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Etiqueta: plaguicidas

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

Escrito en . Publicado en Salud.

La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«Un sistema no es la simple suma de sus componentes, sino el entramado invisible de sus relaciones. Quien fragmenta el suelo, la planta, el alimento y la salud pública en ventanillas aisladas, termina destruyendo el engranaje completo».
— Basado en las ideas de Fritjof Capra (físico y teórico de sistemas).

Cuarta entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con más alimentos. Se garantizará con mejores sistemas alimentarios. Y si el Plan Nacional 2026-2035 pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo».

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 constituye un instrumento de política pública de enorme importancia para la próxima década. Su objetivo medular es enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo: garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, producidos de manera sostenible.

El Plan contiene elementos positivos que deben reconocerse. Incorpora una visión intersectorial y reconoce el acceso a la comida como un derecho humano. Además, incluye la variable del cambio climático, utiliza herramientas de planificación prospectiva y establece mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación.

Precisamente por su relevancia, merece una pregunta incómoda: ¿es suficiente la visión con la que se ha construido este documento para enfrentar los problemas alimentarios que el país afrontará en los próximos diez años? Desde la perspectiva desarrollada en las tres entregas anteriores, la respuesta técnica parece ser un rotundo no todavía.

Una visión todavía demasiado convencional y sin memoria histórica

La principal debilidad del Plan es de carácter conceptual. Aunque utiliza de forma reiterada la expresión «sistemas alimentarios sostenibles», no desarrolla con suficiente profundidad el modelo agrícola capaz de hacer realidad esa meta. La ausencia resulta alarmante cuando se observa lo que queda prácticamente fuera del texto: la degradación biológica de los suelos, la pérdida de materia orgánica y el papel de la biodiversidad edáfica y el microbioma. Tampoco profundiza en alternativas viables como la agricultura regenerativa, la agroecología, la agricultura orgánica y la diversificación productiva.

Asimismo, el documento adolece de una preocupante falta de memoria histórica. El Plan no considera que las condiciones internacionales que en 2008 nos expusieron a una severa crisis mundial de alimentos siguen estando vigentes. Aquellos factores, que obligaron a formular el Plan Nacional de Alimentos de 2008 en Costa Rica, podrían conjugarse de nuevo en cualquier momento como una suerte de «tormenta perfecta». Resulta grave que se ignore este antecedente, especialmente cuando la búsqueda del autoabastecimiento local se encontraba en el centro de la estrategia de 2008 como un mecanismo de defensa país.

No se puede hablar seriamente de seguridad alimentaria para la próxima década sin evaluar qué ocurre con el recurso que hace posible la vida. El suelo no es un simple soporte físico muerto para las plantas; es un ecosistema vivo. Si la política estatal se preocupa por el volumen de alimentos, pero ignora la salud biológica de la tierra que los produce, termina atendiendo el resultado sin proteger su fundamento básico.

Se describen los síntomas, pero no siempre las causas

Una primera deficiencia estructural del Plan radica en que, aunque reconoce diversos problemas alimentarios y nutricionales profundamente arraigados en el país —por ejemplo, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, la pérdida de diversidad dietética y la dependencia de importaciones—, no profundiza suficientemente en las causas estructurales que los originan y reproducen.

En la parte diagnóstica, el Plan identifica explícitamente el bajo autoabastecimiento nacional como un problema grave, evidenciado en los bajísimos porcentajes de producción local de granos básicos como maíz, frijoles y arroz. Aunque este reconocimiento es sumamente valioso viniendo de instancias de Gobierno, la contradicción aparece de inmediato: el problema detectado simplemente no se resuelve con las acciones concretas que la política propone en su matriz operativa.

Quedan también insuficientemente examinados fenómenos masivos como los monocultivos, la concentración empresarial, la agricultura intensiva de alta carga química y la centralización de las cadenas agroalimentarias. En otras palabras, la política estatal describe los síntomas clínicos, pero evita intervenir las estructuras económicas y productivas que los generan.

Esta distorsión se evidencia al analizar el apartado de las frutas. El Plan celebra el supuesto «éxito» de la producción frutícola nacional, pero oculta que este indicador se sostiene casi exclusivamente sobre el banano y la piña. Se trata de dos cultivos destinados masivamente a la exportación corporativa y no al consumo local, los cuales arrastran un severo historial de degradación de suelos, alto uso de agroquímicos sintéticos y cuestionables condiciones laborales.

A esta falta de profundidad se suma una preocupante ausencia de innovación operativa. Al analizar el contenido programático del Plan, queda en evidencia que el documento se limita a proponer una simple acumulación de acciones institucionales que ya se encuentran en ejecución en las diferentes dependencias del Estado. Al carecer de propuestas verdaderamente novedosas o disruptivas, la planificación cae en un peligroso inmovilismo.

En este contexto, aquí aplica con rigurosa sensatez aquella máxima que nos advierte que, si se continúan haciendo exactamente las mismas cosas de siempre, el producto obtenido será inevitablemente idéntico al del pasado.

Desequilibrios en la gobernanza y asfixia burocrática

Gran parte de estas omisiones nacen de un desequilibrio evidente en la gobernanza del proceso. En la dimensión de la disponibilidad alimentaria, el sector institucional agrícola tradicional se encuentra sobrerrepresentado. Esto contrasta de forma dramática con la exclusión y subrepresentación de la academia —particularmente de centros especializados como el CISAN de la UCR o la Maestría en SAN de la UNA—, así como de las organizaciones de productores independientes y los movimientos ambientalistas.

Este sesgo político explica por qué el Ministerio de Salud continúa manteniendo a la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) en un bajísimo perfil. A pesar de que esta entidad existe por mandato legal desde inicios de la década de los 70 en la Ley General de Salud, el Plan actual la reduce a una meta mínima y burocrática: el indicador “O4.AE1.I1. Porcentaje de avance de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SEPAN” (página 73). Resulta inaceptable que, más de 50 años después de su creación legal, la máxima aspiración del Estado sea apenas actualizar el reglamento de su funcionamiento.

El gran ausente: los plaguicidas

Quizá una de las mayores debilidades del documento sea el tratamiento insuficiente de los plaguicidas. En un país donde su utilización agrícola constituye un asunto ambiental y sanitario de extrema gravedad, resulta incomprensible que un Plan Nacional no otorgue prioridad máxima a este tema.

El texto esquiva cuestiones críticas como los residuos tóxicos en los alimentos, la exposición crónica de la población, la salud ocupacional de los trabajadores del campo, la contaminación de acuíferos y los efectos nocivos sobre los agentes biológicos polinizadores y la biodiversidad en general.

La inocuidad alimentaria no puede limitarse al control microbiológico del producto final o a la higiene del mercado. Debe incorporar la dimensión química y ambiental de todo el tracto productivo. Una política moderna de seguridad alimentaria está obligada a considerar simultáneamente los riesgos biológicos y los químicos, incluyendo contaminantes emergentes como los microplásticos y las sustancias PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).

¿Qué sistema alimentario queremos para el año 2035?

El Plan Nacional 2026-2035 no debe ser descartado. Sus fortalezas ofrecen una base idónea sobre la cual construir una política alimentaria de vanguardia, y la oportunidad histórica consiste en ampliar sus alcances sin desvirtuar sus avances administrativos.

Para alcanzar esta meta, debemos incorporar de forma urgente la salud del suelo, potenciar la agroecología, regular los plaguicidas de forma sistémica y blindar la bioseguridad tecnológica. La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con producir más cantidad, sino con mejores sistemas alimentarios. Si este instrumento pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo.

Al plantearnos el horizonte de la próxima década, la pregunta fundamental que debemos hacernos es directa: ¿qué sistema alimentario queremos para el año 2035? ¿Uno sustentado en suelos muertos o en suelos vivos? ¿Uno dominado por monopolios corporativos o capaz de dignificar al productor campesino local? ¿Uno que atienda con parches los síntomas de la enfermedad o que intervenga con valentía sus causas estructurales?

Costa Rica requiere con urgencia un marco político con una visión verdaderamente sistémica, capaz de atender de forma unificada cada componente de nuestra realidad agroalimentaria.

Por lo tanto, evidenciar estas áreas de mejora en la política nacional es solo la mitad del camino. El desafío de nuestra sociedad consiste en avanzar con propuestas concretas que complementen el trabajo de las instituciones públicas. ¿Cómo acelerar esta transición hacia la sostenibilidad integral?

La respuesta radica en enriquecer los procesos de toma de decisiones, articulando de manera decidida el conocimiento y la acción de los diversos actores sociales que operan directamente en los territorios.

Próxima y última entrega: ¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035.

La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La salud del suelo, de las plantas, de los animales y del ser humano constituye un único e indivisible entramado. Si fragmentamos o envenenamos uno de sus eslabones, la enfermedad se transmitirá inevitablemente a lo largo de toda la cadena».
— Sir Albert Howard (1873-1947, padre de la agricultura orgánica moderna).

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«Cuando un sistema alimentario deteriora los procesos biológicos que hacen posible la vida, la factura termina pagándose con la salud de las personas, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia de la agricultura».

Tercera de cinco entregas. Las dos primeras entregas de esta saga plantearon el problema de fondo. Además, propusieron un nuevo marco conceptual: la integridad biológica de los sistemas alimentarios. Ahora corresponde examinar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica?

La respuesta no puede reducirse a un único factor aislado. La agricultura contemporánea enfrenta hoy una convergencia de presiones. Estas fuerzas actúan simultáneamente. Al hacerlo, pueden comprometer la capacidad de los agroecosistemas para regenerarse y sostener una producción saludable a largo plazo.

La simplificación biológica del paisaje agrícola

Determinados sistemas agrícolas han evolucionado hacia paisajes severamente simplificados. Están dominados por monocultivos extensivos y sufren una creciente dependencia de insumos externos.

Esta simplificación puede reducir drásticamente la biodiversidad funcional. Además, altera las redes tróficas y afecta a los organismos que proporcionan servicios ecológicos de enorme valor, como los polinizadores y los controladores biológicos.

La investigación agroecológica ha demostrado con claridad las funciones de la biodiversidad. Esta participa activamente en el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad de los agroecosistemas.

Por lo tanto, el dilema no consiste en que la agricultura utilice tecnología o busque una mayor productividad. El peligro aparece cuando la ganancia inmediata se obtiene debilitando las funciones biológicas del futuro. Esa es la primera dimensión de la factura biológica.

La contaminación química como problema sistémico

Durante décadas, los plaguicidas han desempeñado un papel importante en la protección de los cultivos. Sin embargo, su evaluación técnica no puede reducirse a medir la toxicidad aguda de una sustancia aislada.

La discusión formal debe considerar también la exposición humana y ambiental. Esto incluye el análisis de residuos, el impacto en organismos no objetivo, el daño a los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la pregunta relevante no debe limitarse a determinar si existen residuos de agroquímicos tóxicos detectables en los alimentos. También debemos cuestionar qué ocurre con los organismos del suelo, los polinizadores, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones humanas expuestas.

La inocuidad alimentaria tampoco puede limitarse al control microbiológico del producto final. Debe incorporar necesariamente la dimensión química y ambiental de todo el proceso que conduce desde el campo hasta la mesa.

La revolución silenciosa del microbioma

Uno de los desarrollos científicos más importantes de las últimas décadas ha sido la comprensión de los microbiomas. En el suelo, las comunidades microbianas participan en procesos fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas.

De igual forma, en el organismo humano, la microbiota intestinal participa en numerosos procesos fisiológicos vitales. La relación entre ambos ámbitos constituye actualmente un área activa de investigación científica.

La revisión de Banerjee y van der Heijden señala que el suelo es una piedra angular del enfoque global de Una Salud. Los autores analizan las conexiones reales entre los microbiomas del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos.

Pero aquí conviene introducir una precisión científica fundamental: no debe afirmarse que existe ya una cadena causal plenamente demostrada desde la salud del suelo hasta una determinada enfermedad humana.

Lo que sí puede sostenerse técnicamente es que los microbiomas ambientales y humanos están relacionados mediante múltiples vías. Bajo esa lógica, la alimentación constituye uno de los principales puentes entre el ambiente y el organismo. La prudencia científica no debilita este argumento; al contrario, lo hace metodológicamente sólido.

Los alimentos ultraprocesados y el nuevo ambiente alimentario

La transformación de nuestro sistema alimentario tampoco termina en el campo. Esta continúa en la formulación industrial de los alimentos, las cadenas de comercialización, la publicidad y los ambientes que condicionan las decisiones de consumo. La clasificación NOVA caracteriza los alimentos según el grado y el propósito de su procesamiento industrial. Es este sistema el que define formalmente la categoría de los alimentos ultraprocesados.

La evidencia epidemiológica reciente exige, sin embargo, una redacción muy precisa. Una revisión paraguas publicada en The BMJ en 2024 analizó 45 asociaciones agrupadas procedentes de metaanálisis. El estudio incluyó a casi 9,9 millones de participantes. Encontró asociaciones claras entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos resultados adversos para la salud, aunque la calidad de la evidencia varió según el resultado.

Por ello, no corresponde afirmar con ligereza que los ultraprocesados «causan» automáticamente la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La formulación científicamente válida es la siguiente: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se ha asociado con un mayor riesgo de diversos resultados adversos para la salud.

Además, este fenómeno no puede interpretarse de forma exclusiva como un problema de elección individual. Los precios, la disponibilidad real, la publicidad, el mercadeo masivo y las condiciones económicas influyen sobre los patrones de consumo.

La política alimentaria debe ocuparse, por tanto, no solamente de educar al consumidor, sino también de examinar el ambiente alimentario en el que ese ciudadano toma sus decisiones cotidianas.

Bioseguridad e innovación responsable

Las nuevas técnicas de edición génica, la biología sintética y otras innovaciones pueden ofrecer oportunidades importantes para la agricultura. Sin embargo, la novedad tecnológica no elimina por sí misma la incertidumbre científica. La evaluación de riesgos debe ser rigurosa, transparente e independiente. La gobernanza pública debe contar con mecanismos capaces de enfrentar incertidumbres relevantes.

La innovación no constituye por sí misma un problema. El desafío consiste en asegurar que su desarrollo esté acompañado de una evaluación científica rigurosa, transparencia institucional e independencia. También requiere de mecanismos adecuados de participación, seguimiento y capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

En otras palabras, la innovación y la precaución no son conceptos incompatibles. La bioseguridad enlaza directamente con el tema de nuestra cuarta entrega: la capacidad de las instituciones públicas para gobernar sistemas cada vez más complejos.

De la producción al consumo: una sola cadena

La simplificación de los agroecosistemas, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la transformación industrial de los alimentos y determinados patrones de consumo no deben analizarse como fenómenos independientes. Forman parte de una sola cadena. En ella, las distintas presiones pueden acumularse y retroalimentarse.

La factura no corresponde a un único producto ni a una única práctica aislada. Es la suma de costos ecológicos, biológicos y sanitarios. Lamentablemente, y durante mucho tiempo, estas variables quedaron fuera de la contabilidad convencional de los sistemas alimentarios.

La factura no es inevitable

Reconocer una factura no significa aceptar de forma sumisa que sea inevitable. La ciencia contemporánea proporciona conocimientos importantes para orientar una transición hacia sistemas alimentarios de corte más regenerativos, biodiversos y resilientes. La cuestión de fondo es utilizar ese conocimiento para modificar prácticas, incentivos económicos y políticas públicas.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce la agricultura. También importa cuánto suelo fértil conserva, cuánta biodiversidad mantiene, cuánta contaminación evita, qué calidad intrínseca tienen los alimentos que produce y qué capacidad conserva el sistema para recuperarse frente a nuevas perturbaciones climáticas u operativas.

Hacia la cuarta entrega

La agricultura, la transformación de los alimentos y el consumo forman parte de un mismo sistema integral. Por eso, la factura biológica de la alimentación moderna tampoco puede analizarse mediante políticas sectoriales aisladas. Pero esa conclusión plantea una pregunta inevitable: ¿está la política pública costarricense verdaderamente preparada para gestionar esta complejidad?

Ese será el tema de la cuarta entrega: el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035. Determinaremos hasta qué punto incorpora la salud de los agroecosistemas y la integridad biológica como componentes sustantivos de la seguridad alimentaria en Costa Rica.

Próxima entrega: Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense.

Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones exigen proteger a las comunidades de las fumigaciones agrícolas

Escrito en . Publicado en Salud.

Alertan sobre intención del oficialismo de archivar proyecto de ley

Bloque Verde. Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones suscribieron un comunicado en el que solicitan a las diputadas y los diputados no archivar el expediente N.º 25.391, iniciativa que busca prevenir intoxicaciones, proteger las fuentes de agua y fortalecer la responsabilidad por los daños derivados de las fumigaciones agrícolas.

Entre las personas y organizaciones firmantes se encuentran representantes de organizaciones ambientales, agroecológicas, campesinas, comunitarias, indígenas, feministas, sociales, académicas, culturales, estudiantiles, políticas, turísticas y productivas, así como personas de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras zonas afectadas por las fumigaciones y el uso de agroquímicos.

Dada la pretensión de la bancada oficial de archivar el proyecto, las personas y organizaciones señalaron: “Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua.”

El comunicado agrega: “El expediente N.º 25.391 aborda un problema que requiere una respuesta legislativa: los riesgos de que los agroquímicos utilizados en fumigaciones alcancen viviendas, lugares de trabajo, fuentes de abastecimiento de agua y otras zonas sensibles. Su objetivo es fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de atención y reparación cuando se produzcan daños.”

Las personas y organizaciones firmantes también advierten sobre las implicaciones de archivar la iniciativa: “Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades. Las observaciones técnicas formuladas durante su estudio deben servir para mejorar la iniciativa y construir acuerdos que permitan responder a los riesgos identificados”.

El expediente recoge criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, así como del Centro Científico Tropical. Según el comunicado, estos criterios reconocen la importancia de proteger la salud, el recurso hídrico y el ambiente frente a los riesgos asociados a la aplicación de agroquímicos.

En particular, las personas y organizaciones destacan: “La Defensoría vincula la iniciativa con el principio precautorio: la protección de las personas y del ambiente exige adoptar medidas preventivas ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre científica sobre la magnitud del daño”.

Sobre los alcances de la iniciativa, el comunicado señala: “El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad por los daños ocasionados durante las fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de las personas afectadas y contemplar la reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten perjudicados.”

El comunicado señala: “La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua.”

Finalmente, hicieron un llamado ‘al oficialismo a reconsiderar su intención de archivo y a las demás fracciones legislativas a impulsar la continuidad del expediente N.° 25.391. La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”.

Comunicado completo con adhesiones: https://docs.google.com/document/d/1oVRypfsWvdxee06iSHJN4THnCpKXizMD/edit?usp=sharing&ouid=118278187804590108810&rtpof=true&sd=true

¡Triunfo comunitario! Sala Constitucional falla a favor de gestión por desobediencia por contaminación del agua con clorotalonil

Escrito en . Publicado en Comunidad.

  • Por segunda vez el Frente Ecologista de Cipreses gana una gestión de desobediencia en el famoso caso de contaminación con degradados de clorotalonil en la zona norte de Cartago
  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.
  • El Frente EcoCipreses califica de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear los metabolitos del clorotalonil.

La Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia presentada por el agrobiólogo y ecologista Fabián Pacheco Rodríguez y la ecologista Ana María Montenegro Portuguez, relacionada con el incumplimiento de las órdenes emitidas en 2023 para atender la contaminación de fuentes de agua para consumo humano con productos de degradación del fungicida clorotalonil en comunidades de la zona norte de Cartago.

Mediante la resolución N.° 20260360007, correspondiente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala Constitucional determinó que, pese a las distintas acciones realizadas por las instituciones involucradas, la problemática de contaminación de las fuentes de agua persiste y no se ha alcanzado una solución definitiva. La resolución fue dictada a las nueve horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintiséis.

El nuevo fallo tiene como antecedente la sentencia N.° 2023-013384, del 6 de junio de 2023, mediante la cual la Sala había ordenado establecer mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el propósito de adoptar y ejecutar las recomendaciones contenidas en el denominado “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por instituciones públicas para abordar los riesgos asociados a este plaguicida y sus metabolitos.

La sentencia señala que las autoridades han realizado diversas gestiones, entre ellas la emisión de órdenes sanitarias, la elaboración del Informe Técnico Clorotalonil y la prohibición del uso del clorotalonil. Sin embargo, la Sala concluye que “aún persiste la problemática objeto del recurso de amparo, sea la contaminación en las fuentes de agua que abastece a la comunidad, pese a la prohibición del uso del agroquímico”, y relaciona esta situación con una deficiente vigilancia por parte de las autoridades competentes.

Por ello, la Sala acoge la gestión de desobediencia y reitera al ministro de Salud, al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, a la gerente general del AyA y al presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno, o a quienes ocupen esos cargos, la obligación de cumplir lo dispuesto en la sentencia de 2023. Esto implica adoptar y ejecutar las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil y darles el seguimiento necesario para garantizar su cumplimiento.

La resolución también reitera que debe garantizarse el suministro de agua potable para consumo humano sin utilizar las fuentes contaminadas, y que esta medida debe mantenerse hasta que el servicio pueda restablecerse por los medios habituales sin comprometer la seguridad y la salud de la población, previa autorización del Ministerio de Salud.

El fallo establece además un nuevo apercibimiento para las autoridades responsables. De acreditarse nuevamente la desobediencia, la Sala podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario que incumpla lo resuelto y testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia. La propia resolución recuerda que, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este delito puede sancionarse con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa.

Para Fabián Pacheco, uno de los recurrentes, la resolución representa también una reivindicación de la importancia de los mecanismos constitucionales para la defensa del agua y del ambiente:

“Vale resaltar la importancia de la separación de poderes cuando estamos defendiendo el agua de consumo humano de la desidia institucional y pareciera que es a punta de recursos de amparo que se logra de que el Estado Social de Derecho funcione en favor del ambiente y la gente”.

La ecologista y activista del Frente Ecologista de Cipreses, Ana María Montenegro, advierte además sobre la situación actual del abastecimiento mediante cisternas. Según explica, hace unas semanas el conductor del camión del AyA que distribuye agua en Cipreses le manifestó que había recibido instrucciones de suspender el servicio:

“que le habían dado la orden de que ya no repartiera más agua porque no estaba contaminada y que ya no volverían con el camión a repartir agua”.

Ante esta situación, Montenegro señala que el Frente Ecologista de Cipreses solicitó formalmente a las autoridades del AyA que se indique por escrito si se pretende suspender el suministro de agua mediante cisternas.

Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot considera que la nueva resolución evidencia las dificultades que han caracterizado la respuesta institucional frente al problema:

“… volvemos a presentar un recurso de desobediencia del voto de la Sala Constitucional y nuevamente nos han notificado que tenemos la razón, se demuestra que las acciones de las instituciones han sido sumamente limitadas y estamos ante un déficit en materia de protección al derecho humano al agua. La Sala les dice de nuevo que se ha incurrido en una desobediencia. También el voto dice que el agua se debe llevar en camiones cisterna hasta que no se demuestre que el agua no está contaminada con clorotalonil y esto es un logro de los ecologistas y en buena hora que nos han dado la razón una vez más”.

Entre las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil se encuentran el fortalecimiento de la fiscalización y el control, la promoción de plaguicidas más seguros y buenas prácticas agrícolas, el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, la vigilancia de residuos en fuentes de agua, la protección de las áreas circundantes a los cuerpos de agua y la adopción de medidas urgentes para prevenir y mitigar los impactos asociados al plaguicida. El informe técnico también recomendó la cancelación de registros vigentes y la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica.

Desde el Frente Ecologista de Cipreses consideramos que esta resolución constituye un paso importante en la defensa del derecho humano al agua y en la exigencia de que las instituciones públicas cumplan efectivamente las órdenes de la justicia constitucional. La existencia de una prohibición del clorotalonil no resuelve por sí misma la contaminación ya existente ni sustituye la obligación de vigilar, proteger las fuentes de agua, garantizar el abastecimiento seguro y ejecutar las medidas necesarias para enfrentar la presencia de sus metabolitos.

El agua sigue con presencia de degradados de clorotalonil, el agua sigue contaminada y exigimos a las instituciones del Estado no solo mantener el monitoreo, sino trabajar en la restauración de las nacientes de agua captadas para consumo humano que siguen estando invadidas y fumigadas.

Por ello, el Frente Ecologista de Cipreses reitera que continuará utilizando las vías legales y las acciones sociales necesarias hasta que las comunidades afectadas puedan contar con agua potable segura, limpia y libre de contaminación por productos de degradación del clorotalonil.

Le invitamos a escuchar el breve video con la explicación que da el abogado especialista en derecho ambiental Álvaro Sagot.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/20220007026910-35081052-1-1.pdf

Costa Rica: un día innovador y pionero en agricultura orgánica hoy pierde terreno

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Gabriela Soto Muñoz, MAOCO

En Costa Rica hay más de 3000 familias que cada día se levantan al amanecer para cumplir una promesa: producir alimentos que no envenenen la tierra, el agua ni a la gente. Han renunciado a los agroquímicos apostando por la biodiversidad, abonos naturales y paciencia. Producir así es un trabajo intensivo, pero es un acto de lealtad con el planeta. Y, sin embargo, hoy esa promesa está en retroceso.

Como parte de la Agenda Nacional de Evaluación, MIDEPLAN y la UNED (abril 2026) documentaron vacíos graves en la implementación de la Ley 8591 (2007) de Promoción de la Agricultura Orgánica —falta de planificación, presupuesto insuficiente, carencia de recursos humanos capacitados y opacidad en la rendición de cuentas— que evidencian el abandono institucional del sector orgánico. MIDEPLAN reconoce lo avanzado del diseño conceptual de la legislación, pero evidencia que la gestión pública no ha acompañado su cumplimiento, respaldando así lo que los productores llevamos años denunciando.

Las cifras lo confirman: el área certificada como orgánica cayó cerca de un 16% entre 2022 y 2025, según registros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Al mismo tiempo, nuestras exportaciones orgánicas hacia el mercado europeo disminuyeron un 12% al 2025 respecto a 2024, pese al crecimiento de la demanda global por productos orgánicos (Fibl, 2026).

Los productores destacan que la ley creo espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado: la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, el Departamento de Agricultura Orgánica, la Unidad Técnica, etc. Estos espacios de sinergia fortalecían el crecimiento del sector. Hoy todas estas instancias están desmanteladas; en 2020 había cuatro personas dedicadas a la agricultura orgánica en el MAG; ahora no hay personal exclusivo en el tema.

Además de los desafíos macroeconómicos que vive hoy en día el sector agrícola exportador, los productores orgánicos soportan una carga adicional. Cumplen con regulaciones tributarias y sanitarias, financian certificaciones nacionales e internacionales y se someten a inspecciones constantes en un proceso vigilado por el SFE. Aunque estos controles los productores los ven como vitales para garantizar la confianza del consumidor, las regulaciones cambiantes, desmotivan su esfuerzo y compromiso.

Y finalmente, cuando este productor que cumplió con todas las reglas e inspecciones llega al mercado tiene que competir con productos que se venden como “orgánicos” sin certificación. El etiquetado “orgánico”, protegido por ley, pierde valor por el uso indebido en el mercado interno y por la falta de un control articulado entre MAG y MEIC, problema también señalado por MIDEPLAN. Esta competencia desleal desalienta y crea confusión en el consumidor.

¿Qué propone el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), y el informe de MIDEPLAN? Medidas urgentes: reinstaurar la oficina de agricultura orgánica en el MAG con personal capacitado, establecer un sistema efectivo de control de etiquetado entre MEIC y MAG, y lanzar campañas educativas para los consumidores. En resumen, el cumplimiento de la Ley 8591. Y modificaciones a las regulaciones de control a través de procesos participativos con el sector.

Es una inversión con retorno múltiple: alimentos más sanos, menos químicos en ríos y suelos, y una oferta exportable que mantiene su valor protegiendo la integridad del sello orgánico.

Si Costa Rica aspira a proteger su imagen como país que cuida de la naturaleza y quiere dejar de ser el país de la OCDE con más uso de plaguicidas por hectárea, debemos apoyar a los que lo cambian sembrando. No es caridad, es coherencia. Los productores orgánicos son la vanguardia, que, a través de mucho esfuerzo, buscan e implementan alternativas reales al abuso de agroquímicos. La producción orgánica no es un lujo: es una inversión en salud, resiliencia y futuro.

Fuentes citadas (selección)

– MIDEPLAN–UNED (abril 2026): Evaluación de la implementación de la Ley 8591.

– Servicio Fitosanitario del Estado (SFE): estadísticas de áreas certificadas y exportaciones 2022–2025.

– PNUD Costa Rica (2022): diagnóstico sobre consumo de plaguicidas.

– FiBL: estadísticas del mercado orgánico global.

– Ley N.º 8591 (2007): texto legal.

Cuando la prueba técnica se impone en el juicio

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Después de varios años de procurar justicia, Jessica Gamboa, productora de chile, logró ganar su caso gracias a sus registros y a la asesoría técnica de la UNA.

Iret-UNA. La primera señal fue el silencio; no el de la finca, sino el de las plantas. Ese día, en un potrero en Bagaces, Guanacaste, se aplicó un plaguicida formulado para el control de malezas de hoja ancha, de uso común en pasturas para ganadería, conocido comercialmente como Pastar, una mezcla de los herbicidas amynopiralid y 2,4-D. No es un producto diseñado para aplicarse cerca de cultivos como el chile; se trata de un herbicida de acción hormonal que, por sus características de alta volatilidad y, bajo ciertas condiciones como temperatura elevada, viento o aplicaciones fuera del horario recomendado, puede desplazarse muy fácilmente fuera del área donde se aplica…y eso fue lo que ocurrió.

A pocos cientos de metros, en un chilar de tres hectáreas, los trabajadores percibieron primero “un olor muy particular”. Horas más tarde aparecieron los primeros signos: las hojas nuevas comenzaron a acuchararse, los brotes se retorcieron, los puntos de crecimiento en tallos y raíces se alteraron. En los días siguientes, la planta dejó de responder: abortó flores, perdió hojas y los frutos se quemaron. “Era meterle una cosa y la otra, pero no… él (chilar) se murió como a las dos semanas”, contó Jessica Gamboa Morice, propietaria de la plantación.

Habían sido meses de trabajo: tres hectáreas de siembra, 32 mil plantas y solo faltaban menos de 15 días para iniciar la cosecha.

En 2018, la agricultora había apostado por el chile como su principal actividad productiva. No tenía experiencia, pero aprendió rápido. Llevaba registro de aplicaciones, control de insumos, seguimiento de recomendaciones técnicas. “Yo amarraba chile, lo recogía… me fascinó”, contó ilusionada. El cultivo estaba en condiciones óptimas y con un excelente precio de mercado, según las proyecciones. Ese orden, que en su momento era parte de la rutina, terminó siendo clave en el caso.

El mismo día del incidente, Gamboa decidió dejar constancia: acudió a la policía, buscó respaldo institucional, registró fechas y condiciones ambientales porque “papelitos hablan”, dijo. Esa documentación inicial permitió determinar cuándo ocurrió el evento y en qué condiciones.

Asesoría oportuna

Días después, a través de contactos del área fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jessica contactó a la Universidad Nacional (UNA). Fernando Ramírez, investigador y actual director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), atendió el llamado y visitó la finca pocos días después del daño.

Esta no fue solo una inspección visual: se tomaron muestras de suelo, raíces y tejido vegetal que luego se analizaron en el Iret y en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. El investigador revisó posibles causas biológicas como plagas, enfermedades o desbalances nutricionales, documentó síntomas en campo y registró imágenes.

El análisis descartó otras causas. “No había insectos que transmitieran virus, no había nematodos en niveles que explicaran el daño, no había enfermedades suficientes”, explicó Ramírez. El suelo presentaba condiciones normales y el manejo agronómico era consistente con un cultivo sano.

En cambio, los síntomas coincidían con intoxicación por herbicidas hormonales: deformación de tejidos jóvenes, crecimiento anormal, caída de hojas y aborto de flores. Estos herbicidas “actúan en cuestión de minutos, si hay sol y la planta está activa”, detalló.

También se valoraron las condiciones externas. De acuerdo con Ramírez, la aplicación en la finca vecina se habría realizado después de las horas recomendadas, cuando había presencia de viento y posiblemente con boquillas que favorecieron la deriva. Este tipo de herbicida puede volatilizarse y desplazarse incluso a distancias mayores bajo esas condiciones. En ese contexto, el daño que se observó en el chilar era técnicamente consistente con una fitotoxicidad por deriva.

Justicia decisiva

Con esos elementos, el caso pasó al ámbito judicial. El proceso no fue inmediato, en primera instancia, el fallo no favoreció a Jessica. “Decía (el juez) que no le había quedado claro”. Sin embargo, la base técnica ya estaba construida y era sólida.

La evidencia que se generó a partir de los análisis con muestreos, diagnósticos y registro de manejo, permitió sostener el caso en apelación y posteriormente en casación. Cada argumento de la contraparte fue contrastado con datos: si se alegaba enfermedad, había diagnóstico; si se cuestionaba el suelo, había análisis; si se discutía la causa, estaban los síntomas y su interpretación técnica. “Ellos hablaban, pero nosotros teníamos los resultados”, contó la afectada.

La diferencia fue que se pudo demostrar. “Tiene que haber un diagnóstico de un especialista, documentación, registros”, explicó Ramírez. En muchos casos similares, eso no existe o se pierde en el tiempo; aquí no.

El acompañamiento técnico permitió traducir lo que ocurrió en el campo a un lenguaje probatorio. No era solo una percepción de daño, había evidencia. La sentencia final llegó el año pasado y reconoció el daño causado al cultivo. Jessica Gamboa ganó el caso.

No entra en cifras ni en nombres, prefiere quedarse con lo que la satisface: que fue posible sostener el proceso y demostrarlo. “La justicia sí existe”, dijo.

El caso no es frecuente. “Casi ninguno tiene suficiente evidencia”, reconoció Ramírez. La combinación entre documentación inicial, seguimiento técnico y análisis especializado marcó la diferencia. En ese recorrido, el respaldo técnico y científico de la Universidad Nacional no fue un detalle menor; eso permitió sostener el caso en el tiempo y responder a cada cuestionamiento con datos.

Aun así, el proceso no ha cerrado del todo. La ejecución de la sentencia, la etapa en la que se valoran las pérdidas y se concreta el pago, sigue en trámite. Ha pasado más de un año desde el fallo final y para Jessica en este momento “la ejecución ya tenía que haber estado resuelta”.

Desde el 2018, las deudas crecieron. Hubo intentos por sostenerse: un pequeño negocio, apoyo familiar, trabajo constante. “Esto es una bola de nieve…”, narró consternada.

Pero insiste en contar la historia. No como excepción, sino como referencia para otros productores. Saber qué hacer, a quién acudir, cómo documentar. Que un daño así no quede solo en una pérdida asumida. “Yo lo único que quiero es pagar mis deudas… devolverle a la gente que me ayudó”, dijo. Y después, si alcanza, volver a sembrar. Aunque sea poco e implique empezar otra vez.

Habla del chile con cercanía: “Qué planta más agradecida…”. La finca sigue en espera, como ella, pero su caso dejó un precedente poco común que puede servir a otros productores.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Frenemos la continuidad de la corrupción y la destrucción ambiental

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Razones ambientales para NO votar por Laura Fernández Delgado

Desde la Federación Ecologista (FECON) nos sumamos al llamado a “Salir A Votar” en contra del continuismo extractivista, contaminante y machista. Este próximo domingo 1ero de febrero salgamos a hacerle frente al autoritarismo, la erosión de la institucionalidad democrática y la depredación ambiental promovida por el oficialismo.

La continuidad que representa Laura Fernández implicaría más retrocesos en materia ambiental como los que ha impulsado el actual gobierno de Rodrigo Chaves. Consideramos que su Partido Pueblo Soberano y sus aliados, representan una seria amenaza a la independencia de los poderes de la República, a los derechos fundamentales de la población costarricense (sobre todo de las mujeres) y a la participación activa y visible de las personas en los movimientos sociales. Todos estos elementos son imprescindibles para la defensa de los territorios, las Áreas Silvestres Protegidas, la Zona Marítimo Terrestre, los ecosistemas frágiles, el derecho al agua, los ríos, las semillas, las comunidades y la vida en general, por lo que es necesario cuidarlos ante la amenaza del continuismo.

Hacemos un recorrido no exhaustivo de la herencia ambiental de Rodrigo Chaves, con algunas de los principales retrocesos en materia socioambiental de su gobierno:

Más residuos de plaguicidas en el agua potable

Uno de los retrocesos más graves promovidos por este gobierno ha sido el aumento de los niveles permitidos de plaguicidas en el agua para consumo humano por medio del Ministerio de Salud (MinSa), lo cual no solo significó la desprotección del agua y los ecosistemas que dependen de ella, sino también de la salud pública en Costa Rica. Es así como en julio del 2024, el MinSa modificó los parámetros de presencia del fungicida Mancozeb en el agua de consumo humano tras el derrame de 17 000 litros de veneno en el río Barranca, que alcanzaron los sistemas de distribución de agua potable del AyA en concentraciones hasta en niveles 60 veces superiores a los permitidos hasta ese momento. A esto se sumó la afectación de miles de personas en Cartago, cuando sus fuentes de agua se vieron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil. Ante esta situación, nuevamente el MinSa respondió elevando los límites máximos permitidos de residuos del clorotalonil y varios otros plaguicidas en agua para consumo humano, esta vez modificando el Reglamento para la Calidad del Agua Potable por medio del Decreto Ejecutivo No. 38.924-S.

Restricción de la participación ciudadana en materia ambiental

Otro hecho muy cuestionable y preocupante de este gobierno fue en torno al debilitamiento de la participación social en temas ambientales. En el 2023, a partir del decreto ejecutivo N 44020-MAG, el gobierno de Chaves excluyó sin consulta previa a la Red de Coordinación en Biodiversidad de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), comisión que tramita permisos de liberación de organismos transgénicos en el país. El decreto, además, introdujo a un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) como parte de esa comisión, favoreciendo así los intereses de las grandes transnacionales de agroquímicos y transgénicos y de los empresarios que conforman la CNAA, según denunciaron miembros de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Este hecho representa un claro retroceso en materia de participación ciudadana y evidencia el poco interés de este gobierno por el cuidado del ambiente y de las semillas criollas.

Manejo irregular de la institucionalidad ambiental

Así también, es importante tener presente que el fiscal general de la república indicaba para julio del 2025, que el presidente Chaves acumula la alarmante suma de más de 100 causas abiertas en su contra por diversos cargos, entre ellas, el expediente 24-000041-0033-PE investiga su participación y la del ministro de ambiente, Franz Tatenbach, en torno a un posible tráfico de influencias y otras irregularidades en el otorgamiento de permisos para tala de árboles en terrenos que son parte del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, en una propiedad vinculada al empresario Pacheco Dent. Este último siendo cercano del presidente, quien celebró la fiesta de cierre de campaña presidencial anterior, así como otros dos eventos con funcionarios del gobierno, en una propiedad de la familia del empresario. Así también, existe registro de al menos doce visitas de Dent a Casa Presidencial, incluso una de estas visitas llevándose a cabo tres días antes de la otorgación de permisos de tala irregular por parte del Sinac al empresario.

Destrucción de la naturaleza en el Caribe Sur

También en el Caribe Sur, Rodrigo Chaves impulsó el Plan Regulador Costero, el cual utilizaba un estudio del Sinac del 2017 en vez de uno actualizado del 2021, reduciendo el área de humedales presente en la zona y en cambio destinándolo para construcciones turísticas e inmobiliarias. En una conferencia de prensa del 2023, Chaves indicó que con ese plan regulador se quería lograr “certeza jurídica para las inversiones turísticas que ya hay y de las grandes inversiones que podría haber” y en otra del 2024, indicó que la costa sur de Limón “tampoco se lo vamos a dejar a la fauna” ni a “los monitos”, dejando claro los intereses que defiende y su nulo interés de velar por la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, por los humedales protegidos por el convenio internacional Ramsar y toda la diversidad e importancia ecológica que alberga el Caribe Sur del país.

Permisividad con el aleteo de tiburón

El tiburón martillo sigue siendo capturado, comercializado y exportado. Entre 2023 y 2024 Costa Rica exportó más de 12 toneladas de aletas de tiburón martillo, a pesar de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia reconoce a los tiburones como vida silvestre, lo que prohíbe su captura con fines comerciales. Aun así, INCOPESCA sigue teniendo un manejo poco transparente y con posibles conflictos de interés respecto a los permisos de pesca.

Proyectos de ley: privatización de la electricidad y minería a cielo abierto

En la Asamblea Legislativa también fue posible observar a la bancada oficialista impulsando proyectos como el 23.414, para una supuesta “armonización” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual incluía un debilitamiento profundo del ICE y el avance de la privatización del SEN. Desde el movimiento ecologista conocemos las experiencias de otros países de la región que han privatizado sus sistemas eléctricos y han centrado el foco de la generación eléctrica en torno al lucro de las empresas y sabemos que esos procesos van de la mano con el aumento de proyectos eléctricos que tienen un fuerte impacto en los ríos, comunidades y territorios. Así también, el gobierno de Chaves impulsó un proyecto de ley que propone autorizar la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos (Expediente 24.717), actividad que también conocemos por medio de nuestros vecinos de la región que tiene un profundo e irreparable impacto en los territorios.

Incremento de la violencia hacia defensores ambientales y de DDHH

Durante estos cuatro años del gobierno de Chaves han existido múltiples casos de violencia hacia personas defensoras del territorio, incluyendo amenazas de muerte, que se suman a la peligrosidad de desarrollar trabajo ecologista en territorios cada vez más afectados por la presencia del crimen organizado que ha sido totalmente desatendido, y aparentemente promovido, por este gobierno. Al mismo tiempo, el oficialismo se ha negado a aprobar el Acuerdo de Escazú.

También, denunciamos la persecución de este gobierno contra personas vinculadas a los movimientos sociales. Esto se evidencia, por ejemplo, en el uso reciente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para amedrentar a la comunicadora social Stella Chinchilla y a otras cuatro personas activistas, mediante un procedimiento irregular y profundamente cuestionable. Asimismo, condenamos el procesamiento judicial de tres personas activistas que fueron reprimidas y detenidas por la fuerza pública mientras participaban en una manifestación contra la brutalidad policial en 2023.

Frente al escenario complejo que vivimos, hacemos un llamado a los movimientos estudiantiles, de mujeres, de la diversidad, indígenas, campesinos y todas las fuerzas vivas de este país, para que independientemente de los resultados electorales, nos mantengamos alertas, organizados y articulados. Hoy más que nunca es necesario fortalecer nuestros espacios y construir propuestas comunes ante los retos nacionales y globales que enfrentamos como sociedad y desde los movimientos sociales.

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.