Académicos del Ineina expusieron los principales resultados de las investigaciones relacionadas en temas de igualdad de género, acceso a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la participación.
Como parte de la Plataforma para el diálogo social, desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe, que impulsa el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), para los próximos años, se organizó del 17 al 21 de julio enManizales, Colombia ,la V Bienal Latinoamericana y Caribeña en primeras infancias, niñeces y juventudes, donde participaron Rolando Barrantes Pereira, Luis Diego Conejo Bolaños, y Miroslava Bonilla Cabañas, del Instituto de Estudios en la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).
Los participantes presentaron investigaciones relacionadas con el derecho a la participación de escolares, el mejoramiento de los derechos en la salud sexual y reproductiva de adolescentes en la zona norte de Costa Rica y la promoción de la igualdad de género.
El ejercicio de la participación ciudadana, cita Barrantes, es esencial para la vida democrática en diversos ámbitos como el familiar, comunitario y educativo. Para el investigador, la sociedad históricamente ha ignorado la capacidad de las personas menores para expresar sus opiniones en asuntos que les afectan directamente, lo que limita sus derechos.
Con el fin de promover la participación ciudadana entre los menores, se llevó a cabo desde el Ineina la actividad: Promoviendo la participación ciudadana en personas menores de edad en una escuela primaria de Santo Domingo de Heredia, donde se realizó un sondeo para evaluar el conocimiento sobre la participación ciudadana, con los resultados obtenidos, se desarrollaron talleres lúdicos abordando el tema en tres dimensiones: personal, política y social.
Dentro de las conclusiones se menciona el que los participantes pudieran reconocer sus características físicas y cualidades personales, así como aquellos elementos que los unían o diferenciaban de sus compañeros de clase como elementos fundamentales para el respeto.
“Adicionalmente se pudo explorar el constructor de comunidad y los elementos que debe tener la misma para ser un lugar agradable, pacífico y respetuoso de los derechos de niños y niñas. Finalmente se trabajó sobre los derechos y la democracia como pilares de la participación”, citó Barrantes.
Acceso
Por su parte Conejo junto a Marilyn León González, realizó un trabajo colaborativo con grupos locales de jóvenes, padres, madres y la sociedad civil para mejorar la demanda y oferta de servicios de los derechos a la salud sexual y reproductiva (DSSR), planificación familiar y anticonceptivos, y educación sexual y afectiva.
“El proyecto logró capacitar a 510 jóvenes y adolescentes en temas de habilidades para la vida, prevención de la violencia y DSSR. Más de siete mil personas de la zona norte participaron de las campañas informativas en colegios de secundaria y e capacitó a 165 padres, madres y encargados de familia en temas de crianza, proyecto de vida, afectividad y sexualidad de las personas adolescentes para dar un acompañamiento idóneo al desarrollo integral de los jóvenes”, detalló Conejo.
Promover la igualdad de género desde la infancia es fundamental para el desarrollo completo de niñas y niños, contribuyendo a una sociedad justa y equitativa. Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló desde el Ineina, una actividad académica, con niños y niñas de una escuela primaria de San Rafael de Heredia.
La actividad comenzó con la evaluación de los conocimientos previos sobre igualdad de género, lo que llevó al diseño de 10 talleres lúdicos abordando temas como roles de género, tareas cotidianas, deconstrucción de estereotipos y derechos infantiles.
De acuerdo con Bonilla, las conclusiones indicaron que, aunque hubo avances en áreas como la corresponsabilidad y la desmitificación de roles de género en deportes y profesiones, aún persisten normas sociales que afectan el comportamiento de niñas y niños. Por ejemplo, ciertos cuidados y expresiones siguen siendo asignados según el género, perpetuando desigualdades y discriminación.
Estos resultados admiten reflexionar, de que las niñas y los niños evidencian de que se les educa y socializa de forma diferente dependiendo de su género; el resultado es una desigualdad social en la que las niñas llevan la peor parte, porque va en contra de sus derechos humanos, llevándoles a situaciones de discriminación y subordinación.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).
Pronunciamiento de la UCR
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.
El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.
Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.
Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.
Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).
También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.
Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:
Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.
CARTA ABIERTA
Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica
Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)
Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)
Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)
Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)
Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios
Estimadas señoras y señores:
Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.
Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:
Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.
Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).
En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:
Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.
En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional
De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.
Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.
¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!
Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.
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Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República
Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda
Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación
Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social
Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora
Medios de Comunicación
i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu
iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.
v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04
vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486
vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.
xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2
Recortar 4 mil millones puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del MCJ.
Sin ningún tipo de sorpresa, días atrás se anunció el probable recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para el próximo año, siendo un empujón más a la propuesta de recorte que planteó directamente este mismo ministerio el año anterior. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) se mantiene una posición en contra de esta posible medida.
“Es importante recordar que este ministerio es el que tiene más órganos desconcentrados, que realiza una labor de atención directa a través de sus programas y proyectos a poblaciones de zonas vulnerables como Agua Zarcas, Pococí, Garabito, Santa Cruz. Además, sus proyectos permiten atender a la niñez, adolescencia de zonas en las que el riesgo a la inseguridad y delincuencia son parte del cotidiano y que es por medio del arte y la cultura que se atiende de manera integral a estas poblaciones”, indicó la federación.
Para la FEUNA, este recorte significa:
Para el Parque de la Libertad: amenaza la continuidad de programas de formación para el empleo (CETAV), emprendimiento, STEAM, reforzamiento escolar, alfabetización digital, prevención de la violencia, habilidades para la vida y desarrollo socioemocional. Se corre el riesgo de un cierre total al Parque de la Libertad.
Recorte a los fondos SOS Socio culturales que afecta directamente: gestores culturales, organizaciones y asociaciones comunitarias.
Al Teatro Melico Salazar un recorte que afecta a: la Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro, Programa Proartes.
Una afectación al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica lo cual afecta al fondo para el fomento Audiovisual y cinematográfico “El Fauno”.
Todas sus actividades centrales (mantenimiento, alquiler, pago de servicios, insumos, telecomunicaciones, informática…)
Reduce el presupuesto destinado a las diferentes becas (Becas Taller, Puntos de Cultura, proyectos recibidos en las diferentes convocatorias), investigación y conservación de patrimonio, promoción de las artes, producción artística y cultural.
Se añaden también diferentes reducciones como en los fondos a los procesos en diferentes comunidades; afectaciones al 50% en la atención de los espectáculos asociados al PND y la misión del TNCR, sin capacidad en contratos a directores, gremio de teatro, danza y música, diseño de vestuarios, escenografía y utilería, cierre del programa “Érase una vez”.
La no participación del MCJ en la Feria del Libro dejaría sin trabajo a más de 300 personas. Vulnerabilidad a los Centros Cívicos por la Paz y la labor en Casas y Centros de cultura.
Cierre total de la Orquesta Sinfónica Nacional, Museo de los Niños, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y más…
Desaparece el proyecto “Teatro en el Aula” con más de 15.000 estudiantes beneficiados, desaparece el Festival Nacional de Danza y el Encuentro Nacional de Teatro con más de 25 agrupaciones y más de 200 personas beneficiarias.
Cierre de operaciones del archivo nacional.
Los montajes de la Compañía Nacional de Teatro, Danza y sus actividades docentes con más de 350 talleres que incluyen 3723 estudiantes dentro y fuera de la GAM.
Estas son algunas de las afectaciones de este recorte, lo planteado puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del Ministerio.
Al aprobarse este recorte, el Ministerio de Cultura y Juventud queda sin la capacidad de ejecución, sin margen de acción, cierres técnicos, más de 500 personas sin empleo al no realizarse festivales y despidos en asistencia en las áreas técnicas y mantenimiento, más de 18.000 estudiantes perderán el contacto con la cultura y el arte.
“Esta propuesta de recorte es totalmente inaceptable, irresponsable e incoherente a la realidad país en donde el arte y la cultura ocupan un papel fundamental en la reactivación de la economía, reducción de la inseguridad, formación, gestión en comunidades, acceso a derechos humanos fundamentales como la educación, el ocio, la libertad de expresión, salud mental y una vida digna”, manifestó Clareth Calderón, secretaría general FEUNA.
La FEUNA convoca este miércoles 17 de mayo a las 4:30 p.m. a manifestarnos en la Plaza de la Cultura para que este gobierno no avance con su propuesta neoliberal de recortes.
“Hacemos un llamado a toda la comunidad nacional, a las personas artistas, trabajadoras de la cultura, a colectivos independientes, a todas aquellas personas que se han visto alguna vez permeadas por el arte a unirse, a levantar la voz y evidenciar los intereses del actual gobierno”, concluyó Calderón.
Ante el caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA) emitió un pronunciamiento en el que destaca la urgencia de que en el país se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas mayores y menores de edad, las cuales son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel.
“Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien”, subraya el pronunciamiento del INEINA-UNA, instituto que ha hecho importantes aportes para atender las problemáticas de las relaciones impropias y del embarazo adolescente en el país.
En el documento, el INEINA-UNA asegura que Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo:
a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población.
b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad.
c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA.
d) Aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.
A continuación, el pronunciamiento completo del INEINA-UNA:
El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional frente al caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, desea aportar algunas consideraciones para análisis:
– Es urgente que en Costa Rica se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad. Es importante destacar que estas relaciones son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel. Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien.
– El embarazo adolescente es una problemática compleja por sus diversas implicaciones, frecuentemente la adolescente madre ve truncado o significativamente perjudicado su proceso de desarrollo humano a una edad en que el organismo y la madurez mental son insuficientes para enfrentar el muy demandante proceso de gestación y crianza. Además, con frecuencia, los padres no asumen su corresponsabilidad de cuido, crianza y manutención. Si la madre adolescente sale del sistema educativo antes de finalizar alguna forma de educación terciaria (técnica o universitaria), tendrá menos posibilidades de encontrar empleo formal y esto disminuirá sus ingresos.
– El INEINA de la UNA ha hecho aportes para atender estas problemáticas de la realidad costarricense. Por ejemplo:
Desde el 2018 el INEINA tiene un proyecto de extensión llamado “Redescubriendo a la persona en la adolescente madre” que trabaja interinstitucionalmente para el desarrollo integral, la promoción y garantía de sus derechos.
En el 2021 el INEINA produjo evidencia de que los programas de educación familiar en el contexto costarricense para la crianza positiva muestran capacidad para reducir significativamente el uso del castigo físico y aumentar la satisfacción de las figuras parentales con su rol de crianza.
El INEINA por medio de la investigación ha demostrado que Costa Rica requiere fortalecer su Sistema Nacional de Protección Integral, (SNPI) dadas las carencias y vacíos que le impiden ejercer sus funciones interinstitucionales a cabalidad. Pese a que se elaboró una propuesta para fortalecer el SNPI que ha sido reconocida por diversos sectores y que ha sido presentada en dos ocasiones en administraciones anteriores a la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, no han surgido cambios en el quehacer del SNPI. En este sentido, es importante trascender las acciones aisladas y promover reformas de fondo orientadas a la gestión de políticas públicas basadas en evidencia científica que promuevan la protección de las niñas, niños y adolescentes.
El INEINA ha colaborado con Visión Mundial en un proyecto de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes en la Zona Norte del 2020 a la fecha, desde el cual se han capacitado a personas de 12 a 19 años en temas como el abuso sexual, las relaciones impropias, el derecho a una vida sexual sin violencia y a la responsabilidad en materia de salud reproductiva.
Es preocupante que Costa Rica se encuentre sin una Política Nacional de Niñez y Adolescencia vigente, pues la última tuvo su vigencia de 2009 a 2021, lo cual implica una falta de rumbo estratégico para esta población en general, así como en materia de protección de derechos en particular. Esta política nacional debe definir las prioridades, objetivos específicos, metas y procesos de implementación que permitan aclarar el camino y avanzar en la protección de los derechos de todas las personas menores de edad, especialmente de las más vulnerables. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) no ha sesionado como corresponde, lo cual desatiende el accionar social y la articulación interinstitucional e intersectorial.
Pronunciamiento:
Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual el INEINA solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo: a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población, b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad, c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA, d) aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.
Las tragedias como esta nos recuerdan que debilitar la inversión social y la educación, solamente traerá perjuicios y resultados negativos a las familias, y nos pronunciamos vehementemente por una atención integral de estas problemáticas. Nos ponemos a disposición para apoyar en esta importante tarea.
La conmemoración del Día del Niño de la Calle este 12 de abril pasado no sólo trajo como tema el hecho de que los menores de edad estén, bajo condiciones deplorables, teniendo una vida llena de inseguridad, incertidumbre y expuestos a todos los peligros que la calle y el ambiente de soledad y además la criminalidad que inunda el ambiente, sino que también, surgieron denuncias y manifestaciones sobre hechos que suceden todos los días a vista y paciencia de todos, incluidas autoridades.
Llevamos muchos meses de observar cómo muchos niños son expuestos a todo tipo de peligros. Todos hemos visto en esquinas en las vías públicas a muchos adultos, parejas, o solo hombres o solo mujeres con niños y niñas, solicitándonos dinero y desde luego la excusa “el gancho” y el llamar a la lastima es la exposición que se hace de niños y niñas, eso es absolutamente contrario a los derechos de los niños.
Independiente de la nacionalidad de quienes lo hagan e independientemente de las razones que puedan estar viviendo, lo cierto del caso es que los niños y niñas no son responsables de eso y no deben de exponerse a situaciones de peligro como ahora se hace. Incluso, hay manifestaciones sobre el hecho de que se “alquilan” niños y niñas para utilizarlos en esa pretensión de obtener ayudas económicas, moviendo a la lástima especialmente por la situación de eso niños y niñas.
El Patronato Nacional de la Infancia no debería permitir este tipo de actuaciones y deben de impedir que se utilicen a los niños, aunque sean hijos de quienes están en esas actividades, insistir en que ellos no son responsables para exponerse a esas situaciones.
Las autoridades del gobierno deben tomar acciones inmediatas y máxime con las situaciones que se han denunciado en contra de la niñez y la adolescencia en cuanto a violaciones y a abandonos de los menores. Las decisiones deben tomarse ya, para mañana será demasiado tarde y quienes no actúen serán responsables de lo que les suceda a esos menores.
Dios quiera que las autoridades responsables tomen acciones inmediatamente y logren sacar a esos menores de edad de esos ambientes y tomar acciones también contra quienes les exponen.
Trastornos de salud mental, comportamientos adictivos y autolesivos
Juan Jaramillo Antillón
Soy un cirujano y un escritor, no domino este campo de la comunicación, la psicología y la psiquiatría, sin embargo, me han inducido a escribir estas notas, los artículos publicados en el mundo y en mi país, por psiquiatras de renombre señalando el aumento de problemas mentales por el uso de celulares.
Está claro que los problemas de salud mental, que de por sí ya eran un serio dilema en muchos países del mundo, se agravaron con las consecuencias negativas emocionales causadas por la pandemia viral de la COVID-19 a millones de seres humanos.
Me impactó que se señale que, en Costa Rica, país con 5.5 millones de habitantes, investigadores universitarios, consideran que, al menos, 1.3 millones de costarricenses quedaron afectados por trastornos como ansiedad y depresión como resultado de la pandemia viral. Por otro lado, existe un claro déficit de psiquiatras a nivel mundial, lo que causa tremendos atrasos en la atención de los enfermos agudos y crónicos que solicitan consulta y con los servicios de emergencia de esa especialidad colapsados en los hospitales que dan este servicio.
Estoy de acuerdo totalmente en que Internet y sus redes sociales han traído muchos avances y beneficios de diferentes tipos al mundo, sin embargo, a la vez están causando serios problemas por la desinformación (fake news) que también traen.
El problema que planteo aquí es la repercusión que tienen las redes sociales o plataformas de Internet como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. y, algunos de sus programas, dada la forma como los presentan, ya que afectan, sobre todo la salud mental de los niños y adolescentes. Se ha señalado que estas inducen a los niños y jóvenes entre 10 y 20 años o más, a volverse adictos a los mismos y a la propaganda que se da ahí de todo tipo.
El problema es tan grave que, en los Estados Unidos, han demandado a los dueños de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, porque sus programas fomentan la adicción de su uso entre las personas menores, ya que los algoritmos son diseñados para atraer a los jóvenes y conducirlos hacia contenidos extremos. Como resultado de eso los estudios se ven afectados por ausentismos y trastornos del aprendizaje y depresiones, ya que contienen mensajes que afectan su autoestima. Esos algoritmos de los programas conducen a los jóvenes trastornos de su salud mental.
La prensa internacional y artículos publicados de especialistas costarricenses señalan que, aparte de volverse adictos, esos programas les generan ansiedad y depresión y pensamientos autolesivos, llegando en algunos casos al suicidio.
Los especialistas saben que los adolescentes son muy vulnerables a la propaganda y a los ejemplos de las plataformas sociales, pues sus cerebros no están totalmente desarrollados y tampoco poseen la educación suficiente para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y lo falso de lo verdadero de lo que ahí se dice. Se ha señalado por ejemplo que un programa de TikTok invitaba a vandalizar la propiedad escolar y a otros problemas. Y es que, en los Estados Unidos, las escuelas y colegios reportan que sus estudiantes sufren ataques de pánico, depresión y otros síntomas que trastornan su asistencia causando gran ausentismo y además, pobre asimilación de los conocimientos que ahí se imparten, con perdida incluso de cursos o años escolares.
En ese país se ha reportado una epidemia de suicidios entre jóvenes de 10 a 24 años, que se agudizó con la pandemia viral de los últimos años y se observó, además, que había relación con las redes sociales. Por otra parte, el 20% de un grupo de jóvenes estudiado, admitía haber tenido pensamientos suicidas, al extremo que la Academia de Pediatría de USA, a finales del año 2021, señaló la existencia de una «epidemia nacional de suicidios», existiendo un componente adictivo que trastorna el comportamiento de los adolescentes. Por esa razón en ese país el gobierno está iniciando los pasos para normatizar la forma de esos programas y su propaganda en las redes sociales en lo que respecta a los niños y adolescentes.
El periódico La Nación de Costa Rica señalaba en abril del 2022, que dos pequeños niños de tan solo seis años se intentaron suicidar intoxicándose con medicamentos que existían en sus casas, la causa desencadenante que los enojó a ambos para tomar esa decisión fue que sus padres les quitaron sus celulares. Se han reportados casos del daño que provoca el abuso de estar viendo las redes sociales, que hay sobre todo niños y adolescentes cuya adicción es tan severa que ameritan tratamiento médico.
El Dr. Alberto Morales, jefe de clínica del adolescente del Hospital Infantil de Costa Rica, señala:
Darle a un niño escolar un celular, y, sobre todo, un teléfono inteligente, es una actitud totalmente irresponsable. Estos y en especial los adolescentes dedican muchas horas del día a su uso y eso debilita la interacción social y el contacto directo entre ellos como personas, pues lo hacen en forma insistente, obsesiva y hasta adictiva, y se pierde la oportunidad desarrollar habilidades de interrelación corrientes y directas con otros jóvenes.
No solo es importante dejar el abuso de los celulares por la interrelación humana, sino también porque es fundamental estar en contacto con la naturaleza, animales y plantas y hacer deportes, todo ello favorece el buen crecimiento y desarrollo físico y psicológico. Por lo señalado el uso de celulares en niños y en adolescentes debe ser limitado a unas pocas horas del día. El problema es que la propaganda y la presión social es tal, que los padres ceden y permiten a los niños el uso de esta tecnología, pues hay quien sostiene que eso ayuda a su educación temprana. Los padres en la actualidad deben educar a los niños y adolescentes en cuanto a que, si les proporcionan celulares, ellos deben tener conciencia de que solo deben usarlo por cierto tiempo y suspender para descansar la mente y cumplir con las responsabilidades que les correspondan, y, nunca usarlos en el desayuno, almuerzo y cena.
