Las personas proponentes de este documento lo hacen a título personal y no representan las opiniones oficiales de la Universidad Nacional ni de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Forman parte del equipo de la Maestría de Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA*.
La emergencia del Covid-19 ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.
Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos. La urgencia de las circunstancias ha obligado a enfocar la atención en la inmediatez sanitaria y en la crítica situación socio-económica.
Los efectos de la paralización sobre el sistema económico se han manifestado de forma casi instantánea, provocando cierres de negocios, despido de colaboradores o reducción de sus jornadas laborales, disminución de transacciones nacionales e internacionales, y en general la inmovilización de la dinámica económica en los principales centros urbanos.
De todo lo anterior, se puede inferir que el mundo post-pandemia va a estar signado por las urgencias económicas, el aumento del desempleo, la profundización de brechas sociales y la agudización de la pobreza. Las usuales recetas económicas, en especial las monetaristas, en boga desde los años ochenta, no van a ser tan útiles ni suficientes. En el futuro cercano la política social tendrá que ser muy creativa porque con pocos recursos se deberá atender las necesidades de una masa creciente de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza.
A la situación descrita se le debe agregar las condiciones igualmente críticas que está viviendo el resto del planeta. Los principales socios comerciales de Costa Rica también están siendo vulnerados por el Covid-19, de lo cual se puede inferir que sus prioridades posteriores a la crisis sanitaria serán el rescate de su propia estructura productiva. Esto podría llevar a un mayor debilitamiento de las economías en desarrollo y con altos niveles de dependencia, o bien podría abrir oportunidades para reformular un modelo de desarrollo más inclusivo y que refleje mejor los intereses nacionales.
Por otra parte, la crisis sanitaria del Covid-19 está agravando una serie de problemas económicos y sociales preexistentes en el país, tales como: la condición de pobreza en muchas familias, el alto índice de desempleo y la informalidad laboral, la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, los problemas de las finanzas públicas y la disminución de la demanda interna. Otros problemas son generados por la propia atención de la epidemia, tales como: la caída total de la industria turística nacional, la disminución de las exportaciones, el debilitamiento de los transportes, el deterioro de la clase media y de los ingresos de las personas trabajadores independientes, el crecimiento de la informalidad y el aumento del endeudamiento y el déficit fiscal. A ello se suma la paralización de los esfuerzos y avances generados en la seguridad social, que habían logrado movilizar las listas de espera y mejorar las condiciones de atención en la salud pública.
No sería posible determinar cuáles son las mejores respuestas a este reto sin antes detenerse, repensar las oportunidades que surgen y los escenarios que un país pequeño como Costa Rica, con una economía frágil, podría tener que enfrentar una vez termine la etapa crítica de la pandemia. Desde la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, llamamos y nos sumamos a pensar y construir los posibles escenarios que se puedan concebir desde la perspectiva de diversas disciplinas científicas y con una visión de largo plazo.
SURCOS le invita a descargar más adelante el documento para ver toda la propuesta que incluye los siguientes apartados:
II. Escenarios posibles y recomendaciones II. 1. SECTOR EXTERNO II. 2. RELANZAMIENTO DE LA OFERTA INTERNA II. 3. RELANZAMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL II. 4. POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA II. 5. POLÍTICA SOCIAL III. Implementación de la estrategia IV. Consideraciones finales
* Proponentes: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero, José Angel Castro Granados.
Fronteras porosas no los detienen y profundización de problemas sociales como pobreza y desempleo los impulsarán a continuar buscando un futuro más seguro para sus familias.
La enfermedad covid-19 profundizará las condiciones de pobreza y violencia de los centroamericanos, por lo que las migraciones no se detendrán a pesar de los cierres de los puestos fronterizos oficiales, advirtió Guillermo Acuña, especialista en migraciones del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).
Se calcula que, anualmente, un total de 400 mil personas intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos en busca de un futuro económico y social más seguro. La mayor parte son personas centroamericanas de países del llamado triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Según Acuña las fronteras de los países centroamericanos, México y Estados Unidos son muy porosas, lo cual permite el paso de migrantes por múltiples puntos ciegos, de manera ilegal. Sin embargo, es en estos puntos donde peligra la vida de los migrantes y sus familiares, pues la seguridad se ha intensificado, tanto por la policía migratoria como por el ejército de cada país.
La investigadora del Instituto Mora, de la ciudad de México, Leticia Calderón, comentó que “México no ha adoptado, hasta este el momento, una política de apertura o flexibilidad para permitir que las personas migrantes que ya están en el país puedan circular, moverse y en algún momento guarecerse de lo que esperamos casi como un tsunami respecto al tema del coronavirus”. Calderón considera que es un momento para reflexionar sobre la política de detención migratoria al sur de México.
