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Etiqueta: pensiones

Actuario insta a personas beneficiarias del IVM a organizarse para que defiendan sus derechos ante ajustes no realizados en las pensiones

SURCOS comparte un escrito del actuario matemático Rodrigo Arias López. El experto explica en detalle la forma como la CCSS ha venido actuando en cuanto a los ajustes de las pensiones, así mismo, indica lo que debió ser justo y correcto de acuerdo con la normativa vigente.

Rodrigo Arias López escribe:

“Comparto el oficio de la CCSS N° GP-DAP-ACICP-SAPCP-0764-2023- GP-DAP-SIEE-0070-2023 del 26 de julio de 2023 (verlo aquí) con los pensionados por invalidez o vejez (causantes) de IVM que en enero de 2023 recibían una pensión inferior a ₡153,192.00, para que estén informados sobre lo que les pagaron en mayo y junio de 2023.

Como pueden ver, la CCSS venía violando el artículo 29 del Reglamento de IVM desde agosto de 2022, pues desde esa fecha la pensión mínima debió ser de ₡143,680.50 en lugar de ₡142,517.00. Vean lo que dice en el oficio, lo cito aquí entre comillas:

«En la planilla vencida de mayo y adelantada de junio 2023, se procedió con el ajuste indicado en el párrafo anterior, la pensión mínima se ajusta de ₡142,517.00 a ₡143,680.50, con el pago del retroactivo de agosto a diciembre 2022».

Es decir, en mayo pagaron un retroactivo a todos los pensionados causantes que en agosto de 2022 estaban recibiendo la pensión mínima de ₡142,517.00, reconociendo cinco meses de ₡1,163.50 que no se les pagó desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2022, lo que significa un monto retroactivo de ₡5.817,5 pagado en mayo de 2023. Si alguien se pensionó con la pensión mínima después de julio de 2022; por ejemplo, el 31 de octubre de 2022; entonces solo recibió 2 meses de pago retroactivo; o sea, los meses pendientes hasta el 31 de diciembre de 2022.

También se estaba violentando el mismo artículo a partir de enero de 2023, pues desde ese mes la pensión mínima debió ser de ₡153,192.00 en lugar de los ₡143,680.50 corregidos con el pago retroactivo realizado en mayo de 2023. Cito a continuación entre comillas lo que dice el mismo oficio:

«se instruyó aplicar el aumento al periodo de enero a junio 2023, por ₡9,511.50 para un 6.62%, dicho pago con retroactivo se realizó en la planilla vencida de junio y adelantada de julio 2023, correspondiente al ajuste y reconocimiento del retroactivo de las pensiones mínimas de ₡143,680.50 a ₡153,192.00.»

Eso quiere decir que los pensionados causantes que en diciembre de 2022 estaban recibiendo la pensión mínima, en junio de 2023 le tuvieron que pagar cinco meses retroactivos (enero a mayo) de ₡9,511.50, o sea, ₡47.558 más la pensión actualizada de junio de ₡153,192.00, o sea, en total debió recibir ₡200.749,5. Si alguien se pensionó con la pensión mínima después del 31 de diciembre de 2022, debió recibir un monto proporcional al tiempo transcurrido desde que se pensionó hasta el 30 de junio de 2023. También, si alguien estaba recibiendo una pensión superior a la mínima pero inferior a ₡153,192.00 tiene que haber recibido en junio de 2023 un pago retroactivo proporcional.

Observen que lo anterior es válido para los pensionados y pensionadas por invalidez o vejez que recibían menos de ₡153,192.00 de pensión mensual. Si fuese un «causante pensionado fallecido» lo anterior también aplica tal y como se indicó anteriormente para el fallecido; en tal caso sus beneficiarios recibirán una proporción: si es solo un beneficiario, recibirá el 70% de esa mejora y si son más de dos beneficiarios recibirán conjuntamente el 100% de esa mejora.

Espero que esta explicación les sea de ayuda; si alguien tiene alguna duda o no entiende algo, acuda a la sucursal más cercana de la CCSS a preguntar, pues comprenderán que yo no puedo dedicarme a atender y como no soy funcionario de la CCSS no conozco todos los detalles.

Noten que hasta donde tengo conocimiento, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios de los años 2020 y 2022. Por lo tanto, eso que pagaron en mayo y junio de 2022 no beneficia a los pensionados que en junio de 2022 estaban recibiendo más de ₡153,192.00 de pensión mensual.

Como pueden ver, el oficio que les comparto me lo entregaron después de interponer un recurso de amparo que aún no se ha resuelto; pero que le fue notificado a la CCSS antes de la fecha que me entregaron esta información.

Confío en que, con esto que les comparto comprenderán con suficiente claridad, que las publicaciones y denuncias que he venido realizando por este y otros medios, no son ocurrencias mías, sino que se apegan a la verdad, a lo que ordenan los reglamentos, las leyes y la Constitución.

Los invito a que lean los reglamentos y las leyes que rigen a la CCSS y al IVM y que aprendan a organizarse para que defiendan sus derechos. En particular, los invito a leer el oficio que motivó mi recurso de amparo, publicando en SURCOS Digital Al final de esa publicación está el documento completo”.

La Unión Sindical CCSS deplora acuerdo de Junta Directiva que violenta la autonomía y divide la familia de trabajadores

Comunicado

Este lunes, la Junta Directiva de la CCSS, con el voto de 2 representantes del Gobierno de Chaves y 2 de sus acólitos del reaccionario sector empresarial, acordaron declarar exclusivos y excluyentes, una considerable cantidad de clases de puestos institucionales, profesionales, técnicos, administrativos y otros.

Esta declaratoria ya no sólo cubre a un grupo laboral, como se había pretendido originalmente, sino que ahora cobija un amplio colectivo de personas trabajadoras, de múltiples segmentos ocupacionales, cuya relación de empleo permanecerá regulada por la propia institución; eso sí, dentro del marco de la emergente Ley de Empleo Público.

Estamos totalmente seguros y convencidos que esta ampliación de los colectivos laborales que fueron declarados exclusivos y excluyentes, es el resultado directo e inmediato de las medidas de presión convocadas por los sindicatos que integran la Unidad Sindical, no obstante, la complicidad de alguna que otra organización que intentó infructuosamente dividir a las personas trabajadoras.

Sin embargo, ese mismo acuerdo ilegítimamente excluyó a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en los regímenes de salud, pensiones y prestaciones sociales, del carácter indiscutible de exclusivos y excluyentes, quebrando la unidad de gobierno, planificación, dirección y mando institucional, sometiendo la gobernanza de esos grupos ocupacionales a las directrices y mandatos del Gobierno de la República.

Segregar a las personas trabajadoras de la Caja, creando una especie de apartheid laboral, es manifiestamente inconstitucional, violentando lo resuelto, de manera reiterada por la Sala Constitucional: “Así el Poder Ejecutivo no puede actuar como director o en una relación de jerarquía frente a esta institución, no puede imponerle lineamientos, ni dar órdenes, ni controlar la oportunidad de sus actividades.” (Voto N°17098-2021).

La Sala Constitucional en el mismo voto advirtió: “(…) Sin embargo, en relación con determinados entes, tal como la CCSS, debido a su grado de autonomía, aun el mismo legislador no puede sujetarla a órdenes, directrices y regulaciones de un órgano del Poder Ejecutivo, pues ello va en contra del grado de autonomía y tutela conferida por la Constitución Política a esta institución.”

Esta jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, despreciada por aquellos miembros de la Junta Directiva, obedientes de las amenazas del Presidente de la República y los desafueros de la Presidenta Ejecutiva, constituye un dique de contención que impide que las potestades regulatorias de la CCSS, particularmente en materia de recursos humanos, sean transferidas al Gobierno de la República.

En esta parte del acuerdo, la Junta Directiva olímpicamente se apartó de los rigurosos criterios técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Sistemas Institucionales y los informes gerenciales, que fueron convertidos y reciclados en productos de la canasta básica de la sala de sesiones de Junta Directiva: en papel higiénico, de una sola hoja.

En su lugar, a hurtadillas, valiéndose del golpe de Estado que sufrió la CCSS, entre ellos mismos nombraron una Comisión ad hoc, cuyos miembros no tienen ninguna formación profesional, ni pericia en los campos técnicos y especializados de la institución.

Esta impericia se refleja, de cuerpo entero, en los múltiples desatinos y gazapos que contiene tiene ese impresentable informe, hecho a imagen y semejanza de las instrucciones de Chaves, el cual no logra desvirtuar aquellos calificados informes institucionales.

Los directivos nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que votaron este acuerdo, trasladándole a MIDEPLAN la rectoría de la relación de empleo de este alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras, retractándose del juramento constitucional que rindieron, renunciaron servilmente a defender la autonomía de la CCSS.

La Unión Sindical CCSS, deplora este ignominioso extremo del acuerdo y advierte que recurrirá a las instancias judiciales y administrativas pertinentes a defender la autonomía de la Caja, la unidad e integridad de la familia de las personas trabajadoras de la Caja.

¡Condenamos que MIDEPLAN meta sus fauces y manos ambiciosas de poder en los destinos de la Caja!

Llamamos a los trabajadores a continuar firmes en la lucha, contra las políticas autoritarias, discriminatorias y privatizadoras del Gobierno y sus adeptos de Junta Directiva, participando activamente en la protesta que realizaremos este jueves 13 de julio y el sábado 15 de julio.

¡Fuera MIDEPLAN de la Caja!

¡Qué nadie se quede afuera!

12 julio de 2023

Trabajadores que NO fueron Declarados Exclusivos y Excluyentes

1-Trabajadores de Producción del Laboratorio de Parenterales

10-Trabajadores asistentes de Nutrición

2-Trabajadores de Producción de Laboratorio de Productos Farmacéuticos

11-Trabajadores Médicos Evaluadores 1 y 2

3-Trabajadores de Producción de Almacén General

12-Trabajadores profesionales 1-2-3-4

4-Trabajadores Administrativos de Sucursales

13-Trabajadores Directores Administrativos Financieros de Hospitales (Administradores)

5-Trabajadores de Recursos Humanos

14-Trabajadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación

6-Trabajador de Registros y Estadísticas en Salud (Todos)

15-Trabajadores asistentes de la serie de la Administración (Todos)

7—Trabajadores de Servicios Generales tanto de Aseo como de Vigilancia

16-Trabajadores secretarias y Oficinistas (Todos)

8-Trabajadores Choferes

17-Trabajadores de Artes Gráficas

9-Trabajadores Técnicos 1 y 2 de mantenimiento

18-Trabajadores de Pensiones y de Prestaciones Médicas

 

19- Trabajadores de Sucursales

ENTRE OTROS

ANEP presentó ante el Consejo de Derechos Humanos ONU, denuncia por el cambio de pensiones IVM-CCSS

En una sesión de la Junta Directiva Nacional de la ANEP se entregó una primera lista de personas trabajadoras que fueron violentadas en sus expectativas de pensionarse, ya sea por invalidez, vejez o muerte, debido a los recientes cambios que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social. Las personas presentes en esta lista ya contaban con todos los requisitos necesarios para pensionarse.

El documento fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la asesoría que recibió la ANEP, lo que se está evidenciando es una violación a los derechos humanos, lo que llevó a que se presentara en un escenario internacional.

Se abrirá un segundo periodo de inscripción en donde las personas que cumplan los requisitos pueden formar parte, además, para ser parte de la lista se debe de estar afiliado al ANEP y llenar un formulario que se puede encontrar en www.anep.cr

La ANEP ha hecho cambios en cuanto a las maneras de velar por los derechos de los trabajadores, ahora con un enfoque hacia los derechos humanos en donde ha habido una gran inversión para que exista un asesoramiento correcto para los mismos/as.

Actuario matemático Rodrigo Arias López pide a gerencia de Pensiones de la CCSS respetar derechos de personas adultas mayores

El actuario matemático Rodrigo Arias López dirigió una carta al licenciado Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la cual solicita respeto a los derechos de las personas adultas mayores.

El especialista ha publicado en SURCOS una serie de artículos en los cuales muestra que las pensiones no se han actualizado de acuerdo con el aumento en el costo de la vida.

En su nota Rodrigo Arias López le dice al gerente de Pensiones:

“De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública No 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición No 9097, solicito la siguiente información de interés público.

He tenido acceso a varios oficios de esa Gerencia con los cuales usted informa a los asegurados pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sobre peticiones que ellos le han realizado sobre el reajuste de la pensión mínima y de las pensiones por costo de vida, los cuales se envían sin destinatario específico, sino que solo dicen “Señor (a) Pensionado (a)”. Por ejemplo, en el oficio GP-0901-2023 del 13 de junio de 2023, ante solicitudes realizadas por pensionados de IVM de reajustar la pensión mínima y por costo de vida, usted les informa ambiguamente lo siguiente, sobre la primera petición:

Sobre el particular, según información suministrada por la Dirección Administración de Pensiones, el ajuste para los meses correspondientes al año 2022 fue efectivo en el pago de la planilla a finales de mayo de 2023. En lo que respecta al año 2023 se encuentra en proceso de gestión del pago, el cual está programado para el mes de julio de 2023.

Como se aprecia, usted es omiso en informar a los pensionados como en derecho corresponde, considerando su condición de adultos mayores, lo que se canceló en el mes de mayo, cuál fue el monto de la pensión mínima que se canceló, si se pagó algo retroactivo y la fecha de retroactividad.

Además, usted les informa que está programado para el mes de julio de 2023 lo que respecta al año 2023; pero no les informa con claridad qué es lo que está programado, cuánto será el nuevo monto de la pensión mínima, ni tampoco la fecha de retroactividad.

Lo anterior no solo es importante por el derecho a la información que poseen los adultos mayores, sino que como es de su conocimiento, las pensioncitas de ellos son muy básicas, muy lejos de los ¢2 millones, ¢5 millones, ¢10 millones y hasta ¢15 millones que se pagan en otros regímenes de pensiones; por lo tanto, esos adultos mayores requieren planificar muy bien el gasto y no merecen la ambigüedad de sus respuestas. Vea don Jaime, los montos de las pensiones de IVM de diciembre de 2022 …; la mitad de ellas eran inferiores a ¢150.000.

Sobre el derecho a la información, el artículo 14 de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor No 7935 dice textualmente, lo siguiente:

“ARTÍCULO 14.- Información

Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. El Consejo se encargará de coordinar las acciones necesarias en este campo.”

En cuanto a la segunda solicitud que le hacen los pensionados de IVM de reajustar los montos de las pensiones, usted les cita el artículo 28 del reglamento.

Usted les recalca que ese artículo 28 “no establece que se deban revalorizar los montos de las pensiones, estrictamente con la inflación, ni que deba realizarse aumentos cada seis meses”.

Nuevamente don Jaime, a mi entender esa respuesta no está a la altura de un Gerente que se preocupa por el respeto de los derechos que poseen los adultos mayores, con mayor razón si usted observara que de las 336.281 personas pensionadas de IVM al 31/12/2022, un 72,35% tiene edad de 65 años o más; es decir, en ese grupo de pensionados hay 243.287 personas adultas mayores protegidas por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

En ese sentido, usted y la Caja, están incumpliendo, no solo el artículo 14 antes citado de esa ley que protege a los adultos mayores, sino también el artículo 5 de esa misma ley. No observo que usted y la CCSS, informen a los adultos mayores pensionados sus derechos, mucho menos que le citen en negrilla y subrayado el artículo 5, que textualmente dice, en lo que más correlación hay con el monto de la pensión:

“ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida

Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan:”

“c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables.”

“g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones.”

“j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial.”

En dicha ley también se define lo que es “violencia contra las personas adultas mayores”, textualmente el artículo 2 de esa Ley dice lo siguiente:

“Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor, que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.”

SURCOS comparte aquí el documento completo enviado por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la gerencia de Pensiones de la CCSS.

ANEP solicita urgentemente protección de los derechos jubilatorios de personas de edad en Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar con urgencia la intervención protectora del derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En una petición conocida como «Other Letter» en el lenguaje diplomático-técnico, ANEP busca el respaldo internacional para abordar la problemática de las reformas recientes en el sistema de pensiones del país.

La reforma aprobada el 14 de diciembre de 2021 por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha generado una gran preocupación. Esta reforma modifica los artículos 5, 23 y 24, y deroga disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Dichos cambios han frustrado las expectativas de pensionarse de un considerable número de trabajadores, tanto del sector público como privado, quienes estaban cerca de cumplir todos los requisitos antes de que las modificaciones entrarán en vigor el 12 de enero de 2024.

ANEP presentó una argumentación jurídico-legal basada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos que Costa Rica está obligada a respetar. Su petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU busca declarar que la vigencia y aplicación de las reformas mencionadas atentan contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. ANEP sostiene que Costa Rica está experimentando un peligroso proceso de reversión de conquistas sociales, exclusión económica y sobre-explotación laboral. En este sentido, apelan a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país, como mecanismos estratégicos y de defensa obrero-social legítimos.

La solicitud de ANEP al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene carácter urgente y busca la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas afectadas habían cumplido al 100% antes del 12 de enero de 2024. Hasta el momento, un primer grupo de 614 personas asociadas a ANEP se ha inscrito en el proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica, específicamente para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Además, se ha abierto la inscripción para un segundo grupo de personas interesadas en unirse a ANEP.

Actualmente se espera que esta solicitud de intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tenga un impacto significativo en la protección de los derechos jubilatorios de las personas de edad en Costa Rica y promueva un diálogo constructivo para abordar la situación en cuestión.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS? (Parte VI)

M.Sc. Rodrigo Arias López. Máster en Matemática Actuarial

Durante más de una década el Sr. Luis Guillermo López Vargas, siendo director de la Dirección Actuarial de la CCSS, engañó a los asegurados defendiendo a capa y espada que el Seguro IVM estaba como quinceañero, sus reservas crecían como la espuma, por lo que no requería ningún cambio sino hasta más allá del año 2040. Dejo estos dos enlaces a quienes no lo recuerdan: 24 de noviembre de 2010 y junio de 2011.

Para demostrar que no había ningún maquillaje, la administración de la CCSS contrató a expertos de la OIT, quienes no solamente hicieron sus propios cálculos actuariales de IVM con corte al 31/12/2008, sino que los compararon con los de la CCSS, calzando todo casi a perfección, pueden verlo aquí OIT Ginebra 2010. Para no dejar dudas, hicieron esta presentación en julio de 2010.

La principal conclusión de esos “expertos” fue que, aún sin el dinero del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, el IVM tendría excedentes hasta el año 2035, tanto con el modelo de la OIT como con el de la Caja. Decían lo siguiente y exhibían los gráficos 9 y 10 en la página 13:

“Una conclusión de interés, es que aún sin incluir los ingresos que el artículo 78 pueda generar, el Seguro IVM, se proyecta superavitario, empleando ambos modelos por lo menos por 25 años, con ello se puede pensar en un futuro inmediato sin necesidad de emprender reformas adicionales al Seguro de Pensiones.”

Proyectaban los expertos en el Gráfico 9, que al IVM le sobrarían aportes hasta el año 2035 con el plan tarifario que había en 2009; en el gráfico 10 estimaban que IVM acumularía hasta ¢38 billones de reservas en 2035; en 2022 el IVM estaría gordito con ¢10 billones.

Ante el ciego amor entre los “expertos” de OIT y los maquillistas de la CCSS, envié por correo observaciones a OIT en agosto de 2010, sin respuesta alguna; incluso en 2014 seguían defendiendo el informe, como pueden ver aquí Sergio Velazco. También las envié a la Junta Directiva de la CCSS; pero los ocho gatos y doña Ileana Balmaceda estuvieron de acuerdo con los maquillistas, pues según Balmaceda “(…) en síntesis, la solicitud de elevación a la OIT, de las observaciones que Usted formula, no son temas que le merecieran dudas a la Institución, razón por la cual no se procederá a lo pedido.” O sea, presuntamente los nueve directores compartieron el criterio del principal maquillista de la CCSS, parte del cual cito aquí: “Sobre el particular, es importante señalar que la participación del actuario Sergio Velazco, especialista principal de la OIT, en la elaboración del informe remitido por Ginebra, constituyó solamente un facilitador en la coordinación del informe de la OIT, elaborado por el equipo técnico actuarial radicado en Ginebra, Suiza. Por otra parte, en la valuación actuarial efectuada en San José, Costa Rica, la labor de acompañamiento que desempeñó, fue con un carácter muy objetivo y profesional.”

Esos maquillajes, ya no solo de funcionarios de la CCSS, sino de “expertos” de OIT, fueron conocidos por los costarricenses desde el año 2012, pues se divulgaron en Universidad.

Ya para el año 2013, poco antes de que el difunto Partido Acción Ciudadana (PAC) tomara las riendas del gobierno, Román Macaya Hayes proponía una Mesa de Diálogo, pues según él la culpa de los problemas financieros de la CCSS, era el aumento de los viejos y las viejas; pero se le olvidó convocarla cuando lo nombraron presidente ejecutivo de la Caja y en 2021 decidieron elevar las edades de retiro y bajar los beneficios, sin transitorio alguno, anunciando otro engaño a los asegurados, que también pueden ver en más mentiras, afirmando que con esas decisiones el IVM tendría solvencia hasta el año 2050.

Ejercicio práctico para la reconstrucción de la izquierda

Por Carlos García Hernández

Definición de Estado: territorio con fronteras fijas bajo una autoridad central con capacidad de emitir moneda nacional y de imponer deudas en dicha moneda a todos los residentes en el Estado.

Consecuencia I: la moneda nacional toma su valor de la necesidad de los ciudadanos de redimir sus deudas con el Estado.

Consecuencia II: antes de recaudar las deudas impuestas el Estado tiene que gastar en moneda nacional para que las deudas sean pagables.

Consecuencia III: el Estado da lugar a un mercado en el que se compran y venden bienes y servicios a cambio de la moneda nacional con objeto de redimir las deudas con el Estado, autoabastecerse y ahorrar.

Consecuencia IV: el Estado puede adquirir en el mercado todo lo que esté a la venta en moneda nacional, ya que en calidad de emisor soberano no se puede quedar sin su propia moneda.

Consecuencia V: la frontera de posibilidades de producción del Estado está limitada por los recursos reales de la economía, no por los recursos financieros del Estado en moneda nacional.

Consecuencia VI: el Estado puede aumentar su frontera de posibilidades de producción importando bienes y servicios de mercados extranjeros.

Definición de política económica: introducción por parte del Estado de variables endógenas y exógenas en el ciclo económico.

Variables endógenas: variables introducidas por el Estado cuyo cumplimiento es necesario acatar por parte de los actores económicos para poder participar en el mercado nacional (leyes).

Variables exógenas: variables que el Estado permite que sean decididas por los actores privados participantes en el mercado nacional durante el ciclo económico.

Propuesta del socialismo fiduciario:

  • 1- Convertir en endógenas del ciclo económico las siguientes variables:
  1. Pleno empleo garantizado y permanente mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo.
  2. Utilización plena y prudente de los recursos naturales.
  3. Garantía a todo ciudadano de comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación.
  4. Seguridad social en forma de pensiones y subsidios.
  5. Garantía de estándares laborales dignos.
  • 2- Permitir que sea la ciudadanía quien decida qué variables deben ser endógenas o exógenas del ciclo económico mediante la decisión democrática sobre el alcance de la participación del sector privado en la economía.

Ejercicio práctico: partiendo de todo lo anterior, considérese qué política económica debería llevar a cabo la izquierda. Es decir, qué variables debería incorporar la izquierda al ciclo económico en calidad de variables endógenas y qué variables deberían considerarse exógenas.

***

La propuesta de la izquierda española y de la izquierda occidental en general es coincidente con la propuesta del socialismo fiduciario, excepto en el primer punto (el más importante), el pleno empleo permanente garantizado por ley. El ciclo económico español incorpora como variables endógenas la defensa de la naturaleza (sin éxito), la garantía de comida, vestido, servicios sanitarios (insuficientes) y educación (infradotada), una seguridad social en forma de pensiones y subsidios (demasiado bajos) y legislación (que no se cumple) en materia de estándares laborales. Quedan fuera del ciclo económico el derecho a la vivienda y sobre todo el derecho al trabajo garantizado.

¿Cuál es la razón para que la izquierda occidental no garantice el acceso a un puesto de trabajo? Su incapacidad para comprender que el nivel de desempleo del Estado es una decisión política, igual que la educación o la sanidad garantizadas.

La definición de Estado, las consecuencias de esa definición y la definición de política económica a las que hemos hecho referencia al principio de este artículo describen lo que se llama economía monetaria de producción. En ella, lo que moviliza los recursos humanos y materiales para crear bienes de consumo son las deudas con un poder central que emite el dinero que demanda en forma de impuestos. Por consiguiente, y si atendemos a la consecuencia IV, el Estado puede adquirir en moneda nacional toda la mano de obra desemplea a cambio de trabajo asalariado, de manera que todo el mundo que quiera y pueda trabajar tenga un empleo y se llegue a una situación de pleno empleo permanente. Si además el pleno empleo se consigue mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo y se adoptan tipos de cambio flotantes y tipos de interés de 0% permanente, tal y como sostiene el consenso de la moneda moderna, se puede llevar a la economía hacia lo que el socialismo fiduciario ha bautizado como el punto Lerner, un estado ideal de la economía en el que tanto la inflación como el desempleo son nulos.

Acabamos de chocar contra la última frontera del capitalismo. A regañadientes, durante el siglo XX el movimiento obrero fue arrancando progresivamente el acceso a los derechos sociales de las fauces de las variables exógenas y lo fue introduciendo en el reino de las variables endógenas del ciclo económico. Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los encargados de detener ese proceso de emancipación. Para ello crearon un mito que la izquierda occidental ha aceptado. Ese mito falso e inventado se llama neoliberalismo.

El neoliberalismo cambió la definición de Estado y con ello las consecuencias de la existencia de los Estados. En el engaño del neoliberalismo, el gasto público ya no antecede a la recaudación de impuestos, sino que los impuestos son los que financian el gasto público posterior. Por tanto, ya no es el Estado el que elige el nivel de empleo de la economía, sino que es el sector privado el que mediante sus decisiones de inversión el que decide el nivel de desempleo. Así es como el desempleo masivo y no el pleno empleo permanente se convierte en una variable endógena del ciclo económico. También así es como el neoliberalismo va negando progresivamente el acceso a los servicios sociales y poco a poco va devolviendo dicho acceso al terreno de las variables exógenas del ciclo económico.

La reconstrucción de la izquierda pasa por destruir el falso mito del neoliberalismo y convertir tanto al pleno empleo permanente como el acceso universal a los servicios sociales expuestos por el socialismo fiduciario en variables endógenas del ciclo económico. Para ello el engaño del gasto público financiado por impuestos debe ser desechado.

La recuperación de la soberanía monetaria es el primer paso que debe dar la izquierda española. El límite de gasto y de déficit público impuestos por la Unión Europea y el euro son la expresión más avanzada del neoliberalismo. Una vez recuperada, la soberanía monetaria debe convertir en variables endógenas del ciclo económico todos los derechos sociales del socialismo y permitir que mediante su participación democrática la ciudadanía decida el tamaño del sector privado.

No se puede reconstruir lo que no existe.

Euro delendus est

*Carlos García Hernández. Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín y fundador de la editorial Lola Books.

Publicado en https://elcomun.es y compartido con SURCOS por el autor.

Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica – Reformas del gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.

A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.

La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.

Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.

En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.

En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.

El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.

Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.

Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.

 

Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS? (Parte IV)

M.Sc. Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Continuando con el descubrimiento realizado por la OIT (ver parte III aquí: https://surcosdigital.com/se-acabaria-la-luna-de-miel-entre-expertos-de-oit-y-maquillistas-de-la-ccss-parte-iii/), en esta parte me refiero con más detalle, a los maquillajes de los estudios actuariales que le comuniqué a Román Macaya Hayes y a la Junta Directiva de la CCSS. Dejo en este enlace una presentación realizada por la Dirección Actuarial de la CCSS en el año 2009, cuando los seguros SEM e IVM iban “viento en popa”, con fondos de sobra, según esa sala de belleza.

En esa presentación los mandos medios de la CCSS vendían la idea a los asegurados y a los que en teoría dirigían y fiscalizaban la Caja, de que el SEM y el IVM tenían fondos para tirar para arriba, por lo cual los aumentos de salarios, anualidades y cesantía serían “más fácil que pegarle un chonetazo a una lora”, al igual que antes ya habían contratado casi 12 mil empleados, sin quebrar aún a la Caja. Los dos cuadros siguientes son de esa presentación:

 Cuadro No 1. Seguro de Salud SEM

Cuadro No 2. Seguro de Pensiones IVM

En el Cuadro No 1 se observa que, en esa presentación de agosto de 2009, en el escenario base o esperado, se proyectaba al 2015 un excedente positivo del 1% de los ingresos del SEM; no obstante, eso lo hicieron presuntamente para convencer a los nueve gatos, pues el estudio actuarial oficial del SEM mostraba cifras negativas. Incluso los maquillistas mostraron proyecciones del SEM hasta el año 2025 con cifras positivas de excedentes en todos los años proyectados. Sobre el asunto, en la página 21 del Informe de Auditoría Interna de la CCSS No ASAAI-187-2012 (Verlo aquí), relacionado con un aumento de la cesantía, se lee lo siguiente:

“El Lic. Luis Guillermo López Vargas, el Lic. Iván Guardia Rodríguez y la Licda. Sara González Castillo, Directores de Actuarial, Financiero Contable y Presupuesto respectivamente, suscribieron oficio DFC-2615, DP-1485, DA 734 del 26 de octubre de 2009, dirigido al Lic. Manuel Uigarte Brenes y al Lic. José Alberto Acuña Ulate, Gerentes Financiero y Administrativo, en el cual emiten criterio técnico de la propuesta de incremento salarial, anualidades y cesantía, en lo que interesa indicaron:

«Los resultados e indicadores obtenidos, permiten concluir que la propuesta evaluada no conduce — por si sola — a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera, entendida ésta como el surgimiento de valores negativos y sostenidos en la relación (I-G)/I»

“El Lic. López Vargas, suscribió el oficio DA-741 del 29 de octubre de 2009 dirigido al Lic. José Alberto Acuña Ulate, con copia al Dr. Eduardo Doryan Garrón, Presidente Ejecutivo, con la finalidad de complementar el oficio DFC-2.615, DP-1.485 y DA-734 del 26 de octubre del 2009, indicando:

«(…) Los datos de estas proyecciones reflejan que la sostenibilidad financiera a largo plazo, expresada mediante el cociente (I-G) / I, se sigue conservando, con o sin propuesta de variación salarial, e inclusive las diferencias entre las proyecciones con propuesta y sin propuesta, en términos relativos son cada vez menores. Esto permite reafirmar que la propuesta evaluada, por si sola, no conduce a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera, entendida ésta como el surgimiento de valores negativos y sostenidos en la relación (I-G) / I.» (EI resaltado no pertenece al original).

Al mismo tiempo escondían la Valuación Actuarial del SEM realizada en la misma Dirección Actuarial de la CCSS en el año 2008, que mostraba excedentes negativos en las proyecciones. Tenía toda la razón doña Emma Zúñiga, secretaria de la Junta Directiva de la CCSS en esos tiempos, cuando certificó que desde 2010 a 2017 los nueve directores no habían visto ninguna valuación actuarial del SEM. Por si alguien tiene dudas, muestro a continuación las cifras negativas del estudio actuarial del SEM de 2008, presuntamente escondidas por los maquillistas:

(…)

Fuente: Valoración Actuarial del Seguro de Salud 2008. Dirección Actuarial y Económica, CCSS.

En adición, según consta en el oficio ASAAI-187-2012 del enlace anterior, los maquillistas presuntamente escondieron otro informe realizado por el Lic. Daniel Muñoz Corea, dirigido a uno de ellos; en efecto, en él se reporta lo siguiente:

“En el oficio DA-577-5 del 16 de octubre 2008, suscrito por el Lic. Daniel Muñoz Corea, Jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial, se remitió al Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Dirección Actuarial y Económica, el borrador de la «Política Salarial de la Caja Costarricense de Seguro Social», manifestándole:

«Los hallazgos preliminares del estudio apuntan, en primera instancia, a la existencia de desequilibrios, de índole interna y externa, en materia de retribución salarial. Se presume que los desequilibrios internos provienen tanto de una inadecuada estructura de salario base para ciertos subgrupos, así como de la alta variabilidad existente en la remuneración a puestos de una misma clase. Respecto al desequilibrio externo, aunque algunos puestos se encuentran por encima del percentil cincuenta, tal condición no significa que todos los funcionarios de una clase en condiciones promedio está bien valorada, tengan salarios competitivos debido a que por su alta dispersión respecto a la media, una buena parte de ellos tienen un salarios menor a la media de mercado. Por su parte, el déficit financiero proyectado a corto, mediano y largo plazo, constituyen el segundo hecho relevante, hecho que sin duda alguna condiciona la Política Salarial a adoptar. Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud, ambos hallazgos requieren de la adopción de Importantes medidas correctivas « (El subrayado no es original)

“En este documento el Lic. Muñoz Corea, advirtió al Lic. López Vargas, sobre la proyección de un déficit financiero a corto, mediano y largo plazo, el cual efectivamente acaeció según los datos de las Liquidaciones de la Dirección de Presupuesto, expuestas en el cuadro 6”.

Esos maquillajes quedaron al descubierto con la crisis financiera del SEM del año 2011 que todos vimos; sin embargo, la mayoría de los directores de la CCSS y presidencias ejecutivas, siempre protegieron a sus mimados maquillistas y permitieron que siguieran haciendo de las suyas, al mismo tiempo que hacían lo posible por deshacerse de los funcionarios o funcionarias honestas que no se prestaban para sus cochinadas.

En cuanto al IVM, en el Cuadro No 2 se observan las cifras alegres que proyectaban en el año 2009, con superávit casi hasta el año 2040 y reservas hasta el año 2044, sin realizar ninguna reforma; sin embargo, todos vimos como eso resultó ser puro humo, pues ya para 2015 tuvieron que aumentar la cuota estatal y la obrera a partir de 2017; en 2018 evitaron aumentar las pensiones mínimas; a partir de 2019 recurrieron al mecanismo de la devaluación de las pensiones y aumentos cada tres años de los aportes y el próximo año entrará en vigor un aumento de tres años de las edades mínimas de retiro y reducción de beneficios en la mayoría de los casos. Todo esto se realizó bajo un mega maquillaje de desvío de aportes de IVM que ronda los ₡40 billones, que condujo al desfinanciamiento de este seguro.

Durante esos años 2009 y 2010 algunos “expertos” de la OIT estaban muy ocupados, auditando los modelos y las proyecciones de la Dirección Actuarial de la CCSS. Aún no advertían esos maquillajes, sino que disfrutaban una luna de miel con sus autores.

Magisterio Nacional se organiza para dar la lucha inminente en defensa del régimen de pensiones y jubilaciones

El pasado 23 de mayo, se realizó el Foro: «Amenazas para el Sistema de Pensiones Costarricense: Consecuencias y Estrategias para su Defensa», organizado por el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. En dicho evento se contó con la participación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones del Poder Judicial.

Al cierre de este evento las organizaciones gremiales concluyen que hay un claro ataque del gobierno al Magisterio Nacional, que se hace más evidente con las 9 iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa, las cuales no solucionan integralmente el tema de pensiones, sino que ponen en riesgo la seguridad social de la población por los cambios en los regímenes básicos de pensiones que pretenden.

«Con este análisis quedó claro que la seguridad social está siendo desmantelada. Esto llama al Magisterio Nacional además de las personas trabajadoras del Poder Judicial a unirse para dar una lucha en la defensa de los regímenes especiales de pensiones, una lucha que no puede esperar, tiene que ser ahora y en las calles de ser necesario», así planteó la dirigencia del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. Hacemos un llamado al señor Presidente de la República y a su diputada interlocutora Pilar Cisneros, para que no mancille la labor, honestidad, vocación y dignidad del Magisterio Nacional con mentiras y frases populistas dirigidas al pueblo, que pretenden lograr su aceptación en reformas a los regímenes pensiones y jubilaciones.

Ya basta de su discurso populista sin ofrecer soluciones integrales a los problemas sociales, económicos y políticos que requiere este país. Les invitamos a preocuparse por atender correctamente los problemas estructurales que asfixian al pueblo como por ejemplo: mejorar nuestro sistema educativo, fortalecer a la CCSS, reactivar la economía, generar empleos dignos, eliminar la pobreza, proteger al pequeño y mediano productor, mejorar y proteger nuestra soberanía alimentaria entre otros.

Las personas trabajadoras de la educación son quienes que han formado a este país, los que han cruzado ríos y montañas para llevar el conocimiento a nuestro pueblo, los que han dedicado años para formarse y llevar a las aulas de primaria, secundaria y Universitaria la formación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La pensión que hoy disfrutan es merecida con creces, pagaron por ella, han cotizado toda su vida.

Queremos que los políticos dejen en paz a las pensionadas y los pensionados del Magisterio Nacional, ya que muchos pertenecen a la población adulta mayor, también pedimos respeto para todas las personas trabajadoras de la educación.

Basta ya de proyectos de Ley nefastos como el 23.625 presentado por el Sr Diputado Rodrigo Arias y el 23.733 presentado por la Sra. Diputada Pilar Cisneros, los cuales pretenden en contubernio con la SUPEN, desmantelar el Régimen de Capitalización Colectiva al reducir las cotizaciones estatales o patronales. Su objetivo es llevarnos a la unificación de regímenes, así lo dijo la Superintendente de Pensiones Rocío Aguilar al asumir el cargo.

El Foro de Presidentes y Secretarios Generales de las Organizaciones del Magisterio Nacional, deja claro que de ninguna manera permitirá más ataques de cualquier índole, que perjudiquen el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.

Defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestros derechos, nuestro Régimen de Pensiones y nuestro sistema educativo público, basta ya de ataques, basta ya de injurias, basta ya de confusión a la opinión pública.

 Señor Presidente, señoras y señores políticos que persiguen al Magisterio Nacional: están provocando con sus desacertadas decisiones un clima social muy inconveniente para la paz, no destruyan este país; investiguen, infórmense, para que puedan tomar decisiones acertadas. Trabajemos por la paz y edifiquemos un país más justo, sin llegar a una convulsión social.