Delitos sexuales contra menores crecen mientras la institucionalidad se debilita

El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020, según cifras del Poder Judicial citadas, en un estudio que lleva por nombre La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país. La investigación fue elaborada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA) y por el programa Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y la Adolescencias (PRIDENA-UCR). El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó la investigación al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para analizar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.

El informe advierte que estos datos judiciales no permiten vincular directamente los casos con explotación sexual comercial, pero sí evidencian un aumento sostenido de la violencia sexual contra personas menores de edad en el país. En contraste, los registros especializados del PANI reportan cifras mucho menores: 13 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Puntarenas entre 2023 y 2024, cinco en Garabito y dos por año en Corredores durante 2019 y 2020.

El documento incluye un relato de una mujer que fue víctima de explotación durante su niñez y adolescencia. Según el testimonio, el abuso comenzó dentro de su propio hogar y, años más tarde, su pareja la trasladó de Nicaragua a Costa Rica bajo el engaño, la sometió a trabajo forzoso sin remuneración en labores domésticas y agrícolas en Puntarenas, y le impidió salir del país mediante amenazas. Su hermana, que vivía en Costa Rica, le brindó ayuda para escapar; posteriormente, el PANI y una organización no gubernamental le dieron estadía hasta que cumplió 18 años.

Los investigadores atribuyen esta brecha a fallas en la clasificación de las denuncias. Una funcionaria del PANI consultada para el estudio señaló: “por lo que hemos visto, sabemos que hay un vacío muy grande en cuanto a conocimiento del delito”. Según el informe, muchos casos de explotación sexual comercial ingresan bajo otras categorías, como negligencia de cuido o relaciones impropias, y la clasificación inicial no se corrige, aunque la investigación posterior confirme explotación sexual.

El estudio también documentó un debilitamiento de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), principal ente de coordinación interinstitucional sobre el tema. Su membresía bajó de 66 a entre 20 y 30 integrantes, debido a la falta de poder de convocatoria y al desinterés institucional, según una fuente entrevistada.

Los expertos identificaron pobreza, flujos migratorios, informalidad laboral y presencia de crimen organizado como principales factores estructurales de riesgo en los tres cantones analizados. En Garabito predomina el turismo sexual asociado con la actividad hotelera de Jacó; en Puntarenas influye el ingreso de cruceros por la actividad portuaria; y en Corredores contribuye el tránsito migratorio por la frontera sur.

Rolando Barrantes Pereira, investigador de la UNA, resumió los hallazgos del estudio. “Dentro de los principales hallazgos de esta investigación destaca que existen grandes vulnerabilidades territoriales, una gran dispersión y subestimación de datos, deficiencias de gobernanza, trabajo interinstitucional y factores de riesgo como la pobreza extrema, la migración, el turismo sexual y el uso de plataformas digitales que pueden contribuir a exacerbar este flagelo”.

El informe recomienda crear un sistema de registro unificado de personas menores de edad, amparado en la ley de protección de datos, y dotar de mayores recursos humanos y financieros a la CONACOES. Los autores sugieren además que el PANI revise sus mecanismos de clasificación de denuncias para reflejar con exactitud los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes detectados durante las investigaciones administrativas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica