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Etiqueta: proyecto

CEDI, comunidad virtual

El Centro Dominico de Investigación CEDI, motivados por la situación de la pandemia por el Covid-19, decidió modificar las formas de proyectarse y mantener el contacto con las y los participantes de proyectos anteriores. Además, de llegar a nuevas personas que compartan su propósito de construir una “sociedad pase de condiciones menos humanas a otras más humanas para todos y todas”, a través de la investigación y formación de servicio.

El CEDI recuerda que el día 29 de mayo el realizara la actividad de presentación de la comunidad virtual por medio de la plataforma zoom, en donde se abarcarán muchas dudas sobre este proyecto, adjunto se encuentra un pequeño vídeo sobre la actividad de este próximo sábado 29, principalmente para quienes no están ya inscritos en la Comunidad Virtual, y quieren aclararse un poco más antes de tomar una decisión. https://youtu.be/lMG2pJY-lxc

Para las personas que no se han inscrito se adjunta el enlace del formulario de inscripción para la actividad de presentación de la Comunidad Virtual del CEDI: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkAT6IPTMJqnND_jbgXCFl3-boRRP6mvQ-mNohLzwScpW4g/viewform

Para más información:
Tel. (506) 2267.7935
Correo: cedi@ice.co.cr
Sitio Web: www.cedi.cr
Página en Facebook: cedi2011

 

Información compartida con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación.

Centro Dominico de Investigación propone una comunidad virtual

A partir del 1 de mayo del 2021 el Centro Dominico de Investigación, CEDI, buscará implementar espacios virtuales de servicio. Luego de quince años, esta apertura a la virtualidad promueve la integración del contenido informativo y la comunicación con los miembros.

Motivados por la situación de la pandemia por el Covid-19, el CEDI decidió modificar las formas de proyectarse y mantener el contacto con las y los participantes de proyectos anteriores. Además, de llegar a nuevas personas que compartan su propósito de construir una “sociedad pase de condiciones menos humanas a otras más humanas para todos y todas”, a través de la investigación y formación de servicio.

El objetivo del Centro es producir de manera colectiva con base en sus valores éticos, nuevas ideas para la acción que guíen la economía, política y cultura costarricense. Tomando como base su lema “una nueva espiritualidad y una nueva economía en una nueva cultura”.

Algunas motivaciones para unirse a la comunidad virtual

  • Un interés u objetivo común a diversas personas.
  • Compartir una experiencia mediante el establecimiento de relaciones sociales
  • Disfrutar de experiencias gratificantes
  • Necesidad de realizar intercambios de diversa índole.

El CEDI considera que durante este proceso formarán su identidad y el sentido de pertenencia para aportar al desarrollo humano integral. Trabajando en las dimensiones espirituales y socioeconómicas de la sociedad.

Además, pone a disposición espacios e instrumentos específicos de intercambio de ideas y propuestas. Entre estos su sitio web, los blogs existentes, grupos de WhatsApp, videoconferencias, el uso de redes sociales, entre otros canales.

Para más información:
Tel. (506) 2267.7935
Correo: cedi@ice.co.cr
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Facultad de Derecho UCR: Análisis del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Facultad de Derecho, UCR

Este documento tiene como objetivo principal hacer un análisis de los principales problemas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público tramitado bajo el expediente legislativo número 21.336. Como parte del trabajo aquí presente, se propone identificar dos objetivos centrales del proyecto, en sus distintas versiones: la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales.

Algunos puntos importantes que se pueden encontrar en el documento son:

  1. El proyecto viola el régimen de autonomía constitucional establecido para las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.
  2. Violenta los derechos humanos en el empleo público, al prohibir, o bien vaciar de contenido, la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos, y al hacerlo violenta el derecho a la libertad sindical que tiene en aquellos, parte de sus elementos fundamentales.

En este análisis se abordan aspectos que tienen que ver con la inclusión del servicio civil en la Constitución, sobre la importancia que tiene la autonomía en la constitución política y el papel que tuvieron instituciones como: el Servicio Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Municipalidades, la CCSS, universidades y la Contraloría General de la Republica para la redistribución del poder del Ejecutivo. Por otro lado, también se toman elementos sobre empleo público desde lo normativo, económico y político.

Un apartado importante que se desarrolla en el análisis es la inconstitucionalidad del proyecto en relación a la invasión al ámbito de la independencia administrativa, organizativa, política y de gobierno de las universidades estatales y su régimen autónomo de empleo, también se abarcan aspectos que están siendo fuertemente discutidos por sectores y agrupaciones de la sociedad costarricense y que tienen que ver con la negociación colectiva y el salario global.

Algunas observaciones que se mencionan en este análisis son de carácter estructural como: las Competencias otorgadas a MIDEPLAN, al Ministerio de Hacienda o al Servicio Civil para la fijación salarial, la gestión o evaluación del desempeño en la política pública del país, la homogeneización del empleo público, las prohibiciones e incompatibilidades.

Por último, en relación a las conclusiones, este análisis plantea:

  1. a) El proyecto tiene como objetivos centralizar el control y establecer unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo.
  2. b) Esto violenta los distintos regímenes de autonomía constitucional.
  3. c) El proyecto parte de un enfoque del empleo público construido a partir de tesis autoritarias y unilateralistas propias del constitucionalismo clásico, en violación del constitucionalismo social expresamente incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad por medio de las garantías sociales y por los tratados fundamentales de derechos humanos.
  4. d) Las autonomías se justifican, no solo como instrumentos para limitar el poder del gobierno central, sino como instrumentos para potenciar la eficiencia en cada ente público autónomo, así como para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de prácticas democráticas.
  5. e) Además, prohíbe, limita o vacía de contenido de forma inconstitucional la libertad sindical y la negociación colectiva.
  6. f) El salario global tiende a convertir los salarios en instrumentos de política económica, fácilmente congelables o disminuibles con objetivos fiscales, violando la naturaleza de los salarios establecida en la Constitución Política como instrumento de distribución de la riqueza y movilidad social.
  7. g) Además, el salario global impide la negociación colectiva sobre salarios y pluses salariales, en violación de lo señalado expresamente por la Sala Constitucional.
  8. h) Crea competencias en manos de MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y/o la Dirección General de Servicio Civil que trascienden por mucho los objetivos expresamente establecidos en los artículos 191 y 192 constitucionales (eficiencia, nombramiento con base a idoneidad comprobada y estabilidad en el empleo).
  9. i) Homogeniza entes públicos que son radicalmente diversos en la naturaleza de sus funciones (administrativa y no administrativas).
  10. j) La gestión de evaluación se centraliza, con lo que se violan las autonomías constitucionales.

Adjunto se encuentra la versión completa del documento:

Poblados de La Vieja y Pantera en Rey Curré tendrán nuevo acueducto

Uriel Rojas

Buenas noticias han recibido las humildes familias de los poblados La Vieja y Pantera, situados en el territorio indígena de Rey Curré, al estar muy cerca de inaugurar un nuevo acueducto que les llevará agua potable hasta sus hogares.

La construcción de la obra no ha sido fácil, y el entusiasmo de los beneficiarios ha sido fundamental, quienes no han desmayado en trabajar de manera permanente en este acueducto.

Son 4.880 metros de tuberías que hará posible este importante proyecto humano que vendrá a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones.

Este nuevo acueducto tendrá un costo superior a los 10,5 millones de colones, de los cuales, el 75% es aportado por la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré.

Se espera que muy pronto ya esté en completo funcionamiento.

FMI y Empleo Público: ¿La última frontera?

La locura no tiene propósito o razón, pero puede tener objetivo
Sr. Spock. Stark Trek

Luis Andres Sanabria Zaniboni

En las últimas semanas asistíamos a la confirmación e inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el acceso al Servicio Ampliado del Fondo. Este hecho ha provocado muchas intervenciones desde distintos sectores, que cada quien se coloca desde las diversas posiciones al respecto, sin embargo, un hecho resalta a todas luces, la decisión del Poder Ejecutivo de dar prioridad máxima a la Ley de Empleo Público como llave para las negociaciones con el FMI. No podemos dejar de mirar el proceso político-económico que viene adoptando el país y consolidado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa hoja de ruta que hoy vuelve a confirmarse, debemos preguntarnos ¿Por qué esta necesidad de impulsar ese proyecto?

Si con la ley de Finanzas Públicas quedaba claro la postura de la carga impositiva regresiva del país y la protección de ciertos sectores económicos-financieros dominantes del país, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” perfiló la postura autoritaria ante el disenso y la criminalización de la protesta social, facilitando así la imposición de un supuesto “consenso” de los actores políticos, y el etiquetado a los disidentes.

Sin embargo, faltaba más, la Ley de Empleo Público procura realizar una reingeniería social sobre el Estado, basada en la anulación de la independencia y las autonomías de las instituciones, a través de la centralización de la política del empleo en MIDEPLAN, sin embargo, salta la primera pregunta ¿Qué hay del servicio civil?

Más allá de las percepciones que podríamos tener al respecto, que no se ignora la necesidad de repensar el empleo público, pero salta a la vista que esta postura no va en línea de la formalización laboral y protección de los derechos, sino como instrumento “austero” de los salarios, facilitando la congelación de estos y desregulación del empleo.

Como señalan muchos de sus defensores desde el Poder Ejecutivo hasta representantes de los mismos Organismos Financieros Internacionales, esta Ley coloca a Costa Rica en los “estándares internacionales”, sin embargo leamos esta afirmación detenidamente, estar dentro de dichos estándares para estos sujetos es la promoción de la desregulación laboral; la precarización de las condiciones de trabajo tanto de lugar de trabajo como de derechos, no podemos dejar de pensar lo que significó años atrás la movilidad laboral, en definitiva son formas de extorsión sobre los sectores trabajadores.

Y con esto, se consolida lo que muchas personas han señalado al respecto del Neoliberalismo, la erosión de la institucionalidad pública, grandes cascarones administrativos dedicados al pago de servicios profesionales, lo cual garantiza el desmejoramiento de los servicios y mercantilización de los derechos sociales, económicos y culturales, entiéndase la educación, la salud y la cultura de nuestro país.

Tal vez al leer esto ya lo pensó, el país continúa su ya reconocida vereda anti-sindical, si con el proyecto de Ley anti-huelga habían generado un consenso político de suprimir sindicatos (existía dicha cláusula, nada más que por extraño que parezca para estos sujetos era inconstitucional), este proyecto de ley procura cerrar los espacios de negociación colectiva de las y los trabajadores, profundizando así los alcances de las posturas autoritarias que están caracterizando a la formulación del tipo Estado que desean las élites político-económicas en esta época del “Consenso del Coronavirus”.

Podrían argumentarse con toda razón que nos encontramos en una crisis fiscal sin precedentes, pero les preguntamos aquí de todo lo que han propuestos los actores políticos ¿Qué asignaciones tienen que ver con la recuperación económica? A manera de ejemplo los grandes ausentes: política de empleo post-covid, alivio de deudas a la población, política de crédito blando para sectores productivos (pequeños y medianos), política contra la elusión y evasión fiscal integral o combate contra la morosidad de los grandes contribuyentes, impuestos selectivos sobre a las nuevas actividades económicas, por citar los grandes ausentes.

No es de extrañar que las grandes propuestas de negociación presentadas el pasado octubre 2020 fueran el calco y copia de las recomendaciones de la auditoría del FMI, así que para esta ocasión no podemos ser ingenuos, los supuestos “Acuerdos Multisectoriales” fueron una forma de legitimar esta negociación, ¿Cuánto de eso está en la mesa de negociación? Sumado a estas estrategias, el FMI invita a participar con 5 minutos para exponer, así legitiman su estilo participativo (tenemos que tomar nota esta será la nueva forma “participativa” para futuras negociaciones).

Por esta razón, es importante reconocer que la hoja de ruta está planteada lo que justifica el porqué de las contradicciones entre las y los negociadores, ya que las negociaciones tomarán el rumbo que este Organismos cite, hay consenso en las elites de las bondades para esta reingeniería del Estado, las desigualdades estructurales continuarán (precarización laboral y erosión de los servicios públicos) y el privilegio de algunos se consolida (exoneraciones, privatizaciones y desregulación).

Ante esto es necesario reconocer la importancia de la protesta social como instrumento de incidencia pública, eso sí mientras siga existiendo, pero claramente insuficiente, se hace necesario repensar la participación desde otros espacios, y debemos abordar la discusión desde otras propuestas de trabajar y abordar el déficit fiscal y la estabilidad financiera, pero la urgencia es evidenciar los intereses en conflicto y dejar claro que la apuesta de la población seguirá siendo por una sociedad inclusiva y solidaria.

 

Imagen tomada de CRONICON.

UCR: Guanacaste en la encrucijada frente al clima

Cada diez años, Guanacaste experimenta sequías severas y prolongadas, incluso durante varios años, que agravan las condiciones secas propias de este lugar. El aumento en la temperatura en los últimos años, atribuido al cambio climático, es uno de los factores que contribuye al incremento de la aridez de esta región del país, con efectos en la agricultura y en la escasez de agua para solventar las necesidades básicas.

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Jorge Mora Portuguez: ¿A quién beneficia consulta a la Sala sobre Ley de Agua?

Después de estudiar y responder la consulta presentada a la Sala IV por el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, contra el proyecto de Ley de Aguas aprobado en primer debate el pasado 2 de noviembre, deseo comentarles lo siguiente:

  1. Están cuestionando aspectos del texto original del 2010, que de declararse inconstitucionales no se traerían abajo solo el nuevo texto, sino incluso el proyecto original de Iniciativa Popular.
  2. Cuestionan aspectos de procedimiento que si prosperan nos devuelven al proyecto aprobado en 2014, al que según dicen los recurrentes habría que darle votación en segundo debate de forma inmediata y sin posibilidad de introducirle modificaciones.

Si eso ocurre la votación se pierde porque la mayoría de diputados y diputadas votaría en contra, por lo que el proyecto presentado por IP también en este escenario fracasaría.

  1. Están cuestionando también aspectos de fondo acordados en el nuevo texto. De prosperar se rompería el consenso construido y tampoco se tendrían los votos para aprobar el proyecto.

Son 119 páginas de alegatos contra todo el texto y el procedimiento.

Algunos ya resueltos por la Sala IV en las 2 consultas anteriores (2014 y 2016).

Otros a todas luces improcedentes y equivocados.

Pero hay otros temas que depende de cómo los interpreten los magistrados (que no son ningunos expertos en derecho ambiental o de aguas) podrían conllevar a resoluciones erróneas que se traigan abajo el proyecto (como sucedió en la consulta del 2014 cuando se traen abajo los artículos 29 y 30 porque los magistrados confundieron «áreas silvestres protegidas» con «áreas de protección del recurso hídrico» y las equipararon, aunque que son categorías claramente diferenciadas por la Ley Orgánica del Ambiente (art.38) y la Ley Forestal (art. 13).

Así que de la Sala IV podemos esperar cualquier cosa.

De declararse alguna inconstitucionalidad el proyecto de ley, en el mejor de los casos, ni siquiera llegaría a aprobarse en esta legislatura.

Por lo que por cuarta vez habrá que comenzar hablando con los nuevos diputados, con las nuevas fracciones que no conocen nada del tema y que requerirán de varios años para intentar ponerse de acuerdo, como ha sucedido a lo largo de estos 16 años.

Mientras tanto seguirá la destrucción de nuestros mantos acuíferos; la contaminación de las fuentes de abastecimiento poblacional por agroindustrias y monocultivos; seguirán los conflictos entre comunidades y desarrolladores turísticos e inmobiliarios; la construcción de proyectos hidroeléctricos privados casi sin regulación; la invasión de cauces, zonas de recarga y áreas de protección de manantiales, ríos y mantos acuíferos.

Las multas actuales por contaminar o perforar pozos ilegales o extraer agua ilegalmente van desde ¢1 a ¢800 máximo.

Seguirán el MINAE y la Dirección de Aguas atadas de manos, con sus competencias fraccionadas en más de 110 normas jurídicas y 22 instituciones diferentes, que no coordinan entre sí, que desconocen las actuaciones de las otras, que carecen de planes, políticas o programas nacionales integrados.

Y las comunidades seguirán padeciendo escasez de agua potable.

¿A quién beneficia todo esto pregunto yo?

Inicialmente se sienten muy beneficiados de que se mantenga la ley y la situación actual quienes abusan inescrupulosamente del agua, con sus actividades ilegales o legales de alto impacto para el ambiente y para la población.

Pero al cabo de los años hasta estos sufrirán las consecuencias de su irresponsabilidad como ya lo hemos visto a lo largo de estos 16 años de lucha por dotar a nuestro país de una nueva ley que permita una gestión integrada, participativa, inclusiva, justa, sostenible y democrática del agua.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Compartido en redes digitales.

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Confraternidad Guanacasteca: PAACUME para unos pocos

El señor Presidente Luis Guillermo Solís, anunció el 25 de julio en Nicoya, su respaldo y participación, para convertir al PAACUME en el principal proyecto de desarrollo hídrico para Guanacaste.

El PAACUME propone la construcción de un embalse en el Río Piedras, para dirigir esas aguas hacia proyectos, principalmente de riego, en Guanacaste.

Este embalse es un proyecto viejo de Oscar Arias, que originalmente se pensaba solo para riego. Tiene más de 20 años, y nunca se desarrolló.

Ahora, se le hace un maquillaje al proyecto original

La verdad es que PAACUME es un proyecto para seguir derrochando agua. El gran consumidor del agua es el sector agrícola, que gasta el 70% u 80% del recurso hídrico. En el sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy pocas manos. Vamos a mencionar solo 4 de estos grupos empresariales: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón, y CATSA. Cada uno de ellos dispone de unos 7.000 litros por segundo, equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse, que se calcula en 20.000 l/s. Este punto es clave para el análisis del proyecto.

No pretendemos de ninguna forma, no es nuestra intención, impedir que estas empresas sigan trabajando. Esto lo aclaramos para que no sea usado como argumento de difamación en contra nuestra.

Solo proponemos que modernicen sus sistemas de riego, para no incidir, con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este país, que los estamos subsidiando y asumiendo los costos ambientales de su inadecuada gestión del recurso hídrico.

De las cuatro empresas mencionadas, tres se dedican exclusivamente al cultivo de caña de azúcar. Un cultivo de siembra multianual, que aguanta unas 7 cosechas, y se siembra en hileras. Exponemos estos detalles por ser relevantes para asegurar que en estas plantaciones puede adaptarse el riego por goteo. Este tiene una efectividad que le permite ahorrar al menos el 80% del agua necesaria. Ahorrar el 80% de los 7.000 l/s que usa cada empresa, significa un ahorro de 5.600 litros por segundo por empresa. Que esto es posible y viable lo prueba la información que tenemos de que al menos dos de estas empresas (CATSA y El Viejo) han instalado unas 100 ha cada una con esta tecnología.

Si las tres empresas cañeras aquí mencionadas aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s – que es casi la misma cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque. La diferencia es que no es necesario construir el embalse en Rio Piedra y el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones.

Creemos sinceramente que estamos ante un inusual, inconveniente e injusto aprovechamiento de un recurso natural público tan imprescindible como el agua. Puede decirse que en la práctica hay una PRIVATIZACIÓN DE HECHO de dicho recurso, no solo por el acaparamiento y concentración que ya hemos expuesto, sino también por los aspectos económico-financieros que lo caracterizan.

Hoy en día, el sector arrocero y azucarero, recibe el recurso hídrico a costos subsidiados. La que es provista por SENARA, se paga así:

Se fija para el Distrito de Riego Arenal Tempisque de Senara la tarifa para el servicio de suministro de agua que de seguido se indica y que entrará a regir el 1º de enero de 2016 para un período de cinco años que finalizará en diciembre de 2020. Esta tarifa se mantendrá vigente hasta que se apruebe una nueva fijación.

Tarifa de colones por m3

Actual 2016 2017 2018 2019 2020

Caña azúcar 3,26 3,00 2,85 2,70 2,56 2,41

Se trata, como se ve, de tarifas fijadas en colones, a salvo de la inflación, y cada año – más barata. ¿Es esto justificable? ¿Contribuye a un uso más racional de un recurso escaso como el agua?

Estas son las tarifas fijadas por ARESEP a solicitud de SENARA. Por desgracia, la cosa es aún peor.

El mayor volumen de agua lo obtienen estas empresas vía concesiones otorgadas por la Dirección de Aguas de MINAE. Ahí la ARESEP no interviene. No hay estudios. Los cálculos y las tarifas son, a fin de cuentas, políticos. Se fijan por Decreto Ejecutivo.

En la actualidad está vigente el Decreto Ejecutivo 32868 MINAE del 2005, publicado en la Gaceta del 30 de enero de 2006.

Este Decreto tiene un privilegio especial, para el sector, que dice:

“Artículo 7º—El caso del uso de agua para el riego de los cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos, café y palma africana, por tratarse de cultivos extensivos tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, deberán reconocer un monto de 0,12 colones por metro cúbico de agua para agua superficial en concesión y 0,16 colones por metro cúbico de agua subterránea en concesión “

Si, leyó correctamente: 12 centavos de colón si es superficial: río, quebrada, manantial. Y 16 centavos de colón si es agua subterránea de pozo.

Como se ve, este Decreto Ejecutivo establece precios que pueden verse como una burla para todos. Es un decreto ejecutivo que el señor Presidente, cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la potestad de cambiar. ¿Por qué no lo hace?

Eso es lo que deseamos que responda el Señor Presidente, antes de endeudar al país con una obra que solo sirve a unos pocos.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Se adjuntan documentos mencionados.

DEC. canon agua

Proyecto Cuenca Media Río Tempisque y Comunidades Costeras (1)

01 01 2018 Acueducto

01 01 2019 Acueducto

01 01 2020 Acueducto

Riego y avenamiento -SENARA 2016

Mediante la resolución RIA-009-2015 del 8 de setiembre de 2015, publicada en La Gaceta N° 180 del 16 de septiembre del 2015. Se fija para el Distrito de Riego Arenal Tempisque de Senara la tarifa para el servicio de suministro de agua que de seguido se indica y que entrará a regir el 1º de enero de 2016 para un período de cinco años que finalizará en diciembre de 2020. Esta tarifa se mantendrá vigente hasta que se apruebe una nuevafijación. El detalle del pliego tarifario es el siguiente:

Actividad Tarifa (c/m3)
Actual 2016 2017 2018 2019 2020
Arroz 1,73 1,82 1,96 2,11 2,26 2,41
Caña de Azucar 3,26 3,00 2,85 2,70 2,56 2,41
Pastos 4,23 3,75 3,41 3,08 2,74 2,41
Papaya 3,60 3,27 3,05 2,84 2,62 2,41
Sandía 6,99 5,89 5,02 4,15 3,28 2,41
Cebolla 5,42 4,67 4,10 3,54 2,97 2,41
Cítricos 4,94 4,30 3,83 3,35 2,88 2,41
Algodón 3,72 3,36 3,12 2,88 2,65 2,41
Maiz 4,53 3,98 3,59 3,19 2,80 2,41
Piña 5,13 4,45 3,94 3,43 2,92 2,41
Piscicultura N.D 2,33 2,35 2,37 2,39 2,41
*ND: No disponible. No es posible determinar la tarifa actual por unidad de volumen, ya que está compuesta por una tarifa binomial combinada que comprende el área y el volumen, no comparable con las nuevas tarifas que utilizan solo el volumen.
Fuente: Intendencia de Agua, ARESEP

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por Confraternidad Guanacasteca.

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UNA: Luchas campesinas y el papel de las universidades públicas

UNA Luchas campesinas y el papel de las universidades publicas

La Vicerrectoría de Extensión, la sede Brunca de la Universidad Nacional, la Biblioteca Nacional del SINABI y el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, le invitan a la exposición fotográfica “Luchas campesinas y el papel de las universidades públicas (1970-1980)”, a realizarse del 3 al 29 de junio de 2017 al costado Norte del Parque Nacional, 2º piso, Sala España.

Inauguración: 14 junio 2 p.m.

La exposición consta de 32 fotografías, la mayoría capturadas por el sociólogo Miguel Sobrado.

El objetivo de la exposición es visibilizar el papel de las universidades públicas, a través del trabajo de extensión universitaria en los años 70-80´s con la labor realizada en zonas de conflicto de tierra entre precaristas y terratenientes de obreros desplazados de las bananeras y campesinos sin tierra en la Zona Sur, Pacífico Central, Caribe y Guanacaste.

“Durante los tempranos años setenta me interesé en el tema del precarismo rural como fenómeno creciente que tomaba ribetes cada vez más violentos. Viajé a unas cuarenta zonas de conflicto en el norte de Guanacaste, San Carlos, Pacífico Central, Caribe y Zona Sur, donde realicé entrevistas y recogí documentos disponibles. En algunas de estas visitas, no en todas porque no tenía como objetivo hacer un reportaje gráfico, hice fotografías sobre aspectos del conflicto y de las condiciones de vida de las poblaciones involucradas. En este sentido, el material gráfico presentado no pretende ser exhaustivo respecto a los conflictos de la época, ni siquiera de aquellos donde hice las fotografías. No obstante, expresa algunas de las dimensiones del conflicto y de las soluciones parciales que tuvo.

Como producto de estas luchas se fortaleció el movimiento campesino en zonas de conflicto y hoy en día existen prósperas comunidades de productores en los cantones de Coto Brus, Corredores y Aguirre, entre otros. Dentro de esta lucha floreció el cooperativismo rural en antiguas tierras bananeras. De este proceso surgieron grandes cooperativas de productores que empujan el desarrollo de sus comunidades, así como las cooperativas de autogestión aglutinadas alrededor de la Federación de Cooperativas de Producción Agrícola (FECOPA) y posteriormente el Consejo Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA).

Con ocasión de este aniversario, la Universidad Nacional ha decidido recoger este material histórico y publicarlo como testimonio de las luchas, alianzas y esfuerzos que fortalecieron la economía campesina, el desarrollo local y el movimiento cooperativo rural”.

Miguel Sobrado

Sociólogo jubilado UNA

 

*** Para mayor información comuníquese con Miguel Sobrado (8867130 / 22654998) o con la Oficina de Comunicación UNA (2277-3066).

 

Enviado por Laura Ortiz, Comunicación UNA.

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Docentes de Ciencias Penales de UCR se pronuncian sobre Extinción de Dominio

Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.

El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:

“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.

No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.

En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.

El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.

En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:

Extinción de dominio

 

*Ilustración tomada de página oficial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Información compartida con SURCOS por Nicolás Boeglin.

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