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Etiqueta: proyecto

UCR pide rechazar proyecto de geotermia en Parques Nacionales

  • Se une a las voces ecologistas, comunitarias y políticas a favor de proteger nuestro patrimonio natural

 

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó “no aprobar el Proyecto de Ley Autorización al Instituto Costarricense de Electricidad para el aprovechamiento de la energía geotérmica que se encuentra en áreas protegidas (texto sustitutivo). Expediente Nº 19.233. Se sugiere plantear un proyecto de ley que contemple la explotación de la energía geotérmica fuera de los límites de los parques nacionales, donde se asegure la conservación de las áreas protegidas”.

El pronunciamiento señala que “se establece el precedente de dar “autorizaciones especiales” para la explotación de fuentes energéticas dentro de las Áreas Protegidas, que implican la construcción de infraestructura de grandes proporciones” y que: “Los procedimientos que supuestamente garantizarían la menor alteración de las Áreas Protegidas por explotación geotérmica, como los Estudios Ecológicos de Línea Base y el monitoreo posterior, no son claros en sus definiciones, ni garantizan la sostenibilidad de la explotación”.

El texto sustitutivo al Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) que se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, fue presentado por los diputados Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. El texto sigue contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas

La UCR rechazó otras dos propuestas anteriores y afirma que de aprobarse este nuevo proyecto “no habría mucho argumento para oponerse a la construcción de represas hidroeléctricas, al aprovechamiento de recursos del bosque, a la extracción de agua para consumo humano, o a la construcción de caminos dentro de Parques Nacionales, si todo se hace en nombre de la conveniencia nacional y bajo procedimientos que garanticen la compensación a las Áreas Protegidas”.

La Universidad agrega que: “Es muy fácil que estos criterios sean retorcidos para favorecer la explotación. Dentro del propuesta de ley se cita al CONARE como ente regulador de estos estudios, pero no parece conveniente involucrar a instituciones académicas en la evaluación de permisos de uso dentro de áreas protegidas”.

En audiencia de la comisión de Asuntos Agropecuarios el asesor de la FECON, Jorge Lobo y su presidente, Mauricio Álvarez, dejaron claro que el texto en discusión es totalmente inconstitucional, pues es una autorización abierta y genérica, no delimitada. Solo se puede reducir la categoría de manejo de un parque nacional mediante una ley específica, y con base en estudios técnicos previos que justifiquen la medida ( ver más).

A finales del año pasado fue archivada por unanimidad la propuesta de “Ley para la Explotación del Recurso geotérmico” expediente no. 19.339, en la Comisión de Ambiente de Asamblea Legislativa ( ver más).

Ver acuerdo completo en Sesión N.º 6059, jueves 23 de febrero de 2017 La Gaceta Universitaria http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/officialgazette/2017/g05-2017.pdf

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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¿Una universidad en el cementerio?

Freddy Pacheco León

Una universidad en el cementerio

“ENTONCES LA OSAMENTA de que tanto hablan ustedes es muy común (…) uno simplemente va, toma los huesos, los clasifica (…) al fin y al cabo eso es una osamenta, quienes creemos en Dios sabemos que ESO NO SIGNIFICA ABSOLUTAMENTE NADA (…) esto no es una cuestión de religiosidad o creencias, sino de conveniencia para el país”, dijo el diputado Jorge Rodríguez Araya al justificar su apoyo al proyecto del alcalde Johnny Araya, de construir una “universidad o centro tecnológico” en una sección del Cementerio Calvo, donde se estima hay enterrados en el subsuelo (ahí no hay nichos funerarios) restos humanos de al menos un millar de personas, que habría que excavar con maquinaria pesada para lanzarlos a otro lugar del camposanto.

Ante esas irrespetuosas palabras del diputado del PUSC, le respondemos con lo expresado por el Papa Francisco el pasado 2 de noviembre cuando dijo: “El sentido de tristeza, un cementerio es triste, nos recuerda a los nuestros que se fueron, nos recuerda el futuro de la muerte. Pero en esta tristeza les traemos flores como un signo de esperanza. También puedo decir de fiesta, pero más adelante, no ahora”. El mismo día, antes de presidir la Misa, Francisco colocó flores en diferentes tumbas del cementerio, siguiendo las palabras que pronunció el 2 de noviembre de 2014 y que recordó hoy en su cuenta de Twitter. “Nos detenemos con fe ante las tumbas de nuestros seres queridos, rezando también por los difuntos que nadie recuerda”.

Pues resulta que en esa parte del centenario Cementerio Calvo, el dedicado al líder masón Padre Francisco Calvo, el “cementerio de los pobres”, el cementerio que los que “no tienen ni donde caer muertos”, ni el Papa Francisco ni nadie más podría repetir ese acto tan valorado por la comunidad cristiana. Y no lo podría repetir porque, Johnny Araya, después de ordenar que no se enterrara a nadie más en esa hectárea y media que sueña con urbanizar utilizando los más variados pretextos (un parqueo, una villa olímpica, una campamento para los obreros chinos que construyeron el Estadio Nacional, y ahora una “universidad” municipal), hizo sacar todas las humildes cruces, lápidas, floreros, ladrillos, que marcaban algunos entierros, para que luego se destruyera el césped, flores ornamentales y arbustos, dejando los 16.000 m2 destruidos, se encharralaran. ¡Como efectivamente sucedió! hasta que la Sala Constitucional ordenó su restauración, al tiempo que anuló la inscripción de esa parte del camposanto como “lote apto para construir” y el acuerdo municipal de venderlo a un fideicomiso.

En el muy humilde Cementerio Calvo, donde no hay tumbas de lujo, pero sí miles de difuntos que merecen respeto en su descanso, hay restos humanos que »se interponen» a los planes absurdos de Johnny Araya, ahora supuestamente para construir una »Universidad» municipal de alta tecnología y ciencias informáticas de primer mundo (¿?). Para ello, unos diputados encabezados por Álvarez Desanti (PLN), deberán mutar de BIEN DEMANIAL a BIEN PATRIMONIAL, casi la mitad de ese CEMENTERIO, para que luego de aprobado el cambio, el alcalde dé a conocer su “proyecto” y no vaya a utilizar el carácter de bien patrimonial municipal para otra cosa. ¡Y todavía le creen!, pese a que, como leímos en una entrevista reciente, dice que se trata de “un terreno paralelo al Cementerio Calvo”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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A celebrar los ríos en Guacimal

Este sábado 18 de febrero Guacimal y comunidades vecinas celebraron un año de que el fallo de la Sala Constitucional les diera la razón y se trajera abajo el Proyecto de Riego Guacimal-Los Ángeles-Sardinal.

La celebración se realizó mediante una caravana que arrancó a las 9 am, la cual culminaría con un acto simbólico en el río. Después de las 11 am iniciaron las actividades para niñas y niños, la marimba, venta de comidas y productos típicos de la zona, terminando con un baile. Todas las actividades se realizaron en el local de la Feria de Guacimal este sábado 18 de febrero.

Las fuerzas vivas de la comunidad crearon una coordinadora con otras poblaciones cercanas, la llamada Alianza de comunidades por la Defensa del Agua que asegura que “estaremos conmemorando este logro de la unión comunal, que costó días enteros de esfuerzos, largos debates, marchas y hasta bloqueos. Por eso recordaremos el triunfo con una MERECIDA CELEBRACIÓN. Venga usted con su familia a disfrutar, comer, aprender, cantar o bailar cumbia y marimba con toda la gente que apoya la causa de defender los ríos de Puntarenas”.

Antecedentes

Este polémico proyecto pretende extraer 75 litros por segundo del Río Veracruz y llevarlos a Sardinal para uso de riego de fincas ganaderas, lo que según vecinas y vecinos de Guacimal pone en riesgo las pocas fuentes de agua de la zona.

La Sala indicó en aquel momento que “se declara con lugar el recurso. Se anula la inclusión del Proyecto de Riego Sudagua al Plan General de la Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país, según el Decreto Ejecutivo No. 38642-MP-MAG, publicado en la Gaceta No. 195- viernes 10 de octubre del 2014, que declara Estado de Emergencia. Asimismo, se anula la resolución No. 1710-2015-SETENA”.

Este fue el segundo fallo donde la Sala les dio la razón, pues la comunidad ha estado defendiendo desde 2011 el Río Veracruz del proyecto de riego pues considera que faltan datos, estudios ambientales y participación efectiva en el manejo de un recurso tan escaso en la región. En 2014 se interpuso un primer recurso de amparo por la ausencia de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aunque el recurso fue declarado con lugar, la comunidad asegura que fue burlado porque el Decreto Ejecutivo N° 38642-MP-MAG, emitido ante la emergencia de la sequía, fue usado por los dueños del proyecto para iniciar su construcción sin presentar el Estudio de Impacto Ambiental.

Actualmente el proyecto se encuentra definiendo en SETENA el tipo de evaluación ambiental requerida, pues los impulsores y SETENA insisten en un instrumento menos riguroso que el solicitado por la Sala, decisión que está siendo impugnada por la comunidad. Mientras en la Dirección de Aguas del MINAE un proceso interno define la anulación o vigencia de la concesión, pues ha sido sujeto de una serie de anomalías y cuestionamientos por parte de la comunidad.

La comunidad ha realizado manifestaciones en SETENA, MINAE, Casa Presidencial, Dirección de Aguas y muchas otras instancias para que el agua de este río pueda ser prioritaria para el consumo humano de decenas de comunidades que tienen problemas de agua en la región.

Para más información: alianzahidrica.pts@gmail.com, Tel: 8781 4512 FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.

A celebrar los rIos en Guacimal

Enviado a SURCOS por TCU kioscossocioambientales UCR.

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Gobierno cede a presiones de la derecha

Carlos J. Cabezas Mora (*)

 

Aunque contrario a lo que piensan los grandes medios de comunicación nacionales y que ha habido pocas protestas sindicales durante la administración Rivera, este Gobierno lleno de temerosos políticos prefirió desdecirse y enviar el proyecto de Empleo Público presionado no solo por la situación fiscal, sino también por las posiciones ideológicas de la derecha.

El gobierno gasta en sus operaciones lo mismo que en pagos a la deuda interna, necesita nuevos ingresos tributarios para operar, pero buscarlos donde están evadidos o simplemente, promover leyes para cobrarlos son un acto de desafío al poder económico que no están dispuestos a materializar, máxime que el Partido Acción Ciudadana no tienen suficientes diputados para una reforma fiscal que disminuya la desigualdad social por la que es famoso nuestro país.

Según datos del IMAS en el 2015 el 16% de las familias más ricas se deja el 54% del ingreso, pero es el sector empresarial goza de condiciones de privilegio producto de una larga estrategia y técnicas de evasión y elusión llegando a ser más del 8% del PIB, el Gobierno pretende impulsar unos modestos cambios en la ley de renta, pero eso puede avanzar y le cede a los poderosos las condiciones salariales y de negociación colectiva de los funcionarios.

Es un gobierno sin una base social para impulsar sus proyectos por lo que optó por la típica negociación, creemos que ingenua, pues nada les asegura que sus modestos proyectos avancen, pues los ricos tienen suficiente poder político representado en diputados y medios de comunicación para que no se materialicen.

Lo irónico es que si este Gobierno tuviera la suficiente valentía para enfrentarse al poder económico por el tema tributario, sería altamente posible que el movimiento sindical lo apoyara, pero dudamos que lleguen a ese nivel de atrevimiento.

Para la confrontación con los Sindicatos los dependeremos de que tan convencidos estén los y las trabajadoras para protestar, de que comprendan del impacto que las condiciones laborales.

Nos corresponde como representantes de nuestros agremiados dar la pelea para que la historia sepa que hubo quienes si se opusieron a proyectos anti trabajadores.

Ojalá los grandes bloques sindicales entiendan está vez lo que urge la unidad en la acción para neutralizar las iniciativas

 

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Un proyecto de “Ley de Aguas” antiagricultor

Freddy Pacheco León (*)

 

Obsesionados en enterrar la magnífica “Ley de Aguas” que nos legara el Dr. Calderón Guardia, y que fuere modificada sustancialmente en 1996, aparece otra vez en la Asamblea Legislativa un nuevo y amenazante proyecto. Sin importar a sus proponentes que la Ley vigente JAMÁS ha significado obstáculo alguno para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial, turístico, y en general, para los habitantes del país, desde hace años vienen buscando la oportunidad de aprobar una nueva legislación sobre el manejo del agua, que sigue lineamientos dictados por el Banco Mundial, por medio de su “brazo armado”, la Global Water Partnership (GWP), con muchos interesados en Costa Rica.

El nuevo proyecto de “Ley de Aguas” (expediente Nº 20212) se las trae. Cual si las decenas de miles de productores agrícolas del país ya no tuviesen suficientes problemas, de aprobarse agravaría una situación que ya es insostenible

Hay en Costa Rica alrededor de 300.000 AGRICULTORES que faenan en unas 190.000 FINCAS de cultivos anuales y permanentes, desde donde nos abastecen de arroz, frijol, maíz, papa, cebolla, tomate, lechuga, sandía, yuca, café, azúcar, banano, piña, naranja, plátano, papaya, aguacate, coco, etc. Agricultores muchas veces sometidos a situaciones cambiantes del mercado e inclemencias del tiempo, que les provocan pérdidas económicas. Agricultores que, en lugar de desincentivarlos, URGEN DE UNA MAYOR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL, en un país que no logra levantar una producción industrial que, algunos creen, es sinónimo de progreso

Pero resulta que en esa nueva Ley de Aguas, proyecto firmado por 42 diputados ¡sin haber sido SIQUIERA LEÍDO por la mayoría!, se establecerían cosas como las siguientes:

Como parte de una redacción muy pobre, se establece que para “Obtener CONCESIONES para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios”, SE HAN DE INSCRIBIR CUASI-SOCIEDADES ANÓNIMAS, con el nombre de “sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario” formadas por al menos cinco productores del lugar, con capital social dividido en acciones comunes y nominativas. Mandato que insólitamente no toma en cuenta, cuántas MILES DE SOCIEDADES habría que crear a lo largo y ancho del país, para que los productores agropecuarios PUEDAN TENER ACCESO AL AGUA que necesitan para sus semillas y sus animales

Aunque dicen que el número es intrascendente, porque algunas podrían ser formadas por decenas de productores agrícolas, surge otra cuestión: ¿En qué posición quedarían los agricultores que encuentren obstáculos para formar tales sociedades? ¿SE LES NEGARÍA EL AGUA?

¡Pero hay más! En el mismo proyecto, en su afán de recaudar dinero para un nuevo cuerpo burocrático que se crearía en el ineficiente Ministerio de Ambiente (Minae) se establece que las nuevas sociedades tendrían que sumar al COSTO DE SU CREACIÓN LEGAL, el pago obligatorio de sendos impuestos por APROVECHAMIENTO de agua y por VERTIDOS, “según corresponda”. Cánones que no son excluyentes y que serían fijados por EL TODOPODEROSO MINAE, según sea el humor del incompetente ministro de turno. Asimismo, aquellos productores agrícolas que como parte de sus labores de producción han de generar, necesariamente, vertidos diversos, también tendrían que pagar otro impuesto (al que le llaman “canon”) si, ¡como es inevitable!, estos “puedan modificar la calidad física, química y biológica del agua”, según ESTUDIOS que también tendrían que ser pagados por los mismos productores del campo

El proyecto, que vendría a sustituir el hasta ahora frustrado intento por quitarle al agua su carácter de “BIEN SOCIAL”, para sustituirlo por el de “BIEN ECONÓMICO”, que era parte del vil engaño con que se tramitó el mal llamado de “iniciativa popular”, no deja de ser también una amenaza para el desarrollo de Costa Rica. Aquél se quiso presentar como nacido del pueblo; éste como de iniciativa del diputado guanacasteco Juan Marín, el diputado Antonio Álvarez y la exdiputada Maureen Ballestero, entre otros

Se trata en fin, de una iniciativa de ley, inconsulta, ANTI-AGRICULTORES, donde el “valor económico” del agua tiene preponderancia sobre el agua como un bien vital, insustituible, demanial, al servicio del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Proyecto que no considera, ni por casualidad, lo preocupante que es para Costa Rica, que en tan solo 30 años, los agricultores pasaron de ser el 32% de toda la población económicamente activa, A TAN SOLO EL 15%, como resultado del desdén gubernamental hacia el sector agrícola, donde la inversión pública no supera el 3,5%

Convocado el nuevo proyecto a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y presentado cual si fuere resultado de un consenso alcanzado con el sector agropecuario y otros, casi inmediatamente después de publicado fue rechazado por las organizaciones agrícolas correspondientes. Sin embargo, se pretende aprobarlo por la llamada “vía rápida” que no permite su consulta ni su conocimiento y debate en comisión legislativa, por lo que consideramos urgente, llamar la atención al respecto para que no se le haga más daño a los desdeñados productores agrícolas de Costa Rica

 

(*)Dr. en Ciencias Biológicas

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.vocesnuestras.org

Enviado a SURCOS por el autor.

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Retiro del proyecto de devengados Central General de Trabajadores

El gobierno que había pactado con varios partidos que a cambio de que le aprobaran sus proyectos de ley en materia tributaria enviaría el proyecto del partido Liberación Nacional conocido como de Empleo Público, no logró conseguir 38 votos para la vía rápida.

Sin el apoyo necesario para la vía rápida, se cumplió lo expresado por nuestro secretario general Carlos Cabezas Mora, de que “además de apuñalarnos había demasiada ingenuidad política en los representantes gubernamentales para que les aprueben algo sobre materia tributaria”.

El proyecto de empleo público planteado como una supuesta forma de ahorro en gasto público (lograría un ridículo 0,05% del PIB) que era más para dañar la acción sindical estatal y derechos de los trabajadores, anunciaron que será retirado y dudamos seriamente que logren impulsar los relacionados con el asunto tributario.

El movimiento sindical, contrario al proyecto, inicialmente luchó de manera dividida pero comenzó a dar señales importantes de acercamiento, con grandes esperanzas de dar una batalla unitaria, generando así un gran temor de que pudiese convertir en un conflicto de grandes magnitudes.

Nos alegra el resultado final de retirar el proyecto, pero sin duda ese acto “justificado” en la necesidad de enfrentar la sería situación fiscal producto del fraude fiscal y la deuda interna, marcó una distancia muy importante del gobierno con el movimiento sindical.

El retiro del periodo de sesiones extraordinarias parece que pesó más su inviabilidad para rápida que la posibilidad de huelga, pues el fuerte debía estar en los sectores no magisteriales que se movilizan con muy poca fuerza.

Creemos que hay que estar alerta, pero por la época del año habrá un cambio en la dinámica parlamentaria producto de los fuegos electorales, la cual dificultará de manera profunda la posibilidad de aprobar cualquier proyecto como el de empleo público.

 

Por la Junta Directiva Nacional

Carlos José Cabezas Mora

Secretario General, Central General de Trabajadores

 

“Si luchas puede que pierdas, pero si no lo haces perderás siempre”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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ANEP: razones del fracaso del Proyecto Contra el Empleo Público

  • Expediente legislativo 19.506

 

Se impone el debate de ideas, el real diálogo social

y la construcción de soluciones

para la integración social, no para la exclusión.

“El que se enoja pierde”:

El insulto, la rabieta y el enojo iracundo

no conducen a nada bueno.

La actitud de «chiquito malcriado»

no les luce para nada, doña Sandra y don Ottón.

Fue desarmado el chantaje neoliberal:

“¿Quieren impuestos?…

Entonces, ¡paguen peaje!: el proyecto 19.506”.

“Ni compadre hablado”…

“Ni miedo a los sindicatos”:

Al descalificar argumentos

se han descalificado a sí mismos.

 

Durante bastantes meses estuvimos denunciando que los sectores neoliberales más duros del país, a través de connotadas vocerías diputadiles, como la del ahora precandidato presidencial liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti, estuvieron formulando un chantaje político, en la penumbra primero y descaradamente después, al indicar que la única manera de aprobar incrementos en los impuestos (ventas y renta), dada la gran necesidad fiscal planteada por el actual gobierno, era que primero fuera aprobado el expediente legislativo 19.506, al que nosotros hemos denominado como “ley contra el empleo público”. Tal chantaje político, ahora desmontado, se resume en esta frase: “¿No hay empleo público?… Entonces, ¡tampoco hay impuestos!”.

Tales sectores neoliberales y sus vocerías parlamentarias, con el apoyo de connotados latifundios mediáticos, quisieron utilizar a los empleados públicos como “carne de cañón”, jugando con sus derechos, con sus salarios, con sus responsabilidades familiares y financieras, vía expediente legislativo 19.506; para (entre otras motivaciones ocultas), que siguiera la fiesta, la fiesta orgiástica del robo de impuestos, de la evasión fiscal, de la elusión tributaria; en fin, que continuara impune la corrupción tipo “papeles de Panamá” con el apoyo de honorables bufetes. Poderosa razón ésta… Pero hubo una más profunda…

¡No se enoje, doña Sandra Piszk! ¡No se enoje, don Ottón Solís! Ustedes perdieron el debate de las ideas. El expediente 19.506 fue contaminado con antisindicalismo, con disposiciones legales atentatorias de Derechos Humanos universalmente reconocidos; con normativa violatoria de los tratados internacionales firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con inconstitucionalidades latentes y manifiestas…

Este nefasto proyecto 19.506 dejó de ser una “inocente y sencilla iniciativa” para quitar unos “poquitos” pluses salariales, para mostrar su verdadera faz, al punto de conseguir el compromiso de 32 señores diputados y señoras diputadas de impedir que al mismo se le aplicase la vía rápida.

Como esto se trata de ideas, no de rabietas ni de enojos de «chiquito malcriado», planteamos únicamente cuatro preguntas claves dentro del conjunto de interrogantes que podemos formular al desenmascarar esta intentona antisindical hoy fallida:

1) ¿Por qué le metieron disposiciones para distorsionar el marco de relaciones laborales en el sector privado de la economía, especialmente ahora que entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral?

2) ¿Por qué eliminar la posibilidad de la negociación salarial a nivel municipal, si las municipalidades no tiene relación alguna con el déficit fiscal?

3) ¿Por qué atacaron a mansalva los principios constitucionales y legales que fundamentan la negociación colectiva entre patronos y trabajadores?

4) ¿Por qué hicieron importantes exclusiones gremiales de empleo público (afortunadas, por supuesto), si de lo que se trataba era de “disminuir” el crecimiento del gasto público y “reducir” el déficit fiscal?…

Muchas, pero muchas más argumentaciones, vía cuestionamientos, podemos exhibir para demostrar que el proyecto por ustedes tan ardorosamente defendido y hoy fracasado, fue una intentona político-ideológica de corte antidemocrático-sindical; porque si la hubiesen formulado de forma transparente y diáfana la perderían, mediando eso sí un debate coherente y respetuoso en el marco de los Derechos Humanos. No lo hubo en el trámite parlamentario del 19.506 y eso les llevó al fracaso de su iniciativa para “ordenar” el empleo público.

Porque la verdadera realidad es que estamos tratando de esto: ¿Cuánta es la real disposición de Costa Rica, de sus políticos, de sus gobernantes, para propiciar la convivencia civilizada con fundamento en los Derechos Humanos; esos de los que tanto nos ufanamos ante el mundo de proclamar y de respetar?

El Sindicalismo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva tienen rango de Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero los sectores político-hegemónicos tradicionales, los que disfrutan de la fiesta concentradora de la riqueza y por los cuales ustedes abogan, siguen siendo tan reacios como toda la vida para comprender que Libertad Sindical y Derechos Humanos van de la mano.

Actuar en contra de estos postulados y principios universales y nacionalmente incluidos en la legislación y en la jurisprudencia, es mostrar una proclividad antidemocrática.

La discusión fiscal-tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal; es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa.

El error estratégico que llevó a la sepultura el expediente legislativo 19.506 fue envenenarlo con antisindicalismo que es lo mismo que antidemocracia.

La rabieta de ustedes dos, esa actitud de «chiquito malcriado» que para nada les luce, doña Sandra y don Ottón, no deja espacio para concluir otra cosa a partir de la defensa a ultranza que han realizado del expediente legislativo 19.506; por demás y ya más que evidente, sin espacio político alguno.

Ustedes saben mejor que uno ese adagio fundamental de la política que indica algo así como “la política es el arte de lo posible, no de lo deseable”. Como dice el conocido costarriqueñismo, ¡“manda la parada” que ustedes, toda sus vidas en política, no lo comprendan!. Nada que ver en lo que a nosotros respecta con “miedo a los sindicatos”, con “compadre hablado”. Ofenden ustedes la inteligencia de la clase trabajadora y se descalificaron a sí mismos con estos comentarios de «chiquito malcriado».

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por ANEP.

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Rechazado proyecto de incineración en Alajuela

  • Segundo proyecto archivado por SETENA

La Resolución Nº 2201-2016-SETENA rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Proyecto de Residuos Sólidos en La Garita de Alajuela analizado bajo el expediente administrativo Nº 9279-2012-SETENA.

Con base en unos 81 incumplimientos del EIA la SETENA ordenó el archivo y negó la viabilidad ambiental a la transnacional de la incineración Wastelectric S.A que pretendía instalar una planta en contiguo la Zona Franca en La Garita de Alajuela.

Entre las decenas de omisiones del proyecto la SETENA señala que no se presenta un adecuado Plan de Manejo de aguas residuales y pluviales sin el recibido por parte de la Municipalidad de Alajuela. Falta permisos y diseños de la planta de tratamiento y no se analiza que sucede con las aguas residuales generadas propiamente por la actividad. Con relación a la dotación de agua no existe claridad sobre la manera en que se suplirá la demanda de agua del proyecto.

Una de las preocupaciones de las comunidades son las cenizas toxicas que generan estos proyectos SETENA asegura que “con relación a la disposición final de desechos, no se indica el tipo de desechos que serán producidos, almacenamiento, manejo, transporte, tratamiento y disposición final. Relacionado con los desechos líquidos generados, no se indica la cantidad y calidad estimada que se generará. Tampoco se explica cómo serán tratados”.

Uno de los puntos de mayor discordia de estas tecnologías son las emisiones de gases perjudiciales para el ambiente como dióxido de carbono y para la salud como las dioxinas, furanos, policiclos aromáticos, los cuales son cancerígenos. En lo referente a las emisiones según SETENA: “no se explica con cual normativa se comparará o medirá, considerando que en Costa Rica no hay legislación en este campo. Tampoco se indica la normativa legal costarricense existente aplicable a este tipo de actividad, normas a cumplir, sistema de medición”.

En relación con el tema de percepción local no se explicó la metodología empleada para definir la muestra de la población a consultar. Tampoco se señala la percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto sobre dicha infraestructura.

Entre otros vacíos importantes es la falta el Análisis Costo – Beneficio del proyecto, que permita conocer la conveniencia socioeconómica del proyecto, ni estudio de impacto vial, no se respondieron inquietudes formuladas por la sociedad civil.

La compañía no pudo ampliar y evacuar observaciones de: Instituto Meteorológico Nacional, Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Turismo, Comisión Arqueológica Nacional, Universidad de Costa Rica, Dirección de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, La Defensoría de los Habitantes, Colegio de Biólogos de Costa Rica, Dirección de Cambio Climático, Municipalidad de Alajuela, Vice ministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y Colegio de Químicos de Costa Rica.

Dos ejemplos, el Colegio de Geólogos de Costa Rica señala que existe una fragmentación en los temas de geología e hidrogeología, que el apartado de geología es muy pobre por lo que debe ser ampliado, se debe realizar un inventario de pozos y captaciones que existan en los alrededores y analizar la posible influencia del proyecto en la calidad y cantidad de agua. Se debe analizar con más detalle el posible riesgo de contaminación del agua subterránea y aguas superficiales. Mientras El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), específicamente se señala que el estudio hidrogeológico presentado no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el SENARA.

Segundo proyecto archivado

En el caso del proyecto de Barranca en 2013, tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los vecinos lograron que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) archivara el proyecto denominado “Puntarenas Waste Energy” (ver más ).

La Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Desarrollo Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI), con apoyo de Msc. Alvaro Sagot y Dr. Allan Astorga, contra el reglamento que habilita la incineración de residuos (Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE del 15 de junio de 2015 ).

En SETENA se están evaluando proyectos de incineración, en Carrillo tramitado por Coopeguanacaste y Grupo Hoskinson, en León Cortes de Agropecuaria Setenta Cuarenta y Ocho y uno más en La Uruca a nombre de empresa Proactiva Colombia. S.A y en Cañas, Tilarán y Bagaces por la Bioenergía Tica subsidiaria de Urban Partners Ltd.

 

Ver resolución completa de SETENA: https://www.setena.go.cr/wp-content/Doc/RESOLUCIONES%20COMISION%20PLENARIA/2016/RES-2201-2016.pdf

rechazado-proyecto-de-incineracion-en-alajuela

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Confraternidad Guanacasteca cuestiona declaraciones de presidenta ejecutiva de AyA con respecto al Proyecto Sardinal

El domingo 13 de noviembre, en el periódico La Nación se publicaron declaraciones de Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, sobre el proyecto Sardinal.

En criterio de Confraternidad Guanacasteca, la presidenta ejecutiva de AyA debe aclarar si existen vínculos privados en la toma de decisiones con respecto al Proyecto, pues aseguran que el sábado 12 de noviembre sostuvieron una reunión con Astorga para dialogar sobre el tema y la conversación tuvo un rumbo diferente.

Según la agrupación, en el Informe de la Contraloría General de la República – DFOE-ED-22-2008 del 21 de noviembre 2008, se detalla que el AyA no fue quien construía el proyecto de Sardinal, era el grupo COCOWATER, cuyo abogado era el Lic. Pedro Muñoz, hoy presidente del PUSC; por otra parte, desconocen quién financia y pretende la construcción del proyecto de acueducto desde Sardinal para El Coco y Ocotal, temen que es por parte de un fideicomiso privado.

Para Confraternidad Guanacasteca resulta confuso el hecho de que el AyA esté trabajando con recursos públicos, en estudios, viabilidad, diseño y demás aspectos, de un proyecto privado.

Sostienen que Ricardo Sancho entregó en una ocasión, 4.129 pajas de agua a los empresarios de Cocowater, lo cual les genera dudas con respecto a los convenios y arreglos que pudieron haberse concretado entre estos empresarios y la señora Astorga.

Confraternidad Guanacasteca cree necesario que la presidenta de AyA responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es la relación de Astorga con el grupo Mapache o Cocowater o GWP o el fideicomiso privado que pretende terminar esa obra?

¿Cuánto dinero público gasta en un proyecto privado?

“Entendemos las necesidades y los problemas creados por la escasez de agua, en la zona costera de Playas del Coco, Ocotal, Playa Hermosa y Playa Panamá.

Lo advertimos antes que nadie y la Sala Constitucional, ordenó al AyA y al MINAE, proteger esos acuíferos costeros (voto 2008 – 014092). ¡No lo hicieron!”, manifestó la agrupación guanacasteca.

Queremos un desarrollo ordenado

Para Confraternidad Guanacasteca se deben esclarecer los siguientes puntos:

  • La Municipalidad está terminando de hacer el Plan Regulador y AyA no lo toma en cuenta
  • No cumplieron lo ordenado por la Sala IV y la culpa y responsabilidad es de AyA y de otras instituciones
  • Causaron la salinización del acuífero de Playa Panamá, mediante la sobreexplotación
  • Hasta hoy en día, AyA opera el acueducto, enviando agua sucia y no potable, lo que viola las leyes vigentes
  • Los pozos están severamente contaminados. Los análisis oficiales dicen: “Las concentraciones de Calcio, Cloruros, Hierro, Dureza Total, Sulfatos y Magnesio, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-S”

“Exigimos que la señora Astorga, cumpla con su promesa de hacer un nuevo estudio, según Reglamento de SENARA y con participación de todos. Cumpla con las leyes vigentes, asuma sus responsabilidades sobre los daños ocasionados, o renuncie a su puesto.

Desarrollo sostenible, planificado y construido, con y para el pueblo. Eso queremos en Guanacaste”, manifestaron.

 

Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal

Asociación Confraternidad Guanacasteca

 

Contactos

Eunice 6142-3774

Gadi 2672-0238

 

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SEC celebra que el Poder Ejecutivo no haya enviado el proyecto de Empleo Público a sesiones extraordinarias

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, celebra que el Poder Ejecutivo no haya incluido el proyecto de Empleo Público 19506, en el Decreto N40039-MP, para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

Reafirmamos que este proyecto de ley es un instrumento ideológico que pretende acabar con el Derecho Constitucional de negociar Convenciones Colectivas y el derecho a la Libertad Sindical, por eso el SEC mantendrá su posición férrea de actuar en unidad con el movimiento sindical para evitar que este proyecto se apruebe.

Consideramos que pretender excluir al Magisterio Nacional de dicho proyecto es muestra de que tenemos toda la razón en afirmar que NO SOMOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO LOS CULPABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Por eso lucharemos para que se archive totalmente y castigue a los evasores de impuestos.

Seguiremos insistiendo ante el Poder Ejecutivo para que mantenga esa posición de no enviar dicho proyecto, ya que el periodo de sesiones extraordinarias se mantiene del 1 de diciembre al 30 abril.

Mantenemos el llamado en primera instancia a nuestra dirigencia zonal y representantes institucionales de estar en disposición para actuar a nuestro llamado cuando se considere necesario y a la afiliación en general, estar pendiente ahora que viene el periodo de vacaciones.

¡SEC junto al Pueblo!

 

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