Es usual que el populismo recurra a mentiras para evitar asumir responsabilidades. Es falso que los posibles cortes de electricidad sean responsabilidad del anterior gobierno o de quienes estuvimos a cargo del ICE. Siempre he actuado con base en información técnica.
Es completamente FALSO que los posibles cortes de electricidad sean responsabilidad del Gobierno de Carlos Alvarado, o de las personas que estuvimos a cargo del ICE entre 2018-2022. Todas las decisiones que tomamos en esos años fueron de carácter técnico y se sustentaron en datos que provenían del propio ICE.
1. El Gobierno afirma que los eventuales apagones se deben a que nosotros «predicamos durante años» que la demanda de electricidad estaba cubierta y que por eso no se necesitaba más generación. Esto es completamente FALSO. Ni nuestro Gobierno, ni ningún otro, se inventa los datos de la demanda eléctrica del país para «predicarlos». Eso es información técnica que generan departamentos especializados del ICE y que se actualiza periódicamente porque la demanda puede aumentar o disminuir por distintos factores. Todos estos datos se publican en un documento llamado «Plan de Expansión de la Generación», y que cualquier persona puede consultar. En todos los Planes de Expansión de la Generación que se publicaron durante mi período, se decía claramente que el país tenía la demanda cubierta por el momento y fue con base en ellos que tomamos todas las decisiones en materia de inversión y compra de energía. Nosotros vigilábamos con lupa el comportamiento de la demanda para activar los protocolos que fueran necesarios para así evitar llegar a un escenario de cortes eléctricos. Creo que hicimos muy bien nuestro trabajo porque en nuestro Gobierno nunca se habló de apagones de ningún tipo. Probablemente, si ahora el país se enfrenta a esta situación es porque ese seguimiento feroz no se ha estado haciendo. Le tocará a la prensa y a las autoridades políticas determinar si los embalses se han estado manejando bien, si se exportó más sabiendo que se avecinaba un año con fenómenos del niño o si se activaron las directrices de manejo de la demanda y ahorro de energía en el momento oportuno. Nada de esto es nuevo para las personas del ICE, pero dependen de decisiones que toman sus autoridades.
2. El Gobierno también dice que los eventuales apagones se deben a que nosotros no continuamos con el Proyecto Hidroeléctrico Diquís. Nuevamente, esto es completamente FALSO, y no tiene lógica. Cuando se decidió suspender el PH Diquís, el proyecto no contaba con factibilidad ambiental, ni se había realizado la consulta indígena obligatoria. Obtener esta factibilidad ambiental y social por parte de SETENA, hacer la consulta indígena, obtener financiamiento y construir la represa tomaría aproximadamente 6 años o más. Es decir, suponiendo que todo esto se hubiera logrado a tiempo, Diquís aún estaría en construcción, y no habría podido solventar esta situación. Y ojo, es difícil asumir que la consulta indígena hubiera arrojado un resultado positivo debido a la oposición que los pueblos originarios ya habían manifestado públicamente.
*Publicado por la autora en su cuenta de X, compartido con SURCOS por José Manuel Arroyo Gutiérrez.
Dicen los estudios, que el culto a la personalidad es mayoritariamente practicado por los que, por las desigualdades sociales, no han tenido la oportunidad de completar la educación secundaria. Situación relevante a la hora de tomar decisiones, pues no son cualquier cosa, ya que son mayoría en Costa Rica, donde más de dos millones de personas forman ese inmenso grupo de ciudadanos. Cabe anotar que, dentro de los países del «club rico» de la OCDE, por dicha situación, nuestro país ocupa la posición 38, o sea, estamos en el vergonzoso sótano, aunque no preocupe a las desorientadas autoridades de educación.
Como van de la mano, el bajo nivel educativo y el personalismo que le encanta a tal conglomerado de compatriotas, incluyendo sus consecuencias antidemocráticas, creemos que ni a mediano plazo, se podría mejorar esa situación. Demandaría muchos años ir mejorando esa inhumana realidad, y, además, si no existe un proceso bien planificado, una ruta valorable, trazada por las autoridades educativas, para, al menos, mitigar tan grave deficiencia, el problema se mantendrá hasta quién sabe cuándo.
Asimismo, no es extraño, que, en las provincias con mayor pobreza, como son Limón y Puntarenas, el culto a la personalidad, se manifieste cual dogma religioso; como algo que no necesita de razones para expresarse. Es un hecho, que los que en general, no se esfuerzan siquiera por informarse, ni mucho menos pensar, se encuentran cómodos en ese nicho fuera de cualquier partido político o conglomerado cívico, pues les basta con «su santo», con el personaje que veneran, con quien les dice lo que quieren escuchar, por donde caminar, qué decir, aunque éste, paradójicamente, les esté engañando. En él, duele reconocerlo, depositan la frustración hija de su pobreza. Si ese ser «venerable» habla su idioma, y si además alza la voz para impactar, como actor de teatro callejero, para ellos es más grande su satisfacción, aunque, en sus familias cunda el hambre y la miseria.
El conflicto le cae muy bien al líder personalista, y, por tanto, él promueve la confrontación, entre las personas que no creen sus cuentos, y los que, aunque quizá tampoco los crean, se sienten «realizados», cómodos, cuando se les trata como obediente cardumen armónico.
En sistemas políticos democráticos, ha sucedido en otros lares, esa provocada, nefasta y amenazante confrontación, se ha logrado mitigar con el paso del tiempo, gracias a la aparición de grupos sociales, prometedores, con filosofía democrática y con dirigentes naturales, respetuosos, claros, propositivos, estudiosos, que propician que las separatistas cercas con alambre de púas, vayan cediendo ante las cercas vivas, amigables con el ambiente.
Sin embargo, la mala noticia es que, al que porta el estandarte de ese personalismo, ante quien solo falta que se arrodillen sus fieles seguidores, es consciente de que, si su misión personal no es gobernar, sino ocupar un pedestal donde le pongan flores, sus mayores esfuerzos se limitan a promover, propiciar, alimentar, la confrontación entre su cardumen, y los que, todavía se atreven a pensar y actuar, para así cumplir con comodidad con los compromisos adquiridos con los de su clase social, mientras la lucha se da por otros lados.
Así las cosas, él lo que requiere es ese “algo” que le permita volver a sus días de candidato presidencial. Algo, donde se puedan anunciar promesas que, sabe, cínicamente, jamás serán cumplidas. Algo que, así espera, le permita a su cardumen mostrarse enardecido, ojalá violento, frente a todos los que no se alinean. Algo que, cual campaña electoral presidencial, otra vez lleve al ungido, a repartir abrazos y mandar besitos desde una playa. Y, ese algo, ustedes lo presienten amigos, se puede obtener tramitando un referéndum, para que supuestamente, un millón y medio de ciudadanos, sin conocer los proyectos de ley, pudiesen sustituir a los diputados, en su deber de legislar, en oposición al espíritu que una vez movió a los señores diputados, que una vez tomaron la feliz iniciativa y aprobaron, esa innovadora expresión de democracia popular, que, dolorosamente, quieren manchar.
Para sus intereses, al líder populista, lo que menos interesa es llegar a la votación, que decidiría sobre unos 15 proyectos. No, para él, eso es lo de menos. A él lo que realmente le interesa es la adelantada campaña electoral, que le ofrece el escenario del referéndum. Más de un año, durante el cual, se detiene el funcionamiento del poder ejecutivo, para dedicar toda la energía del Consejo de Gobierno, hacia el nuevo y exclusivo foco de atención público. Tiempo durante el cual, sin duda, lanzará acusaciones contra el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, los medios de prensa, las organizaciones de trabajadores, etcétera. Él contra el mundo, es lo que veremos, según la imagen que ha venido forjando, desde hace más de dos años, y que reforzará en busca de dividendos electorales. Esa es la premisa fundamental de ese particular personalismo (muy alejado, por cierto, del personalismo acogido como filosofía, por sectores de la Democracia Cristiana internacional), y de ella no se apartará.
Como muestra ya lo escuchamos, ¡siempre desinformando!, decir que los que crearon la legislación del referéndum, no le permiten aprobar reformas parciales a la Constitución Política, si antes no le “pide permiso” a la Asamblea Legislativa. Lamento que pareciere nacer de la imposibilidad de reformar la Carta Magna, de tal manera que él pudiese optar por la reelección presidencial consecutiva. Sueño que se le desvanece, y le preocupa, pues sabe que, por su mismo personalismo, no habría candidato capaz de ser heredero de su caudal electoral, pues, fiel a su estilo, ni siquiera tiene un partido político que lo respalde y lo identifique, con equis o ye ideología.
Para finalizar, vemos que se ha publicado un reciente estudio del CIEP-UCR, que nos permite ensayar algunas conclusiones. En dicha encuesta se indica que, sobre su gestión, «Los que dicen tener poca o ninguna confianza, ahora superan el 72,6%, el porcentaje más alto desde que Chaves tomó el poder en el 2022«, leemos en el Semanario Universidad (que, por cierto, ahora más que semanario, es un muy ágil diario en su formato digital).
Pese a ese resultado, desalentador para cualquier gobernante que busque dejar un buen legado de su administración, él dice sentirse satisfecho, pues agrega, eso demuestra que está haciendo bien su trabajo (¿?).
Por otro lado, es paradójico que, ante esa estadística, los del cardumen (reforzados por miles de perfiles falsos y troles contratados) no solo reaccionan negando ciertos resultados del trabajo académico independiente, sino que, mientras dejan de lado cualquier esfuerzo de reflexión razonable, cumplen su función de cardumen. Así, instintivamente, por esa fuerza extraña que les provoca el vicio personalista que les ha contagiado, corren a culpar a los “desechables” (para Chaves), ministros y presidentes ejecutivos, por los errores frecuentes del gobierno, eximiéndolo a él, al incólume, al santo varón, al héroe, al incapaz de equivocarse, de cualquier culpa que pudiese tener.
El “mataburros” o diccionario de la Real Academia Española, es claro y contundente en la definición del término sensato.
Rodrigo Chaves Robles, recibió en bandeja de plata la posibilidad de convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia de Costa Rica, pero, por la boca muere el pez.
DESCONOCIMIENTO.
Sin conocer la institucionalidad, Constitución, leyes, todo lo quiso hacer a troche y moche, a “guevo”, eso en una democracia centenaria, con distribución de poderes, ¡es imposible!
Desde el inicio detuvo proyectos estratégicos, simplemente porque sentía el tufo, algunos ganaban mucho, la sufrida carretera a San Ramón, mediante su malquerido Banco de Costa Rica, ahora saldrá más cara, tiempo perdido, hasta los santos lo lloran.
PELEÓN.
Se dedicó a pelear con todo el mundo para enardecer al populacho, en esa suerte de circo romano, en donde si no hay sangre, el espectáculo es malo.
De los periodistas se dice, somos un mar de conocimientos con centímetros de profundidad, se alió a la visión simplona de la comunicadora Pilar Cisneros Gallo.
Llevamos dos años de nadadito de perro, los restantes serán de repartir culpas, tirar bolas a la gradería para perder tiempo.
Rodrigo Chaves malbarató la oportunidad colocada por el destino en sus manos.
La sinrazón le ganó la partida, la historia le reservará el triste sitial de ¡PRESINSENSATO!
Costa Rica goza de un reconocimiento internacional, entre otras cosas, por su democracia estable, por sus recursos naturales protegidos y su rica diversidad natural, por la abolición del ejército desde hace 76 años; por el ejercicio democrático electoral y cambios de gobierno estables, cada cuatro años, desde 1848, con algunos períodos muy cortos de golpes de estado, dos en el siglo XX, de dos años cada uno; por un régimen de partidos políticos que funciona desde 1889, por un régimen constitucional estable desde 1871, por el ejercicio de libertades y derechos y una amplitud de los Derechos Humanos.
En este escenario, las corrientes políticas, especialmente desde 1931 hasta hoy, han girado con la presencia liberales clásicos decimonónicos, de la izquierda comunista, la socialdemócrata, la social cristiana, como grandes ejes de pensamiento político. En la segunda mitad del siglo XX surgieron variantes de estas corrientes políticas o ideológicas, algunas de ellas con pequeñas estructuras político-partidarias y hasta electorales. Corrientes liberales y neoliberales se han desarrollado como corrientes político-electorales desde finales del siglo XX. Hoy tienen más presencia pública y de gobierno. Tendencialmente se ven como amenazas gubernativas, ahora y para el próximo gobierno 2026-2030.
Tradicionalmente los gobiernos de Costa Rica desde 1953 hasta el 2014 han gravitado con partidos socialdemócratas y socialcristianos gobernantes, alternado entre ellos, los socialdemócratas 9 veces en gobierno, los socialcristianos seis veces. Esto produjo la idea de un bipartidismo gobernante muy sólido, al que se le debe lo bueno y lo malo del país en todo sentido.
Dos de los últimos gobiernos fueron de un nuevo proyecto político electoral, sin una clara definición político-ideológica, que quedó fuera del proceso político, y electoral en la práctica, en las elecciones nacionales del 2022, donde no eligió el partido gobernante, de estos años, ni un solo diputado, y en las elecciones municipales recién realizadas donde también se desdibujó electoralmente.
Parlamentariamente, el bipartidismo histórico dominó el Poder Legislativo, generalmente con mayoría socialdemócrata o compartiendo con los socialcristianos la amplia mayoría legislativa desde 1953 hasta 1998.
Desde 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió. Perdieron las mayorías legislativas con la que se imponían nacionalmente. Aparecieron otras fuerzas pequeñas parlamentarias con las que tuvieron que negociar para la mejor toma de decisiones parlamentarias y políticas. En este escenario, desde 1998, surgieron fuerzas políticas electorales y parlamentarias de carácter cristiano no católicas, liberales dentro del neoliberalismo. Hubo una atomización de partidos disputando la presidencia de la República en el 2022 cuando participaron 25 partidos políticos en esa batalla electoral. De estos 25 partidos nacionales solo llegaron ocho a las elecciones municipales del pasado 4 de febrero. El nuevo Congreso Nacional, de 57 diputados, quedó dominado por seis partidos, cinco de ellos ubicados en el centro derecha.
En los últimos ocho años han venido surgiendo corrientes de carácter neoliberal populistas. En el 2022, en las elecciones se impuso como gobernante, con menos de un año de ejercicio político, y de reconocimiento personal político, el actual presidente de la República, que tenía casi 35 años de trabajar en el extranjero, en el Banco Mundial. Totalmente desarraigado, sin raíces políticas importantes, a modo de un típico outsider se impuso, cuestionando todo el pasado político, acusando graves casos de corrupción reales, como un lastre de toda la clase política tradicional, de todos los partidos políticos existentes y de todos los poderes públicos. Señalaba que la situación que se calificaba de ingobernabilidad en que había entrado el país se debía a que no había habido gobernantes que gobernaran, que mandaran, presentándose como el escogido para esa tarea.
Los partidos tradicionales gobernantes desde 1978 habían iniciado el proceso de acabar y debilitar el Estado Social de Derecho que se había venido construyendo desde 1943, y de reducir al máximo posible el Estado asistencialista y benefactor que se había impuesto desde las reformas políticas y sociales de 1943, y como resultado de la Guerra Civil, de 1948, en el marco de la guerra fría que se dio desde 1945 hasta 1991, como barrera de contención a las posibilidades de ascensos de la izquierda y de los comunistas, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, del triunfo del Salvador Allende, en Chile, en 1970, y de los sandinistas en 1979, como del desarrollo de las insurgencias guerrilleras en Suramérica y Centroamérica en este período, 1980-1989, que se frenaron con los Acuerdos de Esquipulas, iniciando procesos de reconstrucción democrática en la región; democracia que no ha sido fácil establecerla y consolidarla, como se puede apreciar por lo que sucede en Nicaragua, desde el 2006 hasta hoy; en Honduras desde el golpe de Estado al Presidente Zelaya en el 2009; con el gobierno de Bukele en El Salvador, recientemente, cuestionado en muchos aspectos, a pesar de su exitoso enfrentamiento y control de los grupos narco criminales, y con los sucesos electorales hace pocos días, de Guatemala, donde se trata de que el Presidente Bernardo Arévalo no pueda gobernar ni ejercer democráticamente su mandato presidencial.
En este contexto los grupos neoliberales tienen cada vez más presencia en el área y en Costa Rica. El actual gobierno, del presidente Rodrigo Chaves, es su mejor exponente. Sus desplantes autoritarios, despóticos y confrontativos con toda la institucionalidad, pública, que le paraliza acciones por violar la Constitución, las Leyes y por no apegarse con rigurosidad a los trámites administrativos para sus proyectos, y por su constante confrontación con los sectores sociales y políticos del país, lo ha llevado a plantear recientemente la necesidad de acabar con todas las estructuras intermedias de la institucionalidad, para poder ejercer un gobierno más directo, mas autoritario y con capacidad de tomar de decisiones únicas y verticales desde el Poder Ejecutivo. Sin partido político propio, impulsando dos, que no participaron en las elecciones municipales, por impedimentos legales, se le ve como un peligroso continuista político gubernativo. Por la Constitución Política no puede reelegirse, pero nada le impide impulsar su candidato tarea en la que se encuentra.
En las recientes elecciones municipales, el Presidente, y sus amigos, no pudieron participar por no haber acatado las disposiciones legales y electorales de su inscripción. Pero, otros partidos, del centro derecha tuvieron cierto auge, lo que perturba a los dirigentes del partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana. En ambas tiendas políticas desde distintos parámetros se ha planteado, después de las elecciones municipales, la posibilidad de impulsar coaliciones políticas contra ese modelo neoliberal del actual presidente Chaves. Lo mejor es que estos dos partidos son los que han impulsado ese modelo neoliberal desde 1978, lo han agudizado, han contribuido a debilitar el Estado Social de Derecho y el asistencialismo social, y se sienten desplazados de esas políticas. La social democracia nacional impulsó reformas importantes a las que ha renunciado. El social cristianismo nacional se dice heredero de las reformas sociales de 1943 que resultaron de una alianza del Partido Comunista, del partido Republicano, que era el del Gobierno y de la Iglesia Católica.
Ambos partidos abandonaron hace bastantes años estos impulsos e identificaciones sociales. Se plegaron a los mandatos internacionales de las políticas neoliberales. Las nuevas corrientes neoliberales han superado a esos partidos, que han sido arrastrados a posiciones cada vez más a la derecha política, lo que les es muy difícil disputar con sus banderas. La izquierda nacional ni siquiera ha podido presentarse, con fuerza, como la defensora de esas reformas sociales, del Estado Social de Derecho, ni como un verdadero movimiento político reformista, que defienda las reformas sociales que han sido debilitadas, de rescate de los derechos sociales de los trabajadores que ya han sido eliminados y de nuevas reformas sociales.
El escenario de las coaliciones no está lejano, aunque en el país no haya una gran experiencia en este tipo de participaciones. Las posibles coaliciones contra el actual gobierno y su posibilidad continuista de reelección gubernativa, se presentan ambas como coaliciones de centro de derecha, disputando contra un gobierno de derecha, que a los efectos produce más confianza, esperanza y sentimientos de renovación contra la derecha histórica que ha desarrollado una masa de pobreza enorme, de excluidos de los beneficios sociales, de marginados sociales, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de debilitamiento de salarios y pensiones, de cercenamiento de subsidios sociales.
Cuando el presidente actual habla a estos grupos sociales les manifiesta su identificación con ellos. Les hace ver que no les puede resolver sus problemas porque no le dejan gobernar; que él necesita fuerza institucional y política para poder resolver sus problemas. Procura crear un estado de violencia política interna, aprovechando la presencia en el país de más de 20 grupos de organizaciones criminales, que se disputan el territorio nacional, por el control de la comercialización de drogas, considerando que Costa Rica se ha convertido en la bodega de almacenaje de drogas, más importante de la región, junto con la de Ecuador en Sur América, para con ese estado de violencia, acudir, si pudiera a la declaración de un Estado de Excepción, que le permitiera gobernar sin ataduras y ojalá con mano fuerte. Ese es su diseño político. Esas son las propuestas electorales, las dos coaliciones desde el centro derecha que proponen elementos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana.
La izquierda no tiene a la vista posibilidades de presentar un proyecto también de coalición política electoral. La historia de esta izquierda no produce la confianza para un gran frente político de esa naturaleza, al menos por ahora.
El escenario inmediato pareciera avanzar hacia el fortalecimiento de la de derecha en general en el país.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
El anuncio de los resultados en las elecciones nacionales celebradas el domingo 4 de febrero en El Salvador, solo confirmó la inminencia de un proceso a todas luces particular, por no decir otra cosa.
Se ha confirmado que Nayib Bukele, presidente en funciones y candidato plenipotenciario de su partido Nuevas Ideas, ha triunfado con un 82,66%, una de las cifras más demoledoras y contundentes de la historia de ese país. Cualquier lector medio interpretaría este porcentaje como un espaldarazo voluntario del pueblo que eligió en un segundo periodo a aquel que no asistió a un solo debate ni presentó una nueva propuesta de plan de gobierno, centrándose en solo un tema: la seguridad, es decir, el mantenimiento del régimen de excepción que ha instalado como política pública en su país.
Razón tendrá ese lector promedio en su interpretación. Razón a medias.
Con un discurso único relacionado con la disminución visible de la tasa de homicidios en el que otrora fuera uno de los países más violentos del mundo, Bukele basó su estrategia de ir por encima de los argumentos constitucionales acerca de la reelección, para lograr presentarse ante el electorado salvadoreño como la salvación posible.
Las dudas sobre la validez del proceso electoral del domingo 4 de febrero son muchas y evidentes. La autoproclamación del triunfo aún sin conocer las versiones oficiales del órgano electoral solo alimenta la sospecha de un proceso amañado y falto de sustento. Las denuncias sobre material electoral adulterado son incontables.
Llevarle la contraria al presidente del tweet puede ser contraproducente. Cientos de personas civiles, profesionales y de actividad laboral comprobada, han sido detenidas y confinadas por “sospechas”, dados sus atributos físicos, tatuajes de por medio, entre otras raras causas para el confinamiento.
Hoy, desaparecidos, engrosan tal vez la lista de ingresados en esa vergüenza de centro de detención que Bukele y sus secuaces políticos y académicos tanto en El Salvador como en otros países de la región, defienden como una cárcel modelo, para acabar con el flagelo de la violencia en este país.
El mismo día de las elecciones, miembros de sociedad civil, académicos comprometidos y desafectos con el gobierno bukelista y organizaciones sociales, artísticas y políticas denunciaron la detención ilegítima del ciudadano canadiense-salvadoreño Carlos Bucio Borja, por aparentemente haber cometido desacato por leer de forma pública y en un centro de votación los seis artículos de la constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección.
Cuando la democracia tiene precio y está ofrecida a la carta, como en el caso salvadoreño, poca esperanza queda. Aún no es posible dimensionar las millonarias ganancias que se han granjeado las industrias carcelarias de naturaleza pública y privada que han sido favorecidas con la política de cero violencia, impulsadas por Bukele.
Los populismos tienen la peligrosa acción de marear a las mayorías con ideas básicas pero bien hilvanadas. Despertar una respuesta colectiva y contundente es un imperativo y urgencia, en una sociedad que está pagando muy cara su opción por esos peligrosos populismos.
UNA Comunica, 16 de enero del 2024. El cuadrilátero de la política está lejos de cerrarse. Por el contrario, en los banquillos de los peleadores se alistan los guantes y todos los implementos para dar la pelea y esperar el sonido del ring. Esas aguas lejos de apaciguarse tienden a embravecerse.
Este es el criterio de expertos políticos consultados, quienes hacen una valoración de lo que podría ser el teje y maneje de la política nacional y de sus actores involucrados para este nuevo año.
En la teoría, el tercer año de la administración de un Gobierno debería ser el más productivo: la curva de aprendizaje tuvo que ser superada, la estrategia política debería estar más definida y las relaciones con otros Poderes de la República tuvo que haber sorteado un conocimiento previo, mientras el diálogo constructivo avanza. Sin embargo, estos preceptos parecen no cumplirse.
“A hoy no conocemos una agenda de Gobierno clara y sólida y yo no espero ver un cambio radical este año. Me aventuraría a decir que aún están en medio de esa curva de aprendizaje. El tema de la seguridad es una bandera que han asumido, pero más por presiones externas y de la coyuntura actual, pero no porque así lo hayan definido”, manifestó José Andrés Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
Aunado a lo anterior, tampoco se visualiza un cambio en la forma en que el Poder Ejecutivo conduce la negociación política, con un estilo vertical implementado por el presidente Rodrigo Chaves, que él mismo ha calificado como “gerencial”.
“Yo no veo voluntad del presidente para bajar el tono de su lenguaje, lo veo más bien sosteniendo un mensaje duro, autoritario, de populismo en algunas ocasiones, que se evidencia aún más cuando sus proyectos o iniciativas no se aprueban en el tiempo y en la forma en que él quiere”, señaló Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA.
Esto se evidenció el 22 de noviembre anterior, cuando, durante la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, ordenó la desconvocatoria de los proyectos de seguridad que presentó en el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, donde el Gobierno determina la agenda de iniciativas que conocen los diputados.
Este ejemplo retrata el choque que el presidente ha hecho evidente, en este caso con el Congreso, pero que también se ha irradiado a otras instancias como el Poder Judicial en el tema de los procesos judiciales que se siguen a personas detenidas o con la Contraloría General de la República que ha objetado proyectos como el de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas estrella de la actual Administración en temas de infraestructura.
Para el experto Carlos Carranza, el Mandatario debería contar con un equipo de análisis político y económico que pueda tener más peso en las decisiones que se toman, partiendo de criterios técnicos de los temas que se analizan. “La gestión pública debe tener una institucionalidad presente con un cuerpo de alto nivel, lo que podemos llamar la ‘cima estratégica permanente’”, reflexionó.
Sin embargo, la alta rotación entre jerarcas de la actual Administración refleja que ese es un desafío que no se ha logrado alcanzar. Citando a Maquiavelo, el experto José Andrés Díaz indicó que “el buen príncipe es el que tiene como ministro al que le dice lo que no quiere escuchar. Si tiene aduladores a su lado, va a perder el principado”.
De acuerdo con una publicación del medio de comunicación El Observador, del pasado 2 de enero, el actual gabinete ha sufrido 36 bajas, entre ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. De ellos, 25 ocurrieron en el 2023.
Algunos de ellos incluso han salido en medio de polémicas y enfrentamientos directos hasta con el propio presidente como han sido los casos de Gloriana López (exjerarca del Patronato Nacional de la Infancia) o de Patricia Navarro (exministra de Comunicación). Incluso se dio la renuncia del expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), por su presunta vinculación con una persona imputada en un caso de narcotráfico.
En el ojo público
Esta perspectiva no debería obnubilar las prioridades que debe impulsar este Gobierno. Para Carlos Carranza, es imperativo que se avance en la discusión de temas sobre reforma del Estado, fortalecimiento de la competitividad, la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y el financiamiento internacional para proyectos de infraestructura (como el proyecto con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones en discusión en la Asamblea).
Proyectos en materia de seguridad sí han avanzado con más celeridad en estos primeros días del 2024, luego de la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional. Incluso, el proyecto para evitar la reducción de prisión preventiva en ciertos delitos ya se aprobó unánimemente en el Plenario, mientras se cuece otra iniciativa que fortalece esta medida en delitos calificados como homicidios y robos.
Empero, Carranza vislumbra a un Poder Ejecutivo interesado en seguir impulsando este año proyectos que han sido polémicos y que han generado fracturas con otros partidos políticos como el de jornadas extraordinarias de trabajo (conocido como 4/3) o el de la venta del Banco de Costa Rica.
La oposición
En la acera del frente, se visualiza una agenda propia de control político, donde la labor de las comisiones legislativas especiales (principalmente la de financiamiento a partidos políticos o la que analiza los contratos en Sinart) tengan un mayor peso en los enfrentamientos entre fracciones.
José Andrés Díaz, del Idespo, tiene su propia valoración sobre el rol que ha venido desempeñando la oposición en el Congreso. “No han querido establecer coaliciones formales entre ellos o con el Gobierno. Uno infiere que ha existido cercanía entre el Ejecutivo y un partido como Nueva República, pero al mismo tiempo no quieren verse cercanos. En cambio, Liberación Nacional lleva 12 años siendo oposición y no ha logrado establecer una propuesta diferenciadora y constructiva”, indicó.
1º de mayo
De reojo, las fuerzas políticas comienzan a ver cómo será la conformación del Directorio el próximo 1º de mayo. El actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha dejado entrever que, si su reelección por tercer año consecutivo no se concreta, pensaría incluso en renunciar a su curul.
Carlos Carranza no estaría a favor de un cambio de timón. “No es el momento más oportuno”, indicó, mientras que José Andrés Díaz, considera que no ve motivos para que no resulte electo. “Tampoco veo a nadie de la fracción del Gobierno aspirando al cargo”. Ambos expertos destacan en la gestión de Arias el contrapeso que ha ejercido en los momentos de intenso enfrentamiento político, ya que ha sido él quien ha convocado a las partes en reiteradas oportunidades para restablecer los puentes de diálogo.
Por otra parte, las próximas elecciones municipales parecieran no incidir directamente en el ajedrez político nacional, aunque se visualiza como un termómetro para valorar la fortaleza territorial de algunos partidos, con miras a las elecciones nacionales del 2026.
Lo que sí considera probable el politólogo José Andrés Díaz es que este panorama de constante enfrentamiento abone a un desgaste en el apoyo a la democracia, por parte de la ciudadanía, en momentos en que el más reciente estudio del Latinobarómetro 2023 determinó que mientras en el 2010 un 63% de la población apoyaba este sistema de Gobierno, en el 2023 ese porcentaje se redujo a un 48%.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La nueva estrella del firmamento neoliberal argentino, Javier Milei se habría convertido en el vivo reflejo de la incongruencia trumpiana y habría conseguido suplir su bisoñez en la gestión pública con el impacto mediático de sus intervenciones públicas al tiempo que se habría convertido en una “rara avis» que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional. Asimismo, Milei sería portador de un peligroso virus político que podría arrasar con los principios de la democracia argentina al poseer un ADN dotado de la triple enzima DXH (dictadura blanda, xenofobia y heteropatriarcalidad) y cuyo primer efecto visible fue el finiquito de lo “políticamente correcto».
Milei y el populismo
El ideario de Milei tendría la paternidad del anterior asesor de Trump, Steve Bannon que consiste en «crear un mundo virtual y paralelo aderezado de mentiras y medias verdades que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional».
Igualmente, Bannon le transmitió los puntos esenciales del ideario populista: mensajes cortos y xenófobos en las redes sociales, culto al líder y utilización de las fake news para sumir a la población en la duda existencial. Así, el pensamiento de Milei no tiene en cuenta las razones contrarias, sólo recoge datos o signos que le confirmen el prejuicio para convertirlo en convicción e incluiría los puntos esenciales del ideario populista: maniqueísmo (Comunismo o libertad), culto al líder y finiquito de lo “políticamente correcto”.
Asimismo, Milei sufre de un delirio de grandeza que provoca que “el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión” (Salvación de Argentina). En consecuencia, la propaganda de Milei estuvo dirigida «no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustenta».
La Democracia no liberal de Milei
El puzzle inconexo del caos ordenado puede esbozarse mediante la llamada “Teoría de las Catástrofes” del científico francés René Thom y se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar “comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica”. Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio.
En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Democracia no liberal), tesis defendida por Milei y que consiste en la implementación de una democracia no liberal, siguiendo la estela del húngaro Viktor Orbán.
Dicho régimen bebería de las fuentes del paternalismo de las dictaduras blandas y de las tesis económicas neoliberales y devendrá indefectiblemente en un régimen autocrático, forma de gobierno ejercida por una sola persona, especie de parásito endógeno de otros sistemas de gobierno (incluida la llamada democracia formal). Así, partiendo de la crisálida de una propuesta partidista elegida mediante elecciones libres, llegado al poder se metamorfosea en líder Presidencialista con claros tintes totalitarios (xenófobo, neoliberal y autoritario), lo que confirma el aforismo de Lord Acton “El Poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Pareciera que los costarricenses nos estamos acostumbrando a convivir con los problemas y hasta disfrutarlos, es decir, convirtiéndonos en masoquistas: un comportamiento enfermizo que encuentra placer en soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. Una resignada aceptación de los problemas más álgidos, algo así como que es mejor padecerlos que enfrentarlos y solucionarlos. Nos resistimos al cambio sustantivo entreteniéndonos con paliativos y mensajes-masajes (McLuhan) populistas que actúan como analgésicos.
Los informes sobre el Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación año tras año nos desafían a cambiar de rumbo. Los problemas se acumulan y hoy estamos heredando a las nuevas generaciones un futuro de menos oportunidades y condiciones laborales cada vez más precarias. Naturalizamos la devaluación de la calidad educativa y, con en ello, empobrecemos más al país. Cómplices de todo ello: los sucesivos gobiernos de las últimas cuatro décadas que se entregaron a la política neoliberal de menos Estado social y más mercado; menos distribución y más crecimiento-concentración económica; menos soberanía alimentaria y más apertura comercial; menos Costa Rica solidaria y más Globalismo desigual.
De esta manera, no solo arrastramos las consecuencias sociales de la “generación perdida” de la década de 1980 por la aplicación de esa política, sino que, bajo las condiciones actuales de reducción presupuestaria para la educación y devaluación sustantiva de su calidad, teniendo una mayor cobertura, según el más reciente “Informe del Estado de la Educasión”, continuamos abonando el terreno para nuevas generaciones igualmente devaluadas en educación, destinadas a convertirse en maquileras de un sistema que sigue apostando por mano de obra barata y condiciones laborable de sobreexplotación con jornadas extendidas no remuneradas.
Los índices de pobreza estancados y una desigualdad creciente. No hay forma de que los gobiernos “tomen el sartén por el mago” y se decidan por una política tributaria verdaderamente justa y progresiva que revierta cualitativamente esa tendencia. Hacemos todo lo contrario, con un Plan Fiscal que favorece a los ricos y golpea a los pobres y la clase media, una Ley de Empleo Público que supuestamente trata de nivelar los salarios, cuando de lo que busca es de desmantelar el Estado Social de Derecho. Una política de salarios decrecientes que desestimula el trabajo profesional de calidad en el sector público. Es decir, leyes y acciones para ahondar las brechas sociales y, con ello, crear condiciones para que florezca el mercado informal del narcotráfico y se eleven los índices de violencia criminal.
Todo ello no es otra cosa que masoquismo, y al estilo costarricense donde todo lo digerimos y reciclamos con chistes; también hoy con descalificaciones donde se apela al lenguaje violento que busca “serruchar pisos” y hacer “bullyng”, para desviar la atención sobre los problemas reales. Una actitud evasiva enfermiza y complaciente con quienes nos han venido, desde hace rato, vendiendo falsas promesas mesiánicas.
Ha llegado la hora de despertar del letargo. No dejarnos anestesiar con esas promesas de reinos venideros. Decidirnos a “tomar las riendas” de este “caballo desbocado” que acelera su trote, para conducirnos al despeñadero. No podemos permitirnos, seguir mirándonos en el espejo de una patria irreconocible, por lo socialmente violenta y cada vez más polarizada. Llegó la hora de encarar la realidad. Dejar el comportamiento masoquista que nos está volviendo dóciles y débiles, destinados a soportar lo insoportable. Y, a pesar de todo ello, sintiéndonos “felices”, es decir, “jodidos y agradecidos”.
Los proyectos sociopolíticos predominantes desde la década de 1940 hasta la de 1980: el socialcristianismo bajo el liderazgo de don Rafael Ángel Calderón Guardia, la socialdemocracia impulsada por José Figueres Ferrer y el “comunismo a la tica” de don Manuel Mora Valverde convergieron, en buena medida, alrededor de lo que se denominó la “vía costarricense” (Armando Vargas) de desarrollo económico, social y político.
A pesar de las diferencias que siempre hubo entre estos proyectos, se procuraba darle forma a un modelo de desarrollo que permitiera evitar la concentración de la riqueza, contener el empobrecimiento y ofrecer servicios públicos de calidad en salud, educación, agua, electricidad, telecomunicaciones e infraestructura vial. De esta manera, se creaban las condiciones para la movilidad y la inclusión social; es decir, engrosar la clase media y achicar las clases alta y baja.
Esfuerzos sostenidos en esta dirección, condujeron a logros significativos que nos colocaron entre los países latinoamericanos con los mejores índices de desarrollo humano: una sociedad subdesarrollada, pero apuntalando su clase media. Sí, aún y cuando persistía la pobreza al lado de los islotes de riqueza, la tendencia dominante era hacia la inclusión y la justicia social, lo que inducía a un orden social más equitativo y solidario. La inversión social sustantiva por parte del Estado, especialmente en educación y salud, fue un factor determinante para que el país se desmarcara del rumbo oligárquico que predominaba en los países de América Latina.
La década de 1980, con los Programas de Ajuste Estructural impuestos por los organismos financieros internacionales (particularmente el FMI y el BM), marca un antes y un después. Se inicia el camino hacia la oligarquización del país, proceso que se ve fortalecido por los gobiernos del bipartidismo desde esa década, así como por algunas de las nuevas fuerzas políticas.
Una coalición entre viejas y nuevas fuerzas político-partidistas, élites empresariales y organismos financieros internacionales le han declarado la guerra a la clase media, particularmente a profesionales del sector público a quienes se les ha estigmatizado como privilegiados con salarios y pensiones de lujo. De esta manera, se tira una cortina de humo sobre los privilegios que han sostenido las élites empresariales al amparo de gobiernos populistas, que se visten de salvadores de la patria enfilando su “artillería” contra la clase media, convertida hoy en el chivo expiatorio de los males que padece el país.
Con la destrucción de la clase media se está sustituyendo la “vía costarricense” de desarrollo por la vía oligárquica: la que han optado la mayoría de los países centroamericanos, que hoy expulsan significativos contingentes de su población hacia Estados Unidos y construyen mega cárceles, porque el empobrecimiento y la desigualdad de las sociedades oligárquicas solo conducen a la violencia o a la huida, el éxodo masivo.
Todavía estamos a tiempo de dar un viraje, que nos coloque en la ruta de la “vía costarricense” del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Ello implica, por un lado, alcanzar los más altos niveles de calidad y competencia colaborativa en el ejercicio de la función pública, para garantizar mejores servicios. Y, por otro, enfrentar las medidas y acciones que han venido utilizando reiteradamente el discurso de la ética y la anticorrupción para reducir el Estado y abrir las puertas a la privatización de nuestra institucionalidad pública socialmente “rentable”. Es decir, medidas y acciones que “tiran al niño con el agua sucia de la bañera”.
Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)
Hace poco un medio de comunicación nacional me preguntaba mi opinión sobre el tránsito de personas por el paso fronterizo entre Colombia y Panamá denominado Tapón del Darién y las implicaciones para el país de una posible afluencia masiva de migrantes una vez superado ese duro trance.
Mi respuesta fue ubicar el sentido de dinámica de la movilidad en la que las personas en tránsito no buscan quedarse en el país sino más bien generarse las condiciones requeridas para continuar su camino.
Es un proceso con varias dimensiones concatenadas y no puede ser reducido a un asunto de hipervisibilización o aumento de la inseguridad provocada por el paso de tales movilidades.
Trabajar en argumentar desde una idea como estas, contribuye a desmontar la noción difundida de una crisis migratoria que el país debe atender con sus escasos recursos.
La crisis, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no la producen quienes migran sino los sistemas institucionales, económicos y sociales que crean las condiciones causales a las que se adiciona la implementación de políticas migratorias basadas en el enfoque securitario.
Un aspecto que adiciona a la fabricación de las crisis migratorias es la socialización de informaciones distorsionadas o que den la impresión de que la situación no puede controlarse. Justamente el presidente de la República, Rodrigo Chaves emitió recientemente una opinión en la que señalaba el costo ( SIC) de mantener a poblaciones migrantes en el país dotándolas de servicios como educación y salud.
Si el enfoque es el costo, algo anda mal en la posición gubernamental y denota ciertamente un uso instrumental del tema para seguir generando núcleos duros de apoyo con temas sensibles. Bien es sabido que en regímenes populistas, los gobiernos se granjean el apoyo popular estableciendo posiciones que la mayoría desea escuchar. La migración es uno de ellos.
Hubiera sido necesario que antes de emitir tales declaraciones, el mandatorio dedicara un par de horas de su intensa agenda para leer con detalle el informe de la OCDE-OIT de 2018 sobre la contribución de as migraciones al desarrollo económico del país. Sabría que por ejemplo esa contribución fue estimada en cerca de un 12% del Producto Interno Bruto, aporte para nada menor en las circunstancias de la economía global y nacional.
La reciente designación de una nueva jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indica dos aspectos a señalar: la inconsistencia que ha caracterizado el liderazgo del sector en los últimos años y su ubicación como parte del ámbito de seguridad, gobernación y policía.
En la actualidad se discute una nueva política migratoria por entrar en vigencia a partir de 2024. Convendría discutir con seriedad si la Institucionalidad que gestiona las migraciones en el país debe seguir ubicada bajo el alero de los esquemas securitarios que, entre otras cosas, se nutren con fuerza de opiniones orientadas a construir una corriente de opinión contraria a la gestión de tales procesos, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El país se enfrenta a uno más de sus actuales desafíos. Las migraciones no pueden ser problematizadas de la forma en que la sociedad lo ha hecho hasta el momento. Es necesario un golpe de timón histórico que incluya decencia, conocimiento y oficio para acabar con las percepciones negativas y los peligros de opiniones que luego se conviertan en acciones de intolerancia, discriminación y rechazo.
