Freddy Pacheco León
Por supuesto que creemos, que el Estado ha de ir sustituyendo los alquileres que pagan algunas de sus instituciones, por bienes de su propiedad. Pero, igualmente creemos, que dichas nuevas construcciones han de obedecer a una adecuada PLANIFICACIÓN, para así tratar de garantizar un uso eficiente de las mismas. Que sus espacios obedezcan a necesidades actuales y futuras, ni muy pequeñas ni muy grandes, para que los funcionarios trasladados, encuentren las mejores condiciones, y así, el dinero público invertido, tenga óptimo aprovechamiento. Lo que se ha de pretender es que los servicios que allí se brindarán, sean sustancialmente mejores, y que las condiciones laborales de los que allí trabajarán, así lo permitan.
Sin embargo, ¿verdad que hay algunas cosas que parecen no ir bien? Tanto la ministra como su viceministra de Planificación, que se presentaban como encargadas de la importantísima planificación, de un proyecto que albergaría a miles de trabajadores, dejaron el gobierno, como parte de la ola de renuncias que se diera a lo largo del año pasado. Surge entonces, la interrogante de si habrán dejado estructurada y en funcionamiento, una oficina ejecutora, encargada de toda la compleja logística que demanda un proyecto de tal magnitud. Esperamos que así haya sido.
No sabemos si ustedes, amigos, habrán tenido la oportunidad de conocer el proyecto integral, con el nivel de detalle necesario, que justifique para la ciudadanía, el préstamo por US$450 millones, que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o si existe, como habría de ser, una página web, donde los ciudadanos que pagaríamos el préstamo y acudiríamos por los servicios públicos que allí se ofrecerían, podamos conocer, y valorar, si es del caso, las instituciones que se mudarían, los espacios que ocuparían, la cantidad de funcionarios para los que se ha planificado, los diseños y distribución finales, la inversión en el nuevo mobiliario y equipo, lo que se ha pensado sobre los problemas del transporte hacia y desde la «ciudad», la cantidad y ubicación de los espacios de estacionamiento para funcionarios y usuarios, las previsiones presupuestarias para el pago del préstamo extranjero, y los costos de mantenimiento. Por eso, si alguien sabe de la existencia de esa página informativa, o, por lo menos, cómo se podría conocer una actualizada información del mismo, muchos agradeceríamos esa información.
Lo que sí se conoce es que se pagó US$50.000 a un arquitecto venezolano que diseñó el complejo de edificios para 35 instituciones públicas, y 11.000 servidores. Números redondos que evidencian, escaso nivel de detalle, y que no creemos el diseñador haya tampoco conocido a la hora de hacer su trabajo bien remunerado. Y es que, hay que valorar, que el proyecto, fraguado inicialmente durante la segunda administración de don Óscar Arias, fue cambiando con el tiempo, hasta ser heredado al presente gobierno, por la administración de don Carlos Alvarado, originalmente consistía en una «Ciudad Gobierno» de US$320 millones, que se desarrollaría mediante la modalidad de concesión a 30 años plazo. O sea, un ente, que podría ser un fideicomiso, lo construiría con sus propios fondos, cubriría su inversión y obtendría sus ganancias, mediante el pago de alquileres, por ejemplo. El proyecto recibido y anunciado por la administración de Rodrigo Chaves, tiene un costo US$130 millones más caro. Mediante una diferente modalidad, se haría un préstamo con el BCIE, y el mismo banco centroamericano, se encargaría de su construcción en los terrenos estatales, y del cobro de un alquiler a su favor durante 25 años, con el cual indemnizar el endeudamiento que se trasladaría a los costarricenses. Al final de los cuales (esto no está claro todavía) el BCIE traspasaría el complejo de edificios, o no, al Estado.
Alrededor de unos 160.000 metros cuadrados de construcción (más o menos porque tampoco eso está suficientemente definido) sería la magnitud de la obra, pero, quizá porque la “oficina ejecutora” que debería existir en el Ministerio de Planificación, no ha sido lo competente que se requiere, hay algunos aspectos que todavía están sin definirse, y que, en este momento, hacen inviable el proyecto. Específicamente, llama la atención que los asesores jurídicos de dicha oficina, no se hubiere percatado y llamado la atención a sus compañeros, que, por tratarse de un préstamo internacional, el mismo debería contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, Poder que tiene el deber de aprobar los presupuestos de la República y, como en este caso, conocer las condiciones del préstamo, y la viabilidad de dicho endeudamiento. Es mucho el dinero y razonablemente, jamás se podría tramitar como algo ajeno a las normas constitucionales, pues podría comprometerse el Estado con una operación crediticia que en la de menos no podría honrarse.
Erróneamente, los encargados de ese trámite, empezando por el presidente Chaves, no aceptan que un endeudamiento tan significativo tenga que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, e insisten, sin ninguna posibilidad de cambiar el criterio legal, en no enviar el respectivo proyecto a conocimiento del Congreso, al tiempo que acusan, hasta soezmente, a la señora Contralora General de la República, de estar “interpretando” indebidamente la legislación que todo funcionario, y principalmente el ente contralor, tienen el deber de cumplir, según su leal entender. Y para profundizar el error que no quiere admitir la asesoría jurídica de la Casa Presidencial, anunciaron la presentación de un proyecto de ley de “interpretación auténtica” de una legislación específica, pero solicitando, en el mismo acto, la modificación de los dos artículos de la ley que, dicen ellos, deben ser interpretados por la Asamblea Legislativa. Error tras error, si no es gallo es gallina, dice el refrán popular.
El proyecto presentado, en el fondo, no se trata de una “interpretación auténtica” (que presienten que no cabe) sino de una modificación en el contenido de una ley, cuyo texto obviamente les incomoda. La finalidad de una interpretación auténtica, es la de aclarar conceptos oscuros o dudosos de la ley que se dice, hay que interpretar, para así entender de manera precisa cuál es el sentido real de la intención del legislador. Por lo cual, al plantearla sobre una ley diáfanamente clara, se estaría, por el contrario, ante la necesidad de crear un texto sustituto al original. Modificación que es válida presentar, pero jamás acompañada de una solicitud de interpretación auténtica que, creemos, los señores diputados no entrarán siquiera a conocer, por insólita.
En términos formales, el gobierno presentó dos proyectos de ley sobre la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir Ciudad Gobierno, sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo. Un proyecto plantea la interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública, para “esclarecer el espíritu del legislador y el contenido de estas normas”, a fin de que no restrinjan el desarrollo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos. El otro es una reforma a la Ley General de Contratación Pública, en los mismos artículos 67 y 77, para que la normativa permita el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales, en terrenos del Estado. O sea, desde la misma propuesta, la oficina ejecutora del proyecto Ciudad Gobierno, reconoce de antemano, que ante la interpretación que hace la Contraloría General de la República, lo que hace falta es, en forma casuística, a partir del caso particular que obliga a un trámite equilibrado que demanda transparencia, modificar la legislación que se está aplicando, para adecuarla a deseos expresos del presidente, de pagar por un alquiler de unos edificios construidos por un extraño en terrenos del Estado. ¿Raro verdad?
Y es que la administración Chaves quiere que la construcción de Ciudad Gobierno se efectúe bajo una figura de arrendamiento operativo, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, pero para situaciones que no conlleva deuda. Además, el Ejecutivo pretende desarrollar Ciudad Gobierno, sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en una cuadra ocupada hoy por el MOPT, unas propiedades privadas cercanas, y una cuadra perteneciente al Liceo de Costa Rica, fundado en 1887, por ley específica a su favor, que impulsara el expresidente ex liceísta don Daniel Oduber.
No solo la Contraloría General de la República (órgano de la Asamblea Legislativa), ratificó la ilegalidad de la iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que, además, resulta que la cuadra que hasta hace unas semanas era arrendada por el MOPT al centenario Liceo, situada al sur del edificio oeste del colegio, sigue siendo propiedad del mismo. Pese a ello y a que no se puede construir en una finca ajena, el Ejecutivo no ha siquiera presentado iniciativa legal alguna, para negociar con los representantes del Liceo de Costa Rica, una expropiación regulada por la ley específica, o la aplicación de otro mecanismo a determinar, que fuere beneficioso para ambas partes. Hoy ese terreno está inscrito registralmente a nombre del Liceo, y sobra decir, NO puede ser usado para la eventual construcción de los edificios citados, aunque Chaves desdeñe el conflicto.
Cabe anotar, que, con la complicidad de una junta administrativa asesora del director del Liceo, sin más funciones que esas, los ministros del MEP, MOPT y Planificación, firmaron un espurio “convenio de cesión”, tan falso como la representación que se adjudicó la presidenta de la citada junta, quien, de un día para otro, regaló la propiedad al gobierno central. No es de extrañar que ella y otros de esa junta administrativa, están procesados por la Fiscalía…
¡Pero no todo se ha perdido!
Con el intercambio de opiniones que ha generado la intransigencia presidencial, han surgido unas ideas sobre proyectos que quizá sean más factibles, menos costosos, más recomendables, y con mayores beneficios para las comunidades de regiones alejadas de la ciudad capital de San José. Hablamos de sedes de oficinas gubernamentales descentralizadas, ubicadas en regiones por determinar. Así como el Poder Judicial lo ha venido haciendo por regiones, el Poder Ejecutivo, puede planificar la instalación de oficinas regionales de diversas instituciones estatales, para atención del público, donde recibir solicitudes y canalizar respuestas, a las oficinas centrales, así como y resolver casos sencillos, gracias a la comunicación digital. En una misma sede, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, podría tener una oficina, al lado de una oficina del Ministerio de Ambiente, otra de Salud, otra de Educación, del AyA, de Migración, del INS, y otras dependencias como Agricultura, para algunos trámites, que hoy, por ejemplo, habitantes de Osa, de Guápiles, de Upala, de Cahuita, de Los Santos, de Filadelfia, de Sarapiquí, de San Carlos, de La Cruz, de la península de Nicoya, de Limón, de Esparza, de Garabito, de Paraíso, de Turrialba, etcétera, no pueden realizar sino en San José. Sería, algo así, como un servicio local, en un mismo lugar, que poco a poco se iría posiblemente desarrollando, para comodidad de los habitantes. Con ello se acabaría con los alquileres que con los años han ido sumando cifras altísimas, por pequeños edificios más cercanos a los olvidados habitantes de hoy, mientras, las instalaciones centrales de los entes de gobierno, ocuparían, necesariamente, espacios más reducidos, menos costosos de mantener y más eficientes.
Y es que es sabido, que la centralización crea dinosaurios poco ágiles, pesados y generalmente, ineficientes. Por eso el proyecto, realmente «medio planificado» de Ciudad Gobierno, que propone el pago de alquileres a privados, a un banco centroamericano, ¡en terrenos del Estado!, además crearía una estructura que, en la de menos, le costaría más al Estado. La alternativa de olvidarnos de la centralización, para pasar a la regionalización, ha de ser valorada.
8.2.2024
