En estos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó la preocupante situación del empleo que actualmente enfrenta el país: La tasa de desempleo cerró al finalizar el año 2021, en 13,7 %. De acuerdo al INEC, el país tiene a 333 mil personas sin empleo y, por tanto, sin ingreso alguno. Mientras tanto el subempleo alcanza un 13, 1 % y hay casi un millón de personas dentro de la informalidad. Otro dato que también debe generar preocupación es que 217 mil personas tuvieron reducción de su salario o ingresos asociados a suspensión o reducción de jornada, o bien tuvieron que suspender la actividad propia o negocio durante la pandemia. Este sector afectado por esta situación alcanza el 10,3% de la fuerza laboral.
Como se puede apreciar, se trata de datos nada halagüeños en un contexto donde el gobierno hace malabares con las cifras para mostrarnos un crecimiento económico, que tiene como base de referencia la estrepitosa caída de la economía en 4,1 % que se dio en el pandémico 2020. Ese crecimiento económico relativo lo disfrutan, entonces, algunos sectores de la sociedad; no así los miles de personas que están desempleadas, subempleadas, tienen ingresos reducidos o padecen las limitaciones económicas y en derechos propios de la informalidad laboral.
Es muy probable que la cifra de desempleo sea un poco mayor, ya que hay un sector de la población en edad productiva que no está, debidamente, considerada en la investigación estadística, por la particularidad de ser personas con discapacidad. Se trata de un sector invisibilizado en muchos aspectos.
En sentido general, la metodología para determinar la Población Económica Activa (PEA), se hace indagando si la persona está trabajando en alguna actividad remunerada y, en caso que no lo esté, preguntando si ha realizado alguna gestión de empleo en las últimas cinco semanas. Si esa persona responde que afirmativamente, se considera que forma parte de la PEA pero está desempleada.
En caso de responder que no ha realizado gestiones de búsqueda de empleo en el lapso indicado, se coloca dentro de la Población Ecomómicamente Inactiva (PEI). Valga precisar que la PEI es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; es decir, que no realizan ni buscan desarrollar alguna actividad económica.
Aquí habría que considerar a las personas económicamente desalentadas o desanimadas. Y ahí, en primerísimo lugar se deben colocar a las personas con discapacidad en edad productiva, que no han realizado una gestión de empleo en las últimas cinco (o cuatro semanas, como fija el INEC), no porque no aspiren a conseguir un empleo sino porque han realizado múltiples gestiones –o conocen gestiones de otras personas con discapacidad–, con resultados reiteradamente negativos. Obviamente que tal experiencia termina por desanimarlas para seguir realizando gestiones de búsqueda de empleo. El estar chocando contra una pared que les dice que “no”, las persuade a que no realicen más gestiones.
El desempleo asociado a discapacidad tiene varias causas a considerar, siendo la principal la subvaloración y los prejuicios existentes que la mayoría de empleadores asocian con discapacidad. Los modelos prevalecientes en nuestro entorno socio-cultural tienden a subvalorar a las personas con discapacidad, en general y, más aún, cuando se trata de su independencia, su autonomía y su capacidad productiva y laboral. Otro factor que limita o impide la contratación de personas con discapacidad son las múltiples barreras de acceso físico, informativo y comunicacional, que se presentan en la gran mayoría de centros de trabajo. Dentro de esta misma barrera se puede incluir las condiciones ergonómicas inapropiadas que presentan muebles y equipos, que complican su accesibilidad para personas con discapacidad. En la suma de limitaciones se debe incluir asimismo la accesibilidad en el transporte público. En este rubro aunque podemos reconocer algunos avances, es más lo que sigue pendiente.
Hay otro valladar que también complica el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es la calidad de mano de obra que ofrece el sector. El limitado acceso a la educación y a la formación técnica que enfrentan las personas con discapacidad, les impide aprovechar las escasas oportunidades laborales que se han presentado en los últimos tiempos.
Se podría pensar que la otra opción laboral es a través del auto-empleo propio de pequeños emprendimientos productivos. Sin embargo, con tan escaso apoyo del Estado y con tantas obligaciones y requisitos, es una actividad casi vedada para las personas con discapacidad.
De esta manera, de ese 18, 2 % de personas con discapacidad en edad adulta dentro de la población nacional (ENADIS, 2018, INEC-CONAPDIS), un porcentaje reducido es el que tiene acceso al trabajo. Con ello, el desempleo es más la norma que la excepción.
Consecuentemente, el derecho al trabajo contemplado en la Ley 7600 (artículo 23) y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 27), por ahora son más expectativa que realidad concreta, para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del país.
Desafortunadamente, en esta campaña electoral que ya llegó a su fin (por lo menos, en su primera ronda), la situación de discriminación y exclusión social que padecen las personas con discapacidad, no ha estado presente, en la urgencia y profundidad necesaria, ni en el diagnóstico, ni en los programas, ni en las intervenciones de los candidatos presidenciales. Y este debería ser un tema importante, tanto por el peso del sector poblacional como por el agravamiento de su situación general como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
En un deteriorado Estado Social de Derecho como el nuestro, las esperanzas de mejora en inclusión laboral para las personas con discapacidad están marcadas por la incertidumbre. Para revertir tal situación habrá que apostar a la movilización y la lucha de las personas con discapacidad y sus aliados, guiados por la consigna inevitable: ¡Sin acción, no hay derechos!
Carlos Gutiérrez Vargas, profesor sordo, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva.
La evolución de los derechos de las personas con discapacidad
El autor es el primer estudiante sordo usuario de la Lesco en graduarse del Bachillerato en Derecho de la UCR
Dentro del marco jurídico general, la referencia, directa e indirecta, que alude a las personas con discapacidad dentro de la Constitución Política (Asamblea Legislativa, 1948), en el capítulo sobre los derechos y garantías sociales, es el artículo 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”
El significado de la expresión “enfermo desvalido” ha sido señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como referente a las personas con discapacidad en la sentencia 3820/94. Comprendiendo el momento coyuntural de la creación de la Constitución en 1949, se usaba este término que, sin duda se trata de un precepto que está concebido en su redacción con el uso de un lenguaje arcaico, derivado de la visión de los parámetros del modelo médico o rehabilitador de la discapacidad.
De esta visión provienen la utilización de términos para aludir a las personas con discapacidad como: “discapacitado”, “deficiente”, “enfermo”, “inválido”, “impedido”, “sordomudo” y “mudito”, entre otros. El uso del lenguaje correcto es importante, nos indica la manera en que comprendemos la realidad de la sociedad y la construcción de las relaciones sociales, dando un valor significativo a la diversidad humana, por lo tanto, la utilización del lenguaje alusivo a las personas en condición de discapacidad implica la eliminación de términos discriminatorios y debe promover el respeto de la dignidad humana.
Es fundamental abordar la comprensión de los modelos de enfoque de la población en esta condición antes de analizar la relación de las normas referentes con los derechos fundamentales.
Mediante la evolución histórica de los modelos que brindan un enfoque de la discapacidad por la sociedad y el Derecho, se inicia por el primer y más antiguo modelo de prescindencia que se contextualiza en la antigüedad clásica, conceptualizando los orígenes del concepto desde la perspectiva religiosa, de forma que la excluye de la sociedad por políticas marginadoras y segregantes. En ese momento, se partía de la idea de que las personas con discapacidad no tenían nada indispensable que aportar a la sociedad y no merecían vivir, por lo que se prescinde de ellas mediante su eliminación física o la reclusión a un espacio de exclusión1.
Posteriormente, surge el modelo rehabilitador que concibe a la persona con discapacidad como enferma, objeto de asistencia y de esfuerzos públicos destinados a su curación y rehabilitación. La incorporación a la sociedad como un miembro que puede dar aportes útiles se logra previamente que se haya cumplido en ella el propósito rehabilitador. Por lo tanto, al no cumplir esta exigencia, la persona quedaba excluida de la vida social, al no ser “curada”.
Por último, el modelo social de la discapacidad implica un gran cambio de perspectiva, enfoca la dignidad por igual para todos los seres humanos, independientemente de sus capacidades, busca que se dé la inclusión y participación de todas las personas en la sociedad, incluyendo a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. En este sentido, las actuaciones públicas y los poderes del Estado se dirigen a corregir, remover las barreras y obstáculos del entorno social para la promoción de la participación plena dentro de la vida comunitaria.
Bajo este modelo se ha modificado el artículo constitucional número 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” De esta manera, reformado por el artículo único de la ley N° 9697 del 16 de julio de 2019, denominada «Reforma artículo 51 de la Constitución Política para garantizar la protección especial del Estado a las personas con discapacidad»2.
