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Etiqueta: plaguicidas

Flexibilización de límites para plaguicidas en el agua potable genera preocupación ambiental

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.

El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.

Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.

Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-deja-de-ser-derecho-regresion-ambiental-y-captura-del-bien-comun/

Imagen: Semanario Universidad.

Modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable: grave retroceso en protección del agua y salud pública en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Agua.

Pronunciamiento del Grupo Interuniversitario de Estudios Sociales del Agua

El pasado martes 24 de junio de 2025 el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó, a través de la ministra de salud Mary Munive, una modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38.924-S), la cual representa una grave amenaza y un notable retroceso en la protección del agua y la salud pública en Costa Rica. Esta modificación resulta indignante, tanto en lo que respecta al contenido de la misma como al proceso mediante el cual fue impulsada. Como grupo de trabajo dedicado al estudio científico del agua desde una perspectiva socioambiental, a continuación, exponemos nuestros puntos de vista en relación con este acontecimiento:

  • En términos generales, la modificación al Reglamento eleva los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Se trata, tal como lo han denunciado diversos colectivos y organizaciones socioambientales, una “legalización de la contaminación” del agua.
  • Considérese, como contexto, que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial aplica mayor cantidad de plaguicidas por área agrícola. Se estima que en este país se aplican entre 10 y 35 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea agrícola, según diferentes fuentes. Por ejemplo, la base de datos de la FAO, Food and Agriculture Data (FAOSTAT), ubica a Costa Rica como el número uno en el mundo, con un promedio de 23,44 kg/ha entre 2000 y 2020, lo cual representa ocho veces más que el promedio del resto de países de la OCDE del continente americano.
  • En Costa Rica hay registrados más de 250 ingredientes activos con acciones biocidas, de los cuales se usan activamente más de 200. Aproximadamente la mitad de estos se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), prohibidos en muchos países del mundo. Por volumen de uso, se estima que aproximadamente el 90% de los plaguicidas utilizados son PAPs.
  • La aplicación masiva de plaguicidas y otros agroquímicos tóxicos ya representa un grave problema ambiental y de salud pública en el país. Amplia investigación científica ha evidenciado la correlación entre la aplicación de estos productos y la incidencia de diferentes enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, Costa Rica ocupa el 11º lugar en incidencia y el 13º en mortalidad por cáncer gástrico en el mundo.
  • Según el PNUD, las erogaciones realizadas por la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre el 2018 y el 2020 para brindar cuidado médico y por concepto de incapacidades laborales debido a intoxicaciones provocadas por estas sustancias, en promedio, alcanzaron para esos años el monto de 5 580 554 201 colones. El 87% de esa cifra corresponde a gastos clínicos. Es oportuno indicar que las intoxicaciones representaron aproximadamente el 0,35% del PIB Agrícola de Costa Rica para esos años.
  • Además de elevar los límites máximos de plaguicidas permitidos, la modificación al Reglamento incorpora el concepto de “Valor de Alerta”, sustituyendo el concepto hasta entonces vigente de “Valor Máximo Admisible”. Este cambio implica que, frente a una posible contaminación del agua para consumo humano, la población continuará consumiéndola mientras se determina mediante estudios técnicos si efectivamente los niveles de plaguicida sobrepasan los límites máximos permitidos. Es decir, violenta el principio precautorio indubio pro salud.
  • La modificación al Reglamento fue sometida a consulta pública, a partir de la cual recibió numerosos cuestionamientos de parte de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales. Entre estos, se pronunciaron las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, los cuales defendieron sus posiciones con argumentos sólidos y bien documentados. Es decir, la modificación al Reglamento se impulsó de forma antidemocrática y anticientífica.

