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Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Ciertamente en los últimos días han ocurrido una serie de hechos que, casi inesperadamente, han llenado el tintero. Quisiera escribir y hablar sobre ellos de un solo tajo, pero es imposible, habrá que ir de a poco: el discurso del presidente Chaves, su afán de convocar un referéndum que completó con otro desafuero sobre una constituyente, la quiebra de las políticas sociales, la última encuesta del CIEP y por qué de ese resultado, en fin, muchos y variados temas.

Pero empecemos por uno, que puede parecer un poco abstracto para el ciudadano de a pie, como dicen, y que por el contrario lo toca y afecta todos los días y a toda hora, aunque para alguno pase inadvertido debido, aunque suene muy duro, a su ignorancia.

Ese tema es el de la institucionalidad que el presidente Rodrigo Chaves ha traído en la punta de su zapato desde la campaña política, antes del inicio de su malhadada gestión de gobierno cuando, haciendo gestos y poniendo tono de voz como “payasín” de tercera categoría, anunciaba que no iba a permitir que le impusieran limitaciones a su acción, alegando razones como los límites de la constitución, la ley y la institucionalidad.

Muchos advertimos que venía el lobo o ¨el coyote de la misma loma¨ como los llamo en mi libro pero miles de votantes, irresponsables o indiferentes, se quedaron en sus casas y no fueron a votar, y así permitieron que una minoría atraídos por la flauta demagógica y populista de un Hamelin criollo, le dieran su voto minoritario sin percatarse que tiraban el país al mar de la incertidumbre política, económica, social e institucional. Han transcurridos dos años desde que Chaves asumió el Poder Ejecutivo con su improvisado grupo de gobierno (imposible llamarlo equipo), durante los cuales con una arrogancia que raya en burda malacrianza, ha atentado y pretendido violar la Constitución y las leyes, a las cuales ha dirigido sus ataques con la mordacidad de su lenguaje y gestos histriónicos en conferencias de prensa. Agrede el ordenamiento jurídico nacional, que es el fundamento de nuestra institucionalidad, y con ello se lanza contra la división de poderes, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la prensa y contra todo aquel que se atreve a cuestionar su voluntad, incluyendo en su maniqueo proceder, a casi la mitad de su “grupo de gobierno”.

Todo ello y más constituye un ataque sistemático a nuestra institucionalidad, de la que se burla constantemente hasta con gestos y muecas irrespetuosas, como cuando imita lo que podrían decir personas como la Contralora General o el Presidente de la Asamblea Legislativa, al decir NO a sus deseos autoritarios o bien tratar de “cajita de leche” la sede de la Asamblea Legislativa, mientras azuzaba a un par de cientos de fanáticos troleros que lo esperaban a la salida después de su discurso del 2 de mayo en un acto ilegal, pues por más presidente de la República que sea, para organizar aquel acto en vía pública debió contar con permisos de Seguridad Pública, Salud y Municipalidad y a los tres entes los ignoró con olímpica altanería.

Por ello, me pregunto si el común de la gente, ese pueblo que diariamente debe salir a su trabajo, a estudiar, a sus empresas grandes o pequeñas, o al surco del agricultor cada día más agraviado y arruinado, sabe realmente lo que es la institucionalidad, la gravedad que encierran esos ataques desde el Poder Ejecutivo e, impensable, desde la misma Asamblea Legislativa. Pensando en eso, m permito transcribir unos párrafos del libro de Alex Solís Fallas titulado “Política del Miedo y Desencanto Ciudadano” que, en forma muy sencilla, sintetiza una explicación de lo que es la institucionalidad:

–           “La Constitución Política define y organiza a Costa Rica como un Estado Democrático y Social de Derecho. ¿Qué significa tan sonora expresión? Significa que el Estado debe consagrarse, día a día, a la tutela de las personas, de la libertad y SUS DERECHOS FUNDAMENTALES; que el Estado es hecho para el ser humano y no el ser humano para el Estado; que la CONSTITUCION ES UNA GARANTIA DE LA LIBERTAD y no un instrumento de dominación de unos pocos sobre muchos. En suma, significa que nuestro país NO SE PUEDE GOBERNAR PARA CUALQUIER FIN, NI DE CUALQUIER FORMA y que siempre se sabe, por razones de seguridad jurídica y transparencia política, QUIEN PUEDE HACER Y COMO.

–           En nuestro sistema no se ha dejado nada al azar, NI PARA SER RESUELTO LIBREMENTE DESDE EL PODER. Como sociedad hemos comprendido que en la base de todo ejercicio de poder se encuentran contenidos los gérmenes de su propia degeneración y que, como constata la historia de la humanidad, cuando el poder no está LIMITADO Y CONTROLADO, FÁCILMENTE SE PUEDE TRANSFORMAR EM UNA MAQUINA MASIVA DE DESTRUCCION…” (Las mayúsculas no son del original. Solís F. Alex. 2012. P.20)

Precisamente, la Constitución, el estado social de derecho y nuestro marco institucional en general, incomoda a las mentes autócratas porque los limita y enmarca su ambición de poder, razón por la cual a su gusto, sabor y costumbre. buscan las vías y formas que sean necesarias para saltarlas y violarlas.

Así, por ejemplo, la Ministro de Planificación Nacional Laura Fernández, se atrevió a decir que nuestras leyes eran viejas y si se quiere pasadas de moda para nuestra época, “pues tenían 60 y 70 o más años, donde -según dijo ella- la realidad nacional era otra… y el problema es el estado de derecho que obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice” (Radio Columbia. 30 de abril 2024)

Por supuesto, así debe ser, aunque les incomode a los jerarcas con aires de todo poderosos. ¿Pero qué tan ¨viejas¨ son esas leyes que tanto les estorban?, veamos algunos ejemplos: Ley de Administración Pública (1978), Ley de la Contraloría General de la República (1994), Ley de Administración Financiera (2001) y Ley Contra la Corrupción (2004), hasta la misma Ley de Referéndum que tanto les atrae, es del año 2006, y además, han sido reformadas y actualizadas muchas veces. Por lo tanto, podemos entrar a discutir que es viejo y que es reciente en el Estado de Derecho de un país, pero cómo se puede ver, la ley más “viejita” tiene 46 años y la más reciente tan solo diez y ocho, muy lejos de los cálculos gerontológicos de una ministro, que falla en estos temas al igual que su Superior.

Otro que se mandó a decir otra de esas “corrongueras” gubernamentales contra la institucionalidad fue, coloquialmente hablando, el infumable ministro de Hacienda Nogui Acosta quien, al ser cuestionado por las rebajas al Ministerio de Educación y no presupuestar el 8 por ciento del PIB que exige la Constitución y asignar solo un 5.5, dijo que al no tener dinero la hacienda pública, lo que diga la Constitución Política “no es más que una aspiración”, con esa cabecita al frente de ese ministerio ¡ estamos jodidos!

El periodista, falto de información y agilidad mental, como casi siempre, no le cuestionó semejante y peligrosa afirmación. Bien pudo decirle que mientras no hay fondos para cumplir el mandato de la Constitución y las leyes, si lo hay para regalar 30.000 millones a cuatro empresas arroceras de financistas políticos, o no ha hecho nada para evitar la fuga de billones de colones al año por los evasores de impuestos denunciados inicialmente por el propio Rodrigo Chaves, cuando fue ministro de Hacienda y que también hoy prefiere ver para otro lado; aún más vergonzoso, se hace de la vista gorda para no tramitar la legislación necesaria qué cambie los intereses y pagos de la deuda interna, cuyos poseedores públicos y privados, se chupan la riqueza de nuestro país como si fueran sanguijuelas.

Dentro de esa maniquea forma de proceder y actuar (me resisto a utilizar la palabra pensar) ahora al presidente Chaves y algunos de los iluminados que lo rodean, se les ha ocurrido proponer la celebración de un referéndum. No tengo nada contra esa figura institucional, creada y protegida por nuestras leyes, que promueve la democracia participativa que he defendido y auspiciado toda mi vida. En lo que no estoy de acuerdo es, precisamente, en su manipulación maniquea; Chaves y sus acólitos zapoteños lo plantean como una lucha entre el poder ejecutivo y el pueblo contra la institucionalidad, arrogándose su representación indebidamente, pues el presidente no es soberano, ni tiene soberanía alguna y puede, en su arrogancia, hasta caer en el delito que señala el artículo 3 de la Constitución Política, sobre aquel que se atreve a arrogarse la soberanía que solo reside en la Nación: traición a la Patria. La posición del presidente es la típica del aspirante a autócrata, que crea odios y caos para buscar el apoyo del pueblo a través de un populismo rampante y la utilización de la posverdad…o sea la mentira disfrazada.

Prácticamente todos los temas que el presidente Chaves ha planteado hasta ahora como posible agenda de un referéndum, es para reformar leyes que faciliten la adquisición de bienes y servicios con menos controles y sin debidos procesos licitatorios, o la eliminación de órganos desconcentrados en los Ministerios de Energía, Cultura, Agricultura y el MOPT para concentrar funciones técnicas en los ministros, que son funcionarios políticos obedientes servidores del autócrata de turno.

Por lo tanto, no creo en la sinceridad del llamado chavista a un referéndum, él bien sabe que las condiciones de legalidad y tiempo se lo impiden. Pero, ahí viene la pesca de incautos; es para hacerlos creer que la institucionalidad en el pasado estuvo en manos de corruptos y culpables de todos los males, no lo dejan hacer los “cambios y tomas las rutas” que él desea. Por lo tanto, de acuerdo con su verborrea populista, polariza a los costarricenses y miente descaradamente, típica estrategia populista puesta en práctica igual por el otro Chávez y Maduro, Bolsonaro o Trump, u Ortega o Sánchez en España, para poner ejemplos de todos colores, pero todos nefastos para sus países. ¿Es eso lo que queremos?

El atentado contra nuestra institucionalidad no termina con la alocada propuesta de un referéndum sin pies ni cabeza. En una entrevista por Canal 36, el presidente Chaves se atrevió a decir que lo ideal sería convocar una Asamblea Constituyente que modernizara nuestra viejita Carta Magna y que le gustaría ser asesor de esa Asamblea; y que para ello necesita que los poderes Ejecutivo y Legislativo piensen igual, por eso en las elecciones del 2026 requiere tener mayoría en la Asamblea. ¡Apague y vámonos!, exactamente eso hicieron Chávez el Venezolano y Ortega en Nicaragua y por ese camino va su admirado amigo Bukele en El Salvador.

Vale que el artículo 196 constitucional es muy claro, la convocatoria la hace la Asamblea Legislativa por votación calificada de 38 votos y no el presidente que tampoco puede auto nombrarse asesor…ah, pero si no se despierta este pueblo, y 1de nuevo una minoría los agarra dormidos, pensando siempre solo en los balones de futbol y silicona, a esta democracia se la lleva candanga.

Tengamos cuidado, pues como bien dijo la diputada española Cayetana Álvarez,

” El populista es el “burro de Troya” de la democracia (y digo burro, porque no vamos a ennoblecerlo con lo del caballo). El burro de Troya de la democracia, que se aprovecha de la ignorancia, además, se disfraza de demócrata para reventar la democracia desde el interior. Convoca a elecciones, sí, pero hace trampas, manipula el censo y las encuestas, compra votos, una ayudita por aquí, un subsidio por allá; hace campaña a favor de sí mismo o de su marioneta, aunque la ley lo prohíba y sobre todo utiliza los recursos del estado, es decir los de todos, para sabotear a sus adversarios. El populista tolera que haya algo llamado oposición, algo llamado Congreso, algo llamado Poder Judicial, pero luego los acosa, los doblega y los anula…”

Cuidado costarricenses, que más de un burro de Troya pulula por nuestro ambiente buscando otro taxi político, para ver como acaba con nuestra democracia. Bien dice el dicho que “rebuznos de burro no llegan al cielo”, pero si seguimos creyendo que vivimos en el edén democrático y no nos avispamos, solo La Negrita podrá salvarnos… si Dios quiere.