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Etiqueta: participación ciudadana

La reivindicación femenina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Significativo y de valor, resulta la conformación de listas en el Pacto Histórico, por el alto porcentaje de mujeres que aspiran, en Colombia, a la representatividad política, por zonas regionales provinciales y departamentales; producto de la equivalencia en la igualdad de aspiración a cargos de elección popular, en un sentido de género; superando flancos problemáticos con el feminismo.

Valga la presente semblanza de la aspirante a la Cámara de Representantes, en lista cerrada por el Departamento de Norte de Santander, a nombre del Pacto Histórico, con miras a hacerla extensiva- a nivel nacional- en la serie de recomendaciones y caracterizaciones, que contiene y significa, en las actuales condiciones del país, la noble aspiración a hacer parte de un cuerpo colegiado legislativo, en el entorno del proceso electoral actual. Un proceso electoral que mantiene en impaciencia y sobresaltada a la opinión pública internacional, por la constante de un sistema electoral, concebido, ajustado y aceitado para el fraude y que califica como totalmente desprestigiado. Que, a su vez, ante la opinión pública nacional (refiriéndome por ésta a aquella que no está intoxicada por la mediática dictatorial), el poder legislativo, marca un aspecto de referencia por lo característico de anti popular y anti democrático de sus actuaciones; por sus posturas infieles a los intereses populares y por los alcances de una representación obtenida por fraudes y negociaciones de casino; a la sombra pérfida de un sistema electoral, corrupto, decadente y carente de fe pública y oscuridad en el escrutinio .

Mencionar a ALIX MARINA OJEDA ALVAREZ, como aspirante a la Cámara de Representantes, encabezando la lista del Pacto Histórico, en el Norte de Santander, significa aludir al papel de la mujer en la Provincia de Ocaña. En ese sentido, Alix Marina Ojeda Álvarez, es la expresión más representativa de la mujer actual, como ama de casa, con conocimiento de los recursos públicos, durante el desempeño como funcionaria de la empresa pública Telecom; profesional del Derecho, que ha sabido combinar su conocimiento, interpretando y difundiendo por los medios de comunicación, que la destaca como conocida, en el aspecto académico del periodismo. Una activista social de cara a abordar los temas álgidos de la conflictiva situación política y social de Colombia y en especial de la región del Catatumbo nortesantandereano.

Por primera vez, una mujer (de pesos político especifico), aspira a un cargo de elección popular para representar a la Provincia de Ocaña y al Departamento de Norte de Santander, en los escaños del Congreso de la República. No se da a conocer como una política profesional, en que todos sus réditos provengan de la política. Por el contrario, ella es un ejemplo de participación ciudadana, en el ejercicio democrático de la política; en aplicación de mecanismos y salidas decentes en su práctica. Por ello huelga explicar, que lo de “peso político especifico”, concierne al apoyo de su concepción, fundamentados en los Programas Políticos, que expresa el acumulado de experiencias y conjunto de ideas propuestas, que sustentan la representación de país y soberanía que sobre el tema sostiene y apoya la Colombia Humana y en especial el Pacto Histórico.

Alix Marina Ojeda Álvarez, reivindica el contenido del discurso político por el cambio; superando el enlodamiento demagogo del clientelismo traqueto, por el de la altivez en el compromiso adquirido con los votantes, que depositaran en ella su confianza y mandato.

Alix Marina Ojeda Álvarez, se deberá a las comunidades; es decir, a todo el conglomerado que reclama la participación directa democrática en los destinos de sus intereses y soluciones a las necesidades que les aquejan. Por ello, el mandato a asumir es el de los intereses de la pluralidad colectiva, cuyo soporte no será el lobby, caracterizado por el acato a sujetos y personas con influencias de poder político y económico y que sustentan el actual dominio de la corrupción y la pérdida de valores; sino el del Poder Popular, como mandataria de la pluralidad colectiva de las agrupaciones de las organizaciones de masas, sociales, populares y políticas. En uso y aplicación veraz de los instrumentos de participación política directa del pueblo colombiano, que son letra muerta en la norma constitucional actual. En este sentido, su labor, como representante en el poder legislativo, apuntará a la efectividad de los mecanismos de participación directa del pueblo colombiano, expresados en la revocatoria del mandato, el cabildo abierto popular, la asamblea popular, la reunión de juntas populares permanentes locales; en las que la agrupación de las colectividades, sus reuniones y asambleas, garanticen los mecanismos de participación democrática directa y de lo representativo, expresadas, en el plebiscito, los referéndum, el uso de las tutelas y las acciones populares, sobre todo en defensa de la naturaleza, la riqueza hidráulica y marina de la nación colombiana.

Alix Marina Ojeda Álvarez, representa el reto, para arrebatar aquellos espacios usurpados y lograr superar el vacío dejado por lideres y lideresas asesinados. Sus propuestas van en contraria de los intereses de los poderes hegemónicos locales; persistentes en mantener la continuidad del conflicto armado interno y bajo fuerte influencia por beneficiarios del narcotráfico.

En el caso particular del Norte de Santander, el reto de la aspirante a la Cámara. Alix María Ojeda Álvarez, radica en superar a la derecha militarista del clientelista Wilmer Carrillo, en 17 municipios del Norte de Santander, en donde contabilizaran votos comprados de bases liberales. Además, del reto en proyecciones para ser la sepultadora del actual representante a la cámara por el partido conservador, Ciro Rodríguez: un exponente de lo retardatorio y corrupto, que cínicamente aspira a repetir, pese a su rosario de calamidades. Tal falsedad, desvergüenza y maldad, raya con lo cínico, en una práctica que lo caracteriza, por actuar generalmente en forma de burla disimulada, totalmente diferente a lo que dice, prédica y práctica.

Alix Marina Ojeda Álvarez, por sus raíces familiares liberales, redundara en beneficio a lo programático Alternativo Popular. Al propulsor Gustavo Petro, se le ha caracterizado política e ideológicamente, como un socialdemócrata con ideas liberales. Sus ideas sobre la distribución de la renta; el impulso de un desarrollo del capitalismo productivo, en un modelo económico de energías no fósiles y basado en lo agro productivo de soberanía nacional alimentaria y exportación de excedentes; así como la inclusión de subjetividades como la elección de sexo, la libre determinación de autonomía y personalidad, el feminismo, entre otros logros, no son en contenido alguno socialistas.

Asistimos un momento histórico de superación de un modelo económico salvaje y afrontar las reformas radicales estructurales y de fondo que la sociedad colombiana requiere, para dejar atrás los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana; en particular, la salida política definitiva del conflicto armado interno.

Que, así como en el entorno de la Provincia de Ocaña y el Catatumbo en el Norte de Santander, se pudiere en otras regiones de Colombia destacar la valía de la mujer activista. Alix Marina Ojeda Awad, se ha convertido en la abanderada del recuerdo perenne de mujeres como María Susana Awad de Ojeda, quien, gracias a sus desempeños políticos, por ser luchadora infatigable por obtener el voto femenino en Colombia que materializo en el año de 1957, fue ungida como la primera alcaldesa nombrada en Colombia, posesionándose como alcalde de Ocaña el 17 de octubre de 1961. De Alix Marina Ojeda Álvarez, expresó en documento, Doña María Susana, quien falleció hace dos años a la edad de 100 años: “Hoy, a los 98 años, me siento orgullosa de que una mujer ocañera aspire a la Cámara, enarbolando las banderas de las reivindicaciones sociales, políticas y de las mujeres”.

Con la declaración de Doña María Susana Awad de Ojeda, se reivindica política y moralmente la figura de la mujer ocañera. Doña María Susana Awad de Ojeda, mostrando un aspecto hermoso y de buena salud, a sus 98 años, eleva al pedestal de la figura icónica de la publicidad, la imagen de la candidata Alix Marina Ojeda Álvarez, a semejanza y representación de su acumulado de valores, cual potencial armónico que fluye en estruendoso y saludable impacto. Al evocar, por provenir de ella, el apoyo a la aspiración electoral de Alix Marina, propendiendo a la elevación de la escogencia moral, del acierto político en la preferencia a la adulada, con el propósito o fin de no ocultar, que al presentarla a semejanza de su pulcra vida política y esa sí de ciudadana de bien, genera la satisfacción propia de un mensaje que ha sido integra y totalmente asimilado.

Saludable, desde todo punto de vista el gesto político de Doña María Susana Awad de Ojeda, a favor de la dirigente popular Alix Marina Ojeda Álvarez, en fórmula con la aspiración al Senado y hoy senador campesino Alberto Castilla, en las pasadas elecciones de 2.018 (1)

Motiva el presente artículo la evocación a la mujer, tan cercana la fecha a su reconocimiento internacional, el próximo 8 de marzo. Rememoro y cito, para concluir, con el famoso contenido que encierra el adagio oriental “las mujeres sostienen la mitad del cielo”.

(1) Artículo de David Humberto Ojeda Awad. “María Susana Awad Maestre. Algunos episodios de su vida”.

Una opinión electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ítalo Fera Fallas

La posición final del Frente Amplio (F. A.) de no apoyar a ninguno de los dos partidos en la segunda ronda es correcta.

Pero aún más correcto y coherente sería que fuese un partido participativo, de apertura al diálogo y a la organización dentro de su propio partido, donde posiblemente miles de personas de seguro esperan esa respuesta.

Diálogo no sólo entre legisladores, debe hacer «puentes» con todas las comunidades organizadas o no, miles de dirigentes sociales y ciudadanos que participan en diferentes organizaciones y movimientos sociales.

Ser líderes de ese pueblo organizado y no organizado, que requiere una mano amiga, transparente, honesta y combativa por los derechos de las mayorías.

Los que le dimos un voto a su papeleta de diputados, de seguro estaremos atentos a su actuación.

En Honduras el reto es mayor al estimado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Marlin Oscar Ávila

El triunfo electoral de noviembre se debe a más de un millón setecientos mil y más ciudadanos electores de la presidente Xiomara Castro, todos deseosos de un estado democrático. Seguramente hubo ciudadanía que, sin haber votado por Xiomara Castro, después del proceso electoral se contaminó del entusiasmo y decidió apoyar su gestión.

Pareciera que todos los sectores sociales, deseosos de un país democrático en Honduras, está de acuerdo que hay una enorme tarea por delante, sin embargo, hay necesidad de seguir organizándose para lograr su cumplimiento. En la toma de posesión del nuevo poder Ejecutivo, se vio a la comunidad internacional dispuesta a brindarle apoyo.

A pocos días de la toma del poder, este nuevo gobierno ha iniciado con el cumplimiento de sus promesas, tanto con las medidas factibles a tomar según sus planes estratégicos, en lo nacional como en lo internacional. Desde luego, hay medidas que tienen que esperar a que se den las condiciones y otras tienen que pasar por el tamiz de la democracia o consulta social participativa. Los consensos y los disensos son factores que exigen tolerancia, tiempo, disciplina y tener los mecanismos adecuados para su aplicación. Algo que no hemos practicado en décadas, y quizás en siglos. Es decir, nuestra cultura no ha sido cultivada para ejercer la democracia sin grandes tropiezos. No digamos a los miembros del Partido Nacionalista acostumbrado a vivir del poder político durante los 12 años. No solamente despojaron de bienes inmuebles los edificios públicos, sino que se han resistido a abandonarlos, dejando de ser empleados porque se les finalizaron sus contratos y su exjefe no tiene más el poder de mantenerlos ocupando ese espacio.

Se ha tenido que aprender qué significa un estado republicano con tres poderes independientes para gobernar. Aun esto no se termina de comprender, porque históricamente se acostumbró a la existencia del caudillismo quien intervino a sus anchas, en el poder constitucional que le complacía. Actualmente, el poder legislativo todavía mantiene una división que sigue costando llevarla a consenso en asuntos de distribución del poder mismo. Lamentablemente, esto ha sido dentro del partido político al cual pertenece el Ejecutivo, el Partido Libertad y Refundación LIBRE, quien tiene la mayor militancia de los partidos políticos del país. Hemos visto como ha habido mutuas acusaciones, donde las otras fuerzas políticas han estado provocando e instrumentalizando a su favor la controversia.

Mientras tanto, los enemigos locales más grandes de este empobrecido pueblo (74% de pobreza) siguen actuando con impunidad, puesto que el Poder Judicial sigue bajo su control por los próximos dos años, los marcos legales no se han reformado, para volverlos accesibles a la justicia social ideal. Además, las instituciones armadas siguen teniendo el poder que han mantenido en los años de Juan Orlando Hernández, con cuerpos armados involucrados en el narco tráfico. Los carteles de la droga siguen activos. Los capitales robados a las instituciones por actos corruptos, que son muchos millones de dólares y lempiras, se mantienen en poder de las mafias que gobernaron hasta hace un mes, sin que se logre su recuperación en lo más mínimo. Con ese capital se resolvería el presupuesto de todo un año de gestión pública.

Por esto y más, podemos ver que hay una enorme tarea por delante. Tarea que solamente sería posible cumplirla con la participación organizada de toda la ciudadanía consciente. Cuando decimos esto, no quiere decir que la ciudadanía sea correa de transmisión de una dinastía ni de un caudillo determinado. Se requieren discusiones amplias, con criterio propio, organizadas y expresando intereses de la colectividad, que trabajen y hagan llegar sus opiniones y presiones para que el programa definido con antelación se cumpla e ir construyendo juntos esa Honduras democrática por etapas, sin alterarse, puesto que esto exige tolerancia, madurez y perseverancia. Las movilizaciones cambian su blando hacia lo que obstaculiza la realización del plan estratégico. El primer gran logro se tiene, pero hay que cuidarlo, cuidar de la estabilidad y consolidación de la presidente Xiomara Castro.

Seguramente las disidencias seguirán existiendo, lo cual es parte de la democracia participativa. No vale acusar de primas a primera de traidor a quien piensa diferente, puesto que solamente demuestra incapacidad de discusión y ausencia total de tolerancia frente a compañeros que desean los mismos grandes objetivos. No debemos repetir la dolorosa experiencia de la izquierda de otros países, como fue la del asesinato del compañero Roque Dalton en El Salvador (1975). Saber diferenciar quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, con criterios objetivos y no emotivos, es un aprendizaje que tenemos pendiente, pero urge aprenderlo. Así seguiremos con confianza en la reconstrucción de Honduras, para beneficio de las grandes mayorías y futuras generaciones.

Breve radiografía de la Democracia electoral costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales y las elecciones en Costa Rica han sido elemento clave del desarrollo de su vida democrática institucional, de afirmación de la democracia como modo de vida, y de ejercicio de participación ciudadana para la escogencia y nombramiento de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Costa Rica, como país, ha tenido en la práctica una gran estabilidad política. Como grandes períodos históricos desde la Declaración de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, hemos tenidos un primer período, inmediato a la Declaración de la Independencia, hasta 1823, que se caracterizó por el establecimiento de Juntas Superiores Gubernativas, como órganos colegiados de gobierno. A partir de 1823 y 1824 formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal de Centroamérica, donde nos constituimos como Estado de Costa Rica, situación que formalmente llegó hasta 1848 cuando el 30 y el 31 de agosto el Congreso y el Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, declararon la ruptura definitiva de la Federación Centroamericana al declarar la Fundación de la República de Costa Rica.

En ese período ya habíamos salido de la República Federal en 1838, integrándonos nuevamente en 1842, cuando Francisco Morazán intentó de nuevo reactivar ese proyecto político regional, y salimos de esa intención con la caída de Morazán en setiembre de 1842.

Desde 1848 se empezó a desarrollar institucionalmente la República. Este proceso llegó hasta 1948, cuando por situaciones políticas y electorales, de la década de 1940-1948, se agudizó una crisis que condujo a un conflicto militar, durante los meses de marzo y abril de 1948, que condujo al establecimiento de una Junta de Gobierno, durante los años de 1948-1948, en manos de quienes se habían sublevado, atrasando por dos años la asunción en el Gobierno de Otilio Ulate Blanco, a quien le habían anulado la elección de 1948, lo que justificó el movimiento armado en defensa de esa elección, que se expresó en esa lucha armada.

La Junta de Gobierno declaró el 8 de mayo de 1948 la fundación de la llamada Segunda República, período histórico que llega hasta nuestros días.

Durante los períodos del Estado, 1824-1848, de la República, 1848-1948 y de la Segunda República, 1948-2022, el proceso electoral se fue perfeccionando y mejorando. De un voto exclusivo en pocas personas se llegó al voto directo, en 1913, al voto secreto, en 1924, y al voto universal en 1949. En 1890 surgieron los partidos políticos haciendo que desde entonces solamente a traves de partidos políticos se pueda aspirar a puestros de representación popular, de elección de gobiernos municipales, de diputados y de Presidente. Un mecanismo desarrollado en 1935 de establecer el 40% de votación para definir al ganador de la Presidencia de la República, contribuyó a darle gran estabilidad al sistema político electoral.

Restricciones electorales se establecieron en 1898 para partidos religiosos, impidiendo la participación de estos y prohibiendo aducir sentimientos religiosos en campañas electorales. Restricciones político-ideológicas se establecieron, en 1903, con motivo de unas huelgas, para la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo. Electoralmente esto se llevó al Gobierno de Cleto González Víquez, 1928-1932, que estableció que con el nombre de Partido Comunista no se podía participar en elecciones, obligando a este partido, que al fundarse en 1931, participara en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, 1932-1942.

Este año, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, declarada la guerra al eje nazi fascista en diciembre de 1941, se crearon condiciones para una alianza política extraordinaria, que culminó en 1943, cuando el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, se alía al Gobierno y a la Iglesia Católica, impulsando una gran Reforma Social y un Código de Trabajo, junto a otras importantes reformas institucionales que había impulsado el Gobierno de Calderón Guardia. Esta alianza duró hasta 1948 cuando acabó el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, a cuyo final se produjo la Guerra Civil.

Al terminar la segunda Guerra Mundial dió origen al período de la Guerra Fría. En este contexto la Junta de Gobierno puso fuera de la ley, al Partido Comunista de Costa Rica, por el Decreto Ley No. 105, de julio de 1948, y en la Constitución Política de 1949, con el segundo párrafo del Artículo 98, se prohibió la participación electoral de los partidos que por sus vinculaciones internacionales amenazaran la democracia, concepto que solo se aplicó al Partido Comunista o Vanguardia Popular, y partidos que se consideraban era su fachada electoral, hasta 1975.

Hasta 1948 la columna vertebral de los partidos políticos era el movimiento liberal clásico que venía desde el siglo XIX. Frente a ellos surgieron las primeras manifestaciones contestarias, partidos obreros, partidos reformistas, socialistas y el comunista. También surgieron las corrientes político-ideológicas social cristianas y socialdemócratas.

La prohibición de participación de los comunistas, y por ampliación, a las fuerzas políticas de izquierda se mantuvo hasta 1975.

Electoralmente, el dominio político nacional hasta 1948 estuvo en manos de las fuerzas político-liberales, en sus términos más generales. Desde 1953 hasta el 2014, 15 gobiernos, el control del gobierno, del Poder Ejecutivo, estuvo en manos de dos partidos políticos, Liberación Nacional, y la oposición política a éste en tres coaliciones, y por el Partido Unidad Social Cristiana, dando origen a lo que se ha llamado el bipartidismo nacional. Los últimos dos gobiernos, 2014-2022, los ha tenido el Partido Acción Ciudadana, con lo cual tres partidos son los que han ejercido el control del Poder Ejecutivo nacional. Así, Liberación Nacional ha gobernado nueve de los 17 gobiernos habidos desde 1953, la Unidad Social Cristiana seis y el partido Acción Ciudadana dos.

A nivel legislativo el bipartidismo nacional se manifestó en que hasta 1998, esos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tenían por sí o juntos la mayoría legislativa. Desde ese año la Asamblea Legislativa no la controla ningún partido político en particular, constituyéndose de hecho una situación en la cual todos los partidos políticos allí representados son “minoritarios”, pero con capacidad de realizar alianzas parlamentarias, que contribuyen a la gobernabilidad nacional.

A nivel de participación electoral desde 1948 ha venido creciendo el número de partidos políticos, con candidatos presidenciales, desde dos partidos hasta 25 partidos como están participando en el actual proceso electoral, que se resuelve el próximo 6 de febrero. A nivel legislativo, aparte de los partidos nacionales también participan partidos regionales, específicos de las siete provincias que tiene el país. El algunas de esas provincias hay hasta 30 partidos políticos luchando por sus diputaciones, 57 en total en el país.

