XVI Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA Resolución sobre Costa Rica
Rel UITA
La política del actual gobierno de Costa Rica abandona su responsabilidad económica con la seguridad social; prohíbe el derecho a la protesta y limita la libertad de prensa.
Ante esta realidad, la XVI Conferencia Regional reunida en São Paulo entre elaboró una resolución que entre otras cosas denunciar ante la OIT la grave situación de incumplimiento del Estado costarricense con los convenios de seguridad social y libertad sindical.
Fuerzas sociales diversas se unieron en defensa de la producción nacional y el rechazo a la integración a la Alianza del Pacífico.
Gerardo Castillo
El miércoles 29 miles de personas marcharon por las calles de San José para mostrar su repudio al proyecto del gobierno de incorporar al país a la alianza integrada por México, Colombia, Perú y Chile.
“La Alianza del Pacífico atenta contra la producción agropecuaria de Costa Rica, menos agricultores, menos comida, más miseria para muchos”. “No a la Alianza, sí a la producción nacional”, se leía en algunos carteles.
Los agricultores recibieron el acompañamiento de partidos políticos, agrupaciones sindicales, estudiantes, la iglesia católica, lo que demuestra que el tema tiene la fuerza necesaria para superar divisiones e intereses.
Altos costos de los insumos; dificultades de financiamiento; tratados de libre comercio que ponen en peligro la sobrevivencia de los pequeños y medianos agricultores son algunos de los puntos que resaltaron los campesinos movilizados.
La denuncia de fondo es que la Alianza del Pacífico arruinará a los productores nacionales que hasta ahora han sobrevivido, más aún en un contexto de crecimiento de la pobreza, que afecta a un tercio de la población.
Esta marcha es un primer aviso y nuevas movilizaciones están en preparación.
La empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., subsidiaria del consorcio agroindustrial guatemalteco Grupo Hame, posee dos fincas bananeras (San Gerardo y La Flor) en la provincia de Puntarenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr) ha venido denunciando graves violaciones laborales y de seguridad.
Giorgio Trucchi
Luis Arnulfo Gómez Moraga se desempeña como capataz en la planta empacadora. Al ser testigo de tantas violaciones de los derechos de trabajadores y trabajadoras, Gómez decidió acudir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Después de varias inspecciones, las autoridades pudieron comprobar la veracidad de las denuncias y actuaron judicialmente en contra de la empresa.
Ante la reacción amenazante de la patronal, Gómez Moraga decidió acudir a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), que lo remitió al Sintrapybcr.
“Empezamos a trabajar y creamos las condiciones para que varios trabajadores se afiliaran y constituyeran una seccional de nuestra organización. A los dos días de su afiliación, todos estaban despedidos”, manifestó a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sintrapybcr.
El dirigente sindical explicó que la empresa adujo motivaciones totalmente falsas para justificar el despido de unas 16 personas, incluyendo a Gómez Moraga.
“La empresa los despide porque no quiere que se siente un precedente y que, a través de la seccional, se sindicalicen más trabajadores. Fue en este momento que comenzaron las amenazas”, explicó Rodríguez.
Según el dirigente sindical, a Gómez Moraga fueron a amenazarlo de muerte hasta su hogar.
“En dos ocasiones fue interceptado por desconocidos en moto que le dijeron que dejara de defender a los trabajadores.
En otra ocasión –continuó Rodríguez– fue uno de los abogados de la empresa que llegó hasta su casa para convencerlo a aceptar el despido, recordándole que debía pensar en el bienestar y la seguridad de él y de su familia”.
Ante esta situación, el sindicato decidió presentar formal denuncia para resguardar la seguridad del trabajador.
Asimismo, fueron presentadas las demandas judiciales para la reinstalación de los trabajadores despedidos, y al menos 17 denuncias por varios incumplimientos cometidos por la empresa.
Una vez más, Dole/Standard Fruit Company se quita la máscara y muestra su verdadero rostro, amenazando con despedir a la totalidad de trabajadores de su subsidiaria Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, acabando de esta manera con el sindicato y el conflicto colectivo en curso.
Giorgio Trucchi
Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa), explicó a La Rel que, a partir de 2018, la transnacional frutera ha venido precarizando las labores.
La conformación, un año después, del sindicato permitió frenar en parte este proceso.
“Desde que nacimos buscamos el diálogo con la empresa para garantizar mejores condiciones laborales y salariales para las y los trabajadores. Lamentablemente, Dole ha negado sistemáticamente cualquier tipo de acercamiento”, dijo Morales.
Después de repetidas denuncias y ante el silencio cómplice de las autoridades del Trabajo, varias decenas de trabajadores del departamento de deshije de piñas acudieron al sindicato.
Después de una atenta evaluación, el Sinatraa propuso la interposición de un conflicto colectivo de carácter económico y social por la vía judicial, medida que encontró el apoyo de la inmensa mayoría del personal.
“Como varios de ellos no eran afiliados, decidimos conformar una coalición temporal de trabajadores para presentar y desarrollar el conflicto colectivo y se eligieron a tres representantes del grupo”, explicó Morales.
El 27 de septiembre del año pasado, la coalición interpuso el pliego de peticiones ante el tribunal y lo presentó a la empresa.
Todos los intentos de Dole/Standard Fruit Company para detener el proceso fracasaron y la jueza fijó para el 28 de febrero la audiencia inicial del conflicto colectivo.
La reacción de la transnacional no se hizo esperar.
Amenazas y coacción
“El 16 de febrero, la empresa convocó a trabajadores y trabajadoras del departamento de deshije y les presentó una propuesta de mejoras salariales, a cambio de que renunciaran al conflicto colectivo.
A pesar de los intentos de la representación patronal de impedir que hablara, alerté a los compañeros sobre los riesgos y la falta de garantías de una negociación extra judicial”, dijo Morales.
Al final, ninguno de los 50 trabajadores firmó el acuerdo.
Cinco días después, el gerente de recursos humanos de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle llamó al secretario general del Sinatraa, para comunicar que el comité permanente de trabajadores estaba solicitando el despido y recontratación de la totalidad del personal, es decir de unos 650 trabajadores y trabajadoras.
La medida no aseguraría la recontratación permanente de las y los afiliados al Sinatraa.
Eliminar el sindicato
“Se trata de una maniobra de la empresa, con el apoyo de una organización abiertamente propatronal, para deshacerse de nuestros afiliados y de quienes están apoyando el conflicto colectivo.
Ya en estos días, miembros del comité permanente están visitando los diferentes departamentos de la empresa anunciando el despido masivo”, alertó Morales.
El dirigente sindical agradeció el apoyo solidario y la denuncia internacional que están haciendo tanto la Fentragh como la Rel UITA, e hizo un llamado a estar atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas.
“Sabemos que, de tener éxito el conflicto colectivo, otros departamentos podrían sumarse a las demandas, generando también un importante crecimiento sindical. Esto es algo que Dole quiere evitar”, concluyó Morales.
Para el próximo 27 de febrero está agendada una reunión tripartita en el Ministerio del Trabajo. El siguiente día está fijada la audiencia del conflicto colectivo.
Por ley, los firmantes de un conflicto colectivo no pueden ser despedidos sin previa autorización del juez.
Las noticias suelen relatarse siguiendo un orden cronológico inverso: desde el final hacia el principio, esto es, desde lo más reciente de los hechos hacia sus antecedentes y su contexto. Pero esta vez quizás deberíamos iniciar así: “El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América con tres naves; tras este ‘descubrimiento’ se desató la invasión europea, y con ella el genocidio más grande en la historia de la humanidad”. Pero, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, porque ahora urge informar sobre las durísimas condiciones de supervivencia del pueblo Yanomami en los estados de Roraima y Amazonia, Brasil.
Carlos Amorín
El pasado viernes 20 de enero la plataforma digital Sumaúma, con sede en Altamira, Pará, publicó un artículo cuyo título fue “Diario de guerra. No estamos pudiendo contar los cuerpos1” , ilustrado con desoladoras fotografías de niños y niñas Yanomami desnutridos y enfermos. Las periodistas Ana Maria Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum iniciaron su texto así: “La criatura Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebé recién nacido. Con 3 años apenas alcanzaba los 3,6 kilos”.
Una imagen puede más que mil palabras
Las fotografías son de una crudeza extrema, y evocan testimonios gráficos de hambrunas en otras latitudes, o de los campos de concentración nazis. Este horror generó repercusiones primero a nivel local, y rápidamente las imágenes se viralizaron a nivel global.
Esa misma tarde el presidente Lula anunció que estaría viajando al día siguiente a Boa Vista, capital del estado de Roraima, y el Ministerio de Salud Pública declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio Yanomami.
Lula llegó a esa ciudad acompañado por diversas autoridades gubernamentales, especialmente por Sonia Guajajara2, ministra de Pueblos Indígenas, y la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana3, ambas recientemente designadas en sus funciones por el nuevo presidente.
En el precario centro de salud local especializado en la atención a los Yanonami, Lula declaró a la prensa que “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento«.
Cuando más es más
Las cifras oficiales del MSP establecen 99 infantes de entre 1 y 4 años fallecidos en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonía, diarrea, malaria, contaminación con mercurio provocada por la minería ilegal y otras enfermedades evitables.
No obstante, datos obtenidos por la plataforma Sumaúma mediante la Ley de Acceso a la Información, registran la muerte de 570 niños y niñas Yanomami por esas mismas razones en los últimos cuatro años, periodo en el cual Jair Bolsonaro ocupó la Presidencia.
El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que se inició una investigación a cargo de la Policía Federal por posible delito de “genocidio”, al constatarse graves omisiones por parte de funcionarios públicos responsables de la asistencia sanitaria y humanitaria a los Yanomami, así como posible corrupción a gran escala implicando desvío y reventa de medicamentos y alimentos destinados a los indígenas.
“Ordené ayer la apertura de una investigación policial para averiguar si hubo genocidio. Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas. Hubo intención», dijo el ministro de Justicia Flavio Dino.
La investigación abarcaría no solo posibles delitos de jerarcas de Salud regionales y nacionales, sino también crímenes de contaminación ambiental y desvío de fondos.
El “otro” ejército de Bolsonaro
Asimismo, Lula da Silva advirtió que se perseguirá a los “garimpeiros4” ilegales que, según estimaciones, serían unos 20 mil en los estados de Roraima y Amazonas, más de dos tercios del total de Yanomami habitando en la región. También anunció “medidas enérgicas” contra la deforestación que se multiplicó enormemente con la protección de Bolsonaro.
El informe “Yanomami Under Attack”, publicado en abril de 2022 por Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana, con asistencia técnica del Instituto Socioambiental (ISA), hace un balance de la extracción ilegal de oro y otros minerales en esa región.
Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la Tierra Indígena Yanomami (TIY). Sin embargo, su escala e intensidad crecieron de manera impresionante en los últimos cinco años. Datos de MapBiomas indican que a partir de 2016 la curva de destrucción minera tomó una trayectoria ascendente y, desde entonces, ha ido acumulando tasas cada vez mayores. En los cálculos de la plataforma, de 2016 a 2020 la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el texto.
Dicho informe muestra que en 2018, el área total afectada por los garimpos ilegales era de 1.200 hectáreas. Relevamientos efectuados en diciembre de 2021 comprobaban que esa superficie había crecido a 3.272 hectáreas.
La voz de las víctimas
Para las asociaciones indígenas, el estado de salud crítico que muestran las imágenes compartidas en los últimos días con niños, adultos y ancianos desnutridos, es consecuencia de la combinación de tres factores desencadenados por el garimpo: aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios.
Según el informe “Yanomami Under Attack”, en el centro de de salud Yanomami de Arathau, cerca del río Parima, “en 2020 se prestaron 11.200 servicios de atención sanitaria, pero en 2021 el número se redujo a 2.800.
Como consecuencia −continúa el informe−, varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado, y algunos incluso murieron. Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también la situación de dos niños de la casa Xaruna que murieron de malaria en octubre, y un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía, en noviembre”.
La plataforma Sumaúma, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), obtuvo otros datos alarmantes: “Los casos de malaria, enfermedad que se propaga en el territorio con los mineros, pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021; 46 niños menores de 5 años habían perdido la vida solo en los 5 primeros meses de 2022 por lo que las estadísticas denominan ‘causas evitables’ (falta de tratamiento médico y prevención) y el 52,7% de los niños yanomami menores de 5 años estaban desnutridos”.
La información obtenida por Sumaúma también mostró que desde julio de 2020, los centros de salud que operan dentro del territorio yanomami fueron cerrados 13 veces debido a las acciones de los mineros, dejando a los indígenas sin atención médica.
“La falta de asistencia a los pueblos indígenas es la forma más eficaz de matar sin dejar huellas”, concluye Sumaúma.
Como dijimos al inicio, deberíamos comenzar este desarrollo informativo empezando en 1492, pero eso ya lo han hecho otras personas y, algunas, de manera excelente.
No obstante, es necesario debatir hasta qué punto las sociedades no originarias de nuestra querida América han adquirido conciencia de las razones profundas por las cuales las (ahora) minorías étnicas continúan siendo diezmadas por doquier mediante el genocidio5 y el etnocidio6.
Algunos realizaron esta advertencia hace ya muchos años, como por ejemplo la célebre cantante Elis Regina, que en su versión de la mundialmente famosa Aquarela do Brasil contrapone un coro representando un canto indígena como fondo de la idílica imagen que presenta la canción7.
La Rel UITA se compromete a seguir muy de cerca esta situación, y a aportar la mayor información al respecto.
Imagen: Allan McDonald
Foto: Samaúra.com
(Con información de: Sumaúma.com, AFP, France24.com, EFE, Larepublica.co, BBC.com, Nwesletter.ihu, Federico.Tatter Substack, www.ihu.unisinos.br y fuentes propias)Nota del Editor: Agradecemos la valiosa colaboración de Jair Krischke en la elaboración de este informe.
Notas:
1 – https://sumauma.com/nao-estamos-conseguindo-contar-os-corpos/ 2 – Originaria de las Tierras Indígenas Arariboia. El término Guajajara hace referencia a su pueblo nativo. 3 – Oriunda del estado de Roraima. El término Wapichana hace referencia a su pueblo nativo. 4 – Mineros, principalmente de oro, en los ríos selváticos que constituyen verdaderas mafias de las florestas. 5- Eliminación física de un pueblo. 6 – Eliminación del “alma” de un pueblo, su arte, su cultura, su lengua, creencias, instituciones, etc. 7 – https://www.youtube.com/watch?v=rvxmF4KS9O4
Preocupado por el alto porcentaje de trabajadoras con lesiones osteomusculares en las líneas de producción, el Sindicato de Trabajadores de Frito Lay (Sitrafritolay) alertó sobre el intenso ritmo y las extensas jornadas laborales.
Amalia Antúnez
Rel UITA convocó a su asesor en salud ocupacional, el doctor Roberto Ruiz, para un encuentro virtual donde las trabajadoras afectadas y los dirigentes del sindicato expusieron sus inquietudes y la necesidad de articular acciones para combatir la realidad que enfrentan en la fábrica de Frito Lay en Guatemala.
Ruiz, especialista en medicina laboral con enfoque en Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER), fue, junto a Siderlei de Oliveira (CONTAC) y a Neuza Barbosa (CNTA), un protagonista decisivo en la construcción de la Norma Reguladora 36 que, entre otros avances, garantiza pausas psicofisiológicas durante la jornada de labor.
Las LER, una realidad innegable
“El ritmo en cualquier industria y las jornadas laborales sin pausa son las principales causas de LER en el mundo del trabajo, y aunque los empresarios nieguen su vinculación directa y argumenten que se trata de lesiones reumatoides, hay pruebas académicas y empíricas que lo demuestran”, dijo el doctor Roberto al iniciar la charla.
Las lesiones del túnel carpiano y en la columna y las cervicales son las más reportadas.
Según relatan las trabajadoras, la combinación entre el ritmo de trabajo, la posición y el tiempo que permanecen en las líneas de producción es lo que hace que la inmensa mayoría padezca dolores intensos y permanentes para los que deben medicarse a diario y que otras tantas estén con licencia médica, esperando ser operadas o sencillamente porque ya no aguantan el dolor.
A esto se suma que antes de cargar los snacks en las cajas deben armarlas, y las cajas llegan en fardos que pesan más de 20 kilos.
Si bien el sindicato lleva años denunciando la falta de medidas ergonómicas en esta planta y el frenético ritmo de trabajo, la decisión de la compañía de automatizar parte de la línea de producción hizo que las condiciones empeoraran y se encendieran nuevas alarmas.
Luis Tomas, secretario general de Sitrafritolay, señaló que la gerencia redujo un 50 por ciento el personal en el sector de empaque luego de instalar una estera transportadora de cajas.
“Con esta medida, las trabajadoras, que antes empacaban 55 bolsas de snack por minuto, pasarán a empacar 200”, advirtió.
Una sobrecarga que, sumada a jornadas laborales de 12 horas diarias y entre 48 y 60 horas semanales, afectará todavía a más a las trabajadoras y los trabajadores de esa fábrica.
Articulaciones
Para el secretario regional de la UITA, Gerardo Iglesias, es imperioso coordinar con otros actores de la esfera social para poder enfrentar esta epidemia de lesiones.
“Debemos articular tanto con la Universidad como con los Ministerios de Salud y de Trabajo y también con la seguridad social para frenar este tipo de prácticas del peor capitalismo, que explota a los obreros al máximo, los enferma y luego los desecha”, dijo Iglesias.
Del encuentro quedó el compromiso de construir una agenda de trabajo conjunta con Festras y Sitrafritolay que contará con talleres sobre salud y seguridad además de reuniones con autoridades para establecer acciones concretas que mejoren las condiciones laborales en Frito Lay (PepsiCo) en Guatemala.
