están encargadas de esta exportación o de ese negocio?

La denuncia hecha, por el periodista José Meléndez, en la prensa mexicana es la punta del iceberg del gran negocio de la droga en Costa Rica y del alcance de su penetración en los niveles gubernativos. La Asamblea Legislativa, los medios de comunicación, el periodismo de investigación debe ponerle más atención.

La denuncia que pega al Gobierno contra la pared hay que profundizarla. Al Presidente, y sus amigos de palacio, si no están involucrados, les debe interesar que se llegue hasta sus últimas consecuencias. A los partidos políticos también les debe interesar esta investigación.

A todos los costarricenses nos debe interesar más. La sacudida de la noticia que se ha hecho debe hacer caer los malos frutos del “árbol enfermo” que nos está carcomiendo la democracia, la seguridad personal, la familiar y la nacional; que destruye las bases de la sociedad y de la convivencia democrática que hemos forjado en estos 202 años de vida independiente.

¿Cómo enfrentar con patriotismo el reto del narcotráfico?

Por Miguel Sobrado

El narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza muy seria para nuestro país. Avanza a pasos agigantados y se posiciona en los Estados de la región. Internamente toma posiciones con holgura en las comunidades, regiones, poderes locales y sectores económicos porque, además de disponer de un gran poder económico, encuentra condiciones favorables entre los excluidos, la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente en las zonas costeras y fronterizas, así como en la corrupción y debilidad de la organización institucional, que le permite enraizar y florecer. El terror que impone la acción de los gatilleros en la toma de territorios define un nuevo orden social en las comunidades frente a la ineficacia y lentitud institucional.

Hacer frente a este inédito reto demanda una transformación e integración de la política pública. Se requiere, por una parte, en lo inmediato, elevar la calidad y capacidad represiva y, por otra, pero no menos importante ni urgente es desarrollar la capacidad preventiva.

Estas dos acciones requieren coordinación y un clima de consenso institucional donde la corrupción sea severamente reprimida, ya que de otra forma sería como arrojar agua en un canasto.

La acción represiva, además de incorporar modernos equipos y elevar el entrenamiento de las policías, debe ser de gran calidad, basada, no tanto en su número, sino sobre todo en un servicio de inteligencia que involucre a las comunidades organizadas. No se trata de transformar a los miembros de las comunidades en policías, para lo cual no están preparados, sino en informantes calificados que orienten el quehacer del aparato represivo. Es preciso poner a operar la seguridad comunitaria con un nuevo nivel de calidad. El involucramiento y capacitación organizacional de las comunidades es estratégico en esta lucha, sin él la guerra estará perdida.

Por otra parte, no menos importante, sin políticas de prevención que abran oportunidades promisorias a los excluidos y a los jóvenes, que compita con la oferta de los narcos. La mejor política de represión, sin prevención solo llenará cada vez más las cárceles, sin ponerle fin a la penetración y el peligro creciente del poder narco.

La prevención para que sea efectiva debe incluir, aunque sea en el mediano plazo, una reforma al sistema educativo que lo actualice, empezando por los docentes, a la época en que vivimos con sus cambios científicos y tecnológicos. Dándole, por una parte, contenidos que inserten y motiven a los jóvenes en el manejo de sus realidades y, por otra, en formas educativas estimulantes.

Este es un proceso que debe asentarse en las mejores prácticas desarrolladas por educadores nacionales, que existen y por otra en la hibridación con las mejores experiencias internacionales, enviando destacamentos de jóvenes maestros a países de avanzada en el campo educativo como Finlandia o China, como lo hicimos en su oportunidad en el siglo XX.

Paralelamente, debe iniciarse un proceso de autocapacitación que actualice a más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), que tiene menos que bachillerato con problemas de desempleo, con el objetivo de obtener ingresos adecuados para las necesidades familiares.

Hacer esta tarea requiere de visión, que deje de lado el considerar a los excluidos como “perdedores” y adecuarse a una articulación del Estado que incluya una política social proactiva basada en la organización de la gente. 

En otras palabras, necesitamos un Estado de reconstrucción nacional que lidere el cambio en la región como lo hicimos en 1856.

Penas alternativas para mujeres en condición de vulnerabilidad: una mirada desde la justicia restaurativa

  • Seminario internacional se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial es anfitrión del seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurola Holiday In en San José y tiene como objetivo discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad que las lleva a introducir droga en centro penal.

