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Etiqueta: Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Homicidio machista y austericidio institucional

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social

El fallo emitido el miércoles 22, en el caso de la señora María Tacsan, se las trae. La primera reacción es de bronca, indignación e impotencia frente a la injusticia, por un fallo que sin duda sentará un peligroso precedente en favor de los femicidas. Es precisamente por eso que hay que hurgar más allá de la bronca para tratar de encontrar explicación racional a las circunstancias que rodearon dicho fallo.

Tal y como lo señalan los profesionales en materia penal, “a una persona se le juzga por lo que hizo y no por lo que es, aunque sea la peor persona del mundo”. Si la relación de indicios o pruebas no demuestra el delito, procede el fallo de absolución de los cargos por “falta de pruebas”. Eso, a juicio de los juristas, quiere decir que “existe la posibilidad de que el marido asesinara a la señora Tacsan pero que el Tribunal no contó con prueba suficiente para condenar al imputado”.

Dicho lo anterior, surge la duda sobre la pericia del personal judicial, a la hora de recabar y sistematizar las pruebas, que le permitieran a la Fiscalía, llegar al proceso judicial con una acusación bien sustentada y que no diera margen a fallos por duda, como el del miércoles.

Al respecto, la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres, denunció en un comunicado hecho público el mismo día del fallo, que “hubo falencias en el proceso de investigación a cargo del OIJ y del Ministerio Público, pues, a pesar de que el caso fue asignado a una fiscalía especializada de género, este enfoque y la aplicación de los protocolos de investigación de las muertes violentas de mujeres estuvo ausente desde el inicio de la investigación”.

Entre los errores, la Red cita:

  1. a) A la escena del crimen acude un oficial del OIJ sin certificación en el manejo de esta etapa de la investigación.
  2. b) El investigador, evidentemente sin formación, acepta como válida la versión del imputado de que se trata de un suicidio y no aplica los protocolos que obligan a investigar como femicidios TODAS las muertes violentas de mujeres;
  3. c) Patología forense no se hace presente para el levantamiento del cuerpo razón por la cual no se cuenta con certificación de la hora de muerte ni se documenta el estado del cadáver mediante las métricas protocolizadas;
  4. d) No se toman rastros de pólvora en manos del imputado y se contamina la escena.

Tales ejemplos de impericia ocurren en un contexto de crisis en las instituciones judiciales, tal y como lo han denunciado las organizaciones gremiales del Poder Judicial, crisis que se expresa en problemas de sobrecarga de trabajo en la Fiscalía, por lo que cada fiscal debe atender una gran cantidad de casos, impidiéndoles dedicar el tiempo necesario al estudio de cada uno.

Los gremios han hecho público, también, el clima de incertidumbre y la desmotivación que existe a lo interno del Poder Judicial, en torno a salarios y sus futuras pensiones. Por ejemplo, los nuevos fiscales entran ganando mucho menos que el salario de entrada de quienes los antecedieron en sus puestos.

Hay una desbandada de personal que, ante la incertidumbre, se jubilaron o renunciaron. Esa situación implica, entre otras cosas, la pérdida de experiencia acumulada por el personal que se va y el ingreso de nuevo personal que a veces viene con debilidades en su formación.

De manera que, sin quitar el peso que tiene el machismo estructural que padecen nuestras instituciones y las personas funcionarias públicas, nuevamente, estamos ante la causa común de muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad: el debilitamiento de la institucionalidad pública en aras de la austeridad fiscal. Otra vez, nos topamos con la rigidez absurda de una Regla Fiscal y una Ley de empleo público que impiden al Estado costarricense, contar con los mejores profesionales y en la cantidad necesaria para que las instituciones públicas cumplan con su cometido constitucional.

Señores jueces y señora jueza: entonces, ¿quién asesinó a María Tacsan?

RED FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

COMUNICADO

Hoy es un día triste y desesperanzador para todas las mujeres y las niñas de este país. Otro presunto femicida quedó libre.

El Tribunal Penal de Heredia absuelve por duda a Carlos Andrés Pérez Hernández, esposo de María Tacsan y única persona imputada en este caso de femicidio. Es importante recordar que existe absolutoria por certeza y absolutoria por duda. En este caso, se nos está diciendo que existe probabilidad de que Pérez asesinara a María Tacsan pero que no tiene el Tribunal prueba suficiente para emitir una condena.

Con esta sentencia, María Tacsan se convierte, además de víctima de la violencia contra las mujeres, en víctima del sistema de justicia que ha mostrado de nuevo su esencia machista y el poco valor que da a la vida de las mujeres.

Coincidimos en algunos aspectos con el tribunal, pero no en todos sus extremos.

Aduce el tribunal falencias en el proceso de investigación a cargo del OIJ y de su dirección funcional: el Ministerio Público. A pesar de que el caso fue asignado a una fiscalía especializada de género, este enfoque y la aplicación de los Protocolos de investigación de las muertes violentas de mujeres estuvo ausente desde el inicio de la investigación.

Algunos ejemplos de lo anterior: a) a la escena del crimen acude un oficial del OIJ sin certificación en el manejo de esta etapa de la investigación; b) este investigador, evidentemente sin formación, acepta como válida la versión del imputado de que se trata de un suicidio y no aplica los protocolos que obligan a investigar como femicidios TODAS las muertes violentas de mujeres; c) patología forense no se hace presente para el levantamiento del cuerpo razón por la cual no se cuenta con certificación de la hora de muerte ni se documenta el estado del cadáver mediante las métricas protocolizadas; d) no se toman rastros de pólvora en manos del imputado y se contamina la escena.

Estas, entre otras falencias, apuntan al Ministerio Publico como parcialmente responsable de la impunidad generada contra María Tacsan el día de hoy debido al inadecuado manejo de la escena del crimen y diligencias iniciales.

En etapas posteriores trata el Ministerio Público y la Medicatura Forense de corregir estos errores aportando prueba directa. Es la Medicatura Forense quien detecta las inconsistencias de la fase inicial, da la alerta de un femicidio y emite posteriormente un dictamen de muerte homicida. Sin embargo, este dictamen, así como otro conjunto de pericias forenses son interpeladas por el tribunal que, de ser ciertos sus alegatos, colocan a la ciudadanía en serios apuros en cuanto a la seguridad jurídica de toda la ruta procesal penal. ¿Es que acaso con este fallo el tribunal acepta que no podemos confiar en ninguna instancia pericial del Poder Judicial? ¿Todo el costo económico en que se incurrió por parte del Estado en pericias fue inútil? Esperaremos la lectura completa de la sentencia para poder ahondar en estos y otros aspectos.

Dicho lo anterior, la pregunta es si existieron otros indicios, presentados por la fiscalía y la querella, que pudieron analizarse de manera integral para considerar una sentencia condenatoria. Uno de los más importantes fue la violencia de pareja vivida por María Tacsan a lo largo de 16 años de convivencia. Violencia psicológica y patrimonial en diferentes manifestaciones. Aquí falla el tribunal en comprender las dinámicas de este tipo de violencia y la relación causal directa que tiene con el femicidio.

El femicidio no necesita otro móvil que la propia violencia para producirse. Cuando las dinámicas de control empiezan a resultar insuficientes para garantizar el sometimiento de las mujeres y cuando estas deciden poner límites a los abusos, los hombres violentos incrementan el acecho y la agresión contra las mujeres, incluyendo la ideación y ejecución de un sofisticado femicidio, como apreciamos sucedió en este caso.

El análisis hecho por el tribunal en relación con la violencia de género aportada en el debate es pobre y evidencia desconocimiento injustificable. Por ello es que no pueden explicar esta muerte. Lo anterior a pesar de que el imputado fue la única persona presente en el lugar del crimen, tenía historia y motivos actuales para querer asesinar a su esposa, contaba con los conocimientos tecnológicos y recursos materiales para hacerlo y desarrolló una estrategia de encubrimiento y confusión planificada. Todo a partir de los testimonios de diferentes testigos y testigas.

Lamentamos que el Tribunal no haya hecho un análisis integral con base en la concatenación de indicios de sobra aportados que no dejaban espacio en el debate para otra hipótesis posible más que el FEMICIDIO.

María Tacsan y su familia, como víctimas directas de este femicidio, merecen una respuesta de parte de las autoridades judiciales en todos los niveles. Lamentamos profundamente el dolor, la revictimización y los costos emocionales y materiales a los que ha sido sometida esta familia la cual se enfrentó a la tarea de probar este femicidio contra todo un sistema que no supo estar a la altura de los derechos que debió proteger y garantizar.

Exigimos al Ministerio Público APELAR ESTA SENTENCIA EN TODOS SUS EXTREMOS como parte de sus obligaciones de garantizar los derechos de las víctimas y combatir la impunidad.

Solicitamos a la Corte Plena que ordene a la Comisión de Genero, a la Comisión de Asuntos Penales, a la Secretaría de Género y a la Fiscalía General (todas instancias del Poder Judicial) una urgente y detallada investigación y una respuesta clara y pública a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del Ministerio Público, del OIJ y de la Medicatura Forense en este caso.

Desde la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres reconocemos el Estado de Derecho, pero EXIGIMOS un sistema que no solo sea garantista de los derechos del imputado sino también un sistema que NOS PROTEJA y nos GARANTICE un verdadero ACCESO A LA JUSTICIA.

¡¡Hoy gana la IMPUNIDAD y debe haber responsables!!

Así se movilizó Brasil ante el asesinato de la líder de las mujeres negras

  • Mujer feminista, negra e hija de la favela, como se auto definía Marielle

 

Líder afrobrasileña, feminista, socióloga, política y militante activa en la defensa de los vecinos de las favelas y los derechos de las mujeres afrobrasileñas y la población LGTBIQ. Presentó el proyecto para la creación del Dossier de la Mujer Carioca, compilando datos sobre la violencia de género en su municipio.

Militante del PSOL (Partido Socialismo y Libertad). Electa concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Siempre fue crítica de la intervención federal en Río de Janeiro. El día 10 de marzo, había denunciado a policías del 41º Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari.

Desde su militancia socialista representó todo un proyecto de lucha contra el Golpe de Estado orquestado por las élites brasileñas y que tiene a Michel Temer en el Gobierno de este país.

Su última actividad como activista fue intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, un debate llamado “Jóvenes negras moviendo estructura”.

La asesinaron con 4 disparos antier, 14 de marzo, mientras se trasladaba en carro.

Un golpe más a la defensa de los Derechos Humanos.

Nos quitaron a una más. Una mujer menos. Un feminicidio más.

#MarielleFranco #NiUnaMenos #QueNoSeQuedeImpune #NosEstánMatando #FeminismoPorqueSí #DDHH #EuSouPorqueNósSomos #EnHonosALaMemoria #Brasil

 

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DEI: Exigimos justicia para Marielle Franco

 

Enviado por Carlos Campos.

Información obtenida de la página https://www.facebook.com/licopenocr/

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Marcha en el Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres

Para este miércoles 25 de noviembre, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres CR, está organizando un plantón y una marcha para ponerle un alto a este tipo de violencia.

El plantón está programado para las 9:30 a.m. frente a Casa Presidencial, y la marcha dará inicio a las 10:30 a.m. hacia la Asamblea Legislativa.

¡Alto a la violencia contra las mujeres indígenas de salitre y otros territorios!

¡Alto al acoso sexual callejero!

¡No más femicidios!

 

Información tomada para SURCOS Digital del Facebook de Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres CR.

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