A nivel de participación ciudadana el país goza de un alto nivel de participación. Desde 1953 hasta el 2018 el abstencionismo electoral ronda el 23%, comprendiendo a los que votan en blanco o anulan su voto en urna, y de los que del todo se abstienen de ejercer su derecho al sufragio. Desde 1953 hasta 1998 el promedio de abstencionistas rondaba el 18% y desde 1998 hasta el 2018 era de un 31%.

Los procesos electorales a nivel presidencial se definen por quien saque el 40% de los votos válidamente emitidos. Cuando esto no ha sucedido, elecciones del 2002, 2014 y 2018 se pasa a una segunda ronda con los dos resultados más altos de la primera ronda. De esta manera, de hecho, en términos generales, el 70% de la población votante ejerce su derecho al sufragio, aunque en momentos cercanos al día de las votaciones pueda estar indefinida en torno a su decisión de por quién votar.

En esta misma historia electoral la alternabilidad de partidos políticos en el ejercicio de Gobierno ha sido la huella fundamental. En esto, todo el período desde 1953 hasta el 2018 conoce momentos en que un partido se reelige en el gobierno una vez, pero nunca se ha dado que se reelija dos veces consecutivas, que es el reto que tiene al actual partido Acción Ciudadana, gobernante en este momento. El reto se amplía a retornar a los partidos que han ejercido el gobierno, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, antes de elegir nuevas fuerzas políticas o de improvisar partidos sin experiencia en Gobierno o la Asamblea Legislativa, o que amenacen aspectos fundamentales de la convivencia y vida democrática y de Derechos Humanos de la sociedad costarricense.

Finalmente, el número de votantes es de 3.500.000, ligeramente un poco más de mujeres que de hombres. Poco más de la mitad de los votantes son mayores de 40 años. Los que por primera vez votan, mayores de 18 años, rondan los 250.000, y son los que históricamente muestran su mayor abstencionismo.

A nivel social la Población Económicamente Activa, que es también votante, al momento de iniciar la pandemia, giraba alrededor de 2.500.000 de personas. De ellas una tercera parte es de mujeres. De estas mujeres el 52%, 350.000, son cabeza de familias, principales ingresos de sus hogares aún cuando tienen esposo o compañero. En marzo del 2020 había 220.000 desempleados.

Con la pandemia la desocupación llegó a finales del 2020 a 600.000 y otros miles fueron afectados con reducción de jornadas de trabajo, y reducción de sus salario o ingresos. A finales del 2021 los desempleados alcanzaban la cifra de los 450.000 y las cabezas de familia se habían reducido a 250.000.

La situación social actual muestra que 1.500.000 de personas tiene ingresos de ¢120.000 (ciento veinte mil colones ó $200 dólares) mensuales, que son literalmente salarios o ingresos de extrema pobreza, que no garantizan una vida digna, decorosa, decente.

Las clases medias bajo los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana han salido altamente golpeadas, con sus diversas políticas económico-sociales, las han reducido en sus aspiraciones y las conducen hacia los niveles de pobreza nacional.

Frente a esta situación social los 25 partidos políticos, que están participando en las elecciones, no tienen un planteamiento público para sus electores, para ver cómo se recuperan, al menos, los índices del económico sociales del 2019.

Estos son parte de los retos que afrontan las nuevas autoridades gubernamentales que puedan ser electas el próximo domingo 6 de febrero. Este es el nudo fundamental del proceso electoral, sobre el que no se oyen mensajes positivos.

El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

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Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)

Camino a las Elecciones 2022 – Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por mí (la sabiduría) reinan los reyes,
y los gobernantes decretan justicia.
Proverbios. 8:15VBA

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), inquieta por estar en camino las elecciones generales en Costa Rica, el próximo domingo 6 de febrero 2022, desea compartir algunas inquietudes y preocupaciones, en torno a la contienda electoral.

