Por haber tomado parte directa e integrado la Dirección Nacional histórica del FSLN que condujo a nuestro pueblo al derrocamiento de la dictadura somocista, te dirijo esta nota expresándote con preocupación lo siguiente:
El decreto que reformó el INSS por su contenido y forma fue un grave error político, técnico y legal del gobierno.
Se afectaron los derechos económicos adquiridos y los ahorros de un millón de cabezas de familia, sin dar solución práctica a la grave situación financiera del INSS.
A causa de ello una importante mayoría de la población al frente de la cual están los estudiantes universitarios y hasta hijos de altos dirigentes del ejército, la policía y del FSLN, se han movilizado a expresar su legítima protesta.
La reacción de las autoridades ha sido desproporcionada con empleo de armas de fuego por la Policía y grupos de choque que han causado decenas de muertos y centenares de heridos entre nuestra población.
Como compañero histórico de luchas te pido buscar de inmediato un diálogo con el liderazgo económico, estudiantil, religioso y social conducente a soluciones prontas y efectivas que pongan fin al estado de violencia que está golpeando a la nación.
Considero que como demostración de voluntad y de altura ciudadana el gobierno debe dar pasos que disipen la desconfianza, tomando las siguientes medidas que sugiero positivas:
Derogar el decreto que reformó el INSS.
Retirar a sus cuarteles a la Policía y El Ejército.
Liberar a los estudiantes y demás ciudadanos prisioneros.
Llamar a los estudiantes y todos los civiles a retornar a la normalidad de su vida cotidiana.
Los actos insurreccionales protagonizados por jóvenes auto convocados estos días, en toda Nicaragua, refleja un hartazgo a la corrupción de la pareja presidencial, al desmesurado uso de la fuerza policial, el autoritarismo más propio del somocismo que de un Gobierno que se denomina de izquierdas, a las tropelías propias de las derechas centroamericanas en los procesos electorales, la concentración de poder y la pérdida y debilitamiento de la institucionalidad del Estado, la patrimonialización familiar y partidaria de los fondos solidarios de enviados por el hermano pueblo de Venezuela, la partidarización de los movimientos sociales, las represiones constantes cuando organizaciones de todo tipo (no partidarias) salen a la callen a reivindicar derechos ganados en la Revolución Popular, la alianza con los grupos empresariales y la élite de la Iglesia Católica corruptos, la soberbia con la que han gestionado el Poder Electoral, por las consecuencias y la irresponsabilidad en la gestión de los incendios en la principal reserva ecológica Indio Maíz, por las medidas tomadas para sanear el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Es decir, ¡esta revuelta ya no es por el INSS!
Es por la libertad, la necesidad de establecer el diálogo y la cohesión social basada en el respeto a todas las diversidades y la justicia económica. Es por construir un Estado honesto, justo, que rinda cuentas, con funcionarios y funcionarias capaces y también apegados a derecho que no de intereses de un partido. Es por la oportunidad de cerrar los históricos ciclos de violencia que hemos heredado desde la colonización europea hasta las dictaduras sanguinarias del somocismo, o los gobiernos neoliberales de los años 90´s. Es por que nos merecemos vivir en convivencia todas y todos, es por terminar de integrar a la Nación a los pueblos originarios Miskitus, Mayagnas, Ramakis, Monimbó; y también a los pueblos Negros. Esta es una lucha para que construyamos una sociedad en la que ser mujer no sea un peligro.
Y hoy es también, por encontrar y llevar a los tribunales a los responsables de asesinar a nuestros jóvenes:
Darwin Manuel Urbina, trabajador de supermercado.
Jilton Rafael Manzanarez, policía.
Richard Edmundo Pavon Bermudez, activista FSLN estudiante secundaria
Alvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante Colegio Loyola
Informes enviados a SURCOS indican que la situación recrudece en Nicaragua y ya varios jóvenes han muerto producto de la violencia. Las protestas contra la reformas al sistema de seguridad social han motivado las protestas, y la respuesta alejada del diálogo de parte del gobierno de Daniel Ortega, tienen como consecuencia dolorosas muertes, destrucción de importantes edificios y violencia generalizada
Mujeres por Costa Rica y Mujeres con la Patria al Hombro lamentan, repudian y condenan la represión militar contra los civiles nicaragüenses que se pronuncian en desacuerdo por las reformas anunciadas por el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega.
Repudiamos, como mujeres costarricenses, la represión militar que sufre en estos momentos la población nicaragüense y, principalmente, la muerte de jóvenes universitarios, por manifestarse en contra de las reformas unilaterales a las políticas públicas de seguridad social.
También nos manifestamos contra la censura informativa a la que están expuestos nuestros hermanos centroamericanos con el cierre de tres canales de televisión. Nos parece inadmisible coartar el derecho de información y comunicación de los nicaragüenses.
Observamos la capital sitiada y otras ciudades tomadas por la Policía Nacional por lo que hacemos un llamado al diálogo, un alto a la represión y a la violencia impuesta, que genera más violencia.
Instamos respetuosamente al gobierno nicaragüense recurrir a la vía del diálogo como instrumento vital para dirimir diferencias.
Las protestas en Nicaragua van más allá de la oposición a las reformas arbitrarias de la seguridad social. Por una parte, hay una acumulación de reclamos de la población, por otra, un aislamiento del Gobierno que se ha encerrado en una burbuja desde la que ejerce un creciente control sobre todo el quehacer del país.
Desde esa perspectiva, las manifestaciones constituyen una válvula de escape de una presión social largamente contenida de distintos sectores inconformes y cansados de la corrupción y del deterioro de las libertades democráticas, como lo muestran las consignas que demandan libertad, el incendio de banderas del Frente Sandinista y el derribamiento de al menos tres “árboles de la vida”, implantados en distintos lugares de la capital por órdenes de la Vice-presidenta Rosario Murillo.
Semanas atrás también hubo airadas protestas, en ocasión de los incendios en la Reserva Indio Maíz que según los grupos ambientalistas fueron 20 focos de fuego provocados por empresarios cercanos a Ortega, con la intención de abrir una trocha para la extracción de madera.
Hay además un fuerte clamor social para que se restablezca el estado de derecho y la división de poderes que hoy están subordinados a los dictados del Ejecutivo en manos de Ortega y Murillo.
De la crítica situación en el hermano país dan cuenta las declaraciones que dio el General Humberto Ortega a un noticiero de televisión, reconociendo la legitimidad de las protestas y responsabilizando al gobierno de haber decretado la reforma al régimen de pensiones de manera unilateral. El hermano del Presidente llamó a que se abra un proceso de diálogo, asegurando al mismo tiempo que el ejército nicaragüense “no va a salir a reprimir a los manifestantes”.
Para el sociólogo y analista nicaragüense Oscar René Vargas, Nicaragua está en presencia de una protesta nacional que ha unido al pueblo con los estudiantes, un sector que había estado al margen de las movilizaciones. La respuesta represiva, mediante grupos paramilitares coordinados con la Policía Nacional, no la va a aplacar, más bien está modificando la correlación social de fuerzas en contra del Gobierno, convirtiéndose así en una derrota política que debilitará el poder de Ortega.
En ese sentido, resulta notorio el resquebrajamiento de la alianza entre la empresa privada y Ortega, como lo muestra la convocatoria del COSEP, máxima instancia de representación del sector empresarial, a una marcha para el próximo lunes 23 en procura del dialogo entre los distintos sectores, mismo que algunos analistas ven muy difícil a estas alturas de la polarización.
Si bien es cierto, no hay una conducción de la lucha, ni un programa de los manifestantes que sirva de base para un proceso de negociación, todo indica que las protestas auto convocadas continuarán extendiéndose por todo el país a pesar de la violenta represión del gobierno y nadie sabe a ciencia cierta cuál es la salida a la presente crisis en la que claramente las reformas en las pensiones son solo un detonante.
Pronunciamiento del Rector Dr. Heninng Jensen Pennington
Tras los lamentables hechos de represión acaecidos en Nicaragua durante los días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, esta semana, entre los que destaca la muerte de un policía y tres estudiantes, dos de ellos en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); la Universidad de Costa Rica se solidariza con esa institución hermana y repudia todo tipo de violencia, en especial aquella contra manifestantes indefensos por parte de las fuerzas represoras.
Además, la Upoli, institución con la que la Universidad de Costa Rica mantiene un convenio de cooperación desde noviembre del año pasado, ha sido el escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las últimas horas. Todo ello dirige nuestro pensamiento hacia los compañeros, docentes y familias de las víctimas, especialmente de estos jóvenes alumnos fallecidos en los terrenos universitarios, quienes sufren hoy de la barbarie que acontece cuando el diálogo no es el instrumento privilegiado para dirimir diferencias, sino la represión.
Hacemos un llamado, respetuoso pero vehemente, a las autoridades nicaragüenses, para que pongan fin a esta oleada de violencia y sean capaces de sentarse a la mesa con los sectores disidentes, de manera que se consiga un acuerdo que satisfaga a ambas partes sobre la administración de la seguridad social en su país, como ocurre en cualquier democracia digna y consolidada del mundo.
Confiamos en que la sangre derramada por los fallecidos sea un serio llamado de atención al gobierno de Managua, de manera que estas muertes no queden impunes y sus responsables sean juzgados de acuerdo con sus leyes.
Dr. Heninng Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica y Presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
En la imagen: bandera nacional de la República de Nicaragua.
Expertos y ONG advierten que este es uno de los mayores desastres ambientales que ha sufrido Nicaragua
Se reportan más de 2800 hectáreas de incendios forestales en la RBIM mientras el gobierno tarda en actuar
La Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM) ubicada al sureste de Nicaragua, al norte del Río San Juan y limítrofe con Costa Rica es uno de los principales pulmones de la región centroamericana y al mismo tiempo enfrenta una grave crisis por el avance del fuego y con esto el avance de la frontera agrícola.
La RNIM comprende 3180 Km2, lo que representa casi un 2% del territorio nicaragüense, el cual está cubierto por bosque tropical y humedales. Esta área protegida viene siendo vulnerada desde hace años con la tala y la ganadería ilegal dentro de la Reserva, y al mismo tiempo en las zonas de amortiguamiento hay presencia de monocultivos como la palma aceitera. Existe gran presión sobre la Reserva ya que distintas organizaciones reportan prácticas ilegales en total impunidad pese a que las autoridades nicaragüenses conocen de esta situación.
Según reporta la Fundación Del Río “desde hace más de 5 años ha informado, evidenciando y divulgando la situación real de la Reserva Biológica Indio Maíz donde las mismas instituciones del estado de Nicaragua, avalan este tipo de prácticas ilegales y se convierten en cómplices al promover construcción de escuelas, caminos, centros de salud y dejar en la impunidad a terratenientes, traficantes de tierra dentro las Áreas Protegidas de Sureste de Nicaragua, específicamente la Reserva Biológica Indio Maíz«.
Por su lado, el Movimiento Campesino de Nicaragua denuncia que el gobierno de ese país guarda silencio y no emite acciones claras para frenar el incendio. Además ésta organización solicita solidaridad intencional para atender la emergencia.
Centroamérica arde
Los incendios forestales en la región arrecian y poco están haciendo las autoridades de lo distintos gobiernos para frenarlo. Para este verano en Centroamérica se reportan más de 40.000 hectáreas consumidas por el fuego. Además del incendio en Nicaragua se tienen datos de que en Honduras 36,000 hectáreas de bosques y pasto fueron destruidas por los incendios forestales en 2017, según un informe del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Por su lado en Guatemala se reportan 1.322 hectáreas se han consumido por los incendios forestales de noviembre de 2017 a marzo de 2018.
Sesión solemne de la CIJ durante las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua. Foto extraída de artículo del Semanario Universidad titulado «Costa Rica y Nicaragua disputan el peso de la geografía ajena en Corte de La Haya», julio del 2017.
Este 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) procedió a fijar el monto correspondiente a la indemnización por daño ambiental que Nicaragua le debe pagar a Costa Rica por la excavación de tres caños en el sector conocido como «Isla Portillos» acaecida en el 2010 y nuevamente en el 2013.
En otra decisión leída el mismo día en La Haya, los jueces determinaron aspectos relacionados a la delimitación marítima entre ambos Estados, en ambas costas, en respuesta a una demanda interpuesta por Costa Rica en febrero del 2014 y a otra en enero del 2017 relativa a la ubicación de una carpa militar en la playa contigua a la Laguna de Portillos (véase breve nota nuestra sobre esta otra sentencia). Tuvimos la oportunidad de poner en contexto este inédito espectáculo internacional (cuatro demandas presentadas en seis años y dos meses, de las cuales tres interpuestas por Costa Rica) en nuestro artículo titulado «Una corte, dos Estados, tres controversias«, publicado en Debate Global
A notar que este 2 de febrero del 2018, mañaneras sirenas cantando victoria se dejaron oír en ambas orillas del Río del San Juan con relación a la última decisión, señal inequívoca que confirma nuevamente el sutil balance y equilibrio que el juez internacional logra plasmar magistralmente en sus decisiones en materia de delimitación marítima.
La fijación del monto por parte de la CIJ
Con relación a la decisión sobre el monto de la indemnización, el balance fue otro: los jueces de la CIJ fijaron la suma en 378.000 US$, un monto bastante menor al de los 6,7 millones de US$ exigidos por Costa Rica y anunciados en un comunicado de prensa oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores en junio del 2016. Este monto de Costa Rica incluía otros rubros que el daño ambiental como tal y fue considerado por las autoridades de Nicaragua en declaraciones a medios de prensa como «exagerado«, sin que se comunicara un monto ofertado por parte de Nicaragua en algún comunicado oficial. Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado de prensa en francés y en inglés de la misma CIJ sobre la decisión tomada al respecto. El texto de la decisión está disponible desde ya en este enlace (versión en inglés). En ella se lee (y por primera vez se tiene conocimiento de ello) que para Nicaragua, el monto debía ser fijado en tan solo 188.504 US$: «For the reasons given herein, the Republic of Nicaragua requests the Court to adjudge and declare that the Republic of Costa Rica is not entitled to more than $188,504 for material damages caused by Nicaragua’s wrongful acts” (p. 8).
Un monto fijado por la CIJ ante la falta de consulta previa entre ambos Estados
Este asunto constituía un aspecto irresuelto entre ambos Estados desde que se dio lectura del fallo en diciembre del 2015, en el que el juez internacional expresamente sugirió a ambos Estados «negociar» este monto, otorgándoles un plazo de 12 meses para hacerlo.
En efecto, en la sentencia del 16 de diciembre del 2015 (véase texto integral), el párrafo 142 se lee de la siguiente manera en inglés: «Costa Rica is entitled to receive compensation for the material damage caused by those breaches of obligations by Nicaragua that have been ascertained by the Court. The relevant material damage and the amount of compensation may be assessed by the Court only in separate proceedings. The Court is of the opinion that the Parties should engage in negotiation in order to reach an agreement on these issues. However, if they fail to reach such an agreement within 12 months of the date of the present Judgment, the Court will, at the request of either Party, determine the amount of compensation on the basis of further written pleadings limited to this issue». El texto en francés se lee como sigue: «142. Le Costa Rica est fondé à recevoir indemnisation pour les dommages matériels découlant des violations dont la Cour a constaté la commission par le Nicaragua. La Cour ne pourrait procéder à l’évaluation de ces dommages et du montant de l’indemnité que dans le cadre d’une procédure distincte. La Cour estime que les Parties devraient mener des négociations afin de s’entendre sur ces questions. Toutefois, si elles ne parviennent pas à un accord dans un délai de 12 mois à partir de la date du présent arrêt, la Cour déterminera, à la demande de l’une d’entre elles, le montant de l’indemnité sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à cet objet«.
Destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio por parte de Costa Rica: en efecto, anunciar públicamente, seis meses después de emitida una sentencia, sin previa consulta con la otra parte, un monto constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional.
Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris) titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
El 29 de agosto del 2017, concluyó la segunda vuelta de alegatos escritos: la CIJ optó el 18 de julio del 2017 por otorgar a ambos Estados una segunda ronda de alegatos ante la falta de acuerdo sobre la metodología para valorar el daño económico (véase nuestra breve nota al respecto).
Fotografía de «caño» excavado en setiembre del 2013 por Nicaragua, extraída de nota de prensa de CRHoy.
Los posibles efectos en el ámbito interno
En los párrafos 45-46 de la sentencia de la CIJ del 2 de febrero, se lee que:
«45. In the present case, the methodology that Costa Rica considers most appropriate, which it terms the “ecosystem services approach” (or “environmental services framework”), follows the recommendations of an expert report commissioned from Fundación Neotrópica, a Costa Rican non-governmental organization. Costa Rica claims that the valuation of environmental damage pursuant to an ecosystem services approach is well recognized internationally, up-to-date, and is also appropriate for the wetland protected under the Ramsar Convention that Nicaragua has harmed. 46. In Costa Rica’s view, the ecosystem services approach finds support in international and domestic practice«. Al haber Costa Rica oficializado esta metodología para cuantificar de forma muy precisa (y abarcativa) el daño ambiental causado por Nicaragua en Isla Portillos ante los jueces de la CIJ, surge la pregunta de saber si esta misma metodología no debe de ahora en adelante aplicarse de igual forma a la destrucción de humedales de importancia internacional, de ecosistemas y de bosques que se da en Costa Rica en la mayor impunidad desde muchos años. Muchas de las denuncias terminan archivándose por parte del Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) en ausencia de una valoración del daño ambiental por parte del Estado costarricense: uno de los argumentos esgrimidos siendo la ausencia de una metodología validada por el Estado para proceder a la valoración del daño ambiental.
El polémico caso de la tala ilegal en Crucitas por parte de una empresa minera canadiense sigue sin resolverse de forma definitiva en los tribunales costarricenses. Ello se debe precisamente a divergencias sobre la valoración del daño ambiental producido durante un fin de semana en octubre del 2008, con la tala de casi 90 hectáreas, así como a un proceso de ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 ayuno de un juez interesado en resolverlo de forma expedita. ¿A cuánto asciende el monto por el daño ambiental causado en Las Crucitas? Diez años después, su fijación está en espera ante la justicia costarricense.
Otro daño ambiental que debería de haber sido objeto de una valoración económica desde hace muchos años en Costa Rica, es el causado por la denominada «trocha fronteriza» construida por las autoridades de Costa Rica en abierta violación a la legislación ambiental vigente a partir del 2011.
La sentencia de la CIJ en la jurisprudencia internacional
Desde la perspectiva internacional, es la primera vez en su historia que la CIJ fija un monto indemnizatorio en materia ambiental entre dos Estados, por lo que esta decisión arroja una multitud de elementos de reflexión y de pistas de análisis para futuras controversias entre Estados en esta precisa materia.
Como bien es sabido, el derecho internacional ambiental es un ámbito en el que el juez internacional se ha mostrado poco receptivo. El hecho que se trate de una rama del derecho que se plasma en normas tradicionales (convencionales y consuetudinarias) y se nutre de técnicas jurídicas más contemporáneas del derecho internacional (que culminan en las denominadas «reglas de soft law» en la doctrina anglosajona) puede en parte explicar esta reticencia de los jueces de La Haya. Pese a tener la oportunidad de precisar y de desarrollar el alcance de obligaciones internacionales en materia ambiental, la lectura extremadamente conservadora y formalista de la Corte de La Haya ha originado muchas críticas por parte de la doctrina especializada en materia ambiental.
No obstante leemos en esta decisión del 2 de febrero del 2018, en los párrafos 41 y 42 que la CIJ acepta introducirse en esta materia, a partir de un capítulo clásico en materia de responsabilidad internacional, como lo es el de las consecuencias del hecho ilícito internacional:
«41. The Court has not previously adjudicated a claim for compensation for environmental damage. However, it is consistent with the principles of international law governing the consequences of internationally wrongful acts, including the principle of full reparation, to hold that compensation is due for damage caused to the environment, in and of itself, in addition to expenses incurred by an injured State as a consequence of such damage. The Parties also agree on this point. 42. The Court is therefore of the view that damage to the environment, and the consequent impairment or loss of the ability of the environment to provide goods and services, is compensable under international law. Such compensation may include indemnification for the impairment or loss of environmental goods and services in the period prior to recovery and payment for the restoration of the damaged environment«.
Con relación a la metodología a escoger, la CIJ establece (párrafo 52) que: «Wherever certain elements of either method offer a reasonable basis for valuation, the Court will nonetheless take them into account. This approach is dictated by two factors: first, international law does not prescribe any specific method of valuation for the purposes of compensation for environmental damage; secondly, it is necessary, in the view of the Court, to take into account the specific circumstances and characteristics of each case«.
A modo de conclusión
Es de notar que además de Costa Rica y Nicaragua, las últimas demandas presentadas por Estados de América Latina al juez internacional interesan esta precisa rama del derecho internacional: Argentina – Uruguay (caso de las plantas de celulosa, resuelto en una cuestionada sentencia de la CIJ del 2010 – véase texto y opiniones disidentes de varios jueces), Ecuador – Colombia (aspersiones químicas aéreas, demanda – véase texto – que Ecuador retiró en el 2013 a cambio de un monto de 15 millones de US$ por parte de Colombia), y Chile – Bolivia (aguas del Silalá, actualmente pendiente de resolución en La Haya, véase texto de la demanda interpuesta por Chile en el 2016).
De alguna manera, con esta decisión de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua (cuya lectura completa se recomienda), el derecho internacional ambiental por vez primera irrumpe en materia indemnizatoria en la jurisprudencia de la CIJ, constituyéndose en un hecho que merece ser saludado y reconocido por observadores, especialistas y por la comunidad internacional como tal.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Hace una semana, el pasado 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su decisión con relación a la demanda interpuesta por Costa Rica en febrero del 2014, solicitando al juez determinar la frontera marítima en ambas costas (véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés). Adicionalmente, el fallo incluye una respuesta a otra demanda planteada por Costa Rica, relacionada esta vez a la presencia de un campamento militar en la playa cercana a la Laguna de Portillos, interpuesta en enero del 2017 por Costa Rica. En una decisión anterior, leída el mismo día, fijó el monto por el daño ambiental causado por Nicaragua en Isla Portillos, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestro artículo titulado «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ» publicado en Pressenza).
Dos Estados bioceánicos sin fronteras marítimas
A diferencia de los Estados costeros de América Latina, no existe ningún tratado de límites suscrito en materia marítima entre Costa Rica y Nicaragua, tanto en el Océano Pacífico como en el Caribe. Las líneas elaboradas por ambos Estados en algunos documentos oficiales publicados no responden a ningún título jurídico. Cabe recordar que negociaciones bilaterales se iniciaron en el 2002 (véase nota de La Prensa) y fueron suspendidas por Nicaragua en el 2005 a raíz de la demanda interpuesta ante la CIJ por Costa Rica por los derechos de navegación en el río San Juan. En estos anexos presentados por Costa Rica a la CIJ se detalla la secuencia de reuniones ministeriales y técnicas llevadas a cabo bilateralmente entre ambos Estados entre el 2002 y el 2005 (véase en particular anexos 29 a 37, pp. 237-334): su lectura permite apreciar cuán fructíferas pueden ser las relaciones entre ambos Estados cuando el clima político permite diálogos y mecanismos de consultas en aras de resolver problemas comunes.
Pese a no guardar ninguna relación el objeto de la demanda interpuesta por Costa Rica en setiembre del 2005 con el tema de la delimitación marítima, el retiro de Nicaragua de las negociaciones a partir de esta fecha evidencia un aspecto poco estudiado: el efecto profundamente perturbador de una demanda presentada de forma unilateral por un Estado contra otro, considerada como un acto inamistoso, y la consiguiente suspensión de toda la agenda bilateral existente.
El derecho del mar reconoce a un Estado costero el derecho de establecer una zona denominada «Mar Territorial» hasta un límite que no exceda las 12 millas náuticas, medidas a partir de líneas de base. A partir del «Mar Territorial«, un Estado puede pretender extender su «Zona Económica Exclusiva» (ZEE) y su Plataforma Continental hasta un máximo de 200 millas marinas. Como se puede apreciar, el lograr que el juez internacional confirme líneas pretendidas en la ZEE tiene un beneficio mucho mayor al de las líneas pretendidas en el Mar Territorial.
Un intercambio de notas y una demanda
Esta demanda de Costa Rica solicitando al juez determinar la frontera en ambos océanos se presentó ante la CIJ el 25 de febrero del 2014, pocas semanas después de la primera vuelta electoral en Costa Rica, y de forma un tanto sorpresiva. Al revisar los intentos de acercamiento previos al 2014, únicamente se registra el siguiente: en marzo-abril del 2013, se dió un intercambio de notas entre ambos (véase pp.158-172 de estos anexos presentados por Costa Rica a la CIJ), en el que Costa Rica le propone a Nicaragua retomar las negociaciones sobre las fronteras marítimas en ambos océanos, a lo que Nicaragua responde haciendo ver que se omite precisar las razones por las que Nicaragua las suspendió.
Se trata de un interesante episodio en el que se evidencia la poca disposición de ambos de crear condiciones reales para retornar a la mesa de negociación. Más allá del punto de saber si no hubiese sido tal vez más oportuno esperar que la CIJ fallara sobre los dos asuntos pendientes de resolución ante la CIJ (al 2013) para reactivar paulatinamente el diálogo con Nicaragua, sería interesante conocer qué fue lo que motivó a Costa Rica a solicitar formalmente el reinicio de negociaciones en el mes de marzo-abril del 2013 después de un largo período de tiempo sin hacerlo.
Esta falta de disposición para intentar encontrar una solución negociada antes de recurrir al juez internacional se hace mucho más evidente si se compara con otros casos ventilados en La Haya. Son muchos los años que han transcurrido entre Bolivia y Chile y entre Perú y Chile antes de que Bolivia optase por recurrir a la CIJ en el 2016, y Perú en el 2008. Estos y muchos otros ejemplos de la región latinoamericana (que se pueden encontrar de igual manera en otras latitudes) indican que, por lo general, los Estados se otorgan un tiempo, a veces muy extenso, en el que sus aparatos diplomáticos exploran diversas vías en aras de resolver sus disputas antes de accionar la vía judicial. Más cerca de nosotros, notemos que Honduras y El Salvador, cuya “guerra del fútbol” en 1969 propició una grave crisis, dio lugar al acuerdo de Lima (Perú) en 1980, y a la presentación de un compromiso conjunto ante la CIJ en 1986, resuelto por la CIJ en su fallo de 1992; o que la denuncia en 1980 por parte de Nicaragua de un tratado de delimitación con Colombia suscrito en 1928, originó una crisis que se resolvió con el fallo de la CIJ del 2012, ante la demanda presentada por Nicaragua contra Colombia en el 2001. Con relación a esta última controversia, es probable que muchos en Colombia lamenten (en silencio) el hecho que durante el período 1980-2001 no se hubiesen entablado negociaciones bilaterales con Nicaragua para delimitar la frontera marítima en el Mar Caribe.
Algunos intereses existentes en ambos océanos
Más allá del punto de saber qué fué lo que impidió a Costa Rica esperar que primeramente la CIJ resolviera dos asuntos pendientes ante la CIJ en el 2014 para proponer a Nicaragua entablar negociaciones sobre los límites marítimos, es de notar que la inexistencia de un acuerdo en la materia propició roces y notas de protestas.
Como es sabido el fenómeno del «Domo Térmico» se ubica a varias millas náuticas de las costas de Costa Rica y de Nicaragua en el Pacífico, y constituye un recurso único en materia pesquera (véase documento elaborado al respecto por la ONG Mar Viva y juego de mapas sobre su evolución). Por otro lado, Nicaragua desde varios años busca proceder a la prospección en materia de hidrocarburos en ambas costas. La edición de un mapa en Nicaragua en el 2012 sobre bloques ofrecidos en sus mares para la exploración de hidrocarburos (similar a otro publicado en el 2003) dió lugar a una nota formal de protesta de Costa Rica enviada a finales de julio del 2013 (véase nuestra nota al respecto publicada en CRHoy).
Mapas oficiales en busca de descuidos
La edición, por parte de Nicaragua, de mapas oficiales cuyas líneas se acercan a las costas de Costa Rica forma parte de las técnicas que tiene un Estado para intentar formalizar sus pretensiones en una zona. Un mapa editado en el 2002 dió lugar a una nota de protesta en el 2002 por parte de Costa Rica. Un mapa similar editado en el 2012 dió lugar a una nueva protesta por parte de Costa Rica en julio del 2013. En el artículo precitado publicado en CRHoy nos permitimos precisar lo que a menudo enseñamos a nuestros estudiantes a la hora de abordar la teoría del acto jurídico unilateral en derecho internacional público:
«Es importante señalar que un acto unilateral de un Estado susceptible de afectar derechos de otro Estado y que no de lugar a una protesta puede ser entendido por el contrincante como una aceptación tácita de su reclamo (y el día de mañana, entendido de la misma manera por un tercero llamado a zanjar una controversia entre ambos contendores). Cualquier inconsistencia en el tiempo (por simple descuido o negligencia) puede complicar singularmente la posición defendida. De ahí la labor imperiosa de los Estados de vigilar constantemente cualquier manifestación unilateral como lo pueden ser mapas oficiales editados por otros Estados (o que tengan alguna relación con entidades públicas estatales) susceptibles de abarcar áreas sobre las que pretenden tener derechos y manifestarse formalmente al respecto si es del caso. Ello se da usualmente cuando se trata de territorios fronterizos ubicados en zonas remotas mal demarcadas, poco accesibles, o bien cuando hay controversias territoriales irresueltas«.
Mapa editado por Nicaragua en el 2012 adjuntado a un brochure sobre concesión de bloques en materia de exploración de hidrocarburos destinado a empresas privadas.
Nótese que en junio del 2015, Costa Rica anunció que notificó a la empresa noruega Statoil de su litigio con Nicaragua y su oposición al otorgamiento de concesiones por parte de Nicaragua a esta empresa petrolera: al revisar la ubicación exacta de los bloques concesionados por Nicaragua en el Pacífico a Statoil (véase bloques en azul celeste en esta nota), surge la pregunta de saber cuál regla aplicable en derecho del mar le pemitiría a Costa Rica pretender ejercer su soberanía en esa zona. El clima de confrontación con Nicaragua, que ha caracterizado la administración (2010-2014) y (2014-2018) en Costa Rica, no permitió reconocer que Nicaragua tuvo el cuido de retirarse de la zona en litigio al otorgar en concesión estos bloques a Statoil en el 2015.
La decisión de la CIJ o el arte de satisfacer a dos Estados
El texto integral de la decisión de la CIJ como tal está disponible en francés y en inglés. Se recomienda su lectura integral, la cual permite apreciar mejor los alcances de esta decisión, que no siempre se deja ver en medios de prensa, editoriales y en declaraciones oficiales.
Un juego de mapas insertados en la misma decisión permite visualizar las pretensiones de los Estados y la línea determinada finalmente por la CIJ después de revisar cuidadosamente los alegatos de ambos Estados. Estos mapas ayudarían a los medios de prensa a informar de manera más precisa y a tomar distancia con declaraciones oficiales siempre incompletas y un tanto sesgadas.
-a) Con relación a la carpa militar de Nicaragua:
En su sentencia, la CIJ ordena a Nicaragua desmantelar su campamento, al considerar que está ubicado en territorio costarricense. En la página 33 figura el mapa del último sector de la frontera terrestre, en el que destaca que el punto terminal se ubica a varios kilometros de la Laguna de Portillos y de la franja de arena que se forma frente a ella. La CIJ rechaza la ubicación propuesta de Nicaragua del punto de inicio de la frontera en Punta Castilla (véase figura con la pretensión de ambos sobre la ubicación del punto inicial de la frontera marítima en página 37). El mapa elaborado por la CIJ de la página 33 indica que la Laguna de Portillos (denominada «Harbour Head» en Nicaragua) y la playa que la protege de la erosión marina constituyen un verdadero enclave de soberanía nicaragüense en el territorio costarricense. No se registra precedente alguno de una decisión de la CIJ estableciendo enclaves de un Estado en el territorio de otro Estado, y desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores sobre el punto de saber si esta es (o no) la primera vez en su historia que la CIJ procede de esta manera.
En su opinión disidente (véase texto) el juez ad hoc de Nicaragua se expresa en contra de este insólito resultado y de la negativa de la CIJ a reconocer efectos marítimos a este playón, cuyo acceso por mar es negado a Nicaragua. En su declaración la jueza Xue (China) también advierte de la «desconexión» de este enclave con el territorio de Nicaragua (véase texto). De igual forma se expresa la jueza Sebutinde de Uganda (véase texto de su declaración), el juez Gevorgian (Rusia) en su declaración (véase texto), así como el juez Tomka de Eslovaquia en la parte final de su declaración (véase texto).
-b) Con relación a la delimitación marítima:
En la página 68 de la sentencia figura el mapa de la frontera marítima fijada en el Mar Caribe, y en la página 93 figura el mapa de la frontera en el Océano Pacífico, ambos reproducidos en los párrafos siguientes. ¿Cómo llega el juez internacional a determinar estas dos líneas divisorias? Es lo que pretenderemos explicar de forma muy breve en las líneas que siguen.
El juez internacional: un juez que procura calmar los ánimos
Pese a un sector de la prensa tentado por usar los verbos «ganar» (en un caso) y «perder» (en el caso del contrincante) en sus titulares, la lectura pormenorizada del fallo permite ponderar afirmaciones de unos y otros, ampliadas por repetidoras locales y redes de difusión. En ese sentido, la puesta a disposición del texto de la sentencia por parte de la CIJ en tiempo casi real debiera ser utilizado de mejor manera por parte de algunos medios de prensa y analistas.
De manera a entender qué se concedió por parte del juez a ambos Estados con relación a sus respectivas pretensiones, el mapa de la página 68 debe ser comparado con el mapa de la página 35 que ilustra las pretensiones de ambos Estados en el Caribe. De igual forma, las líneas pretendidas por ambos Estados en el Océano Pácifico que figuran en el mapa de la página 70 deben ser comparadas a la línea finalmente adoptada por la CIJ (página 93). Esta comparación es muy sencilla de realizar y permite ponderar y matizar afirmaciones de unos y otros. Sorprende que ningún medio informativo haya tenido la iniciativa de elaborar una figura con estas líneas a la hora de graficar sus artículos sobre este tema.
El razonamiento utilizado por el juez de La Haya
El razonamiento de la CIJ consiste en estudiar los alegatos de ambos Estados para luego recurrir al criterio de la línea equidistante y revisar si circunstancias especiales justifican (o no) realizar ajustes a esta primera línea obtenida. Para cada una de las dos costas, la CIJ procede primero a establecer la línea en el Mar Territorial, para luego proyectarla en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), asegurándose que los criterios técnicos vigentes en derecho del mar aplican. Nótese que tanto Costa Rica como Nicaragua son parte a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (ver estado oficial de firmas y ratificaciones en el que figuran los Estados de América Latina, con excepción de Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela).
En el Océano Pacífico, la CIJ rechaza la solicitud de Nicaragua de considerar que la peninsula de Santa Elena distorsiona significativamente la línea equidistance en la delimitación del Mar Territorial (párrafo 174). No así con relación a la delimitación de un espacio mucho más extenso como la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde sí reconoce ese efecto distorsionante (párrafos 193-194), procediendo a ajustar la línea. En el Mar Caribe, procede a rechazar el argumento de Nicaragua de la concavidad de la costa, pero acepta que las Islas de Corn Islands justifiquen ajustar la línea (lo cual era objetado por Costa Rica): les reconoce pleno efecto a la hora de determinar la línea equidistante preliminar (párrafo 140) y les reconoce medio efecto a la hora de delimitar la ZEE (párrafo 154).
Mapa de la frontera marítima en el Océano Pacífico que figura en la página 93 de la sentencia de la CIJ.
Desde el punto de vista general, la línea en el Océano Pacífico toma la dirección Noroeste para, a pocas millas náuticas, inclinarse paulatinamente en dirección Suroeste, mientras que en el Caribe, la línea fijada mantiene una dirección Norte y luego se inclina a una dirección Sur para finalmente terminar en una dirección Este levemente inclinada. Cabe notar que, en sus alegatos ante los jueces de la CIJ, Nicaragua descartó la pretensión de una línea horizontal en el Caribe (véase línea azul del mapa de la página 35): esta línea horizontal en el Caribe apareció en mapas editados en un documento oficial para concesionar bloques en materia de hidrocarburos, publicado en el 2003 y nuevamente en el 2012, que originó la demanda de Costa Rica el 25 de febrero del 2014 ante la CIJ.
En el Pacífico, Nicaragua logra imprimir a la línea que delimita la Zona Económica Exclusiva un efecto similar al logrado en el Caribe contra Honduras en el 2007 (véase mapa de la página 761 a comparar con líneas pretendidas por ambos que figuran en la página 686 del fallo de la CIJ del 2007 entre Nicaragua y Honduras).
Mapa de la frontera en el Mar Caribe que figura en la página 68 de la sentencia de la CIJ.
A modo de conclusión: el canto de las sirenas del San Juan
Es de notar que mañaneras sirenas cantando victoria se dejaron oír en ambas orillas del río del San Juan con relación a este fallo (véase textos de los comunicados de prensa circulados por ambos Estados), señal inequívoca que confirma nuevamente el sutil balance y equilibrio que el juez internacional logra plasmar magistralmente en sus decisiones.
Tratándose del primer espacio de tiempo que se abre sin ningún litigio pendiente de resolución entre ambos ribereños del San Juan desde el año 2010, la ocasión que brinda el juez internacional es propicia y debería ser aprovechada por ambos Estados, protagonistas de un espectáculo nunca visto: cuatro demandas presentadas en La Haya en seis años y dos meses (de las cuales tres presentadas por Costa Rica).
Tuvimos la oportunidad de poner en contexto este inusitado espectáculo internacional y remitimos a nuestro estimable lector a nuestro artículo titulado «Una corte, dos Estados, tres controversias«, publicado en Debate Global.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
