Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414
Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.
Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.
En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.
Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.
Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.
Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.
Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.
La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.
“Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es la independencia; hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria; hay gente que no entiende los procesos políticos y cuáles son los problemas objetivos” Fidel siempre vigente más que nunca con sus 100 años a cuesta, a partir de este 13 de agosto.
¡Son tiempos difíciles! El personaje de la comedia de la televisión ya no está con nosotros. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en medio de esta confusión.
Estamos varados hace rato, otra cosa es el rechazo de esta realidad. Nos agobia a muy pocos – hay que decirlo sin rodeos – un “presente” indefinido, largo como sí estuviera dormido, a veces tiene rasgos de pasado y sí a él sirve, se nos viene encima como futuro inmediato.
En contraste a lo dicho anteriormente, encontraremos mayorías importantes viviendo de ese presente y los pies sobre su propio “cielo “levantado a su medida por años de préstamos millonarios, compra de fuerza de trabajo en promoción y repleto de música celestial.
La otra mitad de este importante bloque va con todo por su propio futuro y su “gloria” construida sobre los escombros celestiales dejados por aquel presente que ya es pasado, pero futuro al fin y al cabo lleno de arcángeles y querubines elevados a “gerentes” y Rasputín de la economía y las finanzas.
Así, entre quienes defienden el presente y el futuro podemos vaticinar desde ahora unas movidas elecciones municipales en 2028 y comicios presidenciales para 2030 como nunca vistos en la democracia de unos y otros. ¿Por qué tendría que ser distintas?
En un amplio documento público hecho circular por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) se convoca a cerrar filas alrededor del Pacto Patriótico Costarricense y defender el Estado Social de derecho, así como impulsar políticas sociales en beneficio de la población.
Entre las organizaciones que forman esta instancia figuran asociaciones y sindicatos de maestros, pequeños y medianos productores agropecuarios de Limón, empleados públicos y privados, entre otras. (Consúltese SURCOS Digital).
A estas múltiples organizaciones sociales aglutinados en la RENASES se sumó el Pacto Patriótico Nacional de reciente actividades e integrado por diputados contrarios a la actual administración encabezada por la presidenta Laura Fernández.
De entrada, no más tienen frente sí el proyecto de ley para liberar la generación privada de electricidad y al parecer un paquetazo fiscal por nuestro gobierno en el exterior que ese no perdona: el FMI.
Es de destacar que dentro de la organización indicada figuran importantes grupos movilizados junto a otros actores, en ocasión de la aprobación del TLC en 2007 y la privatización de las telecomunicaciones en 2008, reformas impulsadas por el gobierno del liberacionista Oscar Arias.
No está de más recordar que dicho mandatario seguramente no tuvo el tiempo necesario para dotar del “carro popular” a Reimundo y todo el mundo; tampoco -por cuestiones de tiempo – nos hizo la “primera nación desarrollada” en Latinoamérica, como prometió en una de las gradas de la Catedral Metropolitana.
Contrariamente, dos décadas después de sus afirmaciones, seguimos desarrollando músculos de brazos y espalda como si estuviéramos en clases de Tai Chi, porque seguimos braceando fuerte para no ahogarnos en aguas tempestuosas.
Sí, veinte años no son nada, como decía Gardel. Un proyecto de armonización de la producción privada sin límites de electricidad tiene el mismo actor dos décadas después, solo que ahora no son ya las telecomunicaciones. Este negocio es prueba superada.
Importantes playas ya no son nuestras. Cualquiera pone una aguja y te obliga a pagar por su Resort si quieres arena y olas.
Por su parte, la Confederación Sindical Internacional “descubre” en su edición 13 de su Índice Global de Derechos 2026, como fundar un sindicato en el sector privado no es equivale a degustar jamón o caviar.
Primero combatieron por todos los medios aquellos sindicatos “rojos” que no le aflojaban a los llamados a profundizar la lucha de clases, exigían transformaciones socioeconómicas y sentaban en el banquillo de los acusados al “imperialismo como enemigo de los pueblos”, hasta llevarlos casi a su extinción.
“No hay tal capitalismo bueno ni imperialismo bueno. Son cortados con las mismas tijeras”, explicaba “Serranito” de grata memoria a los trabajadores de una famosa fábrica en Curridabat, antes de que lo pillaran y echaran a la calle junto a los futuros 25 miembros del sindicato.
Luego siguieron con las organizaciones llamadas “sindicatos blancos” -generalmente afines al gobierno de turno – hasta que les pusieron competencia a modo de asociaciones para estimular, con el dinero de sus agremiados, toda clase de consumo. No sigo. No me gusta hacer leña del árbol caído.
Entrevistado para esta III y última entrega, el historiador ramonense, dirigente popular e internacionalista, Oscar Barrantes, sobre qué falló en estas luchas post Alcoa, expresó que “el pueblo en el caso del TLC y contra el Combo del ICE respondió con creces, pero “quizá falló la dirigencia”. Explicó que los niveles de conciencia surgen de las condiciones materiales de la vida y las relaciones sociales, nunca viene por generación espontánea, señaló
Requerido, entonces, sobre qué había pasado en la lucha contra ALCOA, precisó que le parecía que en ella hubo claridad y estrategia política.
Después de esta lucha nació Pueblo Unido y hubo conciencia sobrada hasta para que muchos ticos integraran las columnas revolucionarias para luchar en Nicaragua, recordó.
Muchos alcanzaron tal grado de conciencia que mueren luchando en Honduras y El Salvador, rememoró.
Periodista: ¿Siguiendo su línea de pensamiento qué hicimos tan mal para acabar todos en este atolladero, con un presente plantado, estacando; en tanto el futuro ya estamos viviéndolo con 13 regímenes de orientación fascista y bajo tutela política absoluta del “Escudo de las América”?
Movilización sindical contra el llamado Combo del ICE (Semanario Universidad).
R/ “Para hacer una aproximación a la realidad social e histórica, es necesario la visión creadora de acción política, pensamiento y praxis social.
El problema central está en relación con la contradicción determinante en la época. Las contradicciones sociales y la contradicción sistémica fundamental de cada época, porque la hay, es el nudo de coordenadas qué deben orientar el proceder de la lucha social, sindical y política.
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la necesaria e imprescindible unidad de los movimientos populares, sindicales y fuerzas motrices del cambio político-social en el país. Todo el mundo habla de unidad.
Sin embargo, pareciera que no se encuentra el sendero iluminado que nos lleve a la unidad. Es más, a menudo vemos las ácidas experiencias de movimientos sociales unitarios y a alianzas de pueblo organizado en pelea por reivindicaciones y derechos resquebrajarse y mandar el paquete completo al canasto de la basura.
Después los lloros y las excusas de «yo no fui», «que los principios», «somos unitarios, pero, nos están matando la gente», «la vanidad, el egoísmo y las mezquindades de aquellos» etc. Un lavado de manos general y, «si te vi, no me acuerdo».
Grandes y gigantescas movilizaciones de confrontación social real y emocionantes expectativas se fueron por el caño en Costa Rica en los últimos 26 años, del entrado en décadas, siglo XXI. No las enumeraré, quienes están en el ojo de la política y la lucha social popular las conocen.
Periodista:/ Podría explicar a los trabajadores, a los campesinos sin tierra, a la madre sin casa, a los jóvenes estigmatizados como criminales por no vivir en condominios ubicados en Escalante, Monterán o Dent, ¿dónde queda la política y hasta dónde llega entonces la politiquería?
R./ Ese es el quid del asunto. Es la cuestión de la política. No hablo de politiquería eleccionaria. Me refiero a la política como una categoría científica de lucha por el poder.
Por ende, se comprende que se mueve en los factores internos, contradicciones y entorno de la sociedad, como un complejo de relaciones productivas, sociales y políticas en dinamismo explosivo.
Lucha por derechos universales, inalienables, esenciales en la perspectiva de humanidad. Lucha nacional de los pueblos y lucha de clases.
Lo más concreto nos acerca a un nodo sensible y determinante del diario hacer por el cambio social, del vórtice de la conmoción social, es la acción política.
No podemos separar con un tajo de soberbia del dirigente ególatra y «sábelo todo» – como la cabeza de un cuerpo – la política de la lucha social, sindical, popular.
Descarrilar el justo descontento de las masas – violentados sus derechos – imponiendo falacias como la de que «las movilizaciones sociales y las reivindicaciones populares son ajenas por naturaleza a la esfera política.
Esa tesis revisionista de origen economista en el sindicalismo – como el tradeunionismo inglés y europeo – se extendió a los movimientos sociales y populares en general. No pormenorizaré en este extremo.
Para construir unidad social, popular, juvenil sindical, de combate por la liberación nacional de las cadenas del imperialismo y lucha por la soberanía legítima y originaria, es imprescindible partir de la apreciación correcta de la realidad y las premisas sociales y políticas, tener una doctrina política del movimiento de transformación social, una estrategia y amalgama táctica oportuna y flexible que posibilite las alianzas coyunturales.
De más o menor elongación, según los momentos del curso de la lucha y desenvolvimiento de las contradicciones, fuerzas motrices y correlación de las mismas.
Nos referimos a la dirección o conducción política ineludible de los movimientos sociales y populares. De esa cualidad o capacidad es de lo que ha adolecido el movimiento social, popular y sindical costarricense en las últimas cuatro décadas”, concluyó.
A manera de colofón de este brevísimo recorrido por Nuestra América de tres entregas, los hechos son hechos y aunque a veces creemos no hablan, son como un expediente judicial: nos plática, respiran, sudan y exigen justicia, no importa los años de silencio impuesto.
Sin embargo, cuando un pueblo sale de ese armario, de esa carpeta y borra el número que le habían asignado, aprende inmediatamente la lección: no hay amenazas ni represión que los pare, simplemente avanza como actor histórico.
Sin mecenas, sin intermediarios, exactamente como están plantados ahora los pueblos de Cuba, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras etc., peleando por su dignidad y a la espera de los que vienen de camino. ¡Qué vendrán, vendrán!
*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos.
ForoEncuentro Democrático A la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional
Sobre el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional
Encuentro Democrático se dirige respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional ante la próxima votación del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Nos dirigimos a ustedes con preocupación y con sentido de responsabilidad democrática. El país necesita discutir con seriedad el futuro de su sistema eléctrico y avanzar en su modernización con criterios técnicos, institucionales y de interés público.
Precisamente por la importancia estratégica de este tema, consideramos que una reforma de esta magnitud no debe aprobarse sin atender de forma suficiente las observaciones técnicas, jurídicas, institucionales y políticas señaladas por distintos sectores. Entre ellas destacan las advertencias planteadas por la Juventud Liberacionista en su análisis sobre el Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.
Nuestra posición no parte de una negativa al cambio. Parte de una convicción distinta: el sistema eléctrico costarricense debe actualizarse sin perder su sentido público, su vocación solidaria ni la función histórica que ha tenido en la construcción del desarrollo nacional.
I. Aspectos que preocupan del Expediente 23.414
A partir de los criterios conocidos y de los argumentos expuestos por la Juventud Liberacionista, Encuentro Democrático considera necesario llamar la atención sobre varios puntos de fondo.
En primer lugar, preocupa que el proyecto pueda debilitar la planificación integrada del Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad no es un asunto menor ni un simple bien de intercambio. Es una condición básica para la vida cotidiana, para la producción, para la educación, para la salud y para la cohesión territorial del país. Por eso, cualquier transformación del modelo debe asegurar que el Estado conserve una capacidad real de conducción estratégica.
También genera inquietud el posible impacto tarifario para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas. Se ha advertido que una apertura mal diseñada podría permitir que grandes consumidores se aparten de ciertos costos comunes del sistema, trasladando esa carga a los usuarios que no tienen la misma capacidad de negociación. Este no es un detalle técnico: toca directamente la economía familiar y la estabilidad de miles de emprendimientos nacionales.
Otro elemento que requiere especial cuidado es la relación entre el ICE y los generadores privados. Los datos citados por la Juventud Liberacionista muestran diferencias importantes en los costos de generación. Por ello, antes de avanzar hacia un esquema de mayor apertura, el país necesita tener certeza de que esa reforma producirá beneficios reales para la ciudadanía, y no únicamente mejores condiciones para determinados actores del mercado.
Preocupa, además, la posible fragmentación institucional. La creación de nuevas instancias y la redistribución de funciones en un sistema tan sensible como el eléctrico no pueden hacerse de manera apresurada. Costa Rica ha construido, durante décadas, una institucionalidad que ha permitido cobertura, continuidad y capacidad de respuesta. Cualquier modificación debe demostrar que mejora esa arquitectura y no que la vuelve más débil, más costosa o incierta.
Resulta igualmente delicado que algunas disposiciones del proyecto puedan reducir el alcance de la electricidad como servicio público, sobre todo en lo relativo a la generación y a la comercialización mayorista. Para Costa Rica, la electricidad ha sido mucho más que una mercancía. Ha sido una herramienta de integración nacional, de justicia territorial y de desarrollo social.
A ello se suman las observaciones jurídicas y constitucionales que han sido planteadas por instancias especializadas. Una reforma estructural de este tipo debe nacer con plena solidez legal. De lo contrario, podría abrir un periodo de incertidumbre que afectaría al Estado, a las instituciones, a los usuarios y al propio sistema eléctrico.
Finalmente, preocupa el efecto que el proyecto pueda tener sobre la capacidad futura de inversión del ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad ha sido una pieza decisiva del modelo costarricense. Limitar su posibilidad de planificar, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo podría afectar no solo a la institución, sino al país entero.
II. Modernizar sin desmantelar
Encuentro Democrático considera que esta discusión no debe plantearse como una falsa oposición entre pasado y futuro. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo y apertura indiscriminada. Hay otro camino: modernizar con prudencia, fortalecer con inteligencia, corregir lo que deba corregirse y preservar aquello que ha sido esencial para el bien común.
El ICE puede y debe mejorar. El sistema eléctrico nacional puede y debe actualizarse. Pero ese proceso no debería hacerse debilitando la planificación pública, reduciendo la capacidad estratégica del Estado ni convirtiendo un bien esencial en un espacio sujeto prioritariamente a la lógica del mercado.
En este punto, la historia del Partido Liberación Nacional tiene un peso particular. La creación del ICE no fue un accidente administrativo. Formó parte de una visión de país. Una visión que entendió que la electricidad debía llegar a todos los territorios, que el desarrollo no podía quedar concentrado en unos pocos sectores y que ciertas áreas estratégicas debían permanecer vinculadas al interés nacional.
Por eso apelamos, respetuosamente, a esa memoria. No para impedir el debate ni para cerrar la puerta a las reformas, sino para recordar que la modernización solo tiene sentido si conserva el horizonte de justicia social que dio origen a nuestras mejores instituciones.
III. Una decisión con consecuencias políticas
La votación del Expediente 23.414 no será leída únicamente como una decisión técnica. Tendrá también una dimensión política e histórica. En ella se juega una señal sobre el papel que tendrá la oposición legislativa en la defensa de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho y de los equilibrios democráticos que el país necesita.
La ciudadanía ha pedido contrapesos, responsabilidad y defensa de las instituciones. Esa demanda no debe entenderse como una consigna partidaria, sino como una preocupación profunda por el rumbo del país. En ese contexto, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de actuar con prudencia, escuchar las distintas advertencias y evitar una decisión que pueda resultar irreversible.
También consideramos importante que las voces jóvenes del liberacionismo sean tomadas en cuenta. La Juventud Liberacionista ha hecho un planteamiento serio, fundamentado y coherente con una tradición partidaria que históricamente defendió el papel social del Estado. Escuchar esa voz no debilita al partido; al contrario, honra su tradición deliberativa.
Llamado final
Por las razones expuestas, Encuentro Democrático solicita respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional votar en contra del Expediente 23.414.
Formulamos esta solicitud con firmeza y respeto, desde la preocupación legítima por el futuro del sistema eléctrico nacional y desde la convicción de que aún es posible abrir una discusión más amplia, transparente y segura para el país.
Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico, pero no a costa de debilitar al ICE. Necesita eficiencia, pero no al precio de perder soberanía energética. Necesita reformas, sí, pero reformas que fortalezcan el interés público y no que generen incertidumbre sobre uno de los pilares de nuestro desarrollo nacional.
En un asunto de esta trascendencia, la prudencia es una expresión de responsabilidad histórica.
A continuación, presentamos una síntesis puntual de algunos de los principales cuestionamientos técnicos, institucionales y jurídicos asociados al Expediente 23.414:
Perjuicios al país del Expediente 23.414
Síntesis elaborada a partir del documento de la Juventud Liberacionista: “El Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad”.
Debilita la soberanía energética y rompe la planificación estatal. El proyecto fragmenta el Sistema Eléctrico Nacional, sustituye funciones del ICE y crea un mercado mayorista que “compromete la soberanía energética del país” y convierte la electricidad en un commodity sujeto a especulación.
Aumentará las tarifas para familias y PYMES. La propia CEDET advirtió que la apertura permitiría que grandes consumidores evadan los costos fijos del sistema, trasladándolos al resto de usuarios:
“Los costos se tendrán que trasladar al resto de los usuarios con graves aumentos a las tarifas de las familias y PYMES”.
3. Favorece estructuralmente a grandes generadores privados. El ICE genera energía más barata que los privados:
Según los datos citados, el ICE generó energía a 42,65 colones por kWh en 2023, mientras que los generadores privados bajo la Ley 7200 lo hicieron a 52,90 colones por kWh y los de la Ley 7508 a 69,38 colones por kWh. En ese contexto, el proyecto fortalecería a actores cuyos costos de generación serían entre un 24% y un 63% superiores.
4. Riesgos técnicos severos por fragmentación del control del sistema. La creación del ECOSEN implica duplicidad de funciones, pérdida de economías de escala y debilitamiento del despacho unificado. El documento advierte que esto “destruiría la capacidad de respuesta integrada del sistema eléctrico nacional”.
5. Elimina la naturaleza de servicio público en la generación. El Artículo 3 inciso v) excluye la generación y comercialización mayorista del concepto de servicio público, debilitando la capacidad regulatoria del Estado y priorizando la rentabilidad privada.
6. Riesgos jurídicos y constitucionales. La Procuraduría General y Servicios Técnicos de la Asamblea han advertido vicios de razonabilidad, legalidad y posibles afectaciones a competencias constitucionales del ICE.
7. Desfinancia y limita la inversión futura del ICE. Nuevas plantas del ICE deberán competir en subastas, eliminando certeza regulatoria y afectando su capacidad de planificar proyectos de largo plazo.
Más allá de las objeciones técnicas y jurídicas señaladas, este expediente también plantea una definición política de fondo sobre la defensa del Estado Social de Derecho, el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública y la responsabilidad histórica de quienes hoy deben votar.
Autoría: José Solano-Saborío , Tatiana Herrera Ávila
Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad y la Liga Cívica Nacional convocaron a la ciudadanía a participar en acciones de presión y movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir el rechazo del expediente 23.414, iniciativa que consideran una amenaza para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas eléctricas y el modelo solidario del sistema energético nacional.
Las actividades anunciadas incluyen presencia en barras legislativas los días 25 y 26 de mayo a las 3:00 p.m., así como una vigilia el 26 de mayo a las 6:00 p.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.
La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“No al expediente 23.414. ¡Ayer, hoy y siempre, el ICE se defiende!”
En los materiales divulgados por las organizaciones se sostiene que el proyecto abriría el camino a un proceso de privatización eléctrica mediante un mercado de subastas que beneficiaría a grandes generadores privados y empresas transnacionales.
El Movimiento por el Derecho a la Electricidad recordó que en mayo de 2024 el país estuvo “a punto de quedar a oscuras” debido a decisiones políticas relacionadas con el sistema eléctrico nacional. A partir de ese antecedente, advirtió que el expediente 23.414 debilitaría al ICE y aumentaría las tarifas eléctricas para la población.
Según el pronunciamiento, la propuesta permitiría que generadores privados y empresas transnacionales tomen decisiones estratégicas sobre el sistema eléctrico mediante un modelo de mercado diseñado “a su medida”.
Las organizaciones cuestionan especialmente la creación de una nueva entidad denominada ECOSEN, en cuya estructura podrían participar representantes de empresas privadas de generación eléctrica. A juicio del movimiento, esto generaría conflictos de interés y una situación de “juez y parte” en la regulación del sistema eléctrico nacional.
El pronunciamiento también afirma que actualmente los ingresos obtenidos por el ICE mediante exportación de electricidad hacia Centroamérica ayudan a reducir las tarifas eléctricas nacionales, mientras que con el nuevo modelo esos beneficios serían trasladados a empresas privadas.
“Eso es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, sostiene el documento del movimiento.
Por su parte, el dirigente César López Dávila, vocero de la Liga Cívica Nacional, criticó tanto al gobierno como a sectores políticos que —según indicó— mantienen respaldo a una agenda neoliberal en materia energética.
En particular, López Dávila interpeló al diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, señalando que organizaciones del movimiento enviaron consultas formales a su despacho sin haber recibido respuesta.
El dirigente calificó el proyecto como “un adefesio” y “un mamotreto” que podría causar “estragos en el sistema eléctrico nacional”.
Durante los últimos días, distintos sectores sociales y políticos han incrementado las críticas contra el expediente 23.414. Entre ellas destacan las advertencias formuladas por la exdiputada Sofía Guillén, quien señaló que el proyecto podría provocar aumentos tarifarios, debilitamiento institucional del ICE y mayor concentración del negocio eléctrico en manos privadas.
Las organizaciones invitaron además a la ciudadanía a observar y compartir dos videos: el de la conferencia de prensa relacionada con el tema, así como el que presenta una explicación sintética de la lucha por la defensa de la electricidad.
La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.
La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.
Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.
“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.
Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.
La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.
Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.
El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.
Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.
Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.
La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.
En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.
“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.
El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.
Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad
Esto es precisamente lo que hace el proyecto de ley N°23.414 que Rodrigo Chaves presentó en el 2022 para privatizar el mercado de electricidad en Costa Rica. Este mismo proyecto es que el que Laura Fernández está convocando y pide aprobar con urgencia en los próximos días.
Un proyecto que hará más ricos a familias dueñas de generadores privados de electricidad como los Arias. ¿Increíble no? Nos prometen combatir a las élites y a los ticos con corona, mientras al mismo tiempo nos clavan proyectos que los benefician.
El proyecto hace 3 cosas:
1- Desarma el cerebro eléctrico que el ICE usa para despachar electricidad a todo el país (el DOCSE) y se lo pasa a una nueva institución pública que crea con el fin de que los generadores privados puedan estar en su Junta Directiva (el ECOSEN). Esto le quita al ICE la autoridad para dirigir el sistema eléctrico nacional y eleva los costos que pagamos todos los ticos porque ahora hay que pagar el presupuesto de la nueva institución pública que hacen. Sin ese cerebro eléctrico del ICE, se nos vienen apagones y peor calidad del servicio eléctrico.
2- Crea un mercado de subastas en el que el ICE deberá supuestamente competir por los contratos de electricidad (¡después de haberle desarmado su cerebro eléctrico y boicotearle su capacidad!). Sobre esto habría que decir que los mercados de subasta de electricidad en el mundo casi siempre acaban en sobreprecios y alzas tarifarias porque los pocos agentes que participan se ponen de acuerdo para inflar los precios de la subasta, como en España. Con los ricachones dueños de generación privada de electricidad poniéndose de acuerdo, se nos vienen aumentazos en los recibos de la luz.
3- Habilita la exportación de electricidad por parte de los generadores privados. Esto parece inofensivo y lo sería, de no ser porque la mayor transnacional de la región dedicada a la generación privada de electricidad ya anunció que le interesa venir al a país a generar electricidad para exportar. Lo hará construyendo centrales a filo de agua en nuestros ríos, con poquísimos empleados y a costa de las comunidades que usan esos ríos. Pero, además, hay un detalle adicional: cada vez que el ICE exporta electricidad, la ARESEP aplica un rebajo en los recibos de la luz a los ticos, pero si el ICE exporta menos y la transnacional le roba el mandado, no ocurren esos rebajos. Con el ICE siendo desplazado en exportaciones, se nos vienen recibos de luz sin rebajos.
Esto lo quieren aprobar YA
¿Te gustaría pagar más por la luz o vivir con apagones?
¡No dejemos que nos metan gato por liebre, que no nos roben nuestra electricidad!
Declaratoria del encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre
Las y los participantes en el Encuentro Jäküii-Pacuare de territorios indígenas, comunidades y organizaciones ecologistas, reunidas del 28 al 31 de agosto 2025 en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio Cabécar, manifestamos:
Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene y está asociado a todos los ecosistemas, nos provee alimentos, sirve para actividades económicas, cultura, espiritualidades, recreación y alegría. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente.
Desde siempre la humanidad ha usado los ríos, pero hace mucho perdimos la capacidad para relacionarnos positivamente con ellos. Más de la mitad de los ríos del planeta que cubren casi la mitad de la superficie terrestre han sido explotados y destruidos para generar hidroelectricidad o para otros fines energéticos. Muchos ríos mueren antes de llegar al mar, a lagos u otros ríos mayores, y con ellos mueren todas las formas de vida, incluida la vida humana. Miles de pueblos han sido desplazados de manera forzada. De acuerdo con International Rivers, de los 177 ríos más largos del mundo, solo un tercio corren libres y sólo 21 ríos de más de 1000 km llegan al mar. Su explotación también genera disputas internacionales y amenazas de guerras.
Debemos avanzar hacia una verdadera transición energética justa. La explotación de los ríos y ecosistemas del sur global sirven a modelos económicos y sociales que solo son buenos para las élites ultrarricas que viven en la opulencia y el derroche a costa de la destrucción y el hambre de cada vez más personas. Para la mayoría de la población lo “verde y sostenible” no es más que un discurso vacío. No estamos viviendo una transición energética justa preocupada por el bienestar de los pueblos, sino más bien el agravamiento del modelo de destrucción masiva de ecosistemas y vidas humanas en los países del sur del mundo. Las materias primas del sur están mojadas con sangre, y en el norte del mundo, gobiernos, corporaciones y buena parte de la institucionalidad supranacional vende la idea de que avanzamos hacia energético limpias. En América Latina, África y otras partes del mundo, se sigue replicando el modelo colonial de explotación ilimitada de la Tierra y de la gente y las élites del sur también caminan sobre la miseria de los pueblos y la muerte de la naturaleza.
Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados. Todos los Estados y las entidades públicas deben revisar, fiscalizar y ajustar los alcances y costos de las concesiones de todo tipo y contemplar sus impactos acumulativos. Además, que haya más ríos represados y más generación no significa que la gente más pobre tenga acceso a la electricidad. No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Hablar de “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% del caudal de los ríos es un disparate de la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental. Aunque ha sido muy difícil, ya hay lecciones que podemos seguir: sólo en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.
Es urgente un nuevo modelo energético y eléctrico. Hasta ahora las decisiones sobre energía y modelos eléctricos en Costa Rica y el mundo han sido exclusivas y controladas por gobiernos, empresas privadas y técnicos de espalda a los pueblos. Demandamos que en adelante la definición de nuestro modelo energético y eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado que asegure la participación efectiva de las personas y los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. Además, implica que los ríos deben ser reconocidos y respetados como sujetos jurídicos con derechos. En esta línea una meta prioritaria es mantener el río Jäküii/Pacuare libre por siempre y declararlo sitio RAMSAR según la Convención de Ramsar de 1971. En Costa Rica sabemos que esta es una tarea compleja porque el Ministerio de ambiente fue secuestrado para favorecer negocios corruptos y privados usurpando y destruyendo los ecosistemas que debiera proteger.
Una condición básica del nuevo modelo energético y eléctrico es que los pueblos sean efectiva y obligatoriamente incluidos en el proceso completo de cualquier tipo de proyecto y que los Pueblos originarios sean consultados según la Ley indígena 6172 del 20 de diciembre de 1977 y su Reglamento de 1978, y el «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» de la Organización Internacional del Trabajo/Convenio 169, OIT, (Ley Nº 7316/1992 de Costa Rica). Los territorios no son simples áreas de intervención y construcción, si no espacios de vida de la naturaleza y las personas, que deben ser respetados.
Jamás aceptaremos la privatización eléctrica. Rechazamos y trabajaremos hasta desechar el proyecto 23.414 mal llamado de “armonización” del sistema eléctrico nacional, porque no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza rebajar las tarifas. Este es un proyecto privatizador del servicio social de electricidad para que generadores y distribuidores privados mejoren sus negocios como lo han hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Este proyecto acaba al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como director de la electricidad y aniquila los principios de planificación, distribución en todo el país, equidad, precios justos y subsidiados, tarifas bajas y reguladas y solidaridad del servicio público de electricidad. Defenderemos al ICE como nuestra entidad de servicio social público, pero le demandamos respeto por las comunidades, los ecosistemas y los ríos en particular, y desechar las prácticas verticales, inconsultas e impositivas. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables.
Quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar su defensa. Demandamos que las empresas de turismo que usan y explotan comercialmente los ríos, no multipliquen los discursos “verdes” publicitarios y más bien que se sumen a la acción directa por su defensa científica, técnica y política; tarea que hemos asumido los movimientos sociales ecologistas y las comunidades indígenas y campesinas, que sin titubear hemos enfrentado a gobiernos y a empresas y logrado salvar ríos como Jäküii, Duchíí, Savegre, Térraba, San Rafael, Coto Brus, Bonilla y muchos más, para las presentes y las futuras generaciones. Por ética, quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar a quienes nos organizamos y luchamos para mantenelos libres.
Rechazamos la sobreexplotación de los ríos y del agua de cualquier fuente, facilitada por gobiernos, municipalidades, Asadas, u otras entidades, en favor de la gentrificación que expulsa a la gente local y estimula el irrespeto a la Zona Marítimo Terrestre y muchos otros sitios. Rechazamos la indecente y criminal contaminación del agua con agroquímicos vergonzosamente facilitada por el Estado. Ante estos problemas debemos asumir responsabilidad directa reconectándonos con la naturaleza y recuperando los ecosistemas para la vida, la recreación, la cultura, la soberanía alimentaria y la agroecología.
Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta, señalar los responsables directos de acelerar la crisis climática, denunciar la voracidad sostenida y la esclavitud con que operan las corporaciones, condenar genocidios como el del Estado de Israel -y todos sus cómplices- contra el pueblo de Palestina, aunque nos digan “terroristas”.
Nos unimos y solidarizamos con los pueblos, organizaciones y personas de todo el planeta que trabajan para cuidar la vida, el agua, los suelos, los ríos, los territorios y todos los ecosistemas. Ésa es una tarea peligrosa que se realiza en medio de amenazas y muertes, pues tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo y el saldo de asesinatos entre 2012 y 2023 alcanzó 2.100, según Global Witness.
Nos solidarizamos con los Pueblos originarios en el camino de recuperación de su Tierra, su cultura y organización propia y autónoma, y hacemos nuestras las palabras de las personas indígenas que participaron en el Encuentro Jäküii: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. No aceptamos que gobiernos ni empresas los vean sólo como “potencial energético” o fuente de riqueza. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros y nosotras mismas; es entregar nuestra dignidad y nuestra casa común. Por eso decimos fuerte y claro: los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota. Desde nuestra Tierra y desde nuestra palabra colectiva, instamos a todas las personas a unirse en la defensa de los ríos, de la tierra-territorio y de nuestros derechos”.
Los ríos que están libres deben ser cuidados y ser usados sólo bajo estrictos límites y condiciones de salvaguarda, cuando se trate de atender necesidades humanas comprobadas como indispensables, justas y respetuosas; y nunca más para el lucro y la acumulación de riqueza.
¡Ni el Estado ni las empresas,
a los ríos no les ponen más represas!
Jäküii-Pacuare+10+20+siempre
Nimarí Ñak, 30 de agosto 2025.
Participantes de Santubal, Nimarí Tüo, Dorbata, Nimarí Ñak, Blory Ñak, Ñari Ñak, Jokbata, Paso Marcos, Sharabata, Jäkuy, Shara, Tneklari, Alto Pacuare, Tsirbä Klä, Tsisbata sector Shara/territorio cabécar, Nairi Awari/cabécar, Shule krats/Buenas Vista-Salitre/territorio Bribri, Yimba, (Curre), Térraba, Sixaola/territorio Ngäbe, San Pablo, Pacuar, Pajo Pacuare, San Joaquín de Tuis, Santa Rosa, San Martín, Turrialba centro, La Suiza y otros de Turrialba;Punta Morales, Chomes, Santa Rosa, San Antonio, Guacimal, Monteverde de Puntarenas; Volcán, Longo Mai de Buenos Aires, Cristo Rey de San Pedro, Rivas, Santa Elena de Pérez Zeledón. Organizaciones nacionales e internacionales.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo y ecologista, Asoc. Proyectos Alternativos/PROAL-JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC
Matando la electricidad pública
El gobierno de Costa Rica dirige el capítulo actual de la guerra para demoler de cualquier institución de servicio social y solidario; y eso incluye el sistema público de electricidad. La visión original del modelo eléctrico impulsado a partir de 1949 se orientaba a fortalecer el servicio social y público de electricidad para atender las necesidades del crecimiento productivo, pero además las necesidades de toda la sociedad, incluidos los grupos sociales más pobres y vulnerables. Ese modelo respondía a la inclusión y la solidaridaridad. Por eso la cobertura universal y las tarifas justas también fueron atributos del modelo original.
Pero, desde la aprobación de la ley 7200 “Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, el 18 de octubre de 1990 (gobierno PUSC/Calderón Fournier), y el cambio del capítulo II de esa ley, conocida como Ley 7508, el 9 de mayo de 1995 (gobierno PLN/Figueres Olsen), gobiernos, partidos políticos y empresarios privados, formaron un único equipo para implantar un nuevo modelo eléctrico dirigido al lucro privado. A pesar de que con esas dos leyes siguen ganando verdaderas forturnas, lo cual está comprobado y expuesto por la Contraloría General de la República, han llevado a la Asamblea Legislativa al menos ocho proyectos de ley para mayor “apertura”, es decir, más privatización del sistema eléctrico público.
En el marco de esta nueva arremetida privatizadora es que celebraremos el 20 aniversario del plebiscito del 28 de agosto de 2005, en el que 8.159 personas (97%) votaron “NO” a las represas en el río Jäküii/Pacuare. Y también conmemoramos diez años de refuerzo de la defensa del Jäküii porque el 29 de agosto de 2015, el Gobierno de Costa Rica, atendiendo los argumentos de organizaciones sociales y comunidades, firmó un Decreto Ejecutivo para impedir, por 25 años, la construcción de represas en los ríos Jäküii/Pacuare y Savegre. Por eso nuestro Encuentro se llama JÄKÜII-PACUARE +20 +10.
Esos triunfos se alcanzaron tras décadas de organización y trabajo conjunto entre el Pueblo Originario Cabécar de muchas comunidades de Duchíí Täwä y de Nairí Awarí, comunidades campesinas de la cuenca media del Pacuare y organizaciones nacionales con la dirección de la Asociación Proyectos Alternativos, PROAL, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra, FECON y muchas organizaciones locales de Turrialba y algunas autoridades políticas y empresas de rafting.
Otro triunfo de las mismas organizaciones sociales que defendimos el Jäküii se logró ante el proyecto hidroeléctrico Boyeio Ayil en territorio Cabécar en el río Duchíí (Chirripó) donde se pretendía construir una mega hidroeléctrica de 200 megavatios que hubiera sido devastadora para decenas de comunidades cabécar. Luego se sumó la “suspensión”de la hidroeléctrica Diquís (635 megavatios), aunque ya reapareció en los planes de expansión de electricidad de Costa Rica. A esos casos de proyectos estatales se han sumado muchos más de empresas privadas, como elPH San Rafael,derrotado tras muchos años de lucha comunitaria y nacional. También, por la lucha de organizaciones y comunidades de Turrialba no se construyeron los proyectos privadosPH Bonilla 510 y PHBonilla 1320 de la empresa HSolís, igual que el PH San Rafael. Estos y muchos otros casos son evidencia de que seguimos priorizando el bienestar y los derechos de la gente y los ecosistemas frente a la explotación ilimitada de la Tierra y los negocios privados que, en el caso de la electricidad, es lo que asegura el proyecto 23.414.
Si bien el plebiscito y el decreto fueron avances importantísimos, la presión por construir más hidroeléctricas se mantiene. Las siguen calificando como energía “limpia” y “verde” y se desconocen sus impactos destructivos, con lo cual se justifican los negocios privados de generación y venta de electricidad. Ante esas amenazas, también desde hace más de tres décadas, somos las organizaciones y comunidades las que hemos colocado la discusión para definir topes al crecimiento energético ilimitado y asegurar respeto a pueblos, ríos y ecosistemas. También hemos hecho preguntas indispensables como ¿cuál es el modelo energético y eléctrico que necesitamos? pues de esto depende si la electricidad se fortalece como servicio público o se degenera como negocio privado.
Celebramos “JÄKÜII-PACUARE +20 +10” (ver documental) porque mantenemos la defensa de los derechos de los ríos y buscamos que la electricidad sea un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de su condición económica. Ésa es una meta en Costa Rica y en todo el mundo; pero sobre todo en muchos países de Latinoamérica y África, donde pueblos enteros son reprimidos, asesinados y desplazados de sus territorios para construir megarepresas y otros proyectos energéticos. Nuestros logros se suman a las luchas y resistencias en América Latina pero defender esos derechos tiene consecuencias tenebrosas: tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo. Según el Informe de Global Witness publicado el 10 de setiembre 2024 en Londres, Inglaterra,el saldo de asesinatos acumulados entre 2012 y 2023 es de 2.106.
Derechos para los ríos
En el encuentro Jäküii-Pacuare-Costa Rica reforzaremos vínculos para la organización por la defensa de los derechos de los pueblos, los ríos, los territorios, los bienes de la Tierra de uso colectivo y, con toda preocupación, los derechos de los Pueblos Originarios pues sus territorios contienen ríos que gobiernos y empresas consideran de “gran potencial energético”, lo que provoca su asedio permanente. Para los pueblos y nuestras organizaciones se trata de avanzar hacia modelos energéticos y eléctricos que aseguren servicios públicos con acceso universal y justo, a precios regulados, subsidiados y bajos según la condición económica de la gente. Desde una visión incluyente y solidaria con todas las poblaciones, las energías y la electricidad deben ser derechos humanos básicos de las personas.
Todos esos temas críticos, pero también la alegría de los re-encuentros, los hemos resumido en el objetivo de “fortalecer la organización social para la protección de los derechos de los ríos, los ecosistemas y los pueblos, en el camino hacia una matriz energética y modelos eléctricos sustentables y justos”. Tendremos mesas de trabajo sobre la historia de organización y lo que hacen ahora mismo los pueblos ante proyectos energéticos de todo tipo. Dialogaremos sobre el mercado eléctrico de Costa Rica y de Centroamérica, la privatización de la electricidad, con especial cuidado en el proyecto de ley 23.414 (mal llamado de “armonización”), también sobre una posible transición energética justa y, literalmente, “nos tiraremos al agua” en el Jäküii.
La meta es que definamos pautas de trabajo conjunto en defensa de los derechos de los ríos, los ecosistemas, los territorios y las personas. Buscaremos que, siguiendo las experiencias exitosas de otros países latinoamericanos, hagamos consenso para un proyecto de ley dirigido a la protección jurídica integral del río Jäküii/Pacuare. Además, esperamos que se fortalezcan los vínculos y la solidaridad entre los movimientos sociales en este tiempo de tantas violencias política, judicial y física contra las personas defensoras de la Tierra, los ecosistemas y la vida. Sabemos que nos pueden etiquetar como “terroristas” y eso hace mucho más riesgosa, pero más indispensable nuestra participación social.
En el encuentro JÄKÜII-PACUARE participarán indígenas, ecologistas, organizaciones comunitarias, estudiantiles, culturales, sindicatos, delegaciones internacionales y empresas de rafting seriamente comprometidas con la protección del Jäküii y otros ríos. Eventualmente, se invitará a algunos actores políticos aliados de nuestros movimientos sociales. El encuentro ha sido organizado con y desde los Pueblos originarios y comunidades del Jäküii por la Asociación PROAL-JAKÜII, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra-Costa Rica, Ríos Libres/Turrialba, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON (#jakuii2025). También están comprometidas y apoyando solidariamente redes internacionales y organizaciones de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Alemania y otros países.
Comunicado del Movimiento por el derecho a la electricidad
¡Electricidad para todos y todas!
En un espacio esperanzador de construcción colectiva, las organizaciones aquí firmantes nos hemos reunido para enfrentar unidas un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense. Entendemos que el momento amerita de nuestra unidad y convergencia a partir de los principios cívicos y democráticos que tenemos en común pues enfrentamos un momento clave para el futuro del país.
Una vez más las fuerzas del egoísmo pretenden destruir el modelo solidario eléctrico de Costa Rica dirigido por el ICE con el fin de darle el negocio a unas cuantas familias privilegiadas dueñas de generadores privados de electricidad. Con tal de enriquecer a unos cuantos, encarecerán los recibidos de luz de la población costarricense y nos conducirán por el camino de los apagones que el resto de Latinoamérica ya ha vivido resultado de modelos eléctricos privatizados. Este es el propósito del Expediente 23.414, mal llamado «Armonización del sistema eléctrico nacional», pero que deberían renombrarlo como «Destrucción del modelo eléctrico costarricense». Este proyecto presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves es fervientemente impulsado en la Asamblea Legislativa por el PUSC y ha contado con los votos afirmativos del PLP, Nueva República y el PLN.
Tal y como el bipartidismo intentó en el año 2000 con el Combo al ICE, nuevamente algunas fuerzas políticas buscan quedarse con el negociazo de la electricidad. Pero, una vez más, encontrarán en nosotros y nosotras, las fuerzas vivas de la sociedad, un brazo de lucha y resistencia que no les permitirá robarse la electricidad que le pertenece al pueblo. No queremos apagones, no queremos tarifazos eléctricos. Que las élites de este país se busquen otro negocio para lucrar, con nuestra electricidad no.
Llamamos a las organizaciones sociales del país y a la sociedad civil en general a sumarse al movimiento, manifestarse y organizarse para detener este nuevo intento de privatización eléctrica. «Los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país» (Juan Rafael Mora Porras)
Movimiento por el derecho a la electricidad Organizaciones firmantes:
FECON llama a detener privatización de la electricidad
Se cumplen 20 años del plebiscito por el río Pacuare
La decisión del Poder Ejecutivo de tramitar por “vía rápida” el proyecto de privatización de la electricidad #23.414, es una acción desesperada y temeraria que complace plenamente a sus aliados políticos y empresariales empeñados en privatizar la electricidad y carcomer al ICE desde adentro, como lo hace la propia presidencia ejecutiva del ICE. Imponer la “vía rápida” sólo es posible con el sometimiento de otras diputaciones al oficialismo.
Este proyecto no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza que se puedan bajar las tarifas, algo que ha sido imposible de demostrar por todos sus defensores dentro o fuera de la Asamblea Legislativa. No hay un solo país en el que se registren mejores precios para la gente tras la privatización. Lo que ha habido es racionamiento, apagones y tarifas más altas.
El 23.414 es un proyecto diseñado a la medida de los generadores y distribuidores privados para consolidar sus negocios. Con total seguridad afirmamos que conduce al debilitamiento y hasta eventual desaparición del ICE como institución directora del servicio público de la electricidad. No resulta nada nuevo que Liberación Nacional mantenga su línea férrea privatizadora, como lo ha hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Eso es exactamente lo mismo que hacen el PUSC y otros. Esa es una vergüenza que la sociedad costarricense debería cobrarles muy caro.
Este gobierno conduce una guerra para la demolición de cualquier institución de servicio público y solidario, y en esa guerra el trámite rápido es una arma temeraria que elimina toda discusión profunda en la Asamblea Legislativa y nos impide exponer nuestros argumentos. Esto confirma que definir nuestro modelo eléctrico sigue siendo un ejercicio de gobiernos y empresarios, excluyente y antidemocrático.
La estrategia fallida de aprobar mediante la “vía rápida” las jornadas de 12 horas por medio de otro nefasto proyecto de ley bajo el expediente #24.290. Esta mala decisión, no ha sido lección suficiente para este gobierno y sus aliados (PLN, PUSC, NR y PLP). Ahora pretenden continuar con la aprobación de más medidas impopulares y regresivas.
Desde la Federación Ecologista de Costa Rica, FECON, relanzamos nuestra absoluta oposición al proyecto 23.414 y hacemos un llamado a las organizaciones sociales comunitarias, a los Pueblos Originarios cuyos ríos son un “botín”, a los colectivos ecologistas y ambientalistas, a los sindicatos, y en general a toda la sociedad costarricense, para que “nos tiremos al agua” y salgamos a defender el ICE como institución pública de servicio social y celebrar los 20 años del plebiscito que resguardó el Río Pacuare.
El ICE jamás debe ser privatizado, vendido, regalado, ni destruido. El objetivo real del proyecto 23.414 es agrandar las fortunas de los mercaderes privados de la electricidad.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