  1. Aunque para algunos/as es sinónimo de robustecimiento de la democracia, nos preocupa el altísimo número de candidatos/as a la presidencia, con un programa de gobierno, muy bajo, en términos de no abordar los temas de las grandes mayorías empobrecidas. De acuerdo con la experiencia mundial e histórica y con la teoría política, el mayor enemigo de la democracia es la proliferación de partidos sin ideología, ni organización ni cuerpo.
  2. Lo anterior, podría revelar un hastío de la población ante las promesas incumplidas por parte de los anteriores candidatos/as y presidentes/as, y un posible deseo de gobernar, solo por ansias personales. O una estrategia de las clases dominantes para que haya cada vez más abstinencia y mantenerse en el poder, mediante la irresponsabilidad en la gobernanza, la indiferencia a las necesidades del pueblo y la corrupción e impunidad para seguir aumentando su riqueza.
  3. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, analizó algunos ejes temáticos basado en la información que los partidos políticos presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y en el 90% de los mismos, deja mucho que desear las propuestas presentadas en cuanto a Ambiente, Género, Economía, Empleo y Comercio, Educación Superior y Desarrollo en las Zonas Costeras. Nos inquieta que, en ninguna de estos aspectos fundamentales para el país y para la política internacional, el sujeto a destacar es el de las clases media y alta y está totalmente ausente el sujeto empobrecido, o sea el de la clase baja.
  4. Otro aspecto muy preocupante es la total ausencia al acceso directo de las propuestas para el pueblo. Es imposible para una persona, por sus condiciones materiales, acceder a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y leer sin ninguna mediación pedagógica la propuesta de 149 partidos inscritos (32 a escala nacional, 26 a escala provincial y 91 a escala cantonal). No es suficiente lo que los periodistas hagan.
  5. Hay necesidades que deben ser atendidas con carácter urgente por quienes pretender llegar a gobernar. Por ejemplo, asegurar trabajo para todas las personas, en especial para quienes están en este momento desempleadas que son el 15% de la población, es decir, cerca de 400 mil personas, es de la única manera que pueden bajar los niveles de criminalidad, de asaltos y consumo de adicciones, el hacinamiento carcelario; la impunidad de quienes invaden los territorios indígenas y el asesinato de sus líderes; cuidado real de los recursos naturales y mercado seguro para los productores nacionales, en especial los agropecuarios y agrícolas; opciones claras para la erradicación de la pobreza; erradicación de las distintas formas de discriminación y de todas las violencias de género, entre muchos otras necesidades más.
  6. Creemos que la sociedad costarricense, merece un trato más inteligente y justo de parte de los candidatos/as, ya que, al parecer, por un lado, solo se trata de ganar la presidencia para fines personales, y segundo, se subestima los aportes de los sectores populares.

Ha quitado a los poderosos de {sus} tronos;
y ha exaltado a los humildes. Lucas. 1:52VBA

Foro virtual: Auditoría Ciudadana de la Deuda con Participación Popular

Escrito en . Publicado en Derechos.

SIPROCIMECA y el Grupo Transparencia Nacional, invitan al Foro Virtual Internacional, Auditoría Ciudadana Integral de la Deuda Pública: “Profundizando la democracia participativa y la rendición de cuentas, frente al sistema de la deuda”.

Las organizaciones invitan a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y en general a todas las y los costarricenses y foráneos interesados, a inscribirse de manera gratuita.

Los organizadores consideran que la auditoría Ciudadana de la Deuda con participación popular debe convertirse en un instrumento viviente de lucha contra la corrupción en todos los países del mundo; y como garantía de cumplimiento de los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para combatir las desigualdades y garantizar una vida digna para todos los seres humanos. 

 En el caso de Costa Rica, toma relevancia de cara a los comicios presidenciales del primer domingo de febrero del 2022. 

El evento tendrá la participación de expositores de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.

Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.

 Horario: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Modalidad: 100% virtual.

Inscríbase en el siguiente enlace: https://www.siprocimeca.com/matricula/

Territorios Seguros solicita rendición de cuentas al Poder Judicial en elección de magistrados suplentes

Escrito en . Publicado en Derechos.

TS C 043 21
San José, 23 de octubre de 2021

Señor Lic. Fernando Cruz Castro
Magistrado
Corte Suprema de Justicia
Poder Judicial

Estimado señor:

Nuestro Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros como usted sabe, ha venido desarrollando desde febrero de 2010, un proceso sostenido para establecer la cultura de rendición de cuentas y evaluación de resultados, tal cual lo establece el Art. 11 de la Constitución Política, lo que se transforma en un mandato incuestionable para una ciudadanía responsable que como El Soberano debe asegurar el ejercicio de un gobierno responsable, tal cual lo establece el Art. 9 Constitucional. En este proceso hemos reconocido siempre como el Poder Judicial desde el primer día se comprometió en este proceso, siendo un ejemplo no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, de hecho, este esfuerzo se tradujo en abrir el espacio para la construcción conjunta de la política de transparencia de la justicia. Como ciudadanía responsable nos hemos comprometido en rescatar la credibilidad institucional, especialmente la del Poder Judicial, la que día a día queda más en entredicho, pues se le suma el actuar del Ministerio Público, como nos lo hizo ver recientemente Don Warner Molina, cuando le señalamos el incumplimiento de la rendición de cuentas institucional, pactada para el mes de setiembre.

Ahora surge en el seno de la Corte Suprema un proceso de escogencia de Magistrados Suplentes, que deteriora aún más la imagen del instituto de la justicia y el sufragio, pilares de la estabilidad política, social y de la paz de nuestra República, pues sabemos que estos junto a otros, constituyen el pacto social que nos debe regir. Lo lamentable es que la escogencia de los magistrados ya empaña desde la Asamblea Legislativa, la gestión que la ciudadanía ha depositado en ustedes, aunque se pretenda justificar mediante una legalidad que día a día se percibe menos moral o que se valida al grito de “Fuenteovejuna fue”. Es por esto y en aras de la transparencia y la rendición de cuentas que iniciamos conjuntamente, que requerimos nos haga llegar su respuesta sobre los siguientes aspectos:

  • ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y profesionales de idoneidad (constitucional) que utilizó usted como miembro de esa corte para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional?
  • ¿Cuál fue la Sala de la Corte que tramitó el concurso y remitió la nómina de los candidatos que habían superado la etapa de calificación de antecedentes y entrevista?
  • ¿Consideró usted los nombres de la nómina que remitió la Sala Constitucional?
  • ¿Sabe usted cuánto le costó al Poder Judicial el concurso de antecedentes que efectuó la Sala Constitucional, incluyendo los días de salario de los magistrados que hicieron las entrevistas?
  • ¿Sabe usted que significan los términos confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad?
  • El principio de idoneidad constitucional para el ejercicio de un cargo público ¡aplica o no para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional?
  • ¿Cuál es la norma que los faculta para hacer secreta la votación? Tenemos muy claro que usted, desde la función pública y nosotros, desde la ciudadanía, procuramos juntos, de la mano, transitar el camino que nos lleve a fortalecer la institucionalidad, en procura de la estabilidad y la paz social, por lo que esperamos muy pronto su respuesta.

Desde luego, como ha sido nuestro esfuerzo conjunto, esto se integrará en el proceso de rendición de cuentas y evaluación de resultados, que arrancamos en el 2010, para demostrar que en este país, las personas decentes de la función pública, junto al empresariado responsable y la ciudadanía consciente de su deber constitucional, haremos que la corrupción y la impunidad, así como el autoritarismo que buscan tomar el control del país, no tendrán espacio, cuando desde El Soberano se hace valer la Carta Magna construyendo la República Participativa, ahí establecida.

Quedamos a la orden y en espera de resolver esto prontamente y a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

 

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.

No hay problema con dobles candidaturas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Que haya muchos candidatos a la Presidencia de la República, para mí, no es un grave problema. Es tan solo una expresión de la diversidad actual de la sociedad costarricense que se manifiesta en la necesidad organizativa de ciudadanos preocupados por la forma de cómo se maneja, dirige y gobierna el país.

Puede ser también una respuesta para tratar de despejar el escenario de nubarrones que afecta el cielo patrio en torno a los principales problemas que se perciben por los ciudadanos, y ante los graves problemas que se mencionan en la cotidianidad de la vida política y gubernativa nacional, como en la necesidad de formularles respuestas y soluciones, alternativas a las que se impulsan por el Gobierno, por el Partido Acción Ciudadana y sus aliados parlamentarios.

En un escenario más tétrico podría ser una respuesta desesperada de ciudadanos ante la percepción de una gran crisis económica social y política, y una gran ingobernabilidad, donde cada grupo organizado, en estos partidos, trata de resolver su situación procurando llegar a la Presidencia de la República, puesto que niegan que los partidos existentes y el gobierno puedan seguir gobernando y resolviendo los problemas del país y de los ciudadanos.

Esta respuesta organizativa de ciudadanos en tantos partidos solo puede ser eficazmente válida si estos partidos, y sus candidatos, hacen de su participación electoral, verdaderas propuestas de solución a los distintos problemas que cada uno de ellos, y sus partidos, ven como los principales del país, y los esenciales de los ciudadanos.

Esto adquiere mayor dimensión en estas elecciones porque, por la reforma constitucional de iniciar el gobierno, en mayo próximo, con las sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, le da músculo político a los candidatos, en este caso a todos, para que en esa perspectiva digan a los ciudadanos, a los electores, cuáles serán sus principales proyectos de ley y cuáles serán sus primeros decretos ejecutivos, a partir del 8 de mayo, en atención a los temas que han agitado, o agitarán, en la campaña electoral, o que ofrezcan en sus discursos e intervenciones públicas, así como lo que señalen en sus respectivos Programas de Gobierno, que deben poner en copia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sea solo para el archivo histórico de esa Institución.

Esto también corresponde al inicio de la Costa Rica del Bicentenario, a partir de ahora, a esperar que los partidos y sus candidatos nos digan cómo quieren dirigir y cuales proyectos de ley y políticas públicas trazarán para la Costa Rica de los próximos 10 o 20 años por lo menos.

En la historia electoral del país siempre ha habido variedad de partidos con candidatos presidenciales. Solo en una ocasión hubo dos candidatos. Antes de 1948 era frecuente la elección entre dos o tres candidatos.

Desde 1998 ha habido más de ocho partidos presidenciales en cada proceso electoral. En las elecciones del Siglo XXI, desde 1998 hasta el 2018 ha habido bastantes partidos con candidatos presidenciales, llegando a tener en una papeleta hasta 15 candidatos. En esta ocasión se produce un salto porque hay en posibilidad de que en el 2022 participen hasta 27 partidos políticos con candidatos presidenciales.

En los resultados que se produzcan tampoco habrá gran problema, porque los votos presidenciales se dividen entre los partidos y candidatos que participan, quedando ganador el que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos, o pasando a una segunda ronda electoral los dos que tengan mayor cantidad de votos o mayor porcentaje electoral, inferior al 40%, definiéndose el ganador de la segunda vuelta con el mayor número de votos, sin porcentaje básico. Tampoco tiene importancia porque el Gabinete, el Consejo de ministros, el Consejo de Gobierno, no se integra proporcionalmente entre los partidos que participan luchando por ganar la presidencia. Estos quedan por fuera. El Presidente electo y su partido nombran a mano llena a todos los ministros, sin obligación alguna de considerar a personas de otros partidos. El que gana la presidencia hace, como se dice popularmente, mesa gallega, arrea con todo, saca el provecho total sin que sea abusivamente porque así está establecido el sistema electoral y así ha operado siempre. No evita que un Presidente pueda integrar miembros de otros partidos o de otros gobiernos en su Gabinete.

