Ir al contenido principal

Etiqueta: participación

La experiencia de las Mesas de Diálogo Social: Una alternativa de construcción participativa desde la gestión local para la solución de los problemas comunales – II Parte

Por Lic. Ítalo Fera Fallas. Sociólogo.

1.Un ensayo de incursión en la estrategia del gobierno local

La coyuntura local del 2013 y 2014 permite arribar a la participación política electoral cantonal, construyendo una importante alianza electoral de partidos y organizaciones sociales, que los llevará a empezar la participación electoral en el 2010.

Es así como se llegan a inscribir unidos expresiones partidarias, líderes sociales y comunitarios del cantón, en el espacio electoral denominado: “Movimiento Aserrí primero”, liderada por el candidato a alcalde, Sr. Víctor Morales Mora. Se logra la victoria en la contienda electoral tanto en el Consejo Municipal como las Alcaldías. Conforme a la normativa municipal el programa ofrecido en campaña electoral es asumido para convertirse en el plan de trabajo municipal.

Posiblemente el compromiso medular y de mayor relevancia, por las premisas que asume el partido mayoritario integrante de la alianza y desde la composición de este movimiento, fue el de generar espacios reales de participación para la ciudadanía en las políticas y gestión municipal, aspecto incluido en su programa electoral.

En consecuencia, esta promesa y compromiso de campaña se confirma a partir del primer plan de acción del nuevo alcalde, ratificado posteriormente en el Concejo Municipal, por medio de la unión de fuerzas lograda entre los regidores pertenecientes a la alianza.

En este nuevo plan se dispone que, mediante la estrategia de conformación de Mesas de Diálogo Social en cada distrito, se convoque a los pobladores y organizaciones de base comunitaria de las localidades, para que en forma participativa puedan identificar, priorizar y buscar solución a los problemas comunitarios, en conjunto con la Municipalidad, Instituciones Públicas y ciudadanía organizada y no organizada. En sesión del Consejo Municipal, oficializan la nueva modalidad de participación ciudadana, mediante la aprobación del Reglamento para el funcionamiento de las Mesas de Diálogo, los Concejos de Distrito y sus partidas específicas (ver anexo 1).

Un antecedente importante es que desde el 2010, el Programa de Gestión Local (PGL) de la UNED había empezado su acompañamiento para la construcción de este proceso, que paulatinamente logra movilizar a una cantidad importante de actores y agentes comunitarios involucrados en las tareas del desarrollo local de cada localidad y distrito.

En forma gradual y con mucha dificultad, se avanza en revertir una acentuada cultura clientelista y localista, acentuada con no pocos vicios de liderazgo, personalismos y otras deviaciones ya tradicionales en el cantón, instaurados por la seguidilla de líderes y representantes municipales de los gobiernos cantonales en el pasado.

Durante este período se logra avanzar parcialmente en la nueva modalidad de participación de los ciudadanos, especialmente en los cinco distritos rurales del cantón y una localidad populosa, Poas de Aserrí, que ofrecían mejores condiciones de participación. Sin embargo, el avance fue lento, especialmente con las Mesas de diálogo del sector urbano, subregión donde se encuentra más dividido el movimiento comunal y con un mayor desarraigo de los vecindarios con sus localidades. Es en estos escenarios donde fue más complejo el desarrollo de la iniciativa de las Mesas de diálogo.

  1. Firma del convenio de cooperación marco entre la UNED y la Municipalidad de Aserrí y creación del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI)

Un hecho sobresaliente para los inicios del 2014, fue que paralelamente el Programa Nacional de Gestión Local de la UNED y el programa denominado CEDE Rural con sede y cobertura en el cantón de Acosta, espacios de extensión socio organizativa e investigación agro socio económica respectivamente, con un importante arraigo y legitimación en la región por parte de sus pocos funcionarios, lograran unir esfuerzos con la Alcaldía de entonces, para que legara a firmar el primer convenio de cooperación marco entre la UNED y la Municipalidad de Aserrí. El fin fue contar con el instrumento normativo que posibilitara canalizar diferentes recursos institucionales, para coadyuvar a fortalecer diferentes estrategias de acompañamiento, capacitación y educación para llegar a avanzar en el desarrollo sostenible e integral del cantón.

Este convenio marco ofrece con gran amplitud la posibilidad de llevar a cabo acciones de extensión, acción social, investigación, docencia y los diferentes programas educativos. Particularmente, la Dirección de Extensión de la UNED, (DIREXTU), durante todo este tiempo ha aportado con diversas acciones, sea la gestión local y formación socio organizativa de los líderes comunitarios, la capacitación en el desarrollo gerencial de las micro y pequeñas empresas, la educación en gestión cultural por medio de música, dibujo, pintura, muralismo, la capacitación en tecnologías de la informática y gestión administración municipal de sus funcionarios.

En este orden de acciones del convenio, resalto para nuestro interés, la creación de la escuela de capacitación de líderes y lideresas comunales del cantón, que obedeció a la necesidad de desarrollar capacidades de liderazgo y socio organizativas con la dirigencia comunal participante en las Mesas de Diálogo Social del cantón.

Pese a los escasos recursos disponibles, la experiencia despertó el interés inicial con importante presencia y participación de las poblaciones de las comunidades y sus Mesas de diálogo.

Se desarrolla un importante intercambio de saberes por medio de una metodología educativa basada en el diálogo constructivista de saberes.

Sin embargo, el convenio interinstitucional no llega a plasmarse en los aportes concretos de parte de la Municipalidad, ni en recursos adicionales para la UNED, lo que impidió que la Universidad pudiera realizar la apertura deseada del espacio de capacitación y educación con el Técnico en Gestión Local para ese momento tan oportuno.

Esta oferta académica tuvo que esperar a mejores tiempos para que se pudiera ejecutar. Por lo anterior, no se logró coincidir con la coyuntura, que demandaba el acompañamiento en capacitación para el fortalecimiento de las conducciones de las Mesas de Diálogo Social y de esta manera lograr contar con el aporte de técnicos gestores locales, tanto aserriceños como acosteños, que pudieran estar vinculados a los procesos de sus cantones. Para entonces ya se contaba con la organización de una primera Mesa de diálogo en el distrito central de San Ignacio de Acosta.

Un resultado significativo fue lograr mantener una presencia sostenida de la UNED en la estrategia de articulación interinstitucional por medio de su representación ante el naciente Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) de Aserrí. Se logró avanzar constituyéndose este espacio interinstitucional entre los primeros cantones del país. Además, le corresponde a Aserrí ser uno de los primeros cantones en contar con la participación directa de la sociedad civil organizada en este espacio. Para ello, mediante una normativa del MIDEPLAN, se autorizó la presencia de las Mesas de diálogo y de otras organizaciones comunales y sociales para que participaran, inicialmente con voz en los espacios de esta instancia. En este período el CCCI de Aserrí fue pionero y vitrina para el desarrollo de esta modalidad, que viene a contribuir a la urgente tarea de la coordinación interinstitucional y a la definición de políticas públicas de carácter local para el desarrollo sostenible.

  1. Crisis y desaparición de las Mesas de Diálogo en el cantón

Finalmente, pese a todos los esfuerzos realizados, no se llega a alcanzar el objetivo de la consolidación de las Mesas de Diálogo en el cantón, desapareciendo incluso las creadas en los distritos rurales, donde habían iniciado con una mayor participación vecinal. De lo anterior se exceptúa a la Mesa de diálogo en La Legua, que hasta la fecha se mantiene activa.

Identificamos varios factores que se conjugan para que la experiencia de la estrategia de las Mesas de diálogo no pudiera lograr finalmente su cometido:

  • Lo que llamaremos la municipalización de las Mesas de Diálogo, por dos razones: Por una parte, se lleva a las Mesas de Diálogo a sujetarlas normativamente y hacerlas dependientes, tanto para su convocatoria como en la conducción de las mismas por los síndicos respectivos de cada distrito. El reglamento que viene a regular y normar la participación de las Mesas fue aprobado en el Consejo Municipal. La poca capacidad y los intereses ajenos al bienestar común de las comunidades, muchas veces sesgados por los vínculos partidarios de algunos síndicos, llevó a crisis continuas en las Mesas de diálogo.
  • Se produce una acción superpuesta del papel de la Alcaldía en las agendas regulares de la Mesa, causado por el incremento principalmente de las necesidades de obras de infraestructura pública, terreno de dominio en cuanto a la red de caminos secundarios y vecinales por parte de la Municipalidad. Usualmente lo manejó con escasos recursos, de forma poco planificada y con tráfico de influencias, Esta situación se prestó a una gestión muchas veces mono temática en varias Mesas de Diálogo. Se produjo un manejo poco eficiente, personalista y clientelar de algunos dirigentes, lo cual afectó seriamente el desarrollo independiente y de autogestión comunal por parte de la mayoría de las Mesas de diálogo.
  • En consecuencia, se crearon las condiciones para generar divisiones y resistencias por simpatías personales, clientelismos mezclados con la influencia de los dirigentes locales y nacionales de los partidos políticos, gravitando estas figuras y algunos funcionarios municipales en esta distorsión. Esto derivó en un alejamiento del sentido y la esencia comunitaria que deberían tener estos espacios y por último el abandono de los pobladores.
  • Las limitaciones propias de la Municipalidad, al adolecer de los recursos, tanto financieros como de suficiente personal técnico profesional, con preparación, capacidad y motivación para acompañar y dar seguimiento con políticas a estos procesos participativos con los vecinos y comunidades.
  • La alta dispersión e incluso competitividad de las organizaciones comunales, principalmente en la subregión urbana, con enfoques de trabajo de arraigo muy individual, localistas y personalizados, terminan bloqueando el trabajo unitario.
  • Una fuerte cultura clientelar electoral, arraigada en el bipartidismo dominante entonces, generalizada en todo el cantón, imposibilitó que las organizaciones comunales más independientes y con liderazgos de vocación comunal, pudieran reorientar la estrategia y concertar acciones en forma sostenida para la solución de los problemas comunales.
  • Los cambios abruptos administrativos y de mandos en la Municipalidad, primero con la salida del Alcalde que lideró la iniciativa y que asumía con fuerza la nueva experiencia, al trasladarse al gobierno central, luego con las elecciones municipales de medio período en el 2016, donde la unión de fuerzas de la alianza electoral ya no se presenta al electorado, provocando que asuma el gobierno local el partido opositor mayoritario, desinteresado en continuar con este proceso de las Mesas de Diálogo y sin voluntad ni capacidad para reorientarlo con un nuevo enfoque comunalista.
  • La poca oferta de capacitación idónea a la dirigencia comunal y a funcionarios municipales, por parte de la institucionalidad competente, que posibilitara proporcionar herramientas técnicas, organizativas y políticas para su motivación a participar con eficiencia y eficacia en esta estrategia, desde una perspectiva de interés comunalista. Pese al esfuerzo de la DIREXTU y el PGL de la UNED, por buscar colaboración con otras instituciones, los recursos humanos y económicos fueron muy insuficientes. El reto muy complejo de poder reorientar la cultura y las tradicionales prácticas de gestión comunal distorsionada, existente en muchos de los dirigentes y organizaciones cantonales, no se pudo hacer realidad.

Precisamente, ampliar una lectura de como se observa esa participación comunal y la realidad de nuestro voluntariado hasta hoy, en el servicio que brinda a las comunidades en el país, merece una investigación y análisis, con las consecuentes nuevas prácticas que correspondan a los acelerados cambios y necesidades de nuestra época y el futuro.

  1. A manera de conclusión y desafío: Algunas explicaciones a la crisis creciente de participación consciente y altruista en la generalidad de las poblaciones comunales.

Durante años hemos observado a pobladores y sus organizaciones comunales, desde variadas experiencias de participación comunitaria y social desde una amplia diversidad de escenarios rurales y urbanos. Este acercamiento nos lleva a conocer una serie de manifestaciones en los ámbitos comunales para caracterizar lo que hemos llamado, la crisis en la participación colectiva y comunitaria del país. Describimos algunas de esas manifestaciones y las causas observadas:

  1. El sector comunal experimenta el abandono por parte de las instituciones estatales competentes del desarrollo comunal, desde hace varias décadas. Las organizaciones comunales y sus dirigentes, sin acompañamiento oportuno y adecuado de capacitación y formación, están sujetos a la fuerte influencia de antivalores, que como veremos más adelante, se originan de las nuevas modalidades del modelo socio económico dominante en las últimas décadas.
  2. El modelo de desarrollo imperante fomenta la creación de necesidades de consumo irracional, que favorecen usualmente las prácticas de un sin sentido de vida, caracterizadas por aspiraciones sobredimensionadas de consumo, un fuerte egoísmo y una acelerada competitividad individualista, acompañado todo esto, en muchos casos, de la frustración por la insatisfacción de sus necesidades creadas y la violencia en las relaciones personales. La máxima del tener cada vez más se sobrepone al valor del ser.
  3. La quiebra de la ética y la coherencia en nuestras actuaciones, expresada en la legitimación de la regla del empleo del menor esfuerzo y de la búsqueda inescrupulosa de la máxima ganancia, la aspiración al dinero fácil y el materialismo gana cada vez más adeptos, alimentado el avance en forma generalizada de la corrupción y la pérdida de la honestidad.
  4. El fomento al individualismo materialista se impone sin control, muchas veces en detrimento del bien común. Se afecta seriamente al ambiente y a la naturaleza junto la pérdida de los bienes comunes de las comunidades y del país. En esta situación, el interés y la búsqueda exclusiva del beneficio individual predomina y se sobrepone a las aspiraciones colectivas de las comunidades.
  5. El activismo, las acciones reactivas, oportunistas y de ocurrencia, en ausencia de la panificación y de la articulación publica/privada de las iniciativas comunales, generan respuestas muchas veces ajenas al interés del bien común y propiciadoras de beneficios injustificados y de tráfico de influencias.
  6. Otra característica observada de la crisis participativa de colectivos en las comunidades, consecuencia de lo anterior, es el creciente desinterés y la desmotivación para participar en el servicio comunitario organizado donde no medie el lucro. Salvo excepciones de participación individuales, motivados por los compromisos con algunas iglesias, actividades deportivo-recreativas, ciertos servicios puntuales y/ o relacionados con demandas ambientales particulares, el patrón dominante es la tendencia a una disminución de las iniciativas desinteresadas del beneficio económico y utilitario.
  7. La ausencia de nuevos liderazgos comunitarios y el avance a la concentración de los mismos en unos pocos, donde predomina las personas de edad avanzada, generan un desgaste y la deficiencia de la conducción de las organizaciones y actividades, sea por saturación de funciones o por la deficiencia en la gestión local, usualmente practicada empíricamente Esa falta de un relevo del liderazgo generacional y de género, pese al auge en la participación de las mujeres en múltiples iniciativas comunitarias, tanto en acciones individuales como colectivas, como a la existencia de expresiones de participación juveniles de valor, especialmente en torno a los temas de la cultura y del ambiente. Sin embargo, encontramos que sigue pendiente la apertura y la promoción a la participación de nuevos líderes y lideresas en las comunidades, que junto con una adecuada y oportuna capacitación educación, puedan asumir su rol en la renovación del movimiento comunitario.
  8. Por último, la falta de credibilidad y confianza de los pobladores comunitarios para con sus dirigentes inmediatos en las localidades, sea justificada o no, se ha convertido en una manifestación creciente, que se extiende en ascenso a otros liderazgos y representaciones en las estructuras y órganos del aparato público ye incluso privado, sean empresas, municipalidades, instituciones y/o de gobierno central.

La experiencia de las Mesas de Diálogo Social: Una alternativa de construcción participativa desde la gestión local para la solución de los problemas comunales – I Parte

Por Lic. Ítalo Fera Fallas. Sociólogo.

El presente ensayo tiene como motivo el lograr reflexionar sobre la práctica de extensión y acción social institucional llevada a cabo por el autor principalmente en el Programa de Gestión Local (PGL) de la Dirección de Extensión, Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica.

Se prioriza en la experiencia personal y colectiva institucional utilizando la metodología participativa de gestión local por medio de la estrategia de las Mesas de Diálogo Social Comunitario.

En estos procesos, sean las Mesas de Dialogo Social u otras formas y figuras de participación, concertación y diálogo social, como veremos más adelante, los aportes personales y colectivos son esenciales. Diferentes personas, líderes y organizaciones han contribuido, la mayoría de las veces anónimamente o con muy poca difusión, para hacer realidad esta acumulación de conocimientos y prácticas de vida.

Por una parte, a partir de la década de los setenta del siglo pasado, conocimos de los aportes de seglares y sacerdotes con un alto compromiso social, que coadyuvaron con su servicio en las pastorales juveniles y sociales. Igual, las experiencias y colaboración de instituciones y ONGs que desarrollaron y aún unas pocas desarrollan investigación y extensión comunitaria. Arriesgando omitir algunos de estos actores sociales, mantuve relación y participé directamente en ONGs como el Centro Popular de Educación VECINOS, La Red Centroamericana ALFORJA, CEDECO, CENAP, Desarrollo Alternativo Maya Consultores, junto a la valiosa herencia del Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ), la investigación extensión agropecuaria en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en el último período la participación como funcionario de la UNA y durante más tiempo en la UNED.

Varias son las comunidades en esta trayectoria como la mayoría de los barrios del sur de San José, localidades rurales y urbanas de Desamparados, Alajuelita, Aserrí, Acosta, Los Santos, Upala, Pococí, Talamanca, Golfito, Nicoya, Corredores, Coto Brus, Osa entre otras comunidades y cantones, así como tener como compañeros a funcionarios de la Vicaría de Pastoral Social de la Iglesia Católica (VEPS), el Programa de Cáritas. Es especial las centenas de líderes y lideresas comunales que en forma voluntaria y muchas veces anónima de muchas localidades han enriquecido este conocimiento colectivo. Junto con la contribución de dirigentes sindicales, cooperativos y de algunas municipalidades.

Finalizo muy especialmente reconociendo los aportes reflexivos y su acompañamiento práctico en las comunidades de la mayoría de los compañeros y compañeras de la Dirección de Extensión de la UNED, en particular los Prof. Rafael López, Carolina Somarribas, Allan Chavarría, Amílcar Castañeda, Fernando Lizana y Javier Ureña junto con las contribuciones regulares del equipo de coordinación de la Mesa de Diálogo de la Legua. Estas experiencias han sumado muchos adeptos, donde se reconoce que mediante esta estrategia todos ganamos.

Las mesas de diálogo social comunitario son una estrategia metodológica de acompañamiento, asesoría, capacitación y educación participativa, en el ámbito de las localidades y en el marco de la extensión pública, sea en comunidades urbanas y/o rurales de diferentes regiones. Pretende acompañar a representantes de organizaciones sociales comunitarias, los cuales se articulan para conocerse, identificar sus problemas comunes, concertar la definición de alternativas de solución y finalmente organizar/ejecutar una agenda de trabajo compartida entre vecinos, líderes y las organizaciones sociales, que permita poner en práctica herramientas y tácticas de incidencia y acción política ante la institucionalidad pública y la empresa privada de la localidad, zona y/o región para la solución de los agudos problemas de salud, vivienda, infraestructura pública, educación, seguridad y otros.

Para lo anterior, se ha seleccionado principalmente a la mesa de diálogo social conocida y más antigua, con mayor trayectoria y consolidación, que tiene como cobertura principal el distrito de La Legua de Aserrí. Sin menoscabo de derivar aprendizajes, igual de valiosos, con otras experiencias tanto de mesas de diálogo social como metodologías para la construcción de convergencias con fines similares que han permitido también la coordinación y unión de acciones, sea entre vecinos, líderes y/u organizaciones comunales, éstas últimas organizaciones de hecho o con algún grado de formalización legal.

  1. El Problema

Nuestro problema se define en cómo se expresan los diferentes contenidos y formas de participación social, económica, cultural y política de vecinos, representantes y/o delegados de las organizaciones comunitarias en el espacio de una mesa de diálogo social y plataforma de concertación que se constituya para el cambio personal y social, la construcción del trabajo en equipo, lectura de la realidad social, la elaboración de agendas comunes, la planificación y ejecución de acciones para la gestión local en los diferentes ámbitos y contextos.

Colocamos nuestro foco en la variedad de personas y funciones, (vecinos, líderes y/o dirigentes), sus procesos de interlocución, convergencias y divergencias sea entre ellos y ellas y/u entre las organizaciones/instituciones sociales, así como en la incidencia ante la institucionalidad pública y empresa privada con sus resultados concretos.

Entendiendo por formas de participación: el ejercicio de actividades, mecanismos, procedimientos, técnicas, métodos y estrategias de acción y los contenidos como las enseñanzas/aprendizajes desde los conocimientos surgidos de la experiencia tanto acumulada como la actual, que reflejan y explican los avances, desviaciones y retrocesos del proceso sucedido en el tiempo y en el espacio contextual.

  1. Enfoque y metodología

La experiencia de la Mesa de Diálogo Social de La Legua de Aserrí, (MEDESLA), se investigó retomando las experiencias metodológicas de sistematización llevadas a cabo con este tipo de prácticas en el área comunitaria del Valle Central. Se concluye por optar escogiendo la metodología utilizada por el equipo de profesionales del “Proyecto para la Promoción del Manejo Participativo en la Conservación de la Biodiversidad” (MAPCOBIO), SINAC-JICA.

La metodología se recoge en lo fundamental en el documento, 2015: Brenes, Castillo y Soto Navarrete. “Manual para sistematizar experiencias de manejo participativo en la conservación de la biodiversidad”. SINAC, MAPCOBIO, JICA. Santo Domingo, Heredia.

De esta fuente, rescatamos su enfoque general, que conceptúa la sistematización como el medio principal para producir conocimiento, ubicando las experiencias comunitarias, en el espacio y en el tiempo, identificando los hitos principales en el variado transcurrir de los procesos.

Es fundamental el ordenamiento de la experiencia, básico para comprender y producir conocimiento, dándole la mayor importancia a la correspondiente acción transformadora.

Los lineamientos de acción se derivan de saber diferenciar “entre información y conocimiento, entre éstos y la toma de decisiones para la acción colectiva”. (2015: Castillo y Soto).

Para el correcto esclarecimiento de la práctica realizada, cobra relevancia los datos, en el acercamiento y develamiento de la realidad social, pero insuficientes sin ser procesados, correlacionados y que aporten a explicaciones, que validadas, contribuyan a la toma de decisiones acertadas.

Por último, suma a este enfoque la claridad de priorizar lo colectivo ante lo individual, dándole el mérito a la construcción social y al aporte histórico de las personas y su potenciación en la búsqueda de soluciones, compartiendo saberes y acciones. Aquí es esencial el protagonismo de los propios actores de la mesa de diálogo que aportan sus saberes ancestrales.

  1. Valores para la visión de trabajo con las Mesas de Diálogo

Parte sustancial del proceso ha sido recuperar y visibilizar la construcción colectiva y el sentido de los valores y principios que deben guiar a los participantes de las Mesas, en especial las orientaciones que fortalezcan la independencia de la Mesa y su sujeción a los intereses personales comunes y entre organizaciones sociales de las comunidades.

Sobre la base conjunta de esos principios, se interiorizan un conjunto de valores compartidos, a la vez que se respeta la especificidad de los métodos de trabajo en cada Mesa. Pretendemos así encontrar las rutas flexibles en las formas, pero llegar a ser consistentes en los contenidos de los valores concertados, que permitan avanzar unidos en el territorio. Para ello, ha sido esencial buscar recuperar y fortalecer una serie de actitudes y valores sustantivos, entre los que destacamos los siguientes:

  1. Que la Mesa de Diálogo busque fortalecer su independencia de trabajo y la toma de decisiones conjunta, respetándose las particularidades de cada organización en sus contextos locales, sin embargo, regidas todas por principios comunes.
  2. Facilitar la participación democrática, consciente, crítica e informada del actor comunal.
  3. Asegurar el reconocimiento a la horizontalidad y al respeto recíproco en las relaciones entre vecinos, dirigentes comunales, funcionarios de instituciones y/o empresarios.
  4. Reconocer los orígenes e identidades diversas de personas, organizaciones, comunidades y territorios, premisa para el desarrollo coherente y armónico en lo personal y colectivo.
  5. Promover que la actitud del servicio voluntario y desinteresado para con la comunidad, sea parte sustancial del vecino y en especial el dirigente comunal y que domine la motivación permanente para la participación.
  6. Desarrollar la solidaridad y la sensibilidad auténtica con las personas más necesitadas y vulnerables. La indolencia y la indiferencia social no pueden ni deben ser permitidos.
  7. Asumir la justicia social y la equidad como máximas del desarrollo humano y la paz duradera en las comunidades, regiones y país.
  8. Asumir el compromiso de la búsqueda y unión de los recursos de todo tipo y de esfuerzos comunales con las institucionales y el sector privado, para llegar a soluciones proactivas. Se trata de construir una apuesta cooperativa y solidaria hacia objetivos comunes.
  9. La actitud del manejo transparente de los recursos y la rendición de cuentas permanente, serán una máxima a practicar coherentemente para consigo mismo y con los otros.
  10. Romper con los localismos, para abordar los problemas y soluciones desde una mirada de territorialidad unida desde el cantón, la región y país como un todo.
  11. Abordar las acciones con visión de sostenibilidad en los procesos y buscando la claridad y proyección estratégica en las acciones para el mediano y largo plazo, hacia la transformación personal y social simultánea, es una convicción en el enfoque de trabajo de las Mesas de Diálogo.
  1. Orígenes y propósitos de las Mesas de Diálogo Social.

La metodología de las mesas de diálogo social comunitarias tiene su origen en Costa Rica a finales de la década de los sesenta y principios de los setentas del siglo pasado. En el contexto de la llamada “guerra fría”, dos importantes corrientes de pensamiento y acción convergen: Las juventudes de varias partes del mundo, en particular de Europa y nuestro continente, agitan a las estructuras sociales del status quo revelándose contra las guerras y levantando importantes manifestaciones y movimientos sociales por la” paz y el amor” junto con el cambio social. Por otra parte, la praxis de la teología de la liberación irrumpe con los soplos de renovación del papa Juan XXIII en la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II y posteriormente para nuestro continente la Conferencia Episcopal de 1968 en Medellín, dinamizan a las comunidades, particularmente a las pastorales juveniles.

Los programas de pastorales sociales en general recuperan una rica tradición de experiencias de articulación y concertación de acciones, llevada a cabo por feligreses, grupos parroquiales y organizaciones sociales de base comunitaria durante décadas, que ha sido practicada de forma variada por el movimiento comunal nacional e internacional.

Aporta desde las realidades contextuales de la época y como lo hemos venido señalando en el presente documento tiene como premisa fundamental: los valores y actitudes que deben orientar la acción. En consecuencia, los fines o propósitos de las Mesas de Diálogo están determinados por esa base de principios y son una propuesta a construir, deconstruir y contextualizar permanentemente, según los lugares, actores y desafíos que se asuman en cada momento y situación. Algunos de los objetivos que se proponen son:

  1. Propiciar la concertación y articulación de las organizaciones sociales de base comunitaria de las localidades, sin distingos y en condiciones de horizontalidad y participación equitativa, para la búsqueda de la interlocución y el reconocimiento de sus intereses, problemas y soluciones comunes.
  2. Desarrollar el potencial existente en el voluntariado comunitario y en la movilización de sus recursos locales existentes, mediante procesos de capacitación continuos, con el fin de organizar y planifica las mejores respuestas de solución, congruentes con los intereses y necesidades comunes y mayores, que identifiquen los representantes de los pobladores.
  3. Construir entre los representantes comunales una agenda y ruta de trabajo con base al análisis conjunto de la problemática territorial, sus recursos / capacidades locales y las oportunidades internas y externas.
  4. Crear un espacio de diálogo y búsqueda de la concertación de acciones en el ámbito local, para la identificación de los problemas y la construcción conjunta de las soluciones, entre representantes comunales, funcionarios de instituciones, la academia y los delegados del sector empresarial privado.
  5. Generar las reflexiones y diálogos necesarios para la armonización de criterios y concertación de planteamientos entre los diferentes actores locales, que contribuya a la definición, ejecución y seguimiento de políticas públicas para el desarrollo local y territorial de las comunidades.
  1. Organización y funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social

Las Mesas de Diálogo Social tienen en común que su ámbito de acción es el territorio del distrito o cantón. La integran, al menos, dos delegados dirigentes comunales, (un propietario y un suplente), por cada localidad o caserío, electos en asamblea comunal ampliada de representantes, que se envían por parte de todas las organizaciones sociales de base comunitaria de la localidad respectiva.

Los dos delegados comunales conforman la Mesa de Diálogo, que sesiona ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, cuando sea convocada por el 20% de sus miembros. La conducción periódica de las acciones de la Mesa está en manos de un equipo coordinador electo en la primera Asamblea Ordinaria de la Mesa de Diálogo por dos años. Se busca concertar una composición de paridad de género, representatividad etárea, de localidades, personas de diferentes creencias y prácticas, así como la equidad en las representaciones por organización.

También para la ejecución de sus acciones la Mesa designa comisiones permanentes o temporales de trabajo integradas por los delegados(as), preferiblemente de diferentes localidades y organizaciones comunales.

En el equipo coordinador de la Mesa de Diálogo participan también el síndico de cada distrito y los miembros del consejo distrital respectivo, con voz y voto. De esta manera se integran ambas instancias de representación distrital en un mismo espacio.

La Mesa de Diálogo es autónoma e independiente de cualquier institución pública o ente privado. Responde únicamente a los intereses comunales y su poder se origina de la voluntad soberana de las organizaciones comunales del distrito o localidad. Cuenta con su propio plan de trabajo, que puede ser financiado por diversas fuentes, siempre y cuando, no afecten su independencia y auto determinación.

  1. La concertación interinstitucional y con la empresa privada:

El carácter estructural de la mayoría de los problemas socio económicos en las localidades demanda una estrategia de solución procesal, con participación activa de los pobladores y directamente perjudicados. Ese aporte permanente de los vecindarios y sus organizaciones en la solución de los problemas comunales es necesario y hasta indispensable, pero es insuficiente sin la participación de las instituciones competentes del Estado y la empresa privada involucrada.

La construcción de al menos esta alianza tripartita es la ruta medular de los planes y acciones de las mesas de diálogo social.

La organización del Estado por medio de sus instituciones, en una república democrática, tiene su razón en tanto funcionen como un conjunto de herramientas que deben estar al servicio de la ciudadanía para el logro de su bienestar y calidad de vida.

La mesa de diálogo social es el escenario idóneo de intercambio, horizontal y respetuoso entre vecinos y funcionarios para la búsqueda y ejecución de las soluciones a los problemas comunales.

Diferentes condiciones deben existir para concretar satisfactoriamente esta unidad de acciones. Algunas que se han identificado son:

El desarrollo de capacidades en ambos actores, que les permita utilizar conocimientos y habilidades en la interacción y construcción de las soluciones.

Una correcta identificación y delimitación de los problemas con sus causas inmediatas y mediatas de forma compartida, es una buena parte de la solución de los problemas.

Los recursos materiales, logísticos y financieros suficientes para |llevar a cabo las acciones decididas conjuntamente.

Las actitudes de respeto mutuo y horizontalidad para alimentar las interrelaciones que se llevan a cabo en los diferentes momentos sean los personeros institucionales y los líderes, comunales, que cuenten con poder delegado y real para la toma de decisiones.

La claridad de políticas, programas, proyectos, que deriven en rutas de actividades desde un enfoque de desarrollo participativo, inclusivo y sostenible que lleven al buen vivir a los pobladores, tanto en las instituciones como en las organizaciones comunales.

La permanencia y seguimiento de estas acciones con adecuados mecanismos de rendimiento de cuentas y evaluación que permitan la corrección y mejoramiento continuo de las instituciones y organizaciones vecinales.

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

Decreto para estimación de caudal ambiental del recurso hídrico: amplían plazo para la consulta

El Foro Confluencia Solidaria informó mediante SURCOS en la nota https://wp.me/p6rfbZ-e4h que distintos movimientos solicitaron a la Dirección de Aguas del MINAE, una ampliación del plazo para emitir criterio en torno a normativa técnica de la estimación del caudal ambiental de las fuentes de agua superficiales del país.

FECON informó a SURCOS que en la página de Facebook de la Dirección de Agua se publicó la ampliación del plazo. Esta es la nota:

AMPLIACIÓN CONSULTA PÚBLICA: PROPUESTA DE DECRETO PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL AMBIENTAL

La Dirección de Agua informa sobre la ampliación del plazo de la consulta pública de la propuesta de Decreto para el Cálculo del Caudal Ambiental hasta el próximo miércoles 24 de marzo del 2021.

Para accede al documento remitirse al siguiente enlace:

Decreto en consulta

Así mismo, se extiende la invitación al Webinar sobre el sustento técnico de la propuesta de Decreto, a realizarse el próximo miércoles 17 de marzo a la 1:00 pm. Para inscribirse: clic aquí

Inicialmente el decreto estaría en consulta hasta este viernes 12 de marzo.

De acuerdo con la nota de Confluencia Solidaria, “dada la importancia estratégica que este tema tiene para el país y la necesidad de contar con un decreto que realmente garantice la sostenibilidad del recurso hídrico y su uso centrado en el bienestar colectivo y la protección de dicho recurso, el Foro Confluencia Solidaria organizó el pasado viernes 5 de marzo un encuentro/conversatorio con organizaciones comunitarias y ambientalistas y con profesionales expertas y expertos en el tema del recurso hídrico, para analizar esta propuesta de decreto”.

El consenso que emergió de este conversatorio del pasado viernes fue que la relevancia e impacto de este tema requiere una discusión más amplia.

Asimismo, se sugiere enviar el criterio de cada organización o comunidad a la siguiente dirección electrónica: jmonge@da.go.cr

Se propone enviar copia a la dirección electrónica del despacho de la señora Ministra del MINAE al siguiente correo electrónico: despachominae@minae.go.cr

Finalmente, si lo tienen a bien, se solicita también enviar copia de dicho mensaje y de las opiniones que se expresen a la dirección electrónica del Foro Confluencia Solidaria: foro@confluenciasolidaria.org

Decreto para estimación de caudal ambiental del recurso hídrico: Necesidad de ampliar la discusión de este tema estratégico

Foro Confluencia Solidaria

Recientemente salió a consulta la propuesta de decreto emitido por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) para la normativa técnica de la estimación del caudal ambiental de las fuentes de agua superficiales del país. El objetivo de esta normativa es “Establecer la normativa técnica para el cálculo del caudal ambiental que debe discurrir por una fuente de agua superficial, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico”. La propuesta de decreto se puede obtener en: http://www.da.go.cr/decreto-para-el-calculo-del-caudal-ambiental/. Este decreto está en consulta hasta el próximo viernes 12 de marzo.

Dada la importancia estratégica que este tema tiene para el país y la necesidad de contar con un decreto que realmente garantice la sostenibilidad del recurso hídrico y su uso centrado en el bienestar colectivo y la protección de dicho recurso, el Foro Confluencia Solidaria organizó el pasado viernes 5 de marzo un encuentro/conversatorio con organizaciones comunitarias y ambientalistas y con profesionales expertas y expertos en el tema del recurso hídrico, para analizar esta propuesta de decreto.

La discusión efectuada permitió identificar una serie de deficiencias técnicas y conceptuales en este documento, por lo que se hace imperiosa la participación de diversos sectores relacionados con el tema del agua en el estudio de este decreto, de manera que antes del viernes 12 de marzo se envíen a las autoridades del MINAE opiniones y criterios sobre el mismo.

El consenso que emergió de este conversatorio del pasado viernes fue que la relevancia e impacto de este tema requiere una discusión más amplia, incorporando una serie de elementos técnicos internacionales y nacionales que están disponibles, así como los criterios de las comunidades y otros grupos organizados, y de profesionales con experiencia en el tema. No se debe apresurar la aprobación de un decreto con tantas implicaciones para el país.

Por este medio se hace un llamado a que diversos grupos, colectivos, asociaciones y personas externen su opinión ante el MINAE antes del próximo viernes, de manera que el país pueda contar con un decreto que realmente garantice la sostenibilidad y el uso adecuado y en pro de la vida de las aguas superficiales de nuestro territorio.

Las opiniones pueden enviarse a la siguiente dirección electrónica: jmonge@da.go.cr

Se sugiere enviar copia a la dirección electrónica del despacho de la señora Ministra del MINAE al siguiente correo electrónico: despachominae@minae.go.cr

Si lo tienen a bien, se solicita también enviar copia de dicho mensaje y de las opiniones que se expresen a la dirección electrónica del Foro Confluencia Solidaria: foro@confluenciasolidaria.org

Evento virtual: “Construyamos una cultura de participación ciudadana”

La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional invita a la actividad virtual “Construyamos una cultura de participación ciudadana” el próximo 04 de febrero a las 6:00 pm.

Si desea participar puede llenar el formulario de inscripción aquí. Todas las personas que se inscriban en cada una de las actividades de la Cátedra a lo largo del año, recibirán un certificado que les acreditará su participación en este esfuerzo de fortalecimiento ciudadano.

Todos los datos se manejarán de forma confidencial.

La transmisión se realizará en el Facebook de SURCOS Digital

La organización autónoma de las comunidades genera instituciones eficientes

Miguel Sobrado

Proyectos como el Hospital sin Paredes, en San Ramón, en los años 70, con escasos recursos institucionales, pero con la participación activa de 160 comunidades, logró en poco tiempo, a través de un proceso de cooperación orgánica, entre equipo médico y comunidades, índices de salud tan destacados que le merecieron premios de la Organización Panamericana (OPS) y Mundial de la Salud (OMS).

Algo similar ocurrió con los proyectos de Reforma Agraria de autogestión productiva que transformaron, en varios países latinoamericanos a miles de obreros agrícolas desplazados y campesinos sin tierra organizados en cooperativas en exitosos empresarios. ¿Por qué estas experiencias de incorporación de la gente en programas de desarrollo de alto rendimiento y bajo costo no han podido ser replicadas posteriormente a pesar de millonarios programas institucionales que han incorporado entre sus metas participación de la gente?

Muchas razones se han alegado para no haber alcanzado los mismos resultados, o por lo menos parecidos. Han sobrado razones para estas justificaciones, desde los cambios de condiciones y coyunturas imperantes hasta, los más frecuentes, atribuidos al carisma y calidades personales de sus promotores el Dr. Juan Guillermo Ortiz en el caso del Hospital sin Paredes y Clodomiro Santos de Morais, en el caso de la metodología de capacitación masiva aplicada en tres continentes.

Aunque no existen dos momentos iguales en la historia, ni los promotores son repetibles con todas sus calidades personales, si existen diferencias en el enfoque epistemológico que se expresan en los resultados obtenidos.

Diferencias epistemológicas en la aplicación del mismo concepto

La antropóloga norteamericana Lynn Morgan, analizando las diferencias de aplicación del concepto participación entre los impulsores del proyecto original de salud rural que dio origen al Hospital sin Paredes y la de los sucesores que le dieron versión institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social, perfiló una interpretación, que es esclarecedora de las diferencias.

El “Hospital sin Paredes” partía de: a) Una comunidad solicitaba su incorporación al programa y nombraba a una miembro de dicha comunidad que era entrenada por el equipo médico para recoger la información sanitaria de cada familia. b) Se realizaba un diagnóstico conjunto de la situación de la comunidad, entre el equipo médico y el comité de salud. c) se analizaba un plan de trabajo con tareas tanto para la comunidad como para el equipo de salud del hospital. d) se le daba seguimiento y evaluaban los avances y resultados del trabajo realizado.

En el plan de trabajo, centrado en la salud de la comunidad, había tanto actividades propias del equipo médico como del comité de salud que era el que se encargaba de mantener el puesto de salud, garantizar la construcción de letrinas y acueducto, como de promover la construcción de caminos y de cooperativas para obtener mejores ingresos.

Se establecía así una estrecha relación de simbiosis que sacaba del hospital los alcances preventivos tradicionales del programa de salud rural y estimulaba el desarrollo regional y comunal, donde el interés y la autonomía de la comunidad era el motor que impulsaba y dinamizaba el proceso.

La reforma de la Ley de Salud que consagró el principio de participación de las comunidades, trasladó el programa del ministerio de salud a la Caja del Seguro Social bajo la figura de EBAIS, desconcentrando la atención primaria en el país.

La aplicación institucional burocrática

Es aquí donde la participación cambia y se adapta a la dinámica institucional burocrática. Ya no se promoverá la organización de la comunidad en comités de salud, como sede de los EBAIS, sino que estos se definen en el plan de la institución. Ya no se trabajará con “enfermeritas” de la comunidad, sino con Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP) formados por la Caja, pero lo más importante es que cambia el concepto de participación de la comunidad. En el nuevo contexto no es protagonista con el equipo médico que participa definiendo las causas de sus problemas. Tampoco en la elaboración y aprobación del plan de trabajo, ni en la evaluación de resultados. La comunidad se convierte en una especie de convidado de piedra al que se le comunican los resultados emanados de los técnicos en salud y se le solicita apoyo puntual para labores secundarias, como limpieza del local o renovación de sábanas. De tal forma que el concepto de participación se asemeja más a la que mantiene el cura con el sacristán en la iglesia. En este contexto, no es de extrañar que las comunidades no muestren ningún interés y vean la actividad de los EBAIS como una obligación institucional para la cual cotizan.

Las diferencias en la aplicación del concepto de participación tienen sus raíces epistemológicas en la visión que tienen las instituciones y los técnicos de las comunidades que estimulan o inhiben la autonomía.

Visiones epistemológicas subyacentes

En el primer caso la comunidad es vista como fuente de información y aliada indispensable en la consecución de la salud de la comunidad. El conocimiento sobre la salud y sus soluciones emanan de la realidad y trascienden al conocimiento que cada uno de los actores, los técnicos y la comunidad tienen de sí mismos. No solo crece el conocimiento, sino los recursos y las voluntades para enfrentar conjuntamente los problemas.
La relación entre el equipo técnico y la organización de los comités de salud se convierte en una simbiosis generadora de cambio. Es una nueva realidad que incorpora los recursos y la voluntad de transformación organizada de las comunidades, a la consecución de una salud en el sentido más amplio que se mimetiza con el desarrollo local. Es importante destacar que el concepto de participación aplicado en el Hospital sin Paredes, se basa en un margen de autonomía que concuerda con los principios de la educación de adultos. Al mismo tiempo coincide con los principios de la capacitación a través de la actividad objetivada. Se trata de una relación que, partiendo de la necesidad de la gente, busca soluciones en una relación en una atmósfera de colaboración horizontal, donde los técnicos aportan su conocimiento a una realidad donde esta cobra vida, y encuentra respuesta en la voluntad y recursos de la comunidad.

En el segundo caso partimos de un enfoque ideológico diferente que podemos sintetizar en: las comunidades deprimidas son los perdedores en el proceso de desarrollo y deben ser ayudadas por los técnicos y las agencias de donantes, para poder salir adelante. Desde esta perspectiva, los miembros de la comunidad, para poder salir adelante deben escuchar y seguir las recomendaciones de los técnicos que son los saben.

Detrás de esta visión se expresan también relaciones de poder, tanto políticas, que visualizan el quehacer institucional como parte del entramado clientelista que busca ante todo lealtades, como de los técnicos ubicados dentro la esta estructura institucional. La relación con las organizaciones locales, cuando existe, son de negociación con los dirigentes locales; a cambio de hacer las tareas solicitadas buscan prebendas para sus familias y amigos, lo que no estimula a ninguna de las partes.

En conclusión

Me he concentrado en explicar las diferencias en el caso de la salud rural, por la riqueza del material fáctica disponible, y por la necesidad de utilizar esta experiencia frente a las pandemias y los problemas de salud crecientes como el cáncer y la obesidad, aplicando las posibilidades que abre la nueva tecnología digital.

Pero también por la importancia que puede tener su experiencia para el rediseño de muchos programas sociales, de bajo rendimiento, que pueden transformarse en exitosos con la cooperación entre las comunidades y una institucionalidad renovada que las incorpore como actores activos del desarrollo.

El derecho constitucional a las convenciones colectivas

Mauricio Castro Méndez

En algo que no es nuevo, el señor Rubén Hernández plantea la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas en la mayor parte del sector público costarricense.

Adiciona además en sus comentarios (en la Asamblea Legislativa), que en esta discusión no debemos participar los laboralistas porque no entendemos nada, y en una publicación reciente en una empresa de comunicación, señala que tampoco debe participar en esa discusión los empleados públicos y sus organizaciones, a quienes asimila a delincuentes.

Debo advertir entonces que, bajo los parámetros definidos por este abogado de larga data empresarial, intervengo desde mi doble deslegitimación, ya que soy laboralista y delincuente (en tanto empleado público y ex-asesor sindical).

No obstante, les tomo un par de minutos para valorar por el fondo lo que este jurista dice, y que es aplaudido una vez más por la Procuraduría General de La República que siempre ha insistido en esta posición.

Al efecto inicio con algo que ya había escrito hace un par de años respecto de esta posición:

Respecto del intento de don Rubén Hernández de señalar que la Reforma Procesal Laboral es inconstitucional (artículo de La Nación) por haber incluido la negociación colectiva en el sector público, les puedo asegurar que, de acuerdo a los señalado expresamente por la Sala Constitucional, está totalmente equivocado.

En concreto:

La argumentación de don Rubén Hernández se cae por dos razones:

  1. EN PRIMER LUGAR la posición inicial de la Sala Constitucional cambió, primero con un voto minoritario del magistrado Carlos Arguedas, luego de Fernando Cruz, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más reciente de la UNANIMIDAD de la Sala Constitucional.

En síntesis, Rubén Hernández está viviendo en el pasado. Hoy la Sala Constitucional sostiene, UNANIMEMENTE OTRA COSA. En la sentencia del año pasado (7721-2015) la Sala Constitucional declara constitucional la convención colectiva de trabajo en el Ministerio de Educación Pública (gobierno central), frente a la tesis que defendía Otto Guevara que es la misma que sostiene Rubén Hernández en el artículo de hoy.

  1. EN SEGUNDO LUGAR: Dicho lo anterior, la RPL partió de los lineamientos de la sentencia 1696-92 que estableció que se pueden usar el arbitraje y la conciliación en el sector público, pero con limitaciones (todas recogidas en la RPL: por ejemplo, en art. 692 se prohíbe el arbitraje de conciencia, y en el 693 se prohíbe excepcionar leyes y normas).

También se siguió la sentencia 4453-00 en la que dijo que pueden negociar convenciones colectivas de trabajo los empleados públicos que no realicen gestión pública. La RPL definió quiénes son los que hacen gestión pública y los excluyó del derecho a la huelga (inciso 5 que se agrega al art. 112 de la Ley General de la Administración Pública; y arts. 683 y 689).

En términos generales, el proyecto de ley de empleo público en diversas versiones, que se discute actualmente tiene dos objetivos: reconcentrar el poder en el Poder Ejecutivo, y establecer mecanismos unilaterales de imposición de las condiciones de trabajo para el empleo público, le guste o no le guste al empleo público, y sin derecho alguno a participar en la determinación de esas condiciones de trabajo.

Los impulsores de esta idea, incluido el señor Hernández y la Procuraduría, quedan retratados de cuerpo entero como autoritarios y antidemocráticos, ya que Hernández entiende que las personas trabajadoras son cuasi delincuentes a los cuales se les tiene que imponer las condiciones de trabajo.

Definitivamente no se percataron de que en el siglo XX se transitó, mundialmente, del constitucionalismo clásico que permitía no solo desconocer sino perseguir y penalizar a las organizaciones de trabajadores, al constitucionalismo social que entiende como parte consustancial de la democracia, la participación de las personas trabajadoras por medio de su organización colectiva.

Las teorías administrativas clásicas, que fueron abrazadas con fervor por Mussolini, Hitler y Franco, fueron abandonadas por los constitucionalistas sociales, y por el derecho administrativo moderno, que reconoce en países como Italia y España, el derecho que tiene el empleo público a negociar colectivamente, como uno de los elementos que distingue a las democracias contemporáneas.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos y por Mariano Sáenz

Diálogo social y rescate democrático

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

El consistorio del diálogo social

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

 

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020