Para la apertura del seminario se contó con la participación de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica; Exleine Sánchez Torres, Ministerio de Justicia y Paz; Heldren Solórzano Manzanares, Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas; Cheryl St. Louis, Directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago; Oswaldo Aguirre Retana, Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y Peggy Martinello, Directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, FIIAPP.

Además, se contó con la asistencia de Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, así como representación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Secretaría Técnica de Género.

Para Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, incluir la perspectiva de género en el tratamiento de aquellas mujeres que se ven involucradas en delitos menores de drogas es importante y de una visión integral para reparar el daño.

“El artículo 77 bis de la Ley de sicotrópicos se regula una pena atenuada para las mujeres que introducen droga a los centros penales, lo que vamos a realizar de la mano de la cooperación internacional de COPOLAD es hablar de las experiencias de América Latina, España, Portugal y El Caribe y como hemos podido llevar adelante este tipo de políticas. En el caso de Costa Rica se han enmarcado dentro del proceso de Justicia Restaurativa que permite que estas mujeres puedan tener una alternativa de previo al juicio para resolver su problemática mediante una reparación del daño con la conciencia de que se ha cometido un daño o en el cumplimiento de la pena con una alternativa en ejecución”, indicó el magistrado Alfaro.

Por su parte, Macarena Eseverri, Jurista y experta en Acceso a la Justicia y Justicia Restaurativa COPOLAD, destacó que el objetivo general de COPOLAD es favorecer una política criminal más humana, más dedicada a las necesidades específicas de las personas”.

“Lo esencial del taller es unificar criterios que sirvan para humanizar esa política criminal y también aterrizar ese marco regional a nivel nacional en la realidad de Costa Rica aprovechando el artículo 77 BIS tan importante que introduce criterios de género y de proporcionalidad para que mujeres que son imputadas por un delito de menudeo puedan tener una alternativa a la pena privativa de libertad”, manifestó.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Poder Judicial lidera seminario internacional que analiza la justicia restaurativa para mujeres con delitos menores de drogas

  • Seminario se realizará del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial realizará un seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurora Holiday In, a partir de las 8:00 de la mañana.

Este taller internacional tiene como objetivo principal discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad.

Se contará con la participación de Gerardo Rubén Alfaro, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, así como representación del Ministerio de Justicia y Paz, Asamblea Legislativa y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

La participación internacional estará representada por la Conferencia del ministro de Justicia de los Países Iberoamericanos y los operadores de justicia de la República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago y Argentina.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

A propósito del escándalo de “El Universal”

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El periódico mejicano, como es de todos conocido, publica un artículo sobre negociaciones del narco con el Gobierno.

Tengamos en cuenta que el constante negociador con los carteles de la droga ha sido el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y la DEA. Son proverbiales y harto conocido que el fortalecimiento de los carteles mejicanos y colombianos se debe al acuerpamiento y condescendencia de estas dos agencias. Solo basta recordar que mientras, por ejemplo, el gobierno de Reagan proclamaba públicamente su combate a las drogas, la CIA y la DEA negociaban con los contras y los narcos el cambio de armas por drogas en las fronteras de Nicaragua, en la costarricense con la complicidad del gobierno de Luis Alberto Monge.

Esas negociaciones pertenecen a esa historia de la “guerra” contra las drogas que siempre tienen un componente oscuro ya que no ha sido honesta y verdadera de parte del gobierno de USA, pero que ha significado un baño de sangre para los latinoamericanos.

Costa Rica es al menos el principal exportador o reexportados de droga de Centroamérica y el primero del mundo según ha dicho el exministro de seguridad Rogelio Ramos. En cualquier caso, a nuestro país llega, se almacena y exporta una enorme cantidad de cocaína, con las impostergables consecuencias. La primera es que ese negocio no es manejado por esas pandillas, que al decir del Presidente se matan entre ellas por disputa de territorio o de mercados. La exportación de las enormes cantidades de coca se maneja a otro nivel, probablemente directamente por los carteles mejicanos. ¿Y qué consecuencias produce ese enorme tráfico comercial ilícito? No me refiero a las pandillas, sino a la política, la policía, el entretenimiento o los negocios. Nadie en su sano juicio podría alegar que estos y otros campos no han sido “contaminados” por semejante negocio de exportación ilegal o se mantienen “vírgenes” al margen de semejante negociado. ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel alcanzado por el lavado de capitales en Costa Rica?

Precisamente mientras un periodista nacional se va a México a destapar semejante escándalo, en materia de partidos políticos ocurren cosas que llaman la atención.

Dos partidos políticos que se disputan entre ellos la más fiel representación de lo que llaman el “rodriguismo” generan serias dudas: uno llamado Partido Pueblo Soberano es fundado y dirigido por una asesora de Casa Presidencial de cuyo nombre no me acuerdo, sumamente cuestionada precisamente en México por su ligamen con el narcotráfico, y el otro llamado Aquí Costa Rica Manda es un partido fundado y vendido al señor Federico Cruz por un señor de apellido Vargas también cuestionado por lavado de dinero y contrabando. Ambos personajes son dirigentes relevantes en los dos partidos.

En momentos tan turbulentos en la política nacional, hay que decirle al Presidente Chaves que no solo hay que ser honrado sino parecerlo. Cuando se denuncia en un periódico extranjero supuestas negociaciones de su gobierno con el narco -que han sido rechazadas enérgicamente por él-, poco favor le hace andar con semejantes amigos, con esa clase de dirigentes de esos partidos políticos. El panorama político para Rodrigo Chaves es bastante oscuro con semejantes correligionarios y hace que la ola de dudas continúe.

Hoy debemos ser más prudentes que nunca

Marco Vinicio Fournier

Tal y como lo habíamos anunciado, los niveles de violencia tienden a aumentar conforme disminuye el apoyo al presidente, ya que la población sufre una decepción más y una evidencia más del poco compromiso de la clase política con las miserias de la mayoría de la población.

Definitivamente la mayoría de los homicidios están asociados al crecimiento del narcotráfico. Pero también existe un problema creciente de violencia cultural que genera manifestaciones más allá del crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en los suicidios y en las muertes en accidentes de tránsito, que juntos superan la tasa de homicidios. O en los hechos de violencia en centros educativos que también la superan con creces como tasa poblacional.

Por otra parte, recuérdese que la relación entre la tasa de homicidios y el coeficiente Gini es de 0,70.

Entonces, es innegable que urgen mejores estrategias de seguridad; pero, por encima de esto, urge un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y mejores estrategias de socialización para una cultura de paz y convivencia. Cuando un pueblo se empobrece y pierde respeto al ordenamiento jurídico, necesariamente se hará más violento, pero también se sentirá más atraído hacia el crimen, incluyendo el narcotráfico.

Por eso, es un absoluto sinsentido el quitarle recursos a la educación para reforzar la seguridad. Pero también resulta irracional el generar más violencia con la excusa de controlarla.

Solo durante esta semana, he leído dos artículos que insisten en que Costa Rica no puede enfrentar al narcotráfico porque no tiene ejército y se compara a nuestro país con México y Colombia, como si esos países hubiesen logrado algún tipo de avance en el control de la violencia asociada al narcotráfico a través de la acción de sus ejércitos. Ni qué decir de los Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo y con el mayor consumo de drogas por parte de su población.

Del mismo modo, en uno de los artículos que circularon esta semana se menciona también que nuestros parques nacionales son un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, mientras se promueve un nuevo megaproyecto turístico frente al Parque Nacional Santa Rosa.

Dentro de esta misma línea, la ANEP apoyó públicamente el abuso policial de hace dos semanas, en donde fueron brutalmente agredidas muchas personas frente a la Asamblea Legislativa, incluyendo profesores y estudiantes universitarios, una diputada, periodistas y varias activistas feministas. Según la ANEP, la censurable actuación de la policía se basaba, precisamente, en la necesidad de combatir el consumo de marihuana, aunque no se hubiese encontrado esta droga en ninguna de las personas detenidas y aunque el motivo de la manifestación fuera el rechazo a la violencia policial.

Ante la ola creciente de violencia, es entendible que surjan con mucha fuerza sentimientos asociados al miedo, al tiempo que también se genere mucho enojo ante la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema.

Sin embargo, debemos ser muy prudentes al escoger las estrategias a seguir o a apoyar. El miedo puede llevarnos a aceptar políticas que a la postre generan más violencia, como el apoyo a un ejército o a la brutalidad policial. Del mismo modo, el enojo puede llevarnos a aprobar medidas autoritarias y agresivas, como las que sistemáticamente ha favorecido el gobierno actual, o a permitir en nosotros mismos actitudes y conductas violentas hacia nuestros familiares o vecinos o hacia sectores de población más vulnerables.

Pero tampoco es solución la paralización, la sumisión o la resignación. Debemos insistir en que la mejor estrategia para combatir la ola de violencia es el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y el apoyo a los esfuerzos para una educación integral, de calidad y de amplia cobertura. Pero ese mejoramiento no vendrá jamás como iniciativa del gobierno, por lo que la mejor solución pasa por el trabajo organizado y activo de la población exigiendo y promoviendo estrategias de enfrentamiento de la violencia a través de la promoción de una cultura de paz y respeto y exigiendo mejores políticas de redistribución de la riqueza y mejores estrategias de prevención y combate a la corrupción y a la violencia en todas sus manifestaciones. El miedo y el enojo deben canalizarse hacia la participación política activa y propositiva y dirigida al beneficio de la gran mayoría de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables.

 

 

 

Posición Oficial de ANEP acerca del artículo del periódico El Universal, de México, sobre supuestas negociaciones entre el gobierno de Chaves y el narcotráfico

Con enorme preocupación, aunque carentes de sorpresa, hemos leído el artículo publicado en el diario mejicano El Universal, redactado por el periodista José Meléndez, que refiere a una supuesta negociación entre el gobierno de turno y estructuras narcotraficantes de corte internacional.

Desde ANEP, gracias a la honrosa representación que ostentamos del gremio policial, desde distintas instituciones, aunado a la preparación académica y experiencia en el campo de quienes conforman nuestro equipo de trabajo; y nuestras bases, tenemos la oportunidad de identificar y asociar circunstancias que, para gran parte de la ciudadanía, pasan desapercibidas, y que, al juntarlas nos llenan de sospechas.

En los últimos años se han presentado las siguientes situaciones:

1) Resistencia a dotar de recurso y plazas a la Policía Profesional de Migración, lo que, en medio de crisis migratoria, les imposibilita realizar patrullajes en fronteras, inspecciones en hoteles y plantas productoras y/o empacadoras de productos de exportación, donde se contrata personal indocumentado. En muchas ocasiones estas personas, que luego son despedidas sin derechos, por su estado de vulnerabilidad son captadas por bandas dedicadas al narcotráfico.

2) Una pésima distribución de recurso de la Policía Aeroportuaria que disminuye la atención de los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos; situación que ha servido como excusa para ejercer presión, e intentar sacar al cuerpo policial con potestad de imperio de nuestra frontera más grande, para colocar seguridad privada.

3) La nula cantidad de oro decomisado en Crucitas, y más recientemente la decisión de Seguridad Pública de retirar a la Fuerza Pública del lugar (posteriormente, y tras cuestionamientos en medios de comunicación, la policía fue enviada de nuevo al sitio).

4) No crecimiento de recurso policial en la zona sur del país, por donde ingresa la droga que viene del cono sur del continente.

5) Excluir a Costa Rica del programa de revisión de contenedores de Naciones Unidas.

6) Resistencia por llenar plazas vacantes en Policía de Control de Drogas.

7) Asignación de horarios en muelles y fronteras que dejaban estos puntos sin agentes antidrogas luego de las 19 horas y hasta el día siguiente (situación subsanada luego tras hacer la denuncia pública).

8) “Cambio de estrategia” de Seguridad Pública, que implica retirar a la Policía de Control de Drogas de sus labores de inteligencia e investigación en los muelles, fronteras y aeropuertos (aplicación actual).

9) Solicitud a la Policía de Control de Drogas de entregar los usuarios, claves y contraseñas (incluye información sensible) de los sistemas informáticos. (Que nunca habían sido vulnerados pese a los hackeos que ha sufrido el país). (Situación actual).

10) Ministerio de Hacienda no transfiere la totalidad de los montos que la ley destina a cuerpo policiales por impuestos como el de sociedades anónimas, del banano y casinos.

11) Encarcelamiento de exdirector de Fuerza Pública, por nexos con el narcotráfico.

12) Aprobación de leyes como la 9635, que encapsuló al Ministerio de Seguridad Pública en una imposibilidad de crecimiento presupuestario por la “regla fiscal” y disminuyó el poder adquisitivo de las y los servidores policiales

13) La Ley Marco de Empleo Público que congela indefinidamente los salarios de las y los policías, generando un factor de riesgo para la corrupción y captación del reclutamiento de estructuras del crimen organizado.

14) Resoluciones judiciales cuestionadas, que no interponen medidas cautelares a personas presuntamente vinculadas a actividades de crimen organizado.

15) Desde el ámbito legislativo: no aprobación de leyes como la de extinción de dominio, grabar capitales golondrinas, para conocer beneficiarios finales de las personas jurídicas…

16) Visita de personas aparentemente ligadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa.
Entre otras…

Es decir, desde hace años en nuestro país se vienen presentando situaciones sospechosas, cuestionables y otras que, directamente, van debilitando el aparato estatal y empoderan a las mafias narcotraficantes. No es posible aseverar si la supuesta negociación entre el Estado y el narco, en el gobierno de turno sea cierta. Sin embargo, ante todos los antecedentes existentes, y las decisiones recientes del Poder Ejecutivo, tampoco podemos descartarla.

Desde ANEP esperamos que el Ministerio Publico entable las investigaciones pertinentes.

Debemos reiterar nuestra tesis: Una de dos; o el gobierno de Chaves está pésimamente mal asesorado en temas de seguridad; o están defendiendo los intereses del narcotráfico.

San José, miércoles 27 de septiembre de 2023

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

 

Publicado en: https://anep.cr/posicion-oficial-de-anep-acerca-del-articulo-del-periodico-el-universal-de-mexico-sobre-supuestas-negociaciones-entre-el-gobierno-de-chaves-y-el-narcotrafico/

¿Vamos a Seguir Poniendo los Muertos?

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En tiempo de guerra y en tiempo de paz seguimos poniendo los muertos, mientras las potencias y países ricos recogen las ganancias, tanto del negocio de las armas como del narcotráfico. Lo que es una ganancia para esos países se revierte en pérdida en vidas humanas para los nuestros.

Urge cambiar radicalmente esta lógica neocolonial, propiciada por los poderes fácticos del capitalismo salvaje de un neoliberalismo que se vende como el ideal de prosperidad para los pueblos empobrecidos, mientras son sometidos a patrones financieros, sistemas productivos y estilos de consumo que profundizan la pobreza, la desigualdad y la violencia. Hay que erradicar este neocolonialismo, que se viste de buena vecindad, protector del libre comercio y hasta de los derechos humanos: un contrasentido a todas luces, que campea a fuerza de una propaganda mediática engañosa y desvergonzada.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, una vez más, ha levantado la voz en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer que se eleve a la categoría de crimen internacional toda invasión militar de un país contra otro. Esta, entre otras acciones globales anticolonialistas contribuirían, sin duda, a una convivencia global más digna, afectiva y pacífica. Y permitiría contener los tambores que reiteradamente llaman a la guerra, para redefinir fronteras de influencia geopolítica entre las potencias y naciones más poderosas.

Hay que asumir el desafío de un nuevo pacto global con compromisos vinculantes que contribuyan a erradicar, de una vez por todas, el neocolonialismo guerrerista, antiecológico y homicida. No debemos permitir que se continúe profundizando el modelo de globalización dual: donde unos disfrutan los oasis de riqueza y otros perecen en la más escandalosa miseria, unos ponen los muertos y otros recogen el botín, unos conservan y cuidan la naturaleza y el ambiente y otros lo depredan y explotan para amasar capitales, unos son víctimas de enfermedades y pandemias y otros acumulan ganancias con el negocio de las medicinas y las vacunas…

Lamentablemente, un conjunto de nuevas fuerzas sociales, políticas y religiosas de corte populista y neoconservador están contribuyendo a desviar la atención sobre las causas estructurales de estos álgidos problemas. Por ejemplo, se utiliza el discurso de la anticorrupción, refiriéndolo de manera reduccionista a los comportamientos individuales o de grupos de interés que utilizan recursos públicos y privados para enriquecerse. De esta manera, se exime al modelo mismo, que genera y propicia esos comportamientos. Y las alternativas propuestas, van en la misma dirección, a saber, corregir esos comportamientos, como si se trata de simple voluntarismo personal o grupal. De esta manera, los correctivos son simples paliativos, porque se dejan intactas las estructuras socio-económicas, jurídico-políticas y culturales.

Construir los cimientos de un proyecto global alternativo postneoliberal sigue siendo la consigna necesaria para recoger y hacer viables esos esfuerzos e ideales que permitan heredar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Acciones desde los ámbitos personales, locales y comunales son tan necesarios como las acciones globales. Y en esta tarea, son precisamente los países que hoy ponen la peor parte: los muertos, quienes deben aunar acciones y esfuerzos para decir ¡basta Ya! Y avanzar hacia un nuevo modelo descolonizador y humana, social y ecológicamente viable, para “vivir bien, juntos”.

Cuidemos nuestras democracias

José Luis Pacheco Murillo

Lo sucedido en Ecuador con relación al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio es muy lamentable.

Ese asesinato es tan solo una pequeña parte de la violencia que vive Ecuador y quizá sea importante entender que en realidad son varios tipos de violencia.

La política es la que une los dos extremos, es decir, la violencia que genera el narcotráfico y la violencia civil que se ha trasladado a centro penitenciarios.

El candidato presidencial no es el único político asesinado, en julio pasado el alcalde de Manta también fue asesinado y junto a él y como un daño colateral fue se sumada una joven deportista que en el momento menos oportuno se le acercó para pedirle ayuda. Muy lamentable.

Es alarmante la cantidad de muertes que han ocurrido este año, 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023. El 79% ligadas al narcotráfico.

Lo que sucede en Ecuador debe ser un llamado de atención para todos los países latinoamericanos. Ya Colombia vivió ese tipo de violencia hace algunos años y de igual forma candidatos fueron asesinados. Debemos echar para nuestro saco y entendamos que cuando la política se corrompe deja de ser política y se convierte en cómplice de los crímenes que se cometen.

Precisamente tenemos una situación alarmante en relación con la cantidad de crímenes, homicidios que estamos teniendo y es muy probable que un porcentaje bastante elevado estén ligados al narcotráfico.

Cuidemos nuestras democracias y no permitamos que se nos vaya de las manos por elecciones contrarias a lo que verdaderamente necesita el país y también las municipalidades.

Dios quiera que la situación de Ecuador se calme y puedan tener las elecciones el próximo 20 de agosto, aún y a pesar de la ausencia de Villavicencio.

Abrazo solidario a todos y en especial a los ecuatorianos.

«Llegó la hora de la limpieza social»

Carlos Campos Rojas
Guápiles, 30 de julio de 2023

Así fueron informados los habitantes de Pococí mediante un panfleto distribuido, por una de las facciones que disputan el territorio del narcotráfico en la provincia de Limón.

Hay toque de queda, juicios sumarios en media calle, quemas de casas, arrinconamiento de los comerciantes y emprendedores, que solo pueden operar bajo las condiciones establecidas por la facción dominante hasta el momento. Las autoridades ausentes.

La limpieza social, como acto terrorista, es la masacre de quienes adversan a la facción que se asume dominante. La limpieza social que se anuncia -es decir, la masacre de la población-, solo es posible anunciarla y divulgarla en panfletos, porque hay una autoridad política superior que lo autoriza, de lo contrario no podría ni siquiera considerarse y ya estarían esas personas en proceso de ser identificadas. Esta limpieza social se extenderá a cualquiera que disienta con el régimen que desea imponerse. Los académicos que tanto dicen que debe defenderse la tan manoseada democracia, ahora guardan silencio cómplice y cobarde, acallando el relato, volviendo la cara, solo para preservar su endeble burbuja: nadie puede eludir la violencia cuando esta es la ley.

Un hombre se quita la camisa en la Asamblea Legislativa e insulta a los diputados y es un debate nacional sobre el odio y la urgente necesidad de ser protegidos. La sangre de la población de Limón corre por las calles de nuestra provincia y se asume como algo intrascendente, esa es la congruencia del estado social de derecho, la violencia como norma en la provincia más desigual, desde hace muchas administraciones.

El narcotráfico en Costa Rica es un conjunto de élites que no les importó el país y se aseguraron que las raíces de su actividad corrompiesen a los necesarios en todos los estamentos del Estado, para llenarse de dinero ensangrentado. Lo he dicho reiteradamente, para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que abra las puertas de par en par; un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Si uno de estos actores no participa, el narcotráfico no puede operar.

La masacre acontecida en Tortuguero en el aula de una escuela, fue el inicio del reciente desparpajo, un hombre asesinó, a la vista de todos, a una mujer que estaba en la facción contraria. Ayer sábado 29 en pleno centro de Guápiles, prácticamente frente a la entrada de emergencias del Hospital, masacraron cuatro personas.

Nuestra violencia es estructural, tenemos los peores indicadores en inversión en educación, salud, tecnología, oportunidades. Los que mueren son nuestros hijos, las mujeres y jóvenes vulnerables carentes de oportunidades a los que solo el narcotráfico les tiende la mano. Son hijos de la provincia más desigual de Costa Rica, de donde se saquea diariamente la riqueza, para que el vallecentrismo viva su opulencia.

Nuestra provincia está inmersa en una guerra desde hace muchos años, que ahora escala a la demostración de la barbarie a que están dispuestos los narcotraficantes para demostrar quién manda, después seguirá el privilegiado vallecentrismo.

Al igual que en Chicago en época de Al Capone, el alcalde y miembros del Concejo Municipal se arrinconan con silencio cómplice, suplicando las recetas de siempre, más policías, sabiendo todos, que cuando nos ofrecen seguridad, lo único que perdemos es la libertad, pues es la ciudadanía la que debe encarcelarse, como si los criminales fuéramos nosotros, para entregarles nuestras comunidades a su antojo.

La población sabe la forma en que la corrupción y la impunidad de políticos, jueces, fiscales, comerciantes, policías, funcionarios públicos (hombres y mujeres porque ahí no hay problemas de género, ni reclamos de violencia política), se pavonean por nuestras calles demostrando que nacen de la conducta del autoritarismo de esta destartalada república representativa, para acrecentar el miedo y dominarnos, insultándonos con su “creciente bienestar económico”.

Todos sabemos que la policía ha sido preparada solo para garrotear a la población cuando se levanta en protesta ante los desmanes de los que se les encargó administrar el país, la DIS solo persigue sindicalistas, dirigentes comunales o a quienes desde palacio les indiquen.

Manifiesto nuevamente mi preocupación, en como el Presidente ruge en flancos débiles con su potestad de imperio, pero guarda silencio y distancia en temas tan estratégicos como el que señalamos, porque todavía sigue la incógnita de cuál es la mano que mece la cuna. Fue regocijante ver la instalación de los escáneres en APM y la detección inmediata de cómo se prestan algunas industrias agrícolas para ensuciar nuestras exportaciones. Lo triste fue ver cómo se volvió la cara y se minimizó la situación, cuando sorpresivamente se destruyó uno de los escáneres. Todo volvió a la “normalidad”.

Reunido con Don Orlando, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, le hice saber que si no actuamos con rapidez y de inmediato, el descrédito a que se ha sometido la institucionalidad representativa -entre ellas el sistema de Justicia-, abrirá el paso a que se imponga otra justicia, aunque no nos guste la que surja, porque la espada aparece cuando la justicia llega tarde.

La ciudadanía con sus saberes y experiencias, debe levantarse y movilizarse en busca de la paz. Llamar a rendir cuentas – estén en el puesto que estén- a quienes permiten al narcotráfico asumirse dueño de nuestro destino y de la vida de nuestros hijos. Que asuman personalmente su responsabilidad. Deben revisarse sus cuentas bancarias, sus posesiones, sus relaciones políticas y comerciales. Llegó la hora de que pongamos orden.

Bajo el mandato de la Constitución Política debemos movilizarnos como El Soberano -hoy a 20 años de que nuestra Carta Magna, así lo reconoció -, junto a los funcionarios públicos y empresarios decentes, haciendo valer el poder del que somos dueños. Tenemos que sobrepasar el miedo y levantarnos con dignidad, con Dios de la mano, pues de no hacerlo seremos nosotros mismos, los que habremos hecho un pacto con el diablo.

Somos un pueblo de paz, construiremos un entorno de paz, pues la guerra no se derrota con la guerra, sino con la paz.