Representantes de Red MICA denunciaron violaciones sistemáticas cometidas por el Estado costarricense a los estándares interamericanos y violaciones indirectas a la libertad de expresión en el país
Comitiva del gobierno fue incapaz de responder interpelaciones de la CIDH sobre concentración, falta de transparencia y ausencia de participación ciudadana
En una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este miércoles 6 de setiembre, en la ciudad de México, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA) puso en evidencia las graves omisiones en que ha incurrido el Estado costarricense en materia de regulación y administración del espectro radioeléctrico, las cuales, en criterio de Red MICA, generan violaciones indirectas a la libertad de expresión en materia de radiodifusión en el país.
El Estado encaró la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, y el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada. Red Mica, por su parte, acudió a la cita representada por Mónica Solano, Andrea Alvarado y Sebastián Fournier.
Como parte de sus alegatos, la representación de la Red Mica sostuvo que, mientras se restringen cada vez más las posibilidades de la ciudadanía de tener acceso al espectro radioeléctrico, se experimenta un proceso de concentración de medios en Radio y Tv. En este contexto, en incumplimiento de los estándares establecidos por la propia CIDH, el Estado realiza una administración del espectro radioeléctrico ―un recurso público― que favorece la existencia prácticamente única de medios comerciales privados, y ha evitado la apertura de medios públicos y ciudadanos. “Prácticamente el 90% de las frecuencias” se destina a actividades comerciales, señaló Sebastián Fournier, de la Red MICA, mientras que la radiodifusión pública y comunitaria ni siquiera se encuentra tipificada en la normativa vigente, lo cual ha conducido a que no existan medios comunitarios y ciudadanos en el país.
Red MICA, además, señaló que, ante la próxima aplicación del cambio digital en Televisión, el Estado ha emitido una normativa mediante la cual se concederá a los actuales operadores privados-comerciales el llamado “dividendo digital”, lo cual redundará en una mayor concentración y la imposibilidad de acceso ciudadano al aprovechamiento del espectro.
Después de un primer momento en que la representación de la Red MICA presentara sus alegatos, la comitiva del Estado presentó su descarga, con un argumento centrado en que el Estado sí cumple sus obligaciones y de que el acceso ciudadano a los medios se concretará a partir del acceso a internet y los procesos de convergencia mediática. Esta participación se concretó mediante afirmaciones generales carentes de datos concretos.
El Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien fuera inicialmente interpelado por la Red MICA ante el hecho de que llevaba dos años sin cumplir la promesa de concertar una cita con el Presidente de la República, señaló que siempre había lugar para “mejorar” lo que se venía haciendo, y que consideraba que la audiencia constituía un buen momento para iniciar un proceso de diálogo con representantes de la sociedad civil.
Después de las participaciones de ambas representaciones, los delegados de la CIDH interpelaron únicamente a la comitiva del Estado. En primer término, cuestionaron la consideración de que el acceso ciudadano a los medios quede restringido a un mero acceso a internet. En segundo término, interpelaron a la representación del Estado a propósito de aspectos relacionados con concentración, obsolescencia de la ley vigente, transparencia y participación ciudadana.
La réplica de la comitiva del Estado fue ligera y omisa, y –más allá de insistir en que se estaba trabajando en una nueva ley– prácticamente omitió dar respuesta a los aspectos interpelados. No hubo referencias a la situación de la concentración, la falta de transparencia y la participación ciudadana. A propósito de estos temas, en el cierre de la participación, el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, terminó titubeante y carente de claridad en sus planteamientos.
La audiencia celebrada este miércoles ante la CIDH se realizó ante una solicitud presentada a inicios de este año por la misma Red MICA, debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados por parte del Estado para dirimir estos temas, que son de absoluta trascendencia para la vida democrática del país.
Representantes de Red MICA expondrán el caso este miércoles, en audiencia programada para las 10 de la mañana en la Ciudad de México
Gobierno acudirá con comitiva encabezada por Ministro de Comunicación, el mismo que ha entorpecido por más de dos años la posibilidad de reunión de Red MICA con Presidencia de la República
El Estado costarricense estará encarando una denuncia por falta de regulación e inacción estatal en materia de radiodifusión y uso del espectro radioeléctrico, lo cual, según la acusación, está generando violaciones a la libertad de expresión en materia de radiodifusión. La participación del Estado de Costa Rica se dará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en Ciudad de México este próximo miércoles 6 de setiembre.
La audiencia, programada para las 10:15 am, tendrá como contraparte del Estado a la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA), organización que presentara la denuncia ante la CIDH a inicios del presente año. Red MICA se presentará a la audiencia con el respaldo de una representación del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, así como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El Estado estará encarando la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, el Viceministro de Telecomunicaciones ―Edwin Estrada― y el encargado de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
La denuncia que presentara Red MICA se fundamenta en el hecho ―denunciado y confirmado por diversas instancias de la sociedad civil, de las universidades públicas y por la propia Contraloría General de la República―, de que el país carece de una normativa actualizada y coherente con las necesidades de participación equitativa, diversa y plural en el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y que se refleja en el acaparamiento de este recurso por parte de un sector dedicado exclusivamente a utilizar los medios con fines comerciales, excluyendo visiones y opciones de comunicación con enfoque social.
Desde la Red MICA, al lado de diversos actores de la sociedad civil y de las universidades públicas, se ha denunciado la ausencia de acciones de parte del Estado para romper esta situación y propiciar un acceso equitativo de los diferentes sectores al espectro radioeléctrico, de manera que se asegure la presencia de otras propuestas, además de las actualmente existentes. La inacción del Estado se expresa no solo en la insistencia de no actualizar la normativa vigente en materia de radiodifusión, considerada obsoleta debido a que fue emitida hace ya más de 63 años ―cuando ni siquiera existía radio FM ni Tv―, tanto como por incumplir mandatos de la propia Contraloría General de la República. Esta ausencia de acción del Estado ha sido considerada por estas organizaciones como “extrañamente” conveniente a los sectores empresariales que tienen el control de los medios de radio y tv en el país, y contraria a los intereses públicos, de manera que violentan las posibilidades de libertad de expresión del resto de la ciudadanía.
Según los representantes de la Red MICA, de la audiencia se espera que se generen recomendaciones desde la CIDH para que el Estado finalmente acceda a propiciar la participación de la sociedad civil en las decisiones relacionadas, y que, desde allí, se concreten decisiones orientadas a permitir el acceso, uso y aprovechamiento del espectro por parte de otros actores interés y posibilidad en hacer radio y tv sin fines de lucro.
La Red MICA optó por elevar la situación ante la CIDH debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados, incluyendo el incumplimiento expreso del Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, de facilitar una reunión con la Presidencia de la República, de manera que el Estado sigue sin escuchar a la sociedad civil para tratar este tema, y sigue sin asumir sus responsabilidades al respecto. Como contrapartida, lo que se tiene es un plan del Viceministerio de Telecomunicaciones ―celebrado en conjunto con la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) en un desayuno sostenido en diciembre del 2016, con participación del propio Presidente de la República y del mismo Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada― mediante el cual se estará entregando el llamado dividendo digital de Tv a los actuales empresarios de la Televisión nacional.
Para más información, puede comunicarse con:
Marvin Amador, 8335-3070 (martes antes de las 3:30 y después de las 6:30, miércoles en cualquier momento del día).
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Ley Participativa de Radio y Televisión CR.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Red de Medio e Iniciativas de ComunicaciónAlternativos (REDMICA), ComunicaciónPROLEDI y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, invitan a la concentración de medios para hablar sobre “La realidad latinoamericana y de Costa Rica a la luz del Derecho a la Comunicación”, este próximo jueves 20 de abril a las 5 p.m. en el Salón de Reuniones de la Escuela de Psicología en el edificio de Ciencias Sociales de la UCR, 6to piso.
Se contará con la participación de Aleida Calleja de OBSERVACOM, México; Sebastián Fournier de la UNED – REDMICA; Guiselle Boza de la UCR – PROLEDI; y como moderadora Andrea Alvarado, UCR – REDMICA.
Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos y Miguel Regueira.
Este jueves 09 de marzo, integrantes de la Red de Iniciativas y Medios de Comunicación Alternativa (RedMICA) y de la Asociación Voces Nuestras darán a conocer los detalles de una acción de inconstitucionalidad que interpusieron el pasado lunes 06 de marzo en contra de la Ley de Radio, por graves vacíos legales que lesionan la libertad de expresión y la protección de bienes públicos, como el espectro radioeléctrico. Mediante la acción legal también se impugna el Reglamento de Transición a la Televisión Digital (Decreto ejecutivo 36774).
La conferencia de prensa, en la que se darán a conocer todos los detalles de esta acción legal y sus posibles implicaciones, será este jueves 9 de marzo, a las 10 a.m. en la Plaza de la Libertad de Expresión, en la Universidad de Costa Rica, ubicada frente al Semanario Universidad.
Representantes de la RedMICA denunciaron abandono del tema por parte de autoridades estatales
Relator Especial de la CIDH mostró anuencia a trabajar con la sociedad civil
El pasado 1 de diciembre, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) obtuvo buenos resultados del encuentro que sostuvo con Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y José de Jesús Orozco, Comisionado de la misma instancia, en Ciudad de Panamá.
En esta reunión, la representación costarricense denunció las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión que se dan en Costa Rica, por la ausencia de un marco legal actualizado en materia de radio y televisión, así como la inacción gubernamental en la materia.
La RedMICA informó que como resultado de esta reunión, el informe del próximo año sobre libertad de expresión que publica la Relatoría Especial de la CIDH, incorporará los datos e informaciones facilitadas sobre la situación de Costa Rica. Además, se brindará prioridad a la situación costarricense en la próxima sesión de la CIDH en marzo de 2017. También se logró una manifestación positiva por parte del Relator Especial para trabajar este tema en conjunto con el movimiento social costarricense por el derecho a la comunicación.
En esta cita, la RedMICA estuvo representada por Andrea Alvarado, Sebastián Fournier y Mónica Granados, quienes explicaron cómo Costa Rica violenta los Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, establecidos por la CIDH en 2009. Allí demostraron que la legislación actual en el tema no reconoce la existencia de medios comunitarios, no establece facilidades para medios alternativos y no contiene límites para evitar que muchos medios se concentren en pocas empresas.
“El hecho de que la CIDH y la Relatoría se preocupen por el caso de nuestro país, demuestra que la Comunicación es un Derecho Humano y que la libertad de expresión tiene una dimensión social que está desprotegida en Costa Rica. Vamos a continuar denunciando las violaciones a la libertad de expresión que se dan en nuestro país”, comentó Andrea Alvarado, una de las representantes de la agrupación.
La RedMICA es una organización de la sociedad civil que agrupa a medios alternativos, comunicadores, comunicadoras, organizaciones comunitarias, activistas y personas del ámbito académico que impulsan desde hace siete años el respeto a la dimensión social de la libertad de expresión como un derecho humano. Actualmente impulsan la recolección de firmas ciudadanas para la presentación de un proyecto de ley que actualiza el marco legal de la radio y la televisión costarricense mediante el mecanismo de iniciativa popular.
El apagón analógico aún carece de una verdadera discusión pública
Eduardo Muñoz Sequeira,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Aunque el país se ha propuesto dar el paso hacia la televisión y radiodifusión digitales para el próximo año, la realidad es que no existen las condiciones técnicas, humanas, legales ni políticas que auguren que dicha meta se logre exitosamente, aseguró la Dra. Catalina Montenegro Granados, representante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos (RedMICA), durante la II Jornada de Reflexión Prosic dedicada al tema de la Economía Digital.
Esta se realizó el miércoles 21 de setiembre, en el auditorio del INIE, con la presencia de tres especialistas del tema. El encuentro fue convocado por el Prosic, programa líder de la UCR en el estudio de las TIC, que cada año organiza estas discusiones públicas. En esta segunda jornada del año, además de la presencia de Montenegro Granados, participaron el Ing. Francisco Troyo Rodríguez, viceministro de Telecomunicaciones; y el magister Alonso Castro Mattei, director del Centro de Informática de la UCR. Todos expusieron distintos aspectos que la sociedad de la información le impone a Costa Rica, desde la situación actual hasta los retos que deben superarse en los próximos años.
Distintos intentos para la aprobación de una nueva legislación de radio y televisión nacional acordes a esos desafíos no han dado fruto por la fuerte oposición de los empresarios, y el sector aún está regulado por una ley que data del año 1954.
Micitt negó participación a universidades
En el año 2015 el Micitt negó la participación activa de las universidades porque se tiene visión que solo las cámaras empresariales son la parte interesada, denunció la representante de la RedMICA. Además, acotó, desde ahí no fluye la información sobre el uso de las frecuencias, de quienes son realmente los concesionarios y qué tipo de regulación se hace sobre el uso.
Ante estos señalamientos, el viceministro Troyo explicó con detalle la actual distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico y cuáles son los mecanismos para su asignación. Troyo fue nombrado recientemente en esa cartera, pero reafirmó su compromiso con el estado de derecho y que posible irregularidad se investiga acorde a la normativa vigente en Costa Rica.
Para el periodo 2013-2015 la Sutel llamó la atención sobre la concentración de frecuencias, y en el año 2012 la Contraloría General de la República señaló la deficiente gestión del espectro, caracterizado por el desorden. Ambas instituciones han instado al Micitt a cambios urgentes y sustantivos en el sector.
Montenegro dijo que en Costa Rica existe una explotación escandalosa de las frecuencias, con 60 segundos de pauta publicitaria una empresa que lucre con una frecuencia televisiva paga el cánon anual y otros costos asociados. Por otra parte, la especialista insistió que los monopolios mediáticos atentan contra la democracia. Como ejemplo, la Dra. Montenegro citó que en Guatemala el conglomerado Albavisión, de capital mexicano-estadounidense, tiene la concesión de la totalidad de las señales de televisión abierta. Esa misma empresa tiene importantes inversiones en Costa Rica y otros países latinoamericanos.
Gracias a la presión ejercida por la UCR, otras universidades públicas y redes ciudadanas han contribuido al proceso de digitalización de las señales de la televisión terrestre y el aprovechamiento del dividendo digital en la radiodifusión nacional. El actual modelo de televisión analógica no aprovecha la totalidad del espectro, mientras la digitalización permite que una misma señal se divida en varias, de forma que un concesionario transmitiría simultáneamente en distintos frecuencias programación variada y usaría aplicaciones interactivas, no solo se trata de la buena resolución de la imagen. No obstante, la producción nacional es mínima, en el caso de la radio el 35% de la programación es netamente comercial y 31% de corte religioso. El 60% de las frecuencias de amplitud modulada (AM) repiten programas, la música nacional no llega ni al 5% y el 88% transmite de desde el área metropolitana.
La digitalización multiplicará las oportunidades para concesionar a productores independientes, a comunidades y otros grupos sociales que actualmente no tienen acceso bajo el modelo de negocios que impera en la radiotelevisión costarricense. El cómo se subastarán las frecuencias, cómo se controlarán, los cánones acordes a la categoría del concesionario son puntos que aún que no se discuten y no hay propuestas por parte de la Sutel.
Hacer la transición en las actuales condiciones de uso de espectro será una oportunidad perdida desde el punto de vista de la comunicación como un derecho humano y de avanzar hacia la libertad de expresión de los sectores excluidos del actual modelo, concluyó Montenegro.
Nuevas profesiones
La sociedad de la información y el conocimiento abrió la posibilidad a una generación de profesionales, labores que hace 25 años ni siquiera se imaginaban, dijo el magister Alonso Castro Mattei. La economía digital es un banco de tres patas, en una están los ciudadanos emprendedores, en otra el Estado y la tercera las empresas que aprovecharán las oportunidades de nuevos negocios que se están gestando alrededor de este cambio.
Está surgiendo un ecosistema digital en el mundo, en el que el acceso generalizado a la red crea oportunidades para los emprendimientos que facilitarán la vida de millones de personas, explicó Castro. Hoy las aplicaciones disponibles controlan desde electrodomésticos, alarmas caseras, sistemas de estacionamientos, pagos electrónicos, el transporte de pasajeros y los accesos a múltiples fuentes informativas desde cualquier parte.
En el caso costarricense, recordó Castro, el 94% de las personas se conectan a Internet desde sus teléfonos celulares, y entre el periodo 2010-2014 el incremento en su uso fue del 608%. Esta evolución hace pensar que las ciudades inteligentes están más cercanas que nunca, y solo se requiere que mejoren las condiciones técnicas para que los países logren velocidades en el ancho de banda conforme a ese objetivo.
En el ámbito gubernamental, estas posibilidades jugarán a favor de las finanzas públicas, ya que la facturación electrónica disminuirá el fraude fiscal. Y por parte de la gestión, los Estados tendrán una práctica generalizada de transparencia pública.
No obstante, criticó Castro, el país ha sido poco ambicioso en este campo. Por ejemplo, para el desarrollo de la televisión digital terrestre se ha propuesto a los concesionarios actuales el desarrollo de solo tres aplicaciones digitales para iniciar la transición hacia la televisión digital. Eso no es nada si consideramos que cualquier estudiante avanzado podría hacerlas, recalcó. Castro Mattei recordó que solo el BetaLAB de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR, con limitados recursos, ya tiene listas tres aplicaciones interactivas que usarían en el Canal UCR.
El tiempo corre y el apagón programado se erige como la espada de Damocles sobre las intenciones de los sectores académicos y populares que exigen la democratización de los medios de comunicación en Costa Rica.
América Latina se encuentra amenazada por la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas empresas
Se consolida la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación con 15 organizaciones de América Latina
Santiago, Chile.- El pasado 5 y 6 de octubre, representantes de diferentes organizaciones sociales de América Latina, incluida la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), de Costa Rica, se dieron cita en el Colegio de Periodistas en Santiago de Chile, para compartir experiencias e investigaciones sobre cómo impacta en la libertad de expresión la concentración mediática que actualmente amenaza a toda la región.
Se conocieron cifras actualizadas de concentración de las audiencias mediáticas en cinco países de la región. El académico Guillermo Mastrini comprobó que en cada país el mercado de las audiencias está en manos de muy pocas empresas, y afirmó que “en la práctica, la legislación latinoamericana regula los servicios audiovisuales a partir de legislaciones de telecomunicaciones que se preocupan de la promoción de la competencia; es decir, con criterios únicamente económicos y sabemos que no se pueden dejar por fuera los criterios de diversidad y pluralidad”.
Aleida Calleja, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) dijo que “tenemos el gran desafío de que la sociedad civil participe en la construcción de las legislaciones y políticas sobre medios audiovisuales. Actualmente no se cumplen los estándares de la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre diversidad y pluralidad y las acciones de la sociedad civil deben estar articuladas”.
La entrada en vigencia de la televisión digital y su impacto en la promoción de la pluralidad de medios fue una de las investigaciones presentadas en una de las mesas de discusión. Según la investigación, a pesar de que algunos países se han comprometido a reservar alguna parte pequeña del dividendo digital resultante de este cambio tecnológico para medios no comerciales, la tendencia en América Latina es mantener un status quo de control de los medios por parte de grandes grupos comerciales, que actualmente concentran gran parte del uso del espectro de radio y televisión.
Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos de El Salvador presentó como uno de los grandes riesgos de la región centroamericana el hecho de que “la digitalización no se ha convertido en una oportunidad, sino que ha fortalecido los oligopolios mediáticos, en detrimento de la calidad de las democracias”.
Otra de las investigaciones presentada por la organización Intervozes se enfocó en la concentración que enfrenta Brasil en el sector de la televisión pagada o por cable, que abarca a 19,76 millones de usuarios. En este sector la empresa Net/Claro/Embratel acapara a más de 10 millones de usuarios. “Hay una tendencia que si no la logramos cambiar en el parlamento, toda la televisión por cable acabará en manos de dos únicas empresas comerciales” afirmó Ana Claudia Mielke de Brasil.
Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación
Este encuentro internacional también sirvió de reunión de trabajo de la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo, que actualmente agrupa a 15 organizaciones de América Latina, incluida la RedMICA.
Se formalizaron acuerdos de cooperación y trabajo conjunto entre organizaciones, así como formas de funcionamiento de la alianza a futuro.
A la vez, se firmó una declaración por la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en la que se le exige a los Estados medidas que limiten y reviertan la alta concentración mediática, a través de marcos regulatorios, planes y políticas públicas que reconozcan y promuevan el sector sin fines de lucro; entre ellos medios comunitarios, sociales e indígenas, así como el fortalecimiento de los medios públicos.
Las organizaciones integrantes de la alianza hicieron un llamado a las instancias internacionales de derechos humanos para que los procesos de digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o ampliación de la concentración como es la tendencia actual, sino que se torne en una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países.
La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) expresa públicamente su solidaridad y apoyo a las y los músicos nacionales en la defensa de sus derechos de autor y pide a la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones del estado que no se dejen manipular por un distorsionado y manoseado discurso de libertad de expresión usado en los últimos días por el Grupo Columbia.
La reciente disputa legal entre la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (FONOTICA) y la empresa Producciones LARG S.A. (propietaria de Columbia Estéreo) tiene que ver con un proceso judicial y no con la libertad de expresión ni con intentos de silenciar a un medio de comunicación.
¿Violación a la libertad de expresión? Violación a la libertad de expresión es la que se comete y se ha venido cometiendo en contra de cientos de emisoras pequeñas que están haciendo fila a la espera de una concesión, mientras no las dejan operar legalmente aunque otros grupos empresariales con concesiones las tienen en desuso o incumpliendo los requisitos de cobertura.
Los personeros de Columbia dicen que la demanda es astronómica. ¿Realmente lo es? Hasta el momento la ciudadanía desconoce los montos a los que ascienden las ventas de las sociedades anónimas que operan concesiones de radio y televisión bajo un esquema de concentración. Tampoco existe transparencia sobre los trasiegos de frecuencias mediante la figura de “cederlas”. Ese sí es el abuso a la libertad de expresión: mantener emisoras silenciadas y limitar la democratización del espectro radioeléctrico para seguir lucrando con el traspaso de frecuencias por lo bajo.
El tema de los derechos de autor y Radio Columbia Estéreo debe ponernos a todos a pensar sobre el fondo, sobre emisoras musicales ganando mucho dinero por publicidad, usando un espectro radioeléctrico sobre el cual pagan sumas ridículas.
En abril del 2009 FONOTICA demandó a Producciones LARG S.A. por violar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683 y negarse a reconocer su pago a productores fonográficos y a intérpretes y ejecutantes musicales.
Los miembros de FONOTICA forman parte de casas discográficas que exigen a las radios pagos por derecho de explotación de la música. La demanda se resolvió en Sala de Casación a favor de FONOTICA en marzo. Durante todos estos meses FONOTICA y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE) propusieron llegar a un arreglo; sin embargo, no hubo anuencia por parte del grupo radiofónico, indicó la AIE en un comunicado.
El pasado 18 de agosto personeros de FONOTICA y un juez anunciaron el embargo de los bienes de Columbia Estéreo como parte de la ejecución de la sentencia que obliga a la empresa a pagar ¢294 millones por derechos de fonogramas en el periodo del 2008 al 2009 y el 3 % de los ingresos brutos de las radioemisoras.
Según el Grupo Columbia, al estilo de dictaduras, Fonotica pretende cerrar la emisora Columbia Estéreo y otros medios de comunicación mediante cobros que han sido apelados.
La AIE informó que si Producciones LARG S.A. accede a llegar a un arreglo extrajudicial, tanto FONOTICA como AIE Costa Rica están anuentes a detener la ejecución de la sentencia.
Para la RedMICA, Columbia Estéreo es una radioemisora comercial que transmite música. En Costa Rica existen medios de comunicación con limitados ingresos que sí pagan los derechos de autor. ¿Por qué Columbia no los paga si es un medio eminentemente comercial?
Columbia quiere que el Estado costarricense detenga la orden de un juez; es decir, quieren derechos exclusivos para ciertas radios y para otras no; quieren que el Estado negocie a favor una radio, que es un gran conglomerado.
Consideramos que si el Estado va beneficiar a alguien, que no sea a un grupo radiofónico que concentra frecuencias, sino a las radios con menos recursos económicos por ser regionales o comunitarias y jamás en detrimento del trabajo de las y los artistas nacionales.
El proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión (LPRT) propuesto por la RedMICA tiene como uno de sus impulsos rectores el impulso prioritario a la producción nacional de alta calidad, especialmente de carácter cultural y educativa. Asimismo, promueve que el Estado garantice espacios y condiciones adecuadas para incrementar los contenidos de producción nacional en la radiodifusión sonora y televisiva. Es un proyecto de ley que defiende los derechos de los artistas y sus derechos como autores.
Columbia quiere que la ley haga una excepción con ellos; pero desde la RedMICA y el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, lo que queremos es una nueva ley, más justa para todas las radioemisoras y para el gremio de artistas nacionales.
El pasado viernes 18 de setiembre, se llevó a cabo el VII Encuentro Anual de la Red de Medios e Iniciativas en Comunicación Alternativa (RedMICA), en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia.
El evento constó de dos partes:
Exposiciones de parte de las personas coordinadoras de la RedMICA
Actividad – taller en grupos con todas las personas participantes.
El encuentro reunió en esta ocasión a más de 50 personas integrantes de la Red, quienes participan a título personal o como parte de organizaciones, comunidades, instituciones o medios de comunicación.
La RedMICA y el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación tienen más de seis años de trabajar por el derecho humano a la comunicación en Costa Rica.
Han aunado sus esfuerzos por visibilizar la necesidad de actualizar la legislación al respecto, esfuerzos que dan como resultado la Ley Participativa de Radio y Televisión, el cual pretende garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía costarricense y democratizar los medios de comunicación para que se amplíe la gestión de los mismos a diversos sectores de la sociedad.
El encuentro de este año estuvo enfocado en presentar las actividades y logros de la Red durante el último año; a la vez contextualizar el ambiente social y político actual en el que se desenvuelve el trabajo de la Red enfocado en el proceso de aprobación de la Ley Participativa de Radio y Televisión; y finalmente crear un espacio de taller para discutir acciones concretas respecto a las tareas que implica el proceso de aprobación de la misma.
En el siguiente enlace podrá encontrar la memoria que resume las actividades realizadas durante el VII Encuentro RedMICA: