Etiqueta: opinión adversa registros contables del gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un conjunto de documentos relacionados con la gestión financiera del Gobierno de la República, conforme a la normativa vigente, que constituyen un insumo para la toma de decisiones y que buscan fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los documentos evidencian situaciones que la CGR califica de urgentes en los registros contables, la gestión financiera y la recaudación tributaria del país.

Dictamen adverso sobre los estados financieros del Gobierno

El primero de los documentos es el Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025 (DFOE-FIP-IAA-00005-2026), dirigido al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y firmado por Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, junto con Karen Garro Vargas y Daniel Zúñiga Picado. En este dictamen, la CGR emite una opinión adversa, es decir, concluye que los estados financieros consolidados —que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo— no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Gobierno al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Entre los principales hallazgos que sustentan esta opinión adversa, el dictamen señala:

• De las cuatro entidades principales que integran el consolidado (Poder Ejecutivo, FODESAF, Poder Judicial y CONAVI), únicamente el Poder Judicial y CONAVI incluyeron la declaración expresa de cumplimiento de las normas contables internacionales exigida por la NICSP 1.

• La Dirección General de la Contabilidad Nacional (DGCN) no realizó ni documentó de forma integral el análisis de control exigido por la NICSP 35 para determinar qué entidades deben incorporarse al consolidado, y cuatro entidades (SINAC, Casa de la Cultura de Puntarenas, Museo de Arte Costarricense y Museo Histórico Cultural Juan Santamaría) fueron excluidas por incumplimientos o inconsistencias en sus estados financieros individuales.

• No se ha determinado si corresponde consolidar la información de al menos 11 fideicomisos pertenecientes al Poder Ejecutivo, a Órganos Desconcentrados y a otros Poderes.

• Durante 2025, el proceso de eliminación de transacciones y saldos recíprocos entre entidades presentó eliminaciones incompletas, incorrectas u omisas, generando inconsistencias cuantificadas en ¢6.909.439 millones.

• Las cuentas por cobrar a corto plazo, con saldo de ¢3.362.408 millones al cierre de 2025, presentan omisiones y diferencias no conciliadas; entre ellas, una diferencia de ¢137.675 millones entre lo registrado por cuentas por cobrar tributarias (¢521.669 millones) y la cartera morosa reportada por la Dirección General de Tributación (¢659.344 millones).

• Existe una diferencia no conciliada de ¢1.285.261 millones entre lo que FODESAF registra como cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda (¢2.251.051 millones) y lo que el Poder Ejecutivo registra como cuenta por pagar a FODESAF (¢965.790 millones); además, la DGCN eliminó incorrectamente esa cuenta por pagar en el proceso de consolidación, lo que sobrevaluó activo y pasivo de FODESAF en ¢965.790 millones.

• El saldo de bienes concesionados y no concesionados, de ¢17.554.232 millones, presenta omisiones y clasificaciones incorrectas. Entre otros casos, al menos 3.518 inmuebles vinculados a centros educativos no están registrados en los sistemas contables ni inscritos a nombre del Ministerio de Educación Pública en el Registro Nacional; 234 terrenos —principalmente del MINAE, CEN-CINAI e Instituto Costarricense sobre Drogas— no están registrados contablemente; y 1.492 terrenos del MOPT carecen de identificación uniforme que permita conciliarlos con el Registro Nacional.

• Un saldo de ¢5.776.261 millones reconocido como «revaluación de bienes» carece de sustento técnico por una metodología que no reúne las condiciones requeridas para determinar de forma fiable el valor de esos activos.

• Existe una diferencia no conciliada de ¢3.233.213 millones entre las cuentas por cobrar que reporta la CCSS al Estado (¢4.645.669 millones, con corte a mayo de 2025) y las obligaciones registradas por el Poder Ejecutivo y FODESAF (¢186.147 millones y ¢1.226.309 millones, respectivamente).

• El Poder Judicial mantiene ¢298.089 millones en la cuenta de Fondos de Terceros y Depósitos en Garantía cuya composición no pudo ser verificada por la CGR, debido a que el Sistema de Depósitos Judiciales no opera como un sistema contable histórico con el nivel de detalle requerido.

• El Poder Ejecutivo no ha reconocido ni cuantificado el pasivo por beneficios post-empleo (como el auxilio de cesantía por jubilación) mediante un estudio actuarial, como lo exige la normativa contable aplicable.

• Los ingresos presentan incorrecciones derivadas de que el Poder Ejecutivo los reconoce sobre base de efectivo o cuando inicia el cobro, en lugar de reconocerlos cuando surge el derecho de cobro (base de devengo), lo que subvalúa los ingresos del período; además, existe una duplicidad de ingresos entre FODESAF y el Poder Ejecutivo al reconocerse dos veces las contribuciones patronales.

Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026

El segundo documento es el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026 (DFOE-FIP-MTR-00003-2026), publicado el 28 de agosto de 2026 en el sitio de monitoreo de la CGR (#MonitoreoCGR). Según lo señalado en el comunicado de la CGR, este informe analiza la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026, caracterizada por un estancamiento de los ingresos corrientes, una reducción del gasto social y un aumento de la deuda del Gobierno, asociado a las necesidades de financiamiento y a altos saldos de liquidez.

Certificaciones sobre la efectividad fiscal de los ingresos

Los otros dos documentos corresponden a certificaciones de la CGR sobre la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto de la República, remitidas por el Ministerio de Hacienda:

• La certificación DFOE-FIP-0296-2026, del 13 de agosto de 2026, avala la reestimación a la baja de los ingresos tributarios para el ejercicio 2026. Según el detalle técnico del propio documento, la reestimación total de ingresos para 2026 asciende a ¢5.217.000.000.000 (9,7% del PIB), monto que representa una reducción de ¢373.391 millones (0,7% del PIB) respecto a la estimación original, lo que reduce la carga tributaria proyectada de 13,3% a 12,6% del PIB. La CGR advierte que esta certificación se emite en un contexto de «elevada incertidumbre internacional» y enumera varios factores de riesgo adicionales: la posibilidad de eventos negativos sobre la economía mundial, limitaciones de información derivadas de la implementación del sistema TRIBU-CR, la incertidumbre sobre el efecto de leyes y decretos recientes (como la Ley N.° 10667 y los Decretos 44712 y 44921) y la eventual aprobación de proyectos de reforma tributaria en discusión.

• La certificación DFOE-FIP-0310-2026, del 24 de agosto de 2026, avala la estimación de ingresos para el ejercicio 2027, por un total de ¢7.738.811.942.326 (13,89% del PIB), de los cuales ¢6.847.888.956.872 corresponden a ingresos tributarios (12,29% del PIB, para una carga tributaria total proyectada de 12,3% del PIB según lo indicado en el comunicado). La CGR enumera factores adicionales de riesgo para esta proyección, entre ellos cambios en las perspectivas macroeconómicas globales, la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, la fluctuación de la elasticidad tributaria y la incertidumbre sobre el efecto de eventuales reformas al sistema tributario.

La CGR compartió además un video con declaraciones de Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas:
https://www.youtube.com/watch?v=oaefMKpaedU