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Etiqueta: pensiones

Poner a los pobres en la agenda

Manuel Delgado

Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.

De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.

Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.

¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.

Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.

En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.

Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.

Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.

Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.

Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.

UNED y ACOJUPEMA organizan conversatorio sobre fondos de pensiones como propiedad privada

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) en conjunto con la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) realizarán un importante conversatorio bajo el tema «Los fondos de pensiones son propiedad privada».

El evento, que abordará temas cruciales sobre el sistema de pensiones en Costa Rica, se llevará a cabo el próximo viernes 28 de marzo a las 4:00 p.m. en la Sala Magna del Paraninfo de la UNED.

Expertos analizarán la situación actual de las pensiones

El conversatorio contará con la participación de cuatro reconocidos especialistas que expondrán sobre diferentes aspectos relacionados con los fondos de pensiones:

  • Juan Antonio Vargas Guillén, abogado de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, abordará los riesgos de los fondos generacionales del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
  • Francisco Esquivel Villegas, economista, ex viceministro de Hacienda y jubilado del Magisterio Nacional, analizará el Proyecto de Ley 24.786, la Ley 9796 y la situación actual del Régimen de Transición al Retiro (RTR).
  • Walter Coto Molina, abogado, politólogo y expresidente de la Asamblea Legislativa, presentará el «Proyecto Pensión Consumo», una alternativa para personas que no han podido cotizar para una pensión.
  • El Ing. Gerardo Romero Enríquez, representante de ACOJUPEMA, expondrá sobre la crítica situación del IVM y los riesgos de las inversiones en el extranjero.

La moderación del evento estará a cargo de la Licda. Marjorie Hernández, presidenta de ACOJUPEMA.

Transmisión en vivo disponible

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el conversatorio será transmitido en vivo a través de la página de Facebook @OndaUNED, lo que permitirá una mayor participación del público interesado en estos temas de vital importancia para el futuro de las pensiones en Costa Rica.

Este espacio de diálogo se presenta en un momento crucial, cuando diversos sectores debaten sobre reformas al sistema de pensiones y tras el reciente anuncio de la prórroga de un año para la implementación de los Fondos Generacionales, según informó la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

El saqueo de las pensiones que nadie quiere hablar

Por Marco Leandro

  • 61 años de promesas rotas: Los abogados de Costa Rica exigen su dinero perdido.

  • El Timbre que nunca llegó: El escándalo que podría dejar sin pensión a miles de abogados»

  • ¿Incompetencia o corrupción? El Misterio del Fondo de Pensiones que nunca se implementó»


Mañana viernes abogados litigantes de todo el país se presentarán a los Tribunales de Justicia para pedir audiencia a un Juez Penal para evitar que la Fiscalía archive la demanda que tiene más de 10 años bailando de oficina en oficina, con la que piden se cumpla la ley y se les asegure su derecho a pensionarse.

Los abogados, todos ya en edad de pensionarse o ya pasados de años solicitarán al juez penal que rechace tajantemente la solicitud de Katia Azofeifa (otra abogada, solo que con la camiseta de fiscala) de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de desestimar la demanda con la cual pretenden que se cumpla la Ley 3245 art 3 del 31 de diciembre de 1963, la que fue refrendada por una sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo, que condenó al Colegio de Abogados y Abogadas.

Ante el desacato de la sentencia del Contencioso, los abogados presentaron una denuncia, querella y acción civil por los delitos de desacato a la autoridad, presunción de malversación de fondos, ya que desde 1963 han pasado por las manos del Colegio de Abogados y Abogadas más de 60.000 millones de colones que nunca fueron ocupados para crear el fondo de pensiones.

Después de un baile por diferentes Fiscalías, Adjunta de Probidad y Fraudes y Cibercrimen está última desestimó la denuncia.

La Fiscalía desestima y avala que transgredan la Ley y una sentencia firme. Si esto es una orden de la Fiscalía General sería parte de la corrupción que tanto se ha hablado en los últimos años, mientras la casta del Poder Judicial se receta pensiones millonarias, a los litigantes nos niegan nuestro derecho consagrado por Ley de la República. “Creíamos que solo en tiempos de Dall Annesse se podía conspirar tanta corrupción”, dijo Francis Tejada, uno de los organizadores.

Historia completa:¿Incompetencia y corrupción? 

En 1963, la ley número 3245 creó el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas con un propósito claro: formar un fondo de pensiones y jubilaciones para los profesionales del derecho. Sin embargo, 61 años después, ese fondo sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de que los abogados han aportado millones de colones a través de los timbres, el dinero parece haber desaparecido. La Alianza de Abogados CR está levantando la voz para exigir respuestas y justicia.

61 años después, ese fondo no existe. Según los estados financieros auditados entre 2010 y 2023, el Colegio de Abogados ha recaudado aproximadamente 27,987 millones de colones en ingresos brutos provenientes de estos timbres. Pero, ¿dónde está ese dinero?

Una sentencia que nadie escuchó

En 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo emitió una sentencia (número 426) en la que ordenó al Colegio de Abogados y Abogadas crear un reglamento para iniciar el fondo de pensiones. Sin embargo, esta orden no fue cumplida. A pesar de la sentencia, el Colegio de Abogados y Abogadas no ha tomado las medidas necesarias para implementar el fondo, dejando a miles de abogados en la incertidumbre sobre su futuro financiero.

La acción de inconstitucionalidad: ¿Un Intentó de Evadir Responsabilidades?

En 2023, el Colegio de Abogados y Abogadas interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que creó el timbre. Según la Alianza de Abogados CR, esta acción tiene como objetivo dejar sin pensión a los abogados, en lugar de resolver el problema de fondo. Esta medida ha generado indignación entre los profesionales del derecho, quienes exigen transparencia y responsabilidad por parte de las juntas directivas que han manejado el Colegio durante décadas.

¿dónde está el Dinero?

La pregunta que todos se hacen es: ¿Dónde están los 27,987 millones de colones recaudados? La Alianza de Abogados CR está pidiendo una auditoría exhaustiva para rastrear el dinero y asegurarse de que se utilice para el propósito original: crear un fondo de pensiones y jubilaciones para los abogados. Hasta ahora, no ha habido respuestas claras por parte del Colegio de Abogados y Abogadas, lo que ha generado sospechas de mal manejo de fondos.

Llamado a la acción

La Alianza de Abogados CR está invitando a todos los profesionales del derecho a unirse a esta lucha. «No permitamos este saqueo a nuestro gremio», es el llamado que hacen a través de su correo electrónico (alianzaabogadoscr@gmail.com) y su número de WhatsApp (83840220). La organización está dispuesta a llevar este caso hasta las últimas consecuencias para asegurar que los abogados reciban lo que por ley les corresponde.

Conclusión: Un escándalo que no puede quedar impune

“El caso del fondo de pensiones de los abogados es un escándalo que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Con 61 años de promesas incumplidas y millones de colones desaparecidos, es hora de que los abogados de Costa Rica exijan respuestas claras y acciones concretas. La Alianza de Abogados CR está liderando esta lucha, pero necesita el apoyo de todos los profesionales del derecho para asegurar que este caso no quede impune”, explicò Didier Carranza, uno de los lideres del movimiento.

La Costa Rica que dejan

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Un buen ciudadano debe irse planteando ya cuál será la Costa Rica que dejará el gobierno de Rodrigo Chaves que está a un año y dos meses de finalizar su periodo constitucional, porque de esos resultados estará condicionado el futuro del país.

Los indicadores objetivos señalan que:

En educación tenemos la menor inversión de los últimos años, con lo cual nuestra nueva generación, los niños y niñas, muchachos y muchachas tendrán un rezago educativo y con ello incapacidad para incorporarse al desarrollo humano. También se puede hablar de los centenares de colegios y escuelas que están con orden sanitaria de cierre, de los programas educativos cerrados que mutilan a los estudiantes de la educación afectiva e igualitaria.

La inversión social es la más baja de los últimos 14 años, lo cual ha significativo recortes en las becas Avancemos, comedores escolares, transporte o vivienda barata para los trabajadores, sea un retroceso en cuanto al derecho a la igualdad y el acceso a mejores condiciones de vida.

La Caja del Seguro Social vive en un caos por la negligencia, la impericia y la mala fe de las máximas autoridades que ha nombrado este Gobierno. Las filas de espera crecen y crecen, la inversión en infraestructura está detenida por razones inexplicables y la atención sanitaria por falta de especialistas se deteriora cada vez más.

Los regímenes de pensiones están al borde del colapso porque la cuota patronal no se paga, aunque la ley lo exija, pero al ministro de Hacienda esto poco le importa.

La inversión en infraestructura, carreteras, puentes, Ebais, puertos, etc., es la menor de los últimos años. No se sabe de ningún proyecto nuevo que el gobierno de Chaves esté dejando planteado o en proyecto, teniendo en cuenta que, en el país, la finalización de las obras lleva entre 8,10 o más años, estamos condenando al país a que por lo menos en una década no tengamos un solo hospital nuevo, un puerto, un aeropuerto, puentes, o nuevas carreteras que descongestionen el colapso vial que vivimos. La improvisación y la miopía del gobierno de Chaves costará 10 o más años para recuperarse.

La inseguridad es un problema que el gobierno de Chaves no puede controlar. Ha mostrado su total incapacidad y lo único que acierta a decir es que la responsabilidad es de otros. Mientras tanto el narcotráfico se apodera de barrios y lugares e infiltra a las policías e instituciones del Estado. Antes Chaves se volvía permisivo ante los homicidios porque según él, “se matan entre ellos”, pero actualmente caen inocentes y hasta jefes del OIJ, sin que el presidente reaccione; más aún, el ministro de Hacienda no gira recursos para combatir la delincuencia con la benevolencia de Chaves.

Si no se combaten las causas de la delincuencia, porque se disminuye la inversión social, y tampoco se previene el crimen o se reprime porque tampoco se gira presupuesto a las policías, la conclusión es que estamos haciendo un favor a la delincuencia organizada.

El costo de la vida sigue subiendo sin que se apliquen medidas para detenerlo, el precio de las medicinas es prohibitivo y así las condiciones de vida del pueblo se van deteriorando.

La lista se haría muy larga e impropia de este espacio. El abandono del ambiente, la gentrificación, la vivienda, el empleo, la destrucción del ICE, los grandes negociados corruptos, el crecimiento de la deuda pública externa de manera irracional que empeña nuestra soberanía, la destrucción de la producción arrocera en beneficio de los importadores, y tantas cosas más en muchos otros campos.

Pero de lo más relevante que se le puede achacar a este Gobierno es que ha dinamitado todas las relaciones entre los poderes del Estado, que los ha puesto a pelear, que se ha burlado de la división de poderes y de los mecanismos de control de los dineros públicos. Además, de haber fanatizado, vuelto intransigentes, dogmáticos, intolerantes e incondicionales a una parte muy importante de la sociedad. Restaurar las relaciones respetuosas, positivas, francas y de buena fe, va a llevar su tiempo.

Son 4 años perdidos, con mucho escándalo, pero sin logros. No se puede gobernar a gritos e insultos para ocultar una falta de un programa estratégico y positivo del país.

Para desgracia nacional al final de esta Administración quedará una Costa Rica en escombros. Llevará su tiempo la reconstrucción.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia grave impacto de reforma de Fondos Generacionales

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia el grave impacto de la reforma de Fondos Generacionales y llama al posicionamiento de todos los sectores sociales, laborales y productivos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, con cuatro años de trabajo acumulado en la defensa de los derechos laborales, sociales y productivos del país, alerta sobre la amenaza que representa la reforma de Fondos Generacionales para la seguridad social de las y los trabajadores costarricenses.

Esta posición responde a las advertencias realizadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), que ha señalado los graves riesgos de esta reforma y su impacto negativo en la estabilidad del sistema de pensiones. Gracias a su labor de análisis y denuncia, la Mesa Nacional de Diálogo se suma con firmeza a este llamado de alerta y refuerza la exigencia de una revisión urgente de esta medida.

La reforma, aprobada en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), pone en grave riesgo el futuro de las pensiones y la estabilidad económica de miles de personas trabajadoras, al exponer sus ahorros a mayor vulnerabilidad financiera sin garantizar una mejora real en sus condiciones de retiro.

Denunciamos que esta medida se ha aprobado sin la debida transparencia, sin estudios técnicos claros y sin la consulta real a los sectores sociales y laborales afectados. Ante este atropello, hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales, laborales y productivos del país: sindicatos, cooperativas, organizaciones comunales, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general a unir fuerzas y rechazar este retroceso en materia de derechos laborales y seguridad social.

Con cuatro años de incidencia y construcción de fuerza en diversos sectores, la Mesa Nacional de Diálogo tocará las puertas de la Asamblea Legislativa para exigir que diputadas y diputados se pronuncien sobre esta reforma y escuchen esta alerta que atenta contra la seguridad social de las y los trabajadores del país.

Durante la reciente actividad organizada por la ATTBPDC, expertos y representantes de diversos sectores expusieron las graves implicaciones de esta reforma y la falta de claridad en los cambios que afectarán a las futuras generaciones. Esta preocupación es compartida por la Mesa Nacional de Diálogo, ya que esta medida no solo debilita la protección social, sino que también sienta un peligroso precedente para futuras modificaciones que sigan deteriorando los derechos de la población trabajadora.

Ante este panorama, exigimos la apertura de un diálogo nacional inmediato, donde las voces de los trabajadores y sectores sociales sean escuchadas y respetadas. Cualquier reforma al sistema de pensiones debe garantizar la protección de los ahorros de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social, no su desmantelamiento en favor de intereses financieros.

La Mesa Nacional de Diálogo no permitirá que se juegue con el futuro de la clase trabajadora y del país. Es momento de organizarnos, alzar la voz y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y nuestra seguridad social.

Miércoles, 19 de febrero.

Para más información y acciones conjuntas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | 8400-3435

La jornada esclavista de las 12 horas diarias de trabajo, 4-3, no debe aprobarse

Vladimir de la Cruz

La jornada de trabajo en Costa Rica se reguló en ocho horas diarias en 1920. Desde 1918 se dieron luchas importantes en ese sentido y se logró parcialmente para grupos de trabajadores. A nivel mundial fue con las luchas de los trabajadores y obreros de los Estados Unidos y Europa, con la huelga general de 1886 que culminó con los sucesos de Chicago, que se estableció y reconoció esta jornada de trabajo. Aun así, en 1890 se reanudaron estas luchas en Estados Unidos para lograr que la jornada se impusiera para todos los trabajadores.

En las movilizaciones y huelgas de 1890 se sumaron de nuevo los trabajadores europeos. Los reunidos en Francia en 1889 acordaron celebrar a partir del 1 de mayo de 1890, a nivel mundial, marchas y movilizaciones con el objetivo de apoyar a los trabajadores norteamericanos. Además, acordaron que esa fecha todos los años los trabajadores se movilizaran para hacer un balance de sus luchas del año trascurrido y plantearan una plataforma de luchas para el año venidero. Este fue el origen del Día Internacional del Primero de mayo como día de los trabajadores.

En Costa Rica desde 1913 se celebra este día internacional. Desde 1913 hasta hoy, con excepción de algunos pocos años, no se ha realizado esta celebración y jornada de lucha.

Este primero de mayo próximo, del 2025, debiera tensar la lucha de los trabajadores costarricenses, en defender esta jornada de trabajo de ocho horas diarias, lo debe empezar a prepararse desde ahora por las distintas centrales sindicales de trabajadores, y por los sindicatos y asociaciones labores que existan, debido a que en la Asamblea Legislativa hay un Proyecto de Ley en trámite que se orienta a establecer la jornada de 12 horas diarias, seguidas, por cuatro días a la semana, lo que han llamado las jornadas 4-3, violentando toda la legislación social laboral nacional y la internacional, aprobada por Costa Ria, en distintos tratados y convenios.

La jornada de ocho horas se logró justamente para acabar con los sistemas de trabajo que tenían jornadas extenuantes de 10, 12., 14, 16 y hasta 20 horas diarias. En Costa Rica en 1920 había empresas que tenían jornadas de 20 horas diarias, donde los trabajadores en la práctica permanecían en sus centros de trabajo.

Las luchas de 1886 y 1890 hicieron que la Iglesia, entre otros factores, se pronunciara con la Encíclica Rerum Novarum, en 1891 a favor de la organización sindical, a favor del derecho de huelga y a favor de un justo salario, desarrollando y haciendo surgir desde ese año una posición a favor de los trabajadores y de la justicia social, originando las corrientes social cristianas, sumadas en estas luchas obreras, junto a las corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas que las habían iniciado con los partidos obreros socialdemócratas.

En Costa Rica desde 1901 existen los sindicatos tal y como hoy los conocemos. Desde 1905 existen las centrales sindicales, donde varios sindicatos se unen. Desde 1913 existen las Confederaciones de Trabajadores, donde se unen centrales y sindicatos. La Confederación General de Trabajadores, surgida en 1913, al impulso de Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigían Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, fue la que organizó la celebración y realización de aquel Primero de Mayo de 1913 y la de los años siguientes en esa década.

Aún así, la jornada no se cumplía en todos los establecimientos y centros de trabajo del país. Esto hizo que el Centro Socialista dirigido por el Dr. Aniceto Montero, en 1919 el Partido Reformista, del padre Jorge Volio, en 1923 y el Partido Comunista, en 1931, en sus planteamientos programáticos y sus luchas exigieran el cumplimiento de las jornadas de ocho horas establecido en 1920.

En los años siguientes, hasta 1943, se dieron luchas sociales, obreras y campesinas, intensas, que en la coyuntura política nacional e internacional, hicieron posible una alianza política y social del Gobierno, dirigido por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, que dio por resultado la aprobación, en la Constitución Política, de esos años, que era la Constitución de 1871, del Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, aprobados ambos en 1943, cuya aprobación se celebró en un gran desfile nacional, el 15 de setiembre de ese año, que el Dr. Calderón Guardia llamó Año de la Segunda Independencia, con apoyo de grandes manifestaciones obreras y de trabajadores del campo y de la ciudad.

Los sucesos de la guerra civil de 1948 no eliminaron esa legislación social y laboral. En la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, con apoyo de la Junta de gobierno que dirigía José Figueres Ferrer, se mantuvo y amplió el Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, donde se contemplaba y establecía la jornada de ocho horas diarias en el país.

El desarrollo económico, político y social del país ha hecho que crezcamos continuamente, acomodándose el país, a las coyunturas internacionales, logrando fortalecer la democracia como sistema social y político y manteniendo los derechos sociales y laborales existentes, que se han fortalecido, igualmente, con los convenios y tratados que Costa Rica ha ido aprobando desde aquellos años.

Las tendencias mundiales, apoyadas por la Organización Internacional del Trabajo, de la cual formamos parte, y cuyos Convenios Internacionales, relacionados con esta jornada, hemos ratificado como país, hoy se orientan a establecer mundialmente las jornadas de trabajo de 40 horas semanales, y no de 48 horas, es decir jornadas de cinco días laborales de ocho horas diarias. También se orientan sus tendencias a favorecer las reducciones de las jornadas de trabajo diario, sin reducir el salario de los trabajadores, a jornadas de 36, 35 y hasta de 32 horas semanales, como se está haciendo en algunos países europeos. La jornada de 32 horas semanales la plantean como jornadas de ocho horas diarias por cuatro días a la semana, situación que están desarrollando experimentalmente en algunas actividades laborales y económicas, en países europeos, como Inglaterra. En esta reducción de jornadas se busca el mayor bienestar de los trabajadores, de manera puedan tener más tiempo libre, para el ocio, para el descanso, para el estudio, para pasar y disfrutar con sus familias.

En Costa Rica, desde inicios del siglo XXI, desde el 2004, se han impulsador proyectos de ley orientados a prolongar por ley las jornadas de trabajo a doce horas diarias, para un total de 48 a la semana. Con el cuento de las 48 horas semanales, que se respetan, proponen concentrarlas en 4 días y no en 6 como funcionan hoy.

Sin embargo, hay empresas e instituciones que trabajan con jornadas de 40 horas semanales y no de 48, ya como derechos adquiridos y consolidados, con jornadas de cinco días y no de seis laborales.

En el anterior gobierno, de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana y en el actual, dirigido por Rodrigo Chaves Robles, se impulsa un Proyecto de Ley para aprobar la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, que ya se encuentra en la discusión legislativa.

Esto es volver a las jornadas de trabajo esclavistas que existían en el mundo, en Europa y en el continente, en el siglo XIX, contra las cuales se llevaron a cabo las grandes luchas sociales que culminaron en las jornadas huelguísticas de Chicago, y de Europa, de 1886 y 1890.

Los representantes de los empresarios esclavistas de Costa Rica, en el debate legislativo, no han podido señalar una sola empresa que necesite este tipo de jornada de trabajo. Hablan de que el país por sus condiciones de competitividad comercial y productiva necesita estas jornadas de 12 horas diarias. Pero, esa alta productividad y competitividad se ha logrado justamente con jornadas de ocho horas diarias. Hablan de la presencia de 500 empresas extranjeras y multinacionales, que generan 250.000 empleos, que laboran con éxito en el país, con jornadas de ocho horas diarias. Los representantes esclavistas no han podido señalar a una solo empresa de estas que solicite jornadas de doce horas para su ciclo productivo, aun cuando trabajen continuamente las 24 horas.

Cuando el país se promociona en el exterior, tratando de atraer inversionistas y empresas, se les informa de la legislación social y laboral que tienen que cumplir en Costa Rica, donde está incluida a jornada de trabajo de ocho horas diarias. A ningún inversionista ni empresa se le ofrece ni siquiera la posibilidad de establecerle esa jornada de 12 horas diarias. Los que vienen saben que tienen que cumplir la jornada de ocho horas diarias. Y, saben también, que si quieren que sus trabajadores laboren hasta cuatro horas extra por día tienen que pagarles una jornada extra con un 50% más del valor por hora de la jornada ordinaria de ocho horas. De esta forma, por ejemplo, si en la jornada diaria ordinaria de ocho horas la hora se paga a 100 colones en la extraordinaria se paga a 150 la hora extra.

En el fondo, lo que se quiere es eliminar estos pagos extras en el trabajo. Con la eliminación de este pago extra se impone una sola jornada con u solo salario sin pago extra reconocido, con lo cual se disminuye realmente el ingreso del trabajador y se le causa un daño hacia el futuro. El daño que se causa es sus ingresos futuros.

Por ley, los ingresos o pagos extras que un trabajador tenga se reconocen y repercuten para el pago del aguinaldo, o treceavo mes que se hace en diciembre. Sin ese reconocimiento como se quiere hacer con el establecimiento de las jornadas de 12 horas hay una reducción del aguinaldo, porque en la jornada de 12 horas que se quiere establecer no hay pago de horas extras. Todas las 12 horas se pagan con una misma tarifa.

Igualmente, hacia el futuro, cuando el trabajador pueda pensionarse, lo hará con un salario fijo, que no ha tenido incrementos salariales por pagos extras u otros que le beneficien, por lo que tendrá una pensión disminuida, como las quiere establecer el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que tiene una pensión de $20.000 dólares de un organismo internacional, que se paga con cuotas que el país también paga por pertenencia a ese organismo internacional, de manera que todos los costarricenses, como a él le gusta reconocer, pagamos las pensiones de los pensionados, como él también se beneficia de altas pensiones.

El daño más importante, además del salario, el aguinaldo y la pensión disminuida que van a tener los trabajadores que sean sometidos a estas jornadas de 12 horas, va a ser en el interior de sus familias. El sistema económico y de transporte público no está en capacidad de atender esta organización de trabajo de manera que le permita al trabajador estar el mayor tiempo posible con su familia, su esposa e hijos. Veámoslo simplemente.

La inmensa mayoría de los trabajadores tienen que desplazarse para ir a sus trabajos. Ese desplazamiento o movilización le obliga a disponer de una o dos hora diarias para llegar puntualmente a su hora de trabajo. Para ello el trabajador agrega a su jornada de trabajo de doce horas una o dos horas más para llegar puntualmente. Al final del día de trabajo para regresar a su hogar el trabajador, igualmente, tiene que emplear, una o dos horas para ese regreso. Con esto el trabajador en términos reales estará fuera de su hogar por un total de 14 a 16 horas diarias, lo que lo saca de hecho y de manera violenta de su relación familiar, de su relación de pareja marital, de su relación de padre o madre con sus hijos que prácticamente no va a ver ni atender durante todas esas horas.

Las familias de trabajadores no tienen capacidad para mantener una niñera o alguien que colabore en el cuido de los niños, ni el sistema educativo está organizado para tener a los niños por lo menos ocho horas diarias en las escuelas y colegios. Algunas instituciones privadas de educación pueden tener estas facilidades, pero los colegios y escuelas públicas no tienen esa posibilidad, además de que hay casi 1000 establecimientos escolares y educativos en malas condiciones materiales de trabajo, en condiciones insalubres y en posibilidad de que las clausuren, agravando las condiciones de esos niños y sus familias.

La farsa de la ley que se quiere aprobar está en decir que al trabajador que se acoja a la ley le dan a posibilidad de que devuelva, después de tres meses de trabajo, a su jornada anterior. Al mismo tiempo que se le garantiza esto al trabajador, el mismo artículo de la ley dice que en ese caso el patrono puede cesarlo pagándole todos sus derechos sociales y laborales. Esto es lo que realmente va a suceder. Los echan a los que se devuelven y a los nuevos trabajadores les imponen la jornada de doce horas, sin otra posibilidad de laborar.

La jornada de trabajo de doce horas diarias, como se quiere establecer, va a aumentar los accidentes de trabajo, que ya existen por miles al año, va a aumentar la fatiga laboral y las consecuencias médicas y sanitarias que ello conlleva, con un gran impacto negativo y un elevado costo para la seguridad social y sanitaria del país y de las familias.

No es cierto, como afirman los representantes de los esclavistas costarricenses, que la Organización Internacional del Trabajo impulse estas jornadas extensivas de 12 horas diarias de trabajo. Tampoco es cierto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también las impulse o promueva. Lo cierto es que de los que de los países que en OCDE están, todos tienen jornadas de ocho horas, y varios de ellos ya están con las jornadas de 36 y 37 horas semanales con jornadas diarias de 6 y 7 horas, y no de 12 horas.

Los esclavistas que impulsan esta jornada de 12 horas de trabajo diario mienten cuando dicen que el Ministerio de Trabajo tiene capacidad para velar en la supervisión estricta de la aplicación de las jornadas de doce horas. No tiene capacidad como no la tiene para ejercer esa vigilancia en las condiciones actuales de sistema de trabajo nacional, no tiene los inspectores suficientes para atender la situación actual, menos la tendrá por complacencia en las prácticas laborales esclavistas que existen y no denuncian ni proceden contra ellas. El andamiaje de esta parte del Ministerio de Trabajo no está al servicio ni atención de los trabajadores. El ministerio más parece una oficina de relaciones laborales de los sectores patronales, y si se aprueba la ley lo será de los sectores patronales esclavistas. Algo parecido pasa con los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social, en su relación con las grandes empresas.

Con la jornada de trabajo de 12 horas no se invierte nada en el bienestar de las futuras generaciones, como dicen los defensores de los esclavistas laborales. Si así fuera, en los Estados Unidos, de donde viene la mayor parte de las empresas extranjeras en el país, y de Europa, ya habrían establecido como la gran novedad de esta época las jornadas de trabajo de doce horas.

En la Asamblea Legislativa los esclavistas que impulsan esta ley no han podido demostrar que estas jornadas son las mejores, las más buenas y que existen en todos los países del mundo, como jornada ordinaria del modelo de trabajo hoy.

El Partido Unidad Social Cristiana, que todavía evoca la imagen del Dr. Calderón Guardia, este año que se cumplen 125 años de su natalicio, está un enterrando, junto a memoria histórica, la legislación laboral, pilar de la estabilidad democrática nacional, y gran obra del Benemérito de la Patria. Los herederos políticos de Calderón Guardia guardan silencio sepulcral ante este atentado a su legado histórico democrático. Los mercaderes del socialcristianismo, en la Asamblea Legislativa, se desnudarán en su condición de representantes esclavistas del trabajo con la aprobación de esta jornada de 12 horas de trabajo.

Los representantes del partido Liberación Nacional si se suman a los intereses esclavistas del trabajo se hundirán más en sus posibilidades electorales, abandonando definitivamente toda su historia socialdemócrata.

Los partidos restantes de la Asamblea Legislativa, exceptuando, el Frente Amplio, se montarán en el furgón de cola del gobierno, que no tiene ningún respeto por el Poder Legislativo y sus diputados.

Todos los sindicatos, todas las asociaciones gremiales y de trabajadores, deben unirse en este momento histórico, para detener la aprobación del proyecto de ley de las jornadas de 12 horas de trabajo diario. En esta dimensión también deben unirse todas las federaciones de estudiantes, que representan a los futuros trabajadores del país, para garantizarles de manera efectiva un mejor futuro social. Todas las asociaciones de mujeres también deben unirse en esta lucha, son sus familias y sus hijos los que saldrán altamente afectados con el establecimiento de las jornadas de 12 horas.

Esta lucha debe ganarse en la Asamblea Legislativa. Si no, en la calle y en las elecciones próximas votando contra los partidos que representan los intereses esclavistas. En este sentido, por ahora, como partido político, solo Esperanza Nacional, que postula a la presidencia de la República, al politólogo Claudio Alpízar, se ha pronunciado en contra de la aprobación de esta jornada esclavista.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras celebra aniversario de la Ley de Protección al Trabajador

Hoy hace 25 años se firmó la Ley de Protección al Trabajador, sin lugar a duda un hito histórico en nuestro país. Esta normativa vino a impactar positivamente nuestro sistema de pensiones.

La construcción de esta ley fue producto de un diáfano proceso de diálogo y concertación de sectores sociales y productivos con actores políticos nacionales, que coincidieron en una conquista de grandes proporciones, cuyos beneficios son significativos para el bienestar de las personas trabajadoras una vez que asumen su jubilación.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal dio un paso al frente provisionando recursos para su implementación y hoy más que nunca la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras se mantiene alerta y en actitud responsable velando por la sostenibilidad y la gestión responsable de nuestras pensiones.

Solicitan hacer pública la información recabada durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.

Le invitamos a leer el documento.

3 de febrero del 2025

Señores
Adrián Pacheco Umaña, Intendente
Mauricio Soto Rodríguez, Director de División
Superintendencia de Pensiones

Presente

Estimados señores:

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.

De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.

Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).

No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.

No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.

Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.

En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.

Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.

Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa

Marjorie Hernández D. Presidenta.

Gerardo Romero E. Vicepresidente.

Alexander Hernández L. Tesorero.

Anabelle Castillo L. Fiscal.

La pensión de lujo de Rodrigo Chaves Robles

Oscar Madrigal

Cuando concluya su mandato el presidente Rodrigo Chaves recibirá una pensión de lujo de expresidentes por un monto de ¢3.907.000, cerca de 4 millones, sin haber cotizado para ella.

Cuando le preguntaron al presidente Chaves si renunciaría a la misma, contestó con evasivas para el final decir que esa pensión era irrenunciable. Sea, que a ninguna pensión se puede renunciar.

Es posible que el presidente tenga razón por aquello de los derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas e irrectroactividad de la ley.

Pero vean qué interesante compatriotas, como dice un abogado.

El presidente Chaves presenta un proyecto de ley para eliminar las pensiones de lujo, pero no incluye en ellas las pensiones de los expresidentes.

Y más interesante aún.

Las pensiones de lujo de los actuales expresidentes no pueden ser eliminadas y menos se puede renunciar a ellas, como dice Chaves, porque fueron otorgadas conforme a leyes anteriores. Pero las pensiones futuras de los futuros expresidentes (de aquí para adelante) sí pueden ser eliminadas porque no tendrían carácter retroactivo. En otras palabras, la pensión de Rodrigo Chaves como futuro expresidente sí puede eliminarse y en este caso no recibiría la pensión. Pero no lo propone. En estas circunstancias no tendría que renunciar a la pensión de lujo, sino que sencillamente no tiene derecho a ella por disposición de la ley.  

En el proyecto de ley tan publicitado contra las pensiones de lujo no propone la eliminación de las pensiones de lujo de los expresidentes sencillamente porque eso lo perjudica personalmente.

Es evidente la doble moral de Rodrigo Chaves. Vocifera contra las pensiones de lujo de otros, pero se beneficia de ellas.