En conmemoración del 19 de abril, Día del Aborigen Costarricense, la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), se une a esta celebración con actividades en el recinto, lideradas por el grupo de estudiantes de los territorios y la representación de la Sección Regional en la comunidad de Alto Urén en Talamanca.
Ana Patrica Vázquez, académica del Campus Sarapiquí de la UNA, detalló que, desde la formación universitaria, cerca del 10% de la población estudiantil, es proveniente de los pueblos Bribri, Cabécar y Maleku, quienes de forma equitativa tienen presencia en todas las carreras que se imparten. “En nuestro accionar territorial, hemos establecido alianzas de cooperación estratégicas que fortalecen la relación universidad-comunidad”, aseveró la académica.
Agregó que, desde una visión más integral e intercultural, cada vez los pueblos y territorios toman mayor presencia en nuestra agenda regional para trabajar en concordancia con sus derechos y aspiraciones.
Formación académica
Un ejemplo de ello es el reciente convenio de cooperación con el Centro Cultural Siwa Wé en Talamanca Bribri, el cual busca promover acciones de capacitación y formación para personas no hablantes de la lengua bribri, mediante la formación tradicional ancestral de este pueblo.
En materia educativa, Vázquez indicó que el Campus Sarapiquí de la UNA impulsa y gestiona iniciativas que buscan proteger los derechos de los pueblos originarios, tales como los proyectos FUNDER de Etnomatemática, los cuales vinculados con la Dirección Regional de Educación Sulá de Talamanca del MEP, la Red Internacional de Etnomatemática y la UNESCO, fortalecieron la educación matemática del pueblo Bribri-Cabécar mediante espacios de formación, cuyo producto fue el libro Kúl Ëltëpa I Cha, que incorpora sus saberes desde la práctica cultural.
A la vez, varios proyectos interinstitucionales fortalecen las acciones agroecológicas del buen vivir, huertos orgánicos, agroecoturismo, seguridad, soberanía alimentaria, desarrollo local y forestal, apoyando procesos productivos en la cadena de valor, junto con las comunidades en revitalización de sus métodos productivos autóctonos.
Se suma recientemente el proyecto Manifestaciones Artísticas, el cual aporta en instituciones educativas materiales de dibujo y ejercicios de expresión artística que faciliten la creación de signos comunitarios de representación como insumos para generar la identidad gráfica.
KÚL ËLTËPA I CHA
En 2021, Vásquez, coordinadora del proyecto de Etnomatemática publicó el libro KÚL ËLTËPA I CHA, el cual reconoce el derecho de estos pueblos de crear sus propios materiales contextualizados, que garantiza a los estudiantes del territorio la participación en la comunidad nacional.
KÚL ËLTËPA I CHA se fundamenta en una educación paralela y comparativa entre las matemáticas escolarizadas y las matemáticas de los territorios indígenas bribri-cabécar de Costa Rica, donde se representan saberes matemáticos característicos de estos pueblos, como el uso del cuerpo humano para hacer mediciones, la geometrización de su cosmovisión, el uso de técnicas propias para resguardar información contable.
El libro, además, contiene relatos, historias y reflexiones presentes que invocan el protagonismo meritorio y el empoderamiento de los saberes de estos territorios como parte fundamental en la reconstrucción y enriquecimiento de la historia de las matemáticas universales.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Alternativas tuvo un programa especial sobre “el extractivismo y su impacto social y ambiental”
Este programa tuvo la participación de diferentes personas expertas sobre el tema que, de alguna manera, se han visto involucradas en diferentes luchas contra los extractivismos.
Entre estas personas se encuentra Olmedo Carrasquilla miembro de “Panamá vale más sin minería” y Weni Bagama persona ngöbe-bulé miembro del movimiento 10 de abril. Estas comentan sobre su experiencia con los recientes proyectos mineros en Panamá en la cual hubo problemas en la consulta ciudadana, el problema de que los candidatos presidenciales apoyan la minería y se visten bajo un ecologismo falso.
Situaciones parecidas ocurre en naciones como Ecuador, en donde el representante Luis Sanchez menciona los problemas que ha traído el extractivismo en la amazonía. Se repiten cuestiones como la falta de consulta hacia los pueblos originarios y cómo el gobierno es cómplice o participa activamente en estos proyectos extractivistas.
Chile también ha tenido una historia de larga data sobre los extractivismos y no solo la minería, sino también extractivismos forestales y de otros recursos naturales.
Los países Latinoamericanos comparten problemas como la falta de consulta ciudadana, la participación de los gobiernos en estos proyectos, la complicidad de algunas personas, la importación de modelos económicos extranjeros y un modelo de producción alejado a la realidad nacional. Esto implica la necesidad de establecer estrategias de resistencia ciudadana que reivindiquen los derechos humanos
Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina
Por Pablo Ruiz*
Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.
El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.
«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.
Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile.
¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse.
En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado.
En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.
Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.
“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”.
El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”.
Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.
“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.
Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.
“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje.
Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.
Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”.
Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.
El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.
En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social.
Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.
Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana.
* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
Santa Misa, 15 de octubre 2023, en la resistencia pacífica de la Ciudad de Guatemala, liderada por las autoridades ancestrales de los pueblos originarios.
Texto de Mayra Rodríguez, Sector interreligioso Centinelas, Guatemala
El 2023 fue un año épico para Guatemala. Era un año electoral, en el que, a pesar de que muchas instancias sociales y civiles habían apostado por la formación ciudadana, el panorama no era halagüeño. 26 de 30 partidos políticos buscan perpetuar en el poder a las fuerzas antidemocráticas, que han vivido por años de la impunidad, la corrupción y la violencia.
Las elecciones fueron en junio y con ellas se abrió una brecha a la esperanza que se consolidó en agosto, en una segunda vuelta electoral que llevó al ejecutivo a un binomio presidencial propuesto por un partido político pequeño, nuevo, integrado en su mayoría por jóvenes bajo el liderazgo de Bernardo Arévalo, hijo de uno de los presidentes que hizo historia en Guatemala por generar nuevas rutas para el país, allá por la década de los 40’s, en el período conocido como la Primavera democrática de 1944-1954.
Dicho triunfo electoral activó todos los mecanismos de las mafias que se resisten a salir del Estado y, con el Ministerio Público (MP) como su principal operador, inició una cacería de brujas contra el binomio ganador y su partido político, que terminaron afectando a toda la población. No solamente abrían procesos penales espurios contra el partido, sino que atacaron al Tribunal Supremo Electoral, máximo órgano rector del proceso y secuestraron las urnas en las que el pueblo había emitido su decisión. Un golpe estado se gestaba, aún antes de que el binomio electo tomara posesión de sus cargos.
Frente al riesgo de perder la poca democracia de Guatemala, un actor importante -y mayoritario- se movilizó: los pueblos originarios, que bajo el liderazgo de sus autoridades ancestrales y comunitarias lideraron una gesta histórica que nos llevó a seguir respirando esperanza y creer en Otra Guatemala Posible, con el concurso de todas y todos.
Las varas de las autoridades ancestrales y comunitarias, símbolo de servicio, en el último día de resistencia en Gerona, frente al Ministerio Público.
Del 02 de octubre de 2023 al 15 de enero de 2024, los pueblos originarios de Guatemala lideraron una lucha pacífica, a la que se sumaron distintos sectores organizados y no organizados de la sociedad con plantones en diversos puntos del país, teniendo como punto central la calle frente al edificio que ocupa el Ministerio Público. La demanda: el respeto a la democracia y la renuncia de quienes habían dirigido el secuestro del voto popular: la Fiscal General y 2 de sus fiscales, así como el juez que dio la orden judicial.
Las autoridades ancestrales y comunitarias dieron cátedra y cambiaron las formas de protesta social acostumbradas en la ciudad. Las vuvuzelas se sustituyeron por discursos con contenido político; las palabras disonantes fueron excluidas de dichos discursos, en los que siempre existió un poderoso llamado a la lucha pacífica. No manchar y mucho menos dañar la infraestructura pública fue otra de las características de dicha protesta y un llamado constante a protestar con el rostro descubierto, porque cuando se defiende la democracia se hace “con la cara y las manos limpias” decían.
Nos enseñaron que todas y todos podemos ser parte activa de la lucha y defensa de la democracia, de diversas formas. Saliendo a las calles con carteles y discursos, si, pero para aquellos que no podían, también era importante llevar un plato de comida, un poco de música, algo de arte, en los momentos que pudieras. A esta lucha aportaron incluso quienes tuvieron que abandonar el país, migrantes guatemaltecos en todo el mundo fueron parte de la lucha por la democracia.
Voluntarias y voluntarios en la Cocina Solidaria, preparando y sirviendo alimentos para los pueblos en resistencia.
En esa gesta histórica la fe jamás hizo falta. La oración y los servicios religiosos acompañaron cada día, los distintos plantones que defendieron la democracia del país. Enfrente del MP por ejemplo, no hubo domingo que hiciera falta la Santa Eucaristía, como tampoco hizo falta el culto evangélico.
Fueron 106 días en que las comunidades indígenas nos enseñaron la dimensión de la fe y de cómo se vive de manera colectiva. Fueron 106 días en los que los pueblos compartieron sobre organización comunitaria, sobre solidaridad, sobre resistencia, digna resistencia. 106 días en que las autoridades ancestrales y comunitarias movilizaron dignidad y reconocimiento. 106 días que hoy nos permiten escribir una nueva historia para Guatemala, con el protagonismo y liderazgo de las autoridades ancestrales y comunitarias.
Notas:
La Mesa Ecuménica Regional (MER) es un espacio de encuentro y trabajo colectivo entre diferentes organizaciones ecuménicas de México, el Caribe y Centroamérica que busca fortalecer las redes de colaboración e incidencia de nuestras organizaciones generando espacios para la reflexión y el análisis, la planificación y la incidencia en los países de la región ante la creciente amenaza y vulneración de los derechos humanos y de la tierra. Está conformada por:
Denuncia urgente desde el Territorio Cabécar de China Kichá, Costa Rica – seis incendios en 2 semanas
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifiesta su preocupación ante la creciente ola de agresiones e intimidaciones contra los pueblos originarios de Costa Rica, en especial contra las familias indígenas del Territorio Cabécar de China Kichá, quienes han recuperado con valentía territorios ancestrales arrebatados históricamente por el capital colonialista e invasor.
El día viernes 23 de febrero inició un nuevo incendio en Kono Ju, terreno recuperado en el Territorio Cabécar de China Kichá. Es la segunda vez que incendian Kono Ju en las últimas dos semanas y el sexto siniestro donde han arrasado con más de 170 hectáreas, destruido destruyendo cultivos, dañado animales domésticos, terrenos en reforestación, nacientes y quebradas, flora y fauna; golpeado la economía de subsistencia. Además, se ha puesto en riesgo la vida de familias completas, como siempre quienes sufren son las personas más vulnerables: la niñez, las personas adultas mayores y las mujeres recuperadoras.
Denunciamos que los incendios provocados se dan desde hace 4 años en forma reiterada y son una forma más de agresión contra el Pueblo Cabécar, en especial, por parte de personas no indígenas y cazadores. Hay que tomar en cuenta que, gracias a la recuperación de territorios, se ha protegido la fauna y flora de la región.
Nos preocupa de sobremanera que a lo largo de las últimas dos semanas se han quemado alrededor de 200 hectáreas en este Territorio,
Instamos al gobierno costarricense -reconocido internacionalmente bajo el supuesto de respetar los Derechos Humanos y autocalificarse como país verde defensor del medio ambiente- que cese la impunidad y la inoperancia que se da en forma sistemáticamente por parte de diversas instancias del Estado de Costa Rica, favoreciendo este tipo de agresiones contra los pueblos originarios del país.
Respaldamos las acciones de las familias recuperadoras Cabécares de China Kichá y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur quienes exigen:
“Una intervención inmediata y permanente del Poder Ejecutivo y Judicial, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, para que de forma coordinada con el Pueblo Cabécar atiendan esta situación y garanticen la vida e integridad física, emocional y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá y cumpla con sus obligaciones estipuladas por el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales, estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones del Informe sobre Costa Rica del Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU del 2022.”
Cese las agresiones contra los pueblos recuperadores de sus territorios ancestrales
No más impunidad por parte del Estado Costarricense
El pasado 10 y 11 de febrero, miembros del Concejo Ditsö Iríria Akjunok Wakpa de Salitre, Consejo Iríria Sätkök de Yabamï Di Kata (Cabagra), Finca San Andrés de Térraba compartieron con recuperadores del Territorio Cabécar de China Kichá en una sesión de trabajo de la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
De esta forma, la CLSS comparte: “En este 2024 continuaremos con la recuperación de los territorios que nos pertenecen, construyendo autonomía, mejorando nuestra calidad de vida y economías, cuidando a Iríria, luchando por el acceso a la justicia y ejerciendo nuestros derechos”.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación que agrava la ocupación ilegal de los territorios indígenas y la violencia contra los pueblos originarios.
– Organizaciones firmantes de este comunicado denuncian la impunidad sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak y del Pueblo Bribri de Salitre.
Miércoles 24 de enero 2024. El pasado viernes 19 de enero, la familia Rojas Lázaro comunicó que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur decidió el sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. El caso fue conocido por el Juzgado Penal de Buenos Aires, con el número de expediente 19-000178-0990-PE y los imputados eran los no indígenas Edwin Guevara Mora y Víctor Zúñiga Fallas. Como consecuencia del sobreseimiento ambos serán liberados sin ninguna consecuencia judicial; también las investigaciones no continuarán y con ello la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre se impondrá.
De esta manera, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los Pueblos Originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los Territorios Indígenas. La violencia institucional y el nulo acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es estructural y sistémica. Pese a la continua y sistemática violencia a la que sobreviven los Pueblos Originarios y las múltiples denuncias establecidas antes las instancias judiciales ningún caso ha sido resuelto, muchos menos ninguna persona no indígena ha ido presa por amenazas de muerte, intentos de homicidio y muchas otras formas de agresión. El único fue el asesino confeso del Brörán Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela, quien fue puesto en libertad meses después por el Tribunal de Apelaciones de Cartago.
Muy al contrario, ha sido la situación de los Pueblos Originarios ante las instancias judiciales: el mismo Sergio fue privado de libertad por 7 meses entre el 2013 y 2014, por una causa judicial que al día de hoy no cuenta con pieza acusatoria. Así, aunque la investigación penal contra la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre (de ese momento) inició en 2012, el Poder Judicial ha sido incapaz de construir una pieza acusatoria. 12 años después la investigación continúa y Sergio fue privado de libertad, aunque esa fase no terminará.
Dolorosamente, las consecuencias de esta sentencia se extienden al Pueblo Bribri de Salitre y otros Pueblos Originarios. La impunidad sobre el caso de Sergio fortalece a los ocupantes ilegales -entre los que sobresalen los imputados en el caso de Sergio, Edwin Guevara y Víctor Zúñiga- a los terratenientes, a los discursos de odio y racistas y, en general, promueve una cultura de violencia en los Territorios Indígenas y comunidades aledañas. La desidia, falta diligencia y celeridad de la Fiscalía tiene consecuencias graves sobre cuerpos, vidas de infancias, mujeres y hombres. Así, el Estado lejos de proteger a los Pueblos Originarios se convierte en uno de sus mayores verdugos.
En diciembre del 2023, en medio de la amenaza al archivamiento del caso que investiga el asesinato de Sergio, 106 persones y 54 organizaciones de al menos 20 países diferentes enviaron cartas solicitando al Juzgado de Buenos Aires que rechazaran la solicitud de sobreseimiento. Entre las organizaciones se encontraban políticas, de Pueblos Originarios, sociales, de Derechos Humanos, ecologistas, entre otras.
En este contexto, se exige al Poder Judicial realizar de forma diligente y urgente las investigaciones y diligencias necesarias hasta dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas para establecer las consecuencias penales respectivas.
Más allá de las exigencias a las instancias gubernamentales e internacionales, como Pueblos Originarios continuaremos los procesos de resistencia. En el fortalecimiento de los procesos organizativos, la reafirmación territorial y la autonomía está la principal arma que nos defenderá de un Estado racista, colonial y violento y los ocupantes ilegales.
Suscribimos este pronunciamiento: – Coordinadora de Lucha Sur Sur – Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre. – Alakölpa Ditsö Ajkönúk (Salitre). – Ditsöpa Keneblok (Salitre). – Consejo Iriría Sätkök de Yabamï Dí Kátá (Cabagra). – Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. – Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá. – Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha. – Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. – Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego. – Comunidad Brörán de Crun Shurin. – Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés. – Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas Iríria Tsochok. – Asociación Costarricense de Derechos Humanos. – Asociación Voces Nuestras. – Partido Vanguardia Popular. – Kioscos Socio-ambientales, UCR. – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). – Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina). – Costa Rica Afro. – Colectiva por el Derecho a Decidir. – Mujeres Rurales de Costa Rica. – Asociación Tinamaste. – Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC). – Bloque de Vivienda. – Asociación Solidaria Comparte-Costa Rica. – Partido Obrero Socialista (POS.) – Red Solidaridad con Palestina. – Bloque Verde. – Red de Gestores Locales del Pacífico Sur (REGELOPS)· – Movimiento Buen Vivir Costa Rica. – Fundación Pedagógica Nuestramerica. – Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT). – Asociación El Camino de la Semilla. Territorio indígena de Térraba. – Colectivo Agua es vida, no mercancía. – CR Solidaria. – Movimiento humanista. – Asociación Ecologista Desamparadeña (ASECODES). – Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC. – Unidas en Justicia e Igualdad de San Ramon de Alajuela. – Movimiento Popular Costarricense. – Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI). – ACI-PARTICIPA, Honduras. – Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras. – Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador. – Coordinadora de Comunidades afectadas por TRECSA, Guatemala. – Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México. – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. – Soldepaz – Pachakuti, España. – Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza. – Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EEUU. – Alianza por la Justicia Global, SOA Watch, EEUU. – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos. – Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela. – Red de Colectivos La Araña Feminista, Venezuela. – Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Venezuela. – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela. – Colombianas y Colombianos por la Paz. – Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia. – Observatorio de Paz, Colombia. – Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury. – Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia. – Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala. – Comisión Multisectorial del Uruguay. – Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador. – Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). – Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá. – Movimiento Alfa y Omega de Perú. – Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Brasil. – Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche. – Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall). – Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina. – Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina. – Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH). – Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México. – Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC). – Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI). – Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH). – Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX). – Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco). – Taller del Sur. – Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas. – Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ). – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH). – Colectivo Ocho Trueno. – Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA). – Colectivo Insurrección Visual. – Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México. – Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América. – ComuniSur.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En lo que enero se acaba, ya el país ha entrado en un punto sin retorno en aquello que le quedaba como Estado observador de las garantías y derechos de sus ciudadanos.
No hay duda.Tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría y nuestros pueblos originarios, hacia los cuales el desprecio de la justicia y la omisión institucional, han acabado por marginarlos aún más de lo que históricamente los hemos mantenido.
En tanto el circo de las actuales autoridades gubernamentales mantiene mareada a la población con su comunicación lesiva y vulgar, sus funcionarios un día sí y otro también dan pena merced a sus actuaciones públicas, al tiempo que problemáticas sustantivas como la inseguridad y la pobreza siguen siendo observadas (y omitidas) de lejos por sus tecnócratas.
A contrapelo de este triste espectáculo, una acción a todas luces perjudicial de las autoridades de justicia del país decidió de buenas a primeras cerrar ad portas el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.El portazo, hay que decirlo, le dio en la cara a los pueblos originarios, el reconocimiento de sus derechos a sus tierras y sus tradiciones ancestrales.
Por este caso el estado costarricense ya había sido apercibido.Incluso antes de la muerte de Rojas se le había prevenido con medidas cautelares para su protección.
De nada sirvieron.
Hoy nos balanceamos entre la razón jurídica (menos justa ya) y la razón fáctica que controla territorios, normativas e instituciones.El mismo escenario que hoy tiene a países como Ecuador en una disputa entre actoresdel poder, donde las poblaciones en su gran mayoría resultan las grandes perdedoras.
La decisión de cerrar el caso por homicidio del líder indígena Sergio Rojas abona un terreno propicio para que la impunidad continúe haciendo su trabajo y se constituya en como política pública en un país en el que la justicia luce desequilibrada.
Un argumento más para cuestionarnos ese mito de la sociedad inclusiva que decimos ser.
Dictan sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio y ponen fin a la investigación penal
Hoy trascendió la triste noticia mientras que más de un centenar de personas, proyectos e instancias académicas y sociales solicitaban el no sobreseimiento definitivo presentado por la Fiscalía en el caso del crimen político de Sergio Rojas Ortiz.
Junto a la Coordinadora de Lucha Sur Sur y distintas personas y organizaciones se unieron a través de cartas para solicitar la condena del sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre. De estas se destacan la Carta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos donde organizaciones y personalidades de 17 países ligadas a la defensa de los Derechos Humanos condenan la solicitud de sobreseimiento; así como la Carta de sectores académicos y sociales que ven con preocupación este fallo del juzgado.
Mediante esta última carta abierta para el Juzgado de Buenos Aires (adjunta) quienes firmaron reclamaban que el pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre.
Como se mencionó, la carta fue promovida por personas ligadas a múltiples proyectos y acciones de investigación, docencia y acción social, de las universidades públicas que acompañan a los pueblos originarios y reconocen que el Estado ha sido racista al no ser capaz de sancionar los hechos violentos a los que han sido expuestas las personas indígenas.
En la carta aseguran que “Sabemos que Sergio fue clave en los procesos de defensa y recuperación de los territorios indígenas del sur, por lo que su muerte no se debe a un hecho fortuito y aislado. Además, Sergio era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en el 2015, ordenando al Estado Costarricense garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre. Resolución dada por amenazas y atentado contra su vida en el 2012.
Se preguntaron: ¿cuál es el mensaje que los representantes del Estado nos dan en medio de la escalada de violencia en la que se encuentra el país? Para quienes vivimos en otros sectores geográficos dicha escalada nos es muy preocupante, y es el resultado del detrimento de las políticas sociales; sin embargo, esta agudización de la violencia es la coyuntura que han enfrentado los pueblos originarios de dicha zona desde hace años”.
Recordaron que “el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, al mencionar que únicamente durante los últimos tres años de registro, estos pueblos han sobrevivido a más de 200 ataques en su contra, con la gravedad que en el último año disminuyeron en frecuencia, pero aumentaron su cualidad: cada vez son más graves y fuertes. Una característica esperada, pues la violencia es un fenómeno de escalonada sino se lo pone un alto”.
Ligado a lo anterior, apuntaron que: “sabemos que nos encontramos en un momento de mayor polarización en nuestra región, donde las voces disonantes son criminalizadas debido su labor de luchar por garantizar sus derechos. Sergio Rojas no fue una excepción, y nos preocupa que la posibilidad de sobreseimiento sobre su caso constituya un indicador para las personas activistas y defensoras que el país opta por la impunidad como un medio legitimador de la violencia. Si este asesinato queda impune, ¿qué detendría a otra persona para que no vea como una solución la agresión y el asesinato?”
Finalmente aseguraron que “dar sobreseimiento definitivo a este caso significa expresarle al mundo que, en Costa Rica, además de violarse los Derechos Humanos, prevalece un estado de impunidad contra los pueblos indígenas”.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Hace mucho la racionalidad neoliberal nos quitó la capacidad de soñar y el sentido de la colectividad. Nos fragmentó y nos fatigó hasta el extremo. Nos hizo creer en el acto sacrificial para alcanzar el éxito. Entonces se inventó palabras que borraran para siempre la subjetividad, tales como emprendedor o colaborador.
Preguntarse el porqué del éxito de un esfuerzo grupal que no es el fútbol en un país como Costa Rica, implica hacer referencia al valor del arte y la cultura sobre esa racionalidad rampante, ajusticiadora y aniquiladora de esperanzas.
La Banda Municipal de Zarcero (BMZ) se presentó este 1 de enero en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California, siendo su segunda presentación en el evento. Fue la única banda representativa de un país de América Latina en esta edición. Para mi gusto ha sido la mejor representación colectiva mediática costarricense en décadas, incluso más allá de la coyuntural gesta futbolística en Brasil 2014. Este performance ha generado una manifestación generalizada de alegría y reconocimiento que hace mucho tiempo no observaba en Costa Rica. Una sociedad que necesita tanto estos hechos para subir su autoestima, debe ser intervenida en su crisis, la crisis que el capitalismo salvaje neoliberal le ha impuesto.
Al ser la única representación musical latinoamericana en esta edición, la banda incluyó en su repertorio una muestra amplia de ritmos y géneros de la región. De allí que sonaran piezas como Rebelión, del músico colombiano Joe Arroyo, acerca de la historia de la esclavitud en nuestros contextos, un flagelo que Costa Rica recién dejó en la época post independencia. O la tan recordada “Violencia”, que acaso refiere a un país como el nuestro, que acaba de cerrar un año récord en homicidios y muertes de mujeres a manos de sus compañeros y conocidos.
Formada por jóvenes provenientes de muchos lugares del país, constituye uno de los proyectos culturales y artísticos más importantes en momentos que el apoyo al arte y la cultura pende del carácter, la emoción y el gusto del gobierno de turno. Estamos claros que la exposición mediática ha sido el impulsador para que mucha gente conozca el desarrollo de este proceso que ya lleva años de funcionamiento. Pero por encima de las cámaras y reflectores, se debe hacer referencia a una práctica que tiene en el arte su principal material sensible.
A un costado del emblemático Parque Central de la localidad, se erige un modesto edificio que alberga a la banda. De allí surge la organización, el empeño y las ganas de hacer arte y cultura en medio de un contexto en el que las autoridades gubernamentales y sus aliados empresariales han restado méritos, apoyo y valor a estas expresiones humanas.
Explicarse porqué tantas manifestaciones de orgullo y alegría por una presentación artística que, además, le mostró al mundo el valor de la cultura originaria Boruca a través de sus trajes y máscaras, tiene que ver en su respuesta con la recuperación de ese ADN soñador y colectivo que nos quitó la racionalidad neoliberal y su proyecto cultural orientado al individualismo y el sacrificio humano como principal motivo económico.
La representación de los pueblos originarios debería ser útil también para evidenciar en lo doméstico, los deberes de un Estado omiso con sus condiciones de vida, el derecho consuetudinario a los territorios que por historia les pertenecen y el respeto a su autonomía y autodeterminación. Si esto no puede ser garantizado, seguiremos siendo una sociedad incompleta, excluyente y desigual.
Durante muchas décadas, el fútbol-mercancía se ha apropiado del sentido de identidad del proyecto costarricense como sociedad. El fútbol-mercancía ha puesto en funcionamiento dispositivos de unión, símbolos de identidad de una nación que pronto empezó a desdibujarse.
El valor del arte y la cultura enmarcados en experiencias como las de la Banda Municipal de Zarcero, bien podría medirse de acuerdo con su importancia para devolverle a la sociedad un poco del ADN primario que la razón instrumental economicista le ha sustraído. Representa una forma de resistencia con la que empezamos a transitar este lento 2024.
Que cada quien se coloque una banda con música, arte y resistencia en su pecho y transite con luz este camino que recién empieza.
