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Etiqueta: pueblos indígenas

El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).

Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.

El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:

«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».

En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:

«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.

Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.

El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado

Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.

Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:

«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.

El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).

Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

El contenido del comunicado conjunto (versión integral)

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:

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«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«

——–

Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).

En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.

La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal

Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.

El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:

«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.

En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:

«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».

En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:

«42. El Estado parte debe:

  1. c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
  2. d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».

Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.

A modo de conclusión

No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.

 

(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Repudiamos y condenamos el asesinato del abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che

Las organizaciones y personas firmantes de este pronunciamiento, nos sentimos consternados e indignados ante el asesinato del sabio abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che. El hecho de quemar vivo a una persona es una expresión de saña, crueldad, maldad y falta de los mínimos principios de respeto a la vida del ser humano. Se sabe que desde meses atrás, se murmuraba en el ambiente de la comunidad el señalamiento de brujo al Tat Domingo. Este es el argumento o la causa aducida por la turba asesina. Ya no es extraño que gente de la misma comunidad, que por paradigmas de pensamiento judeo cristianas, cultura bíblica monoteísta, que llevada al fanatismo religioso lleguen a cometer estos actos delictivos.

Tat Domingo Choc Che era un padre de familia, un comunitario, trabajador, experto en el conocimiento de hierbas – plantas medicinales en su uso ancestral, su especialidad en la ciencia maya era Aj Ilonel. Pertenecía al Concejo de Guías Espirituales Mayas Releb’aal Saq’e’ y formaba parte de un equipo de científicos guatemaltecos y europeos, quienes trabajan en proyectos de investigación con la Universidad de Zurich, Suiza, el University College London, en Inglaterra, y la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, él era una persona de reconocida trayectoria en su comunidad, en su región y a nivel internacional.

La cultura maya es holista, en ese marco los conocimientos de plantas y de ceremonias curativas son expresiones conjuntas, por eso el abuelo Domingo era Aj-ilonel y Ajq’ij a la vez, porque para trabajar con las plantas debe estar en comunicación con el aire, agua, fuego y tierra, así como con los antepasados. Seguramente más de alguna vez, sus asesinos o sus hijos fueron atendidos por el Tat Domingo.

Sin embargo, el sábado 06 de junio, Junlajuj K’at, en la comunidad Chimay, del municipio de San Luis Petén, bajo la acusación de ser “brujo” el Tat Mingo fue quemado vivo. El corrió como una antorcha humana, sus agresores le siguieron y le impedían refugiarse, hasta que cayó y murió calcinado. La existencia de videos y su viralización son pruebas de los hechos que ponen en evidencia a los responsables materiales de este abominable crimen. Para sus hechores murió el brujo, pero para nosotros, Tat Domingo se transformó en una nueva estrella de luz, de vida, de verdad y justicia. El estará en nuestras invocaciones y en nuestras ceremonias. Nadie va a poder impedirlo.

La persecución y criminalización de los especialistas de los conocimientos de la cultura maya, no ha cesado. Se inició desde la colonia. Invasores y doctrineros, en nombre de dios, de la iglesia y del rey de España apresaban, lapidaban y asesinaban a las abuelas y los abuelos Ajkun, Iyom, Ajq’ij y otros. Además, quemaron los libros, papiros y pinturas, obras maestras de nuestras abuelas y abuelos. Durante el conflicto armado interno, en los años de 1980, el alto mando del ejército, en su estrategia contrainsurgente, vinculó brujería con apoyo a la guerrilla, de esta manera justificó la criminalización, persecución, tortura y asesinato de grandes abuelas y abuelos, sabios de la cultura maya. Esto ha quedado en el imaginario social y no se erradica cuando las instituciones estatales centralizadas, autónomas o semiautónomas y la sociedad civil relacionadas a la educación no adoptan en sus políticas la enseñanza y el respeto de las características de las ciencias de los pueblos indígenas que no desligan espiritualidad de los conocimientos, porque se trata de la vida misma.

El asesinato de Tat Domingo Choc Che, es una muestra más que la discriminación, el racismo y xenofobia están presentes en los distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca, las cuales, no son erradicadas sino siguen siendo una deuda histórica del trabajo institucional del sistema educativo, los medios de comunicación social, iglesias, sectas, sistema político, sistema de justicia, entre otros.

El reconocimiento del valor científico de los conocimientos mayas y de los demás pueblos indígenas están plasmados como compromisos del gobierno en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Asi mismo en este Acuerdo de Paz, el Estado de Guatemala, reconoce la existencia y la práctica de la discriminación y el racismo, acepta que en tanto no se erradique el mismo, jamás este país podrá progresar. El progreso de los mayas es progreso del país.

En la cultura Maya, ser Ajq’ij o Aj Ilonel implica una misión de vida para los cuales se desarrollan cualidades extraordinarias para preservar y transmitir los conocimientos ancestrales maya en distintos campos de la vida a las nuevas generaciones. La persona Ajq’ij va canalizando los conocimientos de acuerdo a las necesidades de las personas o de las comunidades, por ello, la o el Ajq’ij es considerado protector y maestro de la comunidad. Rol que le es disputado por el catequista, el pastor, distintos líderes sociales, maestros, entre otros.

La matanza de guías espirituales mayas, ha representado una catástrofe en la vida del Pueblo Maya, porque se aniquilan a los referentes históricos de los conocimientos y las prácticas propias. Esta pérdida ha dejado un vacío en los principios, valores y normas de vida maya. Vacío que ha sido ocupado por sectas fundamentalistas de las religiones católica y evangélica, las cuales han proliferado en las comunidades. En la actualidad hay católicos y evangélicos que critican a los que practican la espiritualidad maya, cuando miran velas rojas o negras, las califican como los colores del diablo. Una concepción contraria en la filosofía y cosmovisión maya, pues estos colores corresponden a una visión y ubicación en el cosmos, pero la ignorancia y el fanatismo religioso los ha llevado a descalificar y justificar sus actos represivos, vandálicos y asesinos, como sucedió en contra de Tat Domingo Choc Che, que para los mayas es el sabio abuelo.

En Guatemala, la religión constituye un aspecto fundamental en la vida de la mayoría de los guatemaltecos, y aunque las tendencias religiosas han cambiado a través del tiempo, en la actualidad la iglesia católica y la evangélica son quienes cuentan con el mayor número de seguidores, en consecuencia, su gran responsabilidad en la transformación del fanatismo religioso en nuestra sociedad, para que las creencias contribuyan al bien común y no al sectarismo.

ANTE ESTE ASESINATO, DEMANDAMOS:

A las organizaciones de la sociedad civil, indígenas y no indígenas para que se pronuncien sobre este hecho deleznable, que atenta contra la dignidad humana y cualquier principio básico de Derechos Humanos. Que unamos nuestras voces para exigir justicia pronta y cumplida; en conjunto erradiquemos la discriminación, el racismo y la xenofobia en contra de los pueblos indígenas.

A los medios de comunicación social para que informen la verdad y contribuyan a detener una escalada de persecución en contra de los Aj Ilonel, Aj Iyom, Aj Q’ijab’ y demás abuelas y abuelos conocedores y especialistas en los distintos campos de la ciencia desde su cosmovisión maya. A las universidades, centros de investigación y otros, que concreten en sus programas de enseñanza los conocimientos indígenas como ciencia, con la participación de los sabios mayas, no más extractivismo de los conocimientos ancestrales mayas. A las universidades con quienes trabajaba el Tat Domingo Choc Che que apoyen a la familia mediante asesoría legal y otros mecanismos que estén a sus alcances, para resguardar la integridad física y espiritual de los miembros de la familia Choc Che.

EXIGIMOS

Al Gobierno del Dr. Giammattei definir con la participación de organizaciones de Ajq’ijab’ algunas políticas de seguridad para el ejercicio de la espiritualidad maya en cualquier centro ceremonial, ya sea en espacios privados o en espacios públicos.

Al sistema de justicia – MP, PNC y OJ – para que en forma inmediata realice las investigaciones in situ para recoger las evidencias, aprehender a los responsables y ligarlos a proceso penal para que respondan por el asesinato del Tata Domingo Choc Che. Exigimos justicia al Sistema de Justicia Estatal de Guatemala para que la herencia colonial no siga haciéndole daño a nuestra gran civilización maya.

A la Conferencia Episcopal de Guatemala, a la Alianza Evangélica y otras instancias de autoridad de las distintas denominaciones religiosas cristianas para que en conferencia de prensa u otros espacios públicos orienten a sus feligreses en los distintos territorios para que respeten a los guías espirituales mayas y la realización de sus ceremonias. No más atentados contra la vida de Ajq’ijab’ causado por el fanatismo religioso.

A la PNC, que con urgencia ingrese a la comunidad y brinde protección a los miembros de la familia de Tat Domingo, porque los responsables del vil asesinato están y son de la misma comunidad y buscarán asediar y amenazar a los miembros de la familia, para que eviten realizar las denuncias pertinentes de caso.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de oficio sea querellante adhesivo en el caso, para garantizar la imparcialidad y objetividad de la aplicación de justicia, de esta manera evitar que se engavete y que quede en la impunidad.

¡ ILONEL DOMINGO CHOC CHE ¡ ¡ VIVE ¡

WA’ MINGO, WANKAT SA’ QACH’OOL, JUNELIK.

Iximulew, Jun Kej

Guatemala, 09 06 2020

Personalidades firmantes:

Otilia Lux de Cotí, Excomisionada de la CEH. Juan León Alvarado, Exembajador de Guatemala. Dr. Abadio Green Stocel, Sabedor del Pueblo Gunadule y reconocido sabio por la UNESCO, Profesor Universitario, Expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Angel Canil Grave, Representante Legal de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Marta Juana López Batzín, Exviceministra Técnica de Educación y Docente, Escuela de Historia, USAC. Jorge Raymundo Velásquez, Exviceministro de Educación y Educador. Pablo Ceto de Universidad Ixil. Ajq’ij Edgar Choguaj. Inés Pérez, Maya Kiche’. Ajq’ij Pedro Us. Francisco López Choguaj, Trabajador Social. Angel Bunch, Antropóloga, Defensora en Derechos Humanos. Ajq’ij Marcos Ajpacaja. Claudia María Quintanilla, Arqueóloga. Ajq’ij Vilma Beatriz Morales Hernández. Esmeralda Cajas Cuestas, Abogada y Notaria, activista socio-política. Ajq’ij Adalberto Hernández López, San Antonio Aguas Calientes. María de los Angeles Veliz, estudiante de USAC. Ajq’ij José Yac Noj. Josefa Barreno Morales y Ronaldo Gabriel Pedro Pedro, Santa Eulalia, Huehuetenango. Lorenzo Saban, Alcaldía Indígena de Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez. Carmelita Ixcol Mus, Psicóloga Social. Hermelinda Magtzul y Lilian Juárez de Kaqla. Pedro Martínez, Magdalena Milpas Altas. María Cruz de energía Vital. Jorge David Julajuj Chamalé, estudiante de la Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis en la Cultura Maya. Sandra Colaj, estudiante de la licenciatura en Antropología y maestra de educación básica. Fernando Boc, egresado Usac. Gladys Bala, Docente, Escuela de Trabajo Social, Usac. Sandra Yoc, egresada de Escuela de Trabajo Social, USAC. Delfina Solloy del Concejo de Guías Espirituales Wajxaqi’ B’atz’, Sumpango. Verónica Ixen, Patzún, Chimaltenango. Ajq’ij Juana Vásquez Arcón y Ajq’ij Juan Zapil de Komon Ajq’ijab’. Ajq’ij. Mario Marroquín de Chilam B’alam de los K’iche’s. Ajq’ij Rodrígo Chub Ical, Alta Verapaz. Domingo Barreno Morales, Catarina Barreno Morales y Petronila Barreno Morales, Chupol, Chichicastenango. Autoridades Ancestrales Chajoma’ de Chuarrancho, Guatemala. Vicenta Reynoso Tzoc, Ajq’ij Maya K’iche’. Santos Gómez, Ajq’ij Maya k’iche’. José María Tol Chan, Ajq’ij Maya k’iche’. Lidia Elizabeth Florián, docente-investigadora, USAC. Alicia Catalina Herrera Larios, K’amalb’e. Licda. Myriam Bojorques, Docente, Trabajo Social, USAC. Licda. Giglia Canessa, Universidad del Valle de Guatemala. Byron S. Morales Dardón, politólogo. Ajq’ij E. Alberto Ramos Lz de IMAGUAC. Ramiro Batzín, Sotz’il. Juan Diego González. Dr. Roberto Cabrera, activista socio político, Director Adjunto de IEPADES. Dionicio Canahui, maya Achi’. Dr. Vitalino Similox y Nora Coloma, Maya’ kaqchikel Nimatijob’al. Secil Oswaldo de León, Profesor Universitario. Chnab’jul K’amalb’e Sikya Tz’unun. Carlos Chex. Obispo Rosales, Director de PLFM. Medarda Castro, maya Tz’utujil. Héctor Tuy. Ixkot, Armonía y Conocimiento.

Organizaciones firmantes:

 

Enviado a SURCOS por Casilda Sancho.

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Experta de la ONU: “Impunidad impide protección efectiva de las personas defensoras indígenas”

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.

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“No nos hablen de saqueos, ustedes son quienes han saqueado…”

Una mujer joven reclama a quienes han ejercido el poder en Estados Unidos de América: “No nos hablen de saqueos, son ustedes los que han saqueado. EUA ha saqueado a los negros, EUA ha saqueado a los pueblos indígenas cuando llegaron aquí por primera vez”. Ella es Tamika Mallory, activista por los derechos civiles, el feminismo y otras luchas sociales.

En este video de la cadena FOX puede ver la contundente exposición de la joven a propósito del fuerte movimiento antirracismo y anti discriminación que se desarrolla en Estados Unidos de América en estos días, luego de que un policía con el concurso de otros asesinara a George Floyd.

La Alianza por una Vida Digna y la búsqueda de la confluencia de los movimientos de base de la sociedad

José María Gutiérrez – Héctor Ferlini-Salazar

La Alianza por una Vida Digna es un espacio de lucha cultural que busca contribuir con la generación de pensamiento y de propuestas alternativas a los modelos de desarrollo dominantes, las cuales surjan de amplios procesos de base social en Costa Rica. Procura aportar para que nuestro país se enrumbe por senderos de equidad, solidaridad, respeto a la diversidad y el cuidado y defensa del ambiente, en fin, por senderos de bien común.

La Alianza busca crear un espacio y un clima en el cual los sectores subalternos y que están en lucha por defensa de sus derechos se empoderen, al sentir que sus vivencias y anhelos son compartidos por otros sectores en el país, y que sus afanes a nivel local se enlazan con procesos similares en otros territorios y espacios. Ese clima fortalece la convicción de que, en medio de las dificultades y las crisis actual y pasadas, otro mundo es posible. Al hacerlo, se crean condiciones subjetivas para la organización y la articulación. La ausencia de esa lucha cultural, por el contrario, transmite el mensaje de que no hay alternativas a las visiones dominantes, limitando la esperanza.

Como se ha mostrado en muchas ocasiones, la lucha cultural es la llave de procesos sociales emancipatorios de diversa índole. La misma, sin embargo, debe ajustarse a los contextos y particularidades de territorios y sectores. Los problemas que convocan a la organización han variado y los sectores de la sociedad que muestran mayor dinamismo en lo organizativo también han cambiado. Además de sectores comunitarios, campesinos y sindicales, hoy asumen un papel protagónico la juventud, las mujeres, la población sexualmente diversa, los pueblos indígenas, los sectores ambientalistas y defensores del patrimonio biológico y cultural, y los grupos de intelectuales comprometidos, entre otros.

Este enorme dinamismo que se mueve en las bases de nuestra sociedad genera continuamente planteamientos, propuestas, críticas y soluciones, con una enorme creatividad. Se hace indispensable, en la coyuntura actual y en los tiempos por venir, estrechar lazos y buscar unidad en medio de esta rica diversidad. Se debe buscar la confluencia y comprender que, en medio de las particularidades, hay espacios comunes que le darían una gran fortaleza a estos procesos. La lucha cultural procura generar esos ámbitos de encuentro y articulación.

Hay en marcha una disputa por las ideas. A las visiones dominantes, que han mostrado su decadencia e incapacidad para generar bienestar en esta crisis del COVID-19, se debe anteponer la frescura de visiones de mundo que alimenten la justicia, la equidad y la solidaridad. La Alianza por una Vida Digna procura abrir espacios para que esas visiones alternativas tengan voz, se potencien, se encuentren y se enriquezcan. Esa voz y ese accionar colectivo contribuirán, sin duda, a gestar una sociedad más justa y digna.

Primeros matrimonios entre personas del mismo sexo

Mario Solera Salas

Somos el país número 29 en el mundo que aprueba este matrimonio. Excelente, vamos dejando atrás paradigmas irracionales y creciendo como sociedad igualitaria y solidaria.

Felicidades, Costa Rica, país construido a partir de población invasora que cinco siglos después, sigue invisibilizando a los pueblos originarios, habitantes y legítimos dueños de estas tierras, que habitan desde hace más de 12000 años.

Perdón malekus, borucas, broran, ngöbe, bribri, por continuar tratándolos como lo hicieron los conquistadores. Perdón por usurpar sus tierras, por no otorgarles cédulas, por no darles los mismos derechos que tenemos nosotros los invasores.

Al menos una buena noticia les tengo, si bien viven en extrema pobreza, ya pueden casarse con personas del mismo sexo.

 

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Problemática del territorio indígena de Salitre

Parte 1 de 3

Consejo Universitario UCR:

Este documental describe la problemática de tenencia de tierras que viven las comunidades indígenas bribri asentadas en el territorio de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas. Roxana Figueroa y Sergio Rojas Ortiz explican la situación. Sergio fue asesinado y la situación se mantiene impune.

 

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Defensa del territorio en tiempo del COVID-19 / luchas indígenas

TERCER FORO VIRTUAL
Resistencias comunitarias: luchas desde los pueblos indígenas de América Latina ante el COVID-19

¡Te invitamos a nuestro tercer encuentro sobre la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina!

El próximo jueves 28 de mayo a las 2:00 p.m. hora Centroamérica tendremos nuestro tercer foro virtual sobre las resistencias de los pueblos indígenas de nuestra América en el marco de la pandemia por COVID-19. En esta ocasión, lideresas indígenas de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y México compartirán estrategias de lucha para la defensa de la tierra y el territorio. ¡Acompáñanos! Inscríbete aquí: bit.ly/2AUCUXR

Conoce a nuestras panelistas:

  • Claudia Ignacio – Red Solidaria de Michoacán, pueblo p’urhépecha, México
  • Irene Barrientos – Comité de Unidad Campesina (CUC), pueblo Maya Qeqchi, Guatemala
  • Lottie Cunningham – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), pueblo Miskitu, Nicaragua
  • Mariana Delgado – Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre, pueblo Bribri de Salitre, Costa Rica
  • Silvia Raquec – Asociación Pop No’j, pueblo Maya Kaqchikel, Guatemala

Más información:

Ante la emergencia de salud por el COVID 19, los pueblos indígenas de nuestra región enfrentan impactos desproporcionados. Aunado a ello, estas poblaciones continúan enfrentando violencias históricas: exclusión, discriminación, extractivismo, amenazas, ataques y asesinatos, que impactan gravemente su acceso a la alimentación, al agua, a la salud, así como sus derechos a consultas previas, libres e informadas, a sus territorios ancestrales, a su integridad y a sus vidas.

Frente a este complejo contexto, y ante las respuestas estatales que han fallado en garantizar la salud y vida de estas poblaciones e incluso profundizado sus riesgos, las comunidades indígenas de la región latinoamericana se han organizado para resistir, tanto a los retos históricos como a los actuales.

Este foro virtual busca ser un espacio para el encuentro y el compartir de los pueblos indígenas en la región latinoamericana, con el fin de abordar los impactos diferenciados de la pandemia, pero también conocer las diversas formas en que estas comunidades resisten a esta crisis y a las históricas, al tiempo que se abordan las obligaciones que deben asumir los Estados de la región para garantizar la salud y vida de estas poblaciones.

 

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Cosmovisión de los pueblos indígenas ante la pandemia COVID-19

Cosmovisión de los pueblos indígenas desde la Madre Tierra ante la pandemia del coronavirus

Sábado 23 de mayo. 10 a.m. hora Centroamérica

Del 16 de mayo al 5 de julio se estará transmitiendo a través de Facebook Live, Fundación Justicia y Género, una serie de conferencias acerca de la Cosmovisión de los Pueblos Indígenas ante la pandemia del COVID-19.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

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No indígenas y usurpadores meten ganado a recuperación en territorio bribri de Salitre

SURCOS recibió el siguiente COMUNICADO:

– Personas no indígenas meten 2 cabezas de ganado a la recuperación de Alberto Calderón, Bribri del clan Uniwak
– Usurpadores trasladan 30 cabezas de ganado de la recuperación de Minor Ortiz Delgado, Bribri del clan Tubolwak, a la recuperación de Alberto Calderón en la comunidad de Río Azul del Territorio Bribri de Salitre

Jueves 21 de mayo. Personas recuperadoras Bribris alertan sobre la introducción de ganado a la recuperación del Uniwak Alberto Calderón. Dos cabezas de ganado son introducidas por 2 personas no indígenas que no fueron identificadas por las personas Bribris y quiénes ya abandonaron el lugar.

Además, los usurpadores trasladaron 30 cabezas de ganado, de un terreno que usurpan de la recuperación del Bribri Tubolwak Minor Ortiz Delgado, a la recuperación de Alberto Calederón.

El recuperador, Alberto Calderón es constantemente hostigado por los usurpadores quienes en repetidas ocasiones introducen ganado a su recuperación. Además, el usurpador es el responsable de disparar a Minor Ortiz Delgado el pasado 9 de febrero y fue puesto en libertad tras un proceso judicial que irrespeta el debido proceso y el acceso a la justicia de Minor.

Estas acciones demuestran, una vez más, que el Pueblo Bribri de Salitre es hostigado por los usurpadores. Además de que la integridad física y vida de Minor Ortiz Delgado sigue en riesgo.

Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

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