Desde 1998 existe la reforma electoral que permite que los candidatos presidenciales puedan ser, a la vez, candidatos a diputados. En las elecciones desde 1998 hasta el 2018 poco se ha usado este mecanismo. En las actuales elecciones muchos candidatos presidenciales van a la doble postulación. Esto es lo novedoso y “escandaloso”, como se ha tratado de pintar. Pero, eso no quiere decir que los dobles candidatos tengan asegurada su curul legislativa. Eso no es tan fácil y puede resultar muy difícil para la mayoría de estos postulantes. En ese nivel legislativo juegan otras reglas electorales que afectan a los partidos pequeños, a los nuevos partidos, a los partidos que se organizan ad hoc, para cada elección, para los partidos que en la práctica no son permanentes.

En el nivel legislativo operan normas electorales que favorecen exclusivamente a los partidos mayoritarios y tradicionales, que sacan tantos votos que logran elegir cocientes, los votos suficientes para elegir un diputado y subcocientes, la mitad más uno de esos votos para elegir otro diputado. Es frecuente que esa cifra de subcociente a veces sea menor que la que tiene otro partido que no alcanzó cociente ni tampoco logró el subcociente, pero el diputado se lo asignan al partido que ya tuvo cociente. Sobre esto opera también el llamado residuo mayor de igual forma, lo que en la práctica parlamentaria elimina varios diputados que podrían ser representativos de núcleos poblaciones o electorales.

Si el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es una instancia de representación popular, no debería tener un sistema de escogencia de diputados que elimina representantes populares de partidos pequeños, favoreciendo la concentración en los partidos grandes. Debería darse la oportunidad a la mayor cantidad de representantes legislativos, por poca población que representen, porque eso son esos diputados, los representantes de esa poca población. De eso se trata.

Curiosamente ningún partido pequeño, de los que han electo diputados, se han preocupado por impulsar esta reforma legislativa que favorecería a los partidos pequeños, y al mayor número de ciudadanos que tendrían sus representantes.

Se podrá pensar que el sistema existente es para evitar la proliferación de diputaciones unipersonales y facilitar con ello la gobernabilidad. La práctica parlamentaria demuestra que cuando se separan diputados de sus partidos y se declaran “independientes” esa realidad se produce, lo que obliga a mayor capacidad de negociación política parlamentaria, que es lo que debe haber en la Asamblea Legislativa. Obligaría también a que los partidos políticos se desarrollen como grandes organizaciones permanentes, con líderes políticos más reconocidos nacionalmente.

Cuando son los candidatos presidenciales los que se postulan a la doble candidatura, como en esta ocasión, puede hacer que lleguen a la Asamblea líderes políticos de mayor peso, que a la vez faciliten la toma de decisiones y los acuerdos políticos.

Si se quiere evitar esto hay que avanzar hacia un sistema parlamentario, o al menos a uno semi parlamentario, pero se requiere, de igual manera, un gran acuerdo político nacional, que ojalá, en el próximo período legislativo, y de gobierno, se pueda tratar esto con una gran discusión nacional, que ya es necesaria.

El único problema que presenta tantas candidaturas es la presentación pública de los candidatos para debates. A nivel privado no hay problema porque ya está definido por disposiciones legales y jurisprudencia electoral que los sectores privados pueden hacer debates e invitaciones a aquellos candidatos que quieran oír. No están obligados a oír a todos ni a provocar debates con todos. A nivel público, de cualquier institución pública o medios de comunicación públicos, si hay obligación de invitar y de tomar en cuenta a todos los candidatos, en igualdad de condiciones, de tiempo y horarios de preferencia de radioaudición o televisión.

Las Cámaras empresariales ya hicieron una primera escogencia. Unos días después igualmente lo hizo el periódico La Nación. Estos grupos empresariales y económicos probablemente se moverán con un grupo de unos ocho candidatos que irán zarandeando hasta inicios de diciembre, cuando terminen con un pelotón de cabecera electoral de unos seis para llegar a inicios de enero con cuatro máximo, con lo cual refuerzan las encuestas de opinión pública, que miden opiniones de ciudadanos, que se informan con estos medios, orientando, de esa manera, la voluntad final de los votantes hacia unos candidatos sobre los otros. Para estos grupos el número de candidatos no importa. Lo que les importa son los candidatos que escojan como principales para finalmente optar dentro de ellos. Algo parecido, con mayor dificultad, harán los grupos sociales y alternativos a los partidos tradicionales. La fragmentación y división político-ideológica que hay, en toda la oferta electoral, perjudica mucho en estas decisiones, donde hay que “partir” votos en la práctica.

El 22 de octubre se cierra el plazo para que los partidos cumplan con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para asegurar su participación. Esperemos estos diez días que quedan, para ver cuáles partidos quedan debidamente inscritos.

 

(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 13 de octubre del 2021).

Hacia el primer domingo de febrero

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.