La Universidad de Costa Rica invita al foro: ¿Cómo afecta la reforma fiscal a la UCR?, a realizarse este próximo jueves 06 de setiembre a las 10 a.m. en el Auditorio Plaza de la Autonomía.
Se contará con la participación del Sr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica; el Sr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración; la Sra. Rosemary Gómez Ulate, SINDEU; y el Sr. Renato Franco Rodríguez, FEUCR. Moderador: Sr, Ernesto Rivera, director del Semanario Universidad.
Condenamos amenaza de despidos masivos de empleados públicos ante eventual fracaso del combo fiscal.
Es la deuda pública y su pago de intereses la real causa del ya caótico y comatoso estado de las finanzas públicas.
La perpetuación del injusto sistema tributario estrangula al pueblo trabajador.
Llamamos a un gran diálogo político-social y multisectorial para salvar al país de una quiebra estatal y de un pernicioso «default»
Sindicatos hemos propuesto alternativas al ajuste fiscalista de corte neoliberal que promueve el gobierno tri-partidista PLUSC-PAC
De manera rotunda y con la más enérgica vehemencia rechazamos la perversa manifestación chantajista de la señora Ministra de Hacienda, doña Rocio Aguilar Montoya, acerca de que habría despidos masivos de empleados públicos si no pasa el combo fiscal-paquetazo de impuestos, muy detestado ya por la amplia mayoría del pueblo costarricense.
Tal manifestación es jugar con fuego, propiciador de un estallido social devastador que hará a todo mundo perdedor… hasta los que salen bien librados de ese combo fiscal que son los grandes consorcios corporativo-empresariales a los cuales se les amnistía tributariamente.
Urge la instalación de una gran mesa de diálogo político-social y multisectorial, pues el problema rebasa ya la esfera parlamentaria para buscar soluciones que garanticen la preservación de la Paz social.
De manera responsable, el Movimiento Sindical lanzó su propuesta «UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y NECESARIA PARA COSTA RICA», tratada con desdén por el Gobierno Piza-Alvarado, lamentablemente.
Por otro lado, para el gravísimo problema fiscal resulta imposible una solución integral, participativa, equitativa y justa sin que no se le entre al tema de la deuda pública y su pago de intereses, carcomiendo las finanzas públicas por más paquetazo de impuestos que se le impongan a la sociedad.
Este aspecto es más que urgente pues el riesgo de un «default» o cesación de pago de la deuda nos hundiría como país como fue hundido Grecia.
Una vez más, es contundente la afirmación de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del empleo público; las cuales tienen más que sobradas razones legítimas, éticas y morales para defender sus empleos, sus salarios y sus familias. Son vidas humanas lo que está en juego en todo esto.
Por demás, considerando que el déficit fiscal está concentrado en el Estado central, sería muy importante que la señora Ministra de Hacienda puntualice en lo siguiente:
¿Cuántos policías deberá despedirse?
¿Cuántos educadores deberán despedirse?
¿Cuántos empleados judiciales deberán despedirse?
¿Cuántas y cuáles entidades ministeriales va a cerrar?
Pronunciamiento del Consejo Universitario, del 20 de agosto de 2018
Como una forma de contribuir con el análisis de la reforma fiscal y sus posibles implicaciones para la UCR, el Consejo Universitario instó al personal académico de la Institución a promover espacios que faciliten el diálogo y el debate sobre este tema. Foto: Andrea Jiménez.
La Universidad de Costa Rica, mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, les recordó a los medios de comunicación que su labor esencial es brindar a la sociedad costarricense información veraz y confiable sobre el acontecer nacional, con estricto apego a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.
Este llamado surge de la preocupación por las constantes noticias vinculadas con el quehacer de la UCR, que se han publicado en las últimas semanas en diversos medios, en el marco del análisis del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la luz de la firma del Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Universitario considera que dichas informaciones contienen datos sesgados que pretenden demeritar la labor de las universidades públicas y que, además, de manera irresponsable, por medio de argumentos falaces, buscan desacreditar la organización y el trabajo de las instituciones de educación superior estatal.
Ante esta circunstancia, la UCR le reiteró a la comunidad nacional su compromiso de contribuir con el análisis y debate de las reformas que necesita el país para atender la crisis fiscal y mantener el bienestar de toda la población.
Al mismo tiempo, reconoció la realidad fiscal y la urgencia de implementar acciones que permitan atender el creciente déficit, sin dejar de lado que invertir en educación es fundamental para asegurar el desarrollo nacional.
El órgano colegiado agregó en el pronunciamiento que la propuesta de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas genera un impacto directo en la sociedad costarricense y en las instituciones de educación superior. Por esto, es pertinente discutirlo y analizarlo en diversos espacios, con el propósito de que las reformas establezcan una estructura tributaria justa y equitativa.
En el caso específico de las universidades públicas, se recalcó que este proyecto pone en peligro la hacienda universitaria, pues incluye otras instituciones (además de las estipuladas en el artículo 78 de la Constitución Política) en el presupuesto destinado a la educación estatal superior. Asimismo, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades, y le da potestad al Ministerio de Hacienda para otorgar los montos a las universidades de acuerdo con el estado de las finanzas públicas.
El martes 28 de agosto a las 5 p.m. en el edificio central de ANDE se llevará a cabo el Foro «Por una reforma fiscal justa y solidaria», patrocinado por FAU-ANDE-CUT.
Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas emitieron un pronunciamiento
Pretil frente al edificio de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica (foto: Laura Rodríguez Rodríguez).
Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven (ANPJ), efectuada el pasado 4 de agosto de 2018 en Carillo, Guanacaste, representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas de nuestro país y varios asambleístas presentaron un pronunciamiento en defensa de la educación pública, ante la actual coyuntura y últimos avances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que amenazan directamente a la educación superior pública.
En dicho encuentro, se acordó reprochar el accionar del Gobierno de la República, en específico del Ministerio de Hacienda, ya que pretende eliminar la exoneración del impuesto de valor agregado (IVA) con la que actualmente cuenta la educación universitaria. Esto perjudicaría el funcionamiento de las universidades y afectaría al estudiantado.
Asimismo, se resolvió solicitar la reincorporación del inciso 15 del artículo 8 al texto sustitutivo del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20580), pues es en tal apartado donde se acuerda exonerar la educación universitaria.
El Ministerio de Hacienda ha informado de su intención de presentar una moción que incorpore, dentro de las actividades no sujetas al pago del impuesto, la matrícula y los créditos de las universidades públicas. Sin embargo, se deja implícita la intención de que los bienes y servicios brindados como universidades públicas sean gravados con un 13 %.
Se acordó, también, rechazar tal acción, ya que representa un recorte al presupuesto universitario, donde además se sigue incumpliendo con el mandato constitucional de asignar el 8 % del producto interno bruto al presupuesto de la educación pública y su correspondiente partida designada a las universidades públicas, mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondiente al 1,5 % del PIB.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) indicó estar en completo desacuerdo con la iniciativa de gravar la educación superior pública con un 13 %, dado que el aporte de las universidades públicas es mucho más amplio que dotar al país de profesionales.
“Nuestra presencia está en todo el país, contribuimos al progreso por medio de la acción social, del trabajo en las comunidades y de la investigación”, aseveró la secretaria de Comunicación e Información, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Priscilla Vindas Salazar.
El martes 7 de agosto, a las 4:00 p. m., se convocó a todos los universitarios a participar en una reunión abierta en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) para debatir acerca del 13 % del impuesto a las universidades públicas.
El estudio establece los grados de progresividad (cuando quien más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente) o regresividad (cuando un impuesto capta un porcentaje menor del ingreso en la medida en que ese ingreso aumenta) del IVA en comparación con el impuesto de ventas vigente.
Los investigadores concluyen que al pasar del impuesto de ventas actual al IVA se reduce la regresividad, siempre y cuando se mantenga exenta del impuesto a la canasta básica de consumo. El paso del actual impuesto de ventas al IVA (con canasta básica exenta) agrega 0,62 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) a la recaudación. En contraste, si a partir de este punto (IVA con canasta exenta), se resuelve gravar con 2 % la canasta básica, habrá una ganancia de solamente 0,14 % del PIB en recaudación.
Se aclara, sin embargo, que el IVA es un impuesto que no es progresivo en su construcción.
El IVA propuesto inicialmente (expediente 20 580, en noviembre de 2017) mantenía a la canasta básica exenta del pago de dicho tributo, pero posteriormente la versión de texto sustitutivo de abril de 2018 incorpora un gravamen del 2 % sobre la canasta básica. Los cálculos realizados en el presente estudio incluyen las dos versiones de IVA.
Con el actual impuesto de ventas, el 20 % más pobre de la población aporta un 7,44 % de la recaudación procedente de los hogares nacionales, mientras que el 20 % de mayores ingresos aporta más del 40 % del total. Con el establecimiento del IVA, sin gravar a la canasta básica, el 20 % de menor ingreso aportaría un 7,3% del monto recaudado de los hogares, mientras que el 20 % más rico aportaría un 43,76 % del total.
Con esta información puede plantearse que un IVA sin gravar la canasta básica mejora en la progresividad del impuesto, en el sentido de que los deciles de mayores ingresos estarían realizando un mayor aporte a la recaudación.
Al utilizar el texto sustitutivo del 9 de abril de 2018 (que grava con un 2 % de IVA a la canasta básica), se revierte la mejora en progresividad. En efecto, el 20 % más pobre aportaría un 7,57 % de la recaudación de los hogares, mientras que el 20 % de mayores ingresos aporta un 43,14 %. En otras palabras, al pasar de un IVA que mantiene exenta la canasta básica a un IVA con gravamen del 2 % sobre esa canasta, se incrementa la porción de la recaudación que procede de los sectores de menores ingresos y se reduce la porción que procede de los sectores de mayores ingresos.
Actualidad
Sin IVA en canasta básica
Con IVA en canasta básica
Aporte del 20 % más pobre de la población al total recaudado
7,44 %
7,30 %
7,57 %
Aporte del 20 % más rico de la población al total recaudado
43,01 %
43,76 %
43,14 %
Se ha establecido en este estudio que existe una clara necesidad de realizar un proceso de reforma que permita atender el déficit fiscal. Este problema ha venido acumulándose desde hace cerca de 10 años, está dificultando la labor del gobierno y endureciendo las condiciones en que se pueden obtener recursos en el exterior.
Después del 2008, el país inicia un proceso de deterioro fiscal hasta llegar a mostrar un déficit de un 6,2 % del PIB en el 2017. La deuda total del Estado pasó en ese período de 24 % a 49 % del PIB, es decir, casi un 50 % de todos los gastos en los que el país incurre deben ser pagados con deuda.
Los datos presentan claramente un deterioro, el cual ya ha sido incorporado en las estimaciones y cálculos de las agencias calificadoras de riesgo y se ha traducido en un aumento del costo de los recursos externos para el país. Las condiciones en que se pueden obtener esos recursos externos son cada vez más duras y onerosas. Tal panorama ejerce presión sobre el mercado financiero interno que puede elevar las tasas de interés y estrujar las condiciones que enfrenta el productor nacional y la población en general.
UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA
PROPUESTA SINDICAL COMÚN
El presente documento contiene la propuesta sindical, elaborada por la mesa técnica, en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580, que permita alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual hemos agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato. La presente propuesta tiene un carácter autónomo.
Todas y cada una de nuestras propuestas se fundamentan en la búsqueda del bien común y en la justicia social. Nos daremos a la tarea de demostrar que es posible concretar una reforma en la que “el rico pague como rico y el pobre pague como pobre”. Es posible construir una propuesta fiscal solidaria que solucione el déficit sin empobrecer a los hogares costarricenses. Definitivamente, es posible.
La pregunta es, ¿existe la voluntad política en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para concretarla?
Ingrese en el siguiente enlace para conocer la propuesta:
Perjudicaría a estudiantes de universidades públicas ya que grava con el 13% matrícula universitaria
El último borrador de texto sustitutivo del proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp N°20580), que circuló el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de julio, perjudica directamente a las y los estudiantes de las universidades públicas, pues no exonera del pago del impuesto sobre el valor agregado a la educación superior pública.
Esto implica que de aprobarse la reforma, el estudiantado tendrá que pagar un 13% de impuesto sobre el costo de la matrícula, lo que significa alrededor de 400 millones de colones, que dentro del contexto de recaudación que espera el gobierno, representa pocos ingresos, pero que sí es representativo para las y los estudiantes de bajos recursos.
Para el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, esto es un golpe durísimo para la población estudiantil y es una clara política que pretende debilitar la educación superior pública costarricense.
“Pretender cobrarle impuestos a la educación superior pública es un grave retroceso y un claro intento de debilitar la educación. No hay duda de que debemos tomar decisiones para mejorar la situación fiscal, pero no es correcto perjudicar lo que es sustancial para asegurar un mejor futuro para la población costarricense y la educación pública es crucial en este aspecto”, subrayó el rector.
Además, las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también deberán pagar el 13% del impuesto, lo que corresponde a una erogación adicional de más de 8500 millones de colones, para el caso específico de la UCR. Esto supone que del presupuesto universitario, las unidades académicas deberán desembolsar más recursos para adquirir materiales, reactivos, equipos de laboratorio y otros, lo que perjudicará el quehacer sustantivo de las instituciones y por lo tanto a la población estudiantil.
Por otro lado, en el artículo 11 de este borrador, sí exonera a la educación privada, bajando el pago del impuesto a un 2%.
El Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, explicó que con la propuesta a como está en este momento, se nota la intención de desfavorecer a las universidades públicas, ya que la no exoneración de impuestos pone a las instituciones en una situación de vulnerabilidad. Mientras que el Dr. Henning Jensen, manifestó que «la discriminación a favor de la educación privada es inaceptable y representaría un paso más en el decaimiento del Estado Social.”
Otro aspecto del proyecto de reforma fiscal que preocupa a las instituciones de educación superior pública es la la propuesta de derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la UCR, asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general, así como a laboratorios y centros de investigación.
Otras universidades públicas del país también perciben fondos específicos que se destinan prioritariamente al funcionamiento de sus sedes regionales y les permiten llevar educación superior a diversas localidades del país.
Además, la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los programas de primera infancia dentro del 8% del PIB destinado a la educación pública y la propuesta de regla fiscal, que se proponen en el proyecto de ley, atentan contra el fortalecimiento de la educación, pues disminuye la inversión en este rubro tan importante para el desarrollo del país.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) pone a sus especialistas al servicio de las autoridades con el fin de lograr una buena reforma fiscal
Edificio principal del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, en el centro de San José (foto del Archivo ODI).
Los diagnósticos realizados por los especialistas en materia fiscal son determinantes y coincidentes sobre la urgencia de resolver estructuralmente el problema fiscal, por que irremediablemente, tendrá un efecto multiplicador negativo, afectando no sólo otras áreas de la economía sino también del ámbito social.
La postergación en la toma de decisiones adecuadas sigue fortaleciendo la afirmación de que el costo de no enfrentar el problema, en el corto plazo, será mucho mayor en un futuro inmediato. La tendencia en el comportamiento de los indicadores revela con claridad los límites a los que nos estamos acercando y se suma al clima de incertidumbre que esto genera en el ámbito nacional e internacional, sobre la política y dinámica económica del país.
Nuestro sistema tributario es regresivo, con diseños obsoletos, alta elusión y evasión, y con exenciones para muchos de los sectores más dinámicos de la economía.
El abordaje del problema debe de ser integral, considerando en su justa dimensión lo que correspondería aplicar como medidas desde el lado de los ingresos, así como lo que corresponde a los gastos. Cualquier sesgo es inaceptable y por supuesto deberá ser abordado en el marco no sólo de una perspectiva contable, sino que, teniendo una visión país de futuro que prospectivamente evalúe el impacto que tendrán en la sociedad futura las decisiones actuales.
La gradualidad debe de ser un elemento a considerar y las medidas por implementar deben contar con una hoja de ruta precisa y concertada, cuyo ritmo genere la confianza de que el problema se resuelve en el plazo establecido, pero alejado de medidas súbitas que generen efectos adversos en la economía y en la población y contradicciones entre la política económica y la social.
Desde la perspectiva de las propuestas tributarias lo fundamental es la justicia tributaria. Es necesario hacer realidad en nuestro país la afirmación de que “el que más tiene pague más”. Esta afirmación lleva implícito dos principios básicos: el de equidad horizontal, que es claro al establecer que individuos con las mismas características deben de ser tratados de la misma forma, es decir que personas físicas o jurídicas con los mismos ingresos deberán de contribuir con la misma carga impositiva; y el principio de equidad vertical, que plantea que personas con características diferentes deben de ser tratados en forma diferente.
Esta visión de justicia tributaria, no se visualiza en la gestión administrativa ni en la estructura de los tributos a nivel nacional en dos aspectos: cuando observamos que el indicador de evasión y elusión a nivel nacional ronda el 8% del PIB y, cuando evidenciamos cómo algunos que tienen que contribuir evaden la responsabilidad en un monto considerable y en un porcentaje mayor que el mismo déficit fiscal. En ésta materia la Administración deberá establecer mecanismos efectivos de control y eficiencia que hasta el momento no ha mostrado. Esto resta credibilidad y se constituye en un obstáculo para nuevas propuestas tributarias.
Otro aspecto a destacar lo constituye el hecho de contar con una estructura tributaria con un peso relativo mayor en los impuestos indirectos y no en los impuestos directos, lo que de por sí la hace de carácter regresiva y no progresiva.
Las propuestas de reforma tributaria presentadas hasta el momento siguen conservando la lógica anterior y limitan la posibilidad de que a través de los impuestos se pueda generar mayor equidad en la distribución del ingreso.
Entre las múltiples tareas que debe acometer el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para contar con las condiciones fiscales que le permitan al país alejarse del peligro social y económico que representa una crisis fiscal, es la imposición de una renta sin exclusión de ningún tipo, siendo ésta una de las medidas más justas y progresivas que se pueden implementar.
Además, de la renta global se deben incluir estándares tributarios con las mejores prácticas de los países desarrollados en temas como subcapitalización empresarial, reglas anti paraísos fiscales, ganancias de capital y revalorización de activos y, por último, no dejar portillos que impidan la trazabilidad tributaria, ni que favorezcan las prácticas de evasión y elusión. Ello es fundamental si se quiere una reforma justa y progresiva.
Excluir la renta global, o incluir versiones que no contemplen algunos tipos de renta, sería una contradicción con el principio de justicia que impone, que todos debemos colaborar para salvar al país de una crisis fiscal y que cada cual debe contribuir en la medida de sus ingresos y posibilidades.
Estamos claros de que las tareas son complejas pero impostergables, por lo tanto, el Conare, como siempre lo ha hecho, se pone, con nuestros especialistas a la disposición de los diferentes sectores sociales y de las autoridades de Gobierno para contribuir en la búsqueda de una solución justa, equilibrada y sostenible del problema fiscal y de la reactivación productiva y económica.
