Guillermo Keith, de la Seccional de Pensionados de UNDECA, denuncia que la situación crítica del sistemas de pensiones de la CCSS tienen un solo responsable: el gobierno de la República que no le paga a la Caja.
«Los sacrificados son los pobres y el responsable es el gobierno», dice Guillermo Keith.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia el grave impacto de la reforma de Fondos Generacionales y llama al posicionamiento de todos los sectores sociales, laborales y productivos.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, con cuatro años de trabajo acumulado en la defensa de los derechos laborales, sociales y productivos del país, alerta sobre la amenaza que representa la reforma de Fondos Generacionales para la seguridad social de las y los trabajadores costarricenses.
Esta posición responde a las advertencias realizadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), que ha señalado los graves riesgos de esta reforma y su impacto negativo en la estabilidad del sistema de pensiones. Gracias a su labor de análisis y denuncia, la Mesa Nacional de Diálogo se suma con firmeza a este llamado de alerta y refuerza la exigencia de una revisión urgente de esta medida.
La reforma, aprobada en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), pone en grave riesgo el futuro de las pensiones y la estabilidad económica de miles de personas trabajadoras, al exponer sus ahorros a mayor vulnerabilidad financiera sin garantizar una mejora real en sus condiciones de retiro.
Denunciamos que esta medida se ha aprobado sin la debida transparencia, sin estudios técnicos claros y sin la consulta real a los sectores sociales y laborales afectados. Ante este atropello, hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales, laborales y productivos del país: sindicatos, cooperativas, organizaciones comunales, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general a unir fuerzas y rechazar este retroceso en materia de derechos laborales y seguridad social.
Con cuatro años de incidencia y construcción de fuerza en diversos sectores, la Mesa Nacional de Diálogo tocará las puertas de la Asamblea Legislativa para exigir que diputadas y diputados se pronuncien sobre esta reforma y escuchen esta alerta que atenta contra la seguridad social de las y los trabajadores del país.
Durante la reciente actividad organizada por la ATTBPDC, expertos y representantes de diversos sectores expusieron las graves implicaciones de esta reforma y la falta de claridad en los cambios que afectarán a las futuras generaciones. Esta preocupación es compartida por la Mesa Nacional de Diálogo, ya que esta medida no solo debilita la protección social, sino que también sienta un peligroso precedente para futuras modificaciones que sigan deteriorando los derechos de la población trabajadora.
Ante este panorama, exigimos la apertura de un diálogo nacional inmediato, donde las voces de los trabajadores y sectores sociales sean escuchadas y respetadas. Cualquier reforma al sistema de pensiones debe garantizar la protección de los ahorros de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social, no su desmantelamiento en favor de intereses financieros.
La Mesa Nacional de Diálogo no permitirá que se juegue con el futuro de la clase trabajadora y del país. Es momento de organizarnos, alzar la voz y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y nuestra seguridad social.
Miércoles, 19 de febrero.
Para más información y acciones conjuntas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | 8400-3435
La jornada de trabajo en Costa Rica se reguló en ocho horas diarias en 1920. Desde 1918 se dieron luchas importantes en ese sentido y se logró parcialmente para grupos de trabajadores. A nivel mundial fue con las luchas de los trabajadores y obreros de los Estados Unidos y Europa, con la huelga general de 1886 que culminó con los sucesos de Chicago, que se estableció y reconoció esta jornada de trabajo. Aun así, en 1890 se reanudaron estas luchas en Estados Unidos para lograr que la jornada se impusiera para todos los trabajadores.
En las movilizaciones y huelgas de 1890 se sumaron de nuevo los trabajadores europeos. Los reunidos en Francia en 1889 acordaron celebrar a partir del 1 de mayo de 1890, a nivel mundial, marchas y movilizaciones con el objetivo de apoyar a los trabajadores norteamericanos. Además, acordaron que esa fecha todos los años los trabajadores se movilizaran para hacer un balance de sus luchas del año trascurrido y plantearan una plataforma de luchas para el año venidero. Este fue el origen del Día Internacional del Primero de mayo como día de los trabajadores.
En Costa Rica desde 1913 se celebra este día internacional. Desde 1913 hasta hoy, con excepción de algunos pocos años, no se ha realizado esta celebración y jornada de lucha.
Este primero de mayo próximo, del 2025, debiera tensar la lucha de los trabajadores costarricenses, en defender esta jornada de trabajo de ocho horas diarias, lo debe empezar a prepararse desde ahora por las distintas centrales sindicales de trabajadores, y por los sindicatos y asociaciones labores que existan, debido a que en la Asamblea Legislativa hay un Proyecto de Ley en trámite que se orienta a establecer la jornada de 12 horas diarias, seguidas, por cuatro días a la semana, lo que han llamado las jornadas 4-3, violentando toda la legislación social laboral nacional y la internacional, aprobada por Costa Ria, en distintos tratados y convenios.
La jornada de ocho horas se logró justamente para acabar con los sistemas de trabajo que tenían jornadas extenuantes de 10, 12., 14, 16 y hasta 20 horas diarias. En Costa Rica en 1920 había empresas que tenían jornadas de 20 horas diarias, donde los trabajadores en la práctica permanecían en sus centros de trabajo.
Las luchas de 1886 y 1890 hicieron que la Iglesia, entre otros factores, se pronunciara con la Encíclica Rerum Novarum, en 1891 a favor de la organización sindical, a favor del derecho de huelga y a favor de un justo salario, desarrollando y haciendo surgir desde ese año una posición a favor de los trabajadores y de la justicia social, originando las corrientes social cristianas, sumadas en estas luchas obreras, junto a las corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas que las habían iniciado con los partidos obreros socialdemócratas.
En Costa Rica desde 1901 existen los sindicatos tal y como hoy los conocemos. Desde 1905 existen las centrales sindicales, donde varios sindicatos se unen. Desde 1913 existen las Confederaciones de Trabajadores, donde se unen centrales y sindicatos. La Confederación General de Trabajadores, surgida en 1913, al impulso de Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigían Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, fue la que organizó la celebración y realización de aquel Primero de Mayo de 1913 y la de los años siguientes en esa década.
Aún así, la jornada no se cumplía en todos los establecimientos y centros de trabajo del país. Esto hizo que el Centro Socialista dirigido por el Dr. Aniceto Montero, en 1919 el Partido Reformista, del padre Jorge Volio, en 1923 y el Partido Comunista, en 1931, en sus planteamientos programáticos y sus luchas exigieran el cumplimiento de las jornadas de ocho horas establecido en 1920.
En los años siguientes, hasta 1943, se dieron luchas sociales, obreras y campesinas, intensas, que en la coyuntura política nacional e internacional, hicieron posible una alianza política y social del Gobierno, dirigido por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, que dio por resultado la aprobación, en la Constitución Política, de esos años, que era la Constitución de 1871, del Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, aprobados ambos en 1943, cuya aprobación se celebró en un gran desfile nacional, el 15 de setiembre de ese año, que el Dr. Calderón Guardia llamó Año de la Segunda Independencia, con apoyo de grandes manifestaciones obreras y de trabajadores del campo y de la ciudad.
Los sucesos de la guerra civil de 1948 no eliminaron esa legislación social y laboral. En la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, con apoyo de la Junta de gobierno que dirigía José Figueres Ferrer, se mantuvo y amplió el Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, donde se contemplaba y establecía la jornada de ocho horas diarias en el país.
El desarrollo económico, político y social del país ha hecho que crezcamos continuamente, acomodándose el país, a las coyunturas internacionales, logrando fortalecer la democracia como sistema social y político y manteniendo los derechos sociales y laborales existentes, que se han fortalecido, igualmente, con los convenios y tratados que Costa Rica ha ido aprobando desde aquellos años.
Las tendencias mundiales, apoyadas por la Organización Internacional del Trabajo, de la cual formamos parte, y cuyos Convenios Internacionales, relacionados con esta jornada, hemos ratificado como país, hoy se orientan a establecer mundialmente las jornadas de trabajo de 40 horas semanales, y no de 48 horas, es decir jornadas de cinco días laborales de ocho horas diarias. También se orientan sus tendencias a favorecer las reducciones de las jornadas de trabajo diario, sin reducir el salario de los trabajadores, a jornadas de 36, 35 y hasta de 32 horas semanales, como se está haciendo en algunos países europeos. La jornada de 32 horas semanales la plantean como jornadas de ocho horas diarias por cuatro días a la semana, situación que están desarrollando experimentalmente en algunas actividades laborales y económicas, en países europeos, como Inglaterra. En esta reducción de jornadas se busca el mayor bienestar de los trabajadores, de manera puedan tener más tiempo libre, para el ocio, para el descanso, para el estudio, para pasar y disfrutar con sus familias.
En Costa Rica, desde inicios del siglo XXI, desde el 2004, se han impulsador proyectos de ley orientados a prolongar por ley las jornadas de trabajo a doce horas diarias, para un total de 48 a la semana. Con el cuento de las 48 horas semanales, que se respetan, proponen concentrarlas en 4 días y no en 6 como funcionan hoy.
Sin embargo, hay empresas e instituciones que trabajan con jornadas de 40 horas semanales y no de 48, ya como derechos adquiridos y consolidados, con jornadas de cinco días y no de seis laborales.
En el anterior gobierno, de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana y en el actual, dirigido por Rodrigo Chaves Robles, se impulsa un Proyecto de Ley para aprobar la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, que ya se encuentra en la discusión legislativa.
Esto es volver a las jornadas de trabajo esclavistas que existían en el mundo, en Europa y en el continente, en el siglo XIX, contra las cuales se llevaron a cabo las grandes luchas sociales que culminaron en las jornadas huelguísticas de Chicago, y de Europa, de 1886 y 1890.
Los representantes de los empresarios esclavistas de Costa Rica, en el debate legislativo, no han podido señalar una sola empresa que necesite este tipo de jornada de trabajo. Hablan de que el país por sus condiciones de competitividad comercial y productiva necesita estas jornadas de 12 horas diarias. Pero, esa alta productividad y competitividad se ha logrado justamente con jornadas de ocho horas diarias. Hablan de la presencia de 500 empresas extranjeras y multinacionales, que generan 250.000 empleos, que laboran con éxito en el país, con jornadas de ocho horas diarias. Los representantes esclavistas no han podido señalar a una solo empresa de estas que solicite jornadas de doce horas para su ciclo productivo, aun cuando trabajen continuamente las 24 horas.
Cuando el país se promociona en el exterior, tratando de atraer inversionistas y empresas, se les informa de la legislación social y laboral que tienen que cumplir en Costa Rica, donde está incluida a jornada de trabajo de ocho horas diarias. A ningún inversionista ni empresa se le ofrece ni siquiera la posibilidad de establecerle esa jornada de 12 horas diarias. Los que vienen saben que tienen que cumplir la jornada de ocho horas diarias. Y, saben también, que si quieren que sus trabajadores laboren hasta cuatro horas extra por día tienen que pagarles una jornada extra con un 50% más del valor por hora de la jornada ordinaria de ocho horas. De esta forma, por ejemplo, si en la jornada diaria ordinaria de ocho horas la hora se paga a 100 colones en la extraordinaria se paga a 150 la hora extra.
En el fondo, lo que se quiere es eliminar estos pagos extras en el trabajo. Con la eliminación de este pago extra se impone una sola jornada con u solo salario sin pago extra reconocido, con lo cual se disminuye realmente el ingreso del trabajador y se le causa un daño hacia el futuro. El daño que se causa es sus ingresos futuros.
Por ley, los ingresos o pagos extras que un trabajador tenga se reconocen y repercuten para el pago del aguinaldo, o treceavo mes que se hace en diciembre. Sin ese reconocimiento como se quiere hacer con el establecimiento de las jornadas de 12 horas hay una reducción del aguinaldo, porque en la jornada de 12 horas que se quiere establecer no hay pago de horas extras. Todas las 12 horas se pagan con una misma tarifa.
Igualmente, hacia el futuro, cuando el trabajador pueda pensionarse, lo hará con un salario fijo, que no ha tenido incrementos salariales por pagos extras u otros que le beneficien, por lo que tendrá una pensión disminuida, como las quiere establecer el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que tiene una pensión de $20.000 dólares de un organismo internacional, que se paga con cuotas que el país también paga por pertenencia a ese organismo internacional, de manera que todos los costarricenses, como a él le gusta reconocer, pagamos las pensiones de los pensionados, como él también se beneficia de altas pensiones.
El daño más importante, además del salario, el aguinaldo y la pensión disminuida que van a tener los trabajadores que sean sometidos a estas jornadas de 12 horas, va a ser en el interior de sus familias. El sistema económico y de transporte público no está en capacidad de atender esta organización de trabajo de manera que le permita al trabajador estar el mayor tiempo posible con su familia, su esposa e hijos. Veámoslo simplemente.
La inmensa mayoría de los trabajadores tienen que desplazarse para ir a sus trabajos. Ese desplazamiento o movilización le obliga a disponer de una o dos hora diarias para llegar puntualmente a su hora de trabajo. Para ello el trabajador agrega a su jornada de trabajo de doce horas una o dos horas más para llegar puntualmente. Al final del día de trabajo para regresar a su hogar el trabajador, igualmente, tiene que emplear, una o dos horas para ese regreso. Con esto el trabajador en términos reales estará fuera de su hogar por un total de 14 a 16 horas diarias, lo que lo saca de hecho y de manera violenta de su relación familiar, de su relación de pareja marital, de su relación de padre o madre con sus hijos que prácticamente no va a ver ni atender durante todas esas horas.
Las familias de trabajadores no tienen capacidad para mantener una niñera o alguien que colabore en el cuido de los niños, ni el sistema educativo está organizado para tener a los niños por lo menos ocho horas diarias en las escuelas y colegios. Algunas instituciones privadas de educación pueden tener estas facilidades, pero los colegios y escuelas públicas no tienen esa posibilidad, además de que hay casi 1000 establecimientos escolares y educativos en malas condiciones materiales de trabajo, en condiciones insalubres y en posibilidad de que las clausuren, agravando las condiciones de esos niños y sus familias.
La farsa de la ley que se quiere aprobar está en decir que al trabajador que se acoja a la ley le dan a posibilidad de que devuelva, después de tres meses de trabajo, a su jornada anterior. Al mismo tiempo que se le garantiza esto al trabajador, el mismo artículo de la ley dice que en ese caso el patrono puede cesarlo pagándole todos sus derechos sociales y laborales. Esto es lo que realmente va a suceder. Los echan a los que se devuelven y a los nuevos trabajadores les imponen la jornada de doce horas, sin otra posibilidad de laborar.
La jornada de trabajo de doce horas diarias, como se quiere establecer, va a aumentar los accidentes de trabajo, que ya existen por miles al año, va a aumentar la fatiga laboral y las consecuencias médicas y sanitarias que ello conlleva, con un gran impacto negativo y un elevado costo para la seguridad social y sanitaria del país y de las familias.
No es cierto, como afirman los representantes de los esclavistas costarricenses, que la Organización Internacional del Trabajo impulse estas jornadas extensivas de 12 horas diarias de trabajo. Tampoco es cierto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también las impulse o promueva. Lo cierto es que de los que de los países que en OCDE están, todos tienen jornadas de ocho horas, y varios de ellos ya están con las jornadas de 36 y 37 horas semanales con jornadas diarias de 6 y 7 horas, y no de 12 horas.
Los esclavistas que impulsan esta jornada de 12 horas de trabajo diario mienten cuando dicen que el Ministerio de Trabajo tiene capacidad para velar en la supervisión estricta de la aplicación de las jornadas de doce horas. No tiene capacidad como no la tiene para ejercer esa vigilancia en las condiciones actuales de sistema de trabajo nacional, no tiene los inspectores suficientes para atender la situación actual, menos la tendrá por complacencia en las prácticas laborales esclavistas que existen y no denuncian ni proceden contra ellas. El andamiaje de esta parte del Ministerio de Trabajo no está al servicio ni atención de los trabajadores. El ministerio más parece una oficina de relaciones laborales de los sectores patronales, y si se aprueba la ley lo será de los sectores patronales esclavistas. Algo parecido pasa con los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social, en su relación con las grandes empresas.
Con la jornada de trabajo de 12 horas no se invierte nada en el bienestar de las futuras generaciones, como dicen los defensores de los esclavistas laborales. Si así fuera, en los Estados Unidos, de donde viene la mayor parte de las empresas extranjeras en el país, y de Europa, ya habrían establecido como la gran novedad de esta época las jornadas de trabajo de doce horas.
En la Asamblea Legislativa los esclavistas que impulsan esta ley no han podido demostrar que estas jornadas son las mejores, las más buenas y que existen en todos los países del mundo, como jornada ordinaria del modelo de trabajo hoy.
El Partido Unidad Social Cristiana, que todavía evoca la imagen del Dr. Calderón Guardia, este año que se cumplen 125 años de su natalicio, está un enterrando, junto a memoria histórica, la legislación laboral, pilar de la estabilidad democrática nacional, y gran obra del Benemérito de la Patria. Los herederos políticos de Calderón Guardia guardan silencio sepulcral ante este atentado a su legado histórico democrático. Los mercaderes del socialcristianismo, en la Asamblea Legislativa, se desnudarán en su condición de representantes esclavistas del trabajo con la aprobación de esta jornada de 12 horas de trabajo.
Los representantes del partido Liberación Nacional si se suman a los intereses esclavistas del trabajo se hundirán más en sus posibilidades electorales, abandonando definitivamente toda su historia socialdemócrata.
Los partidos restantes de la Asamblea Legislativa, exceptuando, el Frente Amplio, se montarán en el furgón de cola del gobierno, que no tiene ningún respeto por el Poder Legislativo y sus diputados.
Todos los sindicatos, todas las asociaciones gremiales y de trabajadores, deben unirse en este momento histórico, para detener la aprobación del proyecto de ley de las jornadas de 12 horas de trabajo diario. En esta dimensión también deben unirse todas las federaciones de estudiantes, que representan a los futuros trabajadores del país, para garantizarles de manera efectiva un mejor futuro social. Todas las asociaciones de mujeres también deben unirse en esta lucha, son sus familias y sus hijos los que saldrán altamente afectados con el establecimiento de las jornadas de 12 horas.
Esta lucha debe ganarse en la Asamblea Legislativa. Si no, en la calle y en las elecciones próximas votando contra los partidos que representan los intereses esclavistas. En este sentido, por ahora, como partido político, solo Esperanza Nacional, que postula a la presidencia de la República, al politólogo Claudio Alpízar, se ha pronunciado en contra de la aprobación de esta jornada esclavista.
Compartido con SURCOS por el autor.
Hoy hace 25 años se firmó la Ley de Protección al Trabajador, sin lugar a duda un hito histórico en nuestro país. Esta normativa vino a impactar positivamente nuestro sistema de pensiones.
La construcción de esta ley fue producto de un diáfano proceso de diálogo y concertación de sectores sociales y productivos con actores políticos nacionales, que coincidieron en una conquista de grandes proporciones, cuyos beneficios son significativos para el bienestar de las personas trabajadoras una vez que asumen su jubilación.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal dio un paso al frente provisionando recursos para su implementación y hoy más que nunca la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras se mantiene alerta y en actitud responsable velando por la sostenibilidad y la gestión responsable de nuestras pensiones.
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.
Le invitamos a leer el documento.
3 de febrero del 2025
Señores
Adrián Pacheco Umaña, Intendente
Mauricio Soto Rodríguez, Director de División
Superintendencia de Pensiones
Presente
Estimados señores:
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.
De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.
Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).
No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.
No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.
Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.
En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.
Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.
Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.
Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa
Marjorie Hernández D. Presidenta.
Gerardo Romero E. Vicepresidente.
Alexander Hernández L. Tesorero.
Anabelle Castillo L. Fiscal.
Oscar Madrigal
Cuando concluya su mandato el presidente Rodrigo Chaves recibirá una pensión de lujo de expresidentes por un monto de ¢3.907.000, cerca de 4 millones, sin haber cotizado para ella.
Cuando le preguntaron al presidente Chaves si renunciaría a la misma, contestó con evasivas para el final decir que esa pensión era irrenunciable. Sea, que a ninguna pensión se puede renunciar.
Es posible que el presidente tenga razón por aquello de los derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas e irrectroactividad de la ley.
Pero vean qué interesante compatriotas, como dice un abogado.
El presidente Chaves presenta un proyecto de ley para eliminar las pensiones de lujo, pero no incluye en ellas las pensiones de los expresidentes.
Y más interesante aún.
Las pensiones de lujo de los actuales expresidentes no pueden ser eliminadas y menos se puede renunciar a ellas, como dice Chaves, porque fueron otorgadas conforme a leyes anteriores. Pero las pensiones futuras de los futuros expresidentes (de aquí para adelante) sí pueden ser eliminadas porque no tendrían carácter retroactivo. En otras palabras, la pensión de Rodrigo Chaves como futuro expresidente sí puede eliminarse y en este caso no recibiría la pensión. Pero no lo propone. En estas circunstancias no tendría que renunciar a la pensión de lujo, sino que sencillamente no tiene derecho a ella por disposición de la ley.
En el proyecto de ley tan publicitado contra las pensiones de lujo no propone la eliminación de las pensiones de lujo de los expresidentes sencillamente porque eso lo perjudica personalmente.
Es evidente la doble moral de Rodrigo Chaves. Vocifera contra las pensiones de lujo de otros, pero se beneficia de ellas.
Introducción
Escribí en el artículo anterior en torno a lo que consideré han sido algunos de los principales gazapos gubernamentales en la educación.
Hoy escribiré sobre otros gazapos de acuerdo con mi investigación realizada principalmente en periódicos nacionales. El recuento de los yerros del gobierno comprende fundamentalmente el año 2024 y lo que llevamos del 2025. Algunos de los problemas detectados en este gobierno, pueden tener raíces que se extienden a los años 2022 y 2023. No me he propuesto ser exhaustivo en el señalamiento de los errores, sino que he entresacado algunos de los más álgidos problemas.
Otros gazapos encontrados principalmente en tema social, institucional, en infraestructura, seguridad y pensiones.
En el tema de las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a adultos mayores en situación de pobreza, he hallado una situación espeluznante: de acuerdo con la información periodística, son preocupantes dos problemas relevantes atinentes ambos a la negligencia gubernamental para cubrir el fondo de pensiones del RNC. El titular de la noticia que vamos a comentar dice: “Fondo de pensiones para pobres registra la mayor pérdida en última década”
1.La primera tiene que ver con el déficit acumulado hasta octubre del 2024, por un monto de 43.165 millones de colones. Situación que se pudo haber traducido en un problema social pues atenta contra una población altamente vulnerable desde el punto de vista social y económico. El déficit del 2024 es casi tres veces mayor que la pérdida de 14. 951 millones registrada en plena pandemia en el año 2021. ¿Cuál es la responsabilidad gubernamental? Obedece a que los ingresos financiados en su totalidad por el gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos del régimen. El gerente de pensiones del régimen declaró a la prensa el 10 de diciembre del 2024 que, a los poco más de 150.000 pensionados no se les retrasó el pago, gracias a la provisión previa cubierta por el fondo (no por el gobierno); en 2022 y 2023, el gerente del RNC declaró que tuvieron que echar mano de recursos excepcionales para cubrir el fondo no financiado por el Gobierno, pero que sí es de su resorte. Imaginemos lo que habría ocurrido si esas provisiones del fondo no hubiesen existido por parte del RNC. (Cfr. O. Rodríguez A. La Nación. 10.12.2024).
2.El mismo gerente de pensiones advierte en el artículo citado que en el 2025, el problema luce más grave todavía, porque no se cuenta con las provisiones a las que se echó mano anteriormente. O sea, ese “colchón” con el que se contó, no existe para el 2025, debiendo enfrentarse un faltante de 18.618 millones de colones. De no presupuestarse por parte de Hacienda esos recursos faltantes, la pensión de estos jubilados de muy escasos recursos disminuirían ostensiblemente. (Ibidem). Además, no se podría entregar recursos a 5.000 nuevas personas que estarían ingresando al Régimen. (“Estimaciones de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el período 2025, según Dirección Actuarial de la institución.). El matutino consultó a Nogui Acosta si el Poder Ejecutivo aportaría los recursos adicionales, pero a esa fecha no se había recibido respuesta.
Otros gazapos.
Aparte de lo anterior, debe saberse que la Contraloría General de la República señaló que, se ha convertido en una práctica reiterada de parte del gobierno, no presupuestar los recursos indispensables; por ello la presupuestación enviada a la Asamblea Legislativa es más baja que los seguros sociales administrados por la CCSS. (Ibid).
Diez días después, La Nación publica un editorial en el cual señala que, “El Gobierno abandona el diálogo sobre pensiones”. Se trata de una mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), destinada a enfrentar la crisis del sistema de pensiones IVM (el mayor régimen de pensiones del país). Desde el mes de octubre, afirma el editorial, el presidente de la República había dejado entrever que se abandonaría la mesa de diálogo, ya que se negó a presentar alguna iniciativa conducente a reformar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. Es decir, renunció a “comprarse la bronca” de un problema muy serio que, se agigantará con el paso de los años. Todo ello ha ocurrido a pesar de que, como se sabe existen más de 200.000 costarricenses que no cuentan con ningún ingreso. Son por ende dependientes de sus familias, la mayoría en estado de pobreza o inclusive en pobreza extrema. Muchos deben emprender trabajos adicionales después de la edad de retiro, para lograr subsistir.
La lógica del gobierno parece ser la de beneficiar en cambio a grupos privilegiados.
El 15 de noviembre del 2024, aparece una crónica en el diario La Nación titulada así: “Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS póliza para gabinete”. (Cfr. R. Bolaños V. La Nación, 15.11.2024.) La póliza que se contrataría tiene un costo de 248.391.706 colones. Cubriría a 65 jerarcas, entre ellos al presidente, los vicepresidentes, ministros del gobierno y otros jerarcas que, quedarían cubiertos por “…gastos de indemnización, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.” (Ibidem).
La Contraloría General de la República aclaró en CRHoy.com que, el artículo 13 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ordena que “todo encargado de recaudar, de custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantías con cargo a su propio peculio”. (Ibid.) Quedó claro que es el patrimonio personal del funcionario el que debe responder ante obligaciones de tipo pecuniario.
Es evidente que la lógica de los altos funcionarios de esta administración es retorcida, endeble cuando se trata de atender las perentorias necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, como quedó explicado supra; en cambio, actúan con “manga ancha” y pretendiendo “servirse con cuchara grande”, para favorecer los intereses de grupos privilegiados de la sociedad, como es este caso. En particular este gazapo, causó mucha desazón y asombro en amplios sectores de nuestra sociedad.
Populismo demagógico del presidente Chaves con damnificados.
Algo de lo más cruel de parte del presidente de los costarricenses, es pretender jugar con la ingenuidad de personas damnificadas por las lluvias torrenciales que cayeron sobre nuestro país en octubre, y sobre todo en noviembre y hasta en diciembre del año recién pasado.
Un titular del diario La Nación, del 10 de noviembre del 2024 dice: “Chaves mintió a damnificados para desprestigiar a diputados”. El presidente, reza un subtítulo, les dijo a las personas a las que les entregaba comida: “los legisladores se oponen a la entrega de comida”. Esto fue calificado por los diputados como un “discurso cruel y falto de vergüenza”; al presidente lo calificaron como “el más mentiroso” (Cfr. Oviedo, E. y Sequeira, A. La Nación. 10.11.2024. p.8).
El artículo de los periodistas también reseña que el presidente en un video propagandístico le dijo a un damnificado: “¿A usted le gustaría que nosotros botáramos esto al río?”, a lo que el hombre le respondió: “Por nada en la vida”. Y luego el mandatario continuó en el spot publicitario: “Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica diciendo: No le dé a la gente de Coto estas cosas porque…, diay, ¿imagínese el tipo de ocurrencias?”. El presidente continuó con otras falsedades por el estilo. Diputados de diversas fracciones se expresaron con vehemencia diciendo que Chaves en realidad había pretendido jugar con el dolor de gente menesterosa de nuestro país haciendo politiquería. A continuación, relatan los periodistas que, los diputados exigieron al mandatario que dirigiese la atención de la emergencia, respetando la dignidad humana sin hacer politiquería. (Idem).
Este es un ejemplo que deja pasmado a más de uno, pues en Costa Rica, aunque los políticos han hecho demagogia muchas veces para acceder a la presidencia de la República, una vez que ascienden al solio presidencial es infrecuente encontrar a un presidente haciendo gala de una demagogia tan mentirosa para pretender glorificarse. Más grave aún cuando es patente que el mandatario no acudió a las zonas del desastre hasta 10 días después de que habían ocurrido los desastres, como también lo señalan los periodistas Sequeira y Oviedo. Triste para nuestro país tener un presidente que merced a sus actuaciones y decires, se haya granjeado el apelativo de mentiroso.
Vean los reiterados yerros del gobierno.
La deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social asciende a cuatro billones de colones. ¿Podrá alguno de ustedes imaginar siquiera ese monto? El 83% de ese monto (3.3 billones de colones) corresponden a las obligaciones del gobierno con el seguro de salud, y maternidad; el 17% restante (689.000 millones), son los que tienen que ver con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Saben ustedes a qué corresponde el mayor rubro de la deuda del Estado con la CCSS? Nada más y nada menos que al impago de las cuotas del Estado en favor de los asalariados, así como los aportes complementarios para el seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales: esta información de puede encontrar en: (Cfr. Sequeira, Aarón. “Deuda del Gobierno con la CCSS sube a 4 billones de colones”. La Nación, 15.11,2024. P.5)
Son demasiados errores y gazapos para ser casualidad. Cabe pensar que tantos gazapos son el producto de un gobierno que no tiene rumbo, no quiere asumir las responsabilidades que le competen al Gobierno central, hace demagogia con el pueblo menesteroso tratando de manipularlo con falsedades y engaños, pero beneficia a grupos privilegiados, como ha quedado demostrado en este artículo, en los anteriores y lo evidenciaremos en el siguiente.
Compartido con SURCOS por el autor.
Francisco Esquivel V.
Economista
Lo peor que le puede pasar a un proyecto de ley es que se formule sin una evaluación de impacto. Eso le pasó al proyecto presentado el 22 de enero por el gobierno en torno a las pensiones de los regímenes con cargo al Presupuesto (Expediente legislativo número 24.786). Aquí me referiré a la parte relativa al régimen de reparto del Magisterio Nacional (RTR). La propuesta que contiene el proyecto sobre el RTR no logra el objetivo planteado que es reducir a un mínimo las pensiones llamadas de lujo. Por el contrario, con este proyecto las pensiones altas, superiores a 4 millones de colones, seguirán siendo altas. Tamaño problema: se presenta un proyecto para bajar las “pensiones de lujo” y termina reproduciéndolas. Improvisación y desconocimiento de la forma de funcionamiento de los regímenes con cargo al Presupuesto.
El proyecto se basa en un supuesto estudio actuarial. Sin embargo, un estudio actuarial es un cálculo de ingresos vs costos de un sistema de pensiones. Eso no se puede hacer en el RTR. Por una sencilla razón: el Estado nunca cumplió su obligación de patrono y de Estado aportando las cuotas al RTR. Desde 1958 el Estado no le ha aportado nada al RTR. Los únicos que cotizaron en los primeros años fueron los docentes. Y los recursos que se acumularon en ese período fueron captados por el Gobierno Central y destinados a otras cosas, incumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Constitución de la República. Hoy el Gobierno Central paga las pensiones del RTR con recursos de la caja única y un aporte que dan los jubilados. Pero, como es de esperar, el déficit se produce por la falta de recursos ante el incumplimiento del Estado de pagar sus obligaciones durante más de 60 años. En tales condiciones un estudio actuarial es imposible de realizar: no hay ingresos históricos, ni ingresos futuros. Lo único que se puede realizar es una simulación de gastos de unas tres o cuatro décadas, que es lo que durará el RTR hasta que muera el último pensionado, porque el régimen está cerrado desde hace más de 30 años. Así que se puede hacer cualquier simulación y llamarlo estudio actuarial, pero no es un estudio actuarial.
Cuando decimos que el proyecto se formuló sin un estudio de impacto es en relación con la falta de cálculo de lo que pasaría con los diferentes niveles de pensión ante la aplicación del proyecto de ley. Por eso, a continuación, presentamos ese estudio de impacto, realizado con un modelo de simulación que hemos desarrollado en los últimos cinco años, ante los ataques sistemáticos que ha recibido el RTR. Usamos la versión CalculoPensionNeta_V9_50_2025. El modelo tiene un 100% de precisión, probado con la aplicación que han hecho una cantidad importante de jubilados del RTR. Tal simulación calcula las deducciones que se le aplican a cualquier pensión del RTR y con base en eso determina la pensión neta que le llega a cada jubilado. Las deducciones son el pago del impuesto sobre la renta y los aportes que se hacen al régimen con base en los artículos 70 y 71 de la ley 7531 que regula la materia. Además, el jubilado debe pagar el seguro de salud de la CCSS, un cargo administrativo a JUPEMA y una póliza de vida. Por ejemplo, una pensión bruta (es decir, sin deducciones) de 4 millones de colones paga 1,8 millones por deducciones; es decir, el 45% de la pensión bruta. Por lo tanto, al jubilado le queda una pensión neta de 2,2 millones.
La inconsistencia del tope del proyecto de ley
Los componentes del proyecto de ley mencionado son los siguientes:
Usando el modelo de simulación mencionado antes, calculamos el impacto en diversos niveles de pensión bruta del RTR. El siguiente gráfico y la tabla muestran los resultados de la simulación.
El gráfico presenta la pensión neta sin tope IVM para diferentes niveles de pensión bruta que van desde 2 millones hasta 15 millones. Se traza mediante una línea negra. Como mencionamos, esta pensión es el resultado de restarle a la pensión bruta todas las deducciones citadas.
Si le aplicamos el tope del IVM a la pensión neta aparece la pensión neta con tope IVM, que se dibuja mediante una línea roja.
Se observa en el gráfico que, en el rango de pensiones que va de 2 a 4 millones de colones, efectivamente el tope limita el monto de la pensión neta. La línea negra está encima de la línea roja. Es decir, el jubilado recibirá una pensión neta más baja comparándola con el monto que recibiría sin el tope IVM. Sin embargo, después de 4 millones el tope pierde efectividad. La regla de mantener el 40% de la pensión bruta protege a las pensiones más altas. La línea roja sigue debajo de la línea negra, pero sin freno. Es decir, el tope deja de funcionar, por lo que la pensión neta aumenta sin control. Es cierto, que la pensión neta con tope IVM baja un poco en relación con la pensión neta sin dicho tope; pero, los niveles que provocaría el proyecto de ley son muy altos. No hay control de las “pensiones de lujo” que siguen aumentando a niveles desproporcionados. Por ejemplo, si una pensión bruta de 7 millones se limita por el tope IVM, que es de 1,7 millones, quedaría abajo del mínimo del 40% respecto a la pensión bruta, que sería de 2,8 millones. Por lo tanto, el tope IVM no se aplica y obtiene 2,8 millones, lo que es sustancialmente diferente al tope de 1,7 millones del IVM. Conforme el monto de la pensión bruta aumente, la línea roja seguirá creciendo sin límite, lo que indica que el mínimo del 40% permite a los jubilados con pensiones altas disponer de una pensión neta final bastante alta. En términos del populismo usado para analizar este tema, resulta que el proyecto ley no frena las “pensiones de lujo”, cuando se supone que busca lo contrario. Un jubilado con 10 millones de pensión bruta va a recibir 4 millones de pensión neta, debido a la protección del mínimo del 40% de la pensión bruta. Otro jubilado con 15 millones de pensión bruta recibirá 6 millones de colones como pensión neta final, por la misma razón.
En pocas palabras, el tope del proyecto de ley no sirve para detener las “pensiones de lujo”, por el contrario, las fortalece. Por eso, el gráfico traza la línea roja de la pensión neta con tope IVM como una línea discontinua, a partir de 4 millones de pensión bruta, ya que, en la práctica, no funcionará.
Además, el gráfico revela que se trata de un proyecto de ley regresivo. Reduce la pensión neta de las pensiones brutas menores de 4 millones. Pero aumenta considerablemente la pensión neta de las pensiones brutas más altas. El proyecto les quita pensión a las pensiones bajas y les da más pensión a las altas.
Además, debe quedar claro que las cláusulas como la de la Sala IV (límite del 50% a las deducciones respecto a la pensión bruta) y la de este proyecto (protección del 40% de la pensión bruta) protegen a las pensiones más altas y dejan sin defensa a las pensiones bajas, menores a 4 millones de colones. Son cláusulas regresivas: cuando se presentan proyectos de ley para limitar las pensiones el efecto queda reducido a las pensiones bajas, mientras las pensiones mayores a 4 millones mantienen un nivel muy alto. En el caso del proyecto de ley del gobierno nada tiene que ver, por ejemplo, una pensión neta de 6 millones de una pensión bruta de 15 millones comparada con el supuesto tope de 1,7 millones.
Conclusión
Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto. La comisión legislativa que analice este proyecto debe observar con cuidado estos resultados. Insistir en aplicar el tope IVM, junto a las cláusulas de excepción, no tiene ninguna utilidad. Debe darse una reflexión nacional sobre lo que debe ser un tope razonable, que no puede ser 1,7 millones. Ese parámetro existe en la CCSS por el desequilibrio financiero, pero no tiene nada que ver con las necesidades de un adulto mayor que supera los 65 ó 70 años. Una discusión seria debe generar criterios razonables que establezcan lo que es un mínimo justo para el jubilado, adulto mayor.
Lo expuesto en este artículo es un análisis económico. El proyecto de ley tiene aspectos inconstitucionales graves que deben analizarse desde la perspectiva jurídica, lo que no se ha abordado aquí.
Según la noticia que circula hoy en los diarios, el Gerente de Pensiones de la CCSS don Jaime Barrantes, denuncia que este año tuvieron que tomar 222 mil millones de cólones, ¡casi nada!, correspondientes a los intereses de la reserva de pensiones de la Caja, lo que incrementa la gravedad del régimen de pensiones a cargo de esa institución.
¿Y por qué tuvieron que llegar a esa decisión extrema para pagar las erogaciones de este año? Por una sencilla razón: el ministro de Hacienda no giró, ni un solo céntimo, de las obligaciones que tiene el gobierno con la Caja en este tema. Y de remache, el todo poderoso ministro desde su trono hacendario, también se retiró de la mesa de diálogo sobre pensiones, porque en ella se discutía un proyecto presentado por don Rodrigo Arias y no el que él y el gobierno del autócrata al que sirve como asustado cervatillo guanacasteco, habían presentado. Entonces hizo lo de los güilas malcriados y caprichosos… agarró la bola y se fue para donde Papi, y paró la mejenga, y no digo partido, porque con este gobierno del pichón de autócrata solo hay mejengas, todos contra todos.
Pero lo sucedido es muy grave, sin embargo, ojalá sirva para que acabe con el servilismo mental que todavía consume a muchos compatriotas que apoyan a este desgobierno; pues lo que han puesto en sumo peligro es su salud de hoy y su bienestar de mañana con su pensión. Todo porque el “DesChaves“ presidencial quiere privatizar la CCSS base fundamental del Estado Social de Derecho que también quieren destruir… despierte costarricense, ¿o morirá dormido?
Y Don NOgui, ¿donde dejó usted su conciencia social? No sé si en algún rincón de la cantina familiar allá en Tamarindo o como tasajo seco de cecina al estilo guanaco, en algún potrero de la pampa… pero la insensibilidad, pedantería, altanera e ignorancia de este ministro está matando la sociedad equilibrada y justa que caracterizó a Costa Rica, que si no era perfecta, era mucho mejor que los escombros que nos dejará el chavismo.
Ayyy don NOgui, por favor, ¡no nos joda más!!!
ACOJUPEMA ha participado de manera activa en la mesa de diálogo promovida por SUPEN para la transformación del sistema nacional de pensiones.
ACOJUPEMA considera que las propuestas de SUPEN carecen de una visión de justicia social y de fundamento constitucional. Por este motivo ACOJUPEMA ha promovido las alternativas de solución con fundamento constitucional en la transformación del SNP. En este sentido, realizan la invitación a los y las trabajadoras de todo el país a apoyar esta propuesta.
Asimismo, adjudican que el principal problema radica en que no hay participación de los dueños del capital, es decir las personas trabajadoras, esta omisión del artículo 9 de la constitución política ha llevado así a la carencia de políticas públicas adecuadas. Por otro lado, existe una apropiación de los fondos de pensiones indebida que ha generado la deuda estatal en la CCSS, violentando el mismo artículo 73 de la constitución política sobre los fondos públicos.
En este sentido, ACOJUPEMA propone las siguientes tres alternativas de solución: 1) se debe respetar la independencia de los regímenes básicos, 2) generar nuevos recursos sin maltratar las pensiones del IVM, 3) renegociar el pago de los intereses de la deuda pública como elemento clave.
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