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Etiqueta: plaguicidas

Reforma permitiría plaguicidas en el agua para consumo humano

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

El gobierno impulsa una reforma para permitir la contaminación con plaguicidas en el agua para consumo humano

  • Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.

  • La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

  • Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia

(07/01/2026) El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.

El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.

La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.

Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.

Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.

Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.

La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).

En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.

La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.

Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional. Además los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.

En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen, la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.

Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.

Firman:

Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Paren de Fumigar: un canto que recorre de la India a Costa Rica a 40 años del desastre de Bhopal

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Ecologistas estrenan video musical contra los plaguicidas con imágenes de fotógrafo premiado por National Geografic

El 2 y 3 de diciembre de 1984, en la planta Unión Carbide de Bhopal, India, se produjo un accidente que liberó más de 40 toneladas de isocianato de metilo, un gas tóxico utilizado en la producción de plaguicidas. Este suceso dejó unas 20 mil personas fallecidas y 500.000 con graves problemas de salud. En el año 2001 la empresa transnacional Dow compró la empresa Unión Carbide, sin asumir la responsabilidad de los hechos.

Todos los 3 de diciembre en todo el mundo, miles de organizaciones conmemoran el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas en la salud y el ambiente que generan los agrotóxicos.

A cuatro décadas del derrame de Bhopal, no se ha hecho justicia. Las personas que sobrevivieron y sus descendientes siguen esperando una compensación justa, una limpieza exhaustiva de su entorno, atención y tratamiento médicos adecuados, el castigo de todos los responsables, y una rehabilitación económica y social integral.

“Paren de Fumigar” ha sido una campaña que alerta sobre el uso y abuso de agrotóxicos en Costa Rica. Mediante acciones legales, incidencia política y pasacalles en ferias del agricultor, dicha campaña alertó, desde el año 2011, que Costa Rica es uno de los países más voraces en el mundo en el consumo de plaguicidas.

Esta pieza musical fue compuesta por Fabián Pacheco y la rapera costarricense Nativa para denunciar la grave situación que enfrenta el país en materia de plaguicidas. Año con año vemos nuevos casos de intoxicación en escuelas rurales, contaminación de fuente de agua para consumo humano, afectaciones a la salud, intoxicaciones masivas de peces, entre muchos otros impactos.

Todos los años ingresan a Costa Rica entre 15 y 20 millones de kilogramos de ingrediente activo de plaguicidas. La industria de los agrotóxicos sigue desregulada, sin controles y con grandes privilegios fiscales que los hace un sector muy poderoso. Esta industria tiene poderosos tentáculos dentro de la institucionalidad tica y hasta financian ONGs para impulsar su agenda contaminadora usando técnicas de greenwashing (o lavado verde).

¨Paren de fumigar” es una campaña y ahora un himno de las cientos de comunidades afectadas por las empresas biocidas que no les basta con envenenar la comida, sino además no paran de fumigar escolares, clínicas médicas y nacientes de agua.

El video clip fue producido por el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad, y la Revista Biodiversidad sustento y culturas. El clip contiene imágenes del fotógrafo Pablo Pivano, documentalista argentino reconocido a nivel global, premiado en 2023 por Natinal Geografic por su trabajo con el pueblo indígena mapuche. Disponible a partir del 3 de diciembre de 2024 en la plataforma de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HhAOcjwD704

Créditos:

Fabián Pacheco Rodríguez: composición, voz, ocarinas y djembé
Nativa: composición de rap y coros
Javier Alvarado Vargas: dirección musical, bajo eléctrico y coros
Anyul Arévalo Acosta: tambor surdo, pandeiro, triángulo, shaker, guasá y pito de samba
Oscar Jiménez Fernández: guitarra eléctrica
Luz María Romero Miño y Fernando Calvo Flores: coros
Heriberto Román Chaves: grabación, mezcla y masterización (Calle Uno Recording Studios)
Producción y arreglos: Fabián Pacheco Rodríguez, Javier Alvarado Vargas, Oscar Jiménez Fernández, Fernando Calvo Flores y Anyul Arévalo Acosta

Nueva matanza de peces en Batán de Limón

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Comunicado de Bloque Verde

Ayer se registró un nuevo incidente de envenenamiento en la Laguna Santa Marta y la Laguna Madre de Dios, en el río Pacuare, en Batán, Limón. Este suceso ocurre apenas quince días después de la anterior muerte masiva de peces (Bloqueverde, 17-10-24).

