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Juan Huaylupo

La democracia que se reconoce oficialmente es el resultado de un proceso electoral, a través de la emisión del voto individual de las personas con derecho. El acto de votar o el tomar en cuenta la voluntad de cada persona, fue una conquista de las colectividades y pueblos del mundo, en distintas épocas de la historia, ante las tiranías que se arrogaban la capacidad para imponer sus intereses a las personas y pueblos bajo su dominio.

Indudablemente las elecciones fue un logro de cada sociedad y tiempo particular, fue una ruptura significativa, no obstante, sabemos que no existen verdades eternas, lo bueno del pasado, no lo son necesariamente para el presente, por el cambio de las condiciones que rodean e implican los conocimientos que se validaron en otros tiempos.

Así, en la actualidad hay una necesidad urgente de reflexionar sobre las elecciones y la democracia, que nacían contra las tiranías, pero se han convertido, en casos, en legitimadoras de dictaduras autocráticas, lo que relativiza la significación política de las elecciones, que descalifican y caricaturizan la significación de la democracia. Es antagónico a la democracia hacen de los procesos electorales, actos para designar a quien supuestamente decidirá por todos, mientras se les niega la facultad de decidir y participar directamente por un destino común.

El voto individual ciudadano plasmado en las elecciones, no representa el interés común de una sociedad heterogénea y desigual como la costarricense, menos aún, cuando solo se funda en el conocimiento, criterio o creencia individual, la cual puede estar influida por la publicidad parcializada de los medios mercantilizados y las ideologías, así como por tradiciones, incluso por influencias corruptas o fraudes. No obstante, la democracia no es un asunto individualizado ni está relacionado con la sumatoria de votos de la heterogénea preferencia de las personas, por el contrario, la democracia no es una magnitud, es la voluntad, decisión y acción colectiva de la sociedad civil sobre el devenir de asuntos que son públicos o común a todos.

Las elecciones solo son actos administrativos y técnicos, que no son neutrales, que condicionan el proceso electoral, aun cuando la democracia trasciende dicho proceso. En nuestra realidad las elecciones no son actos democráticos, se les valida por intereses generalmente relacionados con una gestión oficial comprometida, con disposiciones administrativas y legales, sin participación ciudadana. Los resultados electorales inesperados ante los compromisos sociales y políticos con las poblaciones pobres, han resultado verdaderas conmociones políticas y mediáticas de los poderes prevalecientes en algunas sociedades latinoamericanas, como ocurrió en Bolivia y recientemente en el Perú, porque son cuestionamientos al orden elitista y racista de los dueños de negocios y gobernantes que se imaginan pertenecer a una casta política o monarquía.

En Costa Rica elegimos a un Presidente de la República de un partido, que designó ministros y autoridades liberales de otros partidos políticos; un elegido que incumple las promesas de campaña; que traiciona los principios, derechos y reivindicaciones de los trabajadores; que gobierna para los empresarios, que miente con aparentes prácticas participativas que cínica e inmoralmente irrespeta; que expresa la ignorancia de su función e ignora lo que es democracia.

El gobierno de todos para todos, solo representa a pocos empresarios para despreciar a muchos trabajadores y pobres. Hoy, los mismos de siempre, conservan privilegios, que sobreexplotan y despiden trabajadores con el amparo estatal y ahora incluso son quienes deciden las medidas genocidas de sanidad pública y de las teatrales y risibles restricciones preventivas con la absurda e inexplicable anuencia de las autoridades sanitarias.

El Presidente electo liquidó las políticas públicas, lo que no lograron los liberales con los programas de ajustes estructurales ni el tratado de libre comercio, una traición a las conquistas logradas en nuestro pasado que inauguró en Estado Social, para instaurar ahora un Estado privativo de empresarios y financistas. El uso político de la pandemia es evidente, porque con el miedo a la enfermedad y muerte, se ha eliminado las protestas ciudadanas ante las diversas transgresiones contra la población vulnerable, además de haberla usado como medio para desmantelar la institucionalidad pública y hacer de la atención sanitaria pública un negocio privado para los mercaderes de la salud.

El Fondo Monetario Internacional, una vez más, el ente representante internacional del liberalismo, acompaña al gobierno financiando y chantajeando por la privatización de la función pública y la destrucción de los resquicios del Estado Social.

Este gobierno ha empobrecido a los pobres y sectores medios del país, con medidas económicas directas de hambre y muerte contra la población trabajadora. Las elecciones eligieron a una persona que engañó, corrompió y traicionó a la ciudadanía, con una institucionalidad estatal cómplice en razón de intereses privativos propios y ajenos, inmunes e impunes, pero nunca públicos ni democráticos.