Hace poco más de veinte años, el entonces diputado Otto Guevara Guti dijo una frase que se hizo famosa: ¡donde hay permiso…hay chorizo! Montado en ella persiguió, a veces con razón, pero generalmente sin ella, a cuánto funcionario público pudo, todo para alimentar su plataforma política. No le importó corroborar si lo denunciado era verdad o mentira, el tiempo ha demostrado que la mayoría eran acusaciones sin fundamento. No le importó mancillar honras ajenas de gente que, a la postre, resultó inocente. Le importó un comino si, al soltar los mastines de sus mentiras o falsas acusaciones, sufrían personas inocentes en las familias de los denigrados.
En una oportunidad, una periodista le preguntó por qué perseguía con tanta saña a funcionarios directores de una determinada institución pues ella, por conocer a fondo los hechos, sabía que eran inocentes. La respuesta fue: ¡la gallina cuando pone el huevo, lo cacarea! Cinco años después, esos funcionarios fueron sobreseídos por un juez, a solicitud de la Fiscalía, pues no cabía causa alguna.
¡Don Otto, hoy cabe cacarear el huevo de la corrupción que lo lleva a ser condenado por los Tribunales de Justicia a 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación de cargos públicos, por lo que es de esperar que, por un mínimo de dignidad y respeto, retire su aspiración a ser de nuevo diputado, el costarricense no merece semejante afrenta!
¡Cómo dice el pueblo, a cada chancho le llega su 24… le llegó el suyo, lo que pasa es que, de ese chancho… no sirve el cuero ni para chicharrones!
Ante la publicación del Periódico La República, el pasado 10 de agosto del presente año, publicada en la sección digital “ultima hora” de la república.net, así como en el Periódico El Mundocr el 11 agosto y en Noticias Columbia, el sábado 12 de agosto, sobre lo expresado por el señor Otto Guevara, quien brinda declaraciones del mal uso de fondos públicos en la UNA, expresamos lo siguiente:
En atención a las declaraciones dadas por su persona (Otto Guevara) a varios medios (indicados antes), referente al Convenio específico entre la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadores de la UNA para que el 0,5% de la planilla total sean trasladadas a dicha clínica, le indico lo siguiente:
La Universidad Nacional no ha trasladado ningún dinero a la Clínica de Especialidades Médicas del Fondo de Beneficio Social, ni se han destinado fondos FEES para su financiamiento, como calumniosamente se publica a partir de sus declaraciones.
La Universidad Nacional se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos a partir del concepto de la persona humana bajo un esquema integral. La vida universitaria debe sustentarse en la sensibilidad de derechos humanos que fortalezcan el humanismo, la solidaridad social, la equidad, la libertad y el respeto a la dignidad humana.
A consecuencia de lo anterior, la Universidad Nacional de manera responsable y bajo el principio de la autonomía universitaria promueve el desarrollo de estilos saludables y articula esfuerzos y recursos para la ejecución de programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención y promoción de la salud de la población estudiantil y laboral universitaria, con el propósito de que todos sus miembros realicen sus funciones vitales, asuman su auto cuido y su desarrollo personal social.
En relación con su argumento: “(…) El dinero sería trasladado al Fondo de Beneficio Social, destinado a la construcción y equipamiento de una clínica de especialidades médica (…)”, le indico que no hay fundamento en tal aseveración, ya que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, el que en el año 2015; siguiendo lo establecido en el artículo 152 de la IV Convención Colectiva, planteó ante la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social, la necesidad de invertir en la salud de los trabajadores de la UNA en procura de mejorar la atención en medicina especializada. Como se ve el SITUN y el Fondo de Beneficio Social, están habilitados para desarrollar proyectos de interés social, académico e institucional.
Por esa razón, el Sindicato de Trabajadores de la UNA le propone al Fondo de Beneficio Social, la creación de una Clínica de Especialidades Médicas. Ante dicha propuesta ambas organizaciones (Fondo-SITUN) unen esfuerzos y construyen en el año 2015 el Centro Médico, por ende la Universidad Nacional no ha destinado presupuesto para la construcción o equipamiento de la clínica.
Según su afirmación: “El Fondo estaría recibiendo una trasferencia de casi ¢500 millones anuales por los próximos cinco años”, le indico que dicha aseveración es falaz, carece de todo sustento en la realidad.
En cuanto a que “(…) dicho convenio no fue conocido por el Consejo Universitario de dicho Centro Educativo y debería ser rescindido de inmediato…”, le informo que tal argumento también carece de sustento, ya que con la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, aprobado por la Asamblea Universitaria y comunicado en Gaceta Extraordinaria N°8-2015 del 20 de abril del 2015, no es competencia del Consejo Universitario autorizar convenios entre la Universidad Nacional e instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas, lo anterior obedece a que se cuenta con la oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, instancia especializada y asesora en materia.
No obstante, la firma de dicho convenio implica una erogación presupuestaria, razón por la cual, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-1082-2017, de fecha 16 de junio del 2017, suscrito por el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, se remite al Consejo Universitario la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”.
A consecuencia de ello, mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-1361-2017, de fecha 30 de junio del 2017, se aprueba la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”, con excepción de los recursos previstos en dicha modificación para atender el convenio firmado entre la Universidad Nacional y el Fondo de Beneficio Social y el Sindicato de Trabajadores”. Actualmente el tema referente al Convenio entre la UNA y el Fondo de Beneficio Social se encuentra en la Comisión de Análisis de Temas Institucionales para el trámite correspondiente. Por lo tanto, esta Rectoría ha realizado todas sus acciones en apego al marco normativo, como lo establece la normativa interna de la universidad.
Por otra parte, el convenio en lugar de hacer un “mal uso de fondos públicos” como se cita en la nota periodística es una medida encaminada a fortalecer el acceso a la salud de calidad, así como brindar a los funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional, una atención médica accesible, oportuna, rápida y eficiente, siendo esto un derecho fundamental del cual el Estado debe ser garante.
No obstante, con las limitaciones que tiene el sistema de salud de nuestro país, la implementación de dicho convenio no solo beneficiaría a los funcionarios de la universidad sino también a los estudiantes de todos los campus universitarios de la UNA, como bien señala el Convenio de Cooperación entre la UNA-FBS-SITUN, a saber:
“10. La UNA, el FBS y e SITUN tienen especial interés en articular esfuerzos para ejecutar programas dirigidos a la prevención y promoción de la salud en áreas y temas específicos según las necesidades de la población laboral y funcionarios jubilados así como aquellos estudiantes que sean referidos por el Departamento de Salud, con el propósito de alcanzar un desarrollo integral de la calidad de vida”.
Esta alternativa favorece el descongestionamiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ende la iniciativa podría convertirse, si se aprueba la erogación presupuestaria, en una reforma señera que deje huella en las universidades públicas con el afán de crear universidades saludables.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Diputado Guevara publicó datos salariales inexactos de trabajadores de la UCR
Legislador no tomó en cuenta pagos retroactivos en casos que denunció
El salario mayor que reporta la UCR alcanza los ¢7,8 millones, por lo que es imposible considerar como “mensuales” los montos denunciados por el diputado Otto Guevara.
Los datos que dio a conocer el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, mediante un comunicado difundido por dicho partido político este miércoles 9 de marzo en el Congreso, sobre los salarios que perciben las y los funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) SON INEXACTOS pues reflejan pagos retroactivos excepcionales en un mes determinado, varios de ellos ordenados por instancias judiciales o por procedimientos internos institucionales.
Esto se debe a que el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fuente que utilizó Guevara para hacer su denuncia, reporta los pagos hechos en meses específicos, los cuales no corresponden en todos los casos a los salarios reales que los funcionarios universitarios perciben mes a mes.
En el caso de la secretaria que recibió un salario de ¢58,8 millones de colones en diciembre del año pasado, los Tribunales de Justicia ordenaron a la UCR el pago de salarios retroactivos y otros beneficios a esta persona entre agosto del 2010 y noviembre del 2015. Esta orden involucra la cancelación de salarios, salarios escolares, aguinaldos de salarios escolares, aguinaldos e intereses ligados a su remuneración. El monto que esta persona percibe mensualmente como salario es de ¢1 066 363.
En cuanto al conserje que recibió 9,1 millones de colones, la explicación es la misma: la Sentencia No. 62-2013-VI del Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la UCR en octubre del año pasado el pago de anualidades correspondientes entre diciembre de 2007 y setiembre de 2015, además de salarios escolares y aguinaldos. El salario real de este funcionario es de ¢921 313.
Al jefe administrativo que se le reporta un salario de ¢23,4 millones en agosto del año pasado, se le pagó un monto retroactivo producto de una jefatura que había asumido dos años y medio antes (de enero de 2013 a julio de 2015). Esa recalificación no le había sido reconocida hasta ese mes. El salario real de este funcionario es de ¢3 097 179.
Un caso similar es el de la administrativa que recibió ¢11,4 millones en mayo del año pasado. La UCR debió reconocerle los salarios entre enero de 2013 y abril de 2015, producto de un ascenso de Técnico Especializado B a Profesional A. Su salario real es de ¢2 003 866.
Finalmente, entre los funcionarios a los que hizo mención el diputado Guevara, la profesora que recibió en setiembre del año pasado ¢18,9 millones, obtuvo una beca en el extranjero de marzo de 2007 a octubre de 2012. De acuerdo con un contrato firmado con la Oficina de Asuntos Internacionales, durante ese tiempo su servicio a la Institución no se detuvo, por lo que los salarios atrasados fueron cancelados en setiembre de 2015. Su sueldo real es de ¢2 887 664 millones.
La Universidad de Costa Rica, en un esfuerzo más por facilitar la rendición de cuentas a la sociedad costarricense, desde febrero del año pasado puso a disposición del público el sitio web de transparencia institucional, donde entre otros datos, quienes lo visiten pueden consultar la planilla oficial y los salarios que devengan en la Institución. El enlace para acceder al mismo es: http://www.ucr.ac.cr/transparencia/
Cabe destacar que, como lo señala el documento que adjuntamos a este comunicado, el salario mayor que reporta la UCR alcanza los ¢7,8 millones, por lo que es imposible considerar como “mensuales” los montos denunciados por el líder del Movimiento Libertario. De hecho, únicamente 182 funcionarios universitarios ganan más de ¢4 millones.
Por su parte, el salario promedio de los 392 catedráticos de la UCR es de ¢3,3 millones (máxima categoría docente); el de los 398 profesores asociados (categoría siguiente en orden descendente) es de ¢2,3 millones y el de los 5 607 profesores nombrados es de 1,6 millones de colones.
En el caso de la categoría “Policía e Inspector de Tránsito”, aclaramos que la UCR dispone únicamente de 15 oficiales de tránsito, todos ellos destacados en la Sede Universitaria Rodrigo Facio, de San Pedro, no los 244 que erróneamente publicó el medio digital La Prensa Libre. Los restantes funcionarios, efectivamente, son oficiales de seguridad que están destacados en todos nuestros campos y recintos y que son indispensables para salvaguardar la tranquilidad y el orden de la comunidad universitaria y de quienes nos visitan, así como para resguardar las instalaciones y el equipamiento dentro de ellas.
Con respecto a la razón por la cual febrero es el mes en el que Sicere reporta más dinero por concepto de salarios en la UCR, esto se debe a la cancelación del salario escolar en enero, el cual está exento de deducciones por renta y que se registra ante la CCSS hasta el siguiente mes.
Hacemos un llamado de atención sobre la forma de presentar la información que utilizó el diputado Guevara, pues si bien se trata de datos públicos, exponer la identidad de las personas y dar a entender que este es su salario mensual puede ocasionarles problemas de seguridad, amenazas a su integridad y perturbaciones a su tranquilidad.
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica
Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
El miércoles 15 de julio, el periódico La Nación publicó, en portada, una información inexacta y malintencionada, con el evidente objetivo de perjudicar no solo a funcionarios de la Universidad de Costa Rica, sino también la imagen de la institución misma.
Hago esta aseveración basado en que los datos, a los que el mencionado diario no dudó en tildar como “salarios”, corresponden al pago de la planilla de octubre del 2014, proveniente del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por concepto de cotización para la factura patronal.
Dicha base de datos fue obtenida por el diputado Otto Guevara quien, sin ningún reparo, la publicó con nombres y apellidos en su blog. Llama poderosamente la atención que el diario La Nación tome esa información como una gran novedad, sin deseos de actualizarla, y publicó los datos sin corroborarlos ni contrastarlos con la planilla más reciente.
Producto de la categorización propia del SICERE, aparecen cargos que a lo interno de la universidad no existen, como acomodadores de cine o “tráficos” (que asumimos, se refiere a la policía de tránsito institucional).
Además, los salarios publicados por dicho medio no establecen desglose ni identifican la posibilidad de pagos retroactivos, sino que se consideran como montos habituales, o sea como salarios constantes, sin considerar algún tipo de variación en el tiempo. Tampoco se toman en cuenta las anualidades correspondientes al servicio a la institución durante décadas por parte de nuestros funcionarios más longevos.
Evidentemente, el artículo tampoco contempla la cancelación de cargas sociales y de renta, demostrando falta de acuciosidad del reportero o un interés infundado de no apuntalar la información lo suficiente, para dar una imagen de despilfarro.
Son estas y muchas otras las razones por las cuales llamo a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a estar vigilantes ante estos embates de ideologías que buscan reducir el aporte social de la Universidad de Costa Rica y minar su libertad de pensamiento, con el único objetivo de acabar con las pocas representaciones que aún quedan de la herencia del Estado Social de Derecho que nos legaron nuestros antepasados.
Yo, como ustedes, me siento consternado por lo ocurrido este miércoles desde una empresa que se considera a sí misma la representación máxima del periodismo en Costa Rica, un periodismo que, desgraciadamente, ha caído en errores serios con el único objetivo de causar un perjuicio a esta institución benemérita y de gran prestigio en América Latina y el mundo.
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica
Rector defiende uso correcto de la información institucional. Ingrese en el siguiente enlace:
Otra victoria del SEC sobre los enemigos de las y los trabajadores
Sala constitucional rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Otto Guevara en contra de la Convención Colectiva del MEP y SEC-Sitracome.
Por medio del Voto el #7221-2015 del 20 de mayo del 2015, la Sala Constitucional rechazó la acción presentada meses atrás por el diputado Otto Guevara contra La Convención Colectiva entre el Ministerio de Educación Pública, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME).
La información la recibió el SEC esta tarde de parte del MEP, durante una reunión efectuada con el objetivo analizar la situación del personal interino.
Nuevamente el SEC se apunta un triunfo y la justicia nos da la razón.