Vecinos reportaron la muerte de cientos de peces y otras especies. Según los testimonios, las plantaciones bananeras aplicaron nematicidas durante las lluvias, ignorando el impacto que esto tiene en el ecosistema, ya que es más fácil que el veneno llegue al río cercano.

Autoridades del OIJ y del Guardacostas se presentaron para recoger la denuncia y tomar muestras de los peces muertos.

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha estado monitoreando estas contaminaciones a través desde 2003 en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en los cuerpos de agua que alimentan estas lagunas, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas son arrastrados por escorrentía hasta los afluentes y, eventualmente, llegan a la laguna.

Por ejemplo, en enero de 2003, murieron miles de organismos acuáticos, incluidos peces juveniles y adultos de hasta un metro de largo, como anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También fallecieron crustáceos, entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue probablemente el derrame de un plaguicida de un tanque en el aeropuerto de Batán (IRET, 2004).

En ese histórico evento, se encontraron peces muertos a lo largo de 15 kilómetros. A raíz de este caso, la multinacional bananera Standard Fruit Co. llegó a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo, donde fue «absuelta» de responsabilidad a cambio de comprometerse a pagar ocho mil dólares anuales durante cinco años. Este dinero, en teoría, se destinaría a repoblar el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una evaluación económica del daño ambiental, preparada para el tribunal, estimó que el tiempo para recuperar el estado de conservación inicial sería de cinco años para la actividad pesquera y de cuatro años para la actividad turística. ( ver estudio).

Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” del IRET UNA identificó una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas se encuentran epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diurón, diazinón y difeconazol.

Tras un monitoreo realizado entre 2016 y 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas en las aguas de la laguna, que recibe afluentes de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Batán. La contaminación de estas aguas provoca efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios albergan alrededor de 100 familias dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

Fotos y videos de Julio Knight y Evelyn Casasola (Pacuare): https://drive.google.com/drive/folders/1BbSHQg0QN10NVRDfWpHsEK5qE2-H87e4?usp=sharing

UNA presente en la COP16

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Del 21 de octubre al 1 de noviembre se realiza la Convención de las partes (COP16) del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en Cali, Colombia. Fernando Ramírez, participa como investigador en representación del Instituto Regional en Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), por medio de la coordinación de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAPAL o PAN International).

La participación en esta actividad se da como “ONG Observadora”, ya que las decisiones políticas las toman los representantes gubernamentales que tienen derecho a voz y voto.

Cerca de 15 mil personas, con delegados de 196 países parte, participan de este encuentro, en donde se discuten los documentos para adoptar decisiones consensuadas con el objetivo de proteger la diversidad biológica de nuestro planeta.

Estas discusiones se dan en la “Zona Azul”; pero además, en la ciudad de Cali, está la “Zona Verde” o la COP de la gente como se le ha llamado, donde la ciudadanía es invitada a participar de actividades culturales, de emprendedurismo, educativas, artísticas y ambientales, entre otras, siempre dentro de un marco de conocer la biodiversidad para poder protegerla.

Dado su nicho de investigación, el Iret-UNA, se centra en buscar que se cumpla la meta 7 del Convenio de Diversidad Biológica: reducir para 2030 los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas, considerando los efectos acumulativos, entre otras cosas: a) reduciendo al menos a la mitad el exceso de nutrientes que se liberan al medio ambiente, como por ejemplo mediante un ciclo y un uso más eficientes de los nutrientes; b) reduciendo el riesgo general de los plaguicidas y las sustancias químicas altamente peligrosas al menos a la mitad, incluido mediante la gestión integrada de plagas, basándose en la ciencia, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y los medios de vida; c) previniendo, reduciendo y procurando eliminar la contaminación por plástico.

“En este sentido conversamos con diferentes delegados y partes, para que apoyen acciones específicas relacionadas con el uso de plaguicidas, como, por ejemplo, la adopción del indicador “Toxicidad Total Aplicada Agregada” (ATAT, por sus siglas en inglés) recomendado por el Grupo Técnico de Expertos en Indicadores (AHTEG) para el riesgo de plaguicidas, en lugar del indicador de “Concentración Ambiental de Plaguicidas” (PEC, por sus siglas en inglés) propuesto en la pasada COP15. El indicador ATAT toma en cuenta no solamente la cantidad de plaguicidas usados, sino además, calcula la “toxicidad total aplicada” multiplicando el volumen de cada ingrediente activo utilizado a nivel nacional, por su ecotoxicidad”, explica Ramírez.

La adopción del indicador ATAT, es una acción relacionada con la eliminación del uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), los cuales presentan toxicidades agudas y crónicas que disminuyen drásticamente la biodiversidad. De acuerdo con el investigador, “hay un gran lobby de la industria de agroquímicos para que no se adopte; la ha estado describiendo incorrectamente, a pesar de que fue propuesta por el grupo de expertos globales y Partes del Convenio de Diversidad Biológica, convocados por éste y la FAO a principios de 2024”.

El IRET, consciente de esta problemática, realiza investigaciones y publicaciones sobre el estado de Costa Rica referente a la importación, uso y efectos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos; incluso propuso un Plan Nacional que prioriza los plaguicidas a eliminar de los campos y por ende de los platos de los costarricenses.

Para Ramírez, otro tema importante es la adopción de la Agroecología como una técnica científica para producir alimentos más sanos que respeten la biodiversidad presente, y no comprometan los recursos para las futuras generaciones. “La agroecología se ve como una ciencia práctica, una visión de los Sistemas Agroalimentarios que incluye la protección de la biodiversidad total, y especialmente del suelo, lugar donde se debe de iniciar este proceso de cambio agroecológico, incorporando la mayor diversidad de microorganismos, así como de plantas y animales en un contexto comunitario”.

El lema de la COP16 es “Paz con la naturaleza”, reducir el uso de plaguicidas, especialmente los de mayor problemática en salud y ambiente, es una forma de decirle a la naturaleza: paz. “Es hora de que se empiece a trabajar con la naturaleza, y no contra la naturaleza. En este sentido, el IRET también ha propuesto a la agroecología, como la alternativa deseable para hacer un cambio en los paradigmas productivos actuales, que nos hacen dependientes de los plaguicidas” concluyó Ramírez.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Agroecología gana terreno en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Derechos.

De acuerdo con investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), Costa Rica enfrenta una crisis por el alto uso de plaguicidas en el país y sus impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas.

Los expertos han hecho reiterados llamados al uso de prácticas agrícolas más sostenibles, como es el caso de la agroecología. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos sistemas buscan optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, las personas y el ambiente, y considera las interacciones sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible.

Desde el año pasado, la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA-UNA) realiza desde Centro para la valorización de productos agroalimentarios y artesanales diferenciados por sus cualidades bioculturales y de origen geográfico, un mapeo exploratorio de iniciativas de producción, comercialización y educación agroecológica en Costa Rica.

Por medio de encuestas, entrevistas y visitas de campo, el académico Gerardo Cerdas Vega, con el apoyo de la estudiante Adriana Salazar Mora, se dio a la tarea de recolectar información de 189 experiencias: 137 fincas, 17 iniciativas de comercialización y 35 educativas o de organizaciones.

Se determinó que la provincia con mayores prácticas agroecológicas es Alajuela con un 27,61 %, seguida de San José (17,16 %) y Puntarenas (15,67 %). La principal actividad que se desarrolla es la producción agropecuaria, con cerca del 70 % y la comercialización de productos agroecológicos u orgánicos (50,4 %).

El 50 % de las fincas tiene de 0 a 3 hectáreas, y el 25 % supera las 10 hectáreas. Los productos que más se comercializan son las hortalizas (59,1 %), frutas (56,2 %) y bioinsumos (51,1 %). Cabe destacar que el 74,5 % de las personas entrevistadas afirmó que su método de comercialización es la venta directa, seguida de la participación en ferias municipales o artesanales, y en mercados orgánicos.

Sello Diferenciador

Las prácticas implementadas por estos productores se basan en el uso de abonos orgánicos, la conservación del suelo y el agua, el manejo agroecológico de plagas y el fomento de insectos polinizadores, entre otros. La mano de obra que utilizan es en su mayoría familiar (34,3 %), seguida por la contratación de mano de obra externa de manera ocasional (33,6 %) y la contratación de mano de obra externa permanente (27,7 %).

Los investigadores destacan que el 97 % de los participantes tiene interés en acercarse a otras redes u organizaciones que promuevan la agroecología, y el 64 % coincide en que esta práctica reaproxima a los productores y consumidores sobre la base de la economía solidaria. Además, el 65 % considera que el protagonismo de la transición agroecológica debe ser de los campesinos y campesinas.

“Estas iniciativas, en general, reciben poco o ningún apoyo, y la mayoría de las veces se desarrollan con recursos propios y por interés de los mismos productores. Aunque en Costa Rica la agroecología como enfoque para el diseño de sistemas agroalimentarios es relativamente reciente, está ganando terreno, por lo que es fundamental continuar profundizando en la investigación para generar insumos que faciliten el proceso de adopción o transición a esta práctica”, concluyó Cerdas.

