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Etiqueta: protección de datos personales

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.

El debate por los datos sensibles en Costa Rica: Los argumentos que enfrentan al TSE y a la PRODHAB

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantienen un fuerte pulso legal tras la emisión de la resolución N.° 029-2026-RF. La PRODHAB determinó que el TSE comercializa datos biométricos de manera ilegal a través de su plataforma de Verificación de Identidad (VID), al cobrar a empresas privadas e instituciones públicas por validar huellas dactilares y fotografías sin el consentimiento expreso y previo de las personas. Ante esto, el Tribunal Electoral ha respondido con firmeza defendiendo la legalidad de sus servicios.

Los argumentos de la PRODHAB: Lucro sin consentimiento

La PRODHAB, creada bajo el amparo de la Ley N.° 8968 para garantizar el derecho constitucional a la autodeterminación informativa (artículos 24 y 28 de la Constitución Política), sostiene que las fotografías faciales y las huellas dactilares son datos sensibles.

Según el órgano regulador, el TSE actúa al margen de la ley al realizar las siguientes acciones de forma comercial:

  • Operar y cobrar una tarifa a bancos y comercios para acceder a la plataforma VID.
  • Validar rasgos físicos únicos almacenados en el Registro Civil para beneficio de terceros.
  • Omitir la autorización previa de las personas para el procesamiento de sus rasgos individuales.

Como medida sancionatoria, la resolución de la PRODHAB ordena la cancelación de la inscripción de la base de datos del Registro Civil.

La defensa del TSE: «No hay venta de datos y las consecuencias serían gravísimas»

Por su parte, el TSE emitió un comunicado oficial donde rechaza tajantemente las acusaciones de comercialización y anuncia acciones legales inmediatas basadas en los siguientes cuatro puntos:

  1. Recurso legal: El TSE presentará un recurso de revocatoria formal en contra de la resolución n.° 029-2026 de la PRODHAB.
  2. Naturaleza pública de la consulta web: El Tribunal defiende que la información disponible en su sitio web (www.tse.go.cr) es de acceso irrestricto y carácter público, un criterio respaldado por la Sala Constitucional en su voto n.° 2008-16852, al referirse a datos vitales y básicos de las personas.
  3. El servicio VID no es venta: El TSE aclara que la plataforma VID no entrega datos biométricos a los contratistas; estos permanecen siempre bajo el resguardo exclusivo del organismo electoral. La institución se respalda en la opinión jurídica PGR-OJ-165-2025 de la Procuraduría General de la República, la cual señala que calificar el sistema como «venta» es una premisa equivocada, ya que funciona como un canal de validación que requiere la participación activa del ciudadano y no realiza transferencias de datos a terceros.
  4. Alerta por parálisis de servicios nacionales: El Tribunal advierte que ejecutar el punto 7 de la resolución de la PRODHAB —que exige cancelar la inscripción de la base de datos del Registro Civil— traería consecuencias gravísimas para el país. Esta medida provocaría una sensible afectación en múltiples plataformas esenciales, paralizando desde los servicios migratorios de nacionales hasta las transacciones del sistema bancario nacional.

El conflicto de competencias y criterios legales entre ambas entidades pone sobre la mesa el debate nacional acerca de los límites entre la seguridad tecnológica, la mitigación del fraude de identidad y el derecho fundamental a la privacidad de los datos sensibles en la era digital costarricense.

Ante esto surgen varias interrogantes:

¿El servicio de verificación de identidad del TSE es una herramienta necesaria contra el fraude o una comercialización encubierta de nuestros datos?

¿Debería la ciudadanía tener el control absoluto y previo sobre cómo las entidades usan sus huellas y fotografías, incluso frente a fines de seguridad bancaria?

TSE afirma que habría un impacto para el sistema bancario y migratorio si se cancela la base de datos del Registro Civil; ¿cómo resolver ese riesgo si se cancela el servicio que se brinda actualmente?

Defensoría pide informe al INA sobre datos sensibles solicitados en formulario de “Hello Brete”

La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sobre la recolección de datos sensibles como parte del formulario de inscripción para el programa de inglés en la plataforma digital “Hello Brete”.

La Defensoría en la gestión elevada ante el INA solicitó referirse si los datos desagregados en el formulario son requeridos tratándose de la generalidad de poblaciones vulnerables, sea pueblos indígenas, personas y pueblos afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+ y otras. De no ser así, pidió detallar la razón que motivó la solicitud de la información sobre aspectos relativos a la población LGBTIQ+, particularmente en materia de orientación sexual y/o identidad de género, respaldados con los estudios técnicos correspondientes.

Asimismo, la Defensoría solicitó al INA referirse a la forma en la que esta información sería manejada, almacenada y utilizada con el fin del acceso a los cursos que se ofertan. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la ley 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. “También es importante conocer si la información se registraría de forma anonimizada y cuál será la entidad o instancia responsable de su resguardo y garantía de confidencialidad”.

Considerando además que el artículo 5 de la Ley N° 8968 obliga a quien recopile datos personales a obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular de esos datos, y que dicho consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en documento físico o electrónico; el INA deberá informar de las gestiones realizadas para cumplir con dicha obligación legal.

Otro punto que es de interés es que se remita a esta Defensoría el Protocolo de actuación diseñado y aplicado por el INA para regular la recolección, almacenamiento y manejo de los datos personales de las personas que se inscriban en la plataforma “Hello Brete”, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 8968, y precisar si dicho Protocolo está inscrito ante la PRODHAB, como lo exige la misma norma. También se hicieron otras consultas importantes en materia de la aplicación de la Ley 8968.

La Defensoría de los Habitantes recibió de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de organizaciones y activistas de derechos humanos, solicitudes para investigar esta situación.

Proyecto busca legalizar comercialización de datos sensibles de las personas

OMERCON

El Proyecto de Ley N.° 24.374 pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas. Esta propuesta busca legitimar el negocio de la venta de datos confidenciales, obtenidos por entidades financieras y comerciales de personas físicas o jurídicas privadas. En esencia, convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por una suma de dinero.

Este peligroso proyecto permitiría que personas y empresas recopilen, gestionen, almacenen, procesen y comercialicen información crediticia relacionada con el historial de pagos de individuos o empresas que figuran como deudores, codeudores o fiadores en operaciones de crédito otorgadas en Costa Rica. Es decir, parte de su historial privado podrá ser vendido y comprado sin su consentimiento, simplemente porque representa un negocio rentable para algunos, aunque eso ponga en riesgo su tranquilidad y seguridad.

Disfrazado como una iniciativa para proteger a los consumidores y facilitar el acceso al crédito, este proyecto propone que entidades privadas puedan acceder y vender información tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones crediticias, actualmente en poder de los acreedores. Los motivos detrás de esta propuesta son claramente mercantiles, ya que esas bases de datos tienen un valor de cientos de miles de dólares.

El proyecto obligaría a los entes que otorgan crédito a trasladar a empresas privadas tanto la información sobre morosidad como sobre créditos al día, datos que hasta hoy se consideran de carácter sensible.

“La información que se maneja es esencialmente información de incumplimiento, por falta de previsión expresa regulatoria. De esta forma, esta información resulta de cierta manera incompleta y no permite un análisis total de las situaciones”, indica el proyecto en su exposición de motivos.

La falta de control oficial sobre los datos de los créditos activos, los montos pagados mensualmente, los ingresos devengados, el efectivo manejado, y la situación de fiadores o codeudores, eleva exponencialmente el riesgo de que esa información personal circule entre terceros privados. Esto no solo vulnera la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizada para fines delictivos, como extorsión, secuestros o incluso asesinatos, en una Costa Rica cada vez más violenta e insegura.

Nada de lo que plantea este proyecto resulta necesario hoy en día, ya que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ente estatal, cuenta con una base de datos centralizada sobre toda la población costarricense. Dicha información puede ser consultada individualmente por los entes financieros formales que otorgan crédito, a través del Centro de Información Crediticia (CIC).

De hecho, hace pocos años las cámaras empresariales solicitaron, con acierto, que fuera el Banco Central de Costa Rica el único administrador del registro de accionistas, precisamente por la sensibilidad de esa información y el riesgo de que terminara en manos indebidas.

Resulta inaceptable que, por medio de una ley, se pretenda autorizar a empresas privadas para vender información personal y sensible de la ciudadanía costarricense. Cualquier error en esa información podría generar graves daños reputacionales y personales. Hoy más bien deberíamos eliminar del mercado a ciertas empresas que ya se lucran con parte de estos datos.

Existen compañías que hoy venden información personal obtenida de forma engañosa mediante cláusulas abusivas en contratos de adhesión, o bien comercializada ilegalmente, incluso hackeada de bases de datos. Muchas veces, además, se trata de información falsa. Contra este tipo de prácticas deberíamos actuar como sociedad para eliminar ese negocio ilegal y perjudicial.

Cerca de un millón de costarricenses han visto afectado su historial crediticio por entes financieros que, tras promover créditos de consumo sabiendo que comprometerían en exceso su capacidad de pago, hoy los acosan para cobrar. Con este proyecto, esas personas no solo deberán limpiar su historial ante la SUGEF, sino que también tendrán que lidiar con trámites, pagos y pérdida de tiempo para corregir su información en múltiples entidades privadas que podrían estar manejando sus datos sensibles.

Estamos conscientes del crecimiento de grupos delictivos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y mafias extorsivas, los cuales no dudarán en aprovechar estas brechas para su propio beneficio. Por una suma de dinero, podrían acceder a información sobre cuánto gana una persona, cuándo desembolsa dinero o cuándo paga sus créditos. No solo porque las empresas que negocian con esta información se los vendan, sino porque incluso podrían comprar dichas empresas o crear las suyas propias, todo de manera legal.

Llama la atención que algunos sectores que apoyan este proyecto, se opongan al mismo tiempo a que el Banco Central de Costa Rica pueda cruzar información para identificar riesgos en el manejo del dinero por parte de los intermediarios financieros —dinero que, al final, es de la sociedad. Incluso han propuesto que el BCCR no pueda acceder ni utilizar esa información, que con este nuevo proyecto se pretende dejar en manos privadas y disponibles para la comercialización.

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestemos en contra.

Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor