Etiqueta: participación ciudadana

Criminalización de la protesta social – video del foro

Escrito en 11/02/2021. Publicado en Derechos.

Costa Rica es un país de dilemas, contradicciones, ensueños y mitos, cuando de políticas y democracias, se trata. El simple ejercicio de una democracia procedimental puede sonar muy bien para los apetitos electorales, sin embargo, la gran desigualdad social que sufre Costa Rica, realidades de racismo, xenofobia y exclusión, desentonan con la narrativa oficial que endiosa la historia política costarricense.

El disenso ha sido castigado en Costa Rica. Que los puntos de comparación que ofrece Latinoamérica sean brutales, no implica que podamos revisar la historia de la represión, criminalización, judicialización e incluso muerte, de personas que han hecho manifiesto un desacuerdo con el statu quo en lo que de arenas políticas se trata.

La protesta social, además de ser un derecho fundamental, es un fenómeno que interesa tanto al mundo de la política, de la academia, como a los sectores populares y movimientos sociales, por supuesto. La protesta en Costa Rica ha adquirido particularidades en las últimas décadas, que invitan a su reflexión, pero que también preocupan a los sectores afines a las luchas sociales.

Dicha preocupación radica en que, paralelo a la transformación del papel de los partidos políticos, la intrusión de las redes sociales los juegos electorales, los nuevos o diversos repertorios de protesta, se presentan, a su vez, nuevas modalidades de represión, criminalización y judicialización de la protesta social en el país.

Confluencia Solidaria, como una iniciativa de convergencia socio política, convoca a este espacio de repaso histórico y reflexión como insumo para la comprensión de la coyuntura actual. Nos acompaña Marcela Zamora Cruz, quien forma parte del Centro de Amigos para la Paz, así como del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social. Esperamos que este conversatorio resulte de provecho.

Foto: UCR.

Análisis: “Gobernanza del agua en Costa Rica: una gestión integrada, abierta y participativa”

Escrito en 01/02/2021. Publicado en Agua, Derechos.

En noviembre 2020 la Fundación Friedrich Ebert publicó el análisis titulado “Gobernanza del agua en Costa Rica: una gestión integrada, abierta y participativa” de la autora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, experta en gobierno abierto, participación ciudadana y diálogo social.

“La gobernanza democrática del agua se entiende como un ejercicio de diálogo, toma de decisión e implementación de acuerdos y políticas públicas desde la apertura, la transparencia, la participación multisectorial y la rendición de cuentas”, detalla el documento.

El análisis aborda la participación ciudadana en asuntos ambientales, el mecanismo nacional de gobernanza del agua (MNGA), la participación, diálogo y resolución de conflictos, así como conclusiones y recomendaciones, entre las cuales destaca el proceso colaborativo para revisar el MNGA.

De acuerdo con Marco Vinicio Zamora, coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert “esta publicación busca mover participación desde el territorio y fortalecer capacidades comunitarias”.

SURCOS comparte el documento para su lectura y reflexión:

Gobernanza-del-Agua-en-Costa-RicaDescarga

Evento virtual: “Construyamos una cultura de participación ciudadana”

Escrito en 30/01/2021. Publicado en Derechos.

La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional invita a la actividad virtual “Construyamos una cultura de participación ciudadana” el próximo 04 de febrero a las 6:00 pm.

Si desea participar puede llenar el formulario de inscripción aquí. Todas las personas que se inscriban en cada una de las actividades de la Cátedra a lo largo del año, recibirán un certificado que les acreditará su participación en este esfuerzo de fortalecimiento ciudadano.

Todos los datos se manejarán de forma confidencial.

La transmisión se realizará en el Facebook de SURCOS Digital

Dibujarán mapa sonoro de Costa Rica frente al Bicentenario de Independencia

Escrito en 28/11/2020. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

La UNED invita a toda la población costarricense a aportar sonidos propios de lo cotidiano para levantar un mapa sonoro en conmemoración del Bicentenario en 2021

¿Le gustaría ser parte de la gran construcción de un mapa sonoro de Costa Rica? La conmemoración del Bicentenario de la Independencia le convoca a usted y a su familia a grabar o aportar aquellos sonidos característicos que dibujan la cotidianeidad del país, en la iniciativa “Sonidos del Pura Vida”, impulsada por la UNED.

Este proyecto de participación ciudadana busca motivar a la población de Costa Rica a construir un gran mapa que ubique históricamente aquellos sonidos con los que han crecido las personas desde diferentes zonas del territorio nacional, haciendo un valioso aporte con miras a la conmemoración del Bicentenario de vida independiente, en 2021.