El 2019 estuvo marcado por la salida de varias caravanas migrantes, que partieron de Honduras o El Salvador, y a lo largo del camino recogieron migrantes del resto de los países del triángulo norte. Ante las caravanas, Guatemala, México y Estados Unidos recrudecieron la seguridad en las fronteras para impedir el paso legal de los migrantes. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, para el 1 de enero de 2020 habían registrado 2.410 personas en los albergues para migrantes ubicados en México; muchas de estas personas están a la espera de una cita en las cortes de migración estadounidenses para exponer sus casos y tratar de ingresar como refugiados a este país.
La enfermedad covid-19 provocó el cierre de dichas cortes estadounidenses por lo que los juicios quedaron suspendidos y las citas para migrantes congeladas hasta nuevo aviso, por lo que los migrantes deben continuar esperando en condiciones sociales y de salud muy vulnerables.
Guillermo Acuña impartirá el taller virtual Migraciones y movilidad en Costa Rica: desafíos contemporáneos, el martes 14 de abril a las 9 a.m. por la plataforma zoom.
Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido solidarios con Costa Rica.
Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.
Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.
Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.
Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense. Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador. El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.
Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?
Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.
Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.
La cuarentena como medida para evitar el contagio nos obliga a reflexionar sobre muchas otras situaciones, además del elemento salud, nos hace repensar sobre la realidad de las familias para contener en casa el total de sus integrantes, sin mencionar las dificultades económicas que desde ya se están enfrentando.
Si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, esta situación nos viene a visibilizar y recrudecer las desigualdades más profundas que teníamos como sociedad. La violencia estructural, las condiciones de pobreza, el desempleo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia. Aunado a la acentuación de la crisis, pareciera que también se viene a naturalizar y normalizar estas estructuras de poder hegemónico, ejerciendo así formas de control mediáticas y de control Estatal que en muchas ocasiones colocan como única prioridad la crisis sanitaria, sin necesariamente dimensionar las implicaciones que estas medidas representan en nuestras vidas.
En las últimas semanas se han hecho esfuerzos por denunciar situaciones de violencia que están afectando particularmente a las mujeres, con este texto nos interesa hacer visible de qué manera se agudizan las desigualdades existentes en las relaciones de poder.
Judith Butler nos señala que:
El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos testimonio de la rigidez con la que la desigualdad radical, que incluye la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandémicas.(2020) (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)
Lo anterior nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad, rescatando que no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sobre lo que volveremos más adelante, sino que también es distinta la forma en que la estamos viviendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer de un barrio, que una mujer de un residencial, no es lo mismo tener un trabajo como empleada doméstica o vendedora informal, que ser empleada pública o trabajar para una empresa privada. No es lo mismo vivir el aislamiento en la ruralidad, que en las zonas urbanas.
Sin embargo hay cosas que sí se asemejan en medio de este contexto y es justo el hecho de que las manifestaciones de violencia estructural, racial, patriarcal que cada quien enfrentaba y enfrenta desde el lugar que habita, se han incrementado y corren el riesgo de quedar aún más invisibilizadas.
En este texto sugerimos el ejercicio de imaginarnos situaciones que podrían estar viviendo las mujeres durante la cuarentena, reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado y no remunerado, a partir de preguntas como: ¿Por qué las medidas de cuarentena nos afectan de manera tan distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué el espacio privado no representa lo mismo para las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres estar en la casa con sus parejas, hijos, hijas, madre, padre etc.? ¿Qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo en el espacio de lo privado? ¿Por qué “quedarse en casa” puede agravar “aún más” las múltiples jornadas de las mujeres?
Pensemos en una educadora, en este caso, una educadora del sector privado, con una jornada previa de por sí realmente abrumadora. Podemos imaginar que vive con sus hijos e hijas estudiantes o bien con su pareja y otras personas de su familia. Habitualmente sus fines de semana los dedicaba a preparar alimentos (para su consumo y el de las personas que comparten la vivienda) además de ordenar y realizar todas las labores de limpieza; la casa, la ropa, etc. y así poder dedicar los días entre semana a su trabajo remunerado, sin que esto signifique que se libere de las labores del hogar. Con la medida de cuarentena, no solo debe capacitarse en nuevas herramientas virtuales (lo que se suma a su ya múltiple jornada) sino que además debe duplicar su jornada, según las nuevas directrices de la institución (en la que labora como docente) ya que debe reforzar la atención a sus estudiantes.
En casa también su pareja, sus hijos o hijas estarán lidiando cada uno y cada una con sus nuevas labores virtuales, pero muy probablemente ella, es quien asuma las labores de la casa y además “en casa” debe organizarse todos los días con su trabajo remunerado. Muy probablemente él, su compañero “quizá piense en colaborar” (el entrecomillado es para destacar que para él se trata de una colaboración y no de una responsabilidad compartida) pero debe resolver su jornada laboral, que él considera como prioridad frente a la jornada remunerada y no remunerada que ella realiza.
Sus hijos e hijas conforme al mandato patriarcal creen que el trabajo no remunerado que ha realizado su madre (si es que lo han percibido) es obligación de ella. En muchos de los casos, cuando las mujeres se encuentran en su jornada laboral remunerada, quienes quedan en casa deben resolver situaciones, pero no porque consideren que es su función y su responsabilidad, sino porque ella no está en casa, si ella estuviera en casa, imaginemos: ¿Quién debe resolverlas?
Este es tan solo un ejemplo, podríamos sumar otra serie de factores como la atención y cuidado de chicos y chicas en edades escolares, que si bien es cierto algunos centros de cuido podrían estar funcionando, es comprensible que una familia prefiera evitar que su hijo o hija asista al centro educativo para evitar el contagio.
Podemos pensar también en todas las jefas de hogar que tienen trabajos en la informalidad, como, por ejemplo; en labores domésticas, ventas por catálogo, ventas ambulantes, costura o repostería entre otras. La medida de guardar cuarentena con acatamiento inmediato no puede ser fácilmente atendida por todas las personas, al respecto una vendedora ambulante señala: “Aunque no acate las recomendaciones de estar en aislamiento, la calle está durísima y no tanto por el coronavirus, sino porque no se hace ni un cinco y además la ven como una irresponsable por tratar de ganarse la vida. Desde cuando trabajar es un crimen”.
¿Qué está pasando en los territorios indígenas de Salitre y Térraba que actualmente están siendo invadidos y agredidos por finqueros? ¿Cómo están viviendo “la cuarentena o el aislamiento” las mujeres en estas comunidades? donde sus vidas han sido amenazadas por años y sus derechos violentados por un Estado que ahora más que nunca plasma su negligencia, promoviendo la impunidad de sus agresores.
Los retos económicos que enfrenta el país son muy distintos en la zonas urbanas, que en la zonas costeras y rurales. Existen muchas agrupaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a las artesanías, a ofrecer servicios de comida, a vender productos agropecuarios y sus derivados, a brindar hospedajes y a realizar recorridos turísticos. ¿Cuáles serán las medidas para amortiguar el impacto de la ausencia absoluta de ingresos en estas zonas frente a la paralización del turismo en el país?
Muchas mujeres se enfrentan a una durísima realidad que se agudiza en estos momentos, cuando tienen sí o sí que compartir con el agresor y sus redes de apoyo se ven reducidas. Aunado a esto muchas familias están viviendo la cuarentena en condiciones de hacinamiento y desempleo, lo cual hace de la convivencia y de las estrategias habituales de sobrevivencia una verdadera amenaza.
Karina Batthyány sostiene que esta situación la hemos visto ya en casos de emergencias por desastres naturales. ¿Cómo abordará el Estado las consecuencias de la pérdida del empleo por la sobrecarga de cuidados? ¿Qué medidas de promoción de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado se pueden gestionar entre el Estado, las empresas, trabajadores y trabajadoras en una situación de confinamiento? (2020)
Pensemos en todas las labores de cuido que asumimos las mujeres ¿Qué implicaciones tiene que sus chicos y chicas estén en casa? ¿Quienes asumen el cuidado de personas adultas mayores, la gestión de medicamentos, la compra de alimentos? La limpieza y la desinfección del hogar, vestimenta y ropa de cama, que ahora se triplica por la necesidad de evitar infecciones. ¿En quienes recaen estas funciones?
Pensemos en compañeros que también deben acatar la medida de “quedarse en casa” para continuar teletrabajando según su jornada laboral, muy probablemente (sin generalizar) tendrán a su disposición los alimentos listos y ropa limpia ya que, como de costumbre ellas se encargaran de las “labores del hogar”, además del cuido de los y las chicas.
Karina Batthyány destaca que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo del cuidado no remunerado y son amplísima mayoría entres quienes se ocupan del trabajo de cuidados remunerados, por tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres. (2020)
Para algunas culturas la palabra “crisis” significa oportunidad para el cambio, es indispensable comenzar a debatir y cuestionarnos ahora y no después, los aspectos de la organización social del cuido. Que el hecho de volver “puertas adentro” no represente para nosotras las mujeres, volver a las prácticas patriarcales más arcaicas, que esta “crisis” sea una oportunidad para comenzar colectivamente, a proponernos formas de relacionarnos más horizontales y solidarias.
Si bien las condiciones de aislamiento o cuarentena limitan de alguna manera las acciones de solidaridad externas y nos hace repensar las formas en que hemos establecido nuestros vínculos y afectos, esta “crisis” también nos invita a reflexionar sobre la célebre frase de Simone de Beauvoir «lo personal es político». Es indispensable reflexionar desde lo personal, plantearnos ¿Cómo querernos?, ¿Cómo cuidarnos?, ¿Cómo convivimos?, ¿Cómo solidarizarnos y ser congruentes en los espacios más próximos? Sumado a lo anterior, es urgente colocar este debate en las esferas públicas, donde se crean las directrices, se toman las decisiones y se generan discursos.
Karina Batthyány expresa que la emergencia por el COVID-19 vuelve a poner en el centro la cuestión de la organización social del cuidado y es necesario apoyar todas aquellas medidas y acciones que pongan a la humanidad y no el mercado en el centro para paliar la pandemia, superando este último como eje organizador de la vida en común. (2020)
Al igual que las labores de reproducción de la vida y de los cuidados no deberían ser exclusivamente nuestra responsabilidad, el reto de aprender de esta nueva circunstancia, resignificar la vida cotidiana y reconfigurar la forma de relacionarnos desde otros lugares, debería ser una inquietud y una denuncia compartida.
Que esta circunstancia nos permita repensarnos como sociedad, evitar que el temor a la crisis sanitaria nos coloque en una condición de mayor vulnerabilidad y que todos los esfuerzos, las luchas y los aprendizajes de cada una, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades aporte en la construcción de un mundo más igualitario y que esto se convierta en insignia para atravesar este momento de la humanidad.
-Karina Batthyány (2020) La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Secretaria Ejecutiva de CLACSO.https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-crisis-de-los-cuidados/
“Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada. Y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.” (F. García Lorca)
Manuel Hernández
A instancia de las exigencias formuladas por los sindicatos de trabajadores, el 27/03/2020, el Gobierno del Estado Español emitió un Real Decreto-Ley, que complementa las medidas de emergencia, en el ámbito de las relaciones laborales, para mitigar las consecuencias de la pandemia.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo y recientísimo decreto de gobierno, consiste en la prohibición de los despidos y extinciones de contratos de trabajo, por fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, que se relacionen con la emergencia sanitaria que lamentablemente tanto está golpeando ese país.
Esta medida comprende la prohibición de la extinción de los contratos temporales, que constituye una característica estructural del mercado de trabajo español, que principalmente concentra la contratación de jóvenes y mujeres.
Todo despido o extinción contractual que violente estas disposiciones normativas es absolutamente nulo.
Mientras estas medidas progresistas se toman en ese país europeo, por contrario, en esta suiza centroamericana, se han dictado medidas legislativas y de gobierno unilaterales y autoritaristas.
En realidad, corresponde acotar estas expresiones, y en su lugar, resulta más acertado afirmar que esas medidas han sido parcialmente unilaterales y autoritarias, porque han sido consensuadas únicamente con los sindicatos o cámaras empresariales, excluyendo la participación de los sindicatos que representan los legítimos intereses de las y los trabajadores.
Además, las medidas laborales promulgadas por la Asamblea Legislativa y el Gobierno son salvajes, porque licencian los despidos, la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de los salarios, esquilmando a la clase trabajadora más explotada; que vive en una situación de emergencia social y económica desde hace tiempo, mucho antes que apareciera esta grave pandemia.
Entonces, existen dos caminos políticos muy diferentes de resolver las emergentes e imperiosas necesidades de las y los trabajadores: concertar exclusivamente con los sindicatos patronales, descargando todo el peso social y económico de la crisis en la gente más empobrecida, o por contrario, atender las demandas de los sindicatos de trabajadores, procurando medidas de redistribución democráticas que mitiguen las consecuencias de la crisis en este pauperizado sector de la población.
En “nuestro” país, queda absolutamente claro el camino que pactó y escogió la clase política gobernante.
¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!
El Covid-19 se puede usar como pretexto para satisfacer intereses mezquinos de quienes son los responsables, no del virus, pero si del mayor sufrimiento del pueblo hondureño.
Se especula que quienes toman las decisiones gubernamentales, quieren llevar al país a obtener un impacto negativo para que lo distingan globalmente y así lograr las miradas internacionales hasta que se le ofrezca mayores donaciones y ayuda.
Nadie ignora que las ayudas del exterior y, las extraídas de lo que haya quedado internamente, desaparecen por arte de magia.
Se ha denunciado públicamente el desinterés del Ejecutivo en escuchar y aplicar las propuestas del Colegio Médico Hondureño, adonde están afiliados lo poco de ciencia médica existente en este país. Las universidades, hace tiempo no hacen propuestas coherentes y oportunas, con quienes también existe mucho prejuicio del gobierno.
Punto de quiebre
Estamos ahora mismo llegando, en estos días, a un punto de quiebre político social delicado, sin hablar del crecimiento exponencial de casos del Covid-19.
Esta crisis socio política tiene visos de llegar a ser sin precedente. Con un subempleo de alrededor del 60%, ahora aumentado por los cierres de empresas, las que suben la tasa de desempleo y subempleo a niveles astronómicos, las cosas están más que delicadas.
Si a esto le sumamos el desabasto de alimentos en los mercados, la desmovilización de todas las familias para buscar su sustento, y posiblemente viene desabasto de medicamentos en las farmacias (una forma de llegar después a especular con los precios), lo que tenemos frente a nosotros, además de la pandemia del Covid-19, es un caos social. Las muertes serían por varios motivos y se podrá hacer trasiego entre los que mueren por la infección y los que mueren por hambre. Solamente que las cifras podrían llegar a 4 y hasta 5 dígitos. Pero eso, que no requiere ser genio para preverse, puede estar en la agenda de quienes gobiernan.
El campo rural
El lugar más adecuado para vivir ahora es la zona rural. De donde emigraron nuestros padres y abuelos. Conocemos un programa que durante más de una década ha asesorado y formado a familias campesinas en su desarrollo integral. Estamos hablando de unas 15 mil familias pequeñas propietarias de tierra, ubicadas en los cuatro puntos cardinales del país. Esas familias producen para el auto sostenimiento familiar, los alimentos más sanos que cualquiera exija comer. Las graves sequías cortas y largas que ha habido desde inicios del 2000, esas familias han sobre llevado las peores sequías, siempre logrando agua para sus cultivos y consumo animal y humano. Son familias que vimos extraer agua hasta de las rocas.
Estas familias no están pasando el hambre de quienes habitan los bordos en la zona norte, tampoco se desesperan por no poder llegar al banco durante una semana. En ellos no existe la ambición de lujos y diversiones que ofrecen, u ofrecían nuestras ciudades. Tampoco viven en la pura naturaleza. Tienen deporte, TV, escuela, Internet y colegio, y no falta una familia que tenga un miembro con educación superior.
A esas familias hondureñas les debemos agradecer el que no sean agentes portadores del virus Covid-19 per, mantiene muchos metros de distancia entre las viviendas. Tampoco, serán portadores de violencia para lograr comer el día de hoy y mañana ni el próximo año. Es gracias a ese inteligente y audaz programa impulsado por ANAFAE. Que habrá población inmune a las grandes alteraciones político-sociales que se avecinan.
Creemos que hay otras agencias con ese marco filosófico de desarrollo integral, que sin sesgos religiosos y políticos están fortalecidos para sobrevivir las atrocidades de una clase política inmoral en control del primer país más pobre y enfermo de hambre en América Latina.
El Ombudsman
Los retos que se avecinan para un «defensor del pueblo» u OMBUDSMAN, no los ha tenido ningún profesional a la cabeza del Comisionado de Derechos Humanos. Después del Dr. Leo Valladares, no ha habido alguien como él, pero dudamos que alguien pueda llegar a responder como se le exigirá a quien llegue luego. Don Roberto Cáceres ha concluida su periodo formal este 25 de marzo, pero aún no se ha definido quién lo sustituya.
Diríamos que más allá de una persona, que podría ser el mismo Dr. Roberto Cáceres, lo que se requerirá es un equipo multidisciplinario de profesionales realmente comprometidos con este abandonado pueblo catracho. Un equipo militante de los derechos humanos. Esto no está lejos de poderse obtener. Hay muchos defensores de los derechos humanos que han pasado tal prueba. Unos o unas no están dentro del país por esa misma razón.
Si el Ombusman deja de ver los colores políticos y conveniencias personales, se podría lograr una Defensoría del pueblo como lo exigen las circunstancia actuales y venideras. De lo contrario, mejor no tener esos elefantes blancos gastando el poco presupuesto que dejan los corruptos.
El docente del Programa de Gestión Local (PGL) de la UNED, Rafael López Alfaro compartió con SURCOS el siguiente diálogo acerca de la angustiante situación que vive la población de Isla Venado:
Sonia Madina Matarrita, habitante de Isla Venado, estudiante del PGL-UNED, integrante de la Comisión de Emergencia Local y de la Asociación de Desarrollo: “Profe, desde el viernes estamos haciendo cartas para las instituciones y el sábado formamos una comisión de trabajo, el domingo pasamos perifoneando toda la comunidad para que la gente haga conciencia, pero viera, acá están cerrados los recibidores de pescado, nadie está comprando el producto, estamos todos críticos”.
Rafael E. López Alfaro: “¿Pero ya enviaron una nota a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Municipalidad para que les colaboren con esta situación tan precaria de la distribución del producto y el agravamiento de las condiciones de vida de la comunidad?”
Habitante: “Si ya, pero seguimos sin respuesta. Yo estoy en casa y con mucho cuidado porque mi esposo es de riesgo al ser asmático e hipertenso. Estoy en comunicación con un doctor en la clínica de la Caja, donde el servicio es maravilloso ahora, yo amo a la Caja. Siempre la he defendido”.
La población de esta comunidad espera la atención urgente de las instituciones pues se quedan sin sustento diario. SURCOS invita a compartir para que la información llegue a las autoridades y de esta forma apoyar las cartas enviadas por la comunidad.
Nuestro país realiza una de las mayores inversiones per
cápita, en política social en el continente, pero está estancado desde hace 20
años en su esfuerzo por reducir la pobreza, mientras que Uruguay en ese mismo
período de tiempo eliminó la pobreza extrema y redujo la pobreza a un 7%.
Conviene rastrear nuestra política social, especialmente la
promocional para hacerla más efectiva. En días recientes se realizó un video
foro en el Museo de Jade sobre algunos de los productos del proyecto
Germinadora realizado durante la última década en 5 cantones de la región sur,
mostrando los resultados que puede dar la inversión social cuando, por una
parte se incorpora a la comunidad organizada a las soluciones, y por otra se ajusta
el quehacer del órgano regional, en este caso JUDESUR, a las necesidades de la
gente organizada.
Las visiones
contrapuestas y la participación
Existen dos enfoques predominantes en la aplicación en las
diversas modalidades de la política social, de los cuales dependen los
resultados obtenidos.
Estos enfoques van más allá de las declaraciones de la
política y de sus de principios formales. Se definen por su aplicación en la
práctica, esto es en el diseño institucional y con la consecuente forma de
elaborar y aplicar los programas y proyectos en las comunidades y grupos.
Los perdedores
Se trata de un enfoque ideológico, a menudo subyacente que
se sustenta en las relaciones sociales y políticas prevalecientes, que ve a la
población pobre como perdedores, en contraposición con los “ganadores” que
tienen buen ingreso. Esto se le atribuye a que carecen de capacidades
adaptativas, interés y voluntad de tensar el arco creativo para superarse. En
otras palabras la pobreza, aunque tenga diversas causas, es un problema de las
personas que solo puede resolverse a través de una intervención realizada por
profesionales capacitados desde las instituciones. Esta intervención puede
adquirir forma de asistencia con las personas que no pueden valerse por sí
mismas, donde los profesionales definen criterios para asignar recursos. O puede
adquirir forma “promoción” donde los especialistas intervienen para que los pobres
salgan adelante, elaborando desde los escritorios proyectos o designando a los
ejecutivos su tutelaje directo. En este proceso, rara vez los beneficiarios
participan en la definición y ejecución del proyecto. De tal forma que éstos lo
ven como un proyecto institucional, no como algo propio, y así asumen su éxito
o fracaso. Los funcionarios institucionales, por su parte, ven los fracasos
como una confirmación de la incapacidad de los perdedores.
Este tipo de enfoque es simbiótico con los sistemas de clientelismo
político, donde se buscan grupos de apoyo y lealtades, más que resultados. No
es casual que desde el diseño institucional se impulse el paternalismo y la intervención
de los funcionarios “para ayudar a la gente”, castrando simultáneamente la iniciativa
y creatividad de los supuestos beneficiarios.
La construcción de
capacidades y apoderamiento a través de la actividad objetivada impulsada por
la capacitación masiva.
Aquí hay también visión ideológica, que habla del potencial
humano, incluso en los casos donde se requiere de asistencia por razones de
edad y salud, ya que no se limita a facilitar recursos básicos, sino que
estimula la calidad de vida con actividades y ocupaciones.
