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Etiqueta: orden sanitaria

Sala Constitucional ordena hacer cumplir orden sanitaria contra SIGMA Alimentos por vertidos en Oreamuno

Nota

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por la contaminación de una quebrada en San Rafael de Oreamuno, Cartago. La contaminación proviene de las descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa SIGMA Alimentos Costa Rica S. A. En la resolución n.º 2026041773, el tribunal tuvo por acreditada una demora injustificada de las autoridades de salud en la atención del caso.

En el recurso participaron Fabián Pacheco, agrobiólogo e integrante del Frente Ecologista de Cipreses, y Helmuth Hasbum Fernández, vecino afectado. Lo hicieron después de presentar denuncias reiteradas por malos olores persistentes y descargas irregulares de aguas residuales desde la planta de la empresa.

Hallazgos técnicos

Según informes técnicos avalados por el Ministerio de Salud, la planta de tratamiento de la empresa no operaba adecuadamente. Un muestreo de laboratorio realizado en agosto de 2026 determinó que los vertidos superaban de forma significativa los límites máximos permitidos por la normativa ambiental. Se registraron 717 mg/L de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 1.042 mg/L de demanda química de oxígeno (DQO) y 79 mg/L de grasas y aceites. Estos resultados evidenciaron una remoción insuficiente de la carga orgánica y sustentaron la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 contra la compañía.

Lo que resolvió la Sala

La Sala Constitucional determinó que hubo una dilación indebida de ocho meses entre la presentación de la denuncia inicial (n.º 168-2025) y la notificación de resultados a las personas afectadas por parte del Área Rectora de Salud de Oreamuno. En consecuencia, resolvió:

  • declarar parcialmente con lugar el amparo por la lesión del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida;
  • ordenar a la directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno girar las instrucciones necesarias para que la empresa acate a cabalidad la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 y se resuelva el problema en definitiva;
  • condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en la vía contencioso-administrativa.

Reacciones

Para Fabián Pacheco, la resolución es «una victoria más de la sociedad civil organizada en la defensa ambiental». Calificó como lamentable que las instituciones del Estado solo actúen a punta de recursos de amparo, y destacó que las comunidades tuvieron que aportar su propio dinero para demostrar los incumplimientos de la empresa en materia ambiental.

«Estaremos vigilantes para que la empresa SIGMA y el Ministerio de Salud ejecuten la orden sanitaria y vamos a seguir monitoreando sus vertidos. Desde el Frente Ecologista de Cipreses no vamos a bajar la guardia, ya que todavía se perciben malos olores por los vertidos de SIGMA. Nos merecemos un ambiente sano y es un derecho constitucional que vamos a defender», afirmó.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento a la lucha de las comunidades de Oreamuno por esta contaminación:

  • 5 de agosto de 2026. Un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026) confirmó la presencia de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento.
  • Peritaje del CICA-UCR. El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA-UCR) hizo un peritaje, contratado por la Red de Coordinación en Biodiversidad, que encontró valores de DQO y DBO por encima de los límites del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.
  • 5 y 6 de setiembre. Las comunidades documentaron episodios de vertidos durante la madrugada de un fin de semana.
  • 10 de setiembre. Las comunidades se manifestaron frente al Área Rectora de Salud de Oreamuno y anunciaron que protestarían ante cada nuevo vertido.

En ese contexto, el Frente Ecologista de Cipreses llamó a la población a denunciar los olores en el momento en que se perciben, mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) o la línea 911.

Defensoría: Escuela de Juan Viñas con daños en su infraestructura

Como parte de una serie de inspecciones a centros educativos en el país, la Defensoría de los Habitantes se trasladó hasta la escuela Cecilio Lindo Morales, ubicada en el distrito de Juan Viñas, cantón de Jiménez. Los hallazgos revelan un estado crítico de infraestructura y serias carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 329 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita, el equipo de la Defensoría realizó la inspección junto con un funcionario del Ministerio de Salud. Se constata que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2021, a la cual no se ha dado seguimiento por parte de ninguna de las instancias involucradas.

Entre los hallazgos se pueden identificar que el centro educativo no cumple con la Ley N°7.600, carece de rampas para su ingreso y tiene seis pequeños servicios sanitarios para toda la población (estudiantes, personal y visitas). También se observó un deterioro importante de cielo rasos. En temas de seguridad hay disponibles varios extintores; sin embargo, todos se encuentran vencidos, y las rutas de evacuación no están señaladas. La instalación eléctrica muy dañada y sin entubar. El patio de juegos del kínder se encuentra deteriorado y tiene estructura de metal con exposiciones del propio metal. Es importante destacar que la escuela ha sido declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico y en ese sentido, el Centro de Patrimonio está dispuesto a colaborar en la elaboración de los planes constructivos en el momento que se requiera para la intervención de la escuela.

La Defensoría de los Habitantes continuará con esta labor de supervisión de las condiciones en que los estudiantes y personal docente y administrativo reciben las lecciones en aras que el Ministerio de Educación Pública atienda las necesidades urgentes en materia de infraestructura.

Escuela Las Brisas de Pocosol está en condiciones precarias

La Defensoría de los Habitantes realizó una inspección a la Escuela Las Brisas, ubicada en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos y alertó sobre el estado crítico de la infraestructura y las carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 25 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita a esta escuela unidocente, el equipo de la Defensoría constató que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2015. A pesar de esto, las soluciones definitivas por parte del Estado han sido lentas, obligando a la comunidad estudiantil a convivir diariamente con graves deficiencias estructurales y sanitarias.

El centro no cumple con la Ley 7600. Carece de rampas para ingresar al centro educativo; tienen dos pequeños servicios sanitarios para toda la población: estudiantes, personal y visitas. El espacio no es apto para una persona adulta y las aguas desembocan en un tanque séptico que nunca se le ha otorgado mantenimiento. Algunas latas del baño se encuentran prensadas con una tuca de madera. Las paredes externas de las dos únicas aulas están cubiertas con latas, carecen de cielo raso en pasillos y comedor, y las rejas de las ventanas de las aulas presentan un desgaste peligroso.

Tienen problemas de plagas como el comején y la presencia constante de serpientes. La Junta de Educación con la colaboración de vecinos, padres y madres de familia limpian constantemente las áreas verdes. Además, el centro cuenta con un solo extintor y no tiene señalización de rutas de evacuación.

El área de comedor opera con limitadas condiciones. La cocina eléctrica solo tiene un disco funcional y la de gas es muy pequeña. Las y los estudiantes no cuentan con sillas, debiendo sentarse en banquetas empotradas de cemento, y el lavamanos está ubicado en el jardín sin un soporte adecuado.

Los estudiantes deben caminar rutas de al menos tres kilómetros diarios al no contar con transporte estudiantil que llegue a la zona escolar. Asimismo, el centro educativo no imparte materias complementarias de inglés, música, educación física o religión, las computadoras asignadas están dañadas, y la conexión a internet es sumamente básica (3 a 5 megas).

La Defensoría determinó que existe una falta de comunicación clara y acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública hacia la Junta de Educación. Aunque existe un trámite en curso en SICOP para la emisión de la orden de inicio de los planos constructivos a cargo de una empresa consultora privada, la Defensoría subraya la urgencia de que estas etapas de diseño y presupuesto se agilicen y se garantice una total transparencia con la comunidad sobre el cronograma de la obra. Asimismo, la Defensoría hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se priorice la atención de la Escuela Las Brisas, pues es inaceptable que, tras casi 11 años de una orden sanitaria, los niños y niñas de zonas rurales sigan recibiendo lecciones en condiciones que ponen en riesgo su integridad física y limitan su derecho a la educación.

La DHR continuará dando un seguimiento estricto a este caso y a los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación Pública, velando por que los derechos de esta comunidad estudiantil no sigan siendo postergados.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes