El debate por los datos sensibles en Costa Rica: Los argumentos que enfrentan al TSE y a la PRODHAB
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantienen un fuerte pulso legal tras la emisión de la resolución N.° 029-2026-RF. La PRODHAB determinó que el TSE comercializa datos biométricos de manera ilegal a través de su plataforma de Verificación de Identidad (VID), al cobrar a empresas privadas e instituciones públicas por validar huellas dactilares y fotografías sin el consentimiento expreso y previo de las personas. Ante esto, el Tribunal Electoral ha respondido con firmeza defendiendo la legalidad de sus servicios.
Los argumentos de la PRODHAB: Lucro sin consentimiento
La PRODHAB, creada bajo el amparo de la Ley N.° 8968 para garantizar el derecho constitucional a la autodeterminación informativa (artículos 24 y 28 de la Constitución Política), sostiene que las fotografías faciales y las huellas dactilares son datos sensibles.
Según el órgano regulador, el TSE actúa al margen de la ley al realizar las siguientes acciones de forma comercial:
- Operar y cobrar una tarifa a bancos y comercios para acceder a la plataforma VID.
- Validar rasgos físicos únicos almacenados en el Registro Civil para beneficio de terceros.
- Omitir la autorización previa de las personas para el procesamiento de sus rasgos individuales.
Como medida sancionatoria, la resolución de la PRODHAB ordena la cancelación de la inscripción de la base de datos del Registro Civil.
La defensa del TSE: «No hay venta de datos y las consecuencias serían gravísimas»
Por su parte, el TSE emitió un comunicado oficial donde rechaza tajantemente las acusaciones de comercialización y anuncia acciones legales inmediatas basadas en los siguientes cuatro puntos:
- Recurso legal: El TSE presentará un recurso de revocatoria formal en contra de la resolución n.° 029-2026 de la PRODHAB.
- Naturaleza pública de la consulta web: El Tribunal defiende que la información disponible en su sitio web (www.tse.go.cr) es de acceso irrestricto y carácter público, un criterio respaldado por la Sala Constitucional en su voto n.° 2008-16852, al referirse a datos vitales y básicos de las personas.
- El servicio VID no es venta: El TSE aclara que la plataforma VID no entrega datos biométricos a los contratistas; estos permanecen siempre bajo el resguardo exclusivo del organismo electoral. La institución se respalda en la opinión jurídica PGR-OJ-165-2025 de la Procuraduría General de la República, la cual señala que calificar el sistema como «venta» es una premisa equivocada, ya que funciona como un canal de validación que requiere la participación activa del ciudadano y no realiza transferencias de datos a terceros.
- Alerta por parálisis de servicios nacionales: El Tribunal advierte que ejecutar el punto 7 de la resolución de la PRODHAB —que exige cancelar la inscripción de la base de datos del Registro Civil— traería consecuencias gravísimas para el país. Esta medida provocaría una sensible afectación en múltiples plataformas esenciales, paralizando desde los servicios migratorios de nacionales hasta las transacciones del sistema bancario nacional.
El conflicto de competencias y criterios legales entre ambas entidades pone sobre la mesa el debate nacional acerca de los límites entre la seguridad tecnológica, la mitigación del fraude de identidad y el derecho fundamental a la privacidad de los datos sensibles en la era digital costarricense.
Ante esto surgen varias interrogantes:
¿El servicio de verificación de identidad del TSE es una herramienta necesaria contra el fraude o una comercialización encubierta de nuestros datos?
¿Debería la ciudadanía tener el control absoluto y previo sobre cómo las entidades usan sus huellas y fotografías, incluso frente a fines de seguridad bancaria?
TSE afirma que habría un impacto para el sistema bancario y migratorio si se cancela la base de datos del Registro Civil; ¿cómo resolver ese riesgo si se cancela el servicio que se brinda actualmente?