Escuche el podcast completo en Youtube o Spotify:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Gran cantidad de peces muertos en ríos de Limón alerta a las comunidades

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.

Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare. 

Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.

Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.

La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.

El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.

Videos e imágenes

https://drive.google.com/drive/folders/1PNVE_aJfpkWLJB_y6LcJinD-a2pXyvVH?usp=drive_link

Fotos y videos de Julio Knight

Emergencia ambiental: más de 69 fuentes de agua en Cartago estarían contaminadas

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos, Salud.

El gobierno podría proponer aumentar los límites de plaguicidas para evitar declarar una emergencia y así destinar recursos para resolver el problema de contaminación de más de 50 mil personas. 

Desde marzo, la ARESEP, junto con la academia, grupos comunitarios, ambientalistas y diputados, había solicitado la declaratoria de emergencia. Se basaron en informes institucionales, precedentes legales y el principio de precaución, que permitirían agilizar los recursos para el proyecto Orosi II.

Por Mauricio Álvarez Mora
Geógrafo docente en las Escuelas de Geografía y Políticas
Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR e IDELA UNA

Una fuente interna de una institución pública nos aseguró que todas las 69 muestras de agua resultaron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil, es decir, productos derivados de la molécula original. A principios de mayo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un muestreo en la zona norte de Oreamuno y Alvarado, en Cartago. Se tomaron 45 nacientes gestionadas por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y 24 nacientes de acueductos municipales de Oreamuno, afectando así a aproximadamente 50,000 personas.

Entre las fuentes muestreadas se encuentran: ASADA Buena Vista de Pacayas (2 fuentes), ASADA Cipreses de Oreamuno (2 fuentes), ASADA Cot de Oreamuno (6 fuentes), ASADA Norte de Pacayas (2 fuentes), ASADA Paso Ancho y Boquerón (2 fuentes), ASADA Potrero Cerrado (5 fuentes), ASADA San Juan de Irazú (2 fuentes), ASADA San Pablo de Santa Rosa (9 fuentes), ASADA San Rafael de Irazú (7 fuentes), ASADA Santa Rosa de Oreamuno (7 fuentes), ASADA Santiago de Paraíso (2 fuentes), Municipalidad de Alvarado (13 fuentes) y el Consejo Municipal de Cervantes (11 fuentes).

Según datos divulgados por el gobierno, el muestreo abarca un área aproximada de 8,500 hectáreas y es la primera de cuatro etapas de muestreo (AYA, 1-7-24). Este monitoreo fue una respuesta del gobierno a la solicitud de declaratoria de emergencia de diversas instituciones y fuerzas políticas. En su momento, se indicó que “a partir de sus resultados definiremos la ruta a seguir” (AYA, 1-7-24).

Algunas de estas fuentes ya estaban clausuradas por contaminación, como las de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, afectando a unas 10,000 personas. En el caso de Cipreses, el 12 de octubre se cumplieron dos años de suministrar agua mediante cisternas, y otras comunidades pronto alcanzarán el mismo plazo.

Declaratoria de emergencia: Mediante un oficio dirigido a la Primera Vicepresidencia de la República y a los jerarcas de los ministerios de Salud, Ambiente, Energía y Agricultura, así como al Presidente Ejecutivo del AyA, la ARESEP solicitó el 4 de marzo de 2024: “Se insta a declarar Estado de emergencia en la zona norte de Cartago, dada la contaminación por agroquímicos de las fuentes de agua utilizadas por las Asadas de Potrero Cerrado, Paso Ancho, Boquerón, Cipreses, San Pablo, Norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Irazú, afectando directamente a 33,000 habitantes” (OF-0131-IA-2024).

El 9 de abril, representantes del Frente Ecologista de Cipreses, la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados de los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional pidieron al Gobierno declarar “estado de emergencia” en la zona norte de Cartago, debido a la contaminación con agroquímicos en las fuentes de agua que afectan a 50,000 habitantes.

Los informes internos son contundentes. Advertían que el 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas estaba invadido por cultivos, infraestructura y ganadería, con un uso agrícola intensivo del 44%, un 33% para pastos, un 3% para infraestructura y solo un 20% de uso forestal. El estudio indica que “en las zonas ubicadas aguas arriba de cada naciente predominan sectores con cultivos agrícolas” (UEN-GA-2024-00175).

Según informe anterior (14-4-23) de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA, que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio del 2023, en las áreas cercanas a Cartago había aproximadamente 65,000 personas dependientes de suministros de agua en condiciones similares, con una agricultura tan cercana a las fuentes que “afectaba la calidad del agua” y generaba “una alta probabilidad de contaminación por el uso de productos químicos”.

¿Por qué era predecible la contaminación del agua? Este tipo de contaminación no se estaba midiendo en nuestro país, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas carece de los recursos y la infraestructura necesaria. En Costa Rica hay más de 200 plaguicidas registrados, pero el laboratorio sólo puede evaluar 24 en el agua potable. Fue gracias a la insistencia de la comunidad de Cipreses que IRET pudo evaluar estos metabolitos en 2019 y que se logró una resolución que busca fortalecer las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas.

Dada la alta movilidad del clorotalonil en el agua, la intensidad y cantidades de uso del producto (tercero a nivel nacional), es casi un hecho que donde se aplique habrá este tipo de contaminación; solo es cuestión de contar con los recursos y capacidades para analizarlo.

Francia y Suiza enfrentan una situación similar a la de las comunidades de Cartago. En Francia, un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de cuatro años, lo que demuestra la persistencia de esta sustancia. En Suiza, alrededor de 700,000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable, y el costo de la descontaminación podría aumentar el precio del agua en un 75% (Public Eye, 5-2023).

Impacto del clorotalonil en la salud. A nivel internacional, la Unión Europea prohibió el uso del plaguicida clorotalonil en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas. El Ministerio de Salud aseguró que “la Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil está clasificado como carcinógeno” (MS-DPRSA-0668-2022).

Los informes de la CCSS muestran que en el Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre parte de la zona muestreada y contaminada, se ha detectado un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y tumores malignos. Además, se destaca el “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”. Según el “Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 en Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca”, los agroquímicos más peligrosos son los nematicidas, seguidos de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que se debe al uso agrícola y ganadero en la región. El ASIS también resalta que “la principal fuente de contaminación se encuentra en los lugares donde la actividad agrícola es predominante, debido al uso indiscriminado de plaguicidas que penetran en la capa freática contaminando los mantos acuíferos”(Semanario Universidad 31-5-2023).

Según estudios del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), la zona norte de Cartago es una de las áreas del país con mayor uso de plaguicidas debido a factores como la intensidad de cultivo, las condiciones climáticas y la cultura de aplicación de estos químicos. Un estudio en una microcuenca entre las quebradas Pacayas y Plantón identificó el uso de 84 plaguicidas y un centenar de fertilizantes. Una hectárea puede recibir entre una y cuatro toneladas métricas de fertilizante por año, y el uso de plaguicidas varía entre 11 y 163 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, cifras que son relativamente altas en comparación con otros cultivos como arroz (18-24 kg ia. /ha/año), banano (40), piña (15-20) y melón (70-140) (IRET, 2010).  

¿Aumentar los límites de contaminación del agua de consumo humano? A finales de julio, el vuelco de un camión cisterna derramó 17,000 litros de fungicida Mancozeb en una quebrada que desemboca en el río Barranca, afectando tomas de agua que abastecen a miles de personas. El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó niveles de contaminación en el agua que superan en más de 60 veces lo estipulado por la legislación nacional. Esta autorización se llevó a cabo sin modificar legalmente el Reglamento de Calidad de Agua Potable, basándose en el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024, que justificó un cambio temporal en los parámetros de presencia de agroquímicos.

Ante la falta de transparencia —ya que se solicitaron formalmente los datos en su momento—, organizaciones ecologistas interpusieron un recurso de amparo contra Acueductos y Alcantarillados por la falta de acceso a información, exigiendo los resultados de monitoreos realizados desde el 27 de julio. Estos análisis revelan altas concentraciones de Mancozeb en el río Barranca y en el agua suministrada a las comunidades de Esparza y Puntarenas (Bloqueverde, 2-9-24).

En este caso, se establecieron nuevos límites “temporales” a la medida de los resultados de los muestreos realizados, lo que fue presentado a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue acogido para estudio. La Fiscalía de la República abrió una investigación sobre los posibles delitos. Esta medida es ilegal y contradice el principio de precaución, así como varios artículos de la Constitución Política y el derecho constitucional al agua potable.

El Ministerio de Salud justificó la medida asegurando que era temporal para “proteger la salud pública mientras se implementan las acciones de remediación necesarias” y alegó que la falta de agua potable “también genera riesgos sanitarios para la población” (MINSA, 4-9-24).

