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Etiqueta: protesta social

La alegría también disputa el poder: estéticas de la resistencia

Rodrigo Campos Hernández

Rodrigo H. Campos Hernández

Hay escenas de las movilizaciones sociales que merecen tanta atención como los discursos y las demandas que las convocan. Una orquesta que lleva su música a una plaza. Jóvenes que abrazan a personas mayores que han llegado a expresarles su apoyo. Carteles hechos a mano, marionetas, danzas y canciones que transforman una calle. En esas prácticas se construyen relaciones, se transmiten memorias y se experimentan maneras de vivir juntos.

Mirar la protesta desde esta perspectiva permite reconocer algo que suele quedar relegado en las narraciones centradas en los enfrentamientos: la resistencia también produce comunidad. Su fuerza se encuentra en lo que reclama y en las relaciones que quienes participan logran construir durante la lucha.

La calle como lugar de encuentro

Las movilizaciones estudiantiles francesas ofrecen un punto de partida. La incorporación de docentes, familias, sindicatos y otros sectores permite observar cómo una demanda educativa puede convertirse en un espacio de convergencia social. También se han documentado expresiones de apoyo de personas mayores y jubiladas hacia las generaciones jóvenes. Esos encuentros abren una pregunta: ¿qué sucede cuando distintas edades reconocen que sus problemas y sus esperanzas están relacionados?

La solidaridad entre generaciones puede interrumpir prejuicios arraigados. La juventud deja de aparecer como incapaz de comprender el mundo; la vejez deja de quedar asociada inevitablemente con la resignación o el inmovilismo. Un abrazo entre quienes marchan y quienes llegan a acompañarlos puede expresar un reconocimiento político: tu lucha merece ser escuchada y tiene algo que ver conmigo.

Podemos hablar de una horizontalidad entre generaciones cuando la edad deja de funcionar como título automático de autoridad o motivo de descalificación. Esto no supone borrar las diferencias de experiencia. Significa reconocer una igual capacidad para participar, aprender y contribuir.

Una escena afectuosa no demuestra que todas las jerarquías hayan desaparecido. Pero permite advertir una posibilidad: construir relaciones en las que las diferencias no se conviertan necesariamente en subordinaciones.

La solidaridad también viaja en sentido inverso

Argentina aporta otra escena de ese encuentro. El 12 de marzo de 2025, hinchas de distintos clubes, sindicatos y organizaciones sociales acompañaron a jubiladas y jubilados frente al Congreso. Las agresiones sufridas por personas mayores en protestas anteriores habían contribuido a movilizar nuevos apoyos. Durante aquella jornada, la respuesta policial volvió a incluir gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles.

Las personas mayores eran protagonistas de una lucha que ya venían sosteniendo. Los sectores que se incorporaron reconocieron esa iniciativa y ampliaron su acompañamiento. Defender condiciones dignas para la vejez se convirtió en un motivo de encuentro entre personas con trayectorias y pertenencias diferentes.

Las camisetas de distintos equipos reunidas alrededor de una demanda compartida permiten leer también una dimensión estética de la solidaridad. Los símbolos de la cultura popular adquieren un sentido político que atraviesa rivalidades habituales. En esa convergencia se expresa una idea sencilla y exigente: lo que le sucede al otro también nos concierne.

El arte transforma la experiencia de protestar

La participación de L’Orchestre du Nouveau Monde en las movilizaciones francesas resulta especialmente significativa. Su manifiesto define al colectivo como una orquesta de resistencia comprometida con la justicia social y climática. Cuestiona el elitismo y el acceso desigual a la música clásica, y propone comprender el arte como un bien común.

Llevar una orquesta a la calle modifica las condiciones de encuentro con ese patrimonio cultural: quién puede escucharlo, dónde se interpreta y con qué luchas se relaciona. La música participa en una disputa por el acceso a la cultura y por el sentido de lo que compartimos.

Jacques Rancière (2000) ofrece una herramienta para comprenderlo mediante su concepto de «reparto de lo sensible»: la organización de aquello que puede verse, escucharse y reconocerse como parte de la vida común. Desde esta perspectiva, la política incluye la irrupción de quienes no eran reconocidos como interlocutores.

Aplicada a estas escenas, esa mirada permite comprender cómo una plaza ocupada por música, carteles y cuerpos modifica temporalmente los usos esperados del espacio. Quienes suelen aparecer como una interrupción del tránsito se presentan como personas con palabra, memoria y capacidad creadora.

La danza, las marionetas, las canciones y el humor hacen perceptibles demandas y experiencias. También permiten soportar el cansancio y reconocerse entre desconocidos. Su valor político merece ser examinado junto con sus formas artísticas.

La alegría y el cuidado construyen comunidad

Barbara Ehrenreich (2007) estudió la historia de la alegría colectiva y de las prácticas compartidas de música, danza y celebración. Su trabajo permite preguntarnos por la capacidad de estas experiencias para crear vínculos y por los conflictos que suscitan frente a distintas formas de autoridad.

En una movilización, la alegría puede ayudar a sostener la presencia y el compromiso. Quienes se encuentran descubren que su preocupación tiene resonancias en otras vidas. Esa experiencia puede transformar la soledad en disposición para actuar juntos.

También conviene observar los gestos menos espectaculares: acompañar a quien tiene miedo, adaptar el paso, escuchar, compartir recursos o facilitar que alguien descanse. Las investigaciones sobre movimientos sociales y política del cuidado muestran la importancia de examinar cómo la empatía y las prácticas de apoyo intervienen en la construcción de solidaridad.

La calidad democrática de una protesta se juega también allí. Importa quién puede participar, quién queda excluido y sobre quién recae el trabajo de cuidar. Una movilización puede proclamar igualdad y reproducir desigualdades en su organización. La horizontalidad requiere atención y trabajo.

Además, defender la alegría no significa exigir que las personas agraviadas sean siempre festivas o agradables. La resistencia contiene duelo, rabia, miedo y agotamiento. Su legitimidad no depende de ofrecer un espectáculo simpático a quienes la observan.

Una memoria que se canta, se baila y se escribe

Diana Taylor (2003) ha mostrado cómo las prácticas corporales y escénicas transmiten conocimiento y memoria. Desde esa perspectiva, las canciones, los gestos y las actuaciones callejeras pueden entenderse como formas de conservar y transformar experiencias colectivas.

Cada generación recibe expresiones de luchas anteriores y puede modificarlas. Una melodía conocida adquiere otra letra; un símbolo cambia de contexto; una consigna vuelve a circular. La cultura de la protesta se construye mediante esa relación entre herencia e invención.

Los grafitis y las intervenciones sobre monumentos abren una discusión semejante: ¿quién puede inscribir su memoria en la ciudad y qué voces son descalificadas de antemano como suciedad? Reconocer su significado político exige examinar también sus efectos materiales. Una proyección temporal, una pintada y un daño irreversible requieren valoraciones distintas. El análisis gana profundidad cuando considera tanto la disputa simbólica como el cuidado de bienes compartidos.

Los afectos también tienen política

La creatividad y las emociones no pertenecen exclusivamente a las izquierdas. Walter Benjamin (2003) advirtió sobre la estetización de la política en el fascismo. El espectáculo, los símbolos y la movilización afectiva también pueden servir a la obediencia y la exclusión.

La religión participa asimismo de experiencias estéticas mediante imágenes, música, rituales y gestos que generan pertenencia. Los estudios de Birgit Meyer (2009) permiten comprender esa dimensión sensible. Su significado político depende de cómo se emplea: las prácticas religiosas pueden sostener relaciones de autoridad, pero también experiencias de solidaridad y emancipación.

Por eso, la cuestión decisiva es qué relaciones promueven esas expresiones y qué lugar conceden a quienes piensan o viven de otra manera.

En Costa Rica, afirmaciones como la de Laura Fernández, recogida el 27 de mayo de 2026, según la cual «los comunistas destruyen a su paso todo», convierten una diversidad de actores y experiencias en un enemigo homogéneo. Frente a esa descalificación, documentar las prácticas creadoras de los movimientos permite recuperar la complejidad que el estigma elimina.

La sociedad que comienza a practicarse

La idea de política prefigurativa permite reunir estas observaciones: las formas de organizarse en el presente pueden procurar coherencia con la sociedad que se desea construir. La cooperación, la participación y el cuidado se convierten así en prácticas que deben ponerse a prueba durante la propia lucha.

Su alcance dependerá también de lo que perdure: redes de apoyo, aprendizajes, organización y compromisos que sobrevivan a la jornada. Una comunidad necesita continuidad para transformar la emoción del encuentro en capacidad colectiva.

Las estéticas de la resistencia hacen visibles esas posibilidades. En una orquesta que comparte la plaza, en generaciones que se reconocen y en personas que acompañan una demanda ajena, podemos observar ensayos de una vida común más digna.

La alegría disputa el poder cuando ayuda a construir esos vínculos. Y la pregunta que dejan abierta merece acompañarnos más allá de cada manifestación: ¿qué sociedad empieza a hacerse posible en la manera en que nos tratamos mientras resistimos?

Defender la protesta es defender la democracia

Esta reflexión adquiere una relevancia inmediata en Costa Rica. El llamado de Ariel Robles a marchar y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, en defensa de la educación pública, dio lugar a una denuncia penal por presunta instigación pública y a una investigación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Su referencia a las movilizaciones de Francia y España fue interpretada por sus adversarios como una convocatoria a reproducir hechos violentos.

Ante esa interpretación, corresponde recuperar una distinción jurídica fundamental: convocar a movilizarse no equivale a instigar un delito. El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ese mismo derecho y exige que sus restricciones estén previstas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática. La presión ciudadana pacífica sobre quienes gobiernan forma parte del ejercicio de esas libertades.

El artículo 280 del Código Penal exige una instigación a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. Por eso, atribuir carácter delictivo a una convocatoria requiere identificar la conducta criminal que se habría promovido y demostrar que el mensaje efectivamente incita a realizarla. En el llamado a marchar y acampar reproducido por la prensa no aparece una exhortación expresa a agredir personas, incendiar edificios o saquear comercios. La referencia a movilizaciones extranjeras tampoco permite, por sí sola, atribuir al convocante todos los actos cometidos durante ellas. Esta valoración se refiere a ese mensaje; el examen integral de la denuncia exige revisar los demás materiales que incorpora.

Una acampada puede constituir una forma de reunión pacífica. Sus condiciones concretas de lugar, duración y afectación de derechos ajenos deben examinarse mediante criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La incomodidad que provoca una protesta o su capacidad para interrumpir la rutina no la convierten automáticamente en violencia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, además, que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse indiscriminadamente a los demás, a los organizadores o a la reunión en su conjunto.

La apertura de una investigación tampoco demuestra la existencia de un delito. El control político debe respetar las libertades que hacen posible la deliberación democrática. Resulta particularmente preocupante que una comisión dedicada a los derechos humanos pueda contribuir a presentar como sospechoso el ejercicio de un derecho que está llamada a proteger. Si el reproche consiste únicamente en convocar una movilización pacífica para exigir una decisión presupuestaria distinta, ese reproche carece de sustento suficiente para una imputación por instigación pública.

Aquí se encuentran la dimensión jurídica y la dimensión cultural de la resistencia. La posibilidad de cantar, reunirse, acompañarse y permanecer juntos en el espacio público necesita garantías que protejan a quienes disienten. Una ciudadanía que teme ser investigada por convocar a una protesta dispone de menos libertad para construir esos vínculos y hacer escuchar sus demandas.

Defender la educación pública mediante una movilización pacífica es participar en la discusión sobre nuestro futuro común. Las instituciones democráticas deben poder escuchar esa presencia, incluso cuando resulta incómoda y exige cambios. En las calles, distintas generaciones pueden reconocerse, compartir sus preocupaciones y construir solidaridad. Proteger ese encuentro es también proteger la democracia.

La alegría disputa el poder cuando convierte el miedo y el aislamiento en capacidad de actuar juntos. Una democracia se fortalece cuando garantiza el espacio para que esa capacidad pueda ejercerse.

Augusto Boal (2022) comprendió que el teatro podía ser un ensayo de la revolución. Las estéticas de la resistencia nos invitan a llevar esa intuición a la calle: al cantar, bailar, intervenir sus muros y crear juntos, los pueblos ensayan formas de habitar el mundo y de decidir sobre él. Defender ese espacio de creación colectiva es defender una democracia en la que la ciudadanía pueda imaginar y construir algo distinto de lo que el poder le ofrece.

La vida en disputa: democracia, poder y resistencias en el 2026

Rodrigo Campos Hernández

Rodrigo H. Campos Hernández

¿Qué relación puede existir entre estudiantes franceses que reclaman condiciones dignas para estudiar, personas que se movilizan en España por el derecho a la vivienda, jóvenes que rechazan la militarización de su futuro y productores costarricenses que defienden sus posibilidades de subsistencia? ¿Qué conecta esas luchas con la solidaridad hacia Palestina, la defensa de la universidad pública y la exigencia de que los gobiernos respeten las decisiones judiciales?

No estamos necesariamente ante un movimiento internacional coordinado. Tampoco sus protagonistas comparten una misma interpretación del mundo. Sin embargo, la diversidad de las demandas permite reconocer una preocupación común: la creciente dificultad para sostener una vida digna y participar efectivamente en las decisiones que la condicionan.

Esta es una lectura de coyuntura. Su propósito es identificar relaciones entre acontecimientos que suelen presentarse como noticias separadas. La hipótesis que propongo es que atravesamos una crisis de la democracia liberal en la que confluyen el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el fortalecimiento de proyectos autoritarios y una reorganización conflictiva del poder mundial.

La vida como problema político

La educación, la vivienda, la salud y la alimentación constituyen las condiciones materiales de la ciudadanía. Su deterioro tiene consecuencias democráticas: una persona absorbida por la incertidumbre de dónde vivirá, cómo se alimentará o si podrá continuar estudiando dispone de menos recursos para intervenir en la vida pública.

Las movilizaciones estudiantiles francesas expresan esa relación. Los reclamos por personal docente, infraestructura y condiciones educativas cuestionan la distancia entre las promesas de igualdad y las oportunidades concretas para construir un futuro. La incorporación de estudiantes de secundaria resulta especialmente significativa: quienes apenas comienzan a ejercer su ciudadanía están señalando las insuficiencias de la sociedad a la que se les pide integrarse.

En España, las protestas por la vivienda y la indignación ante el fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar, colocan otra dimensión del conflicto: la distancia entre el reconocimiento del derecho a una vivienda y las condiciones efectivas para permanecer en ella. Su historia se convirtió en un símbolo de una inseguridad compartida por muchas otras personas.

La pregunta que atraviesa estos acontecimientos es profundamente política: ¿qué significa pertenecer a una democracia cuando los medios necesarios para vivir quedan fuera del alcance de una parte de su población?

Cuando la respuesta es la represión

La protesta constituye una forma de participación democrática. Permite hacer visibles necesidades que los procedimientos ordinarios no han atendido y disputar decisiones que afectan a sectores excluidos de su elaboración.

Por eso, la respuesta represiva merece ocupar el centro del análisis. En Francia, las noticias sobre gases, detenciones y denuncias de violencia contra estudiantes muestran que el conflicto comprende también la manera en que el poder enfrenta a quienes cuestionan sus prioridades.

No toda intervención policial tiene el mismo carácter. Pero cuando las demandas pasan a segundo plano y sus protagonistas son tratados principalmente como amenazas al orden, se produce una inversión: quienes denuncian una situación intolerable terminan convertidos en el problema que debe controlarse.

La democracia pierde sustancia cuando reconoce formalmente el derecho a expresarse, pero encarece su ejercicio mediante intimidación, estigmatización o violencia. El conflicto social puede revelar fallas institucionales; la represión puede profundizarlas al cerrar las posibilidades de una respuesta negociada.

La extrema derecha y la administración del malestar

Esta coyuntura adquiere otra dimensión cuando se examina el avance de las derechas radicales. Su fuerza política se alimenta de frustraciones reales: inseguridad, precariedad, desconfianza y sensación de abandono. Su eficacia consiste, en parte, en ofrecer una interpretación de esas experiencias y señalar responsables.

Migrantes, sindicatos, feminismos, universidades y organismos de derechos humanos pueden aparecer entonces como enemigos de una comunidad supuestamente amenazada. La promesa de restauración del orden permite desplazar la discusión sobre las estructuras que producen desigualdad hacia la persecución de actores presentados como culpables.

Las variantes nacionales importan. Algunas fuerzas promueven recortes y privatizaciones; otras ofrecen protección social selectiva, reservada a quienes consideran miembros legítimos de la nación. En ambos casos debemos preguntar qué ocurre con la universalidad de los derechos y con la posición de quienes quedan excluidos.

Tampoco el deterioro comenzó con el ascenso reciente de estas fuerzas. Gobiernos de distintas orientaciones contribuyeron al desgaste de las protecciones sociales y de la representación política. Reconocer esa responsabilidad permite comprender el terreno sobre el que crece la extrema derecha, sin borrar las diferencias entre proyectos ni atribuir a todos los gobiernos una intención idéntica.

La particularidad autoritaria aparece cuando el malestar se utiliza para concentrar poder y debilitar las herramientas con las que la ciudadanía podría exigir una distribución distinta de recursos, riesgos y oportunidades.

Vaciar la democracia desde sus instituciones

La degradación democrática puede desarrollarse mediante procedimientos formalmente institucionales. Una mayoría electoral puede presentarse como autorización para deslegitimar tribunales, restringir autonomías o excluir interlocutores incómodos.

Bajo ese razonamiento, la victoria en las urnas deja de ser un mandato limitado y se convierte en una pretensión de dominio sobre el Estado. Los controles aparecen como obstáculos; la oposición, como sabotaje; la protesta, como amenaza.

Aquí radica una contradicción decisiva: se invoca la democracia para debilitar las condiciones que permiten ejercerla. Pueden mantenerse elecciones y organismos públicos mientras disminuye la capacidad efectiva de la población para controlar a quienes gobiernan.

Sin embargo, las instituciones conservan diferencias y conflictos internos. Un tribunal que limita al Ejecutivo, una universidad que produce conocimiento crítico o una organización que defiende derechos muestran que el Estado y la sociedad siguen siendo terrenos en disputa. Defender esas capacidades forma parte de la resistencia al vaciamiento democrático.

Costa Rica: representación, sustento y pensamiento crítico

Los acontecimientos costarricenses permiten observar varias expresiones de esta tensión.

La controversia por la incorporación de Rocío Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS afecta la participación de un sector social en una institución fundamental. La información publicada recoge una orden de la Sala Constitucional y la denuncia posterior de incumplimiento del plazo por parte del Gobierno. El problema político es evidente: una garantía pierde eficacia cuando su cumplimiento puede postergarse hasta neutralizar la representación que debía proteger.

Las movilizaciones agropecuarias frente a Casa Presidencial, por su parte, colocan en discusión los efectos de la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico. Además de las diferencias sobre sus consecuencias económicas, aparece el reclamo por la participación de quienes enfrentarían esos efectos. La deliberación democrática exige que las personas afectadas puedan incidir en las decisiones y conocer cómo se distribuirán sus beneficios y costos.

El señalamiento de supuesto adoctrinamiento de izquierda en las universidades públicas introduce otra dimensión. Según información periodística, una diputada oficialista pidió investigar el aparente financiamiento estatal de proyectos de esa orientación. Se trata de una acusación política que requiere pruebas, no de una descripción acreditada del trabajo universitario.

Fiscalizar recursos públicos es una obligación legítima. Convertir la orientación ideológica atribuida a una institución en motivo de sospecha abre, en cambio, la posibilidad de usar esa fiscalización como instrumento de disciplinamiento.

Una universidad debe permitir estudiar y discutir el marxismo, el liberalismo, el conservadurismo y cualquier otra tradición mediante argumentos y evidencia. Conocer una corriente no equivale a adherirse a ella. El adoctrinamiento comienza donde se impide preguntar, contrastar y disentir.

La autonomía tampoco exime de rendir cuentas. Protege la posibilidad de investigar y enseñar sin someter el conocimiento a la conveniencia del gobierno de turno. Cuando el pensamiento crítico se presenta como peligro, la discusión presupuestaria puede transformarse en una disputa sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad.

En ese mismo ámbito de circulación de ideas se ubica la cancelación de las funciones del documental Naza en Cinema San Pedro. La retirada está documentada; atribuirla concluyentemente a presiones diplomáticas requiere evidencia adicional. El episodio permite, en todo caso, preguntar por las condiciones que favorecen o restringen el acceso del público a obras políticamente incómodas.

Un orden mundial en disputa

Estas tensiones ocurren en un escenario de competencia entre centros de poder. La erosión relativa de la hegemonía estadounidense y el avance de la multipolaridad modifican alianzas, dependencias y márgenes de actuación.

Multipolaridad y multilateralismo son procesos diferentes. La existencia de varias potencias no garantiza cooperación, respeto por el derecho internacional ni democratización. Puede ampliar las opciones de algunos países y, simultáneamente, intensificar disputas por recursos, mercados y territorios.

En ese contexto, la seguridad y la competencia internacional pueden convertirse en argumentos para exigir sacrificios internos. La cuestión democrática consiste en determinar quién define esas prioridades y quién soporta sus consecuencias.

La tensión entre el reconocimiento a Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y las presiones estadounidenses sobre la Corte Penal Internacional ilustra la disputa por la eficacia de los límites jurídicos frente al poder. La universalidad de los derechos pierde credibilidad cuando su exigencia depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.

También desde esta perspectiva, las movilizaciones electorales brasileñas pueden interpretarse como algo más que adhesión a una candidatura. Para sectores que apoyan a Lula, está en juego el rechazo al proyecto representado por Flávio Bolsonaro. Reconocer esa diferencia no exige ignorar las contradicciones del gobierno ni renunciar a cuestionarlo.

La promesa de salvación y las políticas contra la vida

Cabe aquí una digresión teológica. El apocalipsis puede pensarse, en su sentido de revelación, como una imagen de aquello que una crisis deja al descubierto.

Desde esa perspectiva, conviene interrogar los discursos que prometen salvar la civilización, la nación o la familia mientras aceptan que determinadas poblaciones carguen con abandono, exclusión o violencia. La pregunta se dirige a sus consecuencias y a las prioridades que las justifican.

Llamar “anti vida” a una política exige precisar su contenido: decisiones que deterioran las condiciones para vivir, trasladan daños evitables a los sectores más vulnerables o subordinan derechos fundamentales a la protección de privilegios.

La contradicción resulta especialmente visible cuando esos proyectos se presentan como defensores de valores cristianos. Su pretensión moral debe confrontarse con el trato que proponen para las personas pobres, extranjeras, disidentes o afectadas por la guerra. Esta crítica se dirige a la instrumentalización del lenguaje religioso y reconoce que también existen comunidades creyentes comprometidas con la solidaridad y la justicia.

La metáfora del anticristo podría expresar esa inversión: una promesa de salvación cuyo cumplimiento exige sacrificar a otros. Su valor crítico reside en revelar esa contradicción, sin convertir la discusión política en una clasificación de enemigos proféticos.

Resistir también es producir democracia

Las movilizaciones descritas no garantizan una transformación emancipadora. Pueden dispersarse, ser reprimidas o quedar atrapadas en respuestas que reproduzcan la exclusión. La indignación no tiene un destino político asegurado.

Sin embargo, permiten reconocer una disputa que atraviesa esta coyuntura: amplios sectores se resisten a aceptar que su educación, vivienda, sustento o existencia constituyan el costo inevitable de decisiones en las que apenas participan.

La crisis democrática se profundiza cuando la incapacidad para garantizar una vida digna se convierte en oportunidad para concentrar poder y restringir la capacidad de exigirla. Frente a ello, defender la democracia supone proteger libertades y controles institucionales, ampliar la participación y transformar las condiciones materiales que vuelven desiguales a quienes formalmente son ciudadanos iguales.

El desafío consiste en reconocer vínculos entre luchas distintas sin borrar sus particularidades. La defensa de una escuela, de una vivienda, de la producción agrícola o de la libertad de pensamiento puede encontrarse en una exigencia compartida: que la organización de la sociedad responda a las necesidades de quienes la sostienen.

Una democracia debe poder ser interpelada y transformada por esas personas. Cuando les exige silencio y sacrificios mientras protege privilegios, son precisamente quienes protestan los que vuelven a plantear su pregunta fundamental: ¿para quién y para qué se ejerce el poder?

Lo que no se mueve se termina moviendo – Crónica

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace frio y me falta café (y un abrigo, diría Sui Generis en su mítica Confesiones de Invierno). Me dedico a observar los entretelones de la disposición securitaria que resguardará el feo edificio de la Asamblea Legislativa cuando lleguen los estudiantes universitarios de las principales universidades públicas del país.

“Es una desproporción”- pienso mientras hundo mis manos en un impermeable que algo me protege del viento helado que recorre San José a esta hora.

Y es que, en tiempos de narrativas y discursos de violencia impulsados por el ejecutivo, sus voceros y sus tik tokers, qué práctica no termina siendo desproporcionada.

Entonces pienso en los signos de los tiempos que nos tocó vivir.

Allí, en esa plaza, hace unas semanas, el significado de plantón adquirió un nuevo sentido. Ahora es una forma de lucha que se lucha de pie, aunque en otros países la imagen sea la “sentada”, como muy bien recupera en sus trabajos sobre luchas migrantes en Mesoamérica la querida colega y activista Amarela Varela.

Allí en esa plaza, saludo viejos y nuevos amigos. Algunos me alertan sobre los peligros que acechan. El cerco es muy grande. Tanto, que este fin de semana un diario nacional incluyó como caso emblemático de costarricenses solicitantes de refugio, una persona amenazada de muerte por emitir en sus redes sociales opiniones contrarias a la entonces candidata (hoy presidenta).

Así las cosas…

Reflexiono. Son otros tiempos. Se debe responder de otra manera. Y esa otra manera entró bailando con una fuerza descomunal allí, en el lugar donde semanas antes algo quizá diferente en la resistencia se haya iniciado.

Comparto la observación con el querido premio Magón Manuel Monestel, cantautor costarricense, sociólogo investigador cultural. Quizá casi nadie recuerda que Manuel junto con su legendaria Cantoamérica fue parte de la banda sonora del movimiento universitario de 1991, aquel que terminó provocando la salida del entonces ministro de Hacienda Thelmo Vargas. Allí estuvimos.

Si, eran otros tiempos. Pero entonces como ahora la música, el arte en general tomó las calles y llenó todo de ritmo, color, formas.

Observamos las formas y los fondos.

– que lindo”- me dice Manuel al mirar ese extraordinario ritmo emplazando el espacio. Le digo que ya esos movimientos, los que protagonizaban los estudiantes en aquel momento, no los podríamos hacer ni el ni yo.

Luego de unos segundos de silencio Manuel me tira una bocanada que la recojo con gusto: – ¿quién dice que no?

En esta época el movimiento debe ser la norma. Es cierto: lo que no se mueve, se termina moviendo.

A eso vamos.

Esto está empezando y “ya no siento frío…”

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta

La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general para acompañar y observar diversos procesos judiciales relacionados con personas que enfrentan causas derivadas de manifestaciones en solidaridad con Palestina y de protestas contra el abuso policial.

La convocatoria enfatiza que la protesta social no constituye un delito y plantea la importancia de la presencia ciudadana en las audiencias como una forma de respaldar la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos y las garantías democráticas.

Según la información divulgada, las actividades de acompañamiento se realizarán en el Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea, frente al Parque de Goicoechea, donde se desarrollarán varias audiencias y juicios durante junio.

La primera actividad corresponde a la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional, luego de mostrar la bandera palestina. La convocatoria señala que este proceso se relaciona con acciones de solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, para el martes 9 de junio está prevista la continuación del juicio de una persona detenida durante el mismo contexto, por manifestarse en favor de Palestina en las afueras del estadio.

Posteriormente, los días 24 y 25 de junio se realizará el juicio de personas detenidas durante una manifestación contra el abuso policial ocurrida en 2023.

La Red de Solidaridad con Palestina sostiene que el acompañamiento ciudadano y la observación pública constituyen herramientas importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

Las personas organizadoras invitan a participar de manera pacífica y solidaria en las distintas jornadas programadas.

Cronograma de actividades

El sábado 30 de mayo se realizó la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional por mostrar la bandera de Palestina.

Martes 9 de junio – 7:30 p.m.
Continuación del juicio de una persona detenida durante el traspaso de poderes por manifestarse en favor de Palestina fuera del estadio.

24 y 25 de junio
Juicio de personas detenidas en la manifestación contra el abuso policial de 2023.

Lugar: Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea (frente al Parque de Goicoechea).

Wyomia Tyus: oros olímpicos contra la segregación

Gabe Abrahams

La atleta Wyomia Tyus consiguió ser varias veces campeona olímpica y plusmarquista mundial en pruebas de velocidad y luchó a favor de causas justas. Sus gestas y su compromiso son recordados en este artículo.

Wyomia Tyus nació el 29 de agosto de 1945, en Griffin, Georgia, Estados Unidos, y pasó sus primeros años de vida en una granja, junto a sus padres Willie y Marie y sus tres hermanos.

Tyus creció entre blancos y padeció la segregación racial en la escuela. Debido a eso, su padre le inculcó la idea de que en Estados Unidos no podría hacer nada sin esforzarse por superar el estigma racial.

Durante sus estudios en el instituto, Tyus jugó al baloncesto, aunque, al final, se decantó por el atletismo. Y, una vez inició sus estudios en la Universidad Estatal de Tennessee, Nashville, consiguió triunfos y récords en su nuevo deporte.

Esos éxitos provocaron que, en 1964, con solo 19 años, fuese seleccionada para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los cuales alcanzó una temprana gloria olímpica.

En la final de la prueba de los 100 metros de los Juegos de Tokio, así pues, la joven Tyus se impuso con autoridad a sus rivales y se colgó la medalla de oro, dejando por detrás a su compatriota Edith McGwire. Redondeó su gesta olímpica al ganar la medalla de plata con el equipo norteamericano de relevos de 4×100 metros.

En los años posteriores a su hazaña olímpica, Wyomia Tyus no se durmió en los laureles, siguió entrenando a pleno ritmo y alcanzó otros logros deportivos. Por ejemplo, en 1965, en un encuentro atlético entre Estados Unidos y la URSS celebrado en la ciudad de Kiev, pulverizó la plusmarca mundial de los 100 metros con un registro de 11.1.

Ya en 1968, Tyus acudió a sus segundos Juegos Olímpicos, los celebrados en México. Y, de nuevo, se impuso con autoridad en la prueba de los 100 metros. Se colgó la medalla de oro y batió la plusmarca mundial de la distancia con un registro de 11.08. Su segunda gesta olímpica convirtió a la atleta norteamericana de 23 años en el primer ser humano de la historia que ganaba dos medallas de oro olímpicas en la prueba de los 100 metros.

Por si todo esto no fuese suficiente, en la final de los relevos de 4×100 metros, el equipo norteamericano encabezado por Tyus consiguió aquello que no había logrado en la olimpiada anterior, es decir, ganar la medalla de oro y pulverizar la plusmarca mundial con un tiempo de 42.8.

En los Juegos Olímpicos de México, más allá de su actividad deportiva y sus oros olímpicos, Tyus se posicionó contra la segregación y el racismo que ella y sus compañeros negros de selección padecían en su país. Como señal de protesta por esa situación inhumana, vistió pantalones negros en las competiciones en las que participó, en lugar de los de color blanco del equipo estadounidense.

En Estados Unidos, la segregación racial estuvo amparada por las leyes Jim Crow hasta 1965 y por las leyes antimestizaje otros dos años más, aunque a efectos reales continuó vigente en una parte del país en las décadas posteriores.

Finalizados los Juegos de México, Wyomia Tyus se retiró del deporte en activo a pesar de su juventud, regresando a la competición solo ocasionalmente dentro de la Asociación Internacional de Atletismo Profesional.

Una vez dejó atrás los Juegos de México, Tyus tuvo varios trabajos en el campo de la educación y volvió a implicarse en la defensa de las causas justas. Una de sus actividades más destacadas fue la de ser miembro fundador de la Women’s Sports Foundation, una entidad que se dedicó a la promoción de la autonomía de la mujer a través del deporte.

En 1969, Wyomia Tyus se casó con Art Simburg, con quien tuvo un hijo. Y, en 1978, hizo lo propio con Duane Tillman, con quien tuvo a su segundo hijo.

En 1985, Tyus fue incluida en el Olympic Hall of Fame de Estados Unidos. Y, en 1999, recibió otro reconocimiento especial. Su ciudad natal, Griffin, le dedicó el Parque Olímpico Wyomia Tyus.

Más recientemente, en 2018, la velocista también publicó sus memorias, Tigerbelle: the Wyomia Tyus story, junto a Elizabeth Terzakis.

Wyomia Tyus cuenta en la actualidad con 80 años de edad. Es una de las grandes campeonas olímpicas del siglo XX que continua con vida. Su ejemplo deportivo y social todavía inspira a las nuevas generaciones. Esperemos que permanezca mucho tiempo entre nosotros. Quizás, será la mejor señal de que su figura, lejos de apagarse, sigue vigente.

Convocan manifestación contra la guerra y la impunidad

Diversas organizaciones y personas ciudadanas convocan a una manifestación nacional contra la guerra y la impunidad, en la que se expresará rechazo a la participación de líderes vinculados con conflictos armados en actividades oficiales en el país, así como la exigencia de acciones judiciales ante presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La convocatoria plantea que Costa Rica, históricamente reconocida por su vocación pacifista, “no da la bienvenida a la guerra” y reafirma su compromiso con la paz. En ese marco, se solicita a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza para que se investiguen los hechos señalados y se proceda conforme a derecho.

En particular, se exige la detención inmediata de Isaac Herzog, presidente de Israel, a quien se le atribuyen responsabilidades en crímenes de guerra y de lesa humanidad denunciados en distintos países. Según se informa, la Red de Solidaridad con Palestina presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público solicitando su arresto.

La actividad se llevará a cabo el viernes 8 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m., frente a la Corte Suprema de Justicia en San José. Las personas organizadoras hacen un llamado a la participación ciudadana bajo consignas como “por la vida, por la dignidad” y en solidaridad con el pueblo palestino, reafirmando que “Costa Rica es y será tierra de paz”.

La convocatoria es impulsada por la Red de Solidaridad con Palestina, junto con otros colectivos que promueven la justicia internacional, la paz y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se suman consignas como “no a la guerra, sí a la paz” y el rechazo a tratados como el TLC con Israel.

Organizaciones socioambientales respaldan al movimiento estudiantil de la UCR

Comunicado
Costa Rica, 23 de abril de 2026

Las organizaciones socioambientales firmantes manifestamos nuestro respaldo firme a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hoy se encuentran en primera línea en la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los principios democráticos que sostienen nuestro Estado Social de Derecho.

Hoy, las y los estudiantes de la UCR no solo defienden su universidad, defienden a Costa Rica y su historia. En un contexto marcado por la ruptura del diálogo en torno al financiamiento de la educación superior pública (FEES), el debilitamiento de los espacios institucionales de negociación y una creciente conflictividad social, su movilización constituye una respuesta legítima frente a decisiones que afectan directamente su derecho a la educación pública de calidad.

Desde los colectivos socioambientales, reivindicamos el derecho legítimo a la protesta social, el cual encuentra sustento directo en la Constitución Política de Costa Rica, particularmente en el artículo 26 (derecho de reunión) y el artículo 29 (libertad de expresión). Estos derechos han sido reiteradamente protegidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha reconocido la protesta como una manifestación esencial de participación democrática y control ciudadano.

En ese marco, las acciones de protesta estudiantil, incluida la ocupación de espacios institucionales como mecanismo de presión, deben ser comprendidas en su contexto y no tratadas como actos aislados. La realidad es que son expresiones de una acumulación de tensiones legítimas frente a decisiones que comprometen el financiamiento público, y el acceso a la educación.

En este contexto, resulta insostenible omitir el profundo cuestionamiento que recae sobre la actual rectoría de la Universidad de Costa Rica. La gestión del rector Carlos Araya Leandro atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes recientes, marcada por decisiones altamente controvertidas en el marco de la negociación del FEES, tensiones internas acumuladas y crecientes señalamientos sobre el manejo institucional. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza de amplios sectores de la comunidad universitaria y ha comprometido la capacidad de conducción en un momento crítico para la educación pública.

Frente a este escenario, la exigencia de renuncia planteada por el movimiento estudiantil no solo es comprensible, sino que se inscribe dentro de un ejercicio legítimo de control democrático y responsabilidad política. Sostener una autoridad sin respaldo social suficiente, en medio de una crisis abierta, profundiza el conflicto y debilita aún más la institucionalidad universitaria. La responsabilidad política no puede ser eludida.

Por ello, manifestamos:

  1. Exigimos el respeto absoluto a la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes movilizados.

  2. Demandamos garantías claras, inmediatas y verificables de no represión, incluyendo el cese de cualquier forma de represalia contra las personas integrantes del movimiento estudiantil.

  3. Respaldamos la exigencia de instalación de una mesa formal de diálogo, con participación efectiva y vinculante de representantes estudiantiles, como condición mínima para una salida democrática al conflicto.

  4. Rechazamos cualquier intento de criminalización, estigmatización o deslegitimación de la protesta estudiantil, prácticas incompatibles con un Estado democrático de derecho.

  5. Reiteramos que la exigencia de renuncia del rector, planteada por el movimiento estudiantil, constituye una expresión legítima en el marco de la actual crisis de gobernabilidad universitaria.

Advertimos que cualquier actuación que vulnere estos derechos fundamentales no solo implicaría responsabilidad jurídica, sino que profundizaría la crisis institucional que hoy atraviesa el país. Las luchas socioambientales han demostrado históricamente que la movilización social ha sido determinante para la defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos colectivos. En esa misma línea, reconocemos en el movimiento estudiantil un actor clave en la defensa del interés público y en la construcción de un país más justo. La protesta es un derecho, no un delito.

A contracorriente

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El último fin de semana de marzo, cientos de miles de personas salieron a protestar en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa.

En algo que parece ya habitual, el objeto de las protestas no puede ser otro que el impresentable presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus políticas racistas, fascistas, terroristas, antihumanas.

La protesta es la tercera que se organiza en el marco de unas jornadas denominadas “no kings”, destinadas a desconocer el poder real y simbólico que Trump y sus aliados han instalado en un año que, si bien solo lleva tres meses, ya cuenta para el olvido.

Los casi nueve millones de personas que salieron a las calles de Estados Unidos a consignar su descontento y enojo, son la muestra de un motor civil y popular que poco a poco está perdiendo el miedo y se empodera de la única forma que puede un ser humano empoderarse en estos tiempos: convirtiéndose en un sujeto colectivo, político, fuerte, visible, claro.

El hartazgo a la arrogancia del mal habido presidente estadounidense es quizá la motivación de fondo para hacer salir de su confort a millones de personas.

Aquí es cuando uno se pregunta por qué si en otros contextos el hastío y el enojo son materia prima diaria, no se logró mostrar hasta ahora de forma visible y hasta contundente.

Las últimas semanas algunas acciones han sumado a la perplejidad con que hemos estado observando la performance presidencial en Costa Rica: la saliente y la entrante, que para los efectos son la misma cosa.

La urgencia con la que el gobierno costarricense aceptó el acuerdo migratorio que permite a Estados Unidos enviar 25 personas (si, personas) deportadas a territorio costarricense, solo se condice con lo que el internacionalista Carlos Murillo alerta: la relación Costa Rica-Estados Unidos no es una relación de Estado, sino que se enmarca en una cercanía personal, lo cual vuelve más peligroso, riesgoso y subordinado el rol costarricense en el concierto internacional.

Si esto no es ir contra corriente, observando las multitudinarias marchas del fin de semana, entonces vivimos en realidades paralelas.

Por último y no menos delirante, es la promesa de la presidenta electa Laura Fernández en utilizar el modelo de Bukele para “mediar” la inseguridad ciudadana. El terror ciertamente no es que sea una promesa, sino que, dado el alto apoyo a su enfoque populista, se termine instalando en el país un régimen que, al menos en El Salvador, ha cobrado cientos de vidas inocentes. Diversos informes de periodismo independiente y organismos de derechos humanos han dado cuenta de las atrocidades de este régimen de excepción.

¿Si esto no es ir contra corriente, en qué mundo dominado por la matrix estoy viviendo?

A un tico lo dejaron sin patria

Rafael A. Ugalde Q.*

En los 176 años del natalicio de José Martí, amigo, gigante y luz de los pueblos.

Tratando de encontrar una respuesta sobre por qué hubo en estas elecciones costarricenses una especie del síndrome de “huerfanidad” histórica, política y económica – éste viene, aunque nos duela aceptarlo, desde hace más de cuatro décadas – por eso no me perdí la mayoría de los “monólogos” sostenidos por nuestros representantes de la estirpe socioeconómica, prometiendo ser el mejor presidente o diputados, si eran electos.

Pero debo decir que todavía estoy azurumbado y con mayores preguntas y dudas qué harán después de 2030 con los recursos del país y sí, las generaciones venideras, podrán disfrutar todavía de una nación de ellos, o serán extranjeros en su propia tierra, como ya ocurren con las mejores playas, los aeropuertos, las carreteras etc.

Cada cuatro años vemos como votantes con su cara quemada por el sol, gente humilde de todas las provincias tratan de arrimarse al árbol que les ofrece mejor sombra, frente a la ausencia real de un “proyecto país viable” por parte de otras fuerzas capaces de dinamizar la democracia para sean las bases que dan y no esperar recibir.

Ni siquiera hubo en dichos “monólogos un “mea culpa” sincero por el desbarajuste ocasionado en toda nuestra sociedad a partir de los Ajustes Estructurales de la Economía, ni por las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con excepción en estos últimos años del expresidente Rodrigo Carazo, a quien salió caro echar de la casa de gobierno a una delegación fondista.

A partir de 1986 las semillas sembradas en el almácigo ordenado por esos organismos germinaron de maravilla y echaron raíces profundas, hasta llegar a tener una especie de nuevos filibusteros “calidad ultra”, para exportación.

Tampoco hubo entre ellos un balance a conciencia en torno a los efectos negativos del famoso Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica y República Dominicana, en cuanto a nuestros pequeños y medianos agricultores, el auge del proceso de transnacionalización a costa de nuestros trabajadores, empleados públicos, comerciantes, pequeños y medianos emprendedores.

Así, por ejemplo, a pesar de las duras condiciones de financiamiento, tecnología, desarrollo de las cadenas de suministros, entre otras, las pequeñas y medianas empresas locales, frente a una economía cada vez más transnacionalizada, generaban en 2023 cerca de 647 mil empleos (Periódico La República 24 /6 / 2023).

Tampoco hubo excusa alguna por el negocio Caja-Fischel, el dinerillo de Alcatel, los mordiscones que dieron a la seguridad social con las mascarillas, mientras estuvimos encerrados, etc. Rarísimo, porque muchos de los comparecientes a los tales debates quedaron con la mente en blanco con estos asuntos, en tanto sus compinches optaron por no amargar la “fiesta democrática” a quienes estaban a la par con cartón lleno.

Perdí el tiempo oyendo, hablando en plata, sobre nuevos memorandos del miedo en torno el peligro de terminar en una “dictadura” al estilo de Venezuela o Nicaragua, así como ustedes lo escucharon y vieron. Todos los candidatos coincidieron en estas barrabasadas, como para que Marco Rubio y Donald Trump, siguieran tranquilos con ellos.

La cuestión esta del injerencismo rabioso introducido para ver quién ganaba más votos, dejó de ser una posición de afinidad ideológica con el que ocupa la Casa Blanca, para pasar a un plano ético – moral ligado estrechamente con la dignidad y el decoro de los participantes de dichos “monólogos”. Con las pruebas dadas a conocer por la prensa internacional, ya no hay dudas que Trump figura como uno de los pedófilos mas grande en la historia estadounidense.

Volviendo a la amenaza de una “dictadura” en caso que un partido tenga 38 o más diputados en la Asamblea Legislativa, ignoro si frente a las cámaras televisivas tenía una sarta de mentirosos o un equipo seleccionado de ignorantes. Después de 1949 nunca he visto en nuestra Asamblea Legislativa constituirse de obreros, campesinos y trabajadores en general.

Dicen que en este tipo de campañas los políticos mienten, tienen que ilusionar a su público meta, etc., pero otra cosa diametralmente opuesta es el cinismo como arma electoralista. Después del golpe de estado de 1948, quienes controlan los partidos han sido muy cuidados con la escogencia de su gente y así, nuestra Asamblea Legislativa no pierda nunca ese maravilloso aroma a Paco Rabanne o Carolina Herrera.

Por el contrario, cuando el campechano Juan Guillermo Brenes de Cartago, sirvió en la Asamblea Legislativa en cuatro ocasiones, colegas suyos de un partido que se aseguraba el voto en proyectos claves, chantajeaban a este agricultor cambio de las famosas “partidas específicas” para asociaciones de desarrollo comunal.

Algunos de estos “padres de la patria” miraban el ingreso del llamado “Cachimbal” al salón de sesiones y de inmediato se arrimaban a la “barra de prensa” para convertirlo en hazmerreir con afirmaciones como “qué tirada, se trajo a la curul la hediondez del apio”, “véanlo bien ya está sentado y va a llenar de barro el plenario “.

El Consejo Universitario de la UCR condenó la criminalización de la protesta social, consignó la periodista Zaida Siles.

¿Y por qué, en estos monólogos, una parte importante de los participantes, consciente o inconscientemente, cerraron filas con el “chavismo” y el “oficialismo” en torno a la supuesta dictadura en Venezuela, Cuba o Nicaragua? Por algunas razones que no se pueden dejar pasar: 1) sus coeficientes intelectuales llegaron a los “monólogos” destiempados como para poner en su correcta dimensión el significado crudo de la Doctrina Monroe y el agotamiento mundial de la llamada “democracia liberal”.

El elemento 2) tiene que ver directamente con su franquicia electoralista, pues sí se aparta del relato de Zapote, de Milei o Trump etc., corre el riesgo de perder el financiamiento bancario. Para esta gente pareciera que viendo el payaso sueltan la risa.

El factor 3) fue el más evidente. No tienen el menor interés de preguntarse qué diablos es eso del injerencismo y, por qué sí, es tan dañino optar por la independencia de los pueblos, ¿por qué secuestraron al presidente Nicolás Maduro, redoblan en este momento la asfixia contra los cubanos y amenazan a los nicaragüenses por sus relaciones con China?

En todo caso, queda para la historia y los futuros análisis, como estos candidatos desde ya infectaron para siempre cualquier intento de “proyecto país” unitario y viable, surgido de las bases empoderadas y alcanzado gracias a un crudo debate de ideas, conforme a nuestra verdad histórica, esa que nos forjó Juan Rafael Mora Porras y el General Cañas.

Por dicha a Mora y Cañas los siguieron muchos hombres y mujeres que en el pasado sintieron el ácido del destierro, sus familias lloraron el fusilamiento de seres queridos, pero no los doblegaron para que las presente y futuras generaciones no callen frente a quienes nos hipotecaron la patria, contra el aplastamiento de nuestros campesinos, los desfalcos sostenidamente habidos durante más de 40 año y desafíen la ingrata judicialización de la protesta social en la bicentenaria democracia.(Ver Consejo Universitario… https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-defiende-derecho-a-la-protesta-social-pacifica.html).

La experiencia con esta gente, que confunde el decoro con los relatos filtrados y brochares coloreados quién sabe desde dónde, es que, a la hora de desarrollar una democracia protagónica, directamente vinculada con los campesinos, los empleados públicos, mujeres, profesionales, intelectuales trabajadores, jóvenes y pensionados, entre otros, se convierten en peligrosísimos boicoteadores desde adentro. Es algo así como dormir con el enemigo.

Así ocurrió con la Revolución Ciudadana en Ecuador. En reiteradas ocasiones fue advertida del grupo de traidores encabezados desde adentro por el exvicepresidente, Lenin Moreno, cayendo a cuentas hasta que sucedió. Pero ya era tarde: el nazisionismo ya se había instalado.

Quienes creyeron en falsos liderazgos, vanidades y recurrieron desde adentro a coqueteos con la democracia, donde sacaban al pueblo boliviano como dueño de su destino, ya ahora conocen las consecuencias, por más explicaciones teóricas que nos quieran dar.

Es imposible que una persona o un grupo de ellas, que hacen suyo el grito de quienes no han perdido una sola elección presidencial o una curul durante 76 años seguidos, a costa de la cercada Cuba, la amenazada Nicaragua y la bombardeada Venezuela, se labre un futuro politiquero para servir a un amo. Pero cuidado con la historia y su basurero que nunca se llena.

Si ni siquiera tuvieron valor de llamar a cuentas a quienes cuentearon a los costarricenses con los PAES, la reelección presidencial para que fuéramos el “ primer país desarrollado de América” y cada cual tuviéramos un carrito popular, tendrán acaso dignidad en un proyecto político país que nos dé patria a todos, nos devuelva la soberanía que nos dejó Mora y Cañas, tengamos justicia social, los trabajadores no se les castigue congelándoles su salario para pagar a otros sus deudas nacionalizadas.

Si por la víspera sacamos el día y esta gente, en un evento coyuntural como son unas elecciones, echaron mano a recursos tan infames, si mañana me los encontrara por la misma acera, prometo cruzar la calle. No hay rencor, todos tienen derecho a reivindicarse. Cambio e acera por seguridad política.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

¡Por la libertad de expresión y la protección del activismo en Costa Rica!

Servicio de Paz y Justicia ─ Costa Rica

El pasado 13 de enero de 2026, fue de conocimiento público el señalamiento contra Stella Chinchilla Mora por presuntamente motivar un atentado contra el presidente de turno de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Desde el Servicio de Paz y Justicia ─ SERPAJ-CR, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante lo que consideramos un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces críticas.

Stella es una comunicadora social, activista por DDHH, vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz ─ CAP, a quién conocemos y extendemos nuestra solidaridad ante esta situación. Stella es conocida no sólo por Movimientos Sociales costarricenses e internacionales, sino también por sectores de poder por su activismo con su “cámara callejera” que ha denunciado e informado en múltiples ocasiones. Solo en su canal de YouTube, desde el 2009, Stella acumula más 1300 videos sumando más de medio millón de vistas.

La impronta activista de Stella es fácilmente verificable. La trayectoria documentada de Stella es testimonio de un compromiso ético con la denuncia social y la transparencia informativa. Su «cámara callejera» no es un arma, es una herramienta de visibilización ciudadana.

Denunciamos que la acusación contra Stella es un mecanismo simbólico de amenaza para quienes adversan al actual Gobierno. El show derivado de este hecho es una cortina de humo que pretende implantar en la colectividad un “enemigo” y así encuadrar al Gobierno actual como un “mártir” que requiere a toda costa la defensa de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar la violación a Derechos Humanos.

La acusación contra Stella no es un hecho aislado, es una narrativa que, mediante la amenaza, busca instalar el miedo en quienes ejercen su derecho a la disidencia. Estas acciones pretenden la polarización, paralizar conciencias críticas y convertir al activismo en un supuesto peligro para la seguridad nacional. Cuando se utiliza el discurso público para señalar a activistas como «enemigos», directamente se alienta una escalada de hostilidad que afecta la convivencia democrática.

Desde SERPAJ-CR denunciamos que la guerra y la amenaza son dos de las más graves expresiones de violencia individual y colectiva. Tanto la guerra como la amenaza buscan (y en muchos casos logran) paralizar la conciencia, polarizar, amedrentar, aterrorizar, destruir, desestabilizar.

Las acciones contra Stella impactan, exacerban y envalentonan a quienes ciegamente siguen al actual gobierno, su candidata presidencial y adeptos. Alinean y nublan conciencias que se movilizan precipitadamente y generan una escalada violenta contra toda persona que manifieste críticas.

La criminalización al activismo es un mecanismo de control social y político que opera contra Movimientos Sociales, opositores o personas comunes que no coinciden con el discurso y Agendas del oficialismo. En varios gobiernos este mecanismo ha judicializado activistas y líderes como estrategia de desgaste y paralización de conciencias. El actual gobierno ha sido altamente eficiente en incitar a muchas personas a defenderle desmedidamente. Sin importar si la disidencia viene de la familia, el vecindario o el trabajo, cualquier opinión crítica al gobierno es tachada de “enemiga” del pueblo.

En el SERPAJ-CR alertamos gran preocupación ante la estrategia del gobierno actual encaminada no solo en criminalizar al activismo, la libertad de expresión y pensamiento crítico, sino en victimizarse desde un discurso altamente populista para justificar el ejercicio del poder autoritario, delictivo y violento. Con el agravante de haber implantado en un sector ciudadano la idea de defender al oficialismo a toda costa y con “mano dura” de cualquier opinión disidente.

Desde SERPAJ-CR:

  • Convocamos a Movimientos Sociales, Colectivos y Medios de Comunicación Alternativos a pronunciarse en contra de la criminalización a Stella y activistas, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

  • Hacemos un llamado a espacios de lucha social para construir redes de protección y cuidado colectivo que nos permitan enfrentar incitaciones a la violencia que buscan dañarnos y paralizar a las generaciones que apenas crecen.

  • Instamos a la ciudadanía a no ceder ante discursos que promueven el odio o la división.