Más de cien estudiantes indígenas del Liceo Tsikriyök, situado en Yuavín de Cabagra, Buenos Aires, estrenarán mobiliario, gracias a la gestión inclaudicable de su directora, Sonia Rojas Méndez.
Debido al faltante de estos recursos, los estudiantes tenían que turnarse para utilizar las pocas sillas y mesas que tenían y hasta utilizar algunas en mal estado.
Esta donación se logró a través de la gestión ante la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública, quien es el órgano encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa y su equipamiento, como medio para facilitar el acceso, la calidad y la equidad de la educación pública costarricense.
El Liceo Tsikriyök cuenta con más de 100 estudiantes los cuales, la mayoría son indígenas y provienen de pequeños poblados enclavados en las montañas de este territorio bribri.
De acuerdo con Sonia Rojas Méndez, directora de esta institución, “este equipo de mobiliario viene a empujar los esfuerzos que se hace por brindarle a los estudiantes un proceso educativo de la mejor calidad posible».
En estos centros educativos hay muchas necesidades que debemos solventar, tanto en las áreas educativas, sociales y ambientales”, agregó Rojas.
El Liceo Tsikriyök se ubica en la comunidad de Yuavín de Cabagra, 30 km al norte de Buenos Aires, Puntarenas, y fue fundado en el 2014.
Tras un esfuerzo conjunto entre la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra, la Municipalidad de Buenos Aires, trabajadores de PRONAE, vecinos de la comunidad y los centros educativos de Yuavín y Tsikriyok, es que se pudo reconstruir el puente Yuavín – Cañas, sobre el río Cabagra.
Esta obra comunal, la cual beneficia a más de 25 estudiantes indígenas bribris que asisten a los centros educativos de Yuavín y Tsikriyok, tuvo un costo total que supera el ₡1.500,000.
Además de los estudiantes, este puente permitirá que más de 15 familias de Cañas, Santa Elena y Yuavín puedan movilizarse a diferentes sectores de la zona, especialmente durante estas épocas de invierno.
La reconstrucción de este puente con recursos locales, es una muestra de la unión de trabajo comunitario, en donde se destaca el liderazgo de quienes comandan este territorio.
Las Américas y Europa, 12 de mayo de 2021.- Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, integrado por más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, nos encontramos vigilantes del juicio oral y público en contra de Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las fuerzas armadas de Honduras, ex gerente general de la empresa hidroeléctrica de la familia Atala Zablah, y vinculado como coautor en el feminicidio de la lideresa lenca Berta Cáceres, cumpliendo un rol de enlace entre los altos mandos de la empresa y la estructura que ejecutó el crimen.
El juicio en contra de David Castillo dio inicio el pasado 06 de abril de 2021, después de más de tres años de retrasos, y es el segundo juicio por el feminicidio de la defensora hondureña. Este proceso se da más de cinco años después de su feminicidio, expresión última de la violencia ejercida durante años contra Berta Cáceres, antecedido por amenazas, hostigamiento, difamación y criminalización como represalia a su labor de defensa de las tierras ancestrales del pueblo lenca y a su lucha contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
En el contexto hondureño, uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa de derechos humanos, que tan solo en 2020 registró 20 asesinatos de personas defensoras que se mantienen impunes, este juicio oral y público representa un momento histórico en el camino hacia la justicia, liderado incansablemente por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Berta Cáceres y las comunidades lencas.
Desde el Foro Internacional, reconocemos la importancia de este hito para la causa de Berta Cáceres y toda la sociedad hondureña, al tiempo que sostenemos que este proceso en sí mismo no representa justicia, pues los autores intelectuales del crimen permanecen impunes y las comunidades Lencas y COPINH continúan enfrentando las violentas políticas de un Estado extractivista.
En este contexto, como Foro Internacional, articulación que monitorea la situación de derechos humanos en el país e incide a favor de su respeto, difusión y garantía, esperamos que este proceso siente la responsabilidad de David Castillo como parte de la estructura criminal del asesinato y devele los vínculos de los autores intelectuales responsables por la planificación y financiamiento del crimen. Para ello, hacemos un llamado al Estado hondureño para que garantice cabalmente las garantías judiciales y dé publicidad para el desarrollo del juicio oral y público, en aras de que el acceso a la verdad y la justicia para la familia, el COPINH y la sociedad hondureña sea una realidad en el marco de un caso que tanto lastimó a un país.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación por los múltiples ataques a los que han sido sujetos la familia y el COPINH en el marco de la exigencia de justicia, por lo que exigimos que se garantice su seguridad, vida e integridad, especialmente en el marco del desarrollo de la etapa oral y pública del juicio y su seguimiento, por la exposición que esta implica.
Reconocemos que la lucha de Berta Cáceres representa la resistencia de los pueblos que han enfrentado despojo, criminalización y violaciones a derechos humanos en el marco de un contexto de extractivismo atroz en Honduras y en toda la región Latinoamericana. Asimismo, su caso expone las violencias que enfrentan las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el continente y, expone la situación específica de riesgo que las mujeres defensoras enfrentan cuando desarrollan esta labor. De la misma manera, este juicio oral y público debe permitirnos entender la forma en que operan las estructuras criminales que atentan contra quienes defienden derechos, contra los pueblos indígenas y las mujeres en toda la región. Alcanzar justicia para Berta Cáceres, es justicia para los pueblos, para las mujeres defensoras, para la sociedad hondureña y para América Latina.
Así, exigimos que este caso, como muchos otros más, encuentre la verdad, la justicia y se garantice la no repetición. La violencia sistemática ha cobrado múltiples vidas y las amenazas persisten, pero organizaciones de toda la región continuamos levantando la voz y reafirmamos una vez más nuestro compromiso. El caso de Berta Cáceres se niega a sucumbir a la impunidad y al olvido, ¡justicia para Berta!
Firman:
Asociación para una Ciudadanía Participativa – ACI Participa Asociación Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL Comité por la Libre Expresión – C-Libre Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Equipo Jurídico por los Derechos Humanos Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe Foro Honduras Suiza Front Line Defenders Honduras Delegation Alemania Latin Amerixa Working Group – LAWG Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida – MASSVIDA Plataforma Internacional Mittelamerika-Sekretariat e.V. Munich Protección Internacional Mesoamérica Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos Trocaire
Hoy se realizó una reunión de acercamiento en las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con la participación de la ministra María Amalia Revelo; así como la Ministra de Cultura Sylvie Durán Salva tierra, con representación de la Asociación de Desarrollo y Consejo de Cultura de Boruca, para analizar el proceso de construcción del Atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena (PNMB), áreas de uso ancestral del pueblo indígena Brunca.
Gilbert González de la Comisión designada por el Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca aseguró: “La ministra Sylvie Durán quiere etiquetar el proceso como de “buena fe” y no como consulta, algo en lo que difiero totalmente”.
También se acordó revisar los términos de referencia para la contratación de los estudios referidos, atendiendo las recomendaciones de la Asociación de Desarrollo y el Consejo Cultura.
Se expuso la falta de consulta correspondiente al pueblo de Boruca al planificar el proyecto, la desatención de varias de las instituciones participantes a las recomendaciones del pueblo de Boruca sobre el tema de consulta, la falta de información pertinente, el ocultamiento de la información, entre otros.
“Es necesario entender el amplio marco jurídico que respalda la acción de consulta al pueblo de boruca, así como las maniobras dadas en los últimos meses referentes al tema”, aseguro González.
La reunión estaba planificada para analizar la contratación, directa o abierta, de un estudio biológico y de impacto cultural del atracadero sobre el caracol múrice utilizado ancestralmente para teñir hilo que el tono morado distintivo en sus tejidos y también sobre eventuales cambios culturales.
En la reunión participaron treintena de personas, entre ellas tour operadores del PNMB, representantes del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Área de Conservación Osa (ACOSA), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR.
Informes Gilbert González Maroto 6025-3217 y Mario Lázaro presidente de la ADI de Boruca al 8463 4969.
Voceras y voceros de la comunidad Ngäbe-Buglé dialogarán por el reconocimiento de su ciudadanía
Los derechos humanos del pueblo indígena Ngabe-Buglé son violentados día a día, debido a su restricción de acceso a ciudadanía, lo cual les impide acceder a becas, servicios de salud especializados, espacios de representación política y respuesta jurídica efectiva. El proyecto de ley 20.554 en la Asamblea Legislativa busca regularizar su ciudadanía, dotándoles de todos los derechos y deberes que les devienen.
El martes 5 de junio a las 3:30 p.m. realizaremos un foro con los voceros y voceras de la comunidad, discutiendo sobre su actual condición migratoria. Dicho foro se realizará en Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, en el cual se le exigirá al Gobierno de Costa Rica soluciones inmediatas y sostenidas a la problemáticas que viven todas estas familias, quienes son extranjeras en su propia tierra.