Conclusiones. Si el gobierno intenta eludir su responsabilidad de declarar una emergencia utilizando este irresponsable precedente, podría enfrentar un revés legal en la Sala Constitucional. No se pueden hacer excepciones tan groseras a la ley, los reglamentos y los tratados internacionales.

Se espera que la ministra de Salud no comprometa aún más su reputación con una medida tan cuestionable. Ya se ha dejado a Cartago sin hospital, y exponer aún más a la población a esta contaminación sería una grave agresión contra la salud pública. Este asunto debe ser tratado con la seriedad y la transparencia que merece.

Además, es fundamental poner fin a la persecución de los empleados públicos honestos que están alertando sobre los resultados y las maniobras que se están evaluando desde el gobierno. Esperamos que el gobierno busque asesoramiento adecuado y reflexione para descartar este escenario, y así decrete la emergencia solicitada hace meses.

Finalmente es crucial que las autoridades realicen un estudio sobre las afectaciones por la exposición crónica a plaguicidas en la zona, ya que se desconoce desde hace cuántos años el agua ha estado contaminada y si las personas, al estar tan cerca de los cultivos, están ingiriendo contaminantes a través de otras vías o mediante los productos agrícolas que consumen.

Imagen: AyA.

Foro sobre el impacto de los plaguicidas en ecosistemas y salud humana

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

El 7 de agosto la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica organizó el foro titulado «Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica». En este foro se presentaron diferentes ángulos de este tema y se propusieron soluciones para reducir el impacto de los plaguicidas, los cuales afectan drásticamente los ecosistemas y la salud humana y animal.

El foro se puede seguir en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=umHHuOx-Wpo

Se adjunta el pronunciamiento que sobre este tema emitió la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica

Los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan para tratar de controlar organismos considerados plagas, los cuales afectan los sistemas productivos, con el consecuente impacto en la economía y la producción. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs. Al aplicarse en los campos agrícolas, los PAPs pueden causar graves problemas agudos y crónicos de salud y contaminar recursos valiosos como el agua y el suelo, además de perjudicar a organismos benéficos como los polinizadores. Otra consecuencia del uso intensivo de plaguicidas es el aumento en la presión de selección y la evolución de resistencia de las plagas a este tipo de sustancias, lo que año a año reduce la eficacia de varios productos.

Debido a su amplio uso, los plaguicidas a menudo se dispersan fuera de las fincas y han sido detectados en múltiples compartimentos ambientales en Costa Rica. Su presencia en suelos agrícolas es alta y en el aire tienen potencial de transportarse a largas distancias de las zonas de cultivo, detectándose incluso en zonas montañosas con ecosistemas prístinos. También se ha demostrado que se infiltran hacia las aguas subterráneas, como es el caso del fungicida clorotalonil y el herbicida bromacil, que fueron ampliamente utilizados en muchos cultivos hasta su prohibición en 2017 y 2023, respectivamente, y afectaron las fuentes de consumo humano; además, la escorrentía superficial los transporta hacia aguas superficiales como ríos y quebradas.

Específicamente, en las aguas superficiales han sido detectados 32 plaguicidas en concentraciones que exceden uno o más criterios de calidad ambiental internacional para la protección de la biodiversidad, lo que implica que pueden ser tóxicos sobre diversos organismos (plantas, invertebrados, peces) y afectar la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, los estudios demuestran que incluso concentraciones bajas de plaguicidas pueden generar efectos bioquímicos, fisiológicos y/o en el comportamiento de los organismos vivos. En los casos más graves se ha asociado estas sustancias a múltiples eventos de mortandades masivas de fauna, tanto en ecosistemas acuáticos (peces) como terrestres (abejas).

El riesgo para los organismos vivos se incrementa ya que en las muestras ambientales típicamente se detectan varios plaguicidas simultáneamente. Algunos de los plaguicidas que han generado altos riesgos para los ecosistemas en la última década (su concentración en el ambiente es mayor que la que causa toxicidad aguda para algunos organismos) son los herbicidas ametrina, bromacil, diuron, hexazinona y terbutrina; los fungicidas azoxistrobina, clorotalonil, epoxiconazol y los insecticidas carbofuran, clorpirifos, diazinon, etoprofos, fenamifos, fipronil y terbufos. Cabe destacar que algunos de estos ya fueron prohibidos en Costa Rica, por ejemplo, el carbofuran (en 2014), el bromacil (en 2017) y el clorotalonil (en 2023), y existen restricciones de uso para el clorpirifos; sin embargo, estas sustancias continúan detectándose en muestras ambientales tomadas en los años 2022 y 2023.