Para efectos de promoción social, esta concepción parte que
los seres humanos estamos configurados por el papel y la experiencia organizativa
que hemos desempeñado hasta el momento pero, y esto es fundamental, no estamos
determinados. Podemos reconfigurarnos, eso sí, a través de una nueva
práctica. Un proceso de capacitación donde percibamos lo límites de las
inercias históricas y sus techos sociales, al mismo tiempo que descubrimos y
aprehendemos los nuevos modelos organizacionales y sociales, ajustando
simultáneamente las expectativas a las nuevas realidades y posibilidades.
Dentro de esta visión los excluidos son considerados
protagonistas activos de su propio desarrollo que requieren, de capacitación
organizacional y alfabetización en el montaje de sus propios proyectos. Al apoderarse
organizacionalmente en el montaje de sus propios proyectos se inician también
el sendero de gestión ciudadana.
Con este tipo de participación se formaron las primeras
cooperativas de autogestión con campesinos y obreros bananeros en Costa Rica;
se desarrolló el programa Hospital sin Paredes en cinco cantones con más de 161
puestos de salud con resultados que fueron premiados por la Organización
Mundial de la Salud. Se construyeron 1063 empresas asociativas también con
campesinos y obreros en el proceso de reforma agraria hondureña en los años 70
y centenares de experiencias en Brasil, México, y Sur África donde actualmente
aplica en 49 cantones de seis provincias para el desarrollo municipal.
Evidencias de la efectividad del método están registradas en
artículos, informes e incluso libros donde se detallan experiencias en tres
continentes como “Un futuro para los excluidos” de la editorial de UNA. La
resistencia a su aplicación, producto de su choque con las relaciones de poder y
el paternalismo y comodidad institucional, que prefiere servirse que servir a
las comunidades, también está documentada en artículos e informes. Un caso
reciente ha sido el informe sobre una década de obstáculos en la aplicación del
proyecto Germinadora en la zona sur del país, que a pesar de todos los
obstáculos que se le interpusieron, pudo presentar logros destacados.
El problema del
archipiélago institucional y ajuste institucional
En el caso costarricense vale la pena destacar que la evaluación intermedia del proyecto Germinadora en 2103, señaló por una parte, la eficacia de la metodología de capacitación masiva aplicada e incluso la recomienda como método para un proyecto país, pero por otra parte la incapacidad institucional de darle seguimiento. Por tal razón pide suspender la capacitación porque el aparato institucional, no ofrece seguimiento ni atiende al decreto presidencial que declara al proyecto de interés público, y propone concentrarse en el seguimiento. El aparato institucional nacional es un archipiélago, donde cada isla desciende hasta lo local, que no tiene instancias regionales de coordinación y ejecución. En el caso de Germinadora, aunque está pendientes el ajuste de la estructura institucional nacional, se dio un fenómeno regional a través de la asignación de recursos financieros y acompañamiento por parte de los Grupos de Acción Territorial. Esta fue una pieza complementaria que ajusto la acción institucional a las necesidades de los emprendedores generando éxitos en el proyecto. Pero este es un tema que amerita estudio y aprendizaje para quienes trabajan en la reforma del Estado. Más claro no canta un gallo, incorporar a las comunidades como actores de un quehacer institucional articulado a sus necesidades es fundamental para incorporar el haz de voluntades local y obtener resultados y productos. Sin este ajuste, por más funcionarios que se contraten no se pueden realizar las transformaciones necesarias ya que va contra naturaleza de la capacitación y el aprendizaje de adultos.
La pobreza se mantuvo en el 21% y la pobreza extrema bajo de 6.3% a 5.8%, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares 2019. Ese 21% corresponde a 336.000 hogares y de éstos hay 93.542 en pobreza extrema.
Estos nuevos resultados se consideran positivos según los investigadores del INEC, si se valora que la pobreza global no aumentó a pesar del bajo crecimiento económico registrado.
No obstante, a nivel regional, se observa una mejoría en los datos únicamente en la región Chorotega, donde la pobreza bajó del 26% en 2018 al 20.3% en el 2019, mientras que la pobreza extrema bajó de 8.8% a 5.4%.
Aunque las causas de este mejoramiento del nivel de pobreza en esta región no fueron reveladas, se mencionó que todos los rubros de ingreso lograron aumentar, entre ellos los subsidios estatales, los cuales parecen haber sido captados por los hogares que están en los primeros deciles.
Pese a los resultados generales de la pobreza influenciados por el mejoramiento en la región Chorotega, la pobreza es alta en algunas regiones, por ejemplo, en el Pacífico Central, la región Brunca y la Huetar Atlántica, la pobreza ronda el 30%, lo que implica que la tercera parte de los hogares no cubren sus necesidades básicas. (La Nación, Economía 18-10-19). En esas regiones la pobreza extrema es del 9.1, 9.2 y 8.9, las más altas del país.
Por su parte, si se observa el estado de la desigualdad a nivel nacional según el índice de Gini, éste se ubica en 0,514(uno de los más altos de Latinoamérica) lo que significa que el 20% de las familias más acomodadas acapara el 50,7% de los ingresos totales y el 20% más pobre sólo reúne un 3,9%.
En tanto en las regiones el coeficiente de Gini revela que en la Brunca, Chorotega y Huetar Atlántica es cercano al 0,53 y la tasa de desempleo se ubica en el 30%. (Elpaís.cr, Opinión,18-10-2019) lo que junto a los niveles de pobreza mencionados, confirma los deteriorados índices de desarrollo social, particularmente en las zonas rurales y costeras y las persistentes desigualdades y desequilibrios territoriales.
Según algunos investigadores, estos desequilibrios territoriales, son el resultado de la concentración de los recursos en el Valle Centra (GAM) y obedecen a un modelo de desarrollo que genera desigualdad y marginación en las zonas costeras y periféricas. (ElPaís.Cr, Nacionales 6-10-2019).
Los continuos informes del Estado de la Nación han constatado un rasgo fundamental del desarrollo en Costa Rica: los fuertes contrastes dentro y entre las regiones, territorios fragmentados, con varias microrregiones claramente diferenciadas en su base productiva, pero que tienen en común bajos logros en desarrollo humano. (XXIV Informe Estado de la Nación, 2018, p.49).
Imagen con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org
La grave crisis, que vive el país, se ha acentuado en los últimos años. Ha sido creada por los políticos de turno (PLN/PUSC/PAC). Hoy podemos observar sus graves consecuencias, recayendo en los sectores más vulnerables de este país.
A la vista, tenemos: alto índice de desempleo, inseguridad ciudadana, sub empleo y precarización del empleo en resumen pobreza general. Ya vendrá el hambre y lucha por sobrevivencia.
La estrategia es conocida: Crear problemas y después ofrecer soluciones llamado “problema-reacción-solución”.
Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar.
Así hemos visto la atroz campaña contra el empleado público, con la finalidad de achacar la crisis fiscal y acumulada por los gobiernos de turno.
En lo absoluto, ha interesado y no observamos del Gobierno, intención de atacar la pavorosa evasión y elusión fiscal del “gran capital”; ataca las clases bajas. “Como siempre, el pobre es Pato de la Fiesta”.
Se crea e incentiva una crisis económica, para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Observemos: entre otras medidas propuestas por la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) y Cámara de Comercio de Costa Rica –que son los sindicatos empresariales más poderosos en Costa Rica– está lo que en la práctica es, seguir el desmantelamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Proponen: disminuir la base mínima contributiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, es decir, aplicar un porcentaje escalonado del Seguro de Salud.
Como dice nuestro pueblo ‘’unos se comen la piña y a otros le duele la panza”’. A pesar de la grave crisis que la agobia serían menos recursos para los asegurados.
Notamos también lo que se ha llamado ‘’la estrategia de la gradualidad’’, es decir tomar las medidas inaceptables progresiva y gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Ahí esta la trampa de la estrategia, creando inacciones, inadvertencias dadas las costumbres de “todo lo acepto”.
Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) han venido siendo impuestas durante años en forma progresiva y paulatina, sin que se reaccione en su contra.
Se nos ha impuesto:
Estado mínimo
Privatizaciones
Precariedad en valores al empleo
Flexibilidad laboral
Desempleo en masa
Salarios que ya no aseguran ingresos decentes
Y tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
Y esto es para todos: trabajadores de la empresa pública y empresa privada.
Se propone la flexibilización laboral: cambio de jornadas, horarios, en resumen, más precarización en el empleo y desvalorización de su trabajo.
A partir de julio entra en vigencia el IVA (se cambia el impuesto de ventas al de valor agregado) y desde el corte de pelo hasta la electricidad elevarán su costo. Nos llevan a raspar las ollas en cada hogar.
Desde luego, no proponen ajustes de salario, para colmo el incremento del primer semestre de 2019, fue nominal en la limosna de tan solo ¢2.700, en caso Caja Costarricense de Seguro Social NO LO HA PAGADO.
El gran poder político y económico camina de la mano, unido y triunfante.
Los de a pie, trabajadores y ciudadanos ¿cuándo? hemos de avanzar unidos.
