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Etiqueta: Rectoría

UCR: Ante el conflicto que vive nuestra sociedad costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

A la comunidad nacional

Pronunciamiento de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica

RESULTANDO:

PRIMERO. La profunda agitación social vivida en el territorio nacional durante la última semana, lo que ha llevado a enfrentamientos indeseables entre diversos sectores sociales, sin que se atisbe una asertiva estrategia de solución.

SEGUNDO. Este estallido surge, en lo inmediato, por el anuncio del Plan para equilibrar las finanzas públicas, en el contexto de un eventual convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin duda posee raíces históricas mucho más profundas que han lesionado, cada vez más, el tejido social de una República que ha procurado privilegiar el diálogo, la democracia, la equidad, la educación, la salud y la proyección autóctona en su devenir socio-político.

TERCERO. El proceso de debilitamiento de ese tejido social se ha intensificado exponencialmente en las últimas décadas, trascendiendo gobiernos y partidos políticos específicos, pero evidenciando, a lo largo de estos años, un discurso hegemónico, no consensuado, que se percibe como amenazante del Estado Social de Derecho y cuyos efectos muestran inequidades perjudiciales por regresivas.

CUARTO. Ha contribuido en este sostenido debilitamiento del tejido social, el escaso diálogo y la limitada capacidad de negociación que, si bien debe ser tarea de toda la ciudadanía y de todos los grupos o movimientos organizados, ha caracterizado a los principales actores del debate social y político en las últimas décadas, si bien es claro que el liderazgo primero corresponde a la clase política que ostenta el poder, según disposiciones de orden democrático.

QUINTO. Todo lo anterior se ha visto agravado coyunturalmente por las consecuencias socio-políticas y financieras generadas por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, sin que sea esta la razón fundente ni primaria del malestar social y del estallido referido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Universidad de Costa Rica es: a) decana de la Educación Superior costarricense; b) de profunda vocación humanística; c) una Institución pública al servicio del país; y, d) una Institución Benemérita de la Cultura Costarricense.

SEGUNDO. Corresponde a ella, por razones constituyentes, por su ley orgánica y por mandato estatutario, contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, en procura de la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo.

TERCERO. Por lo anterior, nuestra Institución está inhibida de mantenerse indiferente frente a los conflictos que amenazan la paz y la justicia social, y que debilitan cada vez más nuestro sistema democrático y el referido tejido social.

CUARTO. Urge superar el conflicto social en cuestión y en sus más profundas raíces, lo que implica respetar el Estado Social de Derecho y los márgenes constitucionales dentro de los que se configuran y que por décadas han sido garantes de estabilidad y equidad, lo que hoy es reclamado por diversos sectores de la sociedad costarricense.

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

MANIFIESTA:

  1. La estricta e inmediata necesidad de que el Poder Ejecutivo abra el espacio de diálogo requerido para que se inicie un proceso de negociación con los diversos sectores involucrados y se supere la crisis socio-política actual.
  2. Que el espacio de diálogo referido cuente con la definición previa de los principios morales y políticos rectores, y que las partes manifiesten su compromiso por la defensa del Estado Costarricense y el respeto a la Constitución Política, todo lo cual deberá hacerse público al inicio del proceso, a fin de que el mismo posea la credibilidad inicial indispensable y las condiciones necesarias para alcanzar, a través del dialogo, el respeto, la voluntad de las partes y la negociación efectiva, los acuerdos necesarios.
  3. La necesidad de que cualquier acuerdo que se alcance fortalezca la soberanía, el respeto al pueblo soberano y al Estado Social de Derecho, a la vez que fomente la equidad, merced a modelos económicos progresivos que protejan a los sectores socioeconómicos menos favorecidos y eviten el deterioro de otros sectores determinantes para el equilibrio social y el desarrollo armónico y pacífico de la sociedad costarricense.
  4. Poner a disposición para este proceso de diálogo, la infraestructura y la logística institucional a lo largo y ancho del país, así como nuestros recursos profesionales, científicos y humanísticos, para que apoyen en todo lo necesario, a fin de cumplir a cabalidad con las necesidades patrias, la paz y la justicia social que reclama el actual momento histórico.

COMUNÍQUESE:

  1. Al señor Presidente de la República, Sr. Carlos Alvarado.
  2. Públicamente a la comunidad nacional.

Nota del editor: texto tomado de la circular R-5586-2020, emitida el 6 de octubre del 2020 por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.

 

Carlos Araya Leandro
Rector de la Universidad de Costa Rica

Rectoría UCR: En relación con un video producido y difundido por la ODI mediante su espacio Desde la U

Escrito en . Publicado en Derechos.

19 de agosto de 2020

Con respecto del video producido y difundido por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) por medio de su espacio “Desde la U”, basado en información de una investigación en proceso, adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y referente a temas relacionados con Grandes Contribuyentes, esta Rectoría considera importante realizar las siguientes reflexiones:

  1. La producción referida generó diversas reacciones en el seno institucional, en personas y empresas que se sintieron afectadas, y en sectores diversos de la sociedad costarricense.
  2. Complejo se torna el tratamiento de estas temáticas en la “universidad” que, como la etimología lo indica, es unidad en la diversidad; y, al tratarse de la Universidad de Costa Rica, las voces plurifónicas afloran por necesidad estructural humanística. Recuérdese que ya lo indica su Ley Orgánica, publicada en la Gaceta Oficial No. 191, hace 80 años (el jueves 29 de agosto de 1940), por ejemplo en el Artículo 3º-Como institución de cultura superior, la Universidad fomentará el estudio y la investigación de las ciencias puras y de los problemas que atañen a la vida económica, política y social de la Nación, por medio de sus Institutos o Seminarios y contribuirá al mejoramiento constante del nivel cultural del país, difundiendo el conocimiento de las ciencias, las letras y las bellas artes por medio de los servicios de extensión universitaria.
  3. Por lo demás, no hay duda que un tema como el tratado en el video es profundamente complejo por múltiples razones externas a la Institución, especialmente en un país con las características del nuestro, en el que ni el  sistema tributario, ni el marco legal, ni el fiscalizador, ni el ejercicio del  orden evidenciado por diversos actores políticos, facilitan un manejo  suficientemente transparente e inmediato de la información relacionada con  temas concernientes a la evasión y la elusión tributarias, así como tampoco   las empresas, sociedades y estados bancarios vinculados.
  4. Evidencia de lo anterior es el Proyecto de Ley, consignado en el expediente No. 22.016, recientemente presentado y bajo el título: Aprobación del Contrato de Préstamo No. 9075-CR para financiar el Proyecto “Fiscal Management Improvement Project” “Modernizar y Digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda conocido como “Hacienda Digital para el Bicentenario”, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”; en el cual, al hacer la referencia a la evasión y a la elusión, señala:  “Por su parte, la Dirección General de Tributación (DGT) estima que la evasión y elusión de impuestos ascendió a 8.2% del PIB en 2013. La OCDE estima que, en 2014, una cuarta parte de las corporaciones y casi una quinta parte de los profesionales independientes no registraron ingresos, mientras que el 14.4% y el 20%, respectivamente, no presentaron impuestos sobre las ventas, y el 55% de las personas con actividades rentables de servicios profesionales declararon cero impuestos sobre la renta”; remontándose a datos poco actualizados y a estimaciones sin claridad metodológica suficiente.
  5. El asunto tributario es uno de los problemas estructurales más radicales, entronizados y perjudiciales en nuestra democracia, como lo han dicho reiteradamente, la mayoría de las personas que han fungido como Ministros de Hacienda, al menos, en la últimas dos décadas; y sin duda, al tenor de los propósitos institucionales corresponde atenderlo integralmente, no se olvide que ello se deriva de varios extremos de nuestro Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo Artículo 5º, en sus dos primeros incisos: a) Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas que integran la comunidad costarricense, que permita a todos los sectores sociales participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional. b) Buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia(…)”.
  6. A lo largo de sus ocho décadas de historia la Universidad de Costa Rica goza de un amplio prestigio nacional e internacional, según lo confirma la opinión pública y diversos rankings de medición mundial, impulsado ello por la excelencia en el desarrollo de sus actividades sustantivas, a saber, la docencia, la investigación y la acción social. En este sentido, la honestidad académica, patentada en la rigurosidad científica y la honradez intelectual, es herramienta trascendental para la búsqueda de soluciones a los problemas que, como el citado, afectan a nuestro país; uno de los principios institucionales manda: “(…) contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo” (art. 3, Estatuto Orgánico). La búsqueda de la excelencia, de la verdad y el conocimiento en todos nuestros productos y proceso académico, debe seguir siendo el norte del Alma Mater.
  7. Los efectos de la pandemia en la salud de la población costarricense y sus consecuencias derivadas en los ámbitos económico y social, nos obligan a reflexionar en medios para generar una mayor justicia y equidad social, para lo cual el fortalecimiento de las finanzas públicas se constituye en un elemento fundamental. Este fortalecimiento debe venir de la mano de un sistema tributario equitativo, progresivo y solidario, en el cual, cada quien aporte por la vía impositiva lo que en justicia tributaria le corresponde. En los últimos años, mucho se ha discutido respecto a la evasión y la elusión fiscal, consideramos necesario que con base en información real y objetiva podamos, como sociedad, encontrar soluciones que nos alejen del incremento progresivo de la inequidad social que nos afecta y que nos ha convertido en uno de los países con mayor desigualdad económica y social.
  8. La crisis por la que transitamos debe constituir un escenario pedagógico, humanístico y científico de oportunidades mucho antes que de rivalidades, así como generar un momento de inflexión propicio para discusiones como la suscitada, desde luego, partiendo de una clara escala de valores morales, en la que, por ejemplo: la honestidad, la sinceridad, la corrección, la inclusión, la libertad, la diversidad de opiniones, la responsabilidad, la alteridad y el respeto, sean elementos sine qua non. Hoy se trata del colectivo humano costarricense, ya no solo como personas académicas, ni como empresarias, ni como políticas, ni como obreras, sino como humanidad, estamos llamados a resguardar el Estado Social de Derecho del que nos enorgullecemos y ha dado muestras de su efectividad incluso en contextos de crisis radical.
  9. No podemos aceptar que el video que ha motivado las reflexiones previas, se constituya en una suerte de anclaje que evite el avance y la superación a la que estamos cronotópicamente llamados los costarricenses. Si hubo imprecisiones en él, si hay énfasis por perspectivas diversas de enfoques o por intereses diversos; como también, si ha faltado solidaridad en algunos contribuyentes fiscales, si se han cometido evasión por acciones ilícitas, o elusión por oportunismo moral merced a portillos existentes, deben precisarse los discursos y asumirse las responsabilidades correspondientes. Quizá eso suene ilusorio pero es el telos que también debe definir los medios para alcanzarlos, porque medios y fines deben poseer solvencia moral y no podemos desde nuestra posición dudar radicalmente de las posibilidades humanas positivas.
circular-r-43-2020Descarga

UCR: La elección a Rectoría debe hacerse de manera presencial

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Según lo establece la normativa

La elección a Rectoría se ha tenido que suspender dos veces debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19.

El pasado viernes 24 de julio, el Tribunal Electoral Universitario informó mediante la resolución TEU-5-2020 que suspendió nuevamente el proceso electoral para la Rectoría 2020-2024.

Según explicó la Mag. Virginia Borloz Soto, presidenta del TEU, luego de estudiar y analizar diversas opciones y hacer consultas legales, tanto de orden interno como externo de la institución, se llegó a la conclusión de que esta elección tiene que hacerse de manera presencial. Por esta razón y para salvaguardar la vida y la salud de la población participante y sus familias, así como el proceso democrático, se tomó la decisión de suspender la reanudación de la elección a Rectoría que será reprogramada en su momento, bajo la modalidad presencial, que es la única permitida por la normativa institucional para un proceso de elección ya iniciado.

“Hemos hecho toda clase de consultas a diferentes instancias internas y externas, hemos recibido diversas visitas y asesorías de personas expertas en salud, en estadística, en proyecciones, en asuntos jurídico-electorales, informáticos y otros. El enorme trabajo desplegado bajo la presión del contexto, en relación con la posibilidad de implementación de una modalidad alternativa a la presencial, que al inicio de esta situación se valoró como una opción para la elección a Rectoría, nos ha permitido, por una parte, ver con claridad la imposibilidad jurídica que implica para un proceso ya iniciado, el cambio de modalidad en la votación, y por la otra, el desconocimiento que persiste respecto a los nuevos sistemas y aplicaciones desarrollados en los últimos cinco años y sus respectivos sistemas de seguridad informática”, señaló Borloz.

Como parte de la argumentación se indica que el artículo 34 del Reglamento de Elecciones Universitarias no especifica la posibilidad de realizar la elección a Rectoría utilizando medios electrónicos, como sí se señala en los artículos 31 y 32 que se refieren a la elección de miembros del sector académico y administrativo al Consejo Universitario.

Por su parte, la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR indicó en el dictamen OJ-401-2020 que cualquier reforma que se quiera realizar al Reglamento de Elecciones debe presentarla el propio Tribunal, o si no proviene del TEU deberá, previamente, serle consultada y luego ser aprobada por el Consejo Universitario (CU).

No obstante cualquier cambio al Reglamento se aplicará a procesos futuros y no a un proceso que ya está inicadocomo es el de la elección a Rectoría, ya que prevalece la aplicación del principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 34 de la Constitución Política, y su derivado en materia de actos administrativos contenido en el artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo demás, en derecho electoral rigen los derechos de preclusión o etapas sucesivas que no pueden ser reabiertas, y el de calendarización que obliga al órgano electoral, previo al inicio del proceso, a elaborar y dar a conocer un cronograma regulado en la normativa.

De igual manera, el Reglamento de Elecciones Universitarias no contempla ninguna disposición normativa que posibilite la modificación de los plazos consignados en dichas normas, con fundamento en situaciones excepcionales o de emergencia, por lo que mientras esas disposiciones continúen vigentes los plazos allí consignados deben aplicarse tal y cual están regulados. Para que los plazos puedan ser modificados se requiere que el Consejo Universitario, en ejercicio de su potestad reglamentaria, apruebe y promulgue la respectiva reforma.

En el oficio TEU-578-2020, se solicitó al CU que realizara una modificación en el Reglamento de Elecciones, que permitiera adecuar los plazos establecidos para los procesos electorales, en el caso de una situación de emergencia nacional, así declarada por las autoridades de gobierno. No obstante esta solicitud fue rechazada, según consta en los oficios CU-728-2020 y CU-861-2020.

Asimismo, las diversas asesorías jurídicas coinciden en señalar que aunque el Estatuto Orgánico le da al TEU la potestad de dictar normas complementarias, a nivel jerárquico éstas quedan sujetas a leyes o reglamentos emanados de la Constitución Política, del Estatuto Orgánico, del Consejo Universitario y de la Ley General de Administración Pública. Por lo demás, están fuera del conjunto de las fuentes normativas de derecho universitario, por lo que serían consideradas como instrucciones generales emanadas de las autoridades u órganos superiores y podrían ser denominadas como directrices, manuales de procedimientos, circulares, políticas generales y acuerdos, entre otros.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Asuntos estudiantiles, presupuestarios y regionalización: prioridades del rector interino UCR

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Tras haber asumido la Rectoría de manera transitoria este lunes 4 de mayo, el rector interino Carlos Araya Leandro explicó que sus prioridades durante el tiempo que rija su gestión se enfocarán, principalmente, en la atención de los estudiantes y de los asuntos presupuestarios de la institución.

En la coyuntura de crisis nacional que afecta el país, y por consiguiente también a la Universidad de Costa Rica (UCR), la administración del Dr. Araya se orientará en primera instancia a coadyuvar a los estudiantes que así lo requieran con las herramientas necesarias para enfrentar las consecuencias de la pandemia y garantizar el avance y el aprovechamiento académicos.

En sus palabras, esto implicará redireccionar los recursos presupuestarios para garantizar la cobertura de la partida de becas socioeconómicas y los derivados beneficios estudiantiles, de forma que se garantice la permanencia y la estabilidad económica y emocional de las personas estudiantes.

“Aún queda mucho por hacer para dotar a todas y todos los estudiantes de las herramientas que les permitan asumir una formación de calidad y en condiciones equitativas mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Tenemos decisiones urgentes por tomar para darle respuesta a muchas actividades en la institución que se siguen viendo afectadas por esta situación”, señaló el rector Araya.

Asimismo, en el corto plazo le corresponderá representar a la institución en la Comisión de Enlace que defina el nuevo Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2021. Si bien esta negociación se dará en un complejo escenario para las finanzas públicas, Araya reiteró que procurará que el acuerdo “sea justo y adecuado, gracias a una gestión convincente, fundamentada y estratégica”.

Siempre en el ámbito de la administración universitaria, en paralelo a la negociación del FEES se deberá concretar la formulación del presupuesto institucional para el año 2021, en el que se priorizará el fortalecimiento del sistema de becas, de manera que se facilite la permanencia y graduación de la población estudiantil.

En esta misma línea, el fortalecimiento de la regionalización será uno de los pilares de la gestión del Dr. Araya. “No menos relevante es la atención inmediata de situaciones particulares que se vienen dando en las Sedes Regionales y Recintos, sobre todo lo relacionado con los tiempos docentes de apoyo y el fortalecimiento de las Etapas Básicas de Música”, aseguró el rector.

Por otra parte, en cumplimiento con lo señalado en el artículo 85 de la Constitución Política de la República, las universidades estatales deberán presentar, antes del 30 de junio próximo, el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES), documento en el que la UCR deberá plasmar su visión de cómo el sistema de educación superior público estatal debe continuar promoviendo los cambios que la sociedad costarricense requiere para el logro de la justicia social, la equidad y el desarrollo integral, durante el próximo quinquenio.

Estas prioridades se acompañarán, además, del apoyo institucional hacia las autoridades nacionales para la atención de la pandemia.

Según explicó el rector Araya, su gestión de transición se basará en el consenso, el respeto, la inclusión, el humanismo y la transparencia, con el objetivo de garantizar la cohesión y la solidaridad institucional que reclama la actual coyuntura.

“Esta gestión orientará sus acciones hacia la articulación con la comunidad nacional para fortalecer apoyos recíprocos, así como hacia la gestión de alta excelencia académica, democratizadora y humanística. Ante todo, trabajaremos en una gestión descentralizada y ágil basada en la confianza y la equidad, e inspirada en una axiología que parte de la justicia distributiva y procedimental”, concluyó.

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UNA: Las universidades estatales estamos al servicio del país

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Dr. Alberto Salom

Rector Universidad Nacional

 

Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.

Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.

1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.

El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.

En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.

2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:

  • Durante buena parte de la década de los años 90 el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso hubo un año inclusive, en el que el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.
  • En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, ley 8954-06-02, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6% al 8%. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.” Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8% del PIB para la educación en su conjunto.
  • Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1.5% respecto del PIB, como parte del 8% del presupuesto total del gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8%; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1.5% respecto del PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8%, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.

3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:

  • El freno del crecimiento del FEES en el 1.5% del PIB, impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y por lo tanto, no se comerá “…año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.
  • El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “…es poco -o más bien, nada- lo que han hecho para evitarlos o moderarlos.” La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5.5% a 3.75%. El rector Marcelo Prieto de la UTN disminuyó de un 55% a un 30% del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejando el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores, ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a este beneficio.
  • Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente Plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto a la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA. Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio provocado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que hoy tiene entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60% de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78% de nuestros jóvenes en las zonas rurales. En cambio, no es posible por la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo a la universidad para, como lo pretende el editorial “…otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados.” Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga a lo interno. Sin embargo, los recursos de esta venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.

Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.

Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.

 

Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.

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UNED PRO llama a participar de elección para rectoría

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

En la sesión extraordinaria 1236-2018, el TEUNED acordó convocar a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria para elegir a una persona para el puesto de la Rectoría, para el periodo del 9 de marzo de 2019 al 8 de marzo de 2024.

Este proceso electoral es de mucha importancia para la UNED, institución de educación superior, que nace a la vida institucional un 03 de marzo de 1977.

 

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Exposición del rector de la UNA ante trabajadores universitarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Rector de la Universidad Nacional UNA, presentó el pasado lunes 24 de setiembre de 2018 ante un grupo de trabajadores de la UNA, su valoración en relación al impacto que tendrá la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente 20.580) tanto en el sector educativo, como en empleo público (en general), y en la Universidad Nacional.

La presentación realizada en la Sala de Exrectores de la UNA, se da como respuesta a la nota de fecha 20 de setiembre del 2018, así como al correo electrónico comunicado en la web institucional en esa misma fecha y los documentos suscritos por funcionarios de la Universidad Nacional, en los cuales solicitan que “en mi calidad de Rector proceda a rendir cuentas sobre el impacto que tendrá el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Expediente N° 20.580”.

La Rectoría expresa su deseo de que toda la comunidad universitaria y nacional conozca los detalles de dicha presentación, por esa razón, comparte los enlaces donde podrán acceder al documento completo de lo expresado en esa oportunidad:

Exposición ante trabajadores de la UNA situación fiscal

 

 

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Mensaje del Rector de la UCR sobre las negociaciones de la reforma fiscal

Escrito en . Publicado en Derechos.

El doctor Henning Jensen Pennington llama a emplear los mejores esfuerzos para encontrar soluciones prontas. Recomienda iniciar percibiendo y reforzando los intereses comunes en aras del diálogo. Le invitamos a escuchar el llamado del rector de la Universidad de Costa Rica. En caso de reproducir el video en su celular, sugerimos colocarlo en posición horizontal.

 

Enviado por Rectoría UCR.

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UNA impulsa acciones para poblaciones en riesgo y desventaja social

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

El día 8 de agosto la Rectoría, la Rectoría Adjunta, la sedes Regional Chorotega y Huetar Norte y Caribe de la Universidad Nacional (UNA), realizaron el taller: “Articulación de Universidades Públicas en pro del desarrollo territorial”, este en el Centro Universitario UNED, Pavón de Los Chiles (Territorio Norte-Norte).

El taller del miércoles 08 de agosto pretendía ejecutar una acción sustantiva entre las cinco universidades estatales y los comités cantonales, para contribuir a las necesidades de formación de aquellas poblaciones en situación de riesgo y desventaja social. De ahí que se formulará la creación de una comisión que en mediano plazo defina la estrategia a seguir en procura de la calidad de vida de los pobladores del territorio Norte-Norte. La idea primordial es que cada universidad contribuya con estas comunidades de acuerdo con sus planes de acción en las zonas rurales.

En el caso de la UNA, desde la Rectoría Adjunta se contará con el acompañamiento de la Sede Regional Chorotega y el Campus Sarapiquí de la región Huetar Norte y Caribe de la UNA, mediante el impulso de las carreras itinerantes, es decir plantear una oferta académica y acompañamiento desde las Sedes Regionales y de estas hacia las comunidades que han vivido en exclusión y pobreza.

Para el éxito de las carreras itinerantes cada unidad académica, Sede, Sección o Centro deberá identificar qué otras universidades públicas brindan servicios en cada territorio y promover una alianza que permita integrar en cada contexto la acción universitaria, la interpretación conjunta del territorio y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Las carreras itinerantes se aperturan vía convenio con las instancias territoriales (Municipalidades, Asociaciones de Desarrollo, Instituciones del Estado); esto permite un trato diferenciado a aquellas poblaciones que están en desventaja social, por lo tanto son exonerados de realizar examen de admisión, los criterios de selección los determina cada unidad académica, (nota de presentación, cuestionario escrito, entrevista cualitativa, entre otros).

Las alianzas con actores beligerantes en los territorios debe ser una acción permanente de las autoridades académicas correspondiente para que las acciones universitarias tengan una contraparte local activa en función garantizar la permanencia de los estudiantes en la carrera y un apoyo logístico coherente con la realidad de cada territorio.

*** Mayor Información con: Alejandro Ubau (8946-5000) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2277-3464).

Johnz

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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