En el ámbito de la salud humana, un informe de análisis de verduras frescas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mostró que, en el 2020, un 20% de las muestras nacionales de vegetales frescos presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos aceptados, y que las personas que viven o trabajan en la cercanía de plantaciones agrícolas se exponen a niveles elevados de múltiples plaguicidas. Por otra parte, estudios realizados en Costa Rica por la Universidad Nacional, en colaboración con universidades de Suecia y Estados Unidos, demostraron que los niveles de contaminación por fungicidas aplicados por vía aérea (pirimetanil, clorotalonil, mancozeb) y el insecticida clorpirifos son más altos en muestras biológicas obtenidas de personas residentes en la cercanía de fincas agrícolas. Un análisis de riesgo para la exposición al fungicida mancozeb en mujeres embarazadas estimó que un 72% de las participantes en el estudio sobrepasaba los niveles de referencia considerados seguros. El riesgo para la salud de la exposición de plaguicidas depende del grado de toxicidad inherente a la sustancia y del grado de exposición a la misma por parte de las personas que los utilizan.

Resultados de estudios epidemiológicos realizados en Costa Rica han demostrado que el contacto con ciertos plaguicidas puede afectar la salud humana de formas diversas. Algunos ejemplos son:

  1. El contacto con el fungicida mancozeb, y su metabolito etilentiourea, se ha asociado con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) en mujeres embarazadas, cambios en la circunferencia cefálica de recién nacidos, desarrollo socioemocional inferior en niñas de un año, incremento en infecciones del tracto respiratorio inferior en infantes durante el primer año de vida e inferior aprendizaje verbal medido en niñas y niños de edad escolar.
  2. La exposición al fungicida pirimetanil se ha asociado tanto con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) como con una menor capacidad lingüística en niñas de un año.
  3. El contacto con el insecticida clorpirifos se ha asociado con un menor peso al nacer, un menor perímetro cefálico y un inferior neurodesarrollo de niñas y niños.
  4. El contacto prenatal con el herbicida 2,4-D se asoció con un menor peso, un menor perímetro cefálico, y una menor longitud corporal al nacer, así como con un desarrollo inferior del lenguaje y la motricidad infantil.
  5. En trabajadores agrícolas, el contacto con clorpirifos y piretroides se ha asociado con una reducción de la activación cortical cerebral prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo.

Estas evidencias muestran que los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas y en la salud humana son preocupantes. El tema es complejo y demanda un abordaje multifactorial que tome en cuenta diversos aspectos, considerando el peligro y la toxicidad de las sustancias y el grado de exposición a las mismas. Sin embargo, las medidas de protección y prevención implementadas hasta ahora no han logrado cumplir con su propósito de salvaguarda ambiental y de la salud humana. A manera de ejemplo, la normativa nacional de distancias de no-aplicación de plaguicidas es una de las más laxas en América Latina.

Es necesario que exista un monitoreo sistemático y científicamente sólido de plaguicidas en el país. Asimismo, es indispensable instar a las autoridades y a la sociedad civil a considerar:

  1. La re-evaluación de riesgo ambiental (ERA) para los plaguicidas cuyo registro no incorporó métodos de ERA actuales, tales como los registrados antes del año 2004.
  2. La aplicación inmediata de medidas de reducción del uso de agroquímicos en la producción agrícola.
  3. La prohibición al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) en caso de existir otras opciones viables, y la restricción y sustitución paulatina de PAPs en los casos en que, en la actualidad, no existan alternativas.
  4. El desarrollo de plaguicidas que tengan menor toxicidad en las personas y el ambiente, tanto en el ámbito de los productos de origen natural (biológicos, extractos de plantas, microorganismos o animales) como en la propia industria agroquímica, mediante el desarrollo de nuevas moléculas con mejores perfiles toxicológicos y ecotoxicológicos.
  5. La promoción del uso de buenas prácticas agrícolas para evitar exposiciones innecesarias y peligrosas, la incorporación de nuevas tecnologías de aplicación y de monitoreo de plagas para reducir las cantidades aplicadas y, lo más importante, la generación de prácticas de manejo de cultivos que reduzcan la necesidad de intervenir con aplicaciones de insumos.
  6. El aumento de las distancias de no-aplicación de plaguicidas y el fortalecimiento de la implementación de las legislaciones ya existentes.
  7. La posibilidad de otorgar un pago por servicios ambientales a los terrenos con agricultura ecológica, como una medida de protección de la biodiversidad, conservación de suelo y motivación para la disminución gradual del área cultivada con prácticas de agricultura convencional.
  8. Instar a los diferentes sectores de la sociedad a dar preferencia y promover una mayor oferta de productos provenientes de prácticas agroecológicas o que empleen bajas cantidades de plaguicidas.

