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Etiqueta: plaguicidas

UNA presente en la COP16

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Del 21 de octubre al 1 de noviembre se realiza la Convención de las partes (COP16) del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en Cali, Colombia. Fernando Ramírez, participa como investigador en representación del Instituto Regional en Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), por medio de la coordinación de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAPAL o PAN International).

La participación en esta actividad se da como “ONG Observadora”, ya que las decisiones políticas las toman los representantes gubernamentales que tienen derecho a voz y voto.

Cerca de 15 mil personas, con delegados de 196 países parte, participan de este encuentro, en donde se discuten los documentos para adoptar decisiones consensuadas con el objetivo de proteger la diversidad biológica de nuestro planeta.

Estas discusiones se dan en la “Zona Azul”; pero además, en la ciudad de Cali, está la “Zona Verde” o la COP de la gente como se le ha llamado, donde la ciudadanía es invitada a participar de actividades culturales, de emprendedurismo, educativas, artísticas y ambientales, entre otras, siempre dentro de un marco de conocer la biodiversidad para poder protegerla.

Dado su nicho de investigación, el Iret-UNA, se centra en buscar que se cumpla la meta 7 del Convenio de Diversidad Biológica: reducir para 2030 los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas, considerando los efectos acumulativos, entre otras cosas: a) reduciendo al menos a la mitad el exceso de nutrientes que se liberan al medio ambiente, como por ejemplo mediante un ciclo y un uso más eficientes de los nutrientes; b) reduciendo el riesgo general de los plaguicidas y las sustancias químicas altamente peligrosas al menos a la mitad, incluido mediante la gestión integrada de plagas, basándose en la ciencia, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y los medios de vida; c) previniendo, reduciendo y procurando eliminar la contaminación por plástico.

“En este sentido conversamos con diferentes delegados y partes, para que apoyen acciones específicas relacionadas con el uso de plaguicidas, como, por ejemplo, la adopción del indicador “Toxicidad Total Aplicada Agregada” (ATAT, por sus siglas en inglés) recomendado por el Grupo Técnico de Expertos en Indicadores (AHTEG) para el riesgo de plaguicidas, en lugar del indicador de “Concentración Ambiental de Plaguicidas” (PEC, por sus siglas en inglés) propuesto en la pasada COP15. El indicador ATAT toma en cuenta no solamente la cantidad de plaguicidas usados, sino además, calcula la “toxicidad total aplicada” multiplicando el volumen de cada ingrediente activo utilizado a nivel nacional, por su ecotoxicidad”, explica Ramírez.

La adopción del indicador ATAT, es una acción relacionada con la eliminación del uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), los cuales presentan toxicidades agudas y crónicas que disminuyen drásticamente la biodiversidad. De acuerdo con el investigador, “hay un gran lobby de la industria de agroquímicos para que no se adopte; la ha estado describiendo incorrectamente, a pesar de que fue propuesta por el grupo de expertos globales y Partes del Convenio de Diversidad Biológica, convocados por éste y la FAO a principios de 2024”.

El IRET, consciente de esta problemática, realiza investigaciones y publicaciones sobre el estado de Costa Rica referente a la importación, uso y efectos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos; incluso propuso un Plan Nacional que prioriza los plaguicidas a eliminar de los campos y por ende de los platos de los costarricenses.

Para Ramírez, otro tema importante es la adopción de la Agroecología como una técnica científica para producir alimentos más sanos que respeten la biodiversidad presente, y no comprometan los recursos para las futuras generaciones. “La agroecología se ve como una ciencia práctica, una visión de los Sistemas Agroalimentarios que incluye la protección de la biodiversidad total, y especialmente del suelo, lugar donde se debe de iniciar este proceso de cambio agroecológico, incorporando la mayor diversidad de microorganismos, así como de plantas y animales en un contexto comunitario”.

El lema de la COP16 es “Paz con la naturaleza”, reducir el uso de plaguicidas, especialmente los de mayor problemática en salud y ambiente, es una forma de decirle a la naturaleza: paz. “Es hora de que se empiece a trabajar con la naturaleza, y no contra la naturaleza. En este sentido, el IRET también ha propuesto a la agroecología, como la alternativa deseable para hacer un cambio en los paradigmas productivos actuales, que nos hacen dependientes de los plaguicidas” concluyó Ramírez.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Agroecología gana terreno en Costa Rica

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De acuerdo con investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), Costa Rica enfrenta una crisis por el alto uso de plaguicidas en el país y sus impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas.

Los expertos han hecho reiterados llamados al uso de prácticas agrícolas más sostenibles, como es el caso de la agroecología. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos sistemas buscan optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, las personas y el ambiente, y considera las interacciones sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible.

Desde el año pasado, la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA-UNA) realiza desde Centro para la valorización de productos agroalimentarios y artesanales diferenciados por sus cualidades bioculturales y de origen geográfico, un mapeo exploratorio de iniciativas de producción, comercialización y educación agroecológica en Costa Rica.

Por medio de encuestas, entrevistas y visitas de campo, el académico Gerardo Cerdas Vega, con el apoyo de la estudiante Adriana Salazar Mora, se dio a la tarea de recolectar información de 189 experiencias: 137 fincas, 17 iniciativas de comercialización y 35 educativas o de organizaciones.

Se determinó que la provincia con mayores prácticas agroecológicas es Alajuela con un 27,61 %, seguida de San José (17,16 %) y Puntarenas (15,67 %). La principal actividad que se desarrolla es la producción agropecuaria, con cerca del 70 % y la comercialización de productos agroecológicos u orgánicos (50,4 %).

El 50 % de las fincas tiene de 0 a 3 hectáreas, y el 25 % supera las 10 hectáreas. Los productos que más se comercializan son las hortalizas (59,1 %), frutas (56,2 %) y bioinsumos (51,1 %). Cabe destacar que el 74,5 % de las personas entrevistadas afirmó que su método de comercialización es la venta directa, seguida de la participación en ferias municipales o artesanales, y en mercados orgánicos.

Sello Diferenciador

Las prácticas implementadas por estos productores se basan en el uso de abonos orgánicos, la conservación del suelo y el agua, el manejo agroecológico de plagas y el fomento de insectos polinizadores, entre otros. La mano de obra que utilizan es en su mayoría familiar (34,3 %), seguida por la contratación de mano de obra externa de manera ocasional (33,6 %) y la contratación de mano de obra externa permanente (27,7 %).

Los investigadores destacan que el 97 % de los participantes tiene interés en acercarse a otras redes u organizaciones que promuevan la agroecología, y el 64 % coincide en que esta práctica reaproxima a los productores y consumidores sobre la base de la economía solidaria. Además, el 65 % considera que el protagonismo de la transición agroecológica debe ser de los campesinos y campesinas.

“Estas iniciativas, en general, reciben poco o ningún apoyo, y la mayoría de las veces se desarrollan con recursos propios y por interés de los mismos productores. Aunque en Costa Rica la agroecología como enfoque para el diseño de sistemas agroalimentarios es relativamente reciente, está ganando terreno, por lo que es fundamental continuar profundizando en la investigación para generar insumos que faciliten el proceso de adopción o transición a esta práctica”, concluyó Cerdas.

Escuche el podcast completo en Youtube o Spotify:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Gran cantidad de peces muertos en ríos de Limón alerta a las comunidades

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Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.

Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare. 

Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.

Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.

La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.

El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.

Videos e imágenes

https://drive.google.com/drive/folders/1PNVE_aJfpkWLJB_y6LcJinD-a2pXyvVH?usp=drive_link

Fotos y videos de Julio Knight

Emergencia ambiental: más de 69 fuentes de agua en Cartago estarían contaminadas

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El gobierno podría proponer aumentar los límites de plaguicidas para evitar declarar una emergencia y así destinar recursos para resolver el problema de contaminación de más de 50 mil personas. 

Desde marzo, la ARESEP, junto con la academia, grupos comunitarios, ambientalistas y diputados, había solicitado la declaratoria de emergencia. Se basaron en informes institucionales, precedentes legales y el principio de precaución, que permitirían agilizar los recursos para el proyecto Orosi II.

Por Mauricio Álvarez Mora
Geógrafo docente en las Escuelas de Geografía y Políticas
Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR e IDELA UNA

Una fuente interna de una institución pública nos aseguró que todas las 69 muestras de agua resultaron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil, es decir, productos derivados de la molécula original. A principios de mayo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un muestreo en la zona norte de Oreamuno y Alvarado, en Cartago. Se tomaron 45 nacientes gestionadas por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y 24 nacientes de acueductos municipales de Oreamuno, afectando así a aproximadamente 50,000 personas.

Entre las fuentes muestreadas se encuentran: ASADA Buena Vista de Pacayas (2 fuentes), ASADA Cipreses de Oreamuno (2 fuentes), ASADA Cot de Oreamuno (6 fuentes), ASADA Norte de Pacayas (2 fuentes), ASADA Paso Ancho y Boquerón (2 fuentes), ASADA Potrero Cerrado (5 fuentes), ASADA San Juan de Irazú (2 fuentes), ASADA San Pablo de Santa Rosa (9 fuentes), ASADA San Rafael de Irazú (7 fuentes), ASADA Santa Rosa de Oreamuno (7 fuentes), ASADA Santiago de Paraíso (2 fuentes), Municipalidad de Alvarado (13 fuentes) y el Consejo Municipal de Cervantes (11 fuentes).

Según datos divulgados por el gobierno, el muestreo abarca un área aproximada de 8,500 hectáreas y es la primera de cuatro etapas de muestreo (AYA, 1-7-24). Este monitoreo fue una respuesta del gobierno a la solicitud de declaratoria de emergencia de diversas instituciones y fuerzas políticas. En su momento, se indicó que “a partir de sus resultados definiremos la ruta a seguir” (AYA, 1-7-24).

Algunas de estas fuentes ya estaban clausuradas por contaminación, como las de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, afectando a unas 10,000 personas. En el caso de Cipreses, el 12 de octubre se cumplieron dos años de suministrar agua mediante cisternas, y otras comunidades pronto alcanzarán el mismo plazo.

Declaratoria de emergencia: Mediante un oficio dirigido a la Primera Vicepresidencia de la República y a los jerarcas de los ministerios de Salud, Ambiente, Energía y Agricultura, así como al Presidente Ejecutivo del AyA, la ARESEP solicitó el 4 de marzo de 2024: “Se insta a declarar Estado de emergencia en la zona norte de Cartago, dada la contaminación por agroquímicos de las fuentes de agua utilizadas por las Asadas de Potrero Cerrado, Paso Ancho, Boquerón, Cipreses, San Pablo, Norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Irazú, afectando directamente a 33,000 habitantes” (OF-0131-IA-2024).

El 9 de abril, representantes del Frente Ecologista de Cipreses, la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados de los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional pidieron al Gobierno declarar “estado de emergencia” en la zona norte de Cartago, debido a la contaminación con agroquímicos en las fuentes de agua que afectan a 50,000 habitantes.

Los informes internos son contundentes. Advertían que el 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas estaba invadido por cultivos, infraestructura y ganadería, con un uso agrícola intensivo del 44%, un 33% para pastos, un 3% para infraestructura y solo un 20% de uso forestal. El estudio indica que “en las zonas ubicadas aguas arriba de cada naciente predominan sectores con cultivos agrícolas” (UEN-GA-2024-00175).

Según informe anterior (14-4-23) de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA, que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio del 2023, en las áreas cercanas a Cartago había aproximadamente 65,000 personas dependientes de suministros de agua en condiciones similares, con una agricultura tan cercana a las fuentes que “afectaba la calidad del agua” y generaba “una alta probabilidad de contaminación por el uso de productos químicos”.

¿Por qué era predecible la contaminación del agua? Este tipo de contaminación no se estaba midiendo en nuestro país, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas carece de los recursos y la infraestructura necesaria. En Costa Rica hay más de 200 plaguicidas registrados, pero el laboratorio sólo puede evaluar 24 en el agua potable. Fue gracias a la insistencia de la comunidad de Cipreses que IRET pudo evaluar estos metabolitos en 2019 y que se logró una resolución que busca fortalecer las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas.

Dada la alta movilidad del clorotalonil en el agua, la intensidad y cantidades de uso del producto (tercero a nivel nacional), es casi un hecho que donde se aplique habrá este tipo de contaminación; solo es cuestión de contar con los recursos y capacidades para analizarlo.

Francia y Suiza enfrentan una situación similar a la de las comunidades de Cartago. En Francia, un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de cuatro años, lo que demuestra la persistencia de esta sustancia. En Suiza, alrededor de 700,000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable, y el costo de la descontaminación podría aumentar el precio del agua en un 75% (Public Eye, 5-2023).

Impacto del clorotalonil en la salud. A nivel internacional, la Unión Europea prohibió el uso del plaguicida clorotalonil en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas. El Ministerio de Salud aseguró que “la Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil está clasificado como carcinógeno” (MS-DPRSA-0668-2022).

Los informes de la CCSS muestran que en el Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre parte de la zona muestreada y contaminada, se ha detectado un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y tumores malignos. Además, se destaca el “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”. Según el “Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 en Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca”, los agroquímicos más peligrosos son los nematicidas, seguidos de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que se debe al uso agrícola y ganadero en la región. El ASIS también resalta que “la principal fuente de contaminación se encuentra en los lugares donde la actividad agrícola es predominante, debido al uso indiscriminado de plaguicidas que penetran en la capa freática contaminando los mantos acuíferos”(Semanario Universidad 31-5-2023).

Según estudios del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), la zona norte de Cartago es una de las áreas del país con mayor uso de plaguicidas debido a factores como la intensidad de cultivo, las condiciones climáticas y la cultura de aplicación de estos químicos. Un estudio en una microcuenca entre las quebradas Pacayas y Plantón identificó el uso de 84 plaguicidas y un centenar de fertilizantes. Una hectárea puede recibir entre una y cuatro toneladas métricas de fertilizante por año, y el uso de plaguicidas varía entre 11 y 163 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, cifras que son relativamente altas en comparación con otros cultivos como arroz (18-24 kg ia. /ha/año), banano (40), piña (15-20) y melón (70-140) (IRET, 2010).  

¿Aumentar los límites de contaminación del agua de consumo humano? A finales de julio, el vuelco de un camión cisterna derramó 17,000 litros de fungicida Mancozeb en una quebrada que desemboca en el río Barranca, afectando tomas de agua que abastecen a miles de personas. El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó niveles de contaminación en el agua que superan en más de 60 veces lo estipulado por la legislación nacional. Esta autorización se llevó a cabo sin modificar legalmente el Reglamento de Calidad de Agua Potable, basándose en el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024, que justificó un cambio temporal en los parámetros de presencia de agroquímicos.

Ante la falta de transparencia —ya que se solicitaron formalmente los datos en su momento—, organizaciones ecologistas interpusieron un recurso de amparo contra Acueductos y Alcantarillados por la falta de acceso a información, exigiendo los resultados de monitoreos realizados desde el 27 de julio. Estos análisis revelan altas concentraciones de Mancozeb en el río Barranca y en el agua suministrada a las comunidades de Esparza y Puntarenas (Bloqueverde, 2-9-24).

En este caso, se establecieron nuevos límites “temporales” a la medida de los resultados de los muestreos realizados, lo que fue presentado a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue acogido para estudio. La Fiscalía de la República abrió una investigación sobre los posibles delitos. Esta medida es ilegal y contradice el principio de precaución, así como varios artículos de la Constitución Política y el derecho constitucional al agua potable.

El Ministerio de Salud justificó la medida asegurando que era temporal para “proteger la salud pública mientras se implementan las acciones de remediación necesarias” y alegó que la falta de agua potable “también genera riesgos sanitarios para la población” (MINSA, 4-9-24).

Conclusiones. Si el gobierno intenta eludir su responsabilidad de declarar una emergencia utilizando este irresponsable precedente, podría enfrentar un revés legal en la Sala Constitucional. No se pueden hacer excepciones tan groseras a la ley, los reglamentos y los tratados internacionales.

Se espera que la ministra de Salud no comprometa aún más su reputación con una medida tan cuestionable. Ya se ha dejado a Cartago sin hospital, y exponer aún más a la población a esta contaminación sería una grave agresión contra la salud pública. Este asunto debe ser tratado con la seriedad y la transparencia que merece.

Además, es fundamental poner fin a la persecución de los empleados públicos honestos que están alertando sobre los resultados y las maniobras que se están evaluando desde el gobierno. Esperamos que el gobierno busque asesoramiento adecuado y reflexione para descartar este escenario, y así decrete la emergencia solicitada hace meses.

Finalmente es crucial que las autoridades realicen un estudio sobre las afectaciones por la exposición crónica a plaguicidas en la zona, ya que se desconoce desde hace cuántos años el agua ha estado contaminada y si las personas, al estar tan cerca de los cultivos, están ingiriendo contaminantes a través de otras vías o mediante los productos agrícolas que consumen.

Imagen: AyA.

Foro sobre el impacto de los plaguicidas en ecosistemas y salud humana

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El 7 de agosto la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica organizó el foro titulado «Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica». En este foro se presentaron diferentes ángulos de este tema y se propusieron soluciones para reducir el impacto de los plaguicidas, los cuales afectan drásticamente los ecosistemas y la salud humana y animal.

El foro se puede seguir en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=umHHuOx-Wpo

Se adjunta el pronunciamiento que sobre este tema emitió la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica

Los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan para tratar de controlar organismos considerados plagas, los cuales afectan los sistemas productivos, con el consecuente impacto en la economía y la producción. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs. Al aplicarse en los campos agrícolas, los PAPs pueden causar graves problemas agudos y crónicos de salud y contaminar recursos valiosos como el agua y el suelo, además de perjudicar a organismos benéficos como los polinizadores. Otra consecuencia del uso intensivo de plaguicidas es el aumento en la presión de selección y la evolución de resistencia de las plagas a este tipo de sustancias, lo que año a año reduce la eficacia de varios productos.

Debido a su amplio uso, los plaguicidas a menudo se dispersan fuera de las fincas y han sido detectados en múltiples compartimentos ambientales en Costa Rica. Su presencia en suelos agrícolas es alta y en el aire tienen potencial de transportarse a largas distancias de las zonas de cultivo, detectándose incluso en zonas montañosas con ecosistemas prístinos. También se ha demostrado que se infiltran hacia las aguas subterráneas, como es el caso del fungicida clorotalonil y el herbicida bromacil, que fueron ampliamente utilizados en muchos cultivos hasta su prohibición en 2017 y 2023, respectivamente, y afectaron las fuentes de consumo humano; además, la escorrentía superficial los transporta hacia aguas superficiales como ríos y quebradas.

Específicamente, en las aguas superficiales han sido detectados 32 plaguicidas en concentraciones que exceden uno o más criterios de calidad ambiental internacional para la protección de la biodiversidad, lo que implica que pueden ser tóxicos sobre diversos organismos (plantas, invertebrados, peces) y afectar la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, los estudios demuestran que incluso concentraciones bajas de plaguicidas pueden generar efectos bioquímicos, fisiológicos y/o en el comportamiento de los organismos vivos. En los casos más graves se ha asociado estas sustancias a múltiples eventos de mortandades masivas de fauna, tanto en ecosistemas acuáticos (peces) como terrestres (abejas).

El riesgo para los organismos vivos se incrementa ya que en las muestras ambientales típicamente se detectan varios plaguicidas simultáneamente. Algunos de los plaguicidas que han generado altos riesgos para los ecosistemas en la última década (su concentración en el ambiente es mayor que la que causa toxicidad aguda para algunos organismos) son los herbicidas ametrina, bromacil, diuron, hexazinona y terbutrina; los fungicidas azoxistrobina, clorotalonil, epoxiconazol y los insecticidas carbofuran, clorpirifos, diazinon, etoprofos, fenamifos, fipronil y terbufos. Cabe destacar que algunos de estos ya fueron prohibidos en Costa Rica, por ejemplo, el carbofuran (en 2014), el bromacil (en 2017) y el clorotalonil (en 2023), y existen restricciones de uso para el clorpirifos; sin embargo, estas sustancias continúan detectándose en muestras ambientales tomadas en los años 2022 y 2023.

En el ámbito de la salud humana, un informe de análisis de verduras frescas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mostró que, en el 2020, un 20% de las muestras nacionales de vegetales frescos presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos aceptados, y que las personas que viven o trabajan en la cercanía de plantaciones agrícolas se exponen a niveles elevados de múltiples plaguicidas. Por otra parte, estudios realizados en Costa Rica por la Universidad Nacional, en colaboración con universidades de Suecia y Estados Unidos, demostraron que los niveles de contaminación por fungicidas aplicados por vía aérea (pirimetanil, clorotalonil, mancozeb) y el insecticida clorpirifos son más altos en muestras biológicas obtenidas de personas residentes en la cercanía de fincas agrícolas. Un análisis de riesgo para la exposición al fungicida mancozeb en mujeres embarazadas estimó que un 72% de las participantes en el estudio sobrepasaba los niveles de referencia considerados seguros. El riesgo para la salud de la exposición de plaguicidas depende del grado de toxicidad inherente a la sustancia y del grado de exposición a la misma por parte de las personas que los utilizan.

Resultados de estudios epidemiológicos realizados en Costa Rica han demostrado que el contacto con ciertos plaguicidas puede afectar la salud humana de formas diversas. Algunos ejemplos son:

  1. El contacto con el fungicida mancozeb, y su metabolito etilentiourea, se ha asociado con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) en mujeres embarazadas, cambios en la circunferencia cefálica de recién nacidos, desarrollo socioemocional inferior en niñas de un año, incremento en infecciones del tracto respiratorio inferior en infantes durante el primer año de vida e inferior aprendizaje verbal medido en niñas y niños de edad escolar.
  2. La exposición al fungicida pirimetanil se ha asociado tanto con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) como con una menor capacidad lingüística en niñas de un año.
  3. El contacto con el insecticida clorpirifos se ha asociado con un menor peso al nacer, un menor perímetro cefálico y un inferior neurodesarrollo de niñas y niños.
  4. El contacto prenatal con el herbicida 2,4-D se asoció con un menor peso, un menor perímetro cefálico, y una menor longitud corporal al nacer, así como con un desarrollo inferior del lenguaje y la motricidad infantil.
  5. En trabajadores agrícolas, el contacto con clorpirifos y piretroides se ha asociado con una reducción de la activación cortical cerebral prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo.

Estas evidencias muestran que los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas y en la salud humana son preocupantes. El tema es complejo y demanda un abordaje multifactorial que tome en cuenta diversos aspectos, considerando el peligro y la toxicidad de las sustancias y el grado de exposición a las mismas. Sin embargo, las medidas de protección y prevención implementadas hasta ahora no han logrado cumplir con su propósito de salvaguarda ambiental y de la salud humana. A manera de ejemplo, la normativa nacional de distancias de no-aplicación de plaguicidas es una de las más laxas en América Latina.

Es necesario que exista un monitoreo sistemático y científicamente sólido de plaguicidas en el país. Asimismo, es indispensable instar a las autoridades y a la sociedad civil a considerar:

  1. La re-evaluación de riesgo ambiental (ERA) para los plaguicidas cuyo registro no incorporó métodos de ERA actuales, tales como los registrados antes del año 2004.
  2. La aplicación inmediata de medidas de reducción del uso de agroquímicos en la producción agrícola.
  3. La prohibición al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) en caso de existir otras opciones viables, y la restricción y sustitución paulatina de PAPs en los casos en que, en la actualidad, no existan alternativas.
  4. El desarrollo de plaguicidas que tengan menor toxicidad en las personas y el ambiente, tanto en el ámbito de los productos de origen natural (biológicos, extractos de plantas, microorganismos o animales) como en la propia industria agroquímica, mediante el desarrollo de nuevas moléculas con mejores perfiles toxicológicos y ecotoxicológicos.
  5. La promoción del uso de buenas prácticas agrícolas para evitar exposiciones innecesarias y peligrosas, la incorporación de nuevas tecnologías de aplicación y de monitoreo de plagas para reducir las cantidades aplicadas y, lo más importante, la generación de prácticas de manejo de cultivos que reduzcan la necesidad de intervenir con aplicaciones de insumos.
  6. El aumento de las distancias de no-aplicación de plaguicidas y el fortalecimiento de la implementación de las legislaciones ya existentes.
  7. La posibilidad de otorgar un pago por servicios ambientales a los terrenos con agricultura ecológica, como una medida de protección de la biodiversidad, conservación de suelo y motivación para la disminución gradual del área cultivada con prácticas de agricultura convencional.
  8. Instar a los diferentes sectores de la sociedad a dar preferencia y promover una mayor oferta de productos provenientes de prácticas agroecológicas o que empleen bajas cantidades de plaguicidas.

Para reducir el impacto del uso de plaguicidas en Costa Rica debe darse una combinación estratégica de todos estos elementos. Con este abordaje integral y multifactorial podríamos aspirar a una disminución sustancial en el volumen aplicado de plaguicidas en Costa Rica en un plazo relativamente corto.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica hace un vehemente llamado de atención a la población, a las autoridades de gobierno y locales, al sector académico, a las organizaciones comunitarias, a las empresas del sector agrícola, y a las agricultoras y los agricultores, para que se tomen decisiones claras, sobre una base científica sólida, y se implementen acciones inmediatas que reduzcan significativamente los impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas derivados del uso de plaguicidas.

Documento preparado por la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias, con los aportes de Fernando Ramírez, Silvia Echeverría, Berna van Wendel de Joode y Luis Felipe Arauz.

*Los datos presentados en este pronunciamiento provienen de publicaciones en revistas científicas y en documentos diversos, y las referencias bibliográficas correspondientes se pueden consultar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias (www.anc.cr).

7 de agosto del 2024.

Foro Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”

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La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica le invita al foro “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”. Se realizará el miércoles 7 de agosto a las 10 am.

Participarán Fernando Ramírez, Silvia Echeverría y Berna van Wendel de Joode, del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional. 

Además, la diputada Kattia Cambronero y Luis Felipe Arauz, de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. 

Se transmitirá por medio de los espacios de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en Facebook Live y en YouTube. 

Reforma de MINAE entorpecería evaluación de plaguicidas altamente peligrosos y contaminantes

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-Concentración de poder en ministro de ambiente atentará contra disposiciones básica de conservación y control ambiental

(FECON, 10-07-2024) Mideplan y Minae preparan decreto ejecutivo para concentrar las funciones de la mayoría de las asesorías jurídicas de órganos desconcentrados. Esta parece ser una medida desesperada de este gobierno al ver varada la reforma legal bajo el expediente legislativo n° 23.213, con un espíritu bastante similar a esta nueva movida del MINAE.

La propuesta de decreto conlleva no solo otorgar mayor poder al Franz Tattenbach, en calidad de ministro de ambiente, sino a erosionar la participación social en los órganos colegiados que verían vaciadas sus capacidades de dar opinión técnica oportuna ante cuestiones particulares, por ejemplo la prohibición de agroquímicos altamente peligros o contaminantes.

MINAE pretende “suprimir las unidades organizacionales de Asesoría Jurídica de la estructura organizacional del Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Aguas, la Dirección de Energía, la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Hidrocarburos y la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)”.

Esta modificación tiene grandes implicaciones en muchos ámbitos y tiene a todas luces vicios y contradicciones en nuestro andamiaje de leyes ambientales, pero vale la pena resaltar una de las consecuencias de esta reforma: la obstaculización de órganos como DIGECA en materia de regulación de agroquímicos. Esta dependencia es la encargada de evaluar los registros de plaguicidas en su dimensión ambiental.

De aprobarse esta nueva reforma la dirección jurídica de DIGECA se suprima, todas las opiniones técnicas al respecto de los agrotóxicos serán emitidas por el ministro de turno. Lo cual convierte las decisiones técnicas y científicas en decisiones políticas, erosionando la posibilidad de que sea detectados impactos graves sobre la biodiversidad, el agua y los ecosistemas de sustancias altamente peligrosas como esta.

El caso de la prohibición del clorotalonil puede servir de ejemplo claro. Ya que DIGEDA en su momento emitió criterio técnico y legal apoyando la prohibición este funguicida que contaminó distintas fuentes de agua para consumo humano en la Zona Norte de Cartago. Esto no hubiera sido posible con esta nueva disposición que pretende MINAE y MIDEPLAN.

Nuevamente la cartera del ministro Franz Tattenbach busca de forma desesperada concentrar poder y eliminar la participación de órganos técnicos y científicos para pasar a administrar el ministerio como si fuera una pulpería de barrio, en dónde sólo el criterio del ministro de turno sería válido para tomar todas las decisiones.  Esto es gravísimo, un retroceso desde cualquier punto de vista y podría tener consecuencias poco previsibles, ya que dejar estas disposiciones ambientales de suma importancia bajo la tiranía de figuras poco comprometidas con la conservación de la naturaleza como el ministro Tattenbach.

Imagen ilustrativa.

Le salen mal los números de los agrotóxicos al MAG

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.

  • Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.

FECON

El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.

No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.

Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.

Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.

Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.

Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.

Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?

Lideresa ecologista de Cartago recibe premio por la defensa del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

  • Reconocida entre 150 mujeres de la región

El pasado 10 de mayo, se brindó un reconocimiento a mujeres valientes de la región. Tras la nominación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Isabel Méndez Garita fue reconocida entre 150 mujeres de la región en la categoría de “Acción por el clima y las ciudades” debido a su lucha en cuanto al cuidado del agua por la acción contaminante del uso excesivo de pesticidas en su comunidad.

Este premio se le otorgó a Isabel por su trabajo durante el 2023 donde se destaca por la promoción y vocería principal de una campaña de recolección de firmas para solicitar al gobierno de Costa Rica la prohibición del Clorotalonil, y por el apoyo e impulso a la presentación del Proyecto de ley para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.

El premio lo otorga la organización Nosotras Women Connecting que es una organización con sede en Costa Rica, que promueve el liderazgo en niñas y mujeres de América Latina y Kenia, África.

En un emotiva actividad realizada en el Hotel Marriot Hacienda Belén, se celebró a estas mujeres de la mano de las Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones, Cooperación Internacional, jerarcas y sociedad civil, para conocer el impacto y trabajo que estas mujeres realizan desde sus espacios en su gestión ambiental.

Esta lideresa forma parte de la organización ecologista Frente EcoCipreses y entre sus agradecimientos Isabel expresa que “esta premiación es para todo el grupo, porque somos un grupo luchador que nuevamente está a la vista a nivel nacional e internacional”.

Isabel aseguró “Me siento muy orgullosa y muy agradecida con todos porque todos los días algo aportamos y algo hacemos por la lucha en la que estamos.”

La lucha del Frente Eco Cipreses ha sido una organización comunitaria constante y de gran importancia para el país. Este premio incluso se entrega en un contexto en el que la Unión Europea está aplicando normas para la reducción de los límites máximos de residuos de plaguicidas como el indoxacarb y el oxamyl, que es el tercer agroquímico más vendido en el país, esto debe aplicar tanto a los productos de consumo nacional como a los que son exportados a la Unión Europea.

Así mismo, este próximo 30 de mayo se vence el período en el que aún se puede adquirir y aplicar el clorotalonil y entrará en vigencia la prohibición, gracias a la acción de  este grupo comunitario cartaginés.

En la petición en línea que el año pasado  se recogieron más de cien mil firmas, Isabel decía “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!”.

Han sido años difíciles en Cipreses, como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija, ha sufrido pólipos desde los 16 años y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.

Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Solicitud de investigación del estado del agua en el distrito de Cóbano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

SURCOS comparte el siguiente llamado:

No. CRLT-002/24

A QUIEN CORRESPONDA

Ante todo reciban un cordial saludo de parte de Costa Rica Libre de Tóxicos – CRLT, una asociación ubicada en el distrito de Cóbano que surgió debido a la creciente preocupación de padres de familia, ecologistas, empresarios y agricultores, por el uso indiscriminado de plaguicidas alrededor de escuelas y hogares.

El 19 de febrero del presente año, una vecina de Cóbano envió a nuestro grupo CRLT los resultados obtenidos de las pruebas de agua tomadas en y alrededor de su  propiedad en Montezuma (una quebrada por la parte de arriba del Río Montezuma). Las pruebas fueron realizadas por el AGQ Lab, y los resultados indicaron que el agua del río mostró tener presencia de más de 20 diferentes tipos de pesticidas, y en específico se encontró el insecticida clorpirifos en una concentración de 0.78 μg/L.  

El clorpirifos es un neurotóxico fuertemente relacionado con el daño cerebral en niños y, como resultado, ha sido prohibido en países como:

Estados Unidos y Canadá: La mayoría de los usos domésticos del clorpirifos han sido prohibidos en los Estados Unidos y Canadá desde 2001

Reino Unido: El uso del clorpirifos se prohibió a partir del 1 de abril de 2016 

Unión Europea: A partir de 2020, el clorpirifos y el clorpirifos-metilo fueron prohibidos en toda la Unión Europea, y ya no pueden utilizarse.

Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Eslovenia y Suecia: Estos países han prohibido o nunca han autorizado el uso de productos de clorpirifos pues, se ha determinado que no existen niveles seguros de clorpirifos: cualquier concentración es altamente peligrosa para el cerebro en desarrollo de niños y bebés. 

Por esta razón, estamos sumamente consternados al saber que el agua proveniente de una quebrada que desemboca al río Montezuma presenta una concentración de 0,78 μg/L del insecticida organofosforado clorpirifos.

Por otro lado, los resultados de la muestra de agua del grifo de la propiedad privada en Montezuma, indicaron la presencia de Hidrocarburos Totales de Petróleo – TPH rango de Aceites Minerales (C28-C40) en una concentración de 0.34 mg/L. 

Es importante recalcar que algunos plaguicidas, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), contienen compuestos derivados del petróleo que son considerados altamente tóxicos.  Un estudio realizado por el profesor de biología molecular Gilles-Éric Séralini reveló que dieciséis compuestos analizados en pesticidas contenían residuos de petróleo y eran hasta 8,288 veces más tóxicos que las fórmulas declaradas de los pesticidas utilizados en la agricultura.

Estos resultados le fueron informados a la Asada de Montezuma en una reunión sostenida el día 21 de marzo del corriente año, y la Asada ya empezó a realizar sus propias pruebas de las aguas en Montezuma.  

Sirva la presente carta para solicitar de manera formal a las autoridades involucradas que realicen sus propias investigaciones sobre el estado de las aguas en el distrito de Cóbano, para así empezar a revertir la posible contaminación, y evitar catástrofes como las ocurridas en Goicoechea, Moravia, Tibás, San José, Montes de Oca (por hidrocarburos), y en los distritos de Pital, Aguas Zarcas y Venecia de San Carlos, y el cantón de Río Cuarto (por clorotalonil).

Asimismo, consideramos que lo correspondiente es que se emita una moratoria inmediata en todo el país para la venta y el uso de clorpirifos, tanto para la agricultura como en el ámbito nacional.

Sin otro particular al cual hacer referencia, quedamos muy atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Stephanie Smith

P/Costa Rica Libre de Tóxicos

Información compartida con SURCOS por Jaime García.