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Etiqueta: Niñez y Adolescencia

Conversatorio: Estado de cumplimiento del derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes en Costa Rica

El próximo lunes 9 de diciembre de 2024, se llevará a cabo el conversatorio titulado «Estado de cumplimiento del derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes en Costa Rica». Este evento es organizado por el Programa Observatorio de la Educación, la Cátedra de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y la Red de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

El panel contará con la participación de reconocidos expertos en educación y derechos humanos:

-M.S.c. Luis Muñoz Varela , Instituto de Investigación en Educación (INIE-UCR).
-M.L. Estefanía Calderón Sánchez , Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
-M.S.c. Ricardo Martínez Brenes , Oficial Nacional de Educación, Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia.

Moderación
La moderadora será la Dra. Susanne Müller-Using , investigadora del INIE.

Detalles del evento
-Fecha : Lunes 9 de diciembre de 2024
Hora : 10:00 am
Modalidad : Virtual a través de la plataforma Zoom
ID de reunión : 881 7876 1730
Código de acceso : 836263

Más información
Correo: inie@ucr.ac.cr  
Teléfono: 2511-1412Este conversatorio es una oportunidad única para conocer el estado actual del derecho a la educación en Costa Rica, con un análisis profundo desde distintas perspectivas académicas y prácticas.

Pronunciamiento conjunto de organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento de Valientes de Latinoamérica

#VenimosValientes Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes en #CostaRica

Lunes 05 de agosto del 2024. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una crisis alarmante en toda América Latina. En Costa Rica, la situación es particularmente preocupante. Los casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes han incrementado significativamente y de forma constante en los últimos años. Según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, pasamos de 6078 denuncias por delitos sexuales contra personas menores de edad en el 2020, a 6703 en el 2023. Los delitos incluyen seducción de personas menores de edad por medios electrónicos, relaciones sexuales con menores de edad y abuso sexual a menores de edad. Además, en el 2022, de un total de 2044 casos por delitos sexuales contra la niñez y adolescencia que lograron ser llevados a Tribunales, sólo el 47% de los casos alcanzaron una sentencia condenatoria. Esta realidad no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas sobrevivientes, sino que también tiene un impacto duradero en su salud física y mental.

Nos encontramos en un momento crucial en el que debemos actuar con firmeza y determinación para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual. La falta de políticas eficaces y la deficiente implementación de las existentes, han permitido que esta problemática continúe creciendo. Es nuestra responsabilidad colectiva como sociedad y como Estado garantizar el bienestar, dignidad y la seguridad en la niñez y adolescencia. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, con el apoyo del Movimiento de Valientes de Latinoamérica emitimos este pronunciamiento con las siguientes demandas, denuncias públicas y exigencias:

  1. Declaratoria de Interés Público y Nacional del 9 de Agosto:

– Exigimos que el 9 de agosto, Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual Padecida en la Infancia y/o Adolescencia, sea declarado de interés público y nacional en Costa Rica. Este día debe servir para visibilizar la problemática, promover la reflexión y para impulsar acciones concretas que busquen erradicar la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes.

  1. Imprescriptibilidad de los Delitos de Violencia Sexual y Derecho al Tiempo:

– Las personas sobrevivientes deben tener el derecho de denunciar los delitos de violencia sexual en cualquier momento de sus vidas, sin que estos delitos prescriban. Dada la complejidad emocional y psicológica de la violencia sexual, muchas personas no pueden denunciar de inmediato. La imprescriptibilidad garantiza que el paso del tiempo no borre la posibilidad de obtener justicia.

  1. Prevención desde lo Local a lo Nacional:

– Hacemos un llamado urgente a los gobiernos locales para que emitan declaratorias que les posicionen como “Cantones libres de violencia sexual”, y que destinen recursos para crear espacios comunitarios de sensibilización y prevención, que involucren a infancias, adolescentes y sus familias.

  1. Acompañamiento Psicológico y Médico Integral:

– Consideramos que el Estado debe garantizar un abordaje integral de apoyo psicológico y médico a las personas sobrevivientes, asegurando un proceso de recuperación y reparación desde la empatía y el respeto. Para ello es urgente la articulación entre organizaciones públicas y de la sociedad civil para gestionar el acompañamiento integral necesario.

  1. Responsabilidad Institucional y Social:

– Denunciamos inacción y negligencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio Público, Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, en el cumplimiento de sus deberes de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Denunciamos también la tendencia del actual gobierno de recortar y condicionar los presupuestos destinados a la protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y adolescentes. Exigimos medidas inmediatas para fortalecer la institucionalidad pública que debería velar por el desarrollo pleno y digno de los planes de vida de todas las personas por igual.

  1. Comunicación sensible, empática y transformadora:

– Exigimos a los medios de comunicación masivos un abordaje respetuoso y empático de la violencia sexual contra menores, tratándola como el problema estructural que es. Es fundamental que los medios denuncien la responsabilidad del Estado, la cultura patriarcal y de los agresores, en lugar de revictimizar a las personas sobrevivientes. 

Además, desde los principios del derecho humano a la comunicación, y cómo organizaciones de la sociedad civil consideramos necesaria la redistribución del espectro radioeléctrico para que resuenen las voces de las y los sobrevivientes y organizaciones aliadas en los medios de comunicación. Solo mediante la representatividad democrática en los medios, la sociedad civil tendrá la posibilidad de abordar el tema con responsabilidad ética, compromiso social, veracidad y sensibilidad, promoviendo una narrativa que apoye la justicia y la reparación, y no perpetúe el dolor y la vulnerabilidad de quienes han sufrido estas atrocidades.

  1. Atención prioritaria a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes indígenas:

– El 9 de agosto, además de conmemorar el Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia, es también el Día de los Pueblos Originarios. Por ello, hoy también exigimos un compromiso real y una atención prioritaria del Estado en la protección de los derechos de la niñez indígena. 

En Costa Rica, los pueblos originarios han sido históricamente violentados debido al racismo sistemático. En estos territorios se encuentran los niveles más altos de pobreza, desigualdad, violencia sexual, embarazo infantil y adolescente, y discriminación, siendo las niñas y juventudes indígenas las más afectadas por la violación de sus derechos.

Este año, el Gobierno de Costa Rica excluyó a la población indígena menor de edad de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, lo que representa una flagrante violación de sus derechos y una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad en territorios indígenas, sus inquietudes y aspiraciones. Denunciamos que ésta omisión del gobierno incumple con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  1. Lucha Contra la Complicidad Clerical y Patriarcal:

– Denunciamos la complicidad clerical y la reproducción del patriarcado en las instituciones religiosas como factores que perpetúan la violencia sexual. Requerimos acciones concretas para erradicar estas formas de complicidad y violencia estructural dentro de los espacios religiosos.

Hacemos un llamado urgente a la institucionalidad pública y a la sociedad civil para que se unan a éste movimiento de Valientes para erradicar la violencia sexual y construir un futuro seguro y digno para todas las niñas, niños y adolescentes.

¡Venimos Valientes! #VenimosValientes

FIRMAN:

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil:

Nataly Segura Molina – Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Daniela Salas Monge – Me Pasó en la UCR / FECOU

Génesis R. Cruz – Cofundadora del Movimiento de Valientes de Latinoamérica y Presidenta de Voces Nuestras

Lilliana León Zúñiga – Fundadora de la Asociación Voces Nuestras

Fresia Camacho Rojas – Fundadora de Asociación Voces Nuestras

Roger Chaves G – Voces Nuestras

Hana Figueroa – Asociación Niñas Sabias

Dahia – Maestra Certificada de Niñas Sabias

David Contreras Mora – Partido Frente Amplio

Efrain José – Bloquesocioculturalartisticocañero

Colectiva Feminista Las Guetas

Defensa de Niñas y Niños Internacional, Costa Rica.

Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade)

Colectiva Guanadefensoras

María Clareth Calderón Monge – Despacho Diputada Sofía Guillén

Paula Siles Iong – Detrás del Arcoiris

Jennifer Hernández Durán – Representante ante el consejo de Asociaciones estudiantiles de la carrera de Orientación en la UNA

Michelle Méndez – AsoDet

Erika Gutiérrez Solís – UNED

Tirza Mabeth Chinchilla Mora – Universidad Nacional de Costa Rica

Karen Marín Argüello – Alternativa (partido político estudiantil en la UCR)

Yariela Vanesa Jiménez Vargas – ASODET

Amanda Carvajal Umaña – Junta directiva de Trabajo Social

Leiver Julian Zambrano Guaca – Universidad de los Andes

Natalia Solís Rojas – Frente Nacional de Lucha

Olman Bolaños Vargas – DEI

Mariangel – Fundación Miguel Marin Valenciano

Chris Sanabria – Integra Partido Federativo UCR

Jona Leitón González – Integra

Ariana Solis Gonzalez – Partido Integra de la UCR

Artemisa Villalta Cortés – Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica

(FEUCR) Emma Leon – MePasóEnLaUNA

Cayshe Maroto Sánchez – Participo en el desarrollo, indígena Boruca 

Luana – Frente Feminista de la Juventud del Frente Amplio

Defensores/as de Derechos Humanos Independientes:

Heidy Valencia Espinoza

Graciela Mora Padilla

Andrea Cordero Vargas

Diana Calvo Monge

Milena Grillo

Josselyn Granados Villalobos

Daniela Brenes

Cristhiam Álvarez Rosales

Dalila Pérez Chavarría

Kristel Fabiola Valverde Jara

¿Por qué debe preocuparnos la pobreza en niñez y adolescencia? Parte 1

José Francisco Pacheco Jiménez
Investigador Proyecto OES, Escuela de Economía de la UNA

El estudio de las implicaciones de la pobreza en menores de edad es un tema ampliamente investigado a nivel mundial porque no es lo mismo experimentar privación material en los primeros años de vida que vivirla en años posteriores. La pobreza en niños, niñas y adolescentes (NNA) tiene matices que afectan hoy y seguirán afectando por muchas décadas el bienestar de las personas afectadas, la convivencia social y hasta el crecimiento económico.

Si bien vivir en situación de pobreza es malo para cualquier persona, lo cierto es que aquella experimentada por los NNA se distingue de la privación material en otros grupos por las implicaciones de largo plazo. En primer lugar, porque las necesidades de las personas menores de edad son distintas a aquellas de las personas adultas siendo algunos bienes y servicios más relevantes en las primeras etapas de la vida. Segundo, los efectos adversos de la pobreza infantil son mucho más fuertes por cuanto afectan el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional generando secuelas el resto de su vida, especialmente si dicha pobreza se vive en los primeros 3 años. Esto se debe a que la privación material se asocia a problemas de desnutrición, bajo acceso a recursos para el aprendizaje y problemas de salud, todo lo cual redunda en rezagos cognitivos que persistirán por muchas décadas. Entre otros, las investigaciones han mostrado que, en caso de pobreza durante la niñez, existe mayor posibilidad de padecer enfermedades crónicas, depresión y problemas cognitivos y de crecimiento cerebral ante limitado acceso a alimentos. Además, el vínculo entre pobreza durante la niñez y adolescencia y el desempeño laboral es igualmente relevante con efectos observados en menor cantidad de horas laboradas y menores ingresos reportados cuando la persona se incorpora al mercado de trabajo.

En vista de lo anterior, posicionar el debate en torno a la pobreza de la niñez y adolescencia en Costa Rica es una tarea sobre la sociedad en la que viviremos en 20 o 30 años, urgiendo de esta forma a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a solventar hoy para evitar males mayores el día de mañana.

Al menos tres preocupaciones surgen a mano. Primero, la pobreza aumenta en todos sus niveles. Segundo, el futuro no ofrece una perspectiva mejor y eso podría significar que múltiples generaciones vean truncadas sus aspiraciones a una mejor calidad de vida al limitar su situación de pobreza el acceso a mejores condiciones educativas, sanitarias, nutricionales y laborales. Tercero, si bien el país posee una institucionalidad amplia en materia de niñez y adolescencia, las limitantes presupuestarias y los problemas de gestión generan dudas sobre su capacidad para apoyar una reversión en las tendencias adversas. Este artículo corresponde a una primera reflexión sobre las perspectivas socioeconómicas de la niñez y adolescencia en Costa Rica, enfocándose para ello en la primera de las preocupaciones antes mencionadas. En una segunda entrega se anotará la respuesta que, como país, hemos venido dando a las grandes necesidades de esta población y se reflexionará sobre las posibilidades de revertir la tendencia en el corto y mediano plazos.

Al hacer un rápido repaso de las tendencias en materia de pobreza monetaria, es notorio el progresivo deterioro de las condiciones de vida de nuestra población menor de edad. Entre el 2018 y el 2023, la tasa de pobreza creció del 33.5% al 39.2% ubicándolo como el grupo poblacional con mayor nivel de privación material. Esto significa que en nuestro país viven unos 470 mil NNA que residen en hogares a quienes el ingreso no les alcanza para comprar la Canasta Básica. Más aún, uno de cada ocho menores (unas 145 mil personas) habita con familias cuyos recursos no permiten comprar suficiente alimento. Las familias con NNA tienen una tasa de pobreza que es el doble de aquellas sin menores de edad (31.7% versus 16.6%).

Los números agrupados esconden una verdad: no todos los NNA experimentan la pobreza por igual. A nivel regional, un 55% de las personas menores de la Huetar Caribe urbana y la mitad de los NNA en Brunca viven en hogares con ingreso insuficiente para hacerle frente a sus necesidades básicas. Esta situación contrasta con la región Central, lugar en donde uno de cada tres infantes y adolescentes es pobre. Otros grupos en condición de amplia vulnerabilidad son las niñas (40.7%) y los NNA de familias migrantes (46.4%). Llama la atención que la incidencia de pobreza es mucho mayor cuanto menor la edad de la persona. Así, mientras el 43% del grupo 0-3 años vive en pobreza, en aquel entre 15 y 17 años ese porcentaje baja al 34%. Este detalle debería ser de enorme preocupación pública porque justo las débiles condiciones materiales durante la primera infancia suelen afectar con más fuerza el desarrollo físico y mental de los infantes que cuando la pobreza aparece en edades posteriores.