En fin, la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable representa un nefasto acontecimiento en la vida social y política del país y un retroceso en materia ambiental, que exige una respuesta enérgica y organizada de parte de los diversos sectores de la sociedad costarricense. Se trata de una modificación legal que autoriza el consumo humano de agua contaminada con plaguicidas tóxicos, sin respaldo técnico ni científico, impuesto de manera autoritaria al servicio de los intereses empresariales del agronegocio. Resulta sorprendente la irresponsabilidad y la insensatez de esta medida, pues la política pública que correspondería aplicar debería ser todo lo contrario: regular y limitar el uso de plaguicidas tóxicos, en beneficio del ambiente y la salud de la población.

Referencias

Castro-Vargas, María Soledad (2023). Pesticides, plantations and the State. The making and un-making of the Térraba-Sierpe delta. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.

Dávila, Adriana. et al. (2018). Caracterización clínica y epidemiológica de la población tamizada en el Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, Costa Rica, período 1996-2015. Revista Costarricense de Salud Pública, 27(2), 68-81.

Pacheco, José Francisco.; Idriago, Déborah. (2022). Costo Económico y Fiscal del uso de plaguicidas en Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Vargas, Elídier. (2021). Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

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El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias se pronuncia sobre modificación al “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”

El viernes 13 de diciembre el Ministerio de Salud hizo una consulta pública la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”. La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias (ANC) considera que esta modificación acarrea consecuencias perjudiciales para la salud de la población.

El año pasado la ANC organizó el foro titulado “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”. En dicha actividad, expertas y expertos en el tema expusieron la grave situación por la que atraviesa Costa Rica en este tema. En el pronunciamiento de la ANC a raíz del foro se mencionó que “Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs.”

Este nivel de contaminación por plaguicidas tiene enormes impactos en la salud humana y es de perjuicio para los ecosistemas, lo cual ha sido ampliamente documentado mediante investigaciones científicas en el país. Por lo tanto, se requiere tomar conciencia de la gravedad de esta situación e implementar medidas preventivas y correctivas, las que fueron discutidas en el foro mencionado.

En este contexto nos preocupa la propuesta de modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable que ha preparado el Ministerio de Salud. Uno de los problemas principales es que se cambia el concepto de “valor máximo admisible” de 0,1 µg/L para cualquier plaguicida y de 0,5 µg/L para el total de plaguicidas, por el concepto más flexible de “valor de alerta”, a partir del cual se realicen valoraciones de riesgo específicas para cada plaguicida. Esto significa que, en caso de que se detecte que la concentración de plaguicidas en una fuente de agua supere el valor de alerta, se efectuaría un análisis de riesgo para establecer un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR) que podrá ser mayor al valor de alerta. El agua potencialmente contaminada con concentraciones mayores al ‘’valor de alerta´´ e inferiores al VMAAR seguiría siendo consumida por la población durante un periodo indefinido, hasta que se reduzca el nivel de contaminación. Claramente esta modificación al reglamento atenta contra el principio precautorio de in dubio pro salud por flexibilizar la normativa existente. Por tanto, la propuesta de modificación del reglamento mencionado constituye un retroceso en la salud pública del país.

El problema de contaminación del agua por plaguicidas en Costa Rica es de proporciones importantes, según evidencia la contaminación de fuentes de agua potable con metabolitos del plaguicida clorotalonil en ciertas regiones del país. La modificación propuesta del decreto empeora una ya de por sí complicada situación. Se hace un llamado a mantener el modelo preventivo del valor máximo admisible y crear caminos que conduzcan a la prevención de la ingesta de agua contaminada, a la adecuación de la normativa en el sentido de hacerla más exigente, así como el fortalecimiento de la implementación de la misma y al mejoramiento de las prácticas agrícolas nacionales.

Como miembros de la ANC nos preocupa que, en la elaboración de normativa en este tema, no se tome en cuenta a sectores de la comunidad científica nacional que tienen conocimiento amplio y experiencia en estudios sobre calidad y contaminación del agua y que están en la mejor disposición de aportar estos insumos para generar política pública basada en evidencia científica y dirigida al bien común.

Los miembros de la ANC instan a las autoridades y a la sociedad en general a suspender la aprobación de la modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable y abrir procesos de análisis y discusión sobre este delicado asunto, sobre una base científica y en salvaguarda de la salud pública del país.

UCR hace llamado para garantizar la calidad y seguridad del agua potable en el país

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La Universidad de Costa Rica pone a disposición del país, todos los conocimientos científicos y personas especializadas para contribuir a mitigar dicha problemática.

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista, UCR

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO AQUÍ

Luego de realizar un detallado análisis de la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.o 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 12 de enero de 2015, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, instó a las autoridades competentes a reconsiderar su decisión en cuanto al aumento en los límites de plaguicidas permitidos en el agua potable para consumo de la población.

Así lo hizo saber mediante un pronunciamiento, en el cual esta casa de estudios superiores mostró su preocupación, pues de aprobarse el proyecto se modificaría el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, para introducir nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo, los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa nacional actual.

Para la Universidad de Costa Rica, la propuesta que salió a consulta por parte del Poder Ejecutivo, permitiría que el agua potable en el país contenga niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua. En consecuencia, la reforma podría exponer a la población al consumo de agua con mayores concentraciones de residuos de pesticidas, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.

Adicionalmente el Órgano Colegiado señaló la importancia de especificar cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población y, en consecuencia, cómo se garantizará la implementación ágil de medidas de control.

El decreto propuesto presenta una deficiencia técnica, ya que no establece los mecanismos con los cuales estas metodologías serán definidas. Esto es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos químicos en una muestra de agua.

Para los integrantes del Consejo Universitario es importante contar con las regulaciones y normativas rigurosas, así como actualizadas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública.

Para este Órgano, estas normativas deben basarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y asegurar un monitoreo constante, permitiendo la detección y mitigación de riesgos para la población.

El plenario se solidariza con las comunidades que actualmente enfrentan la exposición a plaguicidas en su agua de consumo, reconociendo los riesgos que esto supone para la salud y bienestar.

Reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas

Escrito en . Publicado en Salud.

Expresidenta ejecutiva del AyA considera que reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas.

En una entrevista para el colectivo Bloque Verde, la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, ex presidenta del AyA, catedrática de la Universidad de Costa Rica, bióloga y especialista en recursos hídricos, expresó su preocupación por las modificaciones al Reglamento de Calidad de Agua Potable, impulsadas por la ministra de Salud, Mary Munive.

Astorga advirtió que «estos cambios podrían exponer a la población al consumo de agua con residuos de plaguicidas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves, como el cáncer».

La última semana de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud (MinSa) publicó sigilosamente una consulta pública con una nueva versión del Reglamento de Calidad de Agua Potable DE-38924-S. Esta reforma deja desprotegido el agua destinada al consumo humano, permitiendo y legalizando la contaminación con plaguicidas en el agua que se distribuye a toda la población. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del término “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”, lo que faculta tanto al AyA como a las ASADAS para seguir distribuyendo agua con residuos de plaguicidas. Diversos sectores han manifestado su preocupación, y la ex presidenta del AyA respaldó los argumentos de las organizaciones ambientales.

Según Astorga, “esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo al consumir agua con residuos de plaguicidas, que son moléculas persistentes que se acumulan, principalmente, en el tejido graso del cuerpo humano. Conforme consumimos esta agua, los residuos se van acumulando hasta alcanzar concentraciones que, en efecto, pueden provocar algún tipo de enfermedad”.

Costa Rica cuenta con una Ley de Aguas desde 1942, que establece que cuando un manantial se utiliza para consumo humano, debe dejarse una zona de protección de 200 metros a la redonda. Astorga señaló una gran contradicción, ya que «en las fuentes que hoy día están contaminadas con clorotalonil, por ejemplo, en la zona de Cartago, el gobierno no está cumpliendo con lo que estipula la ley, y esta modificación al reglamento tampoco lo incluye».

En otros casos de contaminación por plaguicidas, como en las comunidades del Cairo y Milano (Guácimo y Siquirres) o en la Zona Norte (Veracruz y Pital), «lo primero que se hizo fue eliminar la fuente contaminante, que era el cultivo, dentro de un radio de 200 metros. Sin embargo, en Cartago no se ha aplicado la ley, lo que genera la pregunta: ¿por qué?», cuestionó la experta.

Otros expertos en contra del reglamento

Astorga mencionó que la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica ha mostrado su preocupación y enviado observaciones al Ministerio de Salud sobre el borrador del nuevo reglamento. «Nosotros enviamos unas observaciones, en las que participaron dos investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), una investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) y yo, como parte de la Escuela de Tecnologías en Salud. En esas observaciones manifestamos nuestra preocupación por la modificación, pues consideramos que Costa Rica necesita avanzar hacia regulaciones más estrictas y mejores, nunca en retroceso. Este reglamento, o mejor dicho, esta modificación, representa un retroceso para la salud de la población», afirmó Astorga.

Vea la entrevista completa en el siguiente enlace:

Créditos de la entrevista a la profesora Yamileth Astorga Espeleta sobre las pretensiones de modificar el reglamento de agua potable en Costa Rica:

Producción ejecutiva
IRENE BURGUÉS ARREA

Realización audiovisual
CARLOS GÓMEZ DE LA ESPRIELLA

Una producción de Trópico Rural S.A. en apoyo al Bloque Verde
Costa Rica, 2025

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Reforma permitiría plaguicidas en el agua para consumo humano

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El gobierno impulsa una reforma para permitir la contaminación con plaguicidas en el agua para consumo humano

  • Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.

  • La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

  • Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia

(07/01/2026) El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.

El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.

La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.

Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.

Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.

Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.

La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).

En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.

La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.

Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional. Además los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.

En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen, la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.

Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.

Firman:

Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Paren de Fumigar: un canto que recorre de la India a Costa Rica a 40 años del desastre de Bhopal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Ecologistas estrenan video musical contra los plaguicidas con imágenes de fotógrafo premiado por National Geografic

El 2 y 3 de diciembre de 1984, en la planta Unión Carbide de Bhopal, India, se produjo un accidente que liberó más de 40 toneladas de isocianato de metilo, un gas tóxico utilizado en la producción de plaguicidas. Este suceso dejó unas 20 mil personas fallecidas y 500.000 con graves problemas de salud. En el año 2001 la empresa transnacional Dow compró la empresa Unión Carbide, sin asumir la responsabilidad de los hechos.

Todos los 3 de diciembre en todo el mundo, miles de organizaciones conmemoran el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas en la salud y el ambiente que generan los agrotóxicos.

A cuatro décadas del derrame de Bhopal, no se ha hecho justicia. Las personas que sobrevivieron y sus descendientes siguen esperando una compensación justa, una limpieza exhaustiva de su entorno, atención y tratamiento médicos adecuados, el castigo de todos los responsables, y una rehabilitación económica y social integral.

“Paren de Fumigar” ha sido una campaña que alerta sobre el uso y abuso de agrotóxicos en Costa Rica. Mediante acciones legales, incidencia política y pasacalles en ferias del agricultor, dicha campaña alertó, desde el año 2011, que Costa Rica es uno de los países más voraces en el mundo en el consumo de plaguicidas.

Esta pieza musical fue compuesta por Fabián Pacheco y la rapera costarricense Nativa para denunciar la grave situación que enfrenta el país en materia de plaguicidas. Año con año vemos nuevos casos de intoxicación en escuelas rurales, contaminación de fuente de agua para consumo humano, afectaciones a la salud, intoxicaciones masivas de peces, entre muchos otros impactos.

Todos los años ingresan a Costa Rica entre 15 y 20 millones de kilogramos de ingrediente activo de plaguicidas. La industria de los agrotóxicos sigue desregulada, sin controles y con grandes privilegios fiscales que los hace un sector muy poderoso. Esta industria tiene poderosos tentáculos dentro de la institucionalidad tica y hasta financian ONGs para impulsar su agenda contaminadora usando técnicas de greenwashing (o lavado verde).

¨Paren de fumigar” es una campaña y ahora un himno de las cientos de comunidades afectadas por las empresas biocidas que no les basta con envenenar la comida, sino además no paran de fumigar escolares, clínicas médicas y nacientes de agua.

El video clip fue producido por el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad, y la Revista Biodiversidad sustento y culturas. El clip contiene imágenes del fotógrafo Pablo Pivano, documentalista argentino reconocido a nivel global, premiado en 2023 por Natinal Geografic por su trabajo con el pueblo indígena mapuche. Disponible a partir del 3 de diciembre de 2024 en la plataforma de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HhAOcjwD704

Créditos:

Fabián Pacheco Rodríguez: composición, voz, ocarinas y djembé
Nativa: composición de rap y coros
Javier Alvarado Vargas: dirección musical, bajo eléctrico y coros
Anyul Arévalo Acosta: tambor surdo, pandeiro, triángulo, shaker, guasá y pito de samba
Oscar Jiménez Fernández: guitarra eléctrica
Luz María Romero Miño y Fernando Calvo Flores: coros
Heriberto Román Chaves: grabación, mezcla y masterización (Calle Uno Recording Studios)
Producción y arreglos: Fabián Pacheco Rodríguez, Javier Alvarado Vargas, Oscar Jiménez Fernández, Fernando Calvo Flores y Anyul Arévalo Acosta

Nueva matanza de peces en Batán de Limón

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Comunicado de Bloque Verde

Ayer se registró un nuevo incidente de envenenamiento en la Laguna Santa Marta y la Laguna Madre de Dios, en el río Pacuare, en Batán, Limón. Este suceso ocurre apenas quince días después de la anterior muerte masiva de peces (Bloqueverde, 17-10-24).

Vecinos reportaron la muerte de cientos de peces y otras especies. Según los testimonios, las plantaciones bananeras aplicaron nematicidas durante las lluvias, ignorando el impacto que esto tiene en el ecosistema, ya que es más fácil que el veneno llegue al río cercano.

Autoridades del OIJ y del Guardacostas se presentaron para recoger la denuncia y tomar muestras de los peces muertos.

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha estado monitoreando estas contaminaciones a través desde 2003 en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en los cuerpos de agua que alimentan estas lagunas, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas son arrastrados por escorrentía hasta los afluentes y, eventualmente, llegan a la laguna.

Por ejemplo, en enero de 2003, murieron miles de organismos acuáticos, incluidos peces juveniles y adultos de hasta un metro de largo, como anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También fallecieron crustáceos, entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue probablemente el derrame de un plaguicida de un tanque en el aeropuerto de Batán (IRET, 2004).

En ese histórico evento, se encontraron peces muertos a lo largo de 15 kilómetros. A raíz de este caso, la multinacional bananera Standard Fruit Co. llegó a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo, donde fue «absuelta» de responsabilidad a cambio de comprometerse a pagar ocho mil dólares anuales durante cinco años. Este dinero, en teoría, se destinaría a repoblar el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una evaluación económica del daño ambiental, preparada para el tribunal, estimó que el tiempo para recuperar el estado de conservación inicial sería de cinco años para la actividad pesquera y de cuatro años para la actividad turística. ( ver estudio).

Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” del IRET UNA identificó una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas se encuentran epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diurón, diazinón y difeconazol.

Tras un monitoreo realizado entre 2016 y 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas en las aguas de la laguna, que recibe afluentes de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Batán. La contaminación de estas aguas provoca efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios albergan alrededor de 100 familias dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

Fotos y videos de Julio Knight y Evelyn Casasola (Pacuare): https://drive.google.com/drive/folders/1BbSHQg0QN10NVRDfWpHsEK5qE2-H87e4?usp=sharing

UNA presente en la COP16

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Del 21 de octubre al 1 de noviembre se realiza la Convención de las partes (COP16) del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en Cali, Colombia. Fernando Ramírez, participa como investigador en representación del Instituto Regional en Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), por medio de la coordinación de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAPAL o PAN International).

La participación en esta actividad se da como “ONG Observadora”, ya que las decisiones políticas las toman los representantes gubernamentales que tienen derecho a voz y voto.

Cerca de 15 mil personas, con delegados de 196 países parte, participan de este encuentro, en donde se discuten los documentos para adoptar decisiones consensuadas con el objetivo de proteger la diversidad biológica de nuestro planeta.

Estas discusiones se dan en la “Zona Azul”; pero además, en la ciudad de Cali, está la “Zona Verde” o la COP de la gente como se le ha llamado, donde la ciudadanía es invitada a participar de actividades culturales, de emprendedurismo, educativas, artísticas y ambientales, entre otras, siempre dentro de un marco de conocer la biodiversidad para poder protegerla.

Dado su nicho de investigación, el Iret-UNA, se centra en buscar que se cumpla la meta 7 del Convenio de Diversidad Biológica: reducir para 2030 los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas, considerando los efectos acumulativos, entre otras cosas: a) reduciendo al menos a la mitad el exceso de nutrientes que se liberan al medio ambiente, como por ejemplo mediante un ciclo y un uso más eficientes de los nutrientes; b) reduciendo el riesgo general de los plaguicidas y las sustancias químicas altamente peligrosas al menos a la mitad, incluido mediante la gestión integrada de plagas, basándose en la ciencia, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y los medios de vida; c) previniendo, reduciendo y procurando eliminar la contaminación por plástico.

“En este sentido conversamos con diferentes delegados y partes, para que apoyen acciones específicas relacionadas con el uso de plaguicidas, como, por ejemplo, la adopción del indicador “Toxicidad Total Aplicada Agregada” (ATAT, por sus siglas en inglés) recomendado por el Grupo Técnico de Expertos en Indicadores (AHTEG) para el riesgo de plaguicidas, en lugar del indicador de “Concentración Ambiental de Plaguicidas” (PEC, por sus siglas en inglés) propuesto en la pasada COP15. El indicador ATAT toma en cuenta no solamente la cantidad de plaguicidas usados, sino además, calcula la “toxicidad total aplicada” multiplicando el volumen de cada ingrediente activo utilizado a nivel nacional, por su ecotoxicidad”, explica Ramírez.

La adopción del indicador ATAT, es una acción relacionada con la eliminación del uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), los cuales presentan toxicidades agudas y crónicas que disminuyen drásticamente la biodiversidad. De acuerdo con el investigador, “hay un gran lobby de la industria de agroquímicos para que no se adopte; la ha estado describiendo incorrectamente, a pesar de que fue propuesta por el grupo de expertos globales y Partes del Convenio de Diversidad Biológica, convocados por éste y la FAO a principios de 2024”.

El IRET, consciente de esta problemática, realiza investigaciones y publicaciones sobre el estado de Costa Rica referente a la importación, uso y efectos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos; incluso propuso un Plan Nacional que prioriza los plaguicidas a eliminar de los campos y por ende de los platos de los costarricenses.

Para Ramírez, otro tema importante es la adopción de la Agroecología como una técnica científica para producir alimentos más sanos que respeten la biodiversidad presente, y no comprometan los recursos para las futuras generaciones. “La agroecología se ve como una ciencia práctica, una visión de los Sistemas Agroalimentarios que incluye la protección de la biodiversidad total, y especialmente del suelo, lugar donde se debe de iniciar este proceso de cambio agroecológico, incorporando la mayor diversidad de microorganismos, así como de plantas y animales en un contexto comunitario”.

El lema de la COP16 es “Paz con la naturaleza”, reducir el uso de plaguicidas, especialmente los de mayor problemática en salud y ambiente, es una forma de decirle a la naturaleza: paz. “Es hora de que se empiece a trabajar con la naturaleza, y no contra la naturaleza. En este sentido, el IRET también ha propuesto a la agroecología, como la alternativa deseable para hacer un cambio en los paradigmas productivos actuales, que nos hacen dependientes de los plaguicidas” concluyó Ramírez.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica