Ir al contenido principal

Etiqueta: regla fiscal

¿El simplismo autoritario como atajo frente a la crisis fiscal? (Acerca de las propuestas de Gerardo Corrales)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.

En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.

1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?

2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.

3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.

4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.

5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.

6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?

7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.

8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.

9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.

10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.

11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.

12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.

13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.

14) En resumen, tenemos lo siguiente:

  1. Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
  2. Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
  3. Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
  4. Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
  5. La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.

15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.

Alucinaciones fiscales en pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Un gobernante que se esconde detrás de verdugos pagados pronto olvida qué es la muerte
Juego de Tronos – George R.R. Martin

Tras la publicación de la propuesta de negociación del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se presentaron una serie de polémicas que dejaron a primera vista un gobierno “huérfano” de todo apoyo; diputados y diputadas, sectores empresariales, sindicatos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas entre otros reaccionaron con indignación, sin embargo, la presencia de algunos esos sectores no pueden ser abonado a una señal de solidaridad con los y las desfavorecidas. Para abordar estos hechos tan convulsos y confusos, se hace necesario poner de frente la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para preguntarnos ¿Qué intereses nos llevaron a esta encrucijada?

Cuando vemos el camino hacia atrás de la implementación de la ley 9635 observamos una serie de compromisos y deudas pendientes con actores claves; algunos sectores cooperativos, los sectores financieros, los agroexportadores, los exportadores (zonas francas), además los evasores y elusores, esta lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente esbozar esos sectores que tuvieron al menos un trato preferencial en la conformación de esta ley y hoy se muestran al menos en silencio.

Por otro lado, la promesa del gobierno de turno fue continuar una ruta que estaba marcada por la creación o aumento de impuestos, reforma del empleo público y la consolidación de la regla fiscal. Todas estas promesas encontraron un freno ante la emergencia sanitaria, pero los números de las finanzas públicas empiezan a quedarse cortos.

Ante este escenario y la contracción económica, se ha visto como un salvavidas “oportuno” acudir al Fondo Monetario Internacional, que representa un tipo de alucinación de buenas intenciones, especialmente dado que es un organismo reconocido por su interés en la reestructuración de los Estados, en beneficio de los sectores dominantes del país, mediante la promoción de la privatización y la desregulación en aras de reducir el Estado, y privilegiar las condiciones de sectores con vínculos financieros internacionales (bancos, agroexportadores/exportadores).

Con esta idea del FMI, asistimos a una oleada de manifestaciones en las calles y una fila de “especialistas” y “técnicos” explicando los pormenores de las posibles medidas, una consigna se consolidó “no más impuestos”. Esta apuesta refleja por un lado el desencanto generalizado de la población por la administración económica-financiera del país, sin embargo, esconde otra alucinación, que todos y todas pagamos los mismos impuestos.

Alguna vez hemos sigo expuestos a ese negocio de dudosa reputación de la pirámide, donde nos prometen altos retornos por nuestra inversión, sin embargo, ese juego sólo beneficia al operador inicial, y dura hasta que “la gota derrame el vaso”. Así el gobierno de turno asemejo a un Esquema Ponzi (sistema de pirámide) empaquetó con promesas a diversos actores a cambio de su apoyo en distintas etapas, prometiéndoles que serían recompensados.

Lo que sucede es que los operadores de esta pirámide fiscal están quedando solos, dado que la capacidad de negociación les ha quedado corta, y hoy enfrentan la desnudez de sus intenciones, sectores agroindustriales, financieros y exportadores (zonas francas) son los operadores que sedujeron a través de esas alucinaciones a diversos actores que la cancha era igual y que “todos estarían pagando impuestos”.

El gobierno de turno intentó al igual que otros antes de él, vendernos esa alucinación de “equidad” tributaria con pesudo-reflexiones técnicas, y legitimar el actual estado de la coyuntura a través de esquemas tributarios que procuran según el discurso del sacrificio, expoliar a las personas de a pie, para así blindar por algunos años más a los sectores privilegiados.

Es evidente el tono de indignación detrás del “no más impuestos” ante la propuesta llana y sencilla de sobrecarga a través de los impuestos regresivos, sin embargo, una vez caída la pirámide, si miráramos con cuidado, al día de hoy no todos pagamos impuestos. Existen sectores de este país que han logrado convertirse en la “excepción a la regla” y hoy procuran seguir defendiendo esa posición, cobijados de una falsa “indignación”, es decir otra alucinación.

Es válido que pregunten, ¿entonces qué?, tal vez debamos corregir el pronombre relativo, y empezar a cuestionar Quiénes. Sigue la tarea vigente por visibilizar y denunciar esas actividades económicas que hoy siguen gozando de privilegios, esas ganancias que suman en las cuentas de sus titulares al margen de cualquier obligación, esos sectores financieros que acumulan ganancias y endeudan con sobregiros a las personas, esos sectores productivos que se encuentran al margen de cumplir con su responsabilidad corporativa, pero también esas omisiones postergadas convenientemente que han permitido eludir o evadir los impuestos.

¿Por qué mencionamos esto? Estos sectores se han localizado en un país que les ha dado las condiciones para sus operaciones (exoneraciones de impuestos, programas de apoyo institucionales, marco institucional y seguridad jurídica, inversión pública en diversas dimensiones) que representan acciones de política pública que han privilegiado sus actividades y protegido sus ganancias, pero para hoy se hace insostenibles ante las brechas socioeconómicas que han propiciado y los cambios estructurales que enfrenta la economía de nuestro país.

La simple frase “no más impuestos” sigue siendo una consigna de indignación, sin embargo, es un deber estar alertas y hacer las diferencias de quienes son, porque como lo sostenemos hoy, hay sectores y personas de este país que siguen sin pagar sus impuestos, beneficiándose de esquemas opacos o privilegios “trasnochados”, y esa factura debe se cobrada.

Sobre la propuesta al FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

La clase media pagará la mayor parte de la factura con el FMI. Así se deduce de lo anunciado ayer por el Gobierno de Carlos Alvarado.

Todo el menú de impuestos recaerá sobre los asalariados, públicos y privados, de la clase media:

A) Aumento del impuesto de renta al salario mayor a ¢850.000.

B) Aumento en impuesto a los bienes inmuebles como la casa de habitación.

C) Impuesto a las transacciones financieras.

D) Eliminación de exoneración de renta a salario escolar.

Para los asalariados del sector público, además de lo anterior, se cancela el reconocimiento de la anualidad por 4 años, así como un posible congelamiento salarial por los próximos 10 años, según cálculo de La Nación, debido a la aplicación de la regla fiscal. (Hasta que la razón deuda/PIB llegue al 60%).

Los asalariados menores de ¢850.000 que representa el 77% de los trabajadores estarán exentos del impuesto de renta, pero deberán cancelar el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las casas de habitación que se triplican y el pago de renta en el salario escolar.

A las empresas -principalmente- se aumenta la renta hasta un 35% y deberán pagar el impuesto a las transacciones financieras.

Sin embargo, a cambio de ello, se les reduce el aporte patronal en un 5%, lo que representa -según el ministro de Hacienda- unos ¢3.000 millones, sea una cifra similar o mayor a lo que tendrían que pagar por esos dos impuestos. En otras palabras, a los patronos, en términos generales, se les DISMINUYEN los impuestos.

El 5% que se elimina de la cuota patronal es lo que corresponde al financiamiento de FODESAF que la asumirá directamente el Gobierno, sea todos los habitantes. Recordemos que de FODESAF sale el financiamiento para las pensiones del Régimen No Contributivo, aportes al INAMU, CEN-CINAI y muchas otras instituciones. Esos pagos quedarán incorporados al Presupuesto Nacional con las consecuencias que ello pueda tener, en primer lugar, la regla fiscal y con ella el congelamiento de trasferencias. De tal manera que muchas pensiones e instituciones quedarán al arbitrio de lo que pueda ocurrir con el Presupuesto.

Las zonas francas siguen exoneradas, pero ahora con un premio adicional: reducción de la cuota patronal en un 5%. Probablemente tampoco pagarán el impuesto de transacciones financieras porque los pagos se hacen desde el exterior.

El impuesto a las transacciones financieras será un costo más para las empresas por lo que reducirá sus utilidades y con ello el pago de impuesto de renta. Además, todos sabemos lo difícil y complicado que resulta para Hacienda hacer que los grandes contribuyentes paguen la renta.

Habrá también reducción de funcionarios públicos mediante la movilidad laboral y la fusión de instituciones y organismos, así como la venta de Fanal y Bicsa.

La ortodoxia neoliberal no está totalmente satisfecha porque esperaban una mayor venta de activos, ningún nuevo impuesto y reducción significativa de las instituciones del Estado porque son insaciables.

Pero lo que sí está claro es que asistimos a un empobrecimiento acelerado de los asalariados de clase media y un aumento general de la pobreza.

Covid-19 y crisis económica – Diez apuntes para un programa económico diferente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista. Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Dos preguntas básicas animan este artículo: ¿qué asuntos nos preocupan respecto del abordaje de la crisis económica y sus consecuencias sociales y humanas? ¿Qué respuestas alternativas deberían darse?

  • Es desatinado debilitar la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública, a través de la reducción de jornadas, el recorte de gastos y la aplicación de la regla fiscal:
    • Ahora, más que nunca, resulta necesario dotar a esa institucionalidad del músculo y la capacidad de respuesta, requeridas para atender la multiplicación de necesidades y demandas que la crisis trae consigo.
    • Por lo tanto, es desatinado y debe retirarse la propuesta de reducción de jornadas, que limitaría la disponibilidad de personal, incluso en áreas críticas como las de las instituciones de atención de la pobreza o las de implementación de las políticas de vivienda popular.
    • Debe asimismo desaplicarse la regla fiscal. Resulta irracional que, en medio de una crisis de tal gravedad, esa regla se mantenga en pie, en vista de las rigideces y restricciones que impone.
    • Deben reconsiderarse las políticas de austeridad fiscal. Se necesita más eficiencia y compromiso, no menos recursos. Y, sobre todo, el sector público tiene el deber de aportar un impulso positivo a la economía, en vez de sumar fuerzas contractivas, como resultaría de las políticas austeritarias.
  • Es claro que el reparto de los costos de la crisis sigue siendo inequitativo.
    • Es indispensable desarrollar un esquema muy progresivo de tributos y subsidios, bajo el criterio de que deben contribuir todos y todas quienes puedan hacerlo, y cada quien según sus posibilidades materiales, y de que se debe apoyar a todas y todos quienes realmente lo necesiten.
    • Un esquema tributario progresivo, apropiadamente diseñado, no desestimulará la inversión productiva y la generación de empleos, aunque sí el despilfarro, los lujos extravagantes, la especulación y las actividades ambientalmente dañinas.
    • Bajo las actuales condiciones de profunda recesión económica, un esquema muy progresivo de subsidios, dará poder adquisitivo a los sectores más carenciados, y ayudará así a activar el mercado interno y aliviar la recesión.
    • Este esquema de subsidios progresivos –que bajo el actual gobierno tiene el nombre de Bono Proteger, el cual urge ampliar y reforzar– debe ser el primer paso hacia el establecimiento de una “renta básica universal”.
    • Debe haber pasos firmes y una acción vigorosa de combate a todas las formas de fraude fiscal, bien si resultan de la evasión directa, o de los mecanismos, mucho más sofisticados y agresivos, de la elusión. En concordancia con lo anterior, debe haber un avance efectivo hacia la revisión y supresión de las exoneraciones (incluyendo las de zonas francas), de modo que se mantengan solo las que tienen justificaciones sociales muy sólidas.
  • Se habla de reactivación pero las propuestas en esa materia parecen naufragar en la indefinición. Por ejemplo: las cifras tan significativas dadas a conocer el 4 de mayo, acerca de los presuntos programas de inversión pública que se pondrían en marcha (en el orden de alrededor del 5% anual como proporción del Producto Interno Bruto, PIB), siguen sin tener ningún aterrizaje claro.
    • Entre otras acciones muy importantes, debe definirse prioridades y calendarios precisos del programa de inversiones a desarrollar, incluyendo un componente de corto plazo, de fácil ejecución, con gran potencial de generación de empleos (incluyendo explícitamente el empleo de mujeres), y beneficio para las regiones más rezagadas del país.
  • Confiarse a la “reapertura” para lograr la reactivación es engañoso: la incertidumbre y desaliento son hoy tan extendidos, y las fuerzas que deprimen la economía, tan poderosas, que se necesita un empuje mucho más vigoroso, el cual solo puede darse desde el Estado.
    • Se requiere, como ya se dijo, un programa de inversiones muy vigoroso y una serie de otras acciones cuyo liderazgo compete que sea ejercido desde el sector público. De ahí lo desatinado de las medidas recortistas que mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública-estatal.
  • En concordancia con lo antes indicado, y bajo las actuales circunstancias depresivas y de gran incertidumbre que rodean la economía, ni el crédito ni, más en general, la política monetaria, pueden ser eficaces en grado apreciable, para reactivar la inversión empresarial y la generación de empleos.
    • No obstante lo anterior, sí es urgente canalizar financiamiento en condiciones muy favorables, para proporcionar flujo de caja y capital de trabajo a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, e incluso algunas grandes empresas, que lo requieren con urgencia. Ello no puede hacerse con arreglo a la actual normativa del sistema financiero. Se necesita poner en marcha mecanismos muy innovadores, incluyendo un amplio programa de avales y garantías.
  • Se insiste en recurrir a deuda externa para abaratar el costo asociado al pago de intereses, no obstante que hay mecanismos internos que podrían utilizarse con el mismo fin, sin incurrir en el riesgo cambiario y político asociado a una deuda externa incrementada.
    • En este, como en otros aspectos (inclusive el indicado en el punto 5 anterior), es urgente que el Banco Central se sacuda de la modorra que lo paraliza, y empiece a dar la contribución necesaria para estabilizar la economía, aliviar los efectos negativos derivados de la crisis y contribuir a crear condiciones para la posterior recuperación.
  • La crisis ha sacado a relucir los gravísimos problemas de exclusión y marginalidad existentes, lo mismo en zonas rurales –por ejemplo, en las plantaciones agroindustriales de la zona norte– que en áreas urbanas, en las cuarterías y en barriadas empobrecidas densamente pobladas. Esa realidad, que por tanto tiempo ha sido tercamente ignorada y negada, ha salido a luz dramáticamente, empujada por el Covid-19 y la pandemia.
    • En el contexto de la crisis actual, es urgente que desde el Estado se movilicen recursos que permitan atender esas situaciones de carencia y privación, primero, por razones morales y de compromiso humanitario y solidario, y, segundo, porque ello es indispensable para frenar el contagio del Covid-19.
    • Más allá de la crisis actual, y en perspectiva de mediano y largo plazo, el país debe reformular a profundidad sus estrategias de desarrollo, en relación con el empleo, la atracción de inversiones, la inversión pública, el impulso al desarrollo regional y las áreas o actividades productivas prioritarias.
  • Es un error confiarse a las exportaciones y el turismo como los mecanismos que saquen a la economía de la recesión. Ninguno de los dos tendrá una fácil ni rápida recuperación. En el caso del turismo será seguramente mucho más lenta.
    • Por lo tanto, es preciso reconocer que, al menos por un período que podría ser relativamente considerable, los mecanismos dinamizadores de la economía deben surgir desde dentro de ésta.
    • Lo cual significa recuperar, al menos en parte y con las reformulaciones que sean necesarias, la noción de “desarrollo hacia dentro”, originalmente planteada por la CEPAL.
    • Ello, a su vez, tiene dos implicaciones: primero, deben retomarse los objetivos de justicia social e igualdad, que en Costa Rica han quedado en abandono.
    • Y, segundo, implica revalorizar el mercado interno, y convertirlo en motor de dinamización de la economía nacional.
    • En concordancia con lo anterior, y aparte los programas de inversión pública propuestos, debe extirparse la retórica, comprobadamente hueca, para hacer efectivas y eficaces las políticas de fomento e impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de emprendimientos solidarios, asociativos y cooperativos.
    • Tener una economía de alta productividad, diversificada, con densos encadenamientos productivos, que aproveche inteligentemente la dotación de recursos de que disponemos, es una meta de mediano y largo plazo, que en lo más inmediato pasa por un mercado interno fortalecido, mejores salarios y más justicia y equidad distributiva.
  • Con esta crisis han emergido los temores ante la posibilidad de desabastecimiento alimentario, lo cual, a su vez, refleja el abandono histórico de la agricultura tradicional productora de alimentos para el mercado interno.
    • Es necesario que el país redefina sus políticas en materia de soberanía y seguridad alimentaria, y reivindique el lugar que le corresponde a nuestra agricultura tradicional, y a nuestras agricultoras y agricultores. Un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore medidas de ejecución inmediata, y con perspectiva de mediano y largo plazo, debe ponerse en marcha, incluyendo un componente que garantice la compra por parte de las instituciones del Estado, como la Caja del Seguro Social.
  • El Covid-19 y la necesidad del confinamiento, han venido a resaltar las inequidades de género que comporta la división sexual del trabajo, con el recargo de doble o triple jornada que ha debido sobrellevar la mujer trabajadora que hace teletrabajo, pero que es un problema generalizado, históricamente puesto sobre las espaldas de las mujeres.
    • Las políticas de cuido deben reforzarse y ampliarse, incluyendo la ampliación de la infraestructura de cuido, y la disponibilidad de más personal adecuadamente capacitado. El cuido debe ser una responsabilidad socialmente asumida, y no una obligación asignada, en casi su totalidad, a las mujeres.

Publicado en el blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/covid-19-y-crisis-economica-diez.html?m=1

Compartido con SURCOS por el autor.

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Los cambios…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

En el ministerio de Comunicación se nombró a Agustín Jiménez que llegó a Zapote llevado por Rodolfo Piza. Durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez fue su jefe de prensa y una persona de su absoluta confianza.

El ministro de Ciencia y Tecnología destituido, Luis Adrián Salazar, es también una persona muy cercana al expresidente Rodríguez.

MAR, salió empatado. Pero con una gran diferencia: el nuevo ministro será una persona que debe trabajar a la par del presidente y le habla al oído.

Las salidas del gabinete no fueron pacíficas, sino que se deben a discrepancias internas.

El ministro de Hacienda saliente, Rodrigo Chaves deja claro que tiene una concepción diferente respecto a cómo se ha manejado la pandemia. No dice en qué. Pero por el contexto se deduce que está en contra del confinamiento y el tiempo que llevan cerrados los establecimientos comerciales y la economía. Probablemente es más partidario de la política de Trump u Ortega que la seguida por las autoridades sanitarias del país. Lo que es público es la discrepancia con el Presidente respecto al levantamiento de la regla fiscal para las municipalidades. El Presidente ejerció su autoridad y le pidió la renuncia por una diferencia, según lo dicho, de estilo.

El ministro de Ciencia, Salazar, discrepó con Hacienda y el Presidente por echar mano al fondo de telecomunicaciones para pagar deuda. El ministro tiene razón, eso significará un atraso de varias décadas en la creación de la infraestructura que acorte la brecha tecnológica.

El nuevo ministro de Hacienda, Eliam Villegas, ya declaró públicamente que no se apartará ni un ápice de la ley fiscal, lo que es decir que será inflexible con la aplicación de la regla fiscal. En otras palabras, seguirá la misma línea de Chaves y Rocío. Tal vez con un mejor estilo, sea no decir nada públicamente. Es el primer ministro de Hacienda que proviene de las filas del PAC y familiar cercano de Ottón Solís.

En síntesis: MAR mejoró su posición en el Gabinete, en Hacienda se seguirá la misma línea de recorte al gasto público y regla fiscal a troche y moche y se perderá un opositor al despropósito de liquidar los fondos para mejorar la infraestructura tecnológica.

Seguimos entre igual o peor.

Publicado en el espacio de Facebook del autor, compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Manifiesto en defensa del derecho constitucional de la salud y en ejercicio de la democracia participativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

MANIFIESTO

EN DEFENSA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA SALUD

Y EN EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

En defensa del derecho constitucional de la salud y en ejercicio de la democracia participativa, de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución Política, las personas integrantes de las juntas de salud del país, electas por las comunidades con carácter ad-honorem, manifestamos lo siguiente:

Nos oponemos rotundamente a la aplicación de la regla fiscal a la Caja Costarricense del Seguro Social por las siguientes razones:

  1. a) Por el impacto negativo a los servicios de salud y al crecimiento de las demandas y de las necesidades de la población.
  2. b) Se violenta el derecho constitucional a la autonomía presupuestaria, administrativa y operativa de la CCSS.
  3. c) El financiamiento de la CCSS no proviene del Estado, sino, en su mayor parte, del ingreso de las cuotas y contribuciones obrero-patronales.
  4. d) El Estado tiene una deuda con la CCSS de ¢1.155.065,6 millones; o sea, más de un billón de colones, a marzo de 2019, la cual viene creciendo año tras año, dicha deuda se aproxima a una cuarta parte al presupuesto de la CCSS para el presente periodo.

POR LO TANTO:

Apoyamos el Acuerdo unánime de la Junta Directiva de la CCSS del jueves 11 de julio de 2019 en contra de la aplicación de la Regla Fiscal a la CCSS.

INSTAMOS AL PODER EJECUTIVO:

  1. a) A cumplir con el acuerdo de no aplicar la Regla Fiscal a la CCSS por las implicaciones negativas a la calidad y a la efectividad de los servicios de salud de las personas usuarias y aseguradas.
  2. b) A que abran sus puertas a un diálogo nacional con todas las fuerzas vivas del país para llevar la tranquilidad y la paz al pueblo costarricense.

Costa Rica, 16 de julio de 2019.

Encuentro Nacional de Juntas de Salud – 12 de Julio de 2019

Nosotras, las personas suscritas MIEMBROS DE JUNTAS Y ASEGURADOS, apoyamos plenamente el Manifiesto Nacional “EN DEFENSA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA SALUD Y EN EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” de personas miembros de las Juntas de Salud, en apoyo de la Defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social como un Patrimonio Nacional y el Derecho de la Salud de todos los costarricenses e igualmente damos pleno respaldo a la totalidad de los puntos desarrollados y aprobados en este manifiesto público.

Para llenar el formulario para este manifiesto ingrese aquí.

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR: La aplicación de la regla fiscal invalidaría el mecanismo constitucional para negociar el FEES

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) envió una carta al Ministro de Educación Pública, Edgar Mora, con el propósito de que se excluya a las universidades públicas del procedimiento que realizará la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) para certificar la aplicación de la regla fiscal, pues esto viola la autonomía universitaria.

Continuar leyendo

Encuentro Popular BUSSCO 2016

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Gobierno y diputados amenazan el bien común y la paz social
  • El pasado martes 1 de noviembre de 2016, se realizó el “Encuentro Popular” organizado por BUSSCO, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal

 

Comunicado de BUSSCO

 

En lo que llevamos de gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – con la excusa de la crisis fiscal, los partidos políticos, representando los intereses de organismos económicos internacionales, grandes transnacionales y la acaudalada clase político-empresarial nacional, han presentado varias iniciativas legislativas que pretenden disminuir salarios, aumentar impuestos y generar más pobreza al pueblo costarricense.

Estos proyectos de ley, como los de Empleo Público, Impuesto al Valor Agregado, Regla Fiscal y Recortes Presupuestarios, impulsados por los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina, entre otros, tienen como objetivo congelar salarios y pensiones, aumentar los impuestos, deteriorar programas sociales, desmantelar y privatizar servicios fundamentales como salud y educación, desmontando el estado social de derecho.

Las conquistas sociales fueron construidas, de acuerdo con la idiosincrasia costarricense, a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que, lamentablemente, ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social.

El “Encuentro Popular” convocado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO tuvo el propósito de reunir a representantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares para analizar los proyectos, conocer la posición de los y las diputadas que los acompañaron en este evento y definir la ruta de lucha contra el combo de proyectos.

 

Enviado a SURCOS Digital por Martín Rodríguez E; Unidad de Comunicación, UNDECA.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/