La pobreza por ingresos insuficientes no es la única condición que nos debe preocupar sobre este tema. Además de vivir en hogares con limitados recursos monetarios, muchos menores viven sin acceso a bienes y servicios que son necesarios para asegurar mejores condiciones de vida hoy pero también para elevar su desarrollo humano en las próximas décadas. Este tipo de pobreza, usualmente denominada multidimensional, permite observar las carencias que experimentan las personas u hogares en temas como salud, educación, cuido, acceso a servicios básicos y empleo.

En total, un 27% de los NNA son multidimensionalmente pobres, es decir, en su vida cotidiana enfrentan al menos cuatro carencias básicas sea en educación, vivienda de calidad, acceso a Internet, salud o cobertura con protección social. En otras palabras, 328 mil menores de edad viven con serias limitaciones en esos ámbitos. Más aún, los números indican que 227 mil menores son doblemente pobres: ni acceden a servicios claves ni en su hogar hay suficiente ingreso para comprar la Canasta Básica. De este grupo, 87 mil son menores que viven en extrema pobreza siendo altamente alarmante la sobrerrepresentación de las dos regiones Huetar. La Huetar Caribe tiene al 11% de la población NNA pero al 18% de los menores con doble condición de pobreza multidimensional y pobreza extrema. La Huetar Norte presentan un panorama aún peor: tiene el 10% de los NNA a nivel nacional, pero al 21% de los menores con los peores indicadores de pobreza.

Al hurgar dentro de las condiciones que caracterizan la pobreza multidimensional, los siguientes resultados emergen:

  1. Casi el 8% de nuestra niñez y adolescencia experimenta rezago educativo, tasa que se eleva al 12% entre aquellos menores que viven en familias en pobreza.
  2. El 17% de los NNA viven en hacinamiento; 28% en menores en pobreza.
  3. Los menores en pobreza tienen 4 veces menos acceso a Internet que aquellos que no son pobres.
  4. Aproximadamente 1 de 6 menores vive en residencias con problemas de infraestructura, pero este porcentaje se eleva al 27.5% si se consideran los NNA en pobreza.

En términos globales, nuestra niñez y adolescencia vive en peores condiciones que el resto de la población. Según se comentó previamente, la pobreza, en cualquiera de sus manifestaciones, es más dañina para estas personas que para otros grupos poblacionales por cuanto afecta su desarrollo integral, secuelas que se mantienen con los años y afectan tanto su propio bienestar individual o familiar como el potencial del país como un todo (a través, por ejemplo, de una menor productividad). A este punto, surgen interrogantes sobre la respuesta del país a estos desafíos socioeconómicos así como la posibilidad real de revertir estas tendencias perversas para cambiar las condiciones de vida de nuestros NNA. Algunos de estos aspectos serán parte de una segunda entrega.

Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional

Heredia, Costa Rica; 29 de enero de 2024

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

EL ABORDAJE DEL TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LAS MUNICIPALIDADES ES TODAVÍA INSUFICIENTE

Existe abundante y reciente evidencia científica que señala que, dentro del conjunto de políticas públicas de desarrollo humano existentes, las más eficaces y potentes para promoverlo, son las de niñez y adolescencia. Sin embargo, lamentablemente, estas suelen estar ausentes en la discusión de las prioridades municipales de cara a las elecciones del próximo domingo 4 de febrero, en las cuales Costa Rica elegirá a sus representantes cantonales por los próximos cuatro años.

La Comisión de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional (UNA), en el contexto de las elecciones municipales, manifiesta a la opinión pública su preocupación por la falta de consideración del tema de niñez y adolescencia como una prioridad municipal y como base del desarrollo humano y social cantonal.

El Código Municipal, en su artículo 4, inciso H, dicta que es una responsabilidad de los municipios la promoción del “desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población”, lo cual implica, necesariamente, a las personas menores de edad, muchas veces invisibles en las discusiones del desarrollo cantonal.

En una consulta realizada por esta Comisión en 2023 sobre el tema de niñez y adolescencia en la agenda municipal, se logró obtener respuesta de 41 ayuntamientos. Seguidamente se presentan algunos de sus principales hallazgos.

Principales líneas temáticas en niñez y adolescencia que desarrollan las municipalidades en la actualidad

Dentro de las principales líneas temáticas que las municipalidades consultadas desarrollan en niñez y adolescencia, se encuentra las siguientes:

Lúdica: promoción del arte, música, recreación, deporte, juego, entre otros.

Educación: fortalecimiento y apoyo complementario, por medio de acciones tales como becas, capacitaciones, apoyo en infraestructura, entre otros.

Salud y ambiente: promoción de estilos de vida saludables, salud integral, espacios físicos de convivencia saludable y actividades de promoción de la salud integral.

Prevención de la violencia: actividades de sensibilización y capacitación a diferentes sectores, trabajo con organizaciones comunales.

Derechos y responsabilidades: promoción del conocimiento de estos, mediante campañas informativas.

Participación: motivación de la participación de niños, niñas y adolescentes en diversos aspectos de la vida del cantón.

Coordinación interinstitucional: involucramiento municipal en redes, proyectos, programas, sistemas intersectoriales, entre otros, de niñez y adolescencia, que requieren la presencia y colaboración del gobierno local.

Desarrollo humano, social y económico: apoyo a las familias de niños, niñas y adolescentes, para brindarles mayores oportunidades y bienestar.

Desarrollo de capacidades: capacitaciones en destrezas y habilidades de las personas del cantón, incluyendo a las personas menores de edad, en aspectos como habilidades blandas, habilidades para la vida, habilidades cognitivas, entre otras.

Alternativas de cuido: construyendo, equipando y apoyando a los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI).

Apoyo en otros temas específicos, relativos a la prevención de drogas, equidad de género y diversidad humana, trabajo infantil, discapacidad, salud mental, infraestructura cantonal y espacios públicos, seguridad ciudadana, prevención del embarazo adolescente, que también involucran directamente a las personas menores de edad.

Principales retos de cooperación en el ámbito de niñez y adolescencia

Las municipalidades son entes cogestores y articuladores del desarrollo cantonal, de modo que deben trabajar en conjunto con otras instituciones y sectores. Al respecto, algunos de los mayores retos señalados fueron:

Falta de recursos económicos, humanos, materiales, de conocimiento especializado, entre otros.

Las alianzas con otras instancias fuera de la municipalidad son complejas, pues hay poco personal especializado y este debe distribuirse entre múltiples instancias para poder estar y dar la atención debida en todos los espacios cantonales de coordinación de esfuerzos.

Dificultad para mantener en el tiempo proyectos innovadores, especialmente en atención a niñas, niños y adolescentes.

Poca capacitación y sensibilización en temas de niñez y adolescencia del personal municipal y de la comunidad.

Falta de definición, diseño e implementación de políticas cantonales de niñez y adolescencia.

Segmentación de la población en términos geográficos, donde las zonas más cercanas al municipio generalmente reciben más recursos y oportunidades con respecto a las comunidades más alejadas y dispersas del cantón.

Debilidad de procesos participativos reales que favorezcan el involucramiento de las y los adolescentes, niñas y niños, en la toma de decisiones y en la vida del cantón.

Poca importancia dada a las temáticas de niñez y adolescencia dentro de la agenda cantonal.

Organización interna de las municipalidades con respecto a la atención de la niñez y la adolescencia

Las municipalidades pueden aportar más al desarrollo de la niñez y la adolescencia de sus cantones. Una de las formas de hacerlo es creando su propia Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, un instrumento estratégico para organizar su accionar y recursos en relación con los principales problemas que aquejan a la población menor de edad en su territorio. También, pueden decidir crear una oficina o departamento con personal especializado en niñez y adolescencia, el cual estaría a cargo de implementar la anterior Política Cantonal y dar cuentas de su cumplimiento.

Del total de 41 municipalidades que respondieron nuestra consulta, solamente 16 tienen su respectiva Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, y únicamente seis cuentan con una oficina o departamento especializado. Aunado a lo anterior, se consultó si los municipios tienen personal contratado y dedicado exclusivamente a las personas menores de edad, al respecto encontramos que solo cinco de los cantones consultados cuentan con este recurso humano.

De acuerdo con la anterior información, es claro que, en el campo de niñez y adolescencia, hay mucho camino por recorrer por parte de las municipalidades, a fin de incorporar de lleno a la niñez y a la adolescencia en el quehacer propio del gobierno local y, lo más importante, en su visión estratégica del desarrollo humano y social en su territorio, no para crear duplicidad de funciones con otras instituciones, sino para complementar su trabajo, habida cuenta de que no hay inversión más inteligente en desarrollo humano que la que se hace en la población menor de edad, ni mayor error que dejar de hacerla.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.

Igualdad, salud sexual, y derecho a la participación son clave para desarrollo de niñez y adolescencia

Académicos del Ineina expusieron los principales resultados de las investigaciones relacionadas en temas de igualdad de género, acceso a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la participación.

Como parte de la Plataforma para el diálogo social, desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe, que impulsa el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), para los próximos años, se organizó del 17 al 21 de julio enManizales, Colombia ,la V Bienal Latinoamericana y Caribeña en primeras infancias, niñeces y juventudes, donde participaron Rolando Barrantes Pereira, Luis Diego Conejo Bolaños, y Miroslava Bonilla Cabañas, del Instituto de Estudios en la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).

Los participantes presentaron investigaciones relacionadas con el derecho a la participación de escolares, el mejoramiento de los derechos en la salud sexual y reproductiva de adolescentes en la zona norte de Costa Rica y la promoción de la igualdad de género.

El ejercicio de la participación ciudadana, cita Barrantes, es esencial para la vida democrática en diversos ámbitos como el familiar, comunitario y educativo. Para el investigador, la sociedad históricamente ha ignorado la capacidad de las personas menores para expresar sus opiniones en asuntos que les afectan directamente, lo que limita sus derechos.

Con el fin de promover la participación ciudadana entre los menores, se llevó a cabo desde el Ineina la actividad: Promoviendo la participación ciudadana en personas menores de edad en una escuela primaria de Santo Domingo de Heredia, donde se realizó un sondeo para evaluar el conocimiento sobre la participación ciudadana, con los resultados obtenidos, se desarrollaron talleres lúdicos abordando el tema en tres dimensiones: personal, política y social.

Dentro de las conclusiones se menciona el que los participantes pudieran reconocer sus características físicas y cualidades personales, así como aquellos elementos que los unían o diferenciaban de sus compañeros de clase como elementos fundamentales para el respeto.

“Adicionalmente se pudo explorar el constructor de comunidad y los elementos que debe tener la misma para ser un lugar agradable, pacífico y respetuoso de los derechos de niños y niñas. Finalmente se trabajó sobre los derechos y la democracia como pilares de la participación”, citó Barrantes.

Acceso

Por su parte Conejo junto a Marilyn León González, realizó un trabajo colaborativo con grupos locales de jóvenes, padres, madres y la sociedad civil para mejorar la demanda y oferta de servicios de los derechos a la salud sexual y reproductiva (DSSR), planificación familiar y anticonceptivos, y educación sexual y afectiva.

“El proyecto logró capacitar a 510 jóvenes y adolescentes en temas de habilidades para la vida, prevención de la violencia y DSSR. Más de siete mil personas de la zona norte participaron de las campañas informativas en colegios de secundaria y e capacitó a 165 padres, madres y encargados de familia en temas de crianza, proyecto de vida, afectividad y sexualidad de las personas adolescentes para dar un acompañamiento idóneo al desarrollo integral de los jóvenes”, detalló Conejo.

Promover la igualdad de género desde la infancia es fundamental para el desarrollo completo de niñas y niños, contribuyendo a una sociedad justa y equitativa. Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló desde el Ineina, una actividad académica, con niños y niñas de una escuela primaria de San Rafael de Heredia.

La actividad comenzó con la evaluación de los conocimientos previos sobre igualdad de género, lo que llevó al diseño de 10 talleres lúdicos abordando temas como roles de género, tareas cotidianas, deconstrucción de estereotipos y derechos infantiles.

De acuerdo con Bonilla, las conclusiones indicaron que, aunque hubo avances en áreas como la corresponsabilidad y la desmitificación de roles de género en deportes y profesiones, aún persisten normas sociales que afectan el comportamiento de niñas y niños. Por ejemplo, ciertos cuidados y expresiones siguen siendo asignados según el género, perpetuando desigualdades y discriminación.

Estos resultados admiten reflexionar, de que las niñas y los niños evidencian de que se les educa y socializa de forma diferente dependiendo de su género; el resultado es una desigualdad social en la que las niñas llevan la peor parte, porque va en contra de sus derechos humanos, llevándoles a situaciones de discriminación y subordinación.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR: Son necesarias una mayor atención y medidas urgentes en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica

Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).

Pronunciamiento de la UCR

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.

El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.

Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.

Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.

Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).

También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.

Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica – Carta Abierta

Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.

CARTA ABIERTA

Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica

Señoras y señores

Diputadas y diputados

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)

Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)

Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)

Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)

Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)

Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia

Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos

Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios

Estimadas señoras y señores:

Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.

Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.

Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:

  • El número de becas del Programa Avancemos para personas menores de edad en situación de pobreza, se redujo en 113.739 becas, pasando de 387.739 en 2022 a 274.000 para el año 2023 (El Observador, 5 de junio del 2023, ver: https://observador.cr/gobierno-recorto-113-000-becas-de-avancemos-y-7-000-cupos-en-la-red-de-cuido-durante-el-ultimo-ano/). Este recorte convierte el 2023 en el año con menos población atendida del último quinquenio.
  • En cuanto a los cupos en las diferentes modalidades de la Red de Cuido y Desarrollo Integral (REDCUDI), estos disminuyeron en 7.370 cupos, pasando de 72.077 en el 2022 a 64.707 en 2023 (El Observador, 5 de junio del 2023; ver: (https://observador.cr/gobierno-recorto-113-000-becas-de-avancemos-y-7-000-cupos-en-la-red-de-cuido-durante-el-ultimo-ano/). Esto para todas las modalidades en las que se prestan servicios de cuidados.
  • Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
  • Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
  • El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
  • En esta misma línea, señalamos el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda que propone, para el segundo presupuesto extraordinario 2023, el traslado de ¢3.200 millones del Ministerio de Educación Pública para atender asuntos de seguridad ciudadana, amenazando, entre otras cosas, las partidas presupuestarias vinculadas al subsidio del transporte estudiantil para este periodo (Semanario Universidad, 5 de junio del 2023; ver: https://semanariouniversidad.com/pais/hacienda-propone-recortar-%c2%a21-900-millones-de-transporte-estudiantil-del-mep-para-financiar-seguridad-ciudadana/).

Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.

Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).

En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:

  • Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
  • Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
  • En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
  1. las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
  2. los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
  • Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.

En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional

De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.

Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.

Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.

¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!

Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.

  1. /

Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República

Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia

Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda

Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación

Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social

Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora

Medios de Comunicación

i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.

ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu

iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.

v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04

vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486

vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.

x Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2

 

Compartido con SURCOS por Laura Vargas.

FEUNA rechaza posible recorte de presupuesto al Ministerio de Cultura y Juventud

Comunicado de prensa

  • Recortar 4 mil millones puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del MCJ.

Sin ningún tipo de sorpresa, días atrás se anunció el probable recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para el próximo año, siendo un empujón más a la propuesta de recorte que planteó directamente este mismo ministerio el año anterior. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) se mantiene una posición en contra de esta posible medida.

“Es importante recordar que este ministerio es el que tiene más órganos desconcentrados, que realiza una labor de atención directa a través de sus programas y proyectos a poblaciones de zonas vulnerables como Agua Zarcas, Pococí, Garabito, Santa Cruz. Además, sus proyectos permiten atender a la niñez, adolescencia de zonas en las que el riesgo a la inseguridad y delincuencia son parte del cotidiano y que es por medio del arte y la cultura que se atiende de manera integral a estas poblaciones”, indicó la federación.

Para la FEUNA, este recorte significa:

  1. Para el Parque de la Libertad: amenaza la continuidad de programas de formación para el empleo (CETAV), emprendimiento, STEAM, reforzamiento escolar, alfabetización digital, prevención de la violencia, habilidades para la vida y desarrollo socioemocional. Se corre el riesgo de un cierre total al Parque de la Libertad.
  2. Recorte a los fondos SOS Socio culturales que afecta directamente: gestores culturales, organizaciones y asociaciones comunitarias.
  3. Al Teatro Melico Salazar un recorte que afecta a: la Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro, Programa Proartes.
  4. Una afectación al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica lo cual afecta al fondo para el fomento Audiovisual y cinematográfico “El Fauno”.
  5. Todas sus actividades centrales (mantenimiento, alquiler, pago de servicios, insumos, telecomunicaciones, informática…)
  6. Reduce el presupuesto destinado a las diferentes becas (Becas Taller, Puntos de Cultura, proyectos recibidos en las diferentes convocatorias), investigación y conservación de patrimonio, promoción de las artes, producción artística y cultural.
  7. Se añaden también diferentes reducciones como en los fondos a los procesos en diferentes comunidades; afectaciones al 50% en la atención de los espectáculos asociados al PND y la misión del TNCR, sin capacidad en contratos a directores, gremio de teatro, danza y música, diseño de vestuarios, escenografía y utilería, cierre del programa “Érase una vez”.
  8. La no participación del MCJ en la Feria del Libro dejaría sin trabajo a más de 300 personas. Vulnerabilidad a los Centros Cívicos por la Paz y la labor en Casas y Centros de cultura.
  9. Cierre total de la Orquesta Sinfónica Nacional, Museo de los Niños, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y más…
  10. Desaparece el proyecto “Teatro en el Aula” con más de 15.000 estudiantes beneficiados, desaparece el Festival Nacional de Danza y el Encuentro Nacional de Teatro con más de 25 agrupaciones y más de 200 personas beneficiarias.
  11. Cierre de operaciones del archivo nacional.
  12. Los montajes de la Compañía Nacional de Teatro, Danza y sus actividades docentes con más de 350 talleres que incluyen 3723 estudiantes dentro y fuera de la GAM.

Estas son algunas de las afectaciones de este recorte, lo planteado puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del Ministerio.

Al aprobarse este recorte, el Ministerio de Cultura y Juventud queda sin la capacidad de ejecución, sin margen de acción, cierres técnicos, más de 500 personas sin empleo al no realizarse festivales y despidos en asistencia en las áreas técnicas y mantenimiento, más de 18.000 estudiantes perderán el contacto con la cultura y el arte.

“Esta propuesta de recorte es totalmente inaceptable, irresponsable e incoherente a la realidad país en donde el arte y la cultura ocupan un papel fundamental en la reactivación de la economía, reducción de la inseguridad, formación, gestión en comunidades, acceso a derechos humanos fundamentales como la educación, el ocio, la libertad de expresión, salud mental y una vida digna”, manifestó Clareth Calderón, secretaría general FEUNA.

La FEUNA convoca este miércoles 17 de mayo a las 4:30 p.m. a manifestarnos en la Plaza de la Cultura para que este gobierno no avance con su propuesta neoliberal de recortes.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad nacional, a las personas artistas, trabajadoras de la cultura, a colectivos independientes, a todas aquellas personas que se han visto alguna vez permeadas por el arte a unirse, a levantar la voz y evidenciar los intereses del actual gobierno”, concluyó Calderón.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

INEINA-UNA: Urge cambiar normas culturales permisivas que facilitan relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad

Ante el caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA) emitió un pronunciamiento en el que destaca la urgencia de que en el país se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas mayores y menores de edad, las cuales son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel.

“Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien”, subraya el pronunciamiento del INEINA-UNA, instituto que ha hecho importantes aportes para atender las problemáticas de las relaciones impropias y del embarazo adolescente en el país.

En el documento, el INEINA-UNA asegura que Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo:

  1. a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población.
  2. b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad.
  3. c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA.
  4. d) Aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.

A continuación, el pronunciamiento completo del INEINA-UNA:

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional frente al caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, desea aportar algunas consideraciones para análisis:

– Es urgente que en Costa Rica se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad. Es importante destacar que estas relaciones son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel. Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien.

– El embarazo adolescente es una problemática compleja por sus diversas implicaciones, frecuentemente la adolescente madre ve truncado o significativamente perjudicado su proceso de desarrollo humano a una edad en que el organismo y la madurez mental son insuficientes para enfrentar el muy demandante proceso de gestación y crianza. Además, con frecuencia, los padres no asumen su corresponsabilidad de cuido, crianza y manutención. Si la madre adolescente sale del sistema educativo antes de finalizar alguna forma de educación terciaria (técnica o universitaria), tendrá menos posibilidades de encontrar empleo formal y esto disminuirá sus ingresos.

– El INEINA de la UNA ha hecho aportes para atender estas problemáticas de la realidad costarricense. Por ejemplo:

  • Desde el 2018 el INEINA tiene un proyecto de extensión llamado “Redescubriendo a la persona en la adolescente madre” que trabaja interinstitucionalmente para el desarrollo integral, la promoción y garantía de sus derechos.
  • En el 2021 el INEINA produjo evidencia de que los programas de educación familiar en el contexto costarricense para la crianza positiva muestran capacidad para reducir significativamente el uso del castigo físico y aumentar la satisfacción de las figuras parentales con su rol de crianza.
  • El INEINA por medio de la investigación ha demostrado que Costa Rica requiere fortalecer su Sistema Nacional de Protección Integral, (SNPI) dadas las carencias y vacíos que le impiden ejercer sus funciones interinstitucionales a cabalidad. Pese a que se elaboró una propuesta para fortalecer el SNPI que ha sido reconocida por diversos sectores y que ha sido presentada en dos ocasiones en administraciones anteriores a la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, no han surgido cambios en el quehacer del SNPI. En este sentido, es importante trascender las acciones aisladas y promover reformas de fondo orientadas a la gestión de políticas públicas basadas en evidencia científica que promuevan la protección de las niñas, niños y adolescentes.
  • El INEINA ha colaborado con Visión Mundial en un proyecto de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes en la Zona Norte del 2020 a la fecha, desde el cual se han capacitado a personas de 12 a 19 años en temas como el abuso sexual, las relaciones impropias, el derecho a una vida sexual sin violencia y a la responsabilidad en materia de salud reproductiva.

Es preocupante que Costa Rica se encuentre sin una Política Nacional de Niñez y Adolescencia vigente, pues la última tuvo su vigencia de 2009 a 2021, lo cual implica una falta de rumbo estratégico para esta población en general, así como en materia de protección de derechos en particular. Esta política nacional debe definir las prioridades, objetivos específicos, metas y procesos de implementación que permitan aclarar el camino y avanzar en la protección de los derechos de todas las personas menores de edad, especialmente de las más vulnerables. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) no ha sesionado como corresponde, lo cual desatiende el accionar social y la articulación interinstitucional e intersectorial.

Pronunciamiento:

Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual el INEINA solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo: a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población, b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad, c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA, d) aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.

Las tragedias como esta nos recuerdan que debilitar la inversión social y la educación, solamente traerá perjuicios y resultados negativos a las familias, y nos pronunciamos vehementemente por una atención integral de estas problemáticas. Nos ponemos a disposición para apoyar en esta importante tarea.

Firma responsable:

M.A. Roxana Rodríguez Araya – directora INEINA

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen: UNA