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Etiqueta: poder institucional

De vuelta a Isabel Rauber

Editado por Juan Carlos Cruz Barrientos

Isabel Rauber, en sus textos «Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural», «Revoluciones desde abajo: gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica», y «Refundar la política», propone una visión innovadora sobre el rol de la izquierda en América Latina. A través de sus reflexiones, señala la necesidad de una transformación profunda que vaya más allá de la mera toma del poder institucional y apunte a una “revolución social y cultural desde abajo”. Según Rauber, la izquierda debe reorientar su quehacer hacia las siguientes direcciones clave:

1. Construcción de poder popular desde abajo

Rauber insiste en que el cambio no puede ser únicamente impulsado por gobiernos progresistas o populares desde las estructuras estatales, sino que debe surgir desde los movimientos sociales y las bases populares. La izquierda debe enfocarse en fortalecer el poder popular, entendiendo este poder como la capacidad de los pueblos para autogestionarse, autoorganizarse y ser protagonistas de sus propios procesos de transformación. Esto implica que el cambio social no es algo que pueda ser “concedido” desde arriba, sino que debe construirse en los territorios, en las comunidades y en las organizaciones de base.

En este sentido, Rauber aboga por una “política desde abajo” que promueva la participación activa de los sectores populares en la toma de decisiones y en la creación de alternativas concretas al sistema capitalista. Para ella, la verdadera transformación revolucionaria ocurre cuando las personas se organizan para cambiar sus realidades cotidianas, en lugar de depender exclusivamente de las estructuras políticas estatales.

2. Refundar la política

En «Refundar la política», Rauber critica la forma en que la política ha sido secuestrada por una lógica partidista y electoralista que se enfoca en la conquista del poder estatal como fin último. Para ella, esta visión ha sido insuficiente para impulsar cambios profundos y duraderos. La refundación de la política implica repensar el rol de los partidos políticos, de las instituciones y de la democracia misma, para que estas no se conviertan en fines en sí mismas, sino en herramientas para el empoderamiento y la transformación social.

Rauber propone una nueva concepción de la política, que esté íntimamente ligada a la vida cotidiana de las personas, que escuche y aprenda de las luchas de los movimientos sociales y que se guíe por valores de solidaridad, igualdad y participación colectiva. Esto requiere que la izquierda deje de concebir la política como una competencia por el poder y la entienda como un proceso de construcción continua, en el que los sectores populares sean protagonistas.

3. Revolución cultural y social

Rauber enfatiza la necesidad de una revolución cultural que transforme no solo las estructuras políticas y económicas, sino también las formas de pensar, actuar y relacionarse entre las personas. La izquierda debe apostar por un cambio cultural profundo que cuestione los valores del individualismo, el consumismo y la competencia, e impulse valores como la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

Esta revolución cultural es esencial para crear las condiciones subjetivas que permitan la sostenibilidad de cualquier transformación política o económica. Para Rauber, los procesos revolucionarios deben ir más allá de la redistribución material, también deben transformar las relaciones sociales y los valores culturales que sustentan al sistema capitalista. Es un cambio de mentalidad que involucra a toda la sociedad y no solo a los sectores tradicionalmente organizados.

4. Articulación de las luchas múltiples

En sus escritos, Rauber subraya que la izquierda debe articular las diversas luchas sociales en torno a un proyecto emancipador común. Esto significa que la lucha de clases, aunque central, no puede ser la única preocupación. Los movimientos feministas, ecológicos, indígenas, de diversidades sexuales, entre otros, deben integrarse en un proyecto integral de emancipación que aborde las distintas opresiones que existen en la sociedad. La izquierda debe ser capaz de “tejer alianzas” y reconocer que la emancipación debe ser simultáneamente económica, de género, étnica, cultural y ambiental.

Rauber insiste en que el enfoque de la izquierda debe ser “multidimensional”. La lucha contra el capitalismo no puede dejar de lado otros sistemas de opresión, como el patriarcado, el colonialismo y el racismo. Todos estos sistemas se entrelazan, y solo con una visión amplia y articulada será posible construir una sociedad realmente justa y equitativa.

5. Autonomía y autogestión

Otro aspecto clave de la propuesta de Rauber es la importancia de la autonomía y la autogestión en los movimientos populares. Ella defiende la creación de espacios autónomos que no dependan del aparato estatal para su funcionamiento, como cooperativas, comunidades autogestionadas y organizaciones de base que practiquen formas alternativas de economía, producción y vida en común.

Rauber cree que estos espacios autónomos son cruciales para construir las bases de una nueva sociedad, donde las personas tengan el control de sus medios de vida y puedan desarrollar prácticas democráticas más profundas. La izquierda, en lugar de buscar siempre el poder estatal, debería promover y apoyar la “autogestión y la autonomía” de los pueblos, como un camino hacia la verdadera emancipación.

6. Superar el electoralismo

En «Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural», Rauber es crítica con la “deriva electoralista” de muchos movimientos de izquierda. Señala que la obsesión por ganar elecciones a menudo termina por desviar a los partidos de sus principios revolucionarios, llevándolos a “adaptarse al sistema” en lugar de desafiarlo radicalmente.

Para ella, el trabajo de la izquierda no debe reducirse a la conquista de espacios institucionales, sino que debe estar enfocado en “fortalecer el poder popular” y en construir alternativas desde las bases. Las elecciones pueden ser una herramienta, pero no deben convertirse en el eje central de la acción política. El verdadero cambio revolucionario no se da en los parlamentos, sino en los barrios, en las fábricas, en las tierras y en las calles.

Conclusión

En resumen, Isabel Rauber plantea que el quehacer de la izquierda en América Latina debe reorientarse hacia una “política de base”, que apueste por la construcción de poder popular desde abajo, la articulación de diversas luchas, y la creación de una nueva cultura política basada en la participación, la autonomía y la autogestión. Esta nueva izquierda no debe limitarse a la conquista del poder estatal, sino que debe fomentar una “revolución integral”, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, construyendo alternativas concretas al capitalismo desde las prácticas cotidianas de los pueblos.

JC octubre 2024

Reflexiones en torno a la corrupción que nos carcome

Vladimir de la Cruz

Que la corrupción sea un fenómeno mundial, que se da en todos los continentes y países, con participación de grandes empresas y personajes, que se expresa en modelos políticos de distinto tipo como capitalistas, socialistas, republicanos, monárquicos, monárquico constitucionales, democráticos, tiránicos, despóticos, militaristas, autoritarios, de signos políticos liberales, socialdemócratas, socialcristianos, marxistas en cualquiera de sus variedades, de orientaciones religiosas islámicas, cristianas, católicas, budistas o las que sean, que se da en el seno de organizaciones políticas, económicas y sociales, particularmente, en partidos políticos, de todos las corrientes políticas o ideológicas, según se quieran ver, que se manifiesta especialmente en el ámbito de la administración pública, en todas sus instituciones y poderes públicos, y en el ejercicio de gobiernos nacionales, municipales o regionales, no significa que tenga que justificarse si se da en un país como Costa Rica.

Habrá quienes digan y sostengan que la corrupción es propia de esos sistemas y modelos de desarrollo económico, social y político, y consecuentemente con ello, en otros sistemas y modelos de desarrollo económico, social y político no existe, o al menos no debería existir.

Decir, como he oído decir recientemente, que es propio de la sociedad capitalista costarricense no es suficiente. Es obvio que esa es la sociedad que tenemos, pero no por ello podemos apartarnos de la lucha contra la corrupción en cualquier forma y en cualquier parte del mundo que haya que combatirla. Cuando se defienden gobiernos corruptos no costarricenses se mandan señales perversas de que, quienes así actúan, si gobernaran lo harían de la misma forma corrupta con que se defiende a esos gobiernos criticados.

La corrupción es un modo de vida y de comportamiento humano, que se da en todos los niveles de vida de cualquier sociedad, en todas las clases y estamentos sociales. Es una práctica social, que para algunas personas, los corruptos, puede ser hasta una costumbre. Pero, es un modo de vida de personas, no de las instituciones, sean gobiernos, poderes públicos, partidos políticos, iglesias, asociaciones, clubes.

Son las personas las corruptas, las sinvergüenzas, las que actúan delincuencialmente, individual o colectivamente. Son personas, para decirlo de esta manera, que se han echado a perder, que están en un estado de pudrición y de perversión permanente.

Corrupto es quien actúa con el propósito de sacar provecho en beneficio propio de manera indebida, ilegítima, alterando procedimientos, reglamentos, actos administrativos, haciendo que no se cumplan en su formalidad o provocando licitaciones y concesiones amañadas, amarradas, o hechas de tal manera que solo a una persona, o empresa de esa persona, o a dos empresas y dos grupos de personas o familias, se les beneficie, obligando a sacar de la competencia a otras empresas y personas, ofreciendo pagos a esas otras empresas para que no participen en licitaciones o concesiones, como se ha venido evidenciando en los escándalos de los casos que se están investigando.

El espejo del corrupto es el funcionario que aprovechando el poder, abusando del poder institucional, o del cargo que tiene, por la confianza pública que se le deposita, por las oportunidades de actuación, públicas y privadas, que puede ejecutar, lleva a cabo actos de los cuales, y por los cuales, se puede aprovechar quien procura un beneficio indebido o ilegítimo, aunque en la forma tenga el disfraz y el traje de legitimidad y de legalidad, de trámites de procedimientos y mecanismos aparentemente transparentes, aprovechando a la vez la debilidad de reglamentos, de marcos legales, de tipificación de figuras delictivas, de sanciones institucionales y legales en actos de corrupción, y que, hasta hoy, no hay en el país una buena Ley Anticorrupción.

Para que haya un funcionario corrupto se necesita un agente externo igualmente corrupto, el corruptor. Uno que ofrece la posibilidad del acto corrupto a realizarse, y el otro que acepta la realización de ese acto corrupto, por el que recibe a cambio un beneficio personal, dinero en efectivo, invitaciones y pagos de comidas en restaurantes, compra de comidas para la casa o el hogar, pagos de vacaciones en sitios caros, pago de hoteles de playa o viajes al exterior, pagos de cuentas, compra de casas o apartamentos, pago en servicios sexuales exclusivos, que implica una organización en este sentido que opera en la institucionalidad pública, por brindarles hombres o mujeres, según los gustos del agente corruptible, y satisfacción plena de las actitudes consumistas del agente corruptible, entre otros rubros que se cubren y se pagan de esa manera.

El agente corruptor parte de que todas las personas tienen un precio, y que tienen necesidades que satisfacer, y el corruptible tiene a la vez su propia dimensión de su propio valor, por el que cobra, y de las necesidades que debe satisfacer, propias y de familia, que queda involucrada en su actuación.

Otras formas de corrupción son las que legalmente se permiten de evasión y elusión de impuestos y cargas tributarias, de pagos obligados por ley, como los de la CCSS, que son las formas que han sido hechas, desde la Asamblea Legislativa, con apoyos de Poderes Ejecutivos, de acuerdo a las necesidades de ciertos grupos, y veces de ciertos personajes, de fuerte influencia política parlamentaria, cuando no de grupos de presión de esa naturaleza, que buscan beneficios y amparos de actuación indebida desde la legalidad misma. Los no cobros institucionales por esos motivos hacia ciertos personajes o empresas, el no envío de los inspectores institucionales, o de negociar la llegada de inspectores de trabajo, o de la CCSS, para la supervisión respectiva, generalmente acompañados de los Jefes de Personal, o de empleados de esas empresas, que cumplen esas funciones administrativas, para influir de esa manera en los informes respectivos, o de no tener el número necesarios de inspectores para todo el país es parte de esa corrupción pro beneficio de esos evasores o no cumplidores de las obligaciones legales.

Con la corrupción se depravan, se echan a perder, se dañan actos administrativos, procedimientos administrativos. Se echa a perder la imagen de las figuras públicas, depositarias muchas veces de la confianza y la voluntad popular, o que resultan electas por ella, se afecta la imagen pública de la Política, de la Administración Pública como conjunto, de los partidos políticos como instituciones de organización y de representación política, de las personas que se desempeñan como Políticos en general, de la democracia como sistema y organización de vida, orientando salidas hacia formas autoritarias de gobiernos pensando que ellas acaban con esos vicios de la corrupción.

La corrupción como se manifiesta, y en la forma escandalosa que se hace, también afecta la imagen democrática de la sociedad. No se valora, sin embargo, que democráticamente se actúa contra esta corrupción por los actos que realiza el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General, por la independencia institucional que tienen.

No hay una ética de la corrupción, que justifique el comportamiento humano del corrupto, salvo la propia autovaloración que de sí mismo tiene el corrupto, que ve, probablemente como moralmente válido lo que hace en su beneficio. El comportamiento moral del corrupto es su inmoralidad, es su actuación contra el comportamiento humano moralmente establecido y aceptado, al margen de los valores del bien, del deber, del bienestar común, de la feliz convivencia social, de actuar como se debe ante los deberes, los derechos y las obligaciones, y ante la justicia misma.

Los actos de corrupción que se investigan atentan contra la Justicia Social, contra la convivencia social de los costarricenses. ¿Acaso esto no es penable? Se pone en entredicho el sistema democrático y de seguridad jurídica de los costarricenses. La corrupción estimula la actuación del más fuerte, la ley de la selva en la sociedad económica e institucional, se actúa contra la convivencia pacífica y la seguridad jurídica, en cierta forma contra el mismo Estado de Derecho.

La educación en general, la educación ciudadana y la educación cívica se orientan a formar ciudadanos responsables con el Estado, con la Sociedad, con la Convivencia armónica, lo que queda en el suelo, y en el canasto de la basura, cuando se estimulan los actos y comportamientos corruptos, o se dejan sin castigar, sobre todo sin sancionar ejemplarmente, con la fuerza institucional y jurídica con que se puede hacer penar, pero también con la fuerza política para someter a los responsables y corresponsables de esas personas corruptas y sus corruptores.

En los casos que se vienen anunciando, e investigando, se han evidenciado personas, colectivos de personas, e instituciones, actuando criminalmente, vinculadas, organizadas, respondiendo a una planificación para la actuación y para sacar provecho de esas actuaciones inmorales e ilícitas, como se están comprobando en los expedientes judiciales, según se ha dicho. Son verdaderas cuadrillas criminales.

Si hablamos de ética pública esta recae en los funcionarios que se desempeñan en la función pública, desempeño que debería ser ejemplar y de profundo respeto por las normas de vida institucional y de la convivencia pública. Cuando se viola esta ética pública se trasluce que el actuar del funcionario no es el bien común, es su interés personal y personalísimo desde el puesto que tiene.

Los funcionarios públicos, y los corruptores que los han involucrado en esos actos, han afirmado a Maquiavelo, que parafraseado, recomendaba actuar de manera aparentemente moral a sabiendas que no lo eran, o solo de aparentar actuar moralmente.

Recuerdo a mi abuelita materna Ofelia, que pasaba diciéndonos, a sus nietos, “el que roba un cinco, roba pesos”, “el que roba poco, roba mucho”, machacando constantemente normas de conducta de honradez, honestidad, respeto, de actuación ante la vida, y de relaciones sociales.

Era una escuela formativa para formar valores de responsabilidad social y de rectitud moral, de actuación, que permitiera rechazar todo provecho o ventaja personal que se pudiera sacar del ejercicio del cargo o del puesto, de actuar con rectitud, honradez, honestidad, rechazando provechos que se puedan obtener de por sí, o por interpósita mano. Se inculcaba y enseñaba que el trabajo era el principal y más honesto modo de ganarse la vida, de ganar dinero.

Con una ética pública sólida se le enseña a la ciudadanía una ética social de comportamiento, donde todos realicemos el buen comportamiento, la buena conducta, ante el servicio público que tenemos y desempeñemos desde los distingos puestos de trabajo, que produzca la mayor confianza posible en el buen ejercicio del Gobierno y de la Administración Pública en general.

Aquí funciona la probidad, la actuación con integridad, con rectitud, con honradez, con la imparcialidad en el proceder institucional, con la objetividad en el trato para darle a cada quien lo que corresponde en su derecho y en su razón, para producir una igualdad real de las personas en condiciones iguales, sin atender preferencias, privilegios, sin recibir premios o dádivas a cambio del trabajo prestado y rechazando la influencia indebida de quienes presionan por obtener ventajas.

En todos estos escándalos e investigaciones, que se están haciendo, lo que está al margen totalmente es la Procuraduría de la Ética Pública. Supuestamente existe, por su función legal, como la Oficina contra la corrupción en la función pública. Existe, además, para promover la ética en la gestión pública.

La Procuraduría de la Ética Pública debe realizar acciones, que no se sienten ni se ven, para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, debe recibir y tramitar denuncias administrativas por actos de corrupción, de falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública y debe denunciar y acusar penalmente de los actos que conozca.

¿Dónde está la Procuraduría de la Ética Pública? ¿Existe? ¿Qué ha hecho en este sentido? Valdría la pena que en estas investigaciones que lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República le toque la puerta a su silencio cómplice, a su ceguera institucional y a su sordera pública, cuando en este país, Costa Rica, a gritos todo el mundo habla de corrupción. ¿Cobija la Procuraduría de la Ética estos actos a todas luces públicos? ¿O, cobija a los corruptores y corruptos públicos conocidos?

En el año 1996 la Licda. Marina Ramírez Altamirano, publicó con auspicio del AID y de la Asamblea Legislativa, el libro “Ética en la función pública. Una aproximación al tema”, que debería ser de estudio de los diputados, de los que van a llegar a integrar la próxima Asamblea Legislativa y de los funcionarios que ocuparán cargos en la Administración Pública.

Es un libro que a pesar de los años de su publicación sigue teniendo validez y vigencia, y que puede permitir su lectura una buena revisión y actualización, a la luz de todos los escándalos habidos en estos últimos 25 años, desde su publicación, porque la corrupción ha existido en estos años.

Ahora bien, en todo este escándalo, especialmente el de los alcaldes, la lucha la han enfocado contra la reelección de alcaldes. ¿Es eso correcto? Yo creo sinceramente que no es en la reelección de alcaldes ni de funcionarios públicos donde está el mal. La raíz está en la formación individual de esos funcionarios, en sus bases morales y éticas, en su educación familiar y social, en el entorno que les ha tocado vivir.

Los alcaldes no son maná del cielo. Son electos por los partidos políticos para ser presentados a los electores, quienes depositan su confianza electoral en ellos, garantizando de esa manera el acto supremo de la soberanía popular. Si los alcaldes resultan malos son malos los partidos que los han escogido, y son los partidos, con sus dirigentes, con sus asambleas partidarias, los responsables directos de sus nombramientos y de su elección popular. Son los partidos que se inhiben, o no pueden actuar, porque estatutariamente tienen los candados para expulsar a las personas involucradas en este tipo de actos, más aún cuando se desempeñan en cargos públicos de elección popular y forman parte, también, de los organismos políticos internos, de mayor jerarquía de esos partidos. Y los Comités de Ética de esos partidos son más Comités de Estética partidaria que de ética pública. Su quehacer se orienta a lavar la cara de los partidos más que a establecer sanciones ejemplares contra esos dirigentes políticos.

Se quiere prohibir la reelección de alcaldes como si allí descansara la fuente del mal de la corrupción. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pueden elegir indefinidamente por períodos de ocho años, los de Tribunal Supremo de Elecciones por períodos de seis años, los miembros de ciertas Juntas Directivas, de distintos tipos de instituciones y sociedades del sector público y del privado se pueden elegir por varios períodos y por muchos años. Los alcaldes y miembros de los Consejos Municipales también se pueden elegir indefinidamente, hasta que los electores no voten por ellos ni por sus partidos políticos. Los partidos políticos se pueden elegir consecutivamente en las municipalidades, en la Asamblea Legislativa con sus diputados y en el Gobierno mientras los electores voten por ellos.

¿Qué diferencia hay en reelegir a un partido político en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa o en las Municipalidades, aun cuando cambia de candidatos, si es ese partido el responsable de nombrar honrados o sinvergüenzas ciudadanos?

Si se trata de prohibir la reelección de personas debería tratarse la posibilidad de no permitir la participación de partidos políticos que tienen historia de nombramientos de estos funcionarios corruptos. Si se trata de limpiar la cancha de candidatos, o de personas, hay que limpiar la cancha de equipos que podrían ser también la maquinaria institucionalizada de la corrupción y de ciertos corruptos que reptan en sus entrañas a veces de manera camaleónica.

Llevar el asunto a la no reelección de alcaldes, y a lo no reelección en general, o a facilitarla una sola vez, es distraer la atención de las fuentes de la corrupción. No hay que dejarse engañar con cantos de sirena.

Hay que atacar la corrupción con toda la fuerza institucional que se permita. Hay que castigar ejemplarmente a los corruptos y corruptores con el mayor peso posible que permita la legislación. Hay que mejorar la legislación, actualizarla a las nuevas modalidades de actos de corrupción.

Hay que fortalecer la educación pública, desde los primeros niveles, al menos, en los valores cívicos y ciudadanos, en valores morales sólidos, en el valor de la responsabilidad social, la honestidad, la honradez, y de la función del servicio público.

REDUCIR LA POBREZA: ¿NO SE PUEDE, O SI SE PUEDE?

Miguel Sobrado

La pobreza, a pesar de tener nuestro país una de las mayores inversiones en política social por habitante del continente, había permanecido inmutable durante las últimas dos décadas, antes de la pandemia, en un 20% global y un 6% de pobreza extrema. En ese mismo período de tiempo Uruguay que también tenía un porcentaje inicial del 20%, la había reducido, al 7% y prácticamente erradicado la pobreza extrema.

Mientras aquí tenemos un sistema centralizado, con instituciones poco flexibles, en Uruguay tienen un sistema descentralizado con controles locales que permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades y evolución de las condiciones.

Como ejemplo de lo nefasto del centralismo tenemos la noticia que 45000 personas abusaron del bono Proteger, centralizado en el Ministerio de Trabajo. Un gran esfuerzo de la hacienda Pública para compensar la pérdida de ingresos a la población afectada por la pandemia. Difícilmente este abuso hubiera alcanzado esas cifras si la distribución hubiera estado a cargo de poderes u organizaciones locales, al menos en zonas rurales cafetaleras donde todos se conocen y autocontrolan.

Pero no se trata solo del problema de una estructura centralizada, ya que la descentralización no siempre es una pomada canaria, sino de la visión implícita que se tiene de la pobreza como problema de “perdedores”. Esto es de personas fracasadas que tienen que ser asistidas y orientadas por las instituciones, cada una desde su campo de acción y especialidad. Visión que no percibe individuos integrales, familias, grupos organizados autónomamente o comunidades sino problemas técnicos. De tal forma que no existen individuos y unidades sociales con potencial de incorporarse activamente en la solución de su situación, sino problemas fragmentados que deben ser resueltos con la intervención externa. Esta visión, además de reflejarse en el diseño institucional centralizado, coincide con los intereses ideológicos clientelistas y configura, más allá de las declaraciones ideológicas, la acción asistencial de los técnicos institucionales.