Para reducir el impacto del uso de plaguicidas en Costa Rica debe darse una combinación estratégica de todos estos elementos. Con este abordaje integral y multifactorial podríamos aspirar a una disminución sustancial en el volumen aplicado de plaguicidas en Costa Rica en un plazo relativamente corto.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica hace un vehemente llamado de atención a la población, a las autoridades de gobierno y locales, al sector académico, a las organizaciones comunitarias, a las empresas del sector agrícola, y a las agricultoras y los agricultores, para que se tomen decisiones claras, sobre una base científica sólida, y se implementen acciones inmediatas que reduzcan significativamente los impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas derivados del uso de plaguicidas.

Documento preparado por la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias, con los aportes de Fernando Ramírez, Silvia Echeverría, Berna van Wendel de Joode y Luis Felipe Arauz.

*Los datos presentados en este pronunciamiento provienen de publicaciones en revistas científicas y en documentos diversos, y las referencias bibliográficas correspondientes se pueden consultar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias (www.anc.cr).

7 de agosto del 2024.

Foro Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica le invita al foro “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”. Se realizará el miércoles 7 de agosto a las 10 am.

Participarán Fernando Ramírez, Silvia Echeverría y Berna van Wendel de Joode, del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional. 

Además, la diputada Kattia Cambronero y Luis Felipe Arauz, de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. 

Se transmitirá por medio de los espacios de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en Facebook Live y en YouTube. 

Reforma de MINAE entorpecería evaluación de plaguicidas altamente peligrosos y contaminantes

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

-Concentración de poder en ministro de ambiente atentará contra disposiciones básica de conservación y control ambiental

(FECON, 10-07-2024) Mideplan y Minae preparan decreto ejecutivo para concentrar las funciones de la mayoría de las asesorías jurídicas de órganos desconcentrados. Esta parece ser una medida desesperada de este gobierno al ver varada la reforma legal bajo el expediente legislativo n° 23.213, con un espíritu bastante similar a esta nueva movida del MINAE.

La propuesta de decreto conlleva no solo otorgar mayor poder al Franz Tattenbach, en calidad de ministro de ambiente, sino a erosionar la participación social en los órganos colegiados que verían vaciadas sus capacidades de dar opinión técnica oportuna ante cuestiones particulares, por ejemplo la prohibición de agroquímicos altamente peligros o contaminantes.

MINAE pretende “suprimir las unidades organizacionales de Asesoría Jurídica de la estructura organizacional del Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Aguas, la Dirección de Energía, la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Hidrocarburos y la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)”.

Esta modificación tiene grandes implicaciones en muchos ámbitos y tiene a todas luces vicios y contradicciones en nuestro andamiaje de leyes ambientales, pero vale la pena resaltar una de las consecuencias de esta reforma: la obstaculización de órganos como DIGECA en materia de regulación de agroquímicos. Esta dependencia es la encargada de evaluar los registros de plaguicidas en su dimensión ambiental.

De aprobarse esta nueva reforma la dirección jurídica de DIGECA se suprima, todas las opiniones técnicas al respecto de los agrotóxicos serán emitidas por el ministro de turno. Lo cual convierte las decisiones técnicas y científicas en decisiones políticas, erosionando la posibilidad de que sea detectados impactos graves sobre la biodiversidad, el agua y los ecosistemas de sustancias altamente peligrosas como esta.

El caso de la prohibición del clorotalonil puede servir de ejemplo claro. Ya que DIGEDA en su momento emitió criterio técnico y legal apoyando la prohibición este funguicida que contaminó distintas fuentes de agua para consumo humano en la Zona Norte de Cartago. Esto no hubiera sido posible con esta nueva disposición que pretende MINAE y MIDEPLAN.

Nuevamente la cartera del ministro Franz Tattenbach busca de forma desesperada concentrar poder y eliminar la participación de órganos técnicos y científicos para pasar a administrar el ministerio como si fuera una pulpería de barrio, en dónde sólo el criterio del ministro de turno sería válido para tomar todas las decisiones.  Esto es gravísimo, un retroceso desde cualquier punto de vista y podría tener consecuencias poco previsibles, ya que dejar estas disposiciones ambientales de suma importancia bajo la tiranía de figuras poco comprometidas con la conservación de la naturaleza como el ministro Tattenbach.

Imagen ilustrativa.