Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
En los últimos años, ha cobrado fuerza en Costa Rica la propuesta de implementar jornadas laborales 4×3, es decir, trabajar cuatro días por semana durante 12 horas diarias, a cambio de tres días de descanso. Aunque esta modalidad puede parecer atractiva a primera vista, especialmente por la promesa de más tiempo libre, la evidencia científica y social demuestra que se trata de una medida perjudicial tanto para las personas trabajadoras como para las empresas.
1. Menor productividad, no mayor
Uno de los principales argumentos a favor de las jornadas 4×3 es que aumentan la productividad empresarial. Sin embargo, esto es falso. Diversos estudios han demostrado que, conforme se extienden las horas de trabajo, la productividad individual disminuye. Este fenómeno, conocido como “rendimientos decrecientes”, indica que después de cierto punto, trabajar más horas no solo deja de ser útil, sino que puede ser contraproducente. La fatiga, la pérdida de concentración y el agotamiento físico y mental reducen significativamente la eficiencia del trabajador.
2. Tres días de descanso no compensan el desgaste
Otro mito es que las personas tendrán más tiempo para descansar. Pero la realidad es que trabajar 12 horas durante cuatro días consecutivos deja muy poco margen para el descanso diario, el sueño adecuado y el tiempo de calidad con la familia. El cuerpo humano necesita pausas regulares y descanso diario para recuperarse. Las largas jornadas afectan el equilibrio emocional y mental, y los tres días libres no son suficientes para revertir el desgaste acumulado.
3. Impacto desproporcionado en las mujeres
Aunque esta medida afecta a todas las personas trabajadoras, su impacto es especialmente negativo para las mujeres, en particular aquellas que son jefas de hogar. Las largas jornadas dificultan aún más la conciliación entre la vida laboral y familiar, y refuerzan desigualdades estructurales de género. Las mujeres suelen asumir una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados, lo que hace que este tipo de jornadas sean insostenibles para muchas.
4. Riesgos graves para la salud
Las consecuencias para la salud también son alarmantes. Las personas que trabajan bajo este tipo de esquemas son más propensas a enfermarse, a sufrir accidentes laborales, a desarrollar adicciones y, en casos extremos, a morir por infartos. El estrés crónico, la falta de sueño y la presión constante deterioran la salud física y mental de forma acelerada.
En conclusión, las jornadas 4×3 no representan un avance, sino un retroceso en los derechos laborales y en la calidad de vida de las personas trabajadoras. No solo no mejoran la productividad, sino que atentan contra la salud, el bienestar y la equidad. Es fundamental que las políticas laborales en Costa Rica se basen en evidencia científica y en el respeto a la dignidad humana, y no en promesas vacías que benefician a unos pocos a costa del sacrificio de muchos.
La Defensoría de los Habitantes inició una investigación para determinar el rol de los bancos públicos en el financiamiento del sector agrícola no exportador en el país a partir de un enfoque desde los derechos humanos y del desarrollo sostenible, mediante el uso de indicadores de productividad, acceso al crédito y reducción de brechas socioeconómicas, aplicando análisis comparativos y revisión de normativa.
El estudio incluirá a los bancos del Estado a partir de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, la cual establece disposiciones específicas sobre las operaciones de crédito para el sector agrícola. Es por eso que, la Defensoría solicitó a los Bancos Nacional y Banco de Costa Rica información de las políticas institucionales y normativas; los criterios que utilizan para definir las condiciones de financiamiento dirigidas a este sector, si cuentan o no con políticas o programas específicos que promuevan el acceso al crédito para pequeños productores, mujeres rurales, personas jóvenes y personas adulta mayor y si existe o no alguna línea de crédito específica para prácticas agrícolas sostenibles, resiliencia climática o tecnologías verdes.
También consultó sobre los datos estadísticos de los últimos 10 años relacionados con el monto total de crédito agropecuario desembolsado por año, cantidad de personas productoras beneficiadas, tasas de interés promedio para el sector agropecuario y el porcentaje de participación del sector agropecuario en la cartera total de crédito del banco. Además, conocer si se recopila la información de las solicitudes de crédito rechazadas y sus principales motivos.
En cuanto a los procesos internos, qué tipo de asistencia técnica, acompañamiento o evaluación social brinda el banco antes o después de otorgar crédito al sector agropecuario, qué tipo de barreras o dificultades ha identificado que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente mujeres, jóvenes
y adultos mayores, para acceder al crédito y si existen mecanismos de seguimiento o evaluación del impacto de los créditos agropecuarios.
Sobre la colaboración institucional, la Defensoría consultó si el banco articula su oferta crediticia agropecuaria con programas de instituciones como el INDER, MAG o el Sistema de Banca para el Desarrollo y si participan en programas con enfoque de inclusión financiera rural o estrategias de educación financiera para personas productoras.
En Francia el tema de la jornada ha sido estudiado por numerosos autores. Desde Paul Lafargue, en su obra «El derecho a la pereza» (1883), en el siglo XIX, que ya por esos años cuestiona la moralidad del trabajo excesivo y defiende la importancia del ocio para el desarrollo humano.
Este autor critica la obsesión por el trabajo en la sociedad capitalista y propone una reducción de la jornada laboral como medio para alcanzar una vida más plena y equilibrada., por lo que la reducción del tiempo de trabajo permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades creativas, recreativas y familiares, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa.
La jornada laboral de 35 horas fue introducida en Francia como una medida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Esta política fue implementada a través de las leyes Aubry, que obligaron a las empresas con más de 20 empleados a reducir la jornada laboral sin reducir los salarios. Desde su implementación, la jornada de 35 horas ha sido considerada un éxito en términos de reducir el estrés laboral y mejorar la satisfacción de los empleados (Rodríguez Alba, 2023).
Jean-Marc Ferry, en su libro «La réduction du temps de travail: une perspective historique et sociologique», profundiza en las implicaciones sociológicas de la reducción del tiempo de trabajo de varias maneras:
Redistribución del tiempo libre: Ferry analiza cómo la reducción del tiempo de trabajo ha permitido una redistribución más equitativa del tiempo libre entre diferentes grupos sociales. Esto ha tenido un impacto significativo en la estructura familiar y en la participación de los padres en la crianza de los hijos.
Equilibrio entre vida laboral y personal: La reducción del tiempo de trabajo ha mejorado el equilibrio entre la vida laboral y personal, permitiendo a los trabajadores dedicar más tiempo a actividades recreativas, educativas y sociales. Esto ha contribuido a una mejora en la calidad de vida y en el bienestar general.
Impacto en la estructura social: Ferry explora cómo la reducción del tiempo de trabajo ha influido en la estructura social, promoviendo una mayor igualdad de género y facilitando la participación de más personas en actividades comunitarias y voluntarias.
Cambios en la cultura laboral: La reducción del tiempo de trabajo ha llevado a cambios en la cultura laboral, fomentando una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el lugar de trabajo. Esto ha permitido a los empleados experimentar menos estrés y una mayor satisfacción laboral.
Existen además importantes implicaciones sociológicas de la reducción del tiempo de trabajo, según el análisis de Jean-Marc Ferry:
Importancia del tiempo libre cada día:
En Francia, la implementación de la semana laboral de 35 horas permitió a muchos trabajadores dedicar más tiempo a actividades familiares y personales. Por ejemplo, padres que antes no podían llevar a sus hijos a la escuela debido a largas jornadas laborales, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, lo que fortalece los lazos familiares.
Las tardes libres adicionales también han permitido a muchas personas participar en actividades comunitarias, como el voluntariado en asociaciones locales, lo que ha promovido una mayor cohesión social.
Equilibrio entre vida laboral y personal:
Un estudio sobre los efectos de la reducción del tiempo de trabajo en Francia encontró que los empleados reportaron niveles más bajos de estrés y una mayor satisfacción con su equilibrio entre trabajo y vida personal. Esto se traduce en una mejor salud mental y física.
Trabajadores que antes no tenían tiempo para actividades recreativas, ahora pueden practicar deportes, participar en clubes sociales o continuar con su educación, lo que enriquece su vida personal y profesional.
Impacto en la estructura social:
La reducción del tiempo de trabajo ha sido un factor importante en la promoción de la igualdad de género. Con jornadas laborales más cortas, tanto hombres como mujeres tienen más oportunidades para compartir las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos, lo que contribuye a una distribución más equitativa de las tareas domésticas.
En algunas comunidades rurales, la reducción del tiempo de trabajo ha revitalizado la vida comunitaria, permitiendo a los residentes involucrarse más en actividades locales y en la toma de decisiones comunitarias.
Cambios en la cultura laboral:
Empresas que adoptaron una jornada laboral reducida han observado una mayor flexibilidad en sus políticas laborales, lo que permite a los empleados ajustar sus horarios según sus necesidades personales. Por ejemplo, algunos trabajadores pueden optar por trabajar horarios comprimidos y tener días completos libres para dedicar a sus intereses personales.
La cultura del teletrabajo, que se ha expandido en parte gracias a la reducción del tiempo de trabajo, ha permitido a los empleados trabajar desde casa y ahorrar tiempo en desplazamientos, lo que mejora su calidad de vida y productividad.
Estos ejemplos ilustran cómo la reducción del tiempo de trabajo puede tener un impacto profundo y positivo en la estructura social, la vida personal y la cultura laboral.
Beneficios para la Salud y el Bienestar
Uno de los principales beneficios de la reducción del tiempo de trabajo ha sido la mejora en la salud y el bienestar de los trabajadores. Estudios han demostrado que las jornadas laborales más cortas están asociadas con una reducción en los niveles de estrés y una mejora en la salud mental. Además, los empleados con jornadas más cortas tienden a tener más tiempo para actividades recreativas y familiares, lo que contribuye a una mejor calidad de vida en general (Chemin & Wasmer, 2009).
Por ejemplo, en el sector bancario, la implementación de la jornada de 35 horas ha permitido a los empleados reducir el estrés asociado con la carga de trabajo y mejorar su equilibrio entre la vida laboral y personal. Los bancos que adoptaron esta política reportaron una disminución en el ausentismo y una mayor satisfacción de los empleados (Rodríguez Alba, 2023).
Impacto en la productividad
A pesar de las preocupaciones iniciales sobre el impacto negativo de la reducción del tiempo de trabajo en la productividad, varios estudios han demostrado que esta política no ha tenido un efecto adverso significativo. Por ejemplo6. , un estudio realizado por Chemin y Wasmer (2009) comparó la evolución del empleo en la región de Alsace-Moselle, donde la política fue menos restrictiva, con el resto del país. Los resultados mostraron que la reducción del tiempo de trabajo no afectó negativamente el empleo en la región.
En el sector manufacturero, empresas como Renault adoptaron la jornada de 35 horas y observaron mejoras en la eficiencia operativa y una mayor motivación de los trabajadores. Esto demuestra que la reducción del tiempo de trabajo puede coexistir con altos niveles de productividad (Rodríguez Alba, 2023).
Importantes experiencias regionales:
La experiencia de la reducción del tiempo de trabajo ha variado en diferentes regiones de Francia. En algunas áreas, como Alsace-Moselle, la implementación de la política fue menos restrictiva debido a las particularidades históricas de la región. Esta flexibilidad permitió a las empresas adaptarse mejor a la nueva normativa y mantener la productividad sin sacrificar el bienestar de los empleados (Chemin & Wasmer, 2009).
En el sector tecnológico, empresas en París implementaron la jornada de 35 horas y reportaron una mayor innovación y creatividad entre sus empleados. Los trabajadores indicaron que las jornadas más cortas les permitieron dedicar más tiempo a actividades formativas y de desarrollo profesional, mejorando así su rendimiento laboral (Cabrera, 2023).
Importancia de ampliar los espacios de ocio creativo y descanso
Reducir el tiempo de trabajo no solo mejora la salud y el bienestar de los trabajadores, sino que también amplía los espacios de ocio creativo y descanso. Estos espacios son cruciales para prolongar la vida útil de trabajo, evitar riesgos y enfermedades profesionales y construir una sociedad menos violenta. La falta de tiempo para el descanso y el ocio puede llevar a la fatiga, el estrés y el burnout, afectando negativamente la salud mental y física de los trabajadores (Hobfoll, 2011).
Las jornadas prolongadas pueden ser consideradas una forma de violencia contra uno mismo en aras de una calidad de vida deseada o por bajos salarios. En lugar de luchar por mejores condiciones laborales, algunos trabajadores se autoimponen más horas extraordinarias, lo que no solo agrava los problemas de su salud y bienestar, sino que trasladan los problemas derivados de sus largas jornadas a su familia. Un enfoque más equilibrado y sostenible es necesario para asegurar que los trabajadores tengan el tiempo y la energía para disfrutar de una vida plena y saludable (Rodríguez Alba, 2023).
En resumen, la reducción del tiempo de trabajo en Francia ha demostrado ser una política exitosa en términos de mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, sin afectar negativamente la productividad. Las experiencias positivas observadas en diversas regiones del país subrayan la importancia de adaptar las políticas laborales a las necesidades específicas de cada sector y región. La jornada laboral de 35 horas sigue siendo un ejemplo destacado de cómo se pueden implementar políticas laborales que beneficien tanto a los empleados como a las empresas. Ampliar los espacios de ocio creativo y descanso es crucial para prolongar la vida útil de trabajo, evitar riesgos y enfermedades profesionales y construir una sociedad menos violenta.
Bibliografía
Cabrera, F. (2023). «Reducción de la jornada laboral: la experiencia francesa.» Foco Económico.
Chemin, M., & Wasmer, E. (2009). «The Impact of the 35-Hour Workweek on Employment: Evidence from France.» Journal of Labor Economics, 27(4), 645-672.
Harremanak, L. (2016). «La reducción del tiempo de trabajo: Una propuesta para reducir el desempleo.» Lan Harremanak, 34(1), 45-67.
Hobfoll, S. E. (2011). «Conservation of Resources Theory: Its Implication for Stress, Health, and Resilience.» In S. Folkman (Ed.), The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping (pp. 127-147). Oxford University Press.
Lafargue, P. (1883). «El derecho a la pereza.» Ediciones de la Flor.
Rodríguez Alba, C. (2023). «Experiencias en la reducción del tiempo de trabajo: La evolución en Francia.» Revista Actualidad Internacional Sociolaboral, núm. 264.
Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach. Académico Universitario Titular Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com Cel. 506 62 76 41 33
No comulgo con la visión apocalíptica en los análisis que hacen los candidatos a Presidente o Diputados de la República de Costa Rica. Estoy en contra de la visión apocalíptica. La mayoría son opiniones cualitativas que carecen de datos duros estadísticos para fundamentar un argumento cuantitativo. Basta leer el Programa Macroeconómico 2024 -2025 para darnos cuenta de que no todo está del fin de los tiempos en nuestro país: inflación 0%, baja en la Tasa Básica Pasiva, tipo de cambio hacia la baja, estabilidad macroeconómica, las calificadoras de riesgos nos dan buena nota. No hay que presentar una visión tan apocalíptica del país para ganar las elecciones.
Sobre nuestro país veamos algunos datos del Banco Mundial de un excelente documento “El Modelo de Desarrollo de Costa Rica De bueno a Excelente Resumen Ejecutivo Diagnóstico Sistemático de País.” Costa Rica destaca por ser uno de los países más estable políticamente, progresista, próspero y conscientes del medio ambiente en la región. El modelo ha traído dividendos económicos, sociales y ambientales con un crecimiento sostenido, movilidad económica para un gran porcentaje de la población. El gasto social ha sido eficiente en educación, salud, protección social dado que pasó en 1958 de 3% PIB para 1990 10% PIB y en el 2012 20% PIB. La esperanza de vida hoy es de 79.7 años similar a los países de la OCDE. El gasto en educación 8% PIB 2015 que lamentablemente hoy es de un 4.9% PIB. 97% tasa de alfabetización. Sobre la situación nacional socioeconómica: 12% Pobres, 36% Vulnerables, 47% Clase Media y 5% Ricos. Tenemos marca ecológica país. Hemos logrado tener la pobreza entre las más bajas de América Latina (fui exfuncionario BM IFC). Es cierto la desigualdad está aumentando y la pandemia COVID la profundizó dado que paralizó el flujo circular del ingreso en el país que afecto economías domésticas, empresas y al Estado. Es cierto está aumentando el desempleo, pero para trabajadores no calificados. El PIB per cápita anual promedio 13.365,36 USD (2022) con seguridad social es igual al de China y muy superior al de los países de África – $2.150,6 dólares- Es cierto tenemos presiones fiscales (déficit fiscal 6.24% PIB 2024) pero TODOS sabemos cuáles son sus causas: evasión, exoneraciones, apertura comercial, eliminación de aranceles y, corrupción -las profesiones liberales no tributan-. Nuestra tributación es la más baja de América Latina 14% PIB así no vamos a desarrollar infraestructura pública moderna. ¡Sí! tenemos otros problemas, el 14% PIB es por compliance, blanqueo y lavado de capitales (narco drogas) que está metido de lleno en el sistema financiero nacional y lamentablemente en el MONEX.
Es cierto tenemos costos de producción que debilitan la competitividad país. El paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista en los últimos años ha dado lugar a procesos de reforma más complejos y prolongados. Velocidad pública y velocidad privada o de mercado global no coinciden. Sin embargo, Costa Rica es un país menos desigual comparado con tres décadas pasadas. Tenemos tres problemas a resolver: presiones fiscales, sociales y ambientales- cambio climático. Debemos controlar los gastos públicos y aumentar los ingresos. Mejorar la recaudación fiscal. Tenemos otro problema: GOBERNABILIDAD. La administración del sector público -330 instituciones públicas y 330 mil funcionarios públicos- no se ha modernizado paralelamente a la economía abierta y el modelo orientado a la exportación en régimen de zonas francas, apertura comercial y libre comercio, limitando la capacidad de cumplimiento y de arbitro del Estado.
Hay desafíos para nuestro país…. aumentar la productividad y con ello la competitividad nacional, frenar la desigualdad de ingresos de los habitantes del país -poner mucha atención al coeficiente de Gini-, el crecimiento económico debe impulsar el desarrollo económico priorizando dos provincias – Puntarenas, Limón-, desarrollar una fuerza laboral calificada de alto valor agregado para crear empresarialidad y emprendedores globales. El sistema educativo – escuelas, colegios y universidades públicas- requieren una reforma integral total de su normativa dado que graduamos muchos de estudiantes de ciencias sociales y muy pocos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – STEM- así no contribuimos con sectores de alto valor agregado. El INA hay que reformularlo en su misión y visión y a las nuevas realidades dado que perdió la hoja de ruta. Requerimos: Sostenibilidad fiscal, Sostenibilidad social, Sostenibilidad ambiental. Y, por supuesto Gobernabilidad: mayor capacidad del sector público para planificar a largo plazo (25 años) e implementar políticas, proyectos de inversión pública, prestar servicios y aumentar rendición de cuentas… Pero, el apocalipsis o el diluvio está aún muy distante de nuestro país… ¡Aún estamos a tiempo!
Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los pequeños y medianos productores de nuestro país contarán con 16 drones de última tecnología para impulsar sus actividades productivas, así como sus capacitaciones respectivas para un uso adecuado.
El proyecto se enmarca en los ejes de fomento a la competitividad, así como productividad y sostenibilidad de la Política para el Sector Agro Costarricense 2023-2032, e impactará positivamente en 7.775 hectáreas, las cuales corresponden a 23 cultivos principales y actividades como piña, arroz, frijoles, hortalizas y caña de azúcar.
«Como jerarca rector del Sector Agropecuario, he coordinado con las instituciones para asegurar que la tecnología respalde el crecimiento sostenible de nuestra agricultura y contribuya al bienestar de todos los actores. La incorporación de drones en la agricultura permite ampliar las perspectivas y optimizar todas las etapas de un cultivo haciéndolos más eficientes.”, indicó el ministro de Agricultura y Ganadería Víctor Carvajal.
Para desarrollar el proyecto, el MAG y el Inder firmaron un convenio de cooperación específico. En esta misma línea el INA, mediante su Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE), estará becando a un primer grupo 41 personas productoras, bajo el Programa SBD, para que cuenten con el conocimiento necesario en el uso de estas aeronaves, y de esta manera puedan obtener la licencia que otorga Aviación Civil.
“Uno de los principales objetivos del Gobierno de la República es dotar de tecnología al sector agropecuario para mejorar su productividad. Por esta razón desde el INA, de manera articulada con el Ministerio de Agricultura, iniciaremos desde febrero hasta junio, una serie de capacitaciones para más de 40 personas productoras de varias regiones del país. Una inversión de más de ₡30 millones, para que puedan adquirir conocimientos en el manejo de drones y mejorar su productividad”, enfatizó Juan Alfaro, Presidente Ejecutivo del INA.
La inversión por parte del Inder es de ₡319,1 millones, que estarán destinados a la compra de los drones, mientras el MAG aportará ₡237,7 millones en acompañamiento técnico a las organizaciones, por lo que la inversión total será de ₡556,8 millones.
“Este proyecto se realizará mediante el servicio del Inder denominado Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria que permite brindar de herramientas e insumos a los productores del país, mediante recursos no reembolsables.” indicó el Presidente Ejecutivo del Inder, Osvaldo Artavia.
-INA beca al primer grupo de 41 productores con capacitación en uso de drones.
-16 organizaciones recibirán aeronaves para apoyar las labores de micro, pequeños y medianos productores.
Las organizaciones beneficiadas serán:
-Centro Agrícola Cantonal para el Progreso de Sarapiquí
-Cooperativa de Comercio y Servicios Múltiples de Productores de Piña de Pital de -San Carlos R.L.
-Asociación Cámara de productores de caña de San Carlos
-Coopeparrita Tropical R.L
-Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores de Arroz del Pacifico Central R.L
-Centro Agrícola Cantonal de Alajuela
-Asociación Cámara Ganaderos del Caribe
-Asociación de Productores de Plátano ASOPLATAL
-Asociación de productores agrícolas El Águila de Pejibaye
-OSACOOP
-El Centro Agrícola Cantonal de Alvarado, con sede en Cervantes
-Asociación Cámara de Productores de Caña del Atlántico
Las jornadas de trabajo, hasta un máximo de 48 horas por semana, reguladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo, datan de la década de oro del constitucionalismo social y laboral del siglo pasado.
Es más, desde 1920, se reconoció esta jornada en nuestro país.
Es la jornada típica de la sociedad industrial.
No obstante, los procesos de producción, y en consecuencia, las relaciones de trabajo, han experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en los años que llevamos del SXXI.
Aquellas jornadas ya no se adecuan a las transformaciones contemporáneas de la sociedad, y mucho menos a las naturales exigencias de vida de las personas trabajadoras, que requieren más tiempo libre, para estudiar, descansar, para conciliar la vida laboral y familia; en definitiva, para disfrutar más de la efímera vida, que ya no puede seguir anclada en la jornada de 48 horas.
Por tanto, resulta imperativo una reducción sustancial de las jornadas de trabajo, sin afectar las remuneraciones de las personas trabajadoras.
Por esto, resulta absolutamente inasumible el proyecto de ley que pretende imponer la denominada jornada 4/3.
Verdaderamente, para tratar de comprender este proyecto, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de paleontología, porque significa un retroceso histórico.
Yo estoy de acuerdo con una jornada 4/3, pero con un enfoque y una finalidad muy diferente al insidioso cometido del proyecto de ley, que, por una parte, tienda a reducir efectivamente los límites de las jornadas de la legislación actual, y por otra parte, que tienda a promover el desarrollo humano y el nivel de bienestar más alto de la clase trabajadora.
No se puede desconocer que la jornada 4/3 es un tema que se está debatiendo, principalmente en Europa.
La jornada 4/3 se está abriendo espacio, pero no para incrementar la cantidad de horas que se trabajan por día, sino, como ya se está implementando en algunos países europeos: para dejar de trabajar 5 días a la semana, y en su lugar, sólo 4 días semanales, pero reduciéndose la jornada de trabajo diaria, sin afectar la remuneración y procurando mantener la productividad de las empresas.
En esta hoja de ruta se han logrado importantes avances en países como Islandia, España, Inglaterra, entre otros, que han reducido la jornada de trabajo hasta 35 o 36 horas por semana, manteniendo incólumes las remuneraciones.
Esta es la hoja de ruta que se va abriendo espacio en Europa, en la que, además, la negociación colectiva está jugando un papel de primer orden en la reducción y flexibilización de las jornadas de trabajo. Muy por contrario, las patronales de nuestro país, con el auspicio de los partidos políticos conservadores, impulsan políticas típicas del periodo Jurásico, atizando un proyecto que pretende destruir la jornada de 8 horas y extinguir los derechos de la clase trabajadora.
Costa Rica, Colombia y Méjico son los países donde los trabajadores trabajan más horas, 48 horas semanales, de los miembros de la OCDE. Pero Colombia aprobó un proyecto para bajarlas a 42 horas. Según la organización 24 países cuentan con 40 horas o menos de trabajo semanal.
En Costa Rica la tendencia de nuestros gobernantes es contraria a la tendencia mundial, no solo a conservar las 48 horas sino a hacerlas más onerosas para los trabajadores con las jornadas de 4-3.
Por otra parte, los informes de la OCDE indican que la productividad laboral de Costa Rica, aunque ha aumentado en los últimos años, está por debajo de la media de los miembros de esa organización, lo cual significa que la productividad no está directamente relacionada con el número de horas que labora un trabajador. En otras palabras, cuando se trabaja menos, se produce más. Por ello, no es cierto que las jornadas 4-3 aumentarán la productividad. Ahí está la experiencia internacional.
En un reciente estudio de la Academia Centroamericana llamado “La Productividad en Costa Rica. Estudios sobre Productividad” de la autoría de Gloriana Ivankovich Escoto y Josué Martínez Castillo, se reconoce esta verdad:
“Al descomponer el PIB per cápita en el PIB por hora trabajada y las horas trabajadas per cápita se observa que su crecimiento durante los últimos 30 años se explica más por un aumento en la eficiencia con que se trabaja (PIB por hora) y menos por el número de horas dedicadas a la producción (ver Gráfico 2). Este resultado es más evidente en la última década, cuando el PIB per cápita crece un 2,1 por ciento en promedio por año impulsado por el aumento en el PIB por hora (3 puntos porcentuales) mientras el uso de la mano de obra (cantidad de horas trabajadas) más bien decrece (0,9 puntos porcentuales)”.
La productividad es producir más con menos recursos. Lo que significa que el trabajador o trabajadora producen más artículos o servicios en el mismo tiempo o en menos tiempo. Generalmente esto ocurre mientras el trabajador o trabajadora obtiene el mismo salario. En consecuencia, el grado de productividad crece con los mismos recursos. Es lo que la teoría marxista llama aumento de la plusvalía (explotación) y aumento de la tasa de ganancia.
Pero lo que nos interesa resaltar ahora es que la productividad no está en relación directa con el número de horas trabajadas, sino más bien con una reducción de la jornada de trabajo.
Los autores del estudio de la Academia Centroamericana expresan que, “En años recientes la productividad laboral de Costa Rica crece a un ritmo más acelerado. Durante el periodo 2008-2018, el crecimiento anual promedio de la productividad laboral en Costa rica, medida como el PIB por hora trabajada, es más alto, en comparación con países miembros de OCDE, Chile y Estados Unidos (ver Gráfico 8)”.
Cuando se cruzan estos datos con los salarios ganados por los trabajadores, se muestra la tendencia siguiente: mientras en los últimos años la productividad crece los salarios reales se estancan o decrecen.
Un estudio de la Facultad de Economía de la UCR llamado “Evolución del mercado laboral”, aunque es del 2018, indica lo siguiente:
“En el mismo gráfico se muestra que el nivel de los salarios y las tendencias de crecimiento entre sectores han sido diferentes. El sector primario tiene los salarios reales promedio más bajos durante todo el periodo e inclusive una tendencia negativa. El sector secundario tiene salarios reales promedio más bajos que el terciario, excepto en el primer trimestre del 2015, pero significativamente más altos que el primario durante todo el periodo. Además, muestra una tendencia hacia la baja desde el 2010 hasta finales del 2012 y luego una tendencia hacia el alza hasta el primer trimestre del 2015. Luego, los salarios reales del sector secundario se mantienen relativamente constantes hasta el segundo trimestre del 2017. El sector terciario tiene los salarios reales más altos, excepto para el primer trimestre del 2015, y se puede observar una tendencia al alza pronunciada desde el 2013 hasta principios del 2016. A partir de ese momento, los salarios reales del sector terciario muestran una tendencia a la baja”.
Los salarios no han ido parejos con el aumento de la productividad como lo muestran estos dos estudios.
De lo anterior se puede concluir, que la productividad de CR no se debe al aumento de las horas laboradas; que la experiencia internacional señala que cuando se trabaja menos se produce más; que tampoco la productividad en el país ha ido acompañada de una mejora sustancial de los salarios.
En fin, que cosas como las jornadas 4-3 están sustentadas en mitos que nos quieren meter para acrecentar la explotación de la mano de obra. Contraria a esta política, el mundo, incluyendo los países de la OCDE, avanzan hacia la reducción de las jornadas de trabajo (40 horas semanales o menos) y hacia un justo salario.
Hay que recuperar le viejo principio socialdemócrata de SALARIOS CRECIENTES, hoy en total abandono.
La respuesta inmediata y lógica es los patronos. Sin embargo, el fondo realmente de la pregunta es ¿de dónde obtienen los patronos los fondos para pagar las cargas sociales? Los patronos no destinan ingresos de otras inversiones a pagarlas, sino que esos fondos salen del valor de la producción, del valor agregado, del plus valor o plusvalía.
Se viene diciendo que el factor trabajo en Costa Rica es muy caro, lo cual -ya sabemos lo que sigue- le resta competitividad al país. ¿Qué pasa si reducimos las cargas patronales? Lógicamente aumentan las ganancias del patrono. Y es imposible saber o deducir que esa parte que se le resta a la seguridad social se irá a embolsar las ganancias o servirá para nuevas inversiones. La experiencia en América Latina es que las reducciones de impuestos han servido para engordar los bolsillos de los grandes empresarios.
Ahora bien, no es lo mismo Del Monte, Intel o las empresas de zonas francas que un pequeño taller de costura o de zapatería o un pequeño comercio o restaurante. A estos últimos sí les resulta complicado hacer frente a todos los pagos porque probablemente sus ganancias son muy pequeñas. Aunque siempre las cargas patronales salen del valor agregado, la estrechez es grande en este tipo de producción.
Al igual que con la fijación de los salarios mínimos, tratar a los grandes igual que a los pequeños, es la peor desigualdad, una injusticia. Cuando el salario mínimo se fija por igual para los obreros agrícolas de Del Monte o la Standard o los productores de banano, piña, arroz que, para los productores de hortalizas, por ejemplo, estamos engordando en muchísima mayor proporción las ganancias de los primeros, que incluso en pandemia han obtenido gigantescos ingresos. Tampoco puede ser igual el salario de un trabajador de Walmart o de McDonald o Barceló que los de un pequeño negocio de restaurante o una empresa de busetas de turismo.
Este tipo de fijaciones encierran una gran injusticia. Los salarios mínimos deberían establecerse en función de la productividad y de la ganancia obtenida por los patrones y con ello también las cargas sociales, incluyendo las patronales.
Las cargas patronales a la seguridad social NO las paga el patrono sino que se pagan con el plus valor agregado al bien o servicio que incorpora el trabajador o trabajadora.
Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)
El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción
La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.
El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.
La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.
El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.
El pago de la deuda como genocidio
El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.
Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.
Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.
Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento
El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.
El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.
El Acuerdo de Londres de 1953
El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.
Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.
El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?
Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.
Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.
Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina
Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.
La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.
La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.
Este lunes el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería han efectuado la apertura de la primera rueda virtual de negocios que se realiza por medio de la plataforma La Finca Agropecuaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde más de 2.000 productores y 50 compradores han de acercado la oferta de bienes de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a la demanda de las agroindustrias nacionales.
“Esta es la forma cómo la institucionalidad responde para apoyar a los productores en el escenario que nos impone la pandemia por COVID-19. Estas oportunidades son muy valiosas, porque no se trata solo de vender hoy, sino de alcanzar alianzas que nos permitan una relación fortalecida y un mejor conocimiento entre la producción agrícola primaria y la agroindustria para negocios futuros”, declaró el Ministro.
En tanto, el Presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a los productores al máximo, para lo cual “estamos trabajando duro en mejores condiciones de créditos, acceso a la tecnología y al valor agregado para llegar a mejores mercados”. (ElPaísCr,1-6-2020)
Ante estas manifestaciones de las autoridades del Gobierno actual, nos preguntamos si estas acciones introducen cambios importantes en la producción y en el comercio agropecuario y si se está aprovechando la coyuntura de la pandemia del covid-19 para impulsar una transformación de la actividad agrícola y agroindustrial, de los sistemas de producción o de la participación de los distintos sectores involucrados en dicha actividad, pero la respuesta es que no.
La política sectorial agrícola sigue enfatizando en el crecimiento de la producción, en el mejoramiento de la productividad, en el aumento de la agroexportación y en la adopción de nuevas tecnologías. El monocultivo de exportación en manos de grandes empresas por su aporte a la generación de divisas, sigue siendo el eje del modelo agropecuario nacional.
Por el contrario, una política agraria alternativa, debiera estar dirigida a superar los efectos de las políticas macroeconómicas de liberalización económica y apertura comercial aplicadas en los últimos 35 años, las cuales han afectado seriamente las condiciones de la micro y pequeña producción agrícola y agroindustrial, ha empobrecido a la población rural, ha priorizado en la importación agroalimentaria y ha profundizado el monocultivo de exportación.
Esta política agraria alternativa deberá estar centrada en la promoción de una agricultura más sostenible, en el apoyo a la innovación a partir de los recursos de la finca, en el fortalecimiento de la pequeña producción agrícola y la microempresa agroindustrial familiar, en el impulso de sistemas de comercio de mayor vinculación entre productores y consumidores y en el acceso a una oferta de productos más sanos, saludables y con identidad territorial.
Esta política agraria deberá estar dirigida claramente al mejoramiento de la producción agrícola y agroindustrial para el mercado interno y debe incluir acciones sobre innovación tecnológica, gestión de servicios agrícolas locales, comercialización justa e incluyente, financiamiento alternativo, sistema de riesgo agrícola, desarrollo agroindustrial rural y apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria.
El eje central de la propuesta de política agraria alternativa, es el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales para el mercado interno, mediante la reactivación de los servicios que ofrece la institucionalidad pública del sector agropecuario con la participación proactiva de los diferentes actores: campesinos, pequeños productores, cooperativas agrícolas, centros agrícolas cantonales y microempresas agroindustriales y agroturísticas.
Los propósitos de la misma serían:
Contribuir a cambiar las políticas agropecuarias y rurales para que respondan a las necesidades del pequeño agricultor, el microempresario agroindustrial y la población de las comunidades rurales
Impulsar una transformación de la actividad agropecuaria nacional, hacia una más sostenible e incluyente, mediante una innovación apropiada y creativa generadora de buenas prácticas y menos dependiente de recursos externos.
Apoyar decididamente la producción agroalimentaria para el mercado interno, que garantice el abastecimiento continuo de productos sanos y de calidad, la ejecución de mecanismos de comercio directo y justo y que favorezca la apropiación de recursos por parte de los productores.
Entre las acciones estratégicas para el cambio estarían:
1.Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles 2.Mejorar la gestión de servicios de apoyo agropecuario y rural que ofrece el Estado 3.Adecuar y dinamizar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno 4.Democratizar efectivamente el acceso al crédito de la pequeña producción y la microempresa 5.Establecer un sistema de seguros y de cobertura del riesgo de la producción agrícola 6.Fomentar el desarrollo de la agroindustria rural y del valor agregado de las actividades agropecuarias 7.Apoyar la aplicación de una ley marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
Una política agraria alternativa debe responder a la necesidad histórica de la transformación productiva del agro costarricense, que sea sostenible, equitativa e incluyente y que incorpore el otro eje del desarrollo hasta ahora abandonado, como es la producción para el mercado interno, la cual garantiza la producción de alimentos, el empleo de la población rural, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en las comunidades rurales.
Las acciones actuales dirigidas a promover el comercio virtual de productos, el plan anunciado para apoyar la producción de granos básicos y la recomendación del Ministro de Agricultura para que se consuman los productos que el país produce, no vendrán a resolver los problemas estructurales de la producción y el comercio agroalimentario del país. Por lo que no se vislumbran grandes cambios en la realidad de la agricultura costarricense luego de la pandemia.