Cabe destacar que, entre otros preceptos tratados de forma indirecta como el artículo 33 de la Constitución Política (Asamblea Legislativa, 1948), referente al tema de la discapacidad, se establece lo siguiente: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. La prohibición de la discriminación por motivo de discapacidad, ya que es opuesta a la dignidad y por el principio de igualdad. Las personas con discapacidad son sujetos que llevan la titularidad de todos los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, además de los Derechos Humanos que están incluidos en instrumentos jurídicos internacionales.
La jurisprudencia amplia y desarrollada por la Sala Constitucional de Costa Rica en el campo de los derechos de las personas con discapacidad, aborda distintos ámbitos como la mediación, el acceso a la información, el espacio físico, el trabajo, la comunicación y otros. La sentencia 1999-02288, interpreta los alcances del artículo 51, refleja la posición de la Sala al enfatizar sobre la protección especial que da el ordenamiento jurídico a las personas con discapacidad para que se desenvuelvan sin barreras dentro de la sociedad. No es un trato especial, como ha enfatizado dicho órgano supremo, que busca atender a las condiciones particulares de la comunidad de personas con discapacidad, sino que son en esencia su derecho y la obligación que tiene el resto de las personas sobre el respeto de estos y cumplir estas obligaciones derivadas. La Sala plantea que sus decisiones y la jurisprudencia tienen efectos erga omnes, siendo parte del bloque de constitucionalidad que el estado costarricense y la sociedad deben acatar en la aplicación de medidas para garantizar dicho fin. Erga Omnes es una expresión latina que significa contra todos o referente a todos. En el ámbito jurídico se refiere a aquellos derechos cuya eficacia y reconocimiento se producen a favor de todas las personas versus a los derechos cuya eficacia solo afecta a una persona o personas determinadas.
En lo que se refiere a la ratificación de instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, Costa Rica ha sido signatario de muchas normas internacionales, especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido aprobada mediante la ley N° 8661, del 29 de setiembre de 2008 (Asamblea Legislativa, 2008).
En este ensayo, para referir a los principios fundadores del concepto de derechos humanos, se sintetiza un panorama general acerca de su evolución y su enlace con los derechos de las personas con discapacidad.
Los hechos históricos de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y la revolución industrial, como la evolución de la propagación de ideas de intelectuales como Locke, Rousseau, Montesquieu, Hobbes y entre otros, han dado construcción a las bases del estado moderno del derecho al caracterizar algunos aspectos como: la división de poderes, la observancia del ordenamiento jurídico reconociendo su legalidad (imperio de ley), derechos y libertades fundamentales , legalidad de actuaciones del estado y el control judicial de las mismas3. Todo viene de un movimiento que critica las monarquías absolutistas que constituían los estados existentes en los siglos XVII y XVIII.
Ciertos documentos han aportado cronológicamente a la evolución filosófica de los derechos humanos: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la cual establece la igualdad para todos los seres humanos que son dotados de los derechos inalienables (vida, libertad y felicidad) por el Creador, dentro de la concepción del estado, con respecto a la garantía de estos derechos que son instruidos por el gobierno cuyo poder legítimo es derivado del consentimiento de los gobernados. No obstante, en esos momentos hubo situaciones en las que se les negaron los derechos ciudadanos por igual a todos los habitantes como el caso de la esclavitud, la discriminación racial, la persecución de los indígenas estadounidenses, la discriminación por género (las mujeres) y el no reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad4. En esta declaración podemos ver cómo se ha reflejado la perspectiva filosófica de la ley natural, además de las ideas de Locke y otros intelectuales.
Posteriormente se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual cita la inherencia de los derechos a la naturaleza del ser humano y que precisamente no son derechos que fueron creados en determinada coyuntura, sino que son derechos constatados. En esta declaración se mencionan los derechos con carácter natural e imprescriptible del ser humano, los cuales han existido con anterioridad al poder establecido, además de ser aplicables en cualquier momento y espacio, estos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La importancia que encierra esta declaración es por la definición de los derechos personales y colectivos visto como universales, al comprender que los derechos son válidos en todo momento, por ser una pieza indispensable en el engranaje de la naturaleza humana. A pesar de eso, aun en esta coyuntura, la universalidad e igualdad tenía un sentido rígido y limitado, debido a que en esta época tampoco se les conceden derechos a las personas con discapacidad.
Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), surgida en el contexto de los conflictos bélicos internacionales, deja una gran huella en el derecho internacional de los derechos humanos, declarando como innatos los derechos por ser pertenecientes a nuestra condición de ser humanos, además los conceptos modernos de derechos humanos son irrevocables, inalienables, inherentes, intransmisibles para todas las personas sin distinción de raza, clase social y condición. Se configura así el concepto de dignidad humana, donde se aborda el valor intrínseco del ser humano al respetar su capacidad racional y en la construcción de su esencia como la base de los demás derechos. Por ser un principio esencial de un ordenamiento social – jurídico el respeto inherente al ser humano que sea independientemente de sus condiciones propias, tiene la obligación de ejercer el respeto y la protección de los bienes que forman parte de la esfera personal del ser humano.
La propuesta más actualizada es el paradigma de derechos humanos en discapacidad, que tiene un nexo con el modelo social de la discapacidad en función de su compatibilidad, por la exigencia de la justicia fundamentada en la dignidad del ser humano y que considera que todos son sujetos de los mismos derechos. Busca, luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, con la existencia de las condiciones materiales para que la población disfrute de una mejor calidad de vida al ejercer sus derechos, mediante la visualización de las diferencias, el cuestionamiento del entorno, por cuanto la sociedad es la que crea obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad. Los derechos humanos, por lo tanto, se basan en la dignidad del ser humano, sin distinción de credo, edad, clase social, género, discapacidad; al gozar de ellos lo que les permite vivir en libertad e igualdad.
La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su protocolo aprobado el 19 de septiembre de 2008 mediante la ley 8661 (Asamblea Legislativa, 2008) constituye un instrumento jurídico cuya dimensión establece un desarrollo social en el que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La paulatina evolución histórica de las normas de derechos humanos de las personas con discapacidad ha formado parte de las maniobras jurídicas que busca involucrar al Estado en el compromiso por el cambio social, al buscar que se cumplan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Federación Iberoamericana de Ombudsman. (2010). VII Informe sobre Derechos Humanos, Personas con Discapacidad. Trama Editorial. 1-712. Recuperado de http://hdl.handle.net/10017/9082
Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
3 Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
4 Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
Carlos Gutiérrez Vargas Profesor sordo, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.
Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.
La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.
Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.
En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.
En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.
En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.
Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.
En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.
En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.
No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.
El día de hoy, 3 de diciembre se conmemora en el mundo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por las Naciones Unidas.
Costa Rica como Estado ha avanzado en los últimos lustros con la promulgación de normativa que reconoce la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Dos normas a destacar son la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada mediante la ley 8661.
Sin embargo el desfase entre lo que establecen esas y otras normas jurídicas y su aplicación efectiva, sigue siendo enorme. Los gobiernos realizan un abordaje epitelial, tangencial y de posturas simbólicas, pero no han traducido a fondo esas normas jurídicas en políticas públicas inclusivas, que permitan avanzar en la lucha contra la discriminación asociada a discapacidad.
Esta caracterización deficitaria incluye a toda la institucionalidad nacional (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) pero también a los gobiernos locales. De las 82 municipalidades menos de 10 cuentan con una política de accesibilidad y discapacidad y en la mayoría de ellas, las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) funcionan en forma limitada, en caso que ya hayan sido conformadas.
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) es una entidad muy débil —política y administrativamente—, cuya gravitación en el impulso de políticas inclusivas, es marginal. Es una entidad pequeña carente de dientes en supervisión e impulso del cumplimiento de la normativa.
Si aplicamos lo que nos indica la Encuesta Nacional sobre Discapacidad del 2018, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 18, 2 % de la población adulta en Costa Rica, tiene algún tipo de discapacidad. Lo que significa que más de 900 mil personas presentan tal condición. Se trata de una población significativa a la que no se le ha dado importancia cuando se diseñan políticas públicas y programas sociales. Y desde la perspectiva presupuestaria lo relacionado con la atención de este sector poblacional, se ve más como un gasto que una inversión en el desarrollo social.
Consecuentemente, este sector se ubica entre los más excluidos entre los excluidos, y todavía prevalecen visiones subestimativas asociadas a discapacidad, que colocan a las personas con este tipo de condición como “pobrecitas” (visión lastimera) o “enfermas” (modelo médico). La falta de campañas educativas y comunicacionales, desde el Estado, hace que se dé una evolución muy lenta en el cambio necesario en el entorno socio-cultural con respecto a la discapacidad.
El acceso a la atención médica y a la rehabilitación, a la educación inclusiva, al empleo y a los emprendimientos productivos, a Internet y a las Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otros rubros, es nulo o limitado para amplios sectores de las personas con discapacidad. Eso es todavía más difícil en las zonas rurales y remotas del país.
La ya difícil situación previa a la pandemia, se ha agravado muy significativamente en todos esos rubros como consecuencia de la irrupción de la covid-19. El cumplimiento de las leyes relacionadas con discapacidad se convertido en una meta de cumplimiento casi nulo, en lo que va de la presente administración del Presidente Carlos Alvarado.
La norma que fija límites mecánicos a los presupuestos de las entidades públicas se ha convertido en una limitadora camisa de fuerza en el necesario desarrollo de políticas públicas que beneficien a las personas con discapacidad. Por ejemplo, es muy importante que el CONAPDIS cuente con recursos para que las personas con discapacidad, se capaciten y formen, con el fin de asegurar una más consciente participación política y social, como lo fija el artículo 29 de la Convención de la ONU. Sin embargo, esta entidad pública, prácticamente, ha dejado de programar este tipo de procesos educativos porque las limitaciones presupuestarias, se lo impiden.
De cara a las elecciones del próximo 6 de febrero, le hemos formulado observaciones al TSE en el sentido de que si bien se reconocen avances en la accesibilidad del sufragio, no se ha dado un proceso equivalente en en el desarrollo de las campañas electorales. En sentido general, los partidos políticos no contemplan los temas relevantes de las personas con discapacidad en sus programas o si incluyen algo, sigue marcado por propuestas asistencialistas, que se incumplen las principales normas vigentes. Tampoco se preocupan porque las campañas sean realmente accesibles.
Se hace necesario entonces que todas las personas con discapacidad que votan (como sus entornos sociales), se fijen el propósito primero de emitir el sufragio para elegir al nuevo gobierno y las y los legisladores. Y segundo se observen que partidos y candidatos están tomando en serio los temas relevantes para las personas con discapacidad expresados en propuestas concretas y viables.
Nos preocupa sobremanera que dentro del contexto general que enfrenta Costa Rica con un debilitamiento de los temas de derechos humanos y el progresivo deterioro del Estado Social de Derecho, que se ha experimentado en los años recientes, el retroceso en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad, se ahonde y, con ello, se amplíe la deuda social que se ha acumulado.
Es nuestro deseo y aspiración que el 3 de diciembre del 2022, sea mejor que el del presente 2021 y haya algo que celebrar en avances en políticas públicas inclusivas, efectivas y solidarias.
(Por Memo Acuña, Sociólogo y escritor costarricense)
Recientemente se desarrollaron en Tokio, Japón, las justas paralímpicas, competencias destinadas a posibilitar la participación de miles de atletas con capacidades diferenciadas en varias disciplinas.
Para muchas personas, la gran mayoría, lanovedad consistió en que ahí mismo en Tokyo, se llevarán a cabo unas competencias bajo ese prisma integrador, donde semanas antes se cumplieron los primeros Juegos Olímpicos de la era pandémica, los disruptivos juegos de Biles, Osaka, y tantos otros deportistas que se esforzaron no solo para ganar medallas, sino para mostrar simplemente humanidad.
No es de extrañar la sorpresa producida sobre la realización de los juegos paralímpicossi la cobertura mediática local se limitó a presentarlos en cápsulas de corta duración durante los espacios de las noticias dedicados a los deportes.
La reducción de los espacios noticiosos o de cobertura para estas competencias tiene su explicación en la conducta de desatención que históricamente se ha tenido con estas poblaciones, que según estimaciones globales representa el 10% de la población total.
Quizá resulten glamorosas las imágenes de cuerpos incompletos bregando en una piscina o en una pista de atletismo. No siguen la estética del mercado y sus signos totalizantes y homogenizantes.
Sirva esta ocasión para recordar los desafíos que todavía como sociedad nos asisten en la inclusión de estas poblaciones.Conviene repasar los desafíos para esa población“otra”.
En primer lugar, una dimensión política que cruza transversalmente los discursos sociales relacionados con las personas con discapacidad: la agencia y la autonomía que les asiste.Esto pasa, entre otras cosas, por borrar del vocabulario palabras limitantes, castrantes que les asignan roles pasivos como personas con derechos.
En segundo término, considerar y hacer consciente que, pese a los esfuerzos institucionales, las barreras de acceso en espacios públicos y también privados siguen siendo un pesado obstáculo cotidiano que deben sortear.
La ley 7600 debe revisarse con urgencia pues surgió en un contexto infraestructural y social distinto al que tenemos hoy en día en el país.
Finalmente, en el marco de la tan promocionada democracia Bicentenaria costarricensees importante reflexionar sobre esas tantas costaricas que somos y que traspasan los conceptos totalizantes bajo una supuesta comunidad de iguales.
Igualiticos nunca hemos sido, decía el querido Carlos Sojo.Actuemos en consecuencia, para incluirnos todos en nuestras diferencias, sin excepciones.
SURCOS comparte la siguiente carta que el doctor Juan Jaramillo Antillón, exministro de Salud envió a la Academia Nacional de Medicina y Cirugía:
Sobre los increíbles problemas de los enfermos discapacitados del país – la desaparición del CENARE
Señores miembros de la Academia Nacional de Medicina y Cirugía
Considero necesario hacer las siguientes anotaciones en relación al grave problema que los jefes de servicio del CENARE, nos presentan a través del Dr. Federico Montero. Tal vez ustedes con mayor conocimiento del problema se pronuncian. Se muy bien que muchos distinguidos miembros de la Academia trabajan en la CCSS, sería interesante escuchar su opinión.
LA CCSS, NO ES, SOLO LA PRESIDENCIA EJECUTIVA O LAS GERENCIAS O A LA ADMINISTRACIÓN, O INCLUSO LOS JEFES, O SUS MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, O SUS PLANTAS FÍSICAS. LA CAJA SOMOS TODOS, EN ESPECIAL, LOS QUE DE ALGUNA MANERA CONTRIBUYEN A SOSTENERLA COMO SON LOS TRABAJADORES Y SUS PATRONOS, Y LOS PACIENTES A LOS QUE SE LES BRINDAN SERVICIOS. Por esa razón debemos opinar sobre los problemas de la institución buscando mejorarla si tenemos la razón. Por ello las autoridades de la Caja deben escuchar a quienes presentan objeciones por sus servicios.
1-Como señalaron, el CENARE fue convertido en un hospital para atender enfermos de la pandemia viral. Se canceló toda actividad de su área, incluyendo no solo a los discapacitados que requerían consulta o rehabilitación, sino algo más grave e injusto, la atención muy especializada de cientos de enfermos con patologías neuro-musculo-esquelético, que urgían ser internados y operados. O sea, la Institución prefirió atender a unos pacientes con una enfermedad, pero a otros no. el CENARE prácticamente desapareció.
2-Se muy bien que esto fue al principio un problema hospitalario no solo para Costa Rica, sino mundial. Pero, después, se debió realizar una buena organización con división de áreas, en todos los hospitales del país para atender, por un lado, a los enfermos contagiados por este virus y por otro lado continuar atendiendo a los enfermos usuales. Pero esto no parece haber sucedido “rápida y adecuadamente” en la CCSS.
3-El mejor ejemplo de este problema nos lo reportan los jefes del CENARE. El país tiene en el año 2021 (INEC) 5,183.038 habitantes y el sistema hospitalario de la CCSS posee únicamente 5.446 camas, cifra parecida a la que tenía cuando el país solamente tenía 3 millones de habitante. El número de camas hospitalarias de Costa Rica 1.2 camas/1000/h es apenas ligeramente superior a la que tiene Bolivia y Nicaragua y estamos por debajo de México, Colombia y Chile, y ni que decir de Canadá, Uruguay, Argentina, Estados Unidos o Cuba. Lo anterior deja ver que arrastramos un tremendo déficit de camas.
4-De todos es conocido el grave problema que tiene la Institución desde hace muchos años en relación, a la tardanza de meses o años para ser visto por diferentes especialistas, o para un estudio radiológico, endoscópico, biopsia, etc., y lo más grave, para ser internado y operado de diversos padecimientos, que le provocan a los asegurados sufrimientos o incluso la agravación de sus patologías por la tardanza. Hecho que la propia Institución incluso públicamente ha reconocido. Problema que se ha agravado con la aparición de la pandemia viral de la Covid-19, a la que por necesidad se le ha dado prioridad. Esto coloca en muchos aspectos a nuestro Sistema de Salud como los que tienen países del tercer mundo, al contrario de lo que nos jactábamos antes del año 1990., de poseer un país en vías de desarrollo y sin embargo un sistema de salud de país desarrollado.
5-Por la información que tengo muchos servicios están trabajando a media capacidad. Y los retrasos de cientos de miles de enfermos con problemas en diferentes especialidades continúan agravándose. La fuente de esto es la propia Caja.
6-No entiendo cómo, teniendo el sistema hospitalario del Seguro Social 5.446 camas y estando utilizando únicamente un promedio diario de 1300 camas para enfermos de la Covid-19, se le quitan ya no inicialmente sino por espacio de muchos meses las 88 camas que posee al CENARE, 68 para internamientos, lo que, solamente representa el 1.25% de las camas de la CCSS, y lo más graves, estas no le han sido devueltas al único hospital de rehabilitación que la CCSS posee, a sabiendas que en el país hay 670 mil personas mayores de 18 años con algún grado de discapacidad (INEC 2019) y que, solamente, tienen al CENARE como hospital de apoyo y sin siquiera una consulta externa a donde acudir, dejando así por meses de meses, a una grupo de enfermos abandonados a su suerte, ya que solo en el año 2021 han recibido 488 referencias de enfermos para ser hospitalizadas y operados, sin que eso sucediera y sin saber que le pasó a dichos enfermos. Y lo mismo sucede con los pacientes discapacitados con problemas odontológicos, muchos de ellos con dolores, que tienen 70 semanas sin que se les pueda dar atención.
Siendo yo un discapacitado que por varios años recibí una maravillosa atención en el CENARE (después de tener que dejar de recibir la misma por su elevado costo, en uno de los mejores hospitales de rehabilitación de USA), esa es una de las razones por lo que lo defiendo, aparte de ponerme en el lugar de los enfermos que requieren tratamiento ahí.
El próximo sábado 18 de septiembre de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. el CEDI (Centro Dominico de Investigación) realizará el primer conversatorio: “Personas en situación de discapacidad (PSD): Con los mismos derechos humanos”.
Éste pretende generar un espacio para diseñar una estrategia de incidencia ética espiritual sobre la economía de la sociedad. Se contará con la participación de:
María José Gallardo Médico Profesora y Especialista en Medicina Física y Rehabilitación Con Maestría Académica en Bioética
Como también ocurre en otros campos de nuestra vida en sociedad, los asuntos relacionados con las personas con discapacidad no son prioritarios y ni siquiera considerados dentro del marco de los derechos fundamentales. Pasan Presidentes, pasan Diputados, pasan Magistrados, persisten medios de comunicación y hasta Alcaldes; y las leyes y los acuerdos internacionales que todos conocen, se mantienen solo como letras que esperan ejecución.
La mirada sobre la discapacidad sigue siendo en gran medida aquella del menosprecio, de la lástima o de la sobre-valoración, aunque con excepción de algunos ocasionales destellos de reconocimiento positivo. Un ejemplo viviente es el espacio dedicado a informar sobre los Juegos Paralímpicos, que han sido considerados solo de manera ocasional en pocos medios de comunicación. Vale mencionar que dichos Juegos no son un espacio que se abrió fácilmente como un derecho para la participación de atletas con discapacidad. El camino para llegar a ello ha sido largo y marcado por grandes esfuerzos y el compromiso de seres humanos ejemplares. Sus inicios lo marcaron los primeros juegos que en 1948 se llevaron a cabo en el primer centro de atención para personas con lesión de la médula espinal en el mundo, el Hospital Stoke Mandeville en Inglaterra. Allí el pionero en la atención de personas con este tipo de lesión, al neurocirujano Ludwig Guttmann, quien por su condición de judío tuvo que emigrar a Inglaterra, organizó y desarrolló la atención de personas con secuelas de lesión de la médula espinal e incluyó el deporte como elemento esencial de la atención médica integral de sus pacientes, que eran en su gran mayoría lesionados como consecuencia de la guerra. Hasta ese entonces la mortalidad de las personas con esas lesiones era prácticamente del 100% pero él, gracias a su férrea disciplina, sólidos conocimientos y gran calidad humana, cambió ese desolador panorama iniciando y desarrollando con un paciente y una enfermera lo que en pocos años llegaría a ser el Centro Nacional de Lesiones Medulares. El deporte jugó un papel esencial en Stoke Mandevile, y este fue sin lugar a dudas un factor determinante para los excelentes resultados clínicos y sociales alcanzados por Guttmann y su equipo de trabajo. “La parálisis de la Medula Espinal no es el fin de la vida, es el inicio de una nueva vida”, expresó.
En nuestro país, quienes laboramos desde los inicios en ese maravilloso hospital fundado por un pionero nacional, el Doctor Humberto Araya Rojas: el Centro Nacional de Rehabilitación, y heredamos las enseñanzas de Guttmann, tuvimos la oportunidad de iniciar allí la atención integral de personas con secuelas de lesión medular. En el CENARE ahora en pausa por razones conocidas, existe una exitosa unidad especializada cuyo equipo de trabajo espera con ansias el momento de retomar su eficiente labor. Como bien sabemos, en el CENARE se ha ofrecido siempre una atención de gran calidad y calidez basada en el modelo bio-sico-social, a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con secuelas de condiciones que ocasionan discapacidad temporal o permanente. Porque ha sido destinado para otros fines desde el inicio de la pandemia, en estos momentos el CENARE no es lo que siempre fue y muchas personas han perdido la oportunidad de recibir la atención de altísima calidad que en sus seno se proporcionaba. Algunos de los atletas que hoy nos representan en los Juegos Paralímpicos en Tokio pueden dar testimonio de esa atención.
Otro elemento primordial, porque es determinante para la dignidad y la calidad de vida de muchas personas con discapacidad, es el relacionado con los productos de asistencia (Muletas, andaderas, sillas de rueda, equipos de comunicación, etc.). El poquísimo acceso que a estos tienen las personas que en el mundo los requieren es alarmante. Según el programa “Cooperación Global en Tecnología de Asistencia (GATE, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de un billón de personas en el mundo necesitan productos de asistencia; número que se proyecta a más del doble para el 2050 debido a los cambios demográficos y tendencias de salud, incluyendo el rápido envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades no transmisibles en el mundo. Pero solo UNA de cada DIEZ personas en el mundo tienen acceso a productos de asistencia apropiados. Resulta doloroso confirmar que muchos de los atletas provenientes de países de bajos ingresos que participan en los Juegos Paralímpicos y que dicho sea de paso son muy pocos, aprovechan dicha gesta para reparar sus deterioradas sillas de ruedas y otros productos de asistencia indispensables para su movilidad y subsistencia.
Y la deuda con las personas con discapacidad va en vertiginoso aumento, porque además de que la pobreza es la principal causa de discapacidad y más del 80% de las personas con discapacidad son pobres, la CEPAL nos indica que como consecuencia de la pandemia la pobreza en América Latina ascendió a 209 millones a finales del 2020, 22 millones más que el año anterior, y esto es apenas el inicio de índices que si tienen un fin, serán catastróficos para muchos al finalizar el 2021.
Con los recursos necesarios y oportunidades disponibles, las personas con discapacidad podrán no sólo subsistir, sino también contribuir a hacer menos pesado ese difícil panorama post-pandémico que ya es inevitable.
El pasado viernes 09 de julio en el programa radial Alternativas se discutió acerca del tema ¿Discapacidad, dónde está? En el programa se contó con las siguientes participaciones:
Ericka Álvarez, abogada y activista defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Damaris Solano, presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD).
José Daniel Castro, estudiante y activista.
Esteban Chaverri, sociólogo, funcionario de la Unidad de Discapacidad de la Asamblea Legislativa.
Se invita a ver el vídeo completo de la charla para analizar todos los puntos que se debatieron, el vídeo se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/v/1dkfC_pW7/
Hoy viernes 09 de julio a las 6:00 pm el programa radial Alternativas discutirá acerca del tema Discapacidad, ¿dónde está? Se contará con las siguientes personas invitadas:
– Ericka Álvarez, abogada y activista defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
– Damaris Solano, presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD).
– José Daniel Castro, estudiante y activista.
– Esteban Chaverri, sociólogo, funcionario de la Unidad de Discapacidad de la Asamblea Legislativa.
