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Etiqueta: pueblos indígenas

Comunicado de FRENAPI por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Frente Nacional de Pueblos Indígenas –FRENAPI

Saludamos a toda la comunidad nacional e internacional en esta XXXI conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a 15 años de la toma del Salón de Benemérito de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A 15 años del Desalojo Violento (arrastrada) de 27 Indígenas de diferentes territorios y pueblos de la Asamblea Legislativa, arrastrados por las fuerzas de seguridad legislativas (encabezadas por Magaly Camacho, jefa de Seguridad) y la policía, tirados a la calle, por solo el hecho de exigir que aprobaran la Ley de Autonomía Indígena. De los 27 compañeros/as, 3 fundadores de FRENAPI, que ha hoy han retornado al espacio espiritual, con los ancestros: Esperanza Jurado (Ngöbe), Mariana Delgado y Sergio Rojas (Bribris), quién fuera asesinado y se mantiene Impune.

Celebramos la vigencia de los 8 pueblos indígenas, presentes en Costa Rica y reafirmamos nuestro compromiso con la agenda de los pueblos indígenas: espiritualidad, tierra, estructuras propias, salud y educación propia, ambiente e idioma.

Nuestro proyecto de VIDA, basado en la espiritualidad propia trasciende de las coyunturas electorales, discursos vacíos y la folclorización del saber y las celebraciones.

Por su parte el Estado, mantiene pendiente justicia para los compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera, asesinados impunemente por usurpadores y con la complicidad del Estado por omisión e inacción programada de manera sistemática.

Repudiamos la nefasta práctica de los gobiernos, que han realizado acciones aisladas, haciendo politiquería por coyuntura electoral, utilizando los derechos de los pueblos, consagrados, por decretos, leyes y convenios, como indicador, de que asume un compromiso, mientras viola y omite muchas de sus responsabilidades e impone sus políticas públicas, homogenizando la sociedad y realidades.

El Estado costarricense no tiene una proyección real y planificada, que sea construida, desde las comunidades, para sanear los territorios, por el contrario, impone negocios de carbonos REDD+, desfinancia planes sobre las necesidades, impone planes como el RTI sin resultados significativos, ni financiamiento, la falta de adopción de medidas administrativas y la falta de acciones afirmativas.

Este colectivo insistimos y seguiremos en la ejecución de la agenda propia construido desde el I COIN– Congreso Indígena Nacional 2019, construido desde la palabra, propuestas y recomendaciones de las comunidades de los pueblos, en espacios denominados PreCOIN – Precongreso.

Fundamentado en la autonomía y autodeterminación, anunciamos la preparatoria e instalación de los PRECOIN 2025, desde el corazón de las comunidades, vísperas al II COIN – Congreso Indígena Nacional 2026.

Este proceso será desarrollado desde la palabra, participación y representación de las estructuras propias, con soporte de los idiomas propios, tiempo y contexto de los territorios y pobladores.

Inspirados en el Proyecto de VIDA de los pueblos, consagrados en los derechos y legislaciones sobre los pueblos, nuestra lucha es colectiva, es por el bien común, es por la VIDA, es por las mínimas condiciones y respeto a los derechos, seguiremos reafirmando y posicionando, nuestros sueños que tenemos derecho a tejer con la sabiduría de ancestral.

Generado el día 09 de agosto 2025.

#EsperanzaJuradoVIVE!
#MarianaDelgadoVIVE!
#JerhyRiveraVIVE!
#SergioRojasVIVE!

¡¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!!

Hace 50 años: ataque a balazos contra estudiantes de la UCR en la zona indígena de Cabagra

El diario La Nación recordó hoy, 31 de julio de 2025, una noticia publicada en esa misma fecha, pero de 1975, cuando 12 estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueron atacados con armas de fuego mientras se encontraban en la región indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas. Los hechos ocurrieron cuando el grupo de jóvenes, integrantes de un campo de trabajo organizado por la Federación de Estudiantes (FEUCR), convivían en una comunidad indígena y fueron interceptados por desconocidos que dispararon contra el grupo estudiantil. Tres estudiantes Alejandra Cartín Leiva, Fernando Roldán y Manrique Sibaja fueron heridos.

Según la nota original, los atacantes habrían querido impedir que el grupo continuara su labor de acompañamiento social. Las autoridades locales, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia Rural, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, aunque las denuncias apuntaban a la complicidad de algunos actores políticos y locales.

El recuento histórico se acompaña de una fotografía en blanco y negro donde aparecen tres de los estudiantes heridos. La publicación forma parte de la sección “Hace 50 años” de La Nación, que recupera hechos de relevancia nacional ocurridos en décadas pasadas.

Además de Cartín Leiva, Roldán y Sibaja integraban el grupo Hernán González, Humberto Espinoza, Alejandro López, Carlos Acuña, Rafael Gómez, Juan Carlos Alpízar, Sonia Guevara y Héctor Ferlini-Salazar, quien coordinaba el grupo como parte del directorio de la FEUCR.

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria

Por Juan Arguedas Chaverri
Denis Montero Solís

Somos lo que comemos”.
Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán.

A. Diagnóstico del actual modelo agroalimentario

Caracterización del Modelo Agroalimentario Industrial Dominante: el agronegocio extractivista:

• Basado en agroexportaciones de materias primas, postres, follajes y en menor grado carnes, e importaciones de alimentos fundamentales para la dieta local: arroz, frijoles, maíz.

• Sustentado en políticas neoliberales que desfavorecen la pequeña agricultura campesina e indígena nacional, pues no le ofrecen ningún incentivo, pero abren las fronteras al libre comercio con potencias industrializadas, donde las prohibiciones de subsidios se aplican sólo hacia nuestra agricultura (en los países industrializados, después de más de 40 años de libre comercio, se mantienen altos subsidios a su producción doméstica).

• Controlado localmente, por las oligarquías, hasta hace poco, la exportadora y más recientemente la importadora de alimentos y el capital financiero, siempre vinculadas a los agronegocios internacionales, sin ocuparse, en todo este tiempo, de garantizar la alimentación de la población costarricense.

• Excluyente de culturas y actores no alineados con la narrativa neoliberal de libre mercado, eficiencia, eficacia y productividad de la agricultura y de las tecnologías generadas para el agronegocio como soluciones al problema de la producción y acceso a los alimentos. (Desconoce el conocimiento y aportes de actores como: campesinos, indígenas, pescadores artesanales, afrocaribeños, niños y niñas, mujeres jefas de hogar, indigentes, pequeños ganaderos y productores locales, consumidores organizados).

• Ideológicamente autoritario pues se basa en el paradigma de una sociedad surgida de la nueva colonización, que se basa en el paradigma occidental del desarrollo: globalitario, racista, machista, reduccionista; expresado en la Revolución Verde y el agronegocio global.

• Asigna poder para definir política hacia lo rural sólo a órganos estatales como: CNP, MAG, INDER, instituciones reformistas y alineadas con el enfoque de agronegocios que priorizan sólo el mercado y las exportaciones.

• Cosifica los bienes de la naturaleza: la Tierra, El Agua, Semillas y Los Árboles, son vistas sólo como mercancía que se subastan en los mercados, olvidando el sinnúmero de beneficios que aportan a los ecosistemas y a la sociedad.

• Ignora el valor de la salud y la biodiversidad, aplicando productos tóxicos a los productos que luego alimentan personas y animales domésticos. Además, restringe la biodiversidad con intervención genética de las especies, promoviendo sistemas agrícolas de baja o ninguna diversidad, contaminando en suelo, el agua, el aire y los alimentos con productos tóxicos. En general, es posible afirmar que día con día incrementan los problemas de salud de las personas y demás seres vivos, atribuibles al modelo agroalimentario vigente.

B. Visión de la agroecología como propuesta político-filosófica para el país

La Producción y consumo de alimentos, desde la visión Agroecológica, es una parte importante de la conexión entre la sociedad y la naturaleza, partiendo del entendimiento de la tierra como la madre que nos alimenta y recrea.

La agroecología es una prioridad política para mejorar la vida de las personas, con justicia social y para contrarrestar el calentamiento global pues somos conscientes de que este nos está llevando rumbo a nuestra desaparición como especie.

La agroecología busca perpetuar la vida en el planeta y ofrecer la posibilidad de una vida digna para quienes trabajan la tierra, producen los alimentos y para quienes lo consumen.

La promoción de la agroecología es una línea de trabajo que nos permite reivindicarnos como actores, históricamente excluidos, para generar Territorios Sanos, Seguros y Soberanos, con protagonismo de la población excluida rural popular, a quienes, como propuesta política nos debemos.

