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Etiqueta: privatización

Una razón instrumental perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

A esta hora, en este escenario y con la clase de actores que tenemos en juego, ningún espacio está vacío, ningún discurso es neutral, no hay nada que no quede sujetado a la dinámica del poder y sus estrategias.

En un contexto de ataques gubernamentales groseros al arte, la cultura y la educación, mediadas por la ética del recorte y la inanición como lev motiv, un nuevo capítulo en una disputa ideológica y (esta vez y por una vez más) política, se ciñe sobre los cimientos del Conservatorio de Castella, institución Benemérita de la Patria y que este año 2023 cumple 70 años de creación.

La disputa no es solo semántica ni retórica. Es política, ética, de sentido. Representa dos modelos de sociedad, dos tesis, dos idearios. No son solo modelos figurativos y organizativos, no es solamente una Junta administrativa versus una fundación: es una matriz histórica de comprensión del funcionamiento de las dinámicas sociales y culturales.

Una tesis defiende los principios, el origen público de la institución y por consiguiente su naturaleza, enfoque y perspectiva incluyente. La otra argumentación se ampara en la dimensión privada, el valor de un bien como el arte en su escala absolutamente monetaria, la mercantilización de la estética como objetivo.

Una tensión no resuelta entre ambas tesis continúa hoy, ahora, del plano discursivo al jurídico, del institucional al político. En medio de la disputa que lleva ya varios años, sobresale el ideario cuya visión defiende la posesión de los bienes patrimoniales del colegio como idea fuerza. Para esta visión, hasta el escudo pareciera adquirir valor de cambio, restándole su significado simbólico como icono representativo de la expresión del arte universal.

En su propuesta analítica acerca de la razón instrumental Max Horkheimer lo define como aquel razonamiento lógico utilizado para obtener un beneficio propio y particular. En este caso se adivina la perversión de la propuesta; una razón instrumental maniquea.

Los argumentos esgrimidos sobre el resguardo de un legado histórico, sus bienes y su significado amparado en la supuesta idea de un bien común deben ser falseados. Cualquier tesis acerca de la naturaleza privada del Conservatorio de Castella debe cuestionarse. Así lo indicó un histórico fallo de la sala constitucional en 2001. A ese fallo debemos remitirnos.

Cada vez que la tesis economicista argumenta su propiedad sobre los bienes patrimoniales y aun sustantivos de la institución debemos hacernos y hacerle algunos cuestionamientos:

¿Quién garantiza que tras la supuesta protección privada de los bienes patrimoniales del Conservatorio Castella, no se esconde una figura de voracidad empresarial dispuesta a disolver la esencia del legado del maestro Arnoldo Herrera González? ¿Quién o quiénes, con qué capital y donde se originó el mismo, están tras esta propuesta? ¿Existe articulación orgánica entre esta entidad de naturaleza privada y algunos mandos con injerencia en ministerios del actual gobierno? ¿Cuáles son sus intenciones?

No es menor que esta disputa se desarrolle justamente en un momento histórico donde la hipótesis sobre el valor subsidiario del arte y la cultura ha ganado espacio y legitimación en la opinión pública.

Muchas veces sobre este tema me he preguntado si quedarme al margen mientras otros se zanjan en la lucha por la defensa de los principios públicos y horizontales que fueron la declaración de principios con los que se creó el Castella. Ahora no me lo pregunto: acciono y aporto como sociólogo, comunicador, artista, docente surgido de las entrañas de esta emblemática institución costarricense. Esta institución me dio lo que soy: le debo por ejemplo el Premio Nacional en Literatura en la rama de ensayo sobre las movilidades humanas en 2019. Desde este lugar de reconocimiento hablo.

Los argumentos están expuestos. Al Teatro Arnoldo Herrera González hay que devolverle su garbo, su color original, su significado. No hay que pasarle candado ni mucho menos pensarlo en un futuro como meca del mercado más ambicioso y descarnado. Si eso ocurriera, habríamos enterrado el legado impulsado por el benefactor Millet de Castella y el maestro Herrera.

Una vez en el colegio en sus instalaciones históricas en Barreal de Heredia, Don Arnoldo detuvo a mis padres para sugerirles que me compraran libros, ya que el pensaba que yo me dedicaría a la escritura. Tenía yo 7 años. Esta impronta previsora que todavía nos alcanza es la que hay que defender con pasión y razonamiento. Restarle a esa perversa razón instrumental economicista y minimalista el poder que se ha otorgado a sí misma.

Ponerla en su lugar.

Judicialización de la protesta y acción política, blindemos a la CCSS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.

Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:

«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.

Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.

Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…

¿Por qué y cómo blindar la CAJA?

Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.

La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.

Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.

Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.

El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.

La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.

La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).

La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.

¡Defendamos el Castella!

Escrito en . Publicado en Cultura.

De nuevo la integridad del Conservatorio de Castella está en peligro. El Benemérito Conservatorio de Castella es público, siempre lo ha sido, fue fundado público y mi padre, el fundador, Arnoldo Herrera, siempre tuvo claro que la única posibilidad de existencia de la institución es que fuera público.

La planilla de educadores siempre ha sido pagada por el Estado, el teatro en La Sabana fue construido con fondos públicos (hasta placa de la administración Orlich tiene) y la finca en Barreal de Heredia se adquirió con bonos del Estado.

De nuevo hay intereses privados y privatizadores que quieren vender la propiedad del teatro en La Sabana a una corporación. Eso no puede permitirse. Las autoridades del MEP estarían cometiendo un grave error si abren la puerta a esos intereses.

En los 70 años de existencia del Castella, y en los 100 años de nacimiento de don Arnoldo, la comunidad Castella y el país debemos defender la condición pública de esta benemérita institución y su integridad.

Por favor colaboren enviando a sus contactos. Mauricio Herrera Ulloa.

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

La contrareforma neoliberal aprovecha la ventaja comparativa de un gobierno supuestamente popular con un presidente que recibe apoyo mayoritario. Se apresura a concretar la ruta iniciada hace más de cuarenta años: desestructurar y privatizar el Estado Social de Derecho. La clausura ha iniciado por las secciones más sensibles: cultura, educación y salud. En estos artículos me ocupo de la primera, la fundamental según mi criterio, puesto que la cultura, en su acepción más antropológica, es la argamasa de toda sociedad. Me limito, claro está, a la institucionalidad construida en nuestro país para difundir y promover “cultura” desde el gobierno central.

El actual Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es un híbrido encabalgado entre el modelo difusionista de las bellas artes proveniente de la socialdemocracia liberacionista aupado por el socialcristianismo, con una “nueva visión” de la cultura en su sentido más antropólogico, aunado a una visión neoliberal de la gestión artístico/cultural: un verdadero ornitorrinco. Me explico: el estado benefactor, con la contrareforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado, fue desmontándose de a poco con una pugna entre el originario difusionismo socialdemócrata, la regionalización y la cogestión neoliberal. Es decir, al lado de quienes al interior conciben la cultura como una práctica más antropólogica y nacional, perviven los que conciben la cultura como la promoción y difusión de las llamadas bellas artes y, sobre todo en las últimas administraciones liberacionistas y del PAC (son las mismas, ¿no?), quienes creen que hay que recortar el estado y dejarle esas tareas a la iniciativa privada, a las industrias culturales.

No hay duda de que el principal objetivo de la presente administración es finalizar la contrareforma neoliberal, acelerada en los últimos desgobiernos, enterrando de una vez por todas el Estado Social de Derecho al constreñir sus principales funciones y privatizar sus tareas estratégicas (salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, banca, entre otras). Las primeras medidas para el recorte fiscal se orientaron hacia el empleo público y la contención del gasto en términos de servicios; nada sobre la evasión y elusión fiscal ni el pago de intereses de la deuda, auténticos disparadores del déficit. Todo ello indicaba que Cultura también estaba en la mira del empequeñecimiento estatal, toda vez que no es un ministerio importante para la hacienda pública (en manos neoliberales), a pesar de que el anterior presidente fuese “escritor” e intelectual progre procedente de la universidad pública, lo mismo que su predecesor.

Quedaba claro entonces que, para realizar reformas en ese ornitorrinco/elefantito blanco vallecentralino, había que arrancar otras reformas a nivel económico y político. Dicho de otro modo, se precisaba de un proyecto país que definiera si se trataba de una verdadera “revolución cultural” (visión del progresismo PAC) o de la defensa del Estado Social de Derecho con toda la institucionalidad instalada en términos socioculturales. Lo práctico, entonces y ahora, por obviedad, era la defensa de lo construido, es decir, la protección de los derechos laborales de los funcionarios de cultura y de todo el estado, así como la revitalización del mismo a través del cobro real de los tributos persiguiendo a evasores y elusores fiscales tal y como corresponde. Y claro, consolidar las entidades artísticas descentralizadas con las demás instancias de promoción cultural.

La otra discusión que hace algunos años proponía, giraba en torno al modelo a seguir de acuerdo a las Políticas Culturales vigentes, así como las reformas legales que se precisaban para robustecer un ministerio minimizado, difusionista y paternalista concebido para “artistas” y gestores del valle central; acaso un poquito de folclor y turismo para las regiones periféricas. Es decir, se trataba de reconceptualizar en profundidad lo que debíamos entender por CULTURA, así como las políticas y la estructura administrativa de cara a los grandes desafíos y necesidades que tenía y tiene el país, especialmente en las regiones periféricas con énfasis en las marginales, tales como las costas, las altas montañas, el norte/norte y el sur/sur. Para ello debía pensarse en una estrategia de lucha que involucrara, ya no solo a los artistas y trabajadores de la cultura, sino también a empleados públicos, sobre todo de la educación, y a trabajadores organizados en general.

Se trataba de una alianza entre sectores de trabajadores públicos con la posibilidad de desarrollar una estrategia de lucha para la defensa del estado costarricense en su mejor modelo de planificación y acción social diversificada. Dicha alianza debería pasar por acuerdos con universidades públicas, educadores medios y primarios (organizaciones gremiales y colegiaturas), municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, casas de la cultura y grupos artístico/culturales locales. Todo un reto entonces y todavía, aunque ya el rancho arde sin que se vislumbre oposición organizada alguna. La contrarreforma neoliberal ha golpeado tanto a la sociedad civil que los temores, la desconfianza y la inseguridad nos mantienen atomizados y sin arrestos para la pelea. El reflujo es total.

*Escritor

Cooperativas y otros privados en la subasta de la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La discusión sobre el futuro del ICE y del modelo de electricidad de Costa Rica, o por lo menos el que tuvimos desde 1949 hasta la entrada en vigencia de las leyes 7.200 del 28 de setiembre de 1990 y 7.508 del 9 de mayo de 1995, tiene que ver con si se priorizan los negocios privados frente al modelo de servicio social con preponderancia pública por medio del ICE.

La esencia de los proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa es elevar los topes de producción privada en más del 100% y permitir la exportación de los generadores privados cobijados con las leyes 7.200 y 7.508, y de todas las empresas que operan en el país. En el artículo 46 del expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, se establece que cualquier empresa que tenga “una concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad para el servicio público, bajo los alcances de la Ley 8723, se encuentran autorizados adicionalmente para poder utilizar dicha concesión de fuerza hidráulica para generar energía en toda su capacidad y poder colocarla en el mercado nacional con cualquier agente mayorista u otra distribuidora o comercializadora de electricidad distinta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como en el Mercado Eléctrico Regional, previa autorización del MINAE”.

La posibilidad de que cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales y otras empresas privadas transen en el mercado privado local y centroamericano se establece en muchos artículos como el 5 del expediente #22.701 según el cual “los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER)… están autorizados para participar en la venta de excedentes de energía en el MER en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y de conformidad con el Tratado”. Los expedientes #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, son apéndices del expediente #23.414 y reafirman algunas de sus prerrogativas particulares.

Según el expediente #22.561 son excedentes “la producción de electricidad remanente disponible, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional dentro del Sistema Eléctrico Nacional”, y agrega que la energía que no sea adquirida por el ICE “ya sea dentro del marco de un contrato vigente de venta de energía, o en los casos que no exista un acuerdo de venta activo y vigente, forma parte de los excedentes de energía”. Ya revisamos antes que los excedentes no son más que un supuesto para justificar el crecimiento de la oferta privada de todas las empresas sin importar su condición jurídica. Lo perseguido es aumentar la producción y eventualmente “brincarse” al ICE para pasar directo al mercado regional. Esto queda claro en el artículo 5 del expediente #22.701 ya mencionado, y se repite con las mismas letras en el artículo 5 del expediente #22.561. Para que no haya restricciones se establece que la exportación de energía al MER “no dependerá bajo ningún motivo, de la existencia de un contrato con algún agente nacional, quedando por lo tanto facultados, sin necesidad de ningún trámite adicional”.

El artículo 1 del expediente #22.561 fija el objetivo del proyecto en “habilitar como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de electricidad de Costa Rica constituidas bajo el marco de la Ley N° 7200”, lo cual incluye los proyecto BOT de hasta 50 megavatios, “y a las demás empresas y cooperativas generadoras de electricidad de Costa Rica para que puedan participar en la venta de excedentes de energía que no se requiera para atender la demanda nacional”. Este artículo se “amarra” con el artículo 6 que repite cuáles son las empresas, pero ambos cobran sentido si se revisan en paralelo con el proyecto #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales”. Este texto da a las cooperativas y otras empresas las mismas prerrogativas de topes de producción de electricidad de 20 megavatios para las empresas bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para la 7.508, con el agregado, en ambos casos, de que pueden generar electricidad “hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional “ (Artículo 2).

Pero sin duda la entrada colosal al mercado privado para las empresas cooperativas, municipales y distribuidoras es el artículo 3 del proyecto #22.701 que adiciona a la ley 8345 del 26 de febrero de 2003, un artículo 9 bis, gracias al cual “Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la presente Ley están habilitados para la compra de la energía producida por los sujetos establecidos en la ley 7200, celebrando los contratos respectivos con dichos sujetos y de acuerdo con las necesidades de demanda identificadas”. En adelante será difícil para empresas que teóricamente persiguen fines solidarios y de justicia en la fijación de tarifas, mantener esos ideales transando con otras que no ocultan regirse por su tasa de ganancia.

Dado que todos los proyectos de ley en discusión repiten sobre beneficios de la apertura y la competencia en los precios de la electricidad que paga la gente consumidora, vale la pena mencionar informes de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, de la Contraloría General de la República sobre los costos de producción de electricidad de algunas de las empresas. En el Informe R-DFOE-AE-01-2017, 01 de marzo 2017, dice la CGR: “los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, en su mayoría son superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), en un promedio de 7 centavos de dólar por kilowatt hora (c$/kWh)”, mientras que el proyecto Bijagua de Coopeguanacaste R.L. tiene un costo de 11,6 c$/kWh. En plantas eólicas el costo aceptable es de 12 c$/kWh, “pero Valle Central de la CNFL, S.A. tiene un costo de 18,4 c$/kWh y los Santos de Coopesantos R.L. de 16,3 c$/kWh.”

En el INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016 del 23 de diciembre, que revisa el “Costo nivelado de la energía por tipo de recurso energético en c$/kWh, periodo 2010-2017” se explica que el proyecto Los Santos de Coopesantos R.L, que opera desde noviembre 2011, tiene un costo nivelado de 16,33 c$/kWh “muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento. En la revisión del “Costo de inversión unitario de la potencia instalada ($/kW)” Los Santos de Coopesantos R.L. tienen costos de inversión de 2.847,1 $/kW, mucho más alto que el promedio mundial de 2.100 $/kW. 

Los elevados costos de generación de estas y otras empresas, sumadas a la visión mercantil de las empresas privadas generadoras, dejan abundantes dudas sobre los supuestos beneficios para la gente que pueda tener la apertura del mercado eléctrico. Más bien podríamos pensar en que, eventualmente, sean consumidores de la región quienes también asuman esos costos mucho más altos que los de las empresas eficientes del mundo.

Las cifras paralelas de un presidente fantasioso

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Si la realidad no se acomoda a mis gustos e intereses, peor para la realidad. Tal pareciera la orientación y consigna del presidente Rodrigo Chaves, en su informe de labores de su primer año de gobierno; lo mismo que en sus conferencias de prensa y sus declaraciones, en general.

Se ha tomado muy en serio en esta época de post verdades, de verdades alternativas y de troles, el ajustar las cifras y datos estadísticos a su propósito de demostrar que está realizando una estupenda labor, tanto él como cabeza de la administración como su obediente equipo.

Que la llamada «ruta del arroz» fracasó en su propósito de alcanzar una rebaja significativa en el precio del cereal como lo demuestra un estudio serio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), pues busquemos otras cifras que prueben que sí bajó. Entonces acudimos –antojadizamente– a una herramienta del MEIC que compara los precios del producto en algunos supermercados. Herramienta que no tiene validez científica y carece de rigor, como si lo tienen los estudios del INEC.

Sin embargo, existe un «instrumento» que mide mejor y en forma cotidiana el costo de la vida (incluido el precio del arroz). Es cuando la gente de carne y hueso va a comprar los productos de la canasta básica en el supermercado, en el abastecedor o la pulpería del barrio. Allí a la hora de pagar, se puede comprobar que lo expresado por el señor presidente es producto de una realidad paralela y fantasiosa.

Esa misma metodología arbitraria y carente de rigor, el presidente Chaves y su Ministro de Seguridad, la han aplicado para desestimar, inicialmente, la crisis de inseguridad que enfrenta el país y que se refleja en el preocupante incremento de asesinatos en lo que va del 2023. Luego la acepta pero disminuyendo su responsabilidad al achacarla a gobiernos anteriores. Mientras tanto la anunciada «ruta de la seguridad» aparece extraviada y poco clara. Habrá que preguntarle al presidente y al Ministro Torres que opinan sobre la triste estadística del mes de abril anterior cuando se alcanza la cifra histórica de asesinatos (la mayoría con armas de fuego, otro récord) de 83.

Similar situación se da en la Caja. Tanto el presidente como su presidenta ejecutiva están empecinados en mostrar una institución quebrada o, para ser más rigurosos, a la que se busca quebrar. Para qué mirar los datos concretos (incluyendo la enorme deuda acumulada por el Estado), cuando es mejor ofrecer «datos» que responden a una estrategia y un propósito político de creciente privatización de una entidad pública, que ha sido y es clave para el desarrollo integral del país.

De esta manera, el presidente Chaves actúa como un político tradicional más (quizás más arrogante, eso sí) y no como lo que le queda de economista, al valorar las cifras y los datos estadísticos.

El empecinamiento del presidente de llevar aún más lejos sus políticas neoliberales, hace predecir que las esperanzas de mejores condiciones de vida para las mayorías del país, es una quimera que se irá mostrando cada día que pasa. La crecientes desigualdad social y la concentración de la riqueza, mientras tanto, siguen su curso.

Está claro que fruto de su eficaz y permanente campaña comunicacional y de su legión de troles, todavía conserva un respaldo popular a considerar. Empero ese apoyo ha ido bajando y así seguirá en los meses venideros. El tiempo y la falta de soluciones reales ante los graves problemas que enfrenta el país, hará que ese respaldo disminuya aún más. Porque los dictados del estómago son más fuertes que las promesas incumplidas.

Lo malo es que todavía no está claro para las mayorías, para el pueblo y los trabajadores que Rodrigo Chaves es de los mismos que han llevado al país a la crisis actual y es corresponsable del deterioro de nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Él y su entorno más cercano forman parte de una élite que busca desplazar a la otra élite que ha venido gobernando al país a través del PLN, PUSC y PAC.

Aun cuando todavía quedan algunas reservas institucionales, el pueblo no tendrá otro remedio que recurrir a la democracia de la calle (invocando el carácter participativo de nuestra democracia, fijado en el artículo 9 de la Constitución) para defender al ESD y para luchar por una sociedad realmente inclusiva y justa. Solo el pueblo salva al pueblo. Ni más ni menos.

(4 de mayo, 2023)

Exportar excedentes de electricidad: una mentira para asegurar negocios privados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

Aumentar la generación privada de electricidad usando todas las fuentes disponibles en el país y asegurar espacios igualitarios con el ICE en distribución y comercialización en el país y en el mercado centroamericano, son los objetivos comunes de los 3 proyectos que están en la Asamblea Legislativa, expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”.

Esos proyectos no responden a “necesidades nacionales” para atender el servicio social de electricidad; responden a la meta de los generadores privados de no perder su negocio en tiempos en que el ICE decidió no renovar automáticamente algunos contratos con esas empresas privadas. En todo caso no debemos ser optimistas pues en el “Informe Ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación 2020-2040” del ICE, con fecha marzo 2023, se contemplan contratos con privados hasta el año 2026. Para el 2024 “Se agrega, como proyectos fijos, el 100% de las plantas que están ociosas, suponiendo contratos de dos años para comprar energía durante el 2024 y 2025”. Dice el Informe que “el modelamiento de la extinción de los contratos de generación privada se hace para conocer con mayor precisión las necesidades de capacidad futura y no significa el retiro o cancelación de activos que prueban ser valiosos para el sistema” (PGE, p.23). En la revisión de este plan de expansión debemos preguntarnos si hay colusión de objetivos entre la actual dirección del ICE del Gobierno de Chaves y los generadores privados. En menos de un año están presentando este nuevo plan de expansión de la electricidad que refuerza a los generadores privados.

Desde hace mucho tiempo los generadores privados han insistido en ampliar su participación en el mercado eléctrico, y eso resulta imposible sin debilitar el carácter social del ICE. Ahora, de nuevo, eempresarios privados y diputado.as repiten lo escrito en el expediente legislativo #23.414: que venderán excedentes de electricidad privada en el Mercado eléctrico regional, MER; pero esa mentira se desdice con el texto del mismo proyecto de ley. El expediente #23.414 de “Armonización” dice en su artículo 40 que “Los productos eléctricos que resulten de los desbalances contractuales o de los excedentes extracontractuales, se deben ofertar en forma obligatoria al Mercado Eléctrico Nacional. Los que no son despachados y adquieren la condición de excedente de energía, podrán ser ofertados por cada agente nacional en el Mercado Eléctrico Regional”, y añade que “aquellos excedentes de los contratos que no se utilicen para la satisfacción de la demanda nacional, podrán ofertarse en forma automática en el mercado de ocasión nacional o en el Mercado Eléctrico Regional”.

Decimos que es mentira que se busque únicamente la venta de excedentes, pues el artículo 44, que expone sobre la “potencia de los activos de generación privada” indica que “el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrá contratar plantas de generación privada, según se establece en la ley No. 7200 y sus reformas, de hasta una potencia máxima de 50 MW, referido al Capítulo I, y de hasta 100 MW para compra de energía bajo régimen de competencia, para proyectos bajo la modalidad Build Operate Transfer (BOT por sus siglas en inglés) de la ley No. 7508”. Si lo que se busca es la venta de excedentes únicamente, lo propio es medir un eventual “excedente” a partir de la potencia autorizada en la legislación actual, que es de 20 megavatios para los proyectos bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para los que se pueden construir bajo la ley 7.508. Pero en el caso de la primera ley, buscan que se aumente más de un 100% su potencial pasando de 20 a 50 megavatios y los proyectos bajo la ley 7.508 pasarían de 50 hasta 100 megavatios. Es evidente que si se persiguiera exportar “excedentes” este artículo no se hubiera incluido.

Pero el proyecto de ley es muchísimo más ambicioso. El artículo 53 se orienta a permitir la construcción de megaproyectos, cuando dice: “Se reforma, de forma parcial, la Ley No. 7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, del 28 de septiembre de 1990, en las siguientes disposiciones: Se reforma el artículo 7. El Texto es el siguiente: “ARTICULO 7.- El Ente Operador del Sistema, o el Ministerio de Ambiente y Energía en alzada, podrá declarar elegible un proyecto para la explotación de una central de limitada capacidad, siempre y cuando la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional”.

Si tomamos como referencia la capacidad efectiva instalada del sistema eléctrico nacional de 3.482 megavatios que se indica en el ICE en el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040, un 15% son 522 megavatios. Esto le daría a cualquier empresa privada la potestad de presentar y solicitar la construcción de megarepresas o proyectos de generación de cualquier fuente, con un riesgo inminente sobre los ecosistemas y las comunidades, y además sobre espacios en los cuales hasta hoy se han mantenido restricciones, como territorios indígenas y áreas silvestres protegidas de distinta categoría. Permitir proyectos y esta magnitud supone un riesgo incalculable. Los generadores siguen valorando únicamente la ventaja financiera de la generación, pero no sus impactos; eso aplica para cualquier ecosistema y comunidad del país.

Los otros 2 expedientes 22.561 y 22.701 que mencionamos, son técnicamente débiles y están mal redactados. Parecen más bien extensiones sin integrar al de “armonización” y repiten su articulado enfocado a la incursión en el mercado regional, con beneficio directo para otras empresas. Es notable que los proyectos de ley igualan la finalidad de negocio y lucro entre generadores privados, empresas distribuidoras, grandes consumidores, empresas de servicios públicos y las 4 cooperativas que operan en el país. ¿No se supone que al menos las cooperativas tienen fines de beneficio colectivo y solidario? Esto lo analizaremos posteriormente.

La prisa nunca ha sido buena consejera

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Madrigal Mora
Secretaría General
Comité Ejecutivo
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional

La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.

No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.

En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.

Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:

Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:

– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.

– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.

– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.

– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.

– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.

Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.

Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).

Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.

Entonces, ¿quién tiene la razón?

Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.

Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.

Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Privatizar y desnacionalizar, sí son decisiones ideológicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

En el debate sobre apertura, privatización y exportación de electricidad privada, la diputada del Partido Liberal Progresista, PLP, Kattia Cambronero dijo que “en un tema tan importante como el tema de energía, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo desde una perspectiva técnica, no ideológica. No se vale la ideología cuando lo que estamos haciendo es empobreciendo cada día más a los costarricenses”.  Este es el discurso de todos los partidos que buscan debilitar al ICE y acabar con el servicio social de la electricidad; por ahora revisaremos la coincidencia entre algunos textos del PLP y el proyecto de ley expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”.

No vale la pena perder tiempo repitiendo los manuales (como los del Banco Mundial) de los cuales copian para tratar de convencer de que disponer de servicios públicos básicos como la electricidad, gracias a una alta inversión estatal, es una cuestión puramente “técnica” y no de orden ideológico.  Cualquiera que haya estudiado lo básico de historia y políticas sociales, entiende que la creación y consolidación de Estados sociales y de derecho, como el de Costa Rica, es un asunto de escogencias políticas e ideológicas.  La verdad no es que importe “discutir” con alguien en particular, pero desgraciadamente ése es el nivel de debate en la Asamblea Legislativa de quienes defienden la privatización del sector eléctrico.  Sus tesis son vergonzosamente rudimentarias y calcadas, precisamente, de le prédica ideológica de la privatización.

En el Plan de Gobierno 2022-2026  del Partido Liberal Progresista, que ostenta el patriarcal título “Es tiempo de valientes”, se expone con claridad el apoyo a la privatización.  En el apartado “Apertura de los monopolios en el sector eléctrico”, se puede leer: “Impulsaremos la apertura real del sector eléctrico, para que así, el sector privado tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones tanto en generación como comercialización”.  El PLP no ha presentado ningún proyecto de ley a la Asamblea Legislativa pero se ha plegado por completo a las propuestas de ley Expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, Expediente #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y Expediente #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, que coinciden plenamente con su posición ideológica privatizadora y anti estatista, y más claramente en contra del ICE como entidad de servicio público.

El proyecto de “armonización” argumenta en extenso sobre la “necesidad” de apertura del mercado eléctrico en beneficio del empresariado privado tanto nacional como internacional.  Este proyecto no busca transformar al ICE, como se ha dicho, sino más bien disminuirlo y desmantelarlo pues coloca a todas demás empresas privadas del sector eléctrico en condición de igualdad con éste, pero, además, poniendo a disposición de los privados la infraestructura estatal para la venta de electricidad dentro del país y eventualmente en el mercado regional, usando el sistema de interconexión regional SIEPAC.  La propuesta va más allá de proyectos anteriores pues amarra a otros participantes del mercado eléctrico como cooperativas y empresas de servicios públicos y hasta “consumidores de alta tensión” a los mismos privilegios que buscan para los tradicionales generadores privados.  Esta idea se incluye en el artículo 37 que dice:  “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas naturales o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los grandes consumidores de energía eléctrica indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta”.  En la lista de “agentes” del Centro Nacional de Control de Electricidad del ICE se registran “grandes consumidores” como Florida Bebidas, APM Terminals, Intel, Holcim, Bridgestone, los Ingenios Taboga y El Viejo, entre otros.  Recuérdese que Azucarera El Viejo e Ingenio Taboga también son generadores privados de electricidad.

En vista de que los proyectos que se discuten ahora en la Asamblea llenan las expectativas de los generadores privados, y despojan al ICE de sus tareas como institución rectora del sistema eléctrico nacional, no ha sido necesario que el PLP gaste tiempo redactando o presentando su propuesta de “Ley Marco del Sector Energía que promoverá la competencia, la descentralización, la penetración y la adopción de nuevas tecnologías” (p.69) que menciona en su Plan de gobierno.  Esas propuestas de apertura, privatización, exportación privada de electricidad son compartidas por todos los partidos políticos que apoyan los proyectos de ley en discusión.  Ese discurso se puede resumir en la pretensión del PLP que se orienta a un nuevo sector Energético “simplificando, modernizando y reemplazando una serie de leyes y normativas que en conjunto generan proteccionismo, incluyendo las leyes N.º 449 y N.º 8660 para el ICE, la Ley N.º 7200 y N.º 7508 para generadores privados, la Ley N.º 7593 de la ARESEP” (p. 70).  Sin duda el PLP dedicó tiempo a pensar en el desmantelamiento del ICE, pero el partido gobernante, en cuyo panfleto de programa de 24 páginas de enunciados generalísimos, ni siquiera menciona cuál es su propuesta en materia de energía y electricidad.  Esa carencia total de pensamiento y propuesta explica la alianza del Ejecutivo y su fracción parlamentaria con los otros partidos neoliberales, a tal grado de que el presidente de la República gasta tiempo para hacerle campaña de reelección como presidente de la Asamblea Legislativa a uno de los beneficiados de la generación privada, como es Rodrigo Arias Sánchez.

El PLP expone que “Las políticas públicas en temas de energía enfocarán sus esfuerzos de negociación con las autoridades respectivas de los países de la región” para lo cual apuntan a las “Alianzas Público Privadas” (p 70-71) y plantean el mismo objetivo que persiguen los proyectos en debate y otros en anteriores administraciones cuando indican: “…sentaremos las bases para que el sector privado pueda desarrollar proyectos para transaccionar en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y en el Mercado Eléctrico local con seguridad jurídica” (p 72).  Eso es lo mismo que propone el expediente N°23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional” en su artículo 5 “Participantes en los servicios públicos de electricidad”.  Este artículo mantiene como servicios públicos la “generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica”, pero agrega que “se considera también servicio público, la generación eléctrica privada derivada de contratos suscritos con el Estado”, lo cual le da condición similar al servicio público prestado por el ICE que a los negocios de las empresas privadas.  De eso se trata la nueva “seguridad jurídica”.

“Desideologizar” el debate sobre el mercado eléctrico nacional no es más que una manera de ocultar que en la Asamblea Legislativa, excepto el Frente Amplio, todos los demás  partidos están haciendo un “valiente” trabajo para beneficiar al grupo de empresas privadas que por décadas han saqueado las finanzas del ICE y de la sociedad costarricense, incluidas las empresas del presidente de la misma Asamblea.  Amparados en esa componenda entre el Gobierno y la Asamblea es que mienten diciendo que los generadores privados venderán “excedentes” de electricidad en el mercado regional centroamericano; pero esta es otra falsedad la discutiremos luego.

Nuestros niños, los más pobres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

Impactó la noticia de que nuestro país es el que tiene mayor tasa de pobreza infantil de las 38 naciones que componen la OCDE. Según esos datos, el 27% de los menores de 17 años viven en pobreza. Por cierto, a diferencia de la de otros países, nuestras cifras son del 2021, lo que quiere decir que toman en cuenta la situación creada por la pandemia del Covid-19, que presumiblemente empeoró la situación de la población, especialmente la de la más pobre. Es decir, en la realidad estamos peor de lo que dicen los datos de la OCDE.

Es, además, dice ese organismo, el segundo país con mayor desempleo (solo superado por España).

Es posible que ambas cifras tengan que ver, pues son las mujeres las más golpeadas por el desempleo y la pobreza. Y mujeres solas crían a la mitad de los niños que nacen en este país.

Para ese organismo uno de los motivos que explican este fenómeno es la cantidad de niños nacidos de madres adolescentes. Pero sucede que nuestro país redujo esos índices de manera ejemplar en la pasada década. El porcentaje correspondiente cayó de un 19% en el 2012 a un 9% en el 2021. Ese factor, el de ser hijos e hijas de madres adolescentes, sigue pesando, sin duda. Pero podríamos pensar que hay otros factores más decisivos.

El 70% de los niños que nacen en Costa Rica son nacidos fuera de matrimonio, y la mitad de ellos de madres solteras, es decir, sin pareja. Son un total de 24.140 pequeños. Y eso sí parece ser significativo, sobre todo porque las madres solteras siguen tomando la delantera. En el 2008 eran no más de 16.331.

Además, de los niños así nacidos, un 30% carece por completo de soporte económico de su padre.

La OCDE dice:

«La custodia de los hijos suele corresponder a la madre, quien frecuentemente tiene un ingreso personal menor que su expareja. Por consiguiente, no es de sorprender que el riesgo de pobreza (de 31%) de las familias monoparentales sea tres veces mayor que el de las familias con dos padres (10%) en toda la OCDE en promedio”.

Según el Banco Mundial (Oportunidades para reducir la pobreza en Costa Rica) “las madres solteras enfrentan desafíos mayúsculos. Sus ingresos laborales tienden a ser bajos y aquellos provenientes de transferencias públicas y privadas no resultan ser un complemento suficiente. Más de la mitad de todas las madres solteras pueden clasificarse como pobres y su situación pareciera haberse deteriorado en la última década”. La tasa de pobreza calculada por ese informe para las mujeres es de 27,7%. La de los niños de 0 a 14 años, del 40%.

El aumento de la pobreza infantil tiene esos componentes que tienen que ver con las malas prácticas de la sexualidad y la reproducción, la desigualdad a que se ve sometida la mujer, la poca efectividad de nuestras leyes y prácticas de paternidad responsable y muchas otras, que aparentemente tienen que ver con el comportamiento individual de las personas. Pero la verdadera causa no se encuentra allí. Está en un régimen social de por sí injusto, en la que el ser humano es mercancía de segunda, y donde los niños, por ser improductivos, por su vulnerabilidad y su dependencia, son los más sacrificados.

Resulta especialmente triste comprobar que los niños de todos los países de esa organización privilegiada, entre ellos el nuestro, sean el sector de la población que muestra mayores cifras de pobreza y que, además, representan un sector cuyo número va en aumento. Son más pobres que los ancianos, mucho, pero mucho más pobres que la media de la población adulta y además cada vez son más. Eso es así en todos los países, En España y en Israel, en Estados Unidos y en Francia, y más, como vemos, en Costa Rica.

Es el resultado más demoledor de un régimen estructuralmente injusto, cuyos males sociales se han agravado por las políticas de contención del gasto público y la privatización galopante.

Al fin y al cabo, la clave está allí, y el sacrificio de nuestros niños ante el altar del capital es un signo de la debacle de nuestro régimen social y político corrupto e inhumano. Esa sangre inocente clama por un cambio de régimen, que transforme esta democracia podrida que los condena a la muerte por otra democracia, popular, participativa, socialista.