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Etiqueta: política criminal

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte IV (TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

Gobernanza, sostenibilidad y los límites de la IA

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA administrador de empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Principios del modelo CR-IA 2035

El modelo nacional se sustenta firmemente sobre diez principios rectores e institucionales que guían su implementación de manera transversal:

  • Legalidad: Sometimiento absoluto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico vigente.
  • Protección de derechos fundamentales: Blindaje de las garantías individuales y la privacidad ciudadana.
  • Evidencia: Diseño de políticas basadas en datos empíricos verificables y no en percepciones políticas.
  • Interoperabilidad: Capacidad técnica de intercambio seguro y fluido de información entre entidades.
  • Prevención: Priorización de intervenciones tempranas sobre las causas estructurales antes de la reacción.
  • Coordinación institucional: Trabajo articulado en red superando los compartimentos estancos de la burocracia.
  • Inteligencia financiera: Persecución sistemática del flujo económico como motor del delito.
  • Innovación tecnológica: Incorporación responsable de herramientas avanzadas de ciencia de datos y TIC.
  • Evaluación permanente: Medición científica de resultados mediante indicadores rigurosos de impacto.
  • Supervisión humana: Control, gobernanza y responsabilidad humana ineludible sobre todo sistema automatizado.

Resultados esperados

Si el modelo propuesto se implementa de manera progresiva y gradual conforme a la hoja de ruta establecida, los resultados estratégicos esperados para el Estado costarricense abarcarían:

  • Una optimización sustancial en la utilización de la información pública disponible.
  • Un fortalecimiento real de la coordinación interinstitucional en todos los niveles operativos.
  • La capacidad de detección temprana de riesgos, anomalías logísticas y amenazas de seguridad emergentes.
  • Un robustecimiento de las investigaciones financieras y la tasa de recuperación de activos ilícitos.
  • Una mejor focalización territorial y distribución eficiente de los recursos públicos de prevención social.
  • El establecimiento de procesos sistemáticos de auditoría y evaluación científica de las políticas de seguridad.
  • El incremento de las capacidades preventivas estatales y el blindaje de la ciberseguridad nacional.
  • La generación de conocimiento científico nacional y transferencia tecnológica mediante el sistema universitario.
  • Un aprovechamiento ético, eficiente y responsable de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Estos resultados esperados en ninguna circunstancia deben entenderse como promesas o garantías automáticas. La tecnología y los algoritmos no eliminan el crimen organizado por sí mismos; lo que realizan es potenciar las capacidades analíticas e institucionales del Estado para comprender el fenómeno y responder a él de forma estratégica y eficiente.

Discusión

La principal innovación conceptual que plantea esta propuesta consiste en modificar de raíz la unidad de análisis de la política pública de seguridad. La pregunta tradicional y lineal que ha guiado las estrategias estatales ha sido de carácter reactivo: ¿Cómo capturamos al criminal aislado? Por el contrario, la pregunta sistémica y contemporánea que introduce este modelo plantea un giro estratégico: ¿Cómo funciona el ecosistema complejo que permite que el crimen organizado continúe reproduciéndose de forma constante?

Ambas preguntas representan interrogantes legítimas dentro del diseño de una política criminal, pero la segunda opción cuenta con la ventaja estratégica de permitir al Estado intervenir simultáneamente sobre un número significativamente mayor de variables críticas.

Una organización criminal puede perder integrantes mediante detenciones y reemplazarlos en poco tiempo; puede sufrir la pérdida de un cargamento o ruta y absorber el evento como un simple costo operativo reemplazable, y puede experimentar el desplazamiento o fragmentación de sus liderazgos locales.

Sin embargo, si el aparato estatal logra afectar de forma simultánea, coordinada y basada en datos las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales, institucionales y sociales que sostienen el negocio clandestino, aumenta exponencialmente su capacidad soberana para desmantelar la estructura y reducir la capacidad de reproducción del fenómeno sistémico.

Una nueva métrica de éxito multidimensional

El éxito de una política nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede seguir dependiendo de un indicador único, aislado o de carácter mediático. El modelo CR-IA 2035 propone trasladar y evaluar la efectividad estatal a través de cinco dimensiones de forma simultánea, integrada y complementaria:

  • Dimensión de seguridad ciudadana: Medición de la reducción real y verificable de los índices de homicidios, sicariato, lesiones y extorsiones, controlando de manera científica las fluctuaciones y picos de violencia que suelen ocurrir en los territorios tras la remoción o extradición de líderes criminales.
  • Dimensión de economía criminal: Evaluación del volumen total de flujos financieros ilícitos detectados, cantidad de cuentas bancarias inmovilizadas, desarticulación de empresas fachada y porcentaje de patrimonio delictivo recuperado formalmente por el Estado.
  • Dimensión de estabilidad territorial: Medición de la disminución de los factores de vulnerabilidad social, incremento de la permanencia educativa de los jóvenes en zonas de riesgo y recuperación efectiva de espacios públicos por parte de las comunidades y gobiernos locales.
  • Dimensión social y humana: Evaluación de la cobertura, calidad y efectividad real de los programas preventivos de salud mental, tratamiento de adicciones, oportunidades económicas de reinserción y reducción comprobada de la tasa de reincidencia delictiva.
  • Dimensión de fortalecimiento institucional: Medición del incremento en los niveles de transparencia administrativa, reducción verificable de casos de corrupción interna, optimización de tiempos en procesos de contratación pública y eficiencia en los tiempos de respuesta en materia de asistencia jurídica internacional y procesos de extradición.

La política pública debe analizar y auditar las cinco dimensiones simultáneamente mediante el uso del CR-IA Dashboard para asegurar un equilibrio estratégico permanente.

Conclusión

Costa Rica no se encuentra ante la obligación de elegir entre la aplicación de los mecanismos tradicionales de la justicia y la adopción de innovaciones tecnológicas modernas. Ambas dimensiones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian de manera estratégica e indispensable. La fuerza pública, los investigadores judiciales, los fiscales, los tribunales de la República y los tratados internacionales de extradición continuarán siendo piezas fundamentales e insustituibles para el sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, la efectividad real de todo este aparato institucional se multiplica cuando sus acciones son guiadas por un Estado inteligente capaz de integrar sus bases de datos, procesarlas éticamente mediante modelos de inteligencia artificial y evaluar con rigor científico los resultados obtenidos.

La transformación propuesta se resume en un principio estratégico de control: no se trata de administrar a las organizaciones criminales o carteles, sino de administrar de forma inteligente las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales y sociales que hacen posible su existencia. Eso significa administrar técnicamente la información, los mercados, la violencia, el dinero, el territorio, la demanda, la logística, los riesgos de corrupción y los resultados medibles del Estado.

La inteligencia artificial no constituye una solución mágica o definitiva frente al narcotráfico; representa una herramienta tecnológica de análisis aumentado. La solución real y de largo plazo continuará dependiendo de la fortaleza de instituciones capaces, la coordinación interinstitucional en red, la inteligencia humana, la investigación profesional, la justicia garantista, el control financiero estricto y el despliegue de políticas sociales eficaces e inclusivas.

Costa Rica ya posee los cimientos y gran parte de las instituciones y políticas públicas necesarias. El ICD cuenta con un nuevo horizonte estratégico nacional trazado en su Plan 2026-2035 en materia de drogas y legitimación de capitales, mientras que el MICITT dispone de las líneas de acción para el desarrollo responsable de la IA. El desafío crítico del presente consiste en conectar de forma operativa esas capacidades para que la información se transforme en inteligencia, la inteligencia guíe la intervención de precisión y los resultados alimenten las nuevas decisiones públicas.

El propósito final del modelo CR-IA 2035 no es edificar un aparato para incrementar la vigilancia invasiva sobre los ciudadanos, sino construir un Estado que comprenda mejor las amenazas que acechan a su población. No se trata de sustituir el juicio humano por algoritmos automatizados, sino de dotar a las personas responsables de proteger a la sociedad de las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas mejor informadas. No se trata simplemente de ganar una batalla aislada contra una banda específica, sino de heredar al país una capacidad institucional permanente para que, cuando el escenario criminal mute o se adapte, el Estado ya se encuentre técnicamente preparado para comprenderlo, anticiparlo y desactivarlo en defensa de su paz democrática.

Epílogo

La verdadera transformación histórica de la seguridad pública no ocurre cuando una institución adquiere de forma aislada una nueva herramienta tecnológica. Ocurre cuando se modifica de raíz la manera en la que el Estado utiliza y gestiona el conocimiento para la toma de decisiones públicas. Costa Rica se encuentra ante la oportunidad histórica de transitar de una política criminal predominantemente reactiva hacia un modelo de gestión inteligente capaz de observar el fenómeno, comprender sus lógicas sistémicas, anticipar riesgos específicos, intervenir con precisión y evaluar de forma rigurosa sus propios resultados.

La diferencia operativa puede parecer sutil, pero sus implicaciones estratégicas son profundas. Un Estado inteligente que aprende sistemáticamente de cada una de sus intervenciones territoriales y financieras deja de comenzar desde cero ante cada crisis. Cada decomiso aduanero, cada investigación judicial, cada operación financiera sospechosa, cada homicidio violento, cada territorio vulnerable intervenido y cada programa de prevención social implementado genera datos analíticos de gran valor. La cuestión decisiva para la soberanía del país radica en qué hace el Estado con esa información:

  • Si los datos permanecen archivados y separados en burocracias aisladas, únicamente tenemos información estática.
  • Si los datos se integran de forma interoperable y se analizan con rigor científico, obtenemos conocimiento dinámico.
  • Si ese conocimiento se transforma en metodologías aplicables a la toma de decisiones estratégicas, generamos inteligencia operativa.
  • Y si esa inteligencia se despliega con estricto apego a la ley, respeto absoluto a los derechos humanos, transparencia pública y evaluación científica constante, podemos comenzar a hablar formalmente de un Estado inteligente.

Ese es el verdadero e ineludible desafío estructural que enfrenta la República de Costa Rica frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado transnacional del siglo XXI.

Bibliografía y fuentes institucionales

  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Información institucional y funciones establecidas en el marco de la Ley N.º 8204.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cumplimiento y estructura del Plan Nacional sobre Drogas.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Normativa nacional sobre recuperación, incautación y comiso de activos ilícitos.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, actualización correspondiente al año 2026.
  • Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica 2024-2027: políticas, principios y líneas de acción para el uso responsable de la IA.
  • Poder Judicial de la República de Costa Rica. Tratados Internacionales de Extradición, Códigos Procesales y Normativa de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal.

Nota editorial:
Puede leer las partes I, II y III mediante los siguientes enlaces:

Parte I

Parte II

Parte III

Costa Rica: de la “guerra contra las drogas” a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte III (TIC, Inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

La arquitectura tecnológica y el blindaje estatal

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Modelo CR-IA 2035: cronograma de implementación

Se propone una implementación gradual y progresiva estructurada en cuatro fases estratégicas orientadas a consolidar la transición hacia un Estado inteligente:

  • Fase I — integración (2026-2027)
    • Elaboración del inventario nacional de datos e identificación de duplicidades institucionales.
    • Establecimiento de estándares nacionales de interoperabilidad y protocolos seguros de intercambio de información.
    • Implementación del marco de ciberseguridad inicial y la política nacional de gobernanza de datos.
    • Adopción del marco ético y principios rectores para el uso responsable de la IA en la administración pública.
    • Homologación de tratados y optimización de expedientes de asistencia jurídica internacional y extradición.
  • Fase II — Inteligencia (2027-2029)
    • Despliegue operativo de plataformas analíticas y sistemas de mapas territoriales dinámicos.
    • Activación de los laboratorios de inteligencia artificial especializados en seguridad pública.
    • Implementación de herramientas avanzadas de análisis de redes criminales y de inteligencia financiera integrada.
    • Integración automatizada de sistemas de análisis de riesgo logístico y alertas operativas entre agencias internacionales.
  • Fase III — anticipación (2029-2032)
    • Activación de modelos de riesgo predictivo bajo estricta supervisión humana.
    • Despliegue de planes de contención social e intervención policial de precisión post-extradición en los territorios identificados con alta vulnerabilidad.
    • Automatización del procesamiento de indicadores del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado.
    • Integración analítica avanzada entre todas las instituciones que conforman la red nacional de seguridad.
  • Fase IV — Estado inteligente (2032-2035)
    • Consolidación de un ciclo dinámico, sistemático y permanente de gestión pública basado en el flujo de conocimiento:

Detectar⟶Analizar⟶Intervenir⟶Evaluar⟶Aprender

Bajo este esquema consolidado, el Estado costarricense dejaría de considerar la política pública como una secuencia cerrada o un conjunto de programas aislados. Cada intervención produciría información analítica, cada resultado generaría aprendizaje técnico y cada aprendizaje modificaría de forma automatizada e inteligente la siguiente intervención estratégica del Estado.

Presupuesto y financiamiento

La transformación propuesta hacia un modelo inteligente no debe plantearse bajo ninguna circunstancia como una simple expansión inercial del gasto público o un aumento de la burocracia estatal. Debe conceptualizarse como una inversión estratégica en la capacidad soberana del Estado.

La asignación de recursos públicos de la Matriz Presupuestaria de Inversión se organizará en cinco componentes fundamentales: 

Componente

Finalidad e inversión estratégica

Datos e interoperabilidad

Infraestructura tecnológica para la interconexión ágil, interoperable y segura de las bases de datos de las instituciones públicas.

Ciberseguridad estatal

Sistemas avanzados de defensa informática, blindaje de datos sensibles y protección de redes de información de seguridad nacional.

IA y ciencia de datos

Herramientas analíticas avanzadas, software especializado y laboratorios de procesamiento predictivo de los subsistemas criminales.

Formación y alianzas

Financiamiento del Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública para la creación de talento humano especializado.

Evaluación científica

Financiamiento de las auditorías de impacto de las políticas públicas y el desarrollo de los tableros del CR-IA Dashboard.

 

El financiamiento del modelo combinará de forma transparente los recursos presupuestarios existentes en las carteras de seguridad, la cooperación internacional técnica y financiera, fondos específicos destinados por ley a la innovación tecnológica y seguridad nacional, y alianzas estratégicas con la academia pública, sometidos a estrictos mecanismos de control público y rendición de cuentas. Debe prevalecer un principio estratégico fundamental: no comprar tecnología sin construir la capacidad humana institucional para utilizarla.

Indicadores de resultado y el CR-IA dashboard

El modelo de gestión inteligente abandonará definitivamente la dependencia exclusiva de los indicadores tradicionales de actividad u operativos. No basta con contabilizar el volumen físico o el número de acciones (cuántas operaciones policiales se ejecutaron, cuántos agentes se desplegaron o cuántos decomisos aislados ocurrieron). La evaluación del Estado requiere indicadores cualitativos y de impacto que respondan técnicamente a las siguientes variables analíticas:

  • Cuánto disminuyó la violencia y los delitos conexos en los cuadrantes intervenidos.
  • Cuánto volumen de dinero ilícito fue identificado e interceptado de forma temprana.
  • Cuánto patrimonio y activos de origen delictivo fueron recuperados efectivamente por el Estado.
  • Qué territorios específicos mejoraron sus indicadores de vulnerabilidad social y exclusión.
  • Cuánto disminuyó la tasa de reincidencia criminal en las poblaciones atendidas.
  • Qué programas preventivos demostraron efectividad con base en la evidencia.
  • Qué recursos institucionales fueron utilizados y qué resultados específicos produjo cada intervención pública.

Para centralizar, procesar y visibilizar esta información de forma analítica, se propone la creación de un tablero nacional digital de control denominado CR-IA DASHBOARD. Esta plataforma operará con dos niveles técnicos de acceso: una interfaz con indicadores públicos agregados para fomentar la transparencia ciudadana y el análisis académico, y módulos reservados con sistemas de acceso cifrado para uso exclusivo de las autoridades e instituciones judiciales autorizadas por ley.

Matriz de evaluación

Para construir una cultura institucional de aprendizaje permanente y mejora continua, cada política de seguridad implementada en el marco nacional deberá responder de forma obligatoria a cinco preguntas fundamentales de control científico:

  1. ¿Cuál era el problema estructural o la vulnerabilidad identificada?
  2. ¿Qué intervención específica se realizó y bajo qué marco legal?
  3. ¿Qué recursos públicos (humanos, tecnológicos, financieros) se utilizaron?
  4. ¿Qué resultado medible e impacto real se obtuvo sobre el fenómeno?
  5. ¿Qué variables operativas deben modificarse para la siguiente intervención?

Riesgos del modelo

La implementación de una política de alta intensidad tecnológica y analítica conlleva riesgos críticos inherentes que deben ser identificados y mitigados de forma rigurosa desde su origen para evitar distorsiones en el sistema democrático:

  • Falsos positivos: alertas erróneas generadas por los modelos predictivos.
  • Sesgos algorítmicos: modelos entrenados con datos históricos distorsionados que puedan replicar discriminaciones.
  • Filtraciones de información: fugas de datos sensibles de seguridad nacional hacia redes externas.
  • Ataques cibernéticos: sabotajes o intrusiones en la infraestructura crítica del Estado.
  • Vigilancia excesiva o invasiva: riesgo de rebasar los límites de privacidad de la población.
  • Dependencia tecnológica: subordinación del Estado a proveedores o tecnologías extranjeras cerradas.
  • Concentración de información: acumulación desproporcionada de bases de datos en pocas manos burocráticas.
  • Decisiones automatizadas: emisión de sanciones o actos administrativos sin supervisión humana.

Por tales razones, cada sistema informático o algoritmo de IA integrado en el modelo deberá incorporar obligatoriamente auditorías de código, documentación técnica exhaustiva, evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, supervisión humana constante, mecanismos ágiles de reclamación ciudadana, trazabilidad total de consultas y procesos de revisión técnica periódica.

La IA y los límites del poder estatal

Existe una diferencia conceptual y constitucional fundamental entre utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones complejos y utilizarla para tomar decisiones punitivas sobre las personas. La primera constituye una herramienta analítica legítima; la segunda puede vulnerar de forma directa derechos fundamentales y el debido proceso.

Por ello, el modelo establece una frontera ética y constitucional clara e infranqueable: la IA puede recomendar dónde mirar, pero nunca puede decidir a quién condenar.

La inteligencia artificial tiene permitido:

  • Identificar anomalías administrativas, aduaneras y financieras.
  • Encontrar relaciones y reconstruir vínculos ocultos en redes complejas.
  • Priorizar riesgos logísticos y territoriales para guiar recursos.
  • Comparar de forma masiva grandes volúmenes de información dispersa.

La inteligencia artificial tiene estrictamente prohibido:

  • Declarar la culpabilidad jurídica de un ciudadano.
  • Sustituir el proceso de investigación policial o judicial humana.
  • Sustituir la función jurisdiccional y el criterio del juez de la República.
  • Producir o emitir de forma automatizada sanciones administrativas o penales.

Seguridad como concepto integral multidimensional

El concepto tradicional y lineal de seguridad nacional enfocado exclusivamente en el control policial clásico resulta insuficiente en el siglo XXI. La seguridad contemporánea debe entenderse como un entramado sistémico y multidimensional que comprende e integra de forma interactiva las siguientes dimensiones críticas:

  • Seguridad física: Protección directa de la vida e integridad de los ciudadanos ante la violencia criminal.
  • Seguridad financiera: Blindaje del sistema económico formal ante los flujos de legitimación de capitales.
  • Seguridad digital y ciberseguridad: Protección de las redes informáticas, infraestructuras y datos del Estado.
  • Seguridad territorial: Recuperación integral de los espacios geográficos y exclusión social en las comunidades.
  • Seguridad sanitaria: Enfoque de salud pública para la prevención, tratamiento y reducción del daño por consumo.
  • Seguridad institucional: Protección de los procesos administrativos públicos frente a los riesgos de corrupción.
  • Seguridad informacional: Garantía de la veracidad, custodia, calidad y trazabilidad de los datos públicos.

Dado que el crimen organizado tiene la capacidad de atacar simultáneamente cualquiera de estas dimensiones, la respuesta estratégica del Estado costarricense debe ser igualmente multidimensional e integrada en red.

Costa Rica como Estado inteligente

Un Estado inteligente no es simplemente un Estado digitalizado. Digitalizar las instituciones públicas sin modificar de raíz la estructura y la metodología con la que se toman las decisiones estratégicas únicamente produce un incremento de la burocracia digital.

La verdadera transformación conceptual consiste en utilizar la información para mejorar la calidad y precisión de las decisiones públicas. Un Estado inteligente se define como aquel aparato institucional que cuenta con la capacidad real de transitar de manera científica por un ciclo permanente de aprendizaje estatal:

  • Observar⟶Comprender⟶Decidir⟶Intervenir⟶Medir⟶Aprender

Costa Rica cuenta con ventajas particulares para liderar este modelo: estabilidad democrática, un sistema universitario de excelencia, conectividad digital, experiencia en políticas sobre drogas y una estrategia nacional de IA en desarrollo. El reto actual consiste en conectar de forma responsable esas capacidades dispersas para transformar los datos aislados en conocimiento estratégico aplicable al desarrollo nacional.

Continuará…

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.

La mano dura como excusa de la aplicación de una verdadera política criminal

Francesco Giulietti Silva
francescomc8@gmail.com

Egresado en Derecho y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica

Los privados de libertad y las cárceles pasan en el olvido la mayor parte del tiempo, salvo en épocas determinadas. Las campañas electorales y las crisis de inseguridad ponen en el centro a todas esas personas procesadas y sentenciadas (los discursos populistas no distinguen dicha condición jurídica) por nuestro sistema penal. El país posee 13 centros penitenciarios[1] bajo el modelo cerrado (CAI)- 11 correspondientes a cárceles para hombres, 1 para adulto mayor, así como 1 para mujeres-. Según el Informe Anual de Labores 2025[2] del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para febrero del 2026 había aproximadamente 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4% a nivel general y de centros penitenciarios con hasta un 134% de sobrepoblación frente a su capacidad real. Por primera vez, el CAI Vilma Curling llega a niveles de hacinamiento tan altos como el 40,37%.

Lo anterior debe alzar alarmas respecto a la posible regresión en materia de derechos humanos, particularmente sobre la dignidad humana de las personas reclusas. Un punto que llama especialmente la atención es el siguiente: una de cada cuatro personas privadas de libertad no ha sido procesada. Es decir, que el 25% de las personas que se encuentran en las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva, sin una sanción penal en firme. Ello es digno de destacar debido a que, a pesar de que según nuestro Código Procesal Penal[3] la prisión preventiva debe ser excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, tales como la probabilidad del hecho, peligro de fuga y/o obstaculización, que el delito atribuido sea sancionado con pena de prisión y que exista peligro para la víctima, persona denunciante o testigo. Quisiera resaltar que nuestro Código Procesal Penal, así como la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales Penales, no va acorde con lo dispuesto en reiteradas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la prisión preventiva no debe tener un fin punitivo, debe ser de carácter extraordinario y fundamentarse únicamente bajo las causales de peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Lo anterior se puede apreciar en el Informe 35/07 de la CIDH (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), Acápite 81, Caso López Álvarez vs. Honduras (Corte IDH, 2006), Acápite 69 y Caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte IDH, 2005), resoluciones que forman parte de la columna vertebral del Sistema Interamericano para prohibir y evitar el uso arbitrario y punitivo de la prisión preventiva. En Costa Rica, por otro lado, parece ser que la prisión preventiva es la regla, más que la excepción.

Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas de Tokio[4] y Reglas de Mallorca[5] sobre administración de justicia penal y penas no privativas de libertad, aportan una serie de pautas que tienen como objetivo un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, de las víctimas, la seguridad pública y la prevención del delito, aunado al hecho de que la justicia penal afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Una vez visto lo anterior, es válido cuestionarse la finalidad del sistema carcelario, la implementación de las medidas cautelares y cómo vemos como sociedad a las personas procesadas y sentenciadas por el Derecho Penal y Penitenciario.

En la campaña electoral de las elecciones de 2026 varias candidaturas utilizaron a la seguridad como su mayor consigna. No es de extrañar, según el último Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP[6], con fecha del 6 de mayo de 2026, la inseguridad y la delincuencia son consideradas como la principal problemática para los costarricenses. Los discursos de “mano dura” no surgen por generación espontánea, son un cálculo político que apela a las emociones del pueblo cuando este se encuentra asustado por un alza en las tasas de criminalidad.

Sin embargo, aunque a nivel discursivo pueda ser viable y efectivo, a nivel práctico no lo es. El sistema penal es el último peldaño al que debería llegar cualquier ciudadano. El Poder Judicial interviene cuando el hecho ya se dio y toca juzgar al imputado; es al Ejecutivo a quien corresponde la labor más importante, la prevención. La educación, el deporte, los espacios de convivencia ciudadana que le corresponden al Estado son factores determinantes para evitar la criminalidad, focalizado en las personas jóvenes, que en su mayoría suelen ser los reclutados por el crimen organizado.

Si se ignora el hecho de que la mejor política criminal es la prevención, nuestros gobiernos seguirán dándonos estos espectáculos mediáticos y cucharadas propagandísticas que no generan una solución real. Es más, la “mano dura”, podría decirse, es contraproducente, porque aliena y estigmatiza todavía más a las personas que se encuentran sometidas a este sistema. Se les cataloga como “los otros”, que “eso jamás me pasará a mí” cuando en realidad cualquier persona puede estar el día de mañana sometida a un juicio penal y que, irónicamente serían los primeros en exigir dichas garantías.

Tal y como menciona Roberto Gargarella, las personas no son meras calculadoras de coste-beneficio, bajo esta lógica neoclásica del sistema penal, todos los problemas de seguridad se solucionarían subiendo las penas por los distintos delitos, cuando claramente esto nunca ha servido. También, el hecho de que los humanos nos movemos por pautas de reciprocidad, en la que, si una persona se siente maltratada sistemáticamente por el Estado (como lo pretenden varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo) es probable que este responda con maltrato. Si el Estado responde “golpe con golpe” en lugar de ver a estas personas como parte de la comunidad lo que hace es crear un círculo de violencia, donde cada vez esta se alimenta más. Por último, el autor plantea una sociedad de dos niveles, conformada por los que definen los límites y marcos del Derecho Penal y quienes lo viven en carne propia. Esto es perjudicial para los grupos excluidos, que perciben al sistema como un soldado armado que les declara la guerra a ellos. Como ejemplo cabe citar el proyecto de ley que propone extender hasta por 15 años la vigencia de la hoja de delincuencia, dificultando todavía más el buscar trabajo para una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad.

En conclusión, el sistema penal debe ser abordado integralmente, la política criminal debe ser vista también desde la prevención más allá de sanciones más duras. Nuestro Código Penal sostiene que la finalidad de la pena es la resocialización[7], entonces, si creemos en esto, debemos tratar y concebir a los sometidos al régimen penal y penitenciario como integrantes de la comunidad más que “los otros” y los “alienados”, porque, como mencioné anteriormente, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar sentado frente a un fiscal que nos acusa o ante un juez que dicta prisión preventiva y seguramente lo primero que harían sería exigir sus garantías procesales y constitucionales.

[1] https://www.mjp.go.cr/dependencias/dgasdetalles

[2] https://www.dhr.go.cr/mnpt/informes_mnpt/33_informe_anual_mnpt_2025.pdf

[3] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=41297&param2=151404&param3=3&param4=180498&param5=

[4] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-non-custodial-measures

[5] https://cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm

[6] https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2026/05/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-6-MAYO-2026.html

[7] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5027&param2=151473&param3=3&param4=23830&param5=

 

Pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Pediatría sobre la prevención de la delincuencia juvenil

La Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE), comprometida con la promoción del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia costarricense, expresa respetuosamente su preocupación ante la propuesta de que estudiantes de secundaria visiten centros penitenciarios como estrategia para prevenir la delincuencia.

Como organización científica, consideramos que las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes deben sustentarse en la mejor evidencia disponible y no únicamente en iniciativas que, aunque puedan resultar intuitivas, no han demostrado ser efectivas.

Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, que representan los más altos niveles de evidencia científica, concluyen de manera consistente que los programas basados en visitas de jóvenes a cárceles o en la exposición directa a personas privadas de libertad con el objetivo de generar temor no reducen la delincuencia juvenil y, en algunos casos, pueden incluso aumentar la probabilidad de conductas delictivas posteriores.

De igual forma, una revisión sistemática publicada posteriormente encontró que estos programas no producen una reducción significativa de la conducta delictiva, a pesar de que puedan modificar algunas actitudes de los participantes, lo que confirma que el cambio de percepciones no necesariamente se traduce en cambios reales de comportamiento.

La prevención de la violencia y la delincuencia juvenil es un desafío complejo que no puede abordarse mediante estrategias basadas en el miedo. El conocimiento científico acumulado durante décadas demuestra que los factores que verdaderamente protegen a los niños y adolescentes incluyen:

  • una educación de calidad que favorezca el desarrollo de habilidades para la vida y que brinde mayores oportunidades de empleo digno;
  • programas deportivos permanentes y accesibles;
  • el acceso a actividades artísticas, culturales y recreativas;
  • espacios seguros para la convivencia familiar y comunitaria;
  • oportunidades de participación social y liderazgo juvenil;
  • el fortalecimiento de la salud mental y el acceso oportuno a servicios de apoyo psicológico;
  • programas de mentoría y acompañamiento para adolescentes en condición de vulnerabilidad;
  • políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad social, la exclusión y la violencia.

Estas intervenciones fortalecen los llamados factores protectores, ampliamente reconocidos en la literatura científica como elementos esenciales para disminuir conductas de riesgo y favorecer trayectorias de vida saludables.

Como pediatras sabemos que la adolescencia constituye un período de extraordinaria plasticidad cerebral y emocional. Las experiencias positivas, el acompañamiento de adultos significativos, las oportunidades educativas y el sentido de pertenencia tienen un impacto mucho mayor sobre el desarrollo futuro que las intervenciones basadas en la intimidación o el temor.

Desde ACOPE reconocemos y compartimos la preocupación nacional por el incremento de la violencia y la necesidad urgente de proteger a nuestra juventud. Sin embargo, precisamente por la magnitud del problema, las decisiones públicas deben sustentarse en evidencia científica sólida y en intervenciones cuya efectividad haya sido demostrada.

Costa Rica necesita invertir en estrategias preventivas que construyan oportunidades para nuestros niños y adolescentes, no únicamente en aquellas que buscan disuadir mediante el miedo.

La prevención efectiva de la violencia comienza mucho antes de que un joven tenga contacto con el sistema penitenciario. Comienza en la familia, en la escuela, en la comunidad y en una sociedad que garantice oportunidades reales para desarrollarse plenamente.

La Asociación Costarricense de Pediatría reitera su disposición para colaborar con las autoridades nacionales en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención fundamentadas en la mejor evidencia científica y orientadas siempre al interés superior de la niñez y la adolescencia costarricense.

Dr. Santiago Batalla Garrido
Presidente
Asociación Costarricense de Pediatría
18 de julio de 2026.

Referencias:

  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., & Buehler, J. (2003). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency: A systematic review of the randomized experimental evidence. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 589(1), 41–62. https://doi.org/10.1177/0002716203254693
  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(4), Article CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2
  • van der Put, C. E., Boekhout van Solinge, N. F., Stams, G. J., Hoeve, M., & Assink, M. (2021). Effects of awareness programs on juvenile delinquency: A three-level meta-analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 65(1), 68–91. https://doi.org/10.1177/0306624X20909239

Breve exposición de la coyuntura nacional

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Francescomc8@gmail.com

En política estatal resulta en un contrasentido -al menos a nivel práctico- decir que se es conservador en lo social y liberal en lo económico, porque es interseccional y no va desligado uno del otro. Para que la ciudadanía tenga una buena vida requiere una economía estable y políticas de reducción y migración de desigualdades; la política económica está estrictamente ligada a lo social.

A propósito de lo anterior, propongo el análisis de ciertos temas que forman parte de la discusión política y legislativa en Costa Rica.

Por un lado, las jornadas 4×3 se vienen impulsando desde hace más de 20 años, el poner en la mesa un proyecto no estudiado verdaderamente a fondo que, en ciertas aristas socava los derechos del tico promedio a favor de empresarios no es nada por celebrar, a pesar de que tenga un apoyo popular. El apoyar proyectos de este tipo (tal y como fue propuesto por la diputada Daniela Rojas) no representan verdaderamente una ventaja competitiva. En el cuatrienio pasado nunca se indicaron ni se demostraron estudios o análisis que demostraran una relación causa-efecto entre la aprobación de jornadas de 4×3 con el arribo al país de las empresas transnacionales y la generación de nuevos empleos. Se utilizó como estrategia argumentativa el hecho de que “vamos atrasados” en la región, en lo que compete a normas que impulsen la competitividad. Sin embargo, los ejemplos utilizados corresponden a países que, al día de hoy, poseen una legislación laboral más laxa respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Se menciona lo anterior debido a que el origen del Derecho Laboral es sopesar las desigualdades naturales que existen entre los patronos y los trabajadores. En una relación laboral se enfrentan intereses contrapuestos, el trabajador busca siempre ganar más y (de ser posible) trabajar menos. Por otro lado, el patrono busca gastar menos y producir más. La historia ha demostrado que cuando no se le establecen límites a los grandes empresarios pueden ocurrir grandes abusos causados por la desventaja y la relación de poder que existe entre la parte trabajadora y la empleadora, por lo que el Derecho Laboral ha ido dignificando poco a poco el trabajo y otorgando mejores condiciones (días de descanso, jornadas de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, etc.). Cabe reflexionar si verdaderamente estas propuestas son para el beneficio del pueblo o de unas pocas élites. Es importante analizar a fondo estas reformas estructurales dentro de nuestros códigos.

Luego, el crecimiento del PIB no es el indicador más adecuado para medir la calidad de vida del ciudadano costarricense promedio, debido a que es una estadística que corresponde a un factor macroeconómico, que no necesariamente corresponde a lo micro. No hay un aumento real de nuestros ingresos que se refleje con una mejor calidad de vida. Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica tiene uno de los salarios más altos, sí, pero también es de los países con el costo de vida más elevado. El disfrutar de una buena calidad de vida no corresponde a la mayoría del país. Se resalta esto porque, en mínimas condiciones -salario base- no basta con dicho salario para satisfacer las necesidades personales y familiares. Costa Rica dejó de ser un país de clase media por uno que, con el paso del tiempo, ahonda en las desigualdades. Vivimos en un Estado de economías paralelas, donde los indicadores macroeconómicos nos hacen parecer una potencia, pero el ciudadano de a pie con costos llega a fin de mes.

Por otro lado, el endurecimiento de penas llama mucho la atención, de hecho, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con las penas más largas y de los países que más duro castiga en la región. No es necesario ser penalista para saber que subir las penas no reduce la delincuencia, lo que sí lo reduce es la efectividad de las sanciones. Es decir, que el Estado castigue cuando corresponda y que sea esperable de la ciudadanía que el Estado persiga y sancione las conductas antisociales, evitando la impunidad. Al Poder Judicial le corresponde actuar cuando los hechos ya pasaron, cuando ya es demasiado tarde y la prevención falló. Por lo cual, corresponde en un grave error el responsabilizar al Poder Judicial por la tarea preventiva, la cual le corresponde al Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales, culturales y académicas en beneficio de la población. Es la educación e inserción social lo que corresponde al Poder Ejecutivo para prevenir la delincuencia y que, particularmente las personas jóvenes no vean en bandeja de plata el integrarse a la delincuencia organizada.

Es importante traer a la mesa dichos temas de relevancia cuando en la agenda legislativa las conferencias presidenciales de los miércoles y las discusiones del día a día nos abarrotan con información sobre distintos temas. Esperamos como ciudadanos que las diputaciones y Presidencia verdaderamente trabajen en conjunto por el bien del país. Esto porque, mientras los ciudadanos ansiamos reformas y nuevas políticas, dentro de la Asamblea Legislativa las fracciones pelean entre sí. Es menester recordar que son delegados del pueblo, elegidos mediante elecciones populares para manifestar la voluntad del soberano, que reside en la ciudadanía. Cuando se aprueban iniciativas trabajadas entre las diversas fracciones es cuando -generalmente- se aprueban las mejores normativas, debido a que pasan por un minucioso filtrado de diversas ideologías y posiciones. También quisiera llamar a la ciudadanía a fiscalizar la labor de los mandatarios, porque el poder no es el mismo cuando sabe que lo observan, que cuando no.

A Laura Virginia, presidenta. ¿Madre?

Sylvia Montero Mejía
6 de julio 2026
Tres Ríos

Le pregunto, ¿es usted madre o es que oí mal cuando alguna vez alguien leía su hoja de vida?

Le hago la pregunta porque después de escuchar sus controvertidas declaraciones en relación con los niños de barrios marginales, necesito saber qué preferiría la presidenta de este país: ¿Llevar a su hija a visitar escuelas remodeladas, con baños pulcros y campos de juego, teatros al aire libre en parques seguros, bibliotecas públicas con libros hermosos, llenos de mensajes constructivos?…

¿O prefiere llevarla a visitar cárceles inmundas, malolientes, a que vea rostros deformados por el crimen y el hambre?

Laura Virginia, entienda señora: el crimen se combate creando oportunidades, sembrando ejemplos, fortaleciendo la educación; no castigando en mega cárceles.

Cuando una presidenta confunde gobernar con advertir: La cárcel mental del poder

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.

Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.

Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.

Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.

Ese es el verdadero escándalo.

La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.

Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.

La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.

Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.

Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.

Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.

Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.

Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.

Revelador de una pedagogía basada en el miedo.

Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.

Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.

Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.

Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.

Ha fracasado el poder.

Un visitante indeseable

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El poder siempre ha querido perpetuarse, pasar a la posteridad. Es un rasgo muy común de la condición humana, que en el fondo revela su fragilidad e impotencia frente al paso del tiempo y la muerte inexorable. Faraones y grandes caciques nos legaron sus pirámides-tumbas; reyes y emperadores sus castillos y palacios; cardenales y papas sus catedrales cargadas de oro y arte; y los presidentes de la modernidad han querido ser recordados por sus grandes obras de infraestructura, museos, bibliotecas, universidades, o proezas diplomáticas.

Vivimos sin embargo una época tan degradada –desde el punto de vista civilizatorio- que un tiranillo de cuarto mundo quiere pasar a la posteridad legando una “mega-cárcel”. Y hay quien lo admira y quiere imitar (sin decir nombres).

La humanidad ha tenido, desde siempre, serios problemas de qué hacer con los diferentes, los delincuentes, los locos, los disidentes y rebeldes, los marginados y pobres. Es lo que el criminólogo italiano de última generación –Alessandro De Giorgi-, llama el problema de la “excedencia”, los que en una sociedad salen sobrando, los que no logran sentarse a la mesa del reparto.

Las soluciones humanistas y democráticas han propuesto estrategias de reconocimiento de derechos e integración, de atención e inclusión social para esos sectores. Al contrario, las “soluciones” autocráticas, meramente represivas, han recetado desde hace siglos, el encierro o el abierto exterminio. Ese fue el dilema que enfrentó la camarilla nazi con los campos de concentración primero, y los hornos asesinos casi inmediatamente después. Esta es la “solución” de Donald Trump y otros líderes europeos persiguiendo, expulsando y aniquilando migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Este es también el camino elegido por el genocida gobierno israelí para deshacerse del pueblo palestino.

Hoy sabemos, a pesar de la persecución y censura a medios de comunicación y activistas de derechos humanos, que en El Salvador hay más de cincuenta mil presos, la gran mayoría detenidos arbitrariamente, sin juez ni defensa, sin juicio ni sentencia, sin debido proceso. Por desgracia, no podemos saber cuántos están muriendo, porque la maquinaria represora del gobierno ha eliminado todo tipo de vigilancia y control externos. Contemplar a un presidente de Costa Rica (otra vez sin decir nombres), con pose de oficial de las SS haciendo recorrido de reconocimiento a presos semidesnudos y hacinados en la mega-cárcel bukeliana, es de lo más bochornoso y patético que nos ha tocado vivir.

Esta “salida” al problema de la violencia social es una confesión abierta de total fracaso político. Se ha fracasado en la construcción de instituciones democráticas, se ha fracasado en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, se ha fracasado en una redistribución justa de la riqueza y se ha fracasado en dar escuela y trabajo a las nuevas generaciones.

Pero además, más temprano que tarde se sabrá el precio que ha pagado Bukele para bajar las tasas de homicidios en el hermano país centroamericano. Sus acuerdos subterráneos con los líderes mareros, sus tratativas con el crimen organizado y las corruptelas personales que lo han enriquecido cada vez más. Cuán sostenible es esta respuesta también lo sabremos muy pronto.

En todo caso, no es válido aprovecharse del miedo legítimo de la gente para imponerle ilusorias salidas a problemas profundos, que atañen al régimen de capitalismo salvaje dominante y sus políticas de exclusión y miseria para amplias mayorías de la población. Mientras esto no se resuelva, en pocos años, habrá otros 100 mil jóvenes salvadoreños en la más absoluta marginalidad y violencia. ¿Qué se le ocurrirá al tiranillo salvadoreño?, ¿tirarlos al mar?, ¿exportarlos como esclavos a Arabia Saudita?

Nayib Bukele es una viva ofensa a la tradición democrática costarricense. Es un sujeto indeseable que sin pudor alguno nos visita para tratar de influir en un proceso electoral en el que se quiere manipular, una vez más, el miedo a la violencia delictiva para tapar los problemas de fondo que siguen esperando auténticas soluciones.