C. La agroecología como propuesta integral para mejorar la vida

A diferencia del agronegocio obsesionado con exportar materias primas, la agroecología produce alimentos sanos, seguros y abre el camino hacia una producción soberana de alimentos, desde lo más próximo a lo más lejano, evitando largas cadenas de distribución. Por ejemplo, sería más beneficioso vender en la comunidad a personas visitantes, un producto procesado y preparado para el consumo, que una materia prima a granel en el mercado internacional.

En Costa Rica y Latinoamérica existen experiencias agroecológicas implementadas por comunidades y grupos de campesinos, indígenas y consumidores, las cuales se podrían multiplicar. Para ello debe plantearse leyes nacionales y políticas públicas específicas a nivel territorial como incentivos fiscales para prácticas agroecológicas y programas de educación comunitaria para que sea posible.

Vinculado a lo anterior, la agroecología asume al campesinado, los pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales y aquellas personas agricultoras-o no, comprometidas con el cuidado y restauración de los daños causados a la su Madre Tierra, como sujetos fundamentales en el cambio social, ambiental y político, En ese proceso, todos los días estos sujetos, generan nuevos conocimientos que intercambian con el aprendizaje desde la práctica y el diálogo de saberes. Por ello, las políticas públicas deben surgir en estrecho diálogo con estos sujetos, planteando sus necesidades.

La práctica de la agroecología acoge los principios ecológicos de la Madre Tierra, principalmente reflejados en los bosques y los aplica. Esto incluye la estimulación de la sucesión natural, alta densidad y diversidad de especies, ocupación de diferentes espacios en los terrenos, reciclaje de la biomasa y los nutrientes, asociación entre plantas y árboles nativos, la relación de la luna en la planificación de las siembras.

En las comunidades rurales y urbanas, la agroecología es un modo de vida alternativo al modelo del agronegocio, el cual se enfoca en exportar materias primas, con poco o ningún valor añadido. La agroecología es una propuesta de producción de alimentos, que prescinde del uso de agrotóxicos y productos químicos derivados del petróleo, ofreciendo una ruta sostenible para las-actuales y futuras generaciones.

D. Objetivos estratégicos para alcanzar la soberanía alimentaria

a. El poder ejecutivo debe:

• Apoyar financiera y logísticamente la diversidad de expresiones que tiene la agroecología, desde cada expresión cultural y contexto, para consolidar sistemas de producción agroecológica, superando el sesgo hacia la Agricultura orgánica con certificación de tercera parte y la visión parcial que prioriza mercados internacionales.

• Apoyar metodológicamente, en coordinación con las universidades, las distintas expresiones agroecológicas que dinamizan liderazgos comunitarios, economías locales, encadenamiento con el turismo y generación de empleos familiares y locales.

• Favorecer, con la institucionalidad pública la masificación de experiencia (buenas prácticas) con que ya cuentan muchas familias y comunidades en el país. Además, debe desarrollar, desde sus capacidades, instrumentos, procesos formativos en Agroecología, dinamizar la investigación en tecnología y el diseño de equipos y herramientas que faciliten la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la producción agroecológica.

• Un nuevo ministerio o un viceministerio de agricultura que priorice a la población excluida (quienes hacen agricultura fuera del modelo de agronegocio) con protagonismo campesino, indígena, con una visión no patriarcal y feminista.

• Desarrollar e implementar políticas públicas y coordinaciones interinstitucionales para la gobernanza local del sistema agrario, asegurar alimentos sanos, proteger y conservar salud, biodiversidad y bienes naturales.

• • Mejorar condiciones de salud y trabajo en el sistema agroalimentario, los sistemas de distribución promoviendo mercados locales solidarios con precios justos.

• Reforma agraria, relacionada con distribución de tierras con enfoque territorial y de justicia climática.

b. Las personas agricultoras, sus organizaciones y quienes faciliten procesos de formación en agroecología deben:

Favorecer métodos y técnicas para producir alimentos imitando los principios del bosque (Sistemas Agroforestales sostenibles conocidos como SAFS o sistemas de agricultura sintrópica y prácticas agroecológicas para mejorar la fertilidad del suelo.

Fortalecer lo organizativo: articulación y construcción del movimiento, para profundizar:

• Aspectos determinantes de la Agroecología,

• Aumentar capacidad de influencia,

• Alianzas para conseguir políticas públicas.

• Aprovechar el enfoque de turismo rural comunitario:

• Oferta de productos,

• De paisajes,

• De experiencias gastronómicas.

c. Acciones desde el poder legislativo:

Una ley a nivel constitucional que reconozca el Derecho Humano a la Alimentación y La Soberanía Alimentaria.

Una Ley de Soberanía Alimentaria con base agroecológica.

Leyes de Proyectos desarrollo rural integral, proyectos productivos agroecológicos territoriales.

Ley de autonomía para pueblos indígenas.

Ley de comunidades costeras

d. Acciones desde lo municipal:

• Fomentar Políticas municipales de en Economía Social Solidaria.

• Formación política para públicas municipales, para la Economía Social Solidaria.

• Sociabilización y concientización con diversos actores

• Programa nacional de reducción del uso de agrotóxicos, hacia una transición agroecológica.

El estado costarricense hacia la cooperación al desarrollo

Facilitar el diálogo y diseño de propuestas para:

• Marcos políticos para avanzar producción, transformación de productos alimenticios, mercados; desde lo local.

• Impulsar experiencias piloto de sistemas productivos, procesamiento, certificación, desde lo territorial comunitario.

• Intercambios con experiencias en otros contextos.

• Recoger las propuestas de las comunidades y otros actores que hacen agroecología, integrarlas en sus procesos de investigación e incluirlas en sus agendas de trabajo.

Dignidad indígena en resistencia: Presbere y Saldaña siguen caminando

Esta nota comparte una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, a partir del trabajo del Colectivo Antonio Saldaña.

El pasado 5 de julio, en una jornada cargada de memoria y lucha, el Colectivo Antonio Saldaña conmemoró el legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña, figuras centrales de la resistencia indígena en Costa Rica. La actividad no fue solo un acto simbólico: fue un ejercicio político y comunitario de afirmación cultural y territorial. Desde la región Bribri-Cabécar de Talamanca, la memoria viva se convirtió en acción colectiva.

El artículo disponible en el sitio del Observatorio explora cómo estos referentes históricos continúan inspirando luchas por la autonomía de los pueblos originarios, el derecho a la tierra y la descolonización del pensamiento. A través de textos, imágenes y participación comunitaria, la conmemoración permitió revitalizar preguntas fundamentales: ¿Qué significa hoy defender el territorio? ¿Cómo se ejerce la soberanía cultural frente a las amenazas del olvido institucional?

Presbere, símbolo de la resistencia contra la colonización en el siglo XVIII, y Saldaña, defensor de los pueblos indígenas en las primeras décadas del siglo XX, encarnan un legado que continúa vigente. El texto hace un recorrido por sus vidas, sus luchas, y la forma en que sus nombres abren camino para nuevas generaciones que exigen justicia histórica, memoria digna y defensa de la vida colectiva.

Desde el presente, las comunidades reafirman que sin autonomía no hay justicia, sin memoria no hay futuro y sin territorio no hay vida.

Les la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/dignidad-indigena-en-resistencia-el-legado-de-presbere-y-saldana/

Escuela Santa Cruz de Buenos Aires es el nuevo campeón nacional fut 7 masculino B

Por Uriel Rojas

El pasado sábado 21 de junio de 2025, la escuela de Santa Cruz de Buenos Aires se coronó campeón nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025, Masculino B.

Este torneo fue realizado en Boruca de Buenos Aires del 16 al 21 de junio, en donde participaron 12 equipos provenientes de escuelas de todas las regiones del país.

En la primera fase cada equipo disputó tres partidos en su grupo A, B o C.

Hubo dos semifinales, cerrando con el partido por el tercer lugar y la gran final.

Este fue el tercer intento de la escuela Santa Cruz ya que en años anteriores había estado acariciando el ansiado trono de campeón, obteniendo un cuarto lugar en el 2023 y el tercer lugar en el 2024.

Esta institución de educación primaria pertenece a la Dirección Regional Grande del Térraba.

Premio goleo y mejor portero

Pero la Escuela Santa Cruz no solo fue campeón absoluto del torneo, también arrasó con el premio de goleo, mejor portero.

Con solo 13 años, el niño Carlos Iván Calderón Figueroa, en representación de la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires, fue declarado goleador de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025, que se desarrollan en Boruca.

El romperedes obtuvo este logro gracias a sus 13 goles que realizó y que a la postre llevó a su equipo a la campeonización.

Carlos Iván es de origen bribri y sus padres son oriundos de Cabagra y Salitre de Buenos Aires.

El goleador estudia en la Escuela de Santa Cruz, la más grande del cantón bonaerense, el cual además brinda lecciones de idioma y cultura bribri a sus alumnos indígenas.

El premio de mejor portero lo obtuvo su compañero Yeikel Abarca Ortiz.

Felicidades a la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires: Campeones absolutos de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025 y por supuesto al director general de la institución, MSc. José Lázaro Ortiz, al jefe de delegación Melvin Ferrero Cano y la directora técnica Auria Sequeira Fuentes, así como a su asistente técnico José Francisco Mora Monge.

Rey Curré avanza con el proceso de consulta indígena para la construcción del reglamento forestal

Por Uriel Rojas

El sábado 14 se trabajó con la comunidad El Progreso

Este sábado 14 de junio de 2025, la Comisión Encargada de presentar el proyecto a las comunidades del territorio Indígena Curré viajó a El Progreso de Cajón, una comunidad situada al sur de Cajón de Boruca, al otro lado del río Grande de Térraba.

Las actividades en esta comunidad se enfocaron en presentar el proyecto a las personas asistentes para que se empiece a conocer sus pormenores del contenido y se ajusten los detalles que los vecinos consideren necesarios.

Este reglamento lo que busca es otorgar a los pueblos indígenas la competencia sobre el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de sus territorios, permitiendo el manejo sostenible de los bosques y la gestión de los permisos para la eliminación y aprovechamiento de árboles.

La consulta de este reglamento es un derecho de los pueblos indígenas y surge de la necesidad de regular el aprovechamiento forestal en sus territorios, reconociendo la importancia de los recursos forestales para estas comunidades y buscando un equilibrio entre su uso y la conservación.

Esta normativa forestal le daría facultad a las ADIs, para gestionar el aprovechamiento forestal en sus territorios, además del uso sostenible de sus recursos forestales, tales como la siembra de la misma especie o especies nativas, y el cumplimiento de condiciones técnicas para el aprovechamiento.

El reglamento busca armonizar la normativa forestal con los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su participación en la gestión de sus territorios.

El pasado sábado 07 de junio, la Comisión estuvo trabajando este tema con la comunidad de Las Vegas de Chánguena.

Este primer conversatorio de consulta realizado este sábado 14 de junio en la comunidad El Progreso de Cajón inició a las 8am y se extendió hasta la 1pm.

Panamá: ¿Por qué protestan los pueblos indígenas contra la ley 462?

Por: Kevin Sánchez Saavedra
Universidad de Panamá
kevin.esanchez@up.ac.pa

En medio del despliegue represivo del actual gobierno panameño contra comunidades indígenas como Arimae en Darién, emergió una pregunta mediática tan reiterada como malintencionada: “¿Y por qué protestan los indígenas si ni siquiera cotizan al seguro social?”. Esta pregunta que se repitió en redes sociales, en medios masivos e incluso en círculos de opinión política, no solo desconoce el fondo del conflicto, sino que reproduce viejos prejuicios clasistas, racistas y coloniales. Es una pregunta que, en vez de interpelar al sistema de desigualdad que nos atraviesa como país, lo normaliza.

La verdadera pregunta, ¿por qué no cotizan todos los panameños?

En lugar de acusar a los pueblos indígenas de no cotizar, la pregunta fundamental que deberíamos hacernos como sociedad es: ¿por qué tantos panameños —indígenas y no indígenas— no tienen acceso a un trabajo digno que les permita cotizar?

La respuesta es clara: por la profunda desigualdad estructural que históricamente ha caracterizado a Panamá. No lo dicen únicamente las organizaciones sociales o los pueblos indígenas, lo confirman también estudios académicos, diagnósticos institucionales, informes de organismos internacionales e, incluso, los mismos tecnócratas que hoy impulsan la Ley 462. Panamá es uno de los países más desiguales del continente. Mientras una élite empresarial y financiera concentra la riqueza y evade sistemáticamente sus responsabilidades fiscales en más de 8 mil millones al año, la mayoría de la población —incluyendo comunidades indígenas— vive en condiciones de exclusión, pagando impuestos indirectos, pero recibiendo servicios públicos precarios. Esta desigualdad no es casual: es el resultado de un modelo económico excluyente que ha funcionado, durante décadas, a costa de los mismos sectores que hoy son reprimidos por levantar su voz.

La exclusión no es sinónimo de indiferencia

Quienes hoy dicen que los indígenas “no cotizan” lo hacen como si eso los descalificara para defender el sistema de seguridad social. Como si no tuvieran derecho a luchar por una sociedad más justa solo porque no pagan o figuran en una planilla.

Pero la excusión nunca ha significado resignación. Al contrario: la lucha indígena ha sido, históricamente, una lucha por ampliar los horizontes de la ciudadanía, por lograr que sus hijos y nietos accedan a derechos que a sus abuelos les fueron negados.

Aunque muchos indígenas en sus territorios no estén hoy afiliados al seguro social, las aspiraciones en sus comunidades son claras y legítimas: que sus hijos se eduquen, se profesionalicen, que regresen a sus territorios con otros conocimientos, que fortalezcan sus culturas, que defiendan sus tierras y su autodeterminación. ¿No es razonable que también quieran que sus hijos e hijas tengan derecho a una pensión digna? ¿No es justo que peleen por un futuro más equitativo para ellos y para el país entero?

Los pueblos indígenas sí cotizan, y cada vez más

El otro gran error de quienes acusan a los pueblos indígenas de “no cotizar” es asumir que todos permanecen exclusivamente en sus territorios de origen, desvinculados del mundo laboral formal.

Los censos nacionales desmienten esa idea. Los pueblos originarios en Panamá no solo están en las comarcas y tierras colectivas; también habitan espacios urbanos, barriadas populares, zonas agroindustriales de frontera laboral. Muchos son parte activa de la fuerza de trabajo que también sostiene el sistema económico panameño.

En la región metropolitana de Panamá, en David, en Santiago, en cabeceras de distintas provincias, miles de personas indígenas trabajan como obreros, como empleados de servicios, ayudantes de construcción, vendedores, recolectores, peones agrícolas. Muchos de ellos sí están afiliados a la seguridad social, aunque frecuentemente en condiciones precarias y sin derechos laborales plenos.

Un caso evidente es el de las fincas bananeras de Bocas del Toro o de Chiriquí, donde la mayoría de la mano de obra es población ngäbe. A ellos se les descuenta la cuota del seguro social, aunque su trabajo sea muchas veces temporal, exigente y mal remunerado. Por tanto, si hay indígenas cotizando. Y los que no lo hacen aún, también tienen derecho a reclamar un futuro donde esa exclusión no sea la norma.

No es solo la Ley 462: es un modelo de imposición

Las protestas en Arimae y en otras comunidades indígenas no se limitan a la Ley 462. Es una expresión de rechazo frente a un patrón autoritario de gobernar, que impone políticas regresivas sin diálogo ni consulta.

El memorándum de entendimiento con Estados Unidos que permite operaciones militares, el intento de reabrir la mina de Donoso, el proyecto de embalse sobre el río Indio…, todos ellos comparten una lógica común: la imposición desde arriba, sin escuchar a quienes serán directamente afectados. Es una política de despojo, de marginación, de negación de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.

Defender la tierra, el agua, la soberanía, la seguridad social, no son luchas separadas. Son aristas de un mismo conflicto estructural: el del privilegio que se impone a costa del bienestar de las mayorías.

SENAFRONT ha violentado los territorios indígenas

La represión contra la comunidad de Arimae no fue un simple operativo. Fue una violación directa de los principios de autonomía, seguridad territorial y respeto a la autoridad indígena.

SENAFRONT —una fuerza militarizada con historial represivo (recordemos Colón)— penetró tierras colectivas reconocidas legalmente, intimidó a la población, realizó allanamientos, lanzó gases lacrimógenos que quemaron techos de paja, y actuó como si se trata de una ocupación.

No es la primera vez. Lo que ocurrió en Ibedi en la Comarca Madugandi fue una advertencia. La militarización de los territorios indígenas no solo rompe con el marco legal vigente, sino que expresa un desprecio por el autogobierno indígena y su relación ancestral con la tierra. Esto no se trataba de “reestablecer el orden”, sino de imponer el miedo. Como he dicho antes, estamos frente a una “pedagogía del miedo” que busca quebrar la resistencia, pero que solo reafirma la dignidad de quienes luchan.

Una figura que advierte desde la memoria indígena

La cosmovisión guna, como también ocurre en muchas otras cosmovisiones indígenas de Abya Yala, cuenta con narrativas que nos alertan sobre los peligros del poder sin límites. El sociólogo guna Juan Pérez Archibold recuerda el personaje mítico de Biler, un líder megalómano que encarna todo lo que los pueblos originarios rechazan: la imposición, la soberbia, el desprecio por la comunidad, la persecución al disenso, el culto a la personalidad. Biler es una figura que desentona con los principios de liderazgo tradicional guna, que exige equilibrio, sabiduría y servicio. Es, en palabras de Pérez Archibold, una advertencia viva sobre los efectos devastadores del poder ejercido sin límites, sin contrapesos y sin ética.

Biler no es solo una figura de otro tiempo, es también un espejo en el que se reflejan los liderazgos actuales que se creen indispensables, que desprecian a sus críticos y que, desde el poder, convierten a las comunidades en amenazas. Integrar este tipo de referentes desde las epistemologías indígenas permite entender la resistencia actual como una defensa de valores culturales, éticos y políticos profundamente arraigados en la historia de estos pueblos.

La protesta indígena es una lucha por el país entero

Lo que sigue ocurriendo hoy en Arimae, y en tantas otras luchas sociales e indígenas, no es una amenaza a la nación, sino un llamado urgente a repensarla. Los pueblos indígenas no están protestando solo por una pensión. Están protestando por el derecho a existir con dignidad, por el derecho a decidir sobre sus vidas y territorios, por el derecho de sus hijos e hijas a tener un futuro sin exclusión.

Y frente a la represión, frente al desprecio y la mentira, su lucha sigue viva. Porque, aunque el gas lacrimógeno ciegue, la memoria resiste. Aunque los medios comerciales de comunicación silencien, la palabra se transmite de casa en casa, de abuelo a nieta, de tambor a comunidad. Aunque el gobierno reprima, los pueblos no se rinden.

Tributo a un gran defensor del medio ambiente

Por Uriel Rojas

El 5 de junio, en el Día Mundial de Medio Ambiente, se reconoce el valioso aporte que brindó don Cristino Lázaro Rojas, un reconocido líder indígena que vivió por muchos años en Rey Curré de Buenos Aires, Puntarenas.

Don Cristino Lázaro Rojas nació en el año de 1936 y murió en diciembre del 2023.

Gran parte de sus 87 años de vida, la pasó alzando su voz y luchando en defensa del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos culturales de los pueblos indígenas en Costa Rica.

Don Tino fue una de las personas más valientes y de los pocos que llegó a conocer todo el territorio indígena de Yímba Cájc, como la palma de su mano.

Fue cofundador del Grupo COVIRENAS en Rey Curré, movimiento que se creó para vigilar los recursos naturales de los territorios indígenas en el Sur de Costa Rica.

Muy estudioso de las leyes que le permitía seguir su lucha en contra de la cacería, la tala ilegal de madera y la contaminación de ríos y riachuelos.

Junto a su padre, impulsó la protección de las fuentes de agua potable que asiste todavía a la comunidad de Curré y fue vigilante del orden público.

Fue el primer regidor municipal indígena en el país, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, guarda rural, juez de paz.

Para este gran defensor del Medio Ambiente, la vida del ser humano depende del equilibrio que pueda tener con cada elemento de la naturaleza.

Siempre pensó que la madre tierra tiene sus venas en los cauces de aguas, respira a través de las montañas vírgenes y se fortalece en la sana convivencia de los seres vivos.

Gracias don Tino, por recordarnos que el Medio Ambiente es el hogar de todos los seres vivos que habitamos este planeta.

Colegio de Profesionales en Sociología presenta el informe sobre la situación de los pueblos indígenas

El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.

La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.

La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.

Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.

El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.

Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.

A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.

Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.

La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.

Recomendaciones

La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:

  • Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.

  • Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.

  • Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.

  • Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

  • Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.

SURCOS comparte el informe completo en este enlace

Además, un resumen en este otro enlace.

Puede ver la exposición en el canal de YouTube del Colegio de Profesionales en Sociología:

Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.

Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.