El problema ha sido visualizado y existen resultados convincentes, pero no voluntad de cambio institucional

El programa de varias décadas liderado por doña Rose Marie Ruiz de la UNA en Isla Venado, así como el que desarrolló la ex primera dama doña Mercedes Peñas Tejiendo Desarrollo, en la administración pasada se hicieron esfuerzos importantes por articular, las instituciones en el ámbito local con algunos resultados importantes, de los cuales lamentablemente no se han sacado conclusiones para el cambio estructural porque hacerlo afectaría las relaciones de poder político e institucional.

¿Es posible hacerlo diferente incorporando a la población organizada en la solución de su situación?

El programa del Hospital sin Paredes demostró en nuestro país, sin lugar a dudas por sus resultados y el reconocimiento nacional e internacional, que otra forma de organización institucional es posible. Una organización con la participación autónoma de las poblaciones, que las incorpora en una gran simbiosis creativa con las instituciones aumentando sus alcances, reduciendo sus costos y tiempos al mismo tiempo que potencian los resultados.

Por otro lado, existen experiencias en nuestro país y en otras regiones del mundo con el enfoque de la metodología de capacitación masiva, en proyectos de reforma agraria, comunales y de desarrollo con la participación de las comunidades y grupos que han confirmado que otro camino es posible, pero que hay que empezar por cambiar la visión.

Una visión sobre el potencial humano

En primer lugar, los pobres no son perdedores sino personas que no han tenido oportunidades para mejorar sus condiciones ni acceso a los servicios que ofrecen las políticas públicas, pero si son capaces, cuando están sanos, de aportar esfuerzo y crear soluciones para salir de la pobreza y la exclusión. O sea, son seres humanos cuyo potencial depende de su capacidad de auto organización, así como del acceso a las oportunidades y servicios que ofrecen las políticas públicas. Don José Figueres Ferrer decía muy acertadamente “Los hombres sin organización no tienen ningún poder”

La capacitación en organización es fundamental como instrumento de poder. Esta solo se da cuando responde a sus necesidades propias, no a los mandatos institucionales y al margen de autonomía de que dispongan. No existe capacitación sin proyecto propio ni participación sin autonomía. La instrucción se puede recibir en el aula, pero la capacitación, al igual que el manejo de un vehículo, solo se da en una práctica donde las personas deben tomar decisiones frente al objeto.

En segundo lugar, clarificar los conceptos de organización y participación que se utilizan formalmente en todas las visiones, pero que tienen significados y resultados diferentes de acuerdo a la visión predominante.

Organización para la visión positiva es auto organización de los grupos o comunidades, que puede tener o no personería jurídica, pero que no se limita a esta. Es un ente vivo no solo formal, como el aglutinamiento administrativo de personas en los proyectos asistenciales.

La participación en condiciones de autonomía es real. Parte de la definición del problema, en el establecimiento de soluciones, y en la evaluación de resultados.

El papel de los técnicos institucionales es de apoyo técnico y profesional, como la asistencia profesional comprometida en las empresas privadas, con una buena dosis de capacidad didáctica. La participación de la comunidad con su conocimiento y acción es real y enriquece a todos en el diagnóstico y ejecución del proyecto. No se ve como un apoyo subordinado a las directrices institucionales, por ejemplo, limpiar los locales, sino como un trabajo conjunto, dentro de una relación de respeto y evaluación de resultados.

Formar los equipos técnicos de desarrollo

Aplicar la política social con esta visión, no es un cambio de camiseta administrativo. Requiere de una preparación de los equipos formadores, en un proceso organizativo de varios meses que empieza por romper, en la práctica, los círculos viciosos asistencialistas y la formación de nuevos círculos virtuosos.  Un trabajo arduo pero que, genera condiciones para la incorporación de las comunidades al mismo tiempo que estimula la transformación institucional.

Existen experiencias y método para hacerlo. Lo que hace falta son decisiones.