“Nuestro objetivo es crear una memoria de sonidos de nuestro país. Un mapa sonoro es una técnica acústica para conocer los sonidos de un lugar, comunidad o ciudad; ubica los sonidos geográficamente. Por ello, para construir este tipo de material, se requiere del conocimiento particular de las personas que viven en el lugar”, comentó Ricardo Osorno Fallas, investigador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT), de la UNED.

Para participar, la persona que haya grabado o tenga en su poder un sonido característico de lo cotidiano, debe ingresar al sitio web pulsando aquí y buscar el ícono para subir sus grabaciones, además de completar una breve ficha de contenido para consignar aspectos fundamentales del contexto.

Usted tiene tiempo de hacer su aporte hasta el 15 de agosto 2021. Con los sonidos recopilados en la plataforma, se hará un análisis histórico con motivo del Bicentenario y, además, se realizará un inventario para fortalecer la gestión turística en los territorios del país.

“La plataforma es muy amigable, la persona pulsa el ícono correspondiente y de inmediato ingresará al breve formulario que debe completar con la información de su sonido. Con este aporte, estarán contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica a través del sonido”, acotó Osorno Fallas.

Si desea más información acerca del proyecto, puede escribir a:

Ricardo Osorno Fallas: rosorno@uned.ac.cr
Mildred Acuña Sossa: macunas@uned.ac.cr
Roberto Vargas Masis: rovargas@uned.ac.cr

Si desea evacuar dudas acerca del uso de la plataforma, puede escribir al correo liit@uned.ac.cr

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

Carta abierta a las señoras diputadas y a los señores diputados – para firmar

Escrito en 28/07/2020. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Al final de la carta y las firmas iniciales encontrará este mismo enlace para sumar su apoyo.

Lunes 27 de julio, 2020.

Estamos a tiempo de evitar una dolorosa crisis humanitaria

Estimadas señoras y señores:

El mundo atraviesa por una situación inédita, pues a pesar de que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias en el pasado, ninguna de las anteriores aconteció en el contexto de un grado tal de globalidad e integración comercial, tecnológica, financiera y de las relaciones humanas, como la que acontece en la actualidad.

La incertidumbre y desazón se ciñen sobre el planeta entero, mientras la esperanza de una pronta salida depende en gran medida del desarrollo de una vacuna, cuya disponibilidad inmediata resulta incierta para nuestro país. Por ello, más allá de toda duda, el sentido de unidad y solidaridad nacional deben primar en las actuales circunstancias, y nuestros actos en las próximas semanas y meses afectarán de manera decisiva a toda la sociedad, al menos por la próxima década.

Todo esto ustedes lo conocen muy bien, y no ignoramos la complejidad del trabajo legislativo, ni las discusiones en curso sobre tantos temas cruciales que exigen respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato, creemos que es urgente avanzar en acciones que eviten una crisis humanitaria de enormes proporciones, perjudicando con especial virulencia a las personas menos favorecidas económicamente, que seguramente son también las más afectadas por la actual situación en sus condiciones sociales, sanitarias y ambientales.

Por lo tanto, garantizar y ampliar las ayudas a la población mediante el Bono Proteger, mitigando el hambre y la desesperación que aquejan a por lo menos un millón de costarricenses en condiciones de desempleo, subempleo o informalidad, es una medida apremiante y vital; lo mismo que fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución insignia en esta lucha titánica.

El reto es cómo financiar estas medidas imperiosas. En el plazo inmediato, creemos, estos recursos deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes.

El ajuste de impuestos deberá ser progresivo y solidario, dirigido a generar recursos para cubrir estas necesidades inmediatas (Bono Proteger), lo que podría lograrse gravando con tasas mayores y con carácter temporal, a las personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado), de los tramos más altos de renta y, adicionalmente, con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera; que pueda balancear la pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia. Los detalles sobre ambos tributos solidarios y su capacidad recaudatoria son resorte técnico de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del buen juicio de las señoras y los señores diputados.

Paralelo a este gran esfuerzo nacional que demanda la inmediatez de la crisis, también deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros.

Un dialogo nacional franco y directo sobre estos y otros temas es urgente y estamos en la mejor disposición de participar activamente en el mismo.

Como representantes electos, en ustedes recae la potestad de legislar y confiamos que lo harán con celeridad y sabiduría.

Atentamente,

Monseñor José Rafael Quirós Quirós, cédula 3 0207 0504, Arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal.
Daniel Aisemberg Oberstein, cédula 8 0117 0803
Ana Luz Alfaro Mancía, cédula 8 0071 0645
Patricia Allen Flores, cédula 9 0039 0374
Felipe Alpízar Rodríguez, cédula 1 1049 0305
Ronald Álvarez Tamaris, cédula 6 0067 0944
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 1 0486 0636
Paola Arguedas Marenco, cédula. 115200051
Jorge Arguedas Mora, cédula 1 0411 0109
María Laura Arias Echandi, cédula 1 0618 0948
Rodolfo Arias Formoso, cédula 1 0463 0271
María Luisa Ávila Agüero cédula 105480463
Rolando Barboza Mesén, cédula 104690193
Andrés Barrantes Acosta cédula 112490449
Rolando Barrantes Muñoz, cédula 5 0141 1193
Rita Benavides Sánchez, cédula 1 0814 0112
William Bolaños Gamboa, cédula 1 0625 0856
María Eugenia Bozzoli Vargas, cédula 1 0240 0633
Dionisio Cabal Antillón, cédula 1 0425 0831
Carlos Brenes Castillo, cédula 3 0194 1174
Alejandro Calderón Arias, cédula 1 1221 0644
Manuel Carballo Quintana cédula 103000515
Carlos Enrique Carranza Villalobos, cédula 302030456
Hugo Cascante Micó, cédula 6 0107 1220
Dennis Castro Rodríguez, cédula 1 1245 0190
Kristel Chacón González, cédula 1 1447 0004
José Francisco Camacho Leiva, cédula 3 0299 0664
Jorge Andrés Camacho Ramírez, cédula 4 0076 0890
Javier Cambronero Arguedas, cédula 2 0406 0127
Eva Carazo Vargas, cedula 1 0893 0621
Warner Carvajal Lizano, cédula 1 0519 0489
Nury Cartín Herrera, cédula 2 0290 0333
Sandra Cartín Herrera, cédula 2 0343 0634
María José Cascante Matamoros, cédula 1 1166 0261
Marco Antonio Castillo Rojas, cédula 301620262
Gilbert Castro Días, cédula 1 0885 0676
Victoria Chan Chan, cédula 6 0134 0801
María Marta López, cédula 1 0668 0782
María Chaves Marrocchi, cédula 1 0572 0575
Osvaldo Conejo Valverde, cédula 1 0832 0444
Jeannette Cordero Gamboa, cédula 4 0119 0233
Marinela Córdoba Zamora, cédula 3 0297 0351
Alberto Cortés Ramos, cédula 9 0675 0815
Sergio Dávila Chaves, cédula 1 0562 0642
Juan Carlos Durán Castro, cédula 1 0669 0465
Santiago Durán Mora, cédula 1 1458 0791
Julieta Dobles Yzaguirre, cedula 1 0312 0144
Grettel Elizondo Campos, cédula 1 1064 0048
Juan Rafael Espinoza Esquivel, cédula 4 0093 0258
Francisco Esquivel Villegas, cédula 6 0109 0101
Gerardo Alberto Fait Acosta, cédula 9 0085 0296
Helio Fallas Venegas, cédula 1 0346 0413
Héctor Ferlini Salazar, cédula 1 0454 0856
Patricia Fernández Bustamante, cédula 1 0468 0076
Adrián Figueroa Rosales, cédula 6 0300 0536
Elizabeth Fonseca Corrales, cédula 4 0097 0783
Miguel Gamboa Badilla, cédula 6 0179 0359
Jaime Gamboa Goldengerg, cédula 1 0622 0442
Lidieth Garro Rojas, cédula 6 0227 0142
Yamileth González García, cédula 2 0246 0555
Frank González Brenes, cédula 1 0962 0522
Rolando González Ulloa, cédula 2 0274 0540
Ernesto Guadamúz López, cédula 9 0040 0932
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0561 0866
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0453 0822
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0660 0352
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1 0461 0499
Juany Guzmán León, cédula 1 0831 0633
Carlos Hernández Álvarez, cédula 5 0256 0320
Virginia Hernández Esquivel, cédula 4 0097 0377
Rodolfo Hernández Gómez, cédula 3 0186 0057
María Elena Hernández Hernández, cédula 6 0135 0038
Lenín Hernández Navas, cédula 10967 0277
Xinia Herrera Quirós, cédula 1 0422 0059
Danilo Herrera Soto, cédula 4 0103 0076
José Francisco Hidalgo Solís, cédula 1 1503 0822
Juan Alberto Huaylupo Alcázar, cédula 8 0076 0805
Natalia Jiménez Carvajal, cédula 1 0620 0962
Francisco Jiménez Marten, cédula 3 0204 0600
María José Jiménez Pérez, cédula 1 1544 0169
Erika Henchoz Castro, cédula 1 0570 0927
Rafael López Alfaro, cédula 4 0149 0119
Stephenie Madrigal Blanco, cédula 1 1693 0753
Jeannette Madriz Mena, cédula 1 8880 0213
Elizabeth Martínez Hernández, cédula 1 0799 0790
Fabiana Martínez Mena, cédula 1 1672 0794
Álvaro Marenco Marrocchi, cédula 1 0307 0262
Julia Marrocchi Morales, cédula 7 0019 0955
Yendry Martínez Rivera, cédula 1 1080 0645
Madelaine Martínez Rojas, cédula 1 0602 0547
María Eugenia Martínez Rojas, cédula 1 0406 0132
Ana Gabriela Massey Machado, cédula 1 0817 0176
Pedro Méndez Hernández, cédula 1 0827 0664
Juan Carlos Mendoza García, cédula 1 0911 2096
Diana Meza Ramírez, cédula 1 1460 0500
Allan Monge Cordero, cédula 1 0776 0834
Esteban Monge Flores, cédula 1 0937 0882
Melania Monge Rodríguez, cédula 1 0537 0482
Lissette Monge Ureña, cédula 1 0404 0719
Henry Mora Jiménez, cédula 1 0512 0548
José Miguel Mora Rechnitz, cédula 1 0496 0584
Fredy Morera Mena, cédula 1 0954 0494
Glen Moya Núñez, cédula 1 0914 0760
Gladys Muñoz Núñez, cédula 2 0304 0058
Martin Murillo Córdoba, cédula 1 0498 0565
José Antonio Murillo Gamboa, cédula 4 0114 0773
Olga Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Margarita Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Marco Navarro Pérez, cédula 1 1370 0521
Ignacio Navarrete Gutiérrez, cédula 8 0055 0910
José Antonio Navarro Pérez, cédula 1 1215 0918
Steven Núñez Rímola, cédula 1 1237 0693
Dania Obando Castillo, cédula 6 0297 0125
Tatiana Otto Golovina, cédula 8 0077 0391
Nilson Oviedo Valerio, cédula 3 0397 0793
Henry Palomo Palavicini, cédula 1 0425 0415
Carlos Pentzke Pierson, cédula 8 0075 0461
Nancy Piedra Guillén, cédula 1 0586 0455
Alejandro Piedra Hernández, cédula 1 1418 0377
Carmen Piedra Salazar, cédula 1 0666 0155
Adriana Prado Castro, cédula 1 0301 0537
Rosa Julia Quesada Herra, cédula 2 0445 0291
José Rafael Quesada Jiménez, cédula 1 0510 0834
Kennedy Quirós Chinchilla, cédula 6 0414 0944
José Antonio Ramírez Aguilar, cédula 4 0147 0385
Virginia Ramírez Cascante, cédula 1 0543 0030
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1 483 426
Liuber Ramírez Santamaría, cédula 6 0270 0733
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9 0912 0762
Nancy Rojas Saborío, cédula 1 1147 0469
Roberto Rojas Sojo, cédula 1 0433 0834
Francisco Robles Rivera, cédula 3 0405 0666
José Amando Robles Robles, cédula 8 0052 0054
Jorge Rodríguez Araya, cédula 3 0194 0611
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Fernando Rodríguez Garro, cédula 4 0165 0895
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 2 0385 0652
Eduardo Rodríguez Soto, cédula 1 0434 0742
Maritza Rodríguez Soto, cédula 1 0508 0437
Manuel Rojas Bolaños, cédula 1 0263 0894
Hernán Rojas Angulo, cédula 1 0526 0546
Carlos Rojas Pizarro, cédula 1 1354 0801
Carlos Alberto Rubio Torres, cédula 1 0728 0909
Patricia Salgado Muñoz, cédula 1 0418 0050
Anabelle Sánchez Castillo, cédula 6 0228 0103
María Laura Sánchez Rojas, cédula 1 0764 0264
Patricia Sánchez Gómez, cédula 3 0223 0216
Julián Solano Bentes, cédula 1 0494 0317
Ivania Solano Rodríguez, cédula 1 1092 0040
Antonio Solano Chinchilla, cédula 1 0610 0787
Liseth Sánchez Soto, cédula 1 1469 0123
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6 0161 0193
Deyanira Sequeira Ortiz, cédula 1 0248 0675
Rosa Vargas Calderón, cédula 5 0139 1046
Mario Rojas Vílchez, cédula 4 0110 0683
José Rosales Obando, cédula 5 0133 0132
Ana Cristina Rossi, cédula 1 0407 0914
María Fernanda Saénz Chaves, cédula 1 1330 0583
Arabella Salaverry Pardo, cédula 9 0029 0602
Olman Segura Bonilla, cédula 4 0113 0272
Oscar Segura Castro, cédula 1 1060 0557
Miguel Sobrado Chaves, cédula 1 0294 0994
Edgar Torres Montero, cédula 1 0752 0899
Deyanira Torres Varela, cédula 1 1231 1930
Liseth Torres Zamora, cédula 1 1367 0821
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9 0041 0880
Ana Tristan Sánchez, cédula 1 0513 0593
Leiner Vargas Alfaro, cédula 2 0444 0266
Calet Vargas Rojas, cédula 1 1547 0319
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 2 0327 0373
Gerardo Vargas Varela, cédula 3 0342 0343
Heidy Venegas Walkott, cédula 1 0783 0760
Carlos Vega Rivera, cédula 1 1642 0684
Carlos Manuel Vicente Salazar, cédula 1 0390 0950
Mariela Víquez Ramírez, cédula 4 0111 0780
Edwin Zamora Bolaños, cédula 1 1020 0297
Fernando Zumbado Jiménez, cédula 1 0336 0885
Guillermo Zúñiga Chaves, cédula 4 0100 0263
Mayra Abarca Miranda, cédula 4 0135 0061
Ana Ma Acuña Chacón, cédula 1 0614 0456
José David Aguilar Agüero, cédula 4 0174 0888
Ericka Alfaro Chinchilla, cédula 1-0917-0349
Francisco Alvarado Acuña, cédula 1 0574 0689
Elsa Alvarado Artavia, cédula 1 0791 0085
Heriberto Álvarez Chaves, Cedula 5 0153 0751
Ana Isabel Arias Soto 1 0441 0802
Adriana Arrieta Torres, cédula 1-1129-0335
Jorge Artavia Rodríguez, cédula 1-0668-0483
Pedro Bastos Castro, cédula 2 0372 0155
Luis Alberto Bejarano Morales, cédula 1-0534-0649
Esteban Beltrán Ulate, cédula 1 1286 0718
Roberto Blanco Rojas, cédula 2-553-961
Guido Alberto Bolaños Soto, cédula 1 0662 0166
Hazel Bustos Guzmán, cédula 6-0296-0892
Ana Lucía Camacho Rojas, cédula 1 0435 0961
Marcela Cambronero Avendaño, cédula 4 0122 0196
Gilberth Castro Chavarría, cédula 2-0362-0252
Miriam Cordero Araya, cédula 2-0167-0338
María de los Ángeles Cordero Jiménez, cédula 1 518 231
Olga Patricia Chaves Chavarría, cédula 4 0121 0124
Robert Chaves Chaves, cédula 2 0511 0801
Élida Chaves Díaz, cédula 7-0096-0680
Nidia María Corrales Hidalgo, cédula 1-0673-0269
Juan Pablo Cruz Solano, cédula 1 1019 0569
Maribel Cubero López, cédula 1 0603 0734
Marielos de la 0 Guzmán, cédula 4.110.888
Katina R. de León Rodríguez, cédula 8-0049-0129
Esneider Esquivel Rojas, cédula 1 0890 0543
Elizabeth Fernández Gutiérrez, cédula 1 0331 0895
Ana Cristina Fernández Vásquez, cédula 1-0396-1142.
Alda Mercedes Garro Leitón, cédula 401080481
Gladys María González Cascante, cédula 1-0410-1414
Marlene González Vargas, cédula 4-0116-0855
Hermann Walter Güendel Angulo, cédula 6 0198 0584
Elena González Rodríguez, cédula 1 0333 0763
Fabricio Granados Rojas, cédula 1 0860 0085
Ana Virginia Hernández Aguilar, cédula 4 0138 0115
Guadalupe Hernández Díaz, cédula 7-0072-0050
Carlos Humberto Hernández Venegas, cédula 4 0137 0457.
Yorleni Herrera, cédula 4 0197 0461
Sara Hidalgo Navarro, cédula 2 0315 0279
Divinia Jiménez Jiménez, cédula 1 0368 0703
Roseanne Jiménez Sáenz, cédula 1 0558 0560
Alda Leitón Centeno, cédula 4 0056 0139.
Adela Marchena Cordero, cédula 6-0102-0815
Rodrigo Walter Marchena Cordero, cédula 7 0047 0919
María Gabriela Marchena Rojas, cédula 1-1054-0485
Carmen Masís López, cédula 1-0576-0894
Ana Medrano Sandi, cédula 4 0182 0326
Práxedes Mejías Carranza, cédula 5-0193-0761
Heliberto Mena Cambronero, cédula 2 0539 0925
Pbro. Gustavo Meneses Castro, cédula 2 0425 0197
Rocío Meneses Castro, cédula 2 0412 0040
Juan Manuel Miranda Chavarría, cédula: 4-0117-0987
Lot Eduardo Miranda, cédula 1-1769-0442
Katya Montenegro Elizondo, cédula 1-0764-0063
Mario Moya Berrocal, cédula 3 0391 0965
Marco Monge Rodríguez, cédula 1 0504 0152
Franklin Jesús Moya Artavia, cédula 1 1480 0433
Mayra Elena Navarro Barahona, cédula 3 0238 0273
Melissa Núñez Castillo, cédula 1-1176-0381
Vilma Ocampo Hernández, cédula 4 0132 0501
Elsie María Orozco Fonseca, cédula 4 0106 1134
Roy Pérez Salazar, cédula 1-1158-0897
Wilson Ortiz Téllez, cédula 2 0352 0176
José Manuel Pérez Villalobos, cédula 2 577 0034
Miguel Picado Gatjens, cédula 1 0354 0831
Alexis Francisco Quesada Solano, cédula 3 0225 0623
Lisbeth Quesada Tristán, cédula 1-0407-1429
Jeanneth Ramírez Montoya, cédula 9-0109-0344
Susana Ramírez Rodríguez, cédula 1 0907 0219
Julieta Ramírez Zúñiga, cédula 1-0311-0063
Ana Cecilia Rodríguez Miranda, cédula 4 0106 1386
Haydée Rojas Camacho, cédula 2 0147 0691
Giovanni Rojas Mesén, cédula 1 1192 0730
Fernando Rudín Vega, cédula 1 0484 0457
Marco Antonio Ruiz Mora, cédula 4 0104 0752
Douglas Sáenz Montero, cédula 1 0653 0272
Ana Lorena Salas Calderón, cédula 4-0133-0688
José Antonio Salas Hernández, cédula 4 0150 0643
Francisco Javier Salas Villegas, cédula 4 0236 0755
Gloriana Salas Villegas, cédula 4 0253 0090
Olga Mary Salazar Calvo, cédula 9 0063 0937
Merilyn Sanabria Hernández, cédula 3-0379-0395
María Lizette Sánchez Brenes, cédula 4 0150 0988
Marta Eugenia Sánchez González, cédula 1 0380 0770
Laura Sánchez Valerio, cédula 4 0172 0825
Désirée Segovia Fonseca, cédula
Nidia Segura Eduarte, cédula 4 0125 0176
José Manuel Ugalde Ramírez, cédula 4 0133 0643
Grace María Ulate Camacho, cédula 1 0712 0956
Ileana Ureña Salazar, cédula 1 0671 0386
Yina Virginia Valverde Chaverri, cédula 1-0728-0072
Albertina Valverde Quesada, cédula 1-0439-0273
Leda María Vásquez Aguilar, cédula 1-0720-0500
Luisa María Vázquez Camacho, cédula 1 0269 0222
Rosa Isela Vega Vargas, cédula 4-0147-0135
Xiomara Villegas Ugalde, cédula 4 0149 0211
José Luis Víquez Víquez, cédula 4-0105-0446
Magda Zumbado Segnini, cédula 4 0124 0407
Lot Rafael Miranda, cédula 159100200513

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Juntas de salud piden al presidente Alvarado el pago a la CCSS

Escrito en 19/05/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS recibió la siguiente carta enviada por las juntas de salud de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada:

Red de Hospitales Nacionales y Especializados

San Jose,13 de mayo del 2020

Señor PRESIDENTE

Carlos Alvarado Quesada

S.D.

Estimado Señor presidente:

Ante todo, nuestro saludo y solidaridad en este complejo tiempo de pandemia que estamos viviendo.

Los abajo firmantes, en calidad de Presidentes representantes de Juntas de Salud, de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados, -siendo hoy estos centros el punto neurálgico ante la crisis de esta pandemia-, nos dirigimos a usted como órgano colegiado amparados a la Ley 7852, legislación que representa a los asegurados de la Caja Costarricense de Seguridad Social, con 139 Juntas de Salud y 973 personas que estamos vinculadas con la CCSS y a los asegurados en forma ad honorem desde hace 20 años. Por lo anterior, en forma atenta y respetuosa le solicitamos al Gobierno que Ud. representa, interponga sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se inicie el pago de la alta deuda que el Gobierno mantiene con la CCSS, para que así nuestra emblemática institución -uno de los orgullos de Costa Rica- pueda cumplir con el compromiso y sus obligaciones en la atención de la salud, de manera que no se comprometan sus finanzas, y más aún, en esta situación de Emergencia Sanitaria que estamos afrontando todas las personas en Costa Rica.

También queremos hacer de su conocimiento, que no podemos aceptar las declaraciones hechas por el Sr. Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, ex funcionario del Banco Mundial (BM), y el señor presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes expresaron «que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero», de la institución (Semanario Universidad, 23 de abril de 2020).

Ambos economistas y coinciden en que no se puede pagar dicha deuda; nos preguntamos: ¿acaso será por el «deber moral» de cumplir con el pago de los intereses de los préstamos recibidos de parte del BM y del FMI? Consideramos, ante ello -si es que así fuera-, que una de las más valuables gestiones suyas como Presidente de Costa Rica, seria proponer un diálogo urgente con este tipo de instituciones que bien sabemos que con su accionar terminan de definirle a los gobiernos rutas para nada solidarias ni de bienestar para el pueblo más pobre y olvidado. Hablamos de la posibilidad de que Ud. lidere, si es necesario, una voz que exija a estas instituciones el cese de presiones económicas -al menos por un tiempo- para dar paso a acciones internas en los países para solventar la crisis sanitaria y dar un respiro especialmente a las personas más empobrecidas de nuestras sociedades. Consideramos oportuna esta acción de su parte, en tanto que en algún momento se ha dicho que el Gobierno no tiene la solvencia para pagar la deuda interna que se tiene con la CCSS, pero debe estar pagando los mezquinos intereses de aquellas instituciones.

Sabemos perfectamente que la CCSS ha venido haciendo una excelente labor ante la crisis provocada por el Sarx-Cov-2, mostrando así su importancia en la sociedad actual y por lo mismo es un reto de todas las personas que vivimos en Costa Rica el mantenerla. Consideramos que sí se puede, pues, es claro que donde no hay corrupción alcanza muy bien para generar nueva vida a las instituciones estatales que dan la cara por el pueblo. A pesar de las limitaciones que ha sobrellevado, la CCSS ha manejado la situación con eficiencia atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud; sin embargo, nos preocupa la disminución de sus ingresos ante el necesario y bien justificado gasto actual.

Sobre todo, lo primero (la disminución de sus ingresos) porque amenaza contra la estabilidad y la existencia de este baluarte de los costarricenses. Por eso consideramos a la vez que sin demoras debe iniciarse el pago de la deuda.

Queremos enérgicamente, pero con todo respeto, dejar muy claro, que los asegurados y la población en general no vamos a permitir que se debilite a la CCSS, por una deuda que el estado tiene y que debe de honrar y ser ejemplo.

Quisiéramos que quede claro que jamás se debe contemplar siquiera, lo que los enemigos de la salud pública y de las instituciones públicas en general presentan como privatización o cualquier figura que hacia ello conlleve a la sociedad. Queremos seguir creyendo en el Gobierno que tienen capacidad de administrar honesta y transparentemente las instituciones públicas, por lo mismo esperamos no decepcionen a este pueblo libre, noble y servicial, pero jamás servil.

Consideramos que este mismo ejemplo de responsabilidad, se debe aplicar a las grandes empresas, y hacerlas cumplir con sus obligaciones pendientes, las que siguen evadiendo a la CCSS, tomando en cuenta que a sus empleados ya se les rebajó la correspondiente cuota. Es por ello que se deben tomar acciones inmediatas, con políticas concretas y ejemplarizantes, y así sea honrada su morosidad como una acción responsable y patriótica, sobre todo en estos momentos, donde es prioridad la recuperación de esos recursos.

Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que la presente llega a Ud. con copia a la Junta Directiva de la CCSS, para que tengan conocimiento también de esta importante gestión, y puedan acompañar al Gobierno para realizar el pago de la cuota pendiente. Ellos constitucionalmente pueden también adherirse y/o hacer la solicitud por su cuenta según la faculta el artículo 177, párrafo tercero, de nuestra Constitución Política.

Es claro que este gobierno ha permitido la participación ciudadana y la ayuda de personas capacitadas, sin importar su color político. De las que han surgido una serie de propuestas que merecen ser analizadas y darles respuestas, pues es válido y necesario encontrar los medios que beneficien a todo el país.

Antes de concluir debemos aclarar, que debido a la situación de emergencia que vivimos y de no poder hacer reuniones presenciales, este acuerdo se tomó por mayoría y de manera virtual.

Esperando su valiosa y oportuna intervención para que se encuentren soluciones a corto plazo, nos suscribimos,

Atentamente por la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados:

Licenciado Olmedo Castro Rojas, Presidente Junta de Salud, Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes y presidente de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.

Raúl Borge Blandón, Presidente Junta de Salud Clínica Integrada de Tibás y Asesor de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.

c.c./ Junta Directiva de la CCSS.

Información enviada a SURCOS por Mario Devandas Brenes, representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.

No me siento representada, estoy excluida

Escrito en 12/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así se expresó Yorleny Córdoba, al escuchar el Plan Económico del gobierno, para enfrentar las consecuencias del Covid 19. Ella es una joven empresaria, dueña de una Pyme del sector de la Belleza y la Salud. Ha construido su empresa con esfuerzo y riesgo personal, paga puntualmente sus impuestos. Su sector económico, invisible todavía por las políticas hacendarias y de género, representan más de 50.000 Pymes.

Es claro que la propuesta económica presentada, nace sin el consenso nacional, ausente del compromiso que debemos asumir todos. Sin ese nuevo pacto social que exige la situación internacional, ni la visión estratégica para encarar el desarrollo de nuestro país, donde la exclusión no es un punto de partida.

El burbujeante discurso económico, desoye incluso al INCAE, quienes recomendaron claramente que los beneficios debían incorporar hasta el jardinero, porque hay que ser innovadores, ver a largo plazo y contener la violencia estructural.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

En lo mucho que poseemos, está la CCSS, el INS, el ICE, desde luego hay que reformular la institucionalidad, pero pretender salvar empresas amarradas al viejo modelo económico, que los mejores analistas internacionales han demostrado que no tiene futuro, manifiesta con claridad, el temor al diálogo sincero y transparente con la ciudadanía. Sobre todo, con aquellas empresas pequeñas y medianas, que responsablemente cumplen con sus impuestos, para asegurar el pago puntual de los salarios de gobierno, porque se debe administrar bien el país, pero que además confiaron en darle una nueva oportunidad, a un proyecto partidario, que llegó hace seis años a dirigir el país desde Zapote.

La propuesta económica oficial escogió un grupo de ganadores, que ya eran perdedores antes de la emergencia, así se invertirá el escaso dinero de la hacienda pública.

La riqueza nacional se produce con la pobreza y la desigualdad social de muchos.

Para mejorar los ingresos nacionales, el presidente ya anunció que 300.000 personas que solicitaron en esta emergencia el Bono Proteger, confesaron que eran Pymes en la clandestinidad y que ahora Hacienda irá por ellas para que paguen lo que deben. El anzuelo oficial dio resultados. En su afán, lo respaldan las empresas de Grandes Contribuyentes que no pagaron impuestos o declararon cero ganancias durante los últimos diez años y a los que se les perdonó la deuda, mediante una moratoria inmoral, pero legal.

El país sabe, que fue la decidida acción del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros en el 2018, que los puso en evidencia, rompiendo el secretismo y la censura impuesta de distintas formas, por una mafia política que no soporta la transparencia y la probidad, porque amparada en el autoritarismo, se regodea de la corrupción y la impunidad.

La burbuja económica propuesta por el equipo económico del gobierno, estallará muy pronto en la cara de todos. Perderemos todos, unos más que otros. El cáñamo no servirá para amarrar el descontento ciudadano, ni la violencia que se avecina en un país, que verá más profunda la desigualdad social que ya teníamos. Tal vez sirva a algunos para quemarlo y olvidarse por un momento de la realidad.

Para salir adelante está la decencia. Solo quedamos nosotros, las personas, la ciudadanía, acompañados de la fuerza moral de verdaderos empresarios, funcionarios públicos que aman este país y la fortaleza y el arrojo de las Pymes.

Debemos encontrarnos y construir lo que no pueden hacer quienes usurparon la política y la prostituyeron.

Tenemos que demostrarnos que la suma de nuestros conocimientos y sabidurías, así como la capacidad, está por encima de a quienes irresponsablemente pusimos a administrar nuestra principal empresa: Costa Rica.

Podemos y debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, para eso somos constitucionalmente el Primer Poder de esta República Participativa, debemos asumirnos y ejercer el poder que como El Soberano nos corresponde.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

¡¡¡YO, digo presente!!!
12 de mayo de 2020

¿Hablamos en serio de pensiones?

Escrito en 10/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.^[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.^[2]

El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.^[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

^[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

^[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

^[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

Etiqueta: participación ciudadana

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