Se reúnen con viceministro, visitan Asamblea Legislativa y Universidad de Costa Rica
Una delegación de catorce personas de la comunidad originaria Ngäbe de Sixaola, en representación de unos diez mil indígenas que habitan la zona fronteriza, realizaron una visita a San José para reunirse con autoridades del Poder Ejecutivo, bajo la demanda urgente de un territorio para poder concretar su pleno derecho como pueblo originario.
Esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó pleno derecho a la nacionalidad costarricense, en tanto son un pueblo originario previo a la constitución de las naciones y fronteras costarricense y panameña.
Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber en una carta al presidente Rodrigo Chaves, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”. Esto pues a “más de 10000 personas indígenas Ngäbes de Sixaola nos han negado espacios para practicar nuestras creencias ancestrales de Mama Tata, las danzas, la medicina tradicional, la elaboración de artesanías, espacios para sembrar nuestros alimentos y otros (…)”.
Le recordaron al presidente que en campaña política él se comprometió a concretar esta urgente aspiración, pues “en la actualidad el pueblo de Sixaola vivimos una situación de pobreza y además no podemos desarrollar nuestra cultura dignamente debido a la limitación territorial que impide que podamos vivir libremente como pueblo originario”.
Fundamentan su petición en que “los pueblos indígenas tenemos una visión holística de la Tierra, la naturaleza y el medio ambiente, que es conjugada con aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos. Para comprenderla, es necesario incorporar el concepto de territorio, tal como lo ha hecho el Convenio 169 de la OIT y los artículos 12, 14 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Esta carta de la delegación Ngäbe fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones de comunicación con el INDER y otras instituciones, con el objetivo de buscar propiedades en la zona de Sixaola y buscar soluciones para el establecimiento del territorio solicitado. El viceministro se comprometió a ir a la zona en la segunda quincena de mayo próximo, y realizar una serie de diligencias con distintas instituciones, como la dirección Nacional de Migración, CCSS, MTSS, etc.
Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años. Por lo cual, en los compromisos adquiridos con el viceministerio, también está trasladar la información pertinente sobre los conflictos laborales, de acceso al agua y a la salud a las autoridades correspondientes para pedirles explicaciones y soluciones. Mientras, con el Ministerio de Trabajo solicitaron “establecer una mesa de trabajo con representantes de la empresa Chiquita, la empresa Del Monte, el Departamento de Inspección Laboral del MTSS, y representantes del INS para indagar sobre los conflictos que afligen a la comunidad”.
La delegación la conformaron los miembros de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), la asociación de mujeres Meri Dirikä y Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS) y contó con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, la Facultad de Derecho, la Asociación de Estudiantes de Derecho, los proyectos “Pueblos Originarios y Universidades Públicas (CONARE)” y “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, así como el Programa de Gestión Local de la UNED.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es de un hablar pausado que se aligera y aumenta de tono e intensidad cuando lee su poesía. De paso comunica: una voz de mujer emancipada, cuestionadora de los sistemas de dominación, constructora de la libertad de su cuerpo y de las formas en que lo nombra.
Proveniente de la Nación Sami, ubicada al norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península Kola, al oeste de Rusia, Ima es de un claro decir, directo, acompañado con gestos con los que no se necesita entender su idioma originario, para saber que dice cosas que incomodarían al más conservador de los conservadores.
Entre otras cosas es traductora y directora de documentales. Quizá por eso tiene tan claro el abc de la comunicación y las imágenes que la acompañan. Además, es periodista, presentadora de radio y reportera.
Lee su poesía en Sami, dialecto que hoy solamente lo hablan 20.000 personas en el mundo.
En una conversación distendida en San José junto al editor de su último libro 69 Pilares, el querido Luis Enrique Moscoso, poeta mexicano, hablábamos acerca de los procesos de resistencia que ha debido sortear su pueblo, arrinconado por la lógica hegemónica del estado finlandés que desea apropiarse de sus territorios y de su cultura.
Ella habla de racismo.
Y si, evidentemente ese intento de apropiación y de homogeneización por parte del estado finlandés va acompañado de la ausencia de reconocimiento de esa lengua que se resiste a morir.
Observando a través de los ojos de Inger-Mari Aikio, o Ima como le dicen coloquialmente sus amigos y amigas, los procesos internos en Costa Rica, deben existir palabras con las cuales nombrar desarraigo, despojo y desplazamiento de los pueblos originarios, justificados todos en la complicidad estatal con la rapacidad de actores privados, que desean quedarse con sus territorios ancestrales.
La poesía de Ima es clara y enseña que el erotismo puede ser un instrumento de reinvindicación y acción política desde la voz de una mujer que tiene claras sus luchas. Aunque ella habla de un feminismo distinto, lo suyo ciertamente son las agendas de reivindicación a través de la palabra.
Invito a leerla y acompañarla en su resistencia corporal, lingüística, política. Son estas las nuevas luchas que seguirán apareciendo en los tiempos disruptivos que nos tocó vivir.
Hagámoslas propias.
si tan solo una vez
nos abrazáramos en la colina
en lo alto
como si fuéramos los únicos humanos
chillido de aguililla ártica
inicio de un largo relato
canto Yoik del chorlito
como vino
la mirada clandestina del zorro polar
camino a la más bella historia
de nubes blancas.
Inger-Mari Aikio Poeta de la Nación Sami Finlandia.
Este 7 y 8 de marzo de 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas (POUP) ha programado una serie de actividades con la importante participación de mujeres indígenas defensoras de la zona sur del país, específicamente de los territorios de China Kichá, Salitre y Térraba, donde se busca no solo evidenciar la realidad de estas mujeres dentro de sus territorios sino también el poder materializar el reconocimiento de sus Derechos como pueblos originarios. Destaca la reunión este próximo 08 de marzo, a las 10:00 a.m. con la Magistrada Damaris María Vargas Vásquez, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada Iris Rocío Rojas, ambas de la Sala Primera y participan las mujeres indígenas recuperadoras de Pueblos originarios: Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado y Zeidy Rodríguez Guerra, Gnöbe del territorio Comte Burica y lideresa del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Las mujeres indígenas, que son recuperadoras de sus territorios, expondrán sobre los conflictos, usurpaciones y violencia. También sobre cambios positivos que se están viviendo en los territorios recuperados El punto principal de este encuentro es dialogar sobre la aplicación de las sentencias de la Sala I, la sentencia de la Sala IV que reafirman el derecho de los Pueblos Originarios sobre sus territorios. Además, de las recientes sentencias que reconocen a la población de China Kichá como legítima dueña de su territorio. Todo esto encaminado a buscar vías de cooperación y trabajo mutuo para contribuir a solucionar los conflictos por el no reconocimiento de los derechos de los Pueblos Originarios. Estefanía Figueroa Cabrera, territorio indígena Térraba aseguro: “Quiero hacer una cordial invitación el día 8 de marzo a escucharnos y acompañarnos en esta jornada, ya que es muy importante para nosotras como mujeres indígenas hacernos escuchar y alzar la voz para que no vuelvan a pasar más injusticias y malos tratos a nosotras como mujeres indígenas. Mientras Danny Nájera, territorio indígena Térraba, recuperación Crun Yaigo comentó: “Muy contenta por el espacio que se nos está brindando para que nosotras como mujeres indígenas y recuperadoras de tierra, nuestras voces, nuestras luchas y nuestros sentires sean escuchados en los diferentes medios y lugares, que nos dan la oportunidad de escucharnos como mujeres indígenas que somos”. Es importante retomar de primera mano, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las situaciones que han vivenciado las mujeres indígenas y recuperadoras en los últimos años en la zona sur del país. Otras actividades de la Jornada Foro “Mujeres indígenas y campesinas de Costa Rica ante las violencias actuales” (Centro de las Artes, ITCR, 7 de marzo 2023, 09:30 a.m.): Transmisión en vivo: https://www.tec.ac.cr/eventos/mujeres-indigenas-campesinas-costa-rica-violencias-actuales Foro Universidad de Costa Rica: Mujeres indígenas en las recuperaciones de su tierra y su cultura (Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, 08 de marzo, 3:00 p.m.). Exponen: Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado y Zeidy Rodríguez Guerra, mujeres indígenas y recuperadoras de Pueblos originarios. Radio UCR, programa Interferencia (08 de marzo, 6:00 p.m.): Participan: Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado y Zeidy Rodríguez Guerra, mujeres defensoras de los territorios de Pueblos Originarios.
Durante una conferencia de prensa el 6 de diciembre del 2022 en la Asamblea Legislativa, Minor Ortiz Delgado del Clan Tubölwak e integrante del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa (CODIAW) Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre, explicó que, la recuperación de territorios ha sido y continúa siendo el método más efectivo par garantizar el acceso a la tierra, así como a la alimentación sana y a un espacio ambientalmente equilibrado para el crecimiento de las familias y comunidades indígenas.
El audiovisual donde se transmitió el mensaje anteriormente expuesto fue una producción con apoyo del Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok. Puede encontrarlo en: https://fb.watch/j19tglA8-K/.
El Proyecto Pueblos Originarios y Universidades Públicas invitan este 8M al foro “Mujeres en defensa de los territorios indígenas: vivencias y denuncias”, este próximo miércoles 8 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m. en la Sala de la biblioteca Eugenio Tortós (frente al Decanato), en el primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. Contará con la exposición de Virginia Lezcano Ortiz, Roxana Figueroa Calderón y Estefany Figueroa Cabrera, defensoras de los Territorios Indígenas del Sur de Costa Rica.
El foro también será transmitido por el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y del Programa Kioscos Socioambientales.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS compartió un vídeo de diciembre de 2022 sobre la participación en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa de Costa Rica de personas de las comunidades de Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá, en la que comentaron y compartieron relevantes valoraciones sobre la situación que aún enfrentan como Pueblos Originarios.
En el vídeo se realiza una evaluación sobre las medidas cautelares de la CIDH #321-12 y el papel del actual gobierno Chaves-Robles, en la que se dice que el Gobierno impidió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Pueblos Originarios debido a que tenían planeadas muchas actividades y no tenían tiempo para atender a dicha Comisión, por lo que la Comisión no pudo asistir. Pablo Sibar Sibar, recuperador de Crun Shurín, del Territorio Brörán de Térraba comenta que esto es un gran problema y que para los Pueblos Originarios es muy lamentable que el Gobierno suspenda este tipo de actividades debido a que necesitaban que la Comisión observara las condiciones y problemáticas de estos territorios. Por lo que a partir de la acción del Gobierno en el vídeo se plantea que el Estado costarricense no cumple con el compromiso asumido frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS comentó que próximamente estarán compartiendo vídeos con apoyo del Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok.
La Coordinadora de la Lucha Sur Sur, CLSS, compartió la invitación de la familia Rivera Rivera a las actividades conmemorativas al tercer aniversario del asesinato de Jehry Helmuth Rivera Rivera quien se encontraba participando en los procesos de recuperación de tierras dentro del territorio indígena de Térraba, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Indígena No. 6172, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio Internacional 169.
Las actividades están planeadas para el 24 y 25 de febrero de 2023, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., entre ellas: información sobre el juicio y la condena, actividades espirituales, conversatorio sobre la jurisprudencia de la Sala Cuarta, reflexión sobre la actualidad indígena y las recuperaciones de tierra, visitas al lugar de sepultura de Jehry, al fuego de la libertad del pueblo indígena Brörán, al lugar del asesinato y al lugar donde descansa Memo Rivera.
La familia agradece el apoyo a quienes han estado apoyando en los procesos judiciales, e igual manera, agradecen el apoyo mediante la donación de alimentos y ayuda económica para las actividades conmemorativas al Sinpe Móvil: 8573-9496.
Coordinadora de Lucha Sur Sur Comunicado público Jueves 16 de febrero de 2023
En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.
De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.
Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.
Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.
En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.
Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.
Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”
Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.
Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.
Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.
Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.
No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.
Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.
Las noticias suelen relatarse siguiendo un orden cronológico inverso: desde el final hacia el principio, esto es, desde lo más reciente de los hechos hacia sus antecedentes y su contexto. Pero esta vez quizás deberíamos iniciar así: “El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América con tres naves; tras este ‘descubrimiento’ se desató la invasión europea, y con ella el genocidio más grande en la historia de la humanidad”. Pero, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, porque ahora urge informar sobre las durísimas condiciones de supervivencia del pueblo Yanomami en los estados de Roraima y Amazonia, Brasil.
Carlos Amorín
El pasado viernes 20 de enero la plataforma digital Sumaúma, con sede en Altamira, Pará, publicó un artículo cuyo título fue “Diario de guerra. No estamos pudiendo contar los cuerpos1” , ilustrado con desoladoras fotografías de niños y niñas Yanomami desnutridos y enfermos. Las periodistas Ana Maria Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum iniciaron su texto así: “La criatura Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebé recién nacido. Con 3 años apenas alcanzaba los 3,6 kilos”.
Una imagen puede más que mil palabras
Las fotografías son de una crudeza extrema, y evocan testimonios gráficos de hambrunas en otras latitudes, o de los campos de concentración nazis. Este horror generó repercusiones primero a nivel local, y rápidamente las imágenes se viralizaron a nivel global.
Esa misma tarde el presidente Lula anunció que estaría viajando al día siguiente a Boa Vista, capital del estado de Roraima, y el Ministerio de Salud Pública declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio Yanomami.
Lula llegó a esa ciudad acompañado por diversas autoridades gubernamentales, especialmente por Sonia Guajajara2, ministra de Pueblos Indígenas, y la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana3, ambas recientemente designadas en sus funciones por el nuevo presidente.
En el precario centro de salud local especializado en la atención a los Yanonami, Lula declaró a la prensa que “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento«.
Cuando más es más
Las cifras oficiales del MSP establecen 99 infantes de entre 1 y 4 años fallecidos en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonía, diarrea, malaria, contaminación con mercurio provocada por la minería ilegal y otras enfermedades evitables.
No obstante, datos obtenidos por la plataforma Sumaúma mediante la Ley de Acceso a la Información, registran la muerte de 570 niños y niñas Yanomami por esas mismas razones en los últimos cuatro años, periodo en el cual Jair Bolsonaro ocupó la Presidencia.
El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que se inició una investigación a cargo de la Policía Federal por posible delito de “genocidio”, al constatarse graves omisiones por parte de funcionarios públicos responsables de la asistencia sanitaria y humanitaria a los Yanomami, así como posible corrupción a gran escala implicando desvío y reventa de medicamentos y alimentos destinados a los indígenas.
“Ordené ayer la apertura de una investigación policial para averiguar si hubo genocidio. Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas. Hubo intención», dijo el ministro de Justicia Flavio Dino.
La investigación abarcaría no solo posibles delitos de jerarcas de Salud regionales y nacionales, sino también crímenes de contaminación ambiental y desvío de fondos.
El “otro” ejército de Bolsonaro
Asimismo, Lula da Silva advirtió que se perseguirá a los “garimpeiros4” ilegales que, según estimaciones, serían unos 20 mil en los estados de Roraima y Amazonas, más de dos tercios del total de Yanomami habitando en la región. También anunció “medidas enérgicas” contra la deforestación que se multiplicó enormemente con la protección de Bolsonaro.
El informe “Yanomami Under Attack”, publicado en abril de 2022 por Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana, con asistencia técnica del Instituto Socioambiental (ISA), hace un balance de la extracción ilegal de oro y otros minerales en esa región.
Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la Tierra Indígena Yanomami (TIY). Sin embargo, su escala e intensidad crecieron de manera impresionante en los últimos cinco años. Datos de MapBiomas indican que a partir de 2016 la curva de destrucción minera tomó una trayectoria ascendente y, desde entonces, ha ido acumulando tasas cada vez mayores. En los cálculos de la plataforma, de 2016 a 2020 la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el texto.
Dicho informe muestra que en 2018, el área total afectada por los garimpos ilegales era de 1.200 hectáreas. Relevamientos efectuados en diciembre de 2021 comprobaban que esa superficie había crecido a 3.272 hectáreas.
La voz de las víctimas
Para las asociaciones indígenas, el estado de salud crítico que muestran las imágenes compartidas en los últimos días con niños, adultos y ancianos desnutridos, es consecuencia de la combinación de tres factores desencadenados por el garimpo: aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios.
Según el informe “Yanomami Under Attack”, en el centro de de salud Yanomami de Arathau, cerca del río Parima, “en 2020 se prestaron 11.200 servicios de atención sanitaria, pero en 2021 el número se redujo a 2.800.
Como consecuencia −continúa el informe−, varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado, y algunos incluso murieron. Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también la situación de dos niños de la casa Xaruna que murieron de malaria en octubre, y un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía, en noviembre”.
La plataforma Sumaúma, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), obtuvo otros datos alarmantes: “Los casos de malaria, enfermedad que se propaga en el territorio con los mineros, pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021; 46 niños menores de 5 años habían perdido la vida solo en los 5 primeros meses de 2022 por lo que las estadísticas denominan ‘causas evitables’ (falta de tratamiento médico y prevención) y el 52,7% de los niños yanomami menores de 5 años estaban desnutridos”.
La información obtenida por Sumaúma también mostró que desde julio de 2020, los centros de salud que operan dentro del territorio yanomami fueron cerrados 13 veces debido a las acciones de los mineros, dejando a los indígenas sin atención médica.
“La falta de asistencia a los pueblos indígenas es la forma más eficaz de matar sin dejar huellas”, concluye Sumaúma.
Como dijimos al inicio, deberíamos comenzar este desarrollo informativo empezando en 1492, pero eso ya lo han hecho otras personas y, algunas, de manera excelente.
No obstante, es necesario debatir hasta qué punto las sociedades no originarias de nuestra querida América han adquirido conciencia de las razones profundas por las cuales las (ahora) minorías étnicas continúan siendo diezmadas por doquier mediante el genocidio5 y el etnocidio6.
Algunos realizaron esta advertencia hace ya muchos años, como por ejemplo la célebre cantante Elis Regina, que en su versión de la mundialmente famosa Aquarela do Brasil contrapone un coro representando un canto indígena como fondo de la idílica imagen que presenta la canción7.
La Rel UITA se compromete a seguir muy de cerca esta situación, y a aportar la mayor información al respecto.
Imagen: Allan McDonald
Foto: Samaúra.com
(Con información de: Sumaúma.com, AFP, France24.com, EFE, Larepublica.co, BBC.com, Nwesletter.ihu, Federico.Tatter Substack, www.ihu.unisinos.br y fuentes propias)Nota del Editor: Agradecemos la valiosa colaboración de Jair Krischke en la elaboración de este informe.
Notas:
1 – https://sumauma.com/nao-estamos-conseguindo-contar-os-corpos/ 2 – Originaria de las Tierras Indígenas Arariboia. El término Guajajara hace referencia a su pueblo nativo. 3 – Oriunda del estado de Roraima. El término Wapichana hace referencia a su pueblo nativo. 4 – Mineros, principalmente de oro, en los ríos selváticos que constituyen verdaderas mafias de las florestas. 5- Eliminación física de un pueblo. 6 – Eliminación del “alma” de un pueblo, su arte, su cultura, su lengua, creencias, instituciones, etc. 7 – https://www.youtube.com/watch?v=rvxmF4KS9O4
La delegación de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La comparecencia se dió en el marco de la investigación legislativa «Realidad de los Pueblos Indígenas» expediente N° 23303 que realiza dicha Comisión.
Los voceros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur se refirieron a las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica, a la luz de los Informes que la CLSS ha elaborado para los años 2020 y 2021 y que la Comisión Legislativa conoce.
Las exposiciones se centraron en los temas de Espiritualidad e Identidad, Tierra – Territorios, Organizaciones Propias y Gobernanza y Seguridad.
Los voceros se refirieron al desconocimiento por parte de la institucionalidad pública de la cultura, historia e identidad de los Pueblos Originarios, lo que genera tratos discriminatorios y racistas.
También recordaron, con pruebas, que el Estado de Costa Rica es responsable por la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos, como por ejemplo, en el caso de la ocupación ilegal de sus Territorios por parte de personas no indígenas.
Señalaron, además, que se han dado reiteradamente agresiones masivas o en turbas contra estos pueblos, lo que denota una organización y financiamiento de estas agresiones. El asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz del pueblo Bribri de Salitre (2019) y Jerhy Rivera Rivera del pueblo Brörán de Térraba (2020) son ejemplos de la inacción y complacencia del Estado.
En esta semana se está desarrollando el juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera en los Tribunales de Pérez Zeledón; asesinato que se dió en medio de un ataque masivo al Territorio Brörán, mientras Rivera defendía procesos de recuperación de tierras.
También denunciaron que la Mesa Técnica Interinstitucional sobre pueblos indígenas que creó la actual administración, es una «mesa más» sin rumbo claro, sin sustento económico y con un gran desconocimiento de la realidad de estos Pueblos.
Por último señalaron, que la resolución de la Sala Constitucional del 19 de octubre anterior, afirma contundentemente que toda persona no indígena que adquirió tierras dentro de los territorios indígenas es poseedor de mala fé, no tiene derecho a indemnización alguna y todas esas compras y ventas son absolutamente nulas; queda como camino que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos priorizados en cada territorio por organizaciones propias, y que en materia judicial las resoluciones se apeguen a lo establecido por la Sala Constitucional.
Compartido con Surcos por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
