1.Vivir para consumir Por motivos laborales he visitado Cuba en cinco oportunidades desde finales de los años 90, eso me ha dado la posibilidad de conocer el país desde una especificidad poco frecuente para el turista común. Así, he convivido con familias cubanas, he practicado la solidaridad latinoamericana, usé las guaguas y camellos, fui al cine, al teatro, a las bajadas de santos, participé en fiestas comunitarias y hasta en una ocasión terminé ejerciendo de padrino de una niña afrodescendiente en una Iglesia Ortodoxa Rusa. Ello me permitió conocer de cerca el sentir cubano, particularmente su cercanía con el proceso revolucionario, sus críticas; y porque no, conocí a quienes también adversaban la revolución casi que a muerte (claro, muchas menos personas que las primeras), buscando hacer maletas para salir de la isla y vivir plenamente el sueño americano. Con justa razón María José lo sintetizaba así en una clase, mientras unos “consumen para vivir, otros viven para consumir”. Vivir para consumir, una máxima del imperio capitalista que dicho sea de paso, tiene al planeta en una situación de crisis ambiental de enormes proporciones.
2. Venderse para sobrevivir Finalizado el espectáculo, las puertas del cabaret en el centro de la Habana se abrieron para todo público. Al rato nos abordó una jinetera (trabajadora sexual), y me tomé el atrevimiento de consultarle por qué ejercía ese trabajo si tenía la libreta que le garantizada la alimentación, y además tenía acceso a educación, salud y vivienda gratis; me contestó que necesitaba comprarse jeans y perfumes. Esa misma pregunta se la hice a una trabajadora sexual colombiana radicada en Panamá: “yo trabajaba en una fábrica de helados, nos despidieron a todas las mujeres, y como no encontré trabajo en Pereira, me tuve que venir a bailar acá pues tengo que alimentar a mis dos hijas y a mi mamá. Hoy está cumpliendo años mi hija mayor, como me gustaría estar con ella celebrándola…”, e inmediatamente se puso a llorar. En América Latina miles de mujeres son empujadas al comercio sexual para garantizar la atención de sus más elementales necesidades; la trata, la violencia y la explotación están intrínsecamente arraigadas en el capitalismo latinoamericano, y bueno, en el capitalismo globalizado para ser justos.
3. Torpedear la dignidad, borrar la identidad La primera visita que hice a Cuba coincidió con el complejo momento del periodo especial. Aún con acceso a “libreta” y a derechos sociales, los indicadores sociales y económicos se habían desplomado; vi escenas desgarradoras de colegas que se llevaban los alimentos de un almuerzo-bufete para llevárselo a sus familias; el bloqueo económico era implacable, pero estimulaba la creatividad, la dignidad y la capacidad crítica para entender que el verdadero responsable de la crisis era el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) y sus insensatas y retrogradas políticas imperialistas. De las cinco visitas, solo en la última ya no estaba Fidel en el poder. El acoso sexual se había extendido por muchos lugares de la Habana, y se había integrado armónicamente con el reguetón, mientras los DJ desconocían qué era el guaguancó, el cha cha cha y el danzón; muchas colegas ni nos atrevimos a preguntar si conocían la “nueva” trova. Violentar la dignidad de un pueblo, llevarles a situaciones de hambre y carestía y encima fracturar o anular su identidad, son estrategias que EUA ha ensayado en nuestros países para consolidar su hegemonía.
4. Seis décadas de guerra sostenida El triunfo de la Revolución Cubana fue y sigue siendo una bofetada imperdonable para una buena parte del establishment de los Estados Unidos de América y sus acólitos distribuidos por todo el planeta. Perder a Cuba en el contexto de la guerra fría, prácticamente fue instalar el conflicto geopolítico en casa; y si a eso le sumamos la construcción de un modelo económico socialista en oposición al capitalismo imperante en América Latina, la afrenta no solo era mayor, sino que obligaba a pulverizarla dado el riesgo de contagio en el resto de la región, la que dicho sea de paso, históricamente ha sido entendida como el patio trasero del imperio. En más de seis décadas de revolución, Cuba ha experimentado diferentes agresiones por parte de EUA en nombre de la democracia y los derechos humanos. Desde los múltiples e ilegales intentos de asesinar a Fidel Castro, la invasión en bahía de Cochinos, ataques químicos, atentados contra la aerolínea nacional, bombazos en hoteles, el bloqueo, el embargo y su recrudecimiento, sanciones económicas, la Ley Helms-Burton, y un arsenal inhumano de medidas que no solo han atentado contra el gobierno, sino también contra los derechos de millones de habitantes. Todas, de una u otra forma han terminado en un absoluto fracaso y en el consecuente fortalecimiento de la dignidad nacional; de ahí que las medidas que impulso el gobierno de Obama recurrieron a una suerte de deshielo pero sin perder de vista la direccionalidad política por “recuperar” a Cuba.
La nueva intentona imperial -orquestada aprovechando la crisis de la pandemia- por resolver de una vez por todas el “problema cubano”, fracasó tan estrepitosamente como la invasión orquestada por la CIA en 1961. En muy pocos días el gobierno cubano no solo logró desmovilizarla, sino que identificó y visibilizó con lujo de detalles la estrategia a la cual recurrieron diferentes actores -tanto dentro como fuera de la isla- para sembrar el caos, la desesperanza, la violencia y la transición forzada. La gran novedad y que a su vez se erige como una amenaza para toda nuestra América Latina, es que el gobierno norteamericano y sus contratistas recurrieron a lo que se denomina guerra de cuarta generación, esto es la utilización planificada de redes informáticas, ingeniería social, noticias falsas y de compañías tecnológicas para instalar, programar y controlar tendencias de pensamiento favorables a una determinada posición política, en este caso, manipular y movilizar a cientos o miles de personas con la intención de materializar un golpe de Estado.
Fracasada la intentona, es lógico esperar que EUA no cesará en sus esfuerzos por recuperar Cuba. El contexto político le resulta muy adverso: 29 años consecutivos en que la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncia contra el embargo; China y Rusia en ascenso y adversando la decaída hegemonía de EUA; y un interesante movimiento latinoamericano que plantea refundar las relaciones políticas entre los países fuera de la cuestionada e inservible Organización de Estados Americanos.
En este año 2021, son cuatro las sillas vacantes que los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberán encontrar la forma de suplir en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos integrada, como bien se sabe, por siete magistrados (véase composición actual).
En la elección pasada de junio del 2018 el juez mexicano y colombiano fueron reelectos como jueces para el período 2019-2025, al tiempo que fue electo el candidato de Uruguay para el mismo período.
Elecciones puestas en contexto
Los Estados son los que escogen mediante votación, quiénes ocuparán este tipo de puestos (candidaturas de personas a título individual), a diferenciar de otro tipo de candidaturas (candidaturas/país). En el primer caso, la persona escogida una vez en funciones, debe mantener una total independencia con respecto al Estado que la designó.
Mientras que en el segundo caso, el Estado se postula como tal y, una vez escogido, designa a su representante oficial para participar en las sesiones del órgano en el que fue electo: al respecto, tuvimos la oportunidad de analizar la reciente elección de Bolivia, Cuba y México en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Nota 1).
En el caso particular de la elección de jueces del sistema interamericano de derechos humanos, es necesario precisar que si bien la OEA cuenta con 34 Estados miembros, únicamente participan en la votación para escoger a los jueces los 24 Estados que son Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, más conocida como Pacto de San José): por ejemplo Canadá, Estados Unidos, y, desde el 2012 Venezuela (véase breve nota al respecto) hasta el 2019 (Nota 2), así como Trinidad y Tobago (desde 1998) no participan en esta elección.
El estado actual de firmas y ratificaciones, reservas y denuncias a la CADH está disponible en este enlace oficial de la OEA y permite apreciar cuán interamericano es el sistema de protección de los derechos humanos vigente en el hemisferio.
Candidaturas y aparatos diplomáticos
El lograr, para un Estado, reunir votos a favor de su candidato, resulta del intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los departamentos de candidaturas de las direcciones de asuntos multilaterales (o de derechos humanos cuando los hay) de cada uno de los ministerios de relaciones exteriores.
Estos intercambios de votos responden a criterios de oportunidad como parte de una negociación política. Cabe precisar que a menudo este tipo de candidaturas son negociadas por los Estados a cambio de un apoyo por otra candidatura en otra organización internacional.
Estos intercambios de favores no se limitan únicamente a candidaturas de nacionales a título individual, sino que pueden incluir una candidaturas/país: por ejemplo, en el 2005, Costa Rica apoyó a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del candidato de Costa Rica para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase nota de La Nación de octubre del 2005).
Estados que han presentado candidatos para ocupar vacantes en la Corte
Al momento de redactar estas líneas, son seis los Estados que han postulado un (o una) candidato(a) para la contienda de este 2021, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay.
La hoja de vida de la candidata de Argentina se encuentra en este enlace oficial de la OEA, así como la hoja de presentación del candidato de Brasil (véase enlace).
En enero del 2021, Paraguay presentó oficialmente a su candidata (véase nota oficialde su diplomacia del 19/01/2021), seguido unos días después por Panamá que también oficializó la postulación de su candidata (véase nota oficial de su diplomacia del 25/01/2021): es de notar desde ya que nunca en la historia estos dos Estados contaron con un(a) nacional fungiendo como magistrado(a) en la Corte de San José. En el caso de Mesoamérica, Panamá no es el único en esta situación, al compartir esta situación con El Salvador y Guatemala.
Pocos días después, fue Costa Rica quién anunció postular a una candidata (véase comunicado oficial del 27/01/2021), decisión que se tomó oficialmente «tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección«. Costa Rica ha contado en el pasado con integrantes de su nacionalidad en cuatro ocasiones (Nota 3), la última jurista costarricense siendo electa en junio del 2015 (Nota 4).
Unos días después, fue Chile el que anunció la candidatura de una nacional (véase nota oficial del 6/02/2021) y cinco días después, fue Perú el que oficializó la candidatura de un nacional en febrero del 2021 (véase nota oficial de su diplomacia del 11/02/2021). Ambos Estados ya han contado en el pasado con nacionales en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 5). En la región andina, Bolivia es el único Estado en nunca haber tenido a un nacional integrante de la Corte.
Como dato de cierto interés, el pasado 24 de mayo, Bolivia anunció que retiraba la postulación del actual juez ecuatoriano, candidato a su reelección (véase nota de prensa), sin anunciar posteriormente la de un(a) nacional. Es muy posible que el actual juez ecuatoriano (y actual Vice Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) esté por su lado actualmente en busca de un Estado proponente, dado que al parecer sus autoridades nacionales no desean postularlo.
Candidato(a)s a jueces en derechos humanos e idoneidad:
Uno podría suponer que la escogencia de personas llamada a integrar la máxima instancia en derechos humanos en la región sea objeto de una cuidadosa selección, en aras de encontrar a las personas más idóneas, con mayor preparación y compromiso con la causa de los derechos humanos; y que en este proceso de selección, se busque la manera de asociar a organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros especializados en materia de derechos humanos que presenten una terna final de candidatos a los decisores políticos. Nada más alejado de la realidad.
En Panamá, a penas dado a conocer públicamente el nombre de la postulante, se originó una fuerte resistencia y un álgido debate (véase nota de prensa).
En Costa Rica, la regresión de la jurisprudencia de su juez constitucional en materia ambiental en los últimos años se destacó a la hora de analizar la forma con la que su Sala Constitucional complicó innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto foro realizado por la Asociación Americana de Juristas el pasado 4 de junio); a tal punto que un reconocido colectivo ecológico como Bloque Verde pidió, a raiz de extrañas declaraciones oídas durante la presentación de un libro, reconsiderar la postulación de la magistrada presentada por Costa Rica (véase nota publicada en Surcos digital). Por su parte, uno de los sindicatos de empleados públicos pidió también retirar esta candidatura, por otras razones muy distintas a las de Bloque Verde (véase pronunciamiento de la ANEP).
En Paraguay, fue esta vez un colectivo de mújeres el que denunció el inadecuado perfil de la postulada por la diplomacia paraguaya (véase nota de prensa).
Estas (y muchas otras situaciones y cuestionamientos) se podrían evitar si los Estados aceptaran que las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, y los profesionales en derechos humanos fueran asociados en procura de designar a una persona con el perfil idóneo; y que los colectivos de abogados, gremios profesionales, y defensores de los derechos humanos, mediante un concurso abierto y transparente, pudieran participar de lleno a la escogencia de los mejores profesionales en derechos humanos con los que se cuenta.
Es de notar desde ya que muchos de estos profesionales cuentan además con una sólida formación, completada con diplomas obtenidos en el exterior: las universidades norteamericanas, canadienses y europeas gradúan a una gran cantidad de juristas latinoamericanos en materia de derechos humanos en el marco de estudios de posgrado, de doctorado o de postdoctorado, sin que ello aparezca necesariamente en la hoja de vida de los postulados(as) por las autoridades nacionales para llenar una vacante en el tribunal interamericano.
En el 2018, un grupo de expertos internacionales revisó la idoneidad de los candidatos/as propuestos para ocupar las tres sillas vacantes para integrar la jurisdicción interamericana: véase nota y en particular el texto completo del valioso informe elaborado por el panel de expertos y en particular sus recomendaciones finales. Se trata de una primera iniciativa en la dirección correcta, propiciada desde la sociedad civil, y que al parecer para este 2021, no se consideró oportuno revalidar para las cuatro sillas restantes.
En este artículo académico publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en el 2007 se hacía ver que, en el sistema europeo de derechos humanos, el proceso de selección ha dado lugar a la creación de órgano específico dentro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa:
«In the ECtHR, the possibility of appointing a committee in charge of examining the candidatures to the court benches has been enacted. Thus, the Parliamentary Assembly created a permanent76 subcommittee to the Committee on Legal Affairs and Human Rights that is responsible for reviewing state-made nominations. This committee guarantees that the candidates meet the requirements for judges at the ECtHR as set out in the ECHR, examining their curricula vitae and carrying out individual selection interviews with each candidate prior to voting in the Parliamentary Assembly» (p. 209).
Una sentida ausencia
Es de notar desde ya que varios Estados del Caribe anglófono son Estados Partes a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, a diferencia de otras épocas (no tan lejanas), la actual Corte se compone de nacionales de Estados de habla hispana en su totalidad: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. No cuenta con ningún nacional de un Estado del Caribe anglófono del hemisferio americano.
Esta situación persiste desde el 2012: en efecto, durante el período 2007-2012, se pudo contar con la presencia de la jueza Margarette May Macaulay, de Jamaica; durante, el período1995-2006 con la del juez Oliver Jackman, de Barbados; y durante el período 1979-1985, con el juez Huntley Eugene Munroe de Jamaica.
Esta ausencia puede contribuir a reforzar en los diez Estados anglófonos insulares del Caribe, así como en Belice, Guyana y Surinam en el continente, el desinterés de su opinión pública por los órganos interamericanos de derechos humanos: los activistas y las organizaciones de derechos humanos deben enfrentar en su labor diaria este desinterés, ante un sistema regional de protección de los derechos humanos que no pareciera valorar, a la hora de escoger a posibles futuros(as) jueces, los aportes de la cultura jurídica anglosajona.
A modo de conclusión: una nueva contienda diplomática
En nuestra precitada nota sobre las elecciones para ocupar cuatro vacantes en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizadas en el 2015, se indicaba que fue la diplomacia de Ecuador la que obtuvo mejores resultados en esta votación, al tiempo que Uruguay, los peores: «el candidato de Ecuador logró 22 votos, la candidata de Costa Rica 20 votos, el candidato de Argentina 18 votos. Con 20 votos el actual juez chileno fue reelecto, quedando fuera de la contienda (y de la Corte) el candidato del Uruguay, con tan solo 9 votos» (Nota 6).
En junio del 2018, México obtuvo los mejores resultados y Bolivia los peores, al tiempo que Uruguay mejoró sustancialmente su marca anterior: para tres vacantes, el juez mexicano (reelección) obtuvo 21 votos, el colombiano (reelección) 20 votos, y el candidato de Uruguay reunió 16 votos; al tiempo que la candidata de Bolivia no resultó electa, con tan solo 7 votos a su favor (véase nota de prensa).
Con seis candidaturas para cuatro vacantes en este 2021 (y tal vez un Vice Presidente que logre obtener un patrocinio estatal de última hora), la batalla diplomática se anuncia intensa entre los Estados de América Latina que han decidido postular a un candidato/a para integrar lo que se considera el máximo órgano de derechos humanos en el hemisferio americano. Si bien el aparato diplomático brasileño es tradicionalmente muy eficiente a la hora de reunir los votos en favor de sus candidatos, la actual coyuntura en Brasil en materia de derechos humanos podría jugar en su contra.
La votación y los resultados oficiales deberían de darse a conocer en las próximas semanas, en el marco de la Asamblea General de la OEA que se realizará en este mes de junio del 2021 en Guatemala.
-Notas –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «La reciente elección en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Bolivia, Cuba y México: breves apuntes«, DIPúblico, edición del 21/10/2020, disponible en este enlace.
Nota 2: El caso de Venezuela es bastante insólito en los anales del derecho internacional público, al haber denunciado formalmente en setiembre del 2012 la Convención Américana de Derechos Humanos. No obstante, jurídicamente, Venezuela parece haberse reintegrado plenamente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, mediante una carta del autoproclamado Presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó que los órganos de la OEA reconocen como tal (véase sucartade 31/07/2019).
Nota 3: Los siguientes costarricenses integraron la Corte en su historia: Rodolfo Piza Escalante (1979-1988), Sonia Picado Sotela (1989-1994), Manuel Ventura Robles (2004-2009) y (2010-2015) y Elizabeth Odio Benito (2016-2021). Notemos que el jurista de nacionalidad norteamericana, Thomas Buergenthal, fue propuesto por Costa Rica como candidato y quedó electo en 1979 como juez de la Corte: véase al respecto este artículo del mismo Thomas Buergenthal, disponible aquí, en especial pág. 12 en la que indica que pensó, inicialmente, que se trataba de una mala broma de uno de sus estudiantes: «Convencido de que se trataba de alguna broma de un estudiante de mi seminario, le di las gracias y le pedí su número de teléfono para poder comunicarme con él después de haber consultado a mi esposa«.
Nota 4: Al respecto, véase nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.
Nota 5: En el caso de Chile, se trata de Máximo Pacheco Gómez (1992-1997) y (1998-2003), de Cecilia Medina Quiroga (2004-2009) y de Eduardo Vio Grossi (2010-2015) y (2016-2021). En el caso de Perú, se trata de Máximo Cisneros Sánchez (1979-1985) y de Diego García Sayán (2004-2009 y 2010-2015).
Nota 6: ibid.
Integrantes actuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compuesta por (izquierda a derecha) juristas de Argentina, México, Uruguay (segundo plano) y de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Chile (primer plano). Fotografía del servicio de prensa de la Corte IDH.
(*) Esta nota fue publicada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Dando una muestra de sensatez, de sentido de lo que es la realpolitik (muchos imaginaron repúblicas y principados que jamás existieron, como decía Nicolás de Maquiavelo) y hasta de lo que es el instinto de conservación, la señora Keiko Fujimori, la candidata presidencial de la ultraderecha peruana ha dicho, hace pocas horas, mientras lleva adelante sus planes para deslegitimar el triunfo electoral del profesor Pedro Castillo (y de ser posible impedir también su proclamación), que el Perú es una nación importante y decisiva en términos de la geopolítica y la geoestrategia político-militar del Pacífico sudamericano, un territorio que hay que controlar: Es así como Keiko Fujimori, a medida que se le van cayendo sus falsas denuncias de fraude ante los organismos electorales, dice que su lucha no es sólo contra Pedro Castillo y Perú Libre, sino contra la izquierda internacional y el mentado “comunismo” de los que ella, siempre tan democrática y tan generosa, quiere proteger al Perú, cueste lo que cueste.
Es por eso que sus personeros han continuado haciendo falsas denuncias de fraude electoral, y pidiendo la anulación de actas electorales, para retrasar la proclamación del nuevo presidente y mientras tanto -por así decirlo- se preparan, de manera sigilosa, para introducir reformas constitucionales en el parlamento que controlan, pues con ellas harán imposible la tarea del nuevo gobierno, al que esperaban derribar o “bancar” como se acostumbra a decir en ese país, si es que este llega a instalarse el próximo 28 de julio. De previo, al igual que hicieron con Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y el mismo Alberto Fujimori, en 1990, la oligarquía llamará al profesor Pedro Castillo para imponerle su hoja de ruta, diciéndole lo que tendrá que hacer en su mandato de cinco años. Ya hemos visto como terminaron esos presidentes peruanos tan obedientes al establishment.
Mientras esto sucede, en las latitudes que están al sur de la línea ecuatorial, en el paralelo diez norte de esa demarcación geográfica, tan imaginaria como esencial, buena parte de la izquierda local apuesta por la sustitución del gobierno de Nicaragua (según algunos de sus voceros Daniel Ortega parece ser el único dictador que existe en la región, es el abominable dictador), para poner en su lugar a otro gobernante o “dictador” más dócil a los EEUU, con la ingenua creencia de que así van a restablecer los principios originarios de aquella revolución sandinista que el viento se llevó, al igual que la llevada a cabo por los liberales nicaragüenses en 1893.
Desconociendo la geopolítica, dentro de lo que constituye un dato imposible de ignorar, la izquierda no puede, so pena de cometer un suicidio, adoptar la agenda geopolítica de Washington y de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien ya ha pedido para el día martes 15 de junio, una sesión del organismo para sancionar al gobierno de Nicaragua, todo ello mientras el gobierno de Bolivia ha instruido a su nuevo embajador ante la OEA para que pida la destitución de Luis Almagro de su alto cargo regional, dada su intervención decisiva en el golpe de estado de noviembre de 2019, con el que derrocaron al entonces presidente boliviano Evo Morales Ayma, bajo falsas acusaciones de fraude electoral. Por este camino, los líderes y voceros de cierta izquierda regional terminarán pidiendo la libertad de la golpista Yanine Áñez, a pesar de los crímenes de lesa humanidad que ésta llevó a cabo, durante los once meses que duró su “mandato”.
Con independencia de lo que pensemos del gobierno de Nicaragua, de sí nos agrada o no, nos parece que aquí hay algo que no cuadra, las cuentas no cierran, pues como dice un viejo dicho por ahí: aquí hay gato encerrado, una sospecha que aumenta cuando observamos el silencio de alguna gente frente a la sanguinaria represión que lleva a cabo el régimen uribista contra el pueblo colombiano. La señora Keiko Fujimori nos demuestra que sabe en lo que está, no hay duda de que tiene un agudo sentido de la geopolítica y de la oportunidad, algo de lo que parece carecer buena parte de la izquierda regional. La gran pregunta sigue siendo: ¿Qué es lo que está en juego en nuestra área continental, vista como todo?
Claro que lo sucedido hoy en Estados Unidos de América es más que bochornoso, el presidente Trump instrumentalizó a sus fanáticos seguidores para disparar su último cartucho contra lo que él considera una elección fraudulenta. En otras palabras, digamos que intentó dar un golpe de Estado, cosa que EUA sabe hacer muy bien, aunque no en su geografía.
La institucionalidad democrática de ese país terminó resquebrajándose aún más, y avisora un cisma de enormes proporciones que se extenderá por varias décadas; cuidado y no, la fractura política pueda ensancharse más en una coyuntura en que la hegemonía del imperio muestra evidentes signos de erosión.
Esos actos e imágenes nos resultan muy familiares en América Latina, prácticamente todos los golpes de Estado que hemos vivido en la región, llevan el sello Made in USA, y las sangrientas dictaduras que se instalaron tenían la misma marca de origen. La diferencia mayor radica que en nuestra América la intervención yanqui se saldó con miles de muertos y desaparecidos, torturas, violación a los derechos humanos, interrupción del “orden” constitucional, y destrucción del medio ambiente entre otras atrocidades; mientras que la confusa intentona golpista acabó por el momento con la vida de una de las mujeres manifestantes y 15 personas detenidas.
Algunas perlas que me parece no podemos dejar pasar desapercibidas:
Conociendo la convocatoria que hizo Trump para que sus seguidores -blancos y supremacistas- se manifestaran contra la confirmación electoral del Biden, la policía hizo poco o nada para anticiparse a la toma del Congreso (hay que reconocerle al hotel Harrington de Washington que prefirió cerrar por varios días antes de aceptar a los supremacistas de Proud Boys), todo apunta a complicidad por parte de las autoridades. Cosa contraria, prácticamente todas las manifestaciones del Black Lives Matter fueron reprimidas y terminaron con decenas de personas detenidas y un llamado de los sectores conservadores a extinguirlas.
El silencio del denominado Grupo de Lima; regularmente tienen la osadía de despotricar contra Venezuela y Maduro, pero no tienen nada de testosterona para pronunciarse contra los ademanes antidemocráticos de Trump. Como buenos perros falderos, tienen que guardar silencio, o hablar cuando así se los indica el amo.
La posición de la OEA y Luis Almagro se resumió en 97 palabras y caracteriza el intento de golpe de Estado como “incidentes”. Claro que con Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia ha sido implacable. Yo imagino que como mínimo, Almagro designará una comisión de observadores y hará recomendaciones para fortalecer la maltrecha democracia norteamericana.
Hoy Estados Unidos de América experimentó una cucharadita de la medicina que le ha recetado al mundo: violencia, imposición, sedición, muerte. ¿Se repetirá la incapacidad de sus líderes para entender qué sucede a lo interno del país, o mirarán en la dirección equivocada como sucedió con el ataque a las Torres Gemelas aquel infausto 11 de septiembre del 2001?
José Manuel Arroyo Gutiérrez , Exmagistrado y profesor Catedrático UCR
En el debate público se ha difundido, a veces incluso desde voces autorizadas, el que no existe un concepto claro de lo que debe entenderse por “corrupción”. Tales afirmaciones solo traen confusión y desconcierto a la hora de tratar el tema y, en última instancia, le hacen un pésimo favor a la necesaria respuesta que desde la Administración Pública y el sistema penal debe tener este fenómeno. Por eso resulta imperativo dibujar con claridad los límites y alcances de la corrupción y dejar claro, tanto para el lenguaje común como para el técnico-jurídico, de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto.
Desde el campo jurídico-penal, la cuestión resulta de enorme importancia, en virtud de las exigencias derivadas del principio de legalidad: la necesaria descripción en la ley de las conductas prohibidas para que todo ciudadano y ciudadana la conozca; la obligada claridad, precisión y circunstanciación con que debe hacerse esa descripción conforme una buena técnica legislativa; y el resguardo indispensable que, por esa vía, debe hacerse de las libertades y derechos fundamentales de las personas.
Pero es de sobra conocida la constante tergiversación que se hace del término “corrupción”, la mayoría de las veces con aviesas intenciones, cosa que también ocurre con otros conceptos en las discusiones cotidianas, en los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en las frenéticas redes sociales. Se tacha de “corrupto” a cualquiera y con cualquier pretexto, igual que se lo llama “terrorista”, “dictador”, “facho”, “nazi”, “stalinista”, “mafioso”, “fundamentalista” y un largo etcétera.
En nuestros pandémicos días resulta particularmente retorcido el mal uso del concepto “corrupción”, con intenciones políticas en un ámbito muy basto y de manera especial contra quien ejerce alguna forma de autoridad pública, colgándole este rótulo descalificador a lo que son simples negligencias, errores de todo tipo, meras diferencias de criterio o puntos de vista contrarios. En su peor versión, el poderoso instrumento de la descalificación por “corrupción” ha servido para que los verdaderamente corruptos arremetan contra quienes los denuncian, acusan o condenan formalmente. Ha servido para que se responda con procesos judiciales o disciplinarios desde la trinchera de la oposición ideológica; o para que se hayan afianzado las estrategias de las noticias falsas (bulos o fake news) tipo Trump o Bolsonaro; o se ha utilizado el proceso penal para liquidar a los adversarios políticos (Lawfare) como el caso en perjuicio de Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.
Se trata de aplicar una perversa estrategia para crear la sensación de que todo es corrupción y todos somos corruptos, estrategia que busca hacer pasar lo efectivamente descompuesto de manera desapercibida y desviar la atención de lo que en realidad importa. La peor parte la llevan funcionarios y funcionarios honestos como policías, fiscales y jueces que cumplen con sus deberes; medios de comunicación veraces y valientes; organizaciones políticas que han levantado a mano contra la corrupción y ciudadanos indignados ante evidentes abusos y podredumbres.
Las consecuencias fácticas de estas manipulaciones son especialmente graves en el campo del derecho y la justicia. Se erosiona la información de calidad –vital en una democracia- y se dañan también de manera irreparable la credibilidad en las personas inocentes, las autoridades probas, los procedimientos sancionatorios correctos y las instituciones públicas en el ámbito de sus legítimas competencias. En fin, tan grave es no perseguir la verdadera corrupción como señalar de tal lo que no lo es.
Abandonar ese universo de la imprecisión, la mentira y la especulación es indispensable para ubicar las cosas en sus justos términos. Un análisis de lo general a lo particular, tomando los puntos de referencia más amplios que han intentado definir los límites y alcances técnicos del concepto de corrupción, nos debe llevar necesariamente a las dos convenciones internacionales anticorrupción que más nos atañen: la primera en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA-1997) y la segunda en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU-2003). Luego se requiere un análisis más concreto, que señale cómo se reflejan esos lineamientos internacionales en la legislación interna, de la mano de las categorías fundamentales de la teoría del delito, para destacar todas aquellas cuestiones que resulten relevantes y de interés en la comprensión del tema propuesto. Por último, deben incluirse algunos de los aspectos que consideramos más sobresalientes en la evolución que ha tenido la organización y funcionamiento de los instrumentos internacionales contra la corrupción en el ámbito nacional o doméstico.
Es correcto afirmar que no existe un concepto de “corrupción” concretado en un tipo penal. Las fuentes más confiables para definir y delimitar este fenómeno son las citadas convenciones internacionales contra la corrupción; en nuestro caso, la Convención Interamericana (1997) y la Convención de Naciones Unidas (2003). En ellas encontramos el contenido del tema entendiendo que debe hacerse un listado de “actos de corrupción”, ubicados en una serie de figuras o tipos penales diversos, que nos dará los límites y los alcances de este término.
A lo interno de nuestro ordenamiento, las directrices convencionales en materia de corrupción están contenidas en el Código Penal, Título XV (Delitos contra los deberes de la función pública), Sección II (Corrupción de Funcionarios), Sección III (Concusión y Exacción), Sección IV (Prevaricato y Patrocinio Infiel) y Sección V (Peculado y Malversación); además de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Capítulo V (Delitos), artículos del 45 al 58) y más recientemente la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas No. 9699.
Estamos hablando, por otra parte, de tipos penales que tutelan, en lo fundamental, dos bienes jurídicos: la probidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio o erario público.
Si bien el énfasis está dado en los delitos que puede cometer un funcionario público en ejercicio de su cargo, el concepto de sujetos activos de las diferentes tipologías penales involucradas, incluyen en muchas de ellas a personas particulares circunstancialmente relacionadas con actividades estatales o con bienes públicos y, por tanto, equiparables al funcionario como potenciales autores o partícipes en conductas prohibidas. Asimismo, en virtud de la aplicación de la Parte General del Código Penal, son de previsible imposición las normas ampliativas de la participación criminal como la Comunicabilidad de la Circunstancias (art 49 CP).
En su mayoría son conductas delictivas que se sancionan ya como delitos de peligro concreto, independientemente de si el beneficio o ventaja indebidos, el abuso o la desviación, el provecho propio o para un tercero etc., se han materializado en un resultado.
Los “actos de corrupción”, en todas sus modalidades son por naturaleza dolosos, es decir, cometidos con conocimiento y voluntad del agente activo. Están excluidas, en principio, todas las acciones o conductas cuyo fundamento punitivo radica en la simple violación a un deber de cuidado (delitos culposos). Están excluidas también todas aquellas conductas que, aunque perpetradas por funcionarios públicos o personas equiparables, no tienen como propósito la percepción para sí o para un tercero de beneficios indebidos de cualquier índole (patrimonial, administrativo, judicial, social, político, etc.). Tal es el caso del mero Abuso de Autoridad (art. 338 CP). Quedan fuera, finalmente y en sentido estricto, las formas delictivas con legislación específica de tráfico de sustancias prohibidas y blanqueo de dinero, aunque por supuesto pueden tener vasos comunicantes en fenómenos como el tráfico de influencias o las figuras de blanqueo y encubrimientos (Ley No. 77856 y sus reformas).
El principal aspecto en el que el Estado costarricense está en deuda tiene que ver con la corrupción privada. Si bien es cierto se ha legislado y reglamentado en orden a controles administrativos y bancarios en el marco del crimen organizado relacionado con blanqueo de dineros y capitales, es lo cierto que algunas recomendaciones internacionales de índole penal como la necesaria tipificación del peculado, malversación o el tráfico de influencias de personas particulares, sobre otras personas también particulares y respecto de bienes o patrimonios privados, no han sido ni propuestos ni legislados en Costa Rica.
Las recomendaciones convencionales y la evolución de este tema han puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Costa Rica recientemente (2019) se ha dado cabida a este instituto jurídico, aunque es nuestro criterio que el asunto, por coherencia constitucional, debió resolverse mediante la responsabilidad administrativa o civil y no punitiva.
Publicado en el Semanario Universidad, enviado a SURCOS por el autor.
En una exposición de nueve minutos, Maximiliano Reyes representante de México en la OEA denuncia que Luis Almagro, secretario general de la organización, tiene afán de intervenir en asuntos internos de los estados miembros. Cita el caso de Bolivia y señala que el funcionario excede constantemente sus atribuciones administrativas.
Información compartida con SURCOS por Mario Devandas.
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.
La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.
Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”
A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.
Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Una decena de gobiernos dentro de la OEA (11), animados por el uruguayo servil, Luis Almagro, apadrinados por el Pentágono, quieren invadir militarmente a Venezuela, puesto que Trump requiere del permiso del Congreso, antes de hacerlo bilateral-mente. Yemen, en medio oriente, el país más golpeado y desangrado del universo, acaba de darle una lección militar histórica a Arabia Saudita, quien desde 2015 bombardea a su población, apadrinado por EUA y algunos europeos, causando medio millón de víctimas, mientras la comunidad internacional ha vuelto a ver hacia otro lado. La destrucción de dos plantas petroleras que producen poco más del 5% de petróleo mundial, tiene consecuencias que aún siguen evaluándose.
Acaso Venezuela no les daría otra de esas lecciones a los borregos gobernantes sometidos a la Casa Blanca. ¡Eso estaría de maravillas!, puesto que dejaría en vergüenza general a estos gobernantes conservadores, traidores a la patria, acostumbrados a reprimir a sus pueblos desarmados. Nadie duda sobre el gran negocio que hay detrás de estas fuerzas policiales y militares en cuando a los negocios de equipos para la represión a los pueblos que se manifiestan pacíficamente.
Esto no nos distrae para ver cómo, también, se están armando militarmente cada uno de esos países como si van a una guerra próximamente, utilizando las finanzas que pagan los ciudadanos en impuestos, para armamento en lugar de utilizarlo para servicios sociales públicos. El centro industrial y del mercado armamentista está en el norte, pero, el hecho que hay otras potencias que también producen armas de gran calado, que están del lado venezolano, persuaden a los que reactivan el TIAR, de mantener la cautela. Una invasión armada a Venezuela podría ser el fin de las dictaduras militares, de gobiernos ultra-conservadores y productos de golpes judiciales existentes en nuestro continente. Esto incluye a países muy pequeños en varios sentidos, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití. De un conflicto bélico regional, se aprovecharían algunos sectores sociales, incluyendo a carteles de la droga, lavado y tráfico de personas. Los gobernantes corruptos en procesos de investigación y en procesos judiciales tendrían suficiente distracción pública para lograr la impunidad. Los jóvenes desempleados podrían ser utilizados como fuerzas irregulares (paramilitares), el sicariato crecería y otros sectores de la delincuencia existente encontrarían tierra fértil para sus fechorías. Países, relativamente sanos, se contaminarían de todo estos flagelos y servirían de refugios para una enorme población que huiría de los conflictos bélicos.
No obstante, creemos que éste camino de la O.E.A. no debe ser el proceso de una solución adecuada, puesto que habría mucha víctima inocente civil, además, de la crisis económica y social que cualquier guerra produce. Venezuela está concretando sus negociaciones con la parte de la oposición que piensa más en su pueblo, lo que puede ser una tabla de salvación para una salida democrática negociado, aunque el Concejo de la O.E.A. y el Departamento de Estado de EUA no lo quieran así.
Lo que debemos hacer los latinoamericanos es reestructurar nuestros gobiernos ultra-conservadores y los organismos multilaterales que no representan las exigencias de nuestros pueblos, para que situaciones como éstas no se vuelvan a presentar, poniendo en precario toda nuestra vida social, económica y política.
Investigadores y profesionales de diversos países latinoamericanos se reunieron en la Universidad de Costa Rica (UCR) del 3 al 5 de setiembre para reflexionar sobre los retos que plantea la atención de la niñez de cara a los procesos de desarrollo sostenible.
La OEA tiene una cosa buena y es su puerta de salida. Es, ha sido y será la misma criatura imperial de Estados Unidos, con sede en Washington para facilidad y descaro.
Estados Unidos manda en la comisión interamericana de derechos humanos sin haber ratificado su tratado. Manda sin haberse adherido. Muy sinceros ellos: es su instrumento para someter a los demás, no para su propio sometimiento. A esa comisión no le creo casi nada.
Estados Unidos no reconoce tampoco la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La OEA es para que Estados Unidos mande sin adquirir ninguna obligación. Es un instrumento imperial.
La única oportunidad aparente para hacer algún cambio en ese organismo fue un fracaso rotundo y se convirtió exactamente en lo contrario.
No fue un intento vano. Hugo Chávez quiso plasmar el sueño de Bolívar y de los grandes próceres de América Latina en la creación de CELAC, que efectivamente se creó por acuerdo muy amplio en 2010. Una CELAC con todos los de América Latina y el Caribe y sin Estados Unidos y Canadá implicaba en aquellos días mucha flexibilidad y evitar confrontaciones con la OEA. El primer presidente de CELAC, recordemos, fue Sebastián Piñera en representación de Chile. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, gran promotor de CELAC, habló de un deslinde de funciones: CELAC para la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, la OEA para las relaciones de Estados Unidos y Canadá con los países de CELAC.
Todo eso estaba bien, había que intentarlo. Pero el imperio no duerme. El avance de la derecha en varios países ha puesto a la CELAC en ralentí y ha puesto al monstruo de la OEA a vomitar fuego.
Un episodio para no olvidar jamás contribuyó a la situación actual y fue la ingenuidad con que los gobiernos progresistas actuaron en la última elección del secretario general de la OEA. La ingenuidad no fue promover la candidatura de quien luego se convirtió en un vulgar traidor, fue creer que Estados Unidos se había resignado a una derrota en la OEA, en su OEA. Eso, sepámoslo bien sabido, no ocurrirá jamás. Estados Unidos sabía muy bien cuál sería el resultado.
Los gobiernos progresistas dejaron pasar una gran oportunidad para abandonar la OEA de manera conjunta, cuando era evidente que la OEA no tomaría el rumbo de concordia propuesto por Rafael Correa sino que se aferraba más y más a su papel de instrumento imperial.
Venezuela decidió tarde su salida, pero la decidió al fin. Y otros, ¿qué esperan? ¿Qué hace allí Bolivia, por ejemplo? ¿Y qué hace Nicaragua?
Más que estar sorteando amenazas, la opción clara es la puerta de salida.
No estoy entre los que defienden el gobierno de Ortega-Murillo, su corrupción desbocada y su represión, su bailoteo entre la entrega a la oligarquía y al FMI y su falso discurso revolucionario. Quiero para Nicaragua justicia, paz, decencia en el gobierno y soberanía, que sus conflictos sean resueltos sin injerencia externa.
Ni Estados Unidos, ni Costa Rica, ni la OEA, ni nadie tiene derecho a imponerle nada a Nicaragua.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