Humberto Eco señala:
Las redes sociales dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que, principalmente, hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos, rápidamente era silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio Nobel, por eso creía que las redes sociales habían provocado una invasión de imbéciles opinando sobre lo que no saben.
Es pues, indudable que las redes sociales están alterando y modificando la percepción que teníamos del mundo, y de hacer amistades y buenas relaciones sociales, que, ahora son virtuales y no personales. Albert Einstein decía, «temo por el día en que la tecnología sobrepase a la interacción humana. El mundo solo tendría una generación de idiotas». Cuando vemos a niños y jóvenes e incluso adultos, que en todo momento y lugar están con sus celulares y no conversan, eso parece indicar que ese día ya llegó.
Desde hace algunas décadas, se vienen categorizando a los seres humanos en Generaciones, pero no para fines despectivos o insultantes, sino para que en términos sociológicos se puedan identificar, analizar y relacionar distintos comportamientos de la humanidad actual con sucesos a nivel social, geográficos, religiosos, ideológicos, tecnológicos, gobierno, política y entornos económicos que vivieron o viven las personas durante sus etapas de crecimiento y desarrollo.
Contrario a eso, muchas personas ignorantes, vienen utilizando el término «Generación de Cristal» para llamar de forma despectiva a la Generación Z que son las personas nacidas después del año 2000, y que son nuestro futuro como país y como planeta, sin darse cuenta o sin aceptar, que toda generación tiene una razón de ser y que nace bajo condiciones predefinidas por una generación anterior o anteriores, es decir, que quienes se burlan de la supuesta Generación de Cristal, son responsables de las condiciones que han obligado a esa generación a exigir cambios y ser como son.
Pero no solo por ignorancia existe ese trato despectivo a nuestros jóvenes, sino también para justificar falencias propias y trasladar la responsabilidad de quienes se meten a liderar torpemente un país y encuentran muy fácil justificarse diciendo que «a la generación de cristal no se le puede decir nada».
Que estas palabras vengan de cualquier persona, es entendible desde la ignorancia, pero que vengan de parte de la ministra de Educación Pública de Costa Rica es inaceptable, porque ella está llamada a entender que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país cobijados bajo la educación pública, están si acaso, raspando la olla a un sistema educativo debilitado por acciones irresponsables de este y otros gobiernos. Y muchos de los que se burlan de esta generación, sí pudieron disfrutar de un estado solidario que la corrupción e intereses particulares de generaciones anteriores, tiraron a la basura.
El profesional que lidera la cartera de educación de un país, no puede hablar ligeramente de una generación como generación de cristal para dar a entender que es una generación difícil para establecer límites y valores, primero porque «Generación de Cristal» no existe como termino técnico o científico, además porque es peyorativo, alimenta la discriminación adulto centrista, busca minimizar la opinión de la niñez y la adolescencia (que son sujetos de derechos) y también porque deja de lado la responsabilidad de padres, madres, cuidadores, de criar a los niños y jóvenes y prepararlos para la vida, fortalecer su autoestima, brindarles seguridad, potencializar sus habilidades y competencias, y establecer los límites desde el amor y el diálogo.
Una generación que no tolere más la violencia, el acoso sexual, la contaminación ambiental, las humillaciones, la homofobia, el machismo y el racismo, no es una generación de cristal, es una generación de cambios que incomodan a muchos, especialmente a quienes no quieren que se cuestione algo que está por encima de todo y que es el responsable de muchas de las desigualdades y debilitamiento del Estado y su institucionalidad, y es el sistema económico capitalista vigente, basado en el uso irracional de recursos, en la explotación del hombre por el hombre y el consumismo. Jamás podrá ser una generación igual a otra, no es lo mismo haberse criado sin radio y televisión a haberse criado bajo un entorno tecnológico como en el que vivimos, y ese cuento de que antes era mejor es muy relativo.
Sin embargo, siempre se comete el error de que toda generación, tuvo otra anterior que le criticó, y a los de mí generación, que rompimos muchos paradigmas y constructos sociales de nuestra generación anterior (como históricamente pasa), se nos señaló de rebeldes, satánicos o inadaptados, por ello debemos ser empáticos y entender que somos corresponsables de las condiciones actuales que moldean el futuro de nuestros hijos y nietos, y ni que decir de los Gobierno y políticos improvisadores que elegimos, pues en materia de seguridad, narcotráfico, tecnología, calidad de la educación, becas, infraestructura y medio ambiente, dejan mucho que desear y esto sí impacta en negativo directamente a nuestras nuevas generaciones.
Entonces, ¿Generación de cristal? No, lo que existe es irresponsabilidad en quienes se dejan decir eso a la ligera y supuestamente asumieron un puesto para asegurar un mejor futuro a nuestro país, pero no han sido capaces, en un año, de establecer una ruta clara para la educación costarricense.
Los talleres y espacios socioeducativos aplicados por el PRIDENA, en comunidades vulnerables, tienen el propósito de identificar problemáticas que afectan a las niñas, niños y personas adolescentes, para la implementación de estrategias de mejoramiento y así resguardar los derechos de estas poblaciones. (Fotografía proporcionada por PRIDENA).
Desde hace 20 años, PRIDENA promueve el estudio y el resguardo de los derechos de las personas jóvenes.
El PRIDENA cumple este mes de noviembre 20 años de existencia en la promoción y el resguardo de las poblaciones jóvenes, en apego al Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), con base en la Convención de los Derechos del Niño que data de 1989.
Más que una festividad, la conmemoración de este año pretende hacer hincapié en las líneas de acción que ha implementado el programa, así como proponer un replanteamiento en función de la nueva realidad de la coyuntura nacional e internacional. Desde esta perspectiva se presta atención a situaciones como el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania y los efectos en la salud mental producto de la pandemia, por tratarse de acontecimientos que inciden en las condiciones y los derechos de la niñez y las personas adolescentes.
La coordinadora del PRIDENA, Grace Hernández Rojas, señaló la relevancia que tiene para la academia encaminar esfuerzos hacia los grupos sociales más jóvenes del país, no sólo porque son parte importante de la población costarricense, sino porque existe la necesidad de respetar, dirigir y promover el cumplimiento de sus derechos y garantías.
“Ellas y ellos son el presente de la sociedad costarricense y también a futuro, en ellos y ellas va a estar la responsabilidad y el país como tal. Además forman parte del desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país;y por ende, el asegurar las condiciones y la calidad de ellos y ellas hoy, implica asegurar el cumplimiento de los derechos humanos a futuro”, declaró la académica.
El PRIDENA se acerca a las zonas más vulnerables del país para generar espacios de socialización y educación, que permitan un contacto y atención de las niñas, niños y personas adolescentes en las situaciones de mayor riesgo y desigualdad social. Actualmente, el programa se ha enfocado en las regiones Brunca y Caribe, las cuales corresponde a las zonas del país con mayor afectaciones de salud mental y socioambiental, respectivamente.
La nueva coordinadora del PRIDENA, Grace Hernández Vargas, buscará con su trabajo fortalecer las líneas de acción del programa y garantizar la permanencia en la generación de políticas públicas orientadas a la niñez y las personas adolescente del país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
De acuerdo con Floribeth Salazar Vargas, docente encargada de la aplicación de los espacios socioeducativos del PRIDENA, el trabajo desarrollado en las comunidades, busca la inclusión y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes, mediante un trabajo inmerso directamente en las comunidad más vulnerabilizadas y excluidas socialmente, para potenciar el reconocimiento de sus derechos como sujetos sociales.
“Por medio de un diagnóstico en el Caribe Norte específicamente, se consideró importante trabajar conjuntamente con una área geográfica del corredor biológico del Río Parismina, donde se identificaron una serie de desafíos y problemáticas sociales y ecológicas. Por lo que se trabajó en un taller con un enfoque ecosocial, para conocer el impacto de estas condiciones en la vida de la niñez y las personas adolescentes y de sus familias”, manifestó la investigadora.
“De esta forma vamos conociendo y construyendo en conjunto que otras necesidades afectan a estas poblaciones, además de abordar el tema de la contaminación, la caza de animales o la tala de árboles con esta población en concreto, se descubren otras cuestiones como la violencia intrafamiliar, abusos y violencia dentro de los centro educativos, por lo que vamos viendo con las escuelas y el MEP estrategias de abordaje, en articulación con otras instituciones, con el propósito de promover entretejer las relaciones a nivel comunal” agregó.
La Escuela de Lomas de Camaroncito y el Centro Educativo de Santa María en El Distrito de Río Jiménez de Guácimo, Limón son parte de las instituciones donde el PRIDENA ha implementado estudios y espacios socioeducativos, para conocer necesidades, problemáticas y aplicar líneas o medidas de abordaje institucionales.
“Estos talleres socioeducativos permiten un acercamiento con los niños y niñas y conocer más de cerca las necesidades que estos presentan y, a partir de esto, poder ejecutar un proceso y un proyecto más estructurado, que pueda tener una continuidad en el tiempo y que nos permitan atender todas esas cuestiones que las poblaciones nos van manifestando”, concluyó Salazar.
Después de dos décadas de existencia del PRIDENA, las académicas reconocieron que la iniciativa debe mantenerse vigente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para 2023, así como continuar siendo un aliado estratégico en la generación de políticas públicas que respondan a los cambios sociales y políticos que se suscitan en el país.
Gustavo Martínez Solís Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Demandas de la Comunidad educativa y del Comité del Asentamiento expuestas ante Subsistema de Niñez y Adolescencia, desde el 23 de junio 2020.
SURCOS comparte la siguiente información:
El equipo Interdisciplinario MEP, la Comunidad Educativa de las Escuelas de Atención Prioritaria, Los Jardines, Alberto Manuel Brenes y Comité de Lucha y Bienestar Asentamiento Los Jardines plantean a diferentes instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, AyA y PANI, una propuesta para salvaguardar el subsistema Local de Niñez y Adolescencia en las comunidades de San Ramón de Alajuela.
Está lo que plantea es lograr determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el Asentamiento Los Jardines, que se encuentra ubicado en Caserío Los Jardines, las personas que habitan este lugar se encuentran en condiciones de exclusión social y de riesgo debido a la pandemia del Covid-19.
En el margen de fundamentación de la propuesta se adhiere a los siguientes hechos:
Se conoce la existencia de 41 personas menores de edad.
Dentro de las personas que están en edad escolar, algunos de ellos se encuentran suscritos a instituciones educativas
Se valoriza el riesgo sanitario que corre la población que habita este asentamiento y se ejecutarían medidas alternativas para subsanar el riesgo.
Ahora bien, en ese marco lo que se demanda es:
Determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad (PME).
Que el Ministerio de Salud brinde información detallada sobre el estado de las condiciones sanitarias del asentamiento y de acceso a la salud integral.
DINADECO informe sobre el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando a esta población.
La Municipalidad de San Ramón informe acerca de la posible gestión de estudios, pactados el 17 de marzo del 2020.
Instituciones como el AyA, Fuerza Pública, CCSS, CEN CINAI, MEP, CONAPDIS, IMAS y todas las mencionadas en el documento formal, brinden información detallada sobre los mecanismos de acción y proyectos que se destinan para el asentamiento.
La respuesta por parte de las autoridades, específicamente la Defensoría de los Habitantes fue el oficio N00859-2021-DHR, del 28 de enero del 2021, aborda en términos generales los siguientes puntos:
Presentar la documentación que haga constar que todas esas situaciones que exponemos anteriormente sean verdaderas.
Responder a los siguientes interrogatorios ¿El asentamiento El asentamiento cuenta con fuente pública o servicio de camiones cisterna? ¿Conoce la entidad si existe disputa judicial sobre la legalidad del asentamiento? ¿Cuáles han sido las negociaciones y acuerdos de la instancia que Ud. representa para mitigar los posibles efectos del COVID-19, ante la población menor edad, discapacidad, personas adultas mayores y personas con riesgo de salud?
Adjunto encuentra los documentos oficiales a los que se hizo alusión en la nota:
