La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le invita este miércoles 02 de diciembre a las 6 p.m. (Centroamérica) 7 p.m. (Panamá) al Webinar “Las Múltiples Expresiones Discriminación que Viven las Personas con Discapacidad”. Con la participación de: Omer Morales Ramón y Olga Navarro Soto.
Para más información ver la siguiente imagen.
Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.
Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.
Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.
Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.
Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.
Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.
El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.
Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.
Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.
Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.
Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.
Enviado por el autor.
La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.
En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.
Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:
1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.
2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.
3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.
4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.
5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.
Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.
De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.
(27 de febrero, 2020)
Enviado por el autor.
Comunicado.
1. Un Grupo muy importante de Personas con discapacidad de la sociedad civil costarricense, estamos solicitando de manera inmediata a las Señoras y Señores Diputados que respeten nuestra decisión de SACAR DE CORRIENTE LEGISLATIVA EL EXPEDIENTE NÚMERO 21443, hasta que mejore la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19 y la crisis fiscal. Y que podamos contar con los recursos y herramientas indispensables para que las personas con discapacidad, podamos participar en una debida consulta la misma consagrada como OBLIGACION DEL ESTADO, artículo 4.3 de la Ley 8661 y artículo 13 de la Ley 7600.
LA CONSULTA PREVIA ES REQUISITO ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DE TODA LEY.
2.La Ley 7600 vigente es emblemática, ha sido el marco para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica. Por su importancia no es posible reformar de manera antojadiza, sin ser escuchada la voz de las personas con discapacidad.
NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS
Atentamente,
MIEMBROS COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA REFORMA DE LA LEY 7600 PROYECTO 21443
Correo electrónico: reforma7600@gmail.com
Contactos:
Ileana Chacón Chacón 8310-0114
Michelle Ruiz Lacayo 8339-6754
Zaida Castro Jiménez 8644-1380
Compartimos los siguientes documentos enviados a las y los diputados y al presidente de la República por parte de un grupo de representantes de personas con discapacidad, para solicitar la desconvocatoria del actual periodo de secciones extraordinarias de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley Reforma Integral a la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Ley N°7600, expediente N°21.443. Esto con el objetivo de crear un espacio prudente que les permita a estas personas incorporar sugerencias y observaciones al texto sustitutivo ya dictaminado que recojan las aspiraciones y necesidades reales de las personas con discapacidad en nuestro país.
Imagen: https://mas-magazine.com
Producciones socioculturales Mundosano le invita este sábado 10 de noviembre a las 7 p.m. a la obra de Teatro Inclusivo Antoño, con la actuación de Marko Kiko Palma, en el Auditorio CENAREC, contiguo a la Escuela Centeno Güell.
Para reservaciones comuníquese al teléfono 8758 3000.
Enviado por Marco Palma Leiva.
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De cara al nuevo Gobierno 2018-2022
Occidente, 7 de abril de 2018
La Comisión organizadora del Segundo Reencuentro (2018) por la Salud Comunitaria de Occidente, convocado por el Movimiento Salud Sin Paredes (MSSP-Región Occidente), la Comisión por la Defensa del Agua en la Zona Protectora El Chayote (CDA_ZPCh), Naranjo, el Comité por la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís (CDF_HSFA) en Grecia, todos ellos en coordinación con el Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social (FRENASS), comunica los resultados del trabajo realizado en el Día Mundial de la Salud.
Desde enero de este año, aún en medio de dos rondas electorales y la celebración de la Semana Santa, se trabajó mucho en la organización previa y así se logró un evento ampliamente participativo, en la Casa de la Cultura de Naranjo, con 30 personas representantes de organizaciones de base popular comunitaria: Asadas, Juntas de Salud, Asociaciones de Desarrollo y Fuerzas Vivas, Organizaciones por los Derechos de Personas con Discapacidad, Estudiantes de Psicología Comunitaria-UCR y Educadores, Luchadores del 8N-APSE/UNDECA (8 Nov.2012 por la CCSS), procedentes de San Ramón, Naranjo, Grecia y San José, quienes, durante cinco horas de trabajo tipo taller, formularon nuevos ejes para orientar acciones e incidir en nuestras Comunidades y en el nuevo Gobierno a partir de 2018:
Avanzamos en la elaboración de líneas de acción para la articulación, la formación y la incidencia en esos tres grandes ejes.
Para el afinamiento de lo que será la Carta al nuevo Gobierno y su Ministro/a de Salud, quedamos de reencontrarnos nuevamente el sábado 7 de julio, en horas de la tarde, para aprobar el planteamiento que se impulsará.
RE_ENCUENTRO POPULAR POR LA SALUD COMUNITARIA DE OCCIDENTE
MSSP-San Ramón CDA_ZPCh-Naranjo CDF_HSFA- Grecia FRENASS
Enviado por Mario Cabrera.
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El pasado miércoles 15 de noviembre en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, se llevó a cabo la entrega de certificados de elegibilidad en función de promover la accesibilidad en la comunidad laboral de la institución.
Este proceso estuvo a cargo del Área de Recursos Humanos de la UNA, cuyo objetivo es promover la inclusión de personas en el ámbito laboral independientemente de su condición física o cognitiva. Previo a la actividad, debió realizarse un proceso de formación y de modificación del reglamento de contrataciones en la universidad; además, talleres con los funcionarios de la institución, denominado “Diferentes pero iguales”, para promover un contexto laboral inclusivo. Posteriormente, se seleccionó a personas con esta condición en una feria de empleo llevada a cabo en el 2016 y con ello la realización de diversas pruebas para escoger a las personas que fueron certificadas como elegibles en esta actividad.
La Directora de Orientación Master Idalí Cascante Herrera; en representación de la Dra. Ana María Hernández, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Coordinadora de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, mencionó que según la Organización Internacional del Trabajo, el 15% de la población mundial son personas con capacidades diferentes y que alrededor del 80% de estas personas están en condición de trabajar; sin embargo, por diversas barreras se les impide el disfrute en la igualdad de oportunidades en este ámbito, lo que genera un mayor estándar de inactividad económica y de protección social.
Por ello, la UNA se ha comprometido a convertirse en un espacio libre de discriminación y ser un generador de oportunidades reales de empleo para personas con capacidades diferentes, mencionó Cascante. Estas acciones responden al espíritu y alma de la institución, el humanismo, según comentó el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, quien entregó junto con otros funcionarios universitarios un certificado a las primeras 12 personas con discapacidad en conformar un registro de elegibles para puestos en el sector administrativo de la UNA, según las necesidades de la UNA.
Para el Master Roy Campos del Área de Recursos Humanos, quien ha venido trabajando en este proyecto junto con el Master Ignacio Calderón de la misma área, mencionó que dicho proyecto busca atender, en forma gradual, lo establecido en la legislación nacional y normativa interna como: la política institucional para el empleo y la inclusión de personas con discapacidad, Art.37, inciso 23, de la IV Convención Colectiva de los Trabajadores de la UNA; la ley 8862 –inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público, referida a la reserva del 5% de las vacantes para las personas con discapacidad.
Varios de los homenajeados como Yanini Pérez Brenes y Daniel Monge Morales, mencionaron que el proceso fue sumamente riguroso, no hubo diferenciación en nada ni favoritismo en comparación con otras empresas que se niegan a contratarlos de una forma “amable” por su condición.
La actividad finalizó con una presentación artística a cargo de un egresado de la universidad que presenta capacidades diferentes; él estudió Enseñanza de la Música y actualmente labora en el Ministerio de Educación Pública.
Efrain Cavallini Acuña-Rectoría, UNA
Diana Arias-Estudiante Enseñanza de las Ciencias UNA
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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La obra de teatro “Los Frutos de la Vida” como una iniciativa compartida entre las asociaciones estudiantiles de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica y la coordinación de Vida Estudiantil de la misma universidad, se presentará en la Sede de El Cocal de la Sede del Pacífico, este jueves 10 de agosto a las 11 a.m. y en el espacio académico de Esparza de la misma Sede la presentación será a las 2 de la tarde.
Esta es una propuesta temática sobre los Derechos de las personas con Discapacidad con lo cual se busca hacer conciencia social para el cumplimiento de la ley 7.600.
Se realiza en la Técnica de teatro unipersonal por el actor y productor socio-cultural Marco Kiko Palma Leiva.
La obra presenta un trazo de la vida de un joven con discapacidad física (hemiplejía derecha y “disartria” de expresión) que trabaja como mesero en una soda de la capital.
Súbitamente su vida hace un giro inesperado cuando el propietario decide prescindir de sus servicios en un claro acto de discriminación.
A partir de este suceso, empieza para Antonio la dura batalla contra los prejuicios hacia las personas “diferentes”.
La dificultad para encontrar nuevo trabajo es una de ellas, pero también los obstáculos de la infraestructura, la pobreza y hasta la burla, son muchos de los matices de la discriminación.
El joven asesorado por un abogado con discapacidad visual, decide interponer una demanda legal contra su ex patrono.
Se llega a un Juicio, donde se logra poner en el tapete las Leyes 7.600 y 8.6 61 o Convención de Derechos de las Personas con discapacidad.
Esta obra, muestra que los mayores obstáculos hacia las personas con discapacidad, los impone la misma sociedad con su entorno, con su esquema ideológico-económico, con sus barreras arquitectónicas, con la falta de igualdad de oportunidades e incumplimiento de las leyes.
Antonio al final descubre su nuevo camino y nos dice que: “los mejores frutos no son fáciles de alcanzar”.
“Los frutos de la vida”, es un Monólogo estilo unipersonal, es decir un solo actor realiza la interpretación de 14 personajes, con conflictos y diálogos que entremezclan movimientos corporales, sentimientos e interpretaciones distintas, entre humor y drama, para dejar un mensaje educativo donde el público también es protagonista.
Su duración es de una hora y veinte minutos.
Para mayor información:
Marco Antonio Kiko Palma Leiva:
Teléfonos: 8758 3000 /// 2280 4852
mundosanokp@hotmail.com — marcokikopalma@gmail.com
Fan Page: “LA CAMPAÑA DE ANTONIO.
Si lo desea puede ver escenas y entrevistas de la obra en YOUTUBE:
Solamente ingresa a youtube y escribe: “obra de teatro los frutos de la vida”.
*Imagen tomada de Youtube.
Enviado por Marco Palma.
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