A principios de 2022 un nuevo brote de gripe aviar sacudió Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá, obligando al sacrificio de millones de aves y al cierre preventivo de miles de granjas avícolas.
Este año, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, hasta la primera semana de 2023, las autoridades de agricultura de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela han detectado brotes por virus IAAP A(H5N1) en aves domésticas y de granjas avícolas.
De acuerdo con el patrón estacional de la IAAP1 se espera que el número de brotes aumente en los próximos meses.
Ante esta realidad, la Rel UITA ha elaborado el informe adjunto de autoría del periodista Carlos Amorín, “un alerta naranja dirigido a las organizaciones sindicales en torno a este tema para que no sean los consumidores, trabajadores y trabajadoras quienes paguen con su salud el desquicio del sistema productivo de las corporaciones internacionales”.
Tras el cierre del seminario “La plaga de los agrotóxicos”, organizado por Fentragh y Rel UITA con el apoyo de FES, SINAE y ANDE, delegados y delegadas de sindicatos agroindustriales se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Rel UITA
Mostrando pancartas y banderas de la Fentragh y la Rel UITA, trabajadores y trabajadoras del banano, palma africana y piña exigieron respuestas inmediatas a las denuncias y solicitudes de inspecciones presentadas hace meses, así como los resultados de las que ya fueron realizadas.
“Desde el año 2019 venimos presentando denuncias y reclamos y no han avanzado. El 10 de agosto de este año nos reunimos con las nuevas autoridades y presentamos un documento con nuevas denuncias. Han pasado dos años y no hay respuestas”, dijo Maikol Hernández, secretario general de Fentragh.
“Es una grave falta de atención a los trabajadores agroindustriales y es por eso que, una vez concluido el seminario, decidimos venir hasta aquí para que nos escuchen, atiendan las solicitudes de los sindicatos y se instale una mesa de diálogo”, explicó el dirigente sindical.
En este video, dirigentes de Sinatraa, Sitrapa, Sintrapybcr y Fentragh explican las razones de este plantón de protesta.
Piñas tóxicas, trabajo precario y comunidades agredidas
El cultivo de la piña en Costa Rica debe regularse, tanto en relación al uso de agrotóxicos como para prevenir formas de explotación laboral a los trabajadores y sus familias, en su mayoría migrantes.
Frank Ulloa
A los trabajadores agroindustriales no solo se les pagan bajos salarios y se les niegan libertades sindicales. También se les extermina de manera silenciosa, y al final es el Estado quien debe asumir la atención en salud pública.
Las autoridades del Estado deben mantener un compromiso ético de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas, pero las organizaciones sindicales tampoco pueden callar, aunque a veces estos temas ambientales no son su prioridad.
Las consecuencias para la vida humana de la expansión descontrolada de la piña son nefastas.
El Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha dado cuenta de la gravedad de esta situación.
Desde 2015 ya se tenía evidencia de que el agua de muchas comunidades estaba contaminada, pero esto no se reportó públicamente hasta el 14 de junio de 2018.
Ahora el tema se complica cuando las transnacionales impiden el acceso a las fincas en nombre del sacro santo derecho de propiedad, al que colocan por encima del derecho a la vida.
Muchas de estas empresas están certificadas. El sistema judicial puede actuar de oficio, pero no lo hace. Y todos callan.
Es un secreto a voces que muchos de los 32 puntos de muestreo están contaminados con herbicidas como Bromacil, Ametrina, Diuron y Hexazinona y fungicidas como Metalaxil y Carbendazim.
Algunos de esos sitios son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.
Desde Rel UITA y FENTRAGH debemos profundizar la lucha contra la utilización continuada de productos prohibidos en el país, el uso indiscriminado de agrotóxicos y el doble discurso de las transnacionales.
La semana pasada, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma (Sitrapa), Dania Obando, lanzó un nuevo grito de alerta por la grave situación a la que se enfrentan trabajadoras y trabajadores de la empresa Palma Tica (Grupo Numar). Sobre esta situación, La Rel conversó con Maikol Hernández, secretario general de la Fentragh.
Giorgio Trucchi | Rel UITA
Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi
En la agroindustria costarricense, las empresas han venido desarrollando y consolidando una serie de estrategias antisindicales, como por ejemplo la creación de asociaciones solidaristas y comités permanentes.
El objetivo es desplazar a las organizaciones sindicales, suplantar la negociación colectiva y mantener a los trabajadores ‘bajo control’, minimizando de esta manera la demanda de mejores condiciones laborales y salariales.
El uso de sindicatos paralelos afines a la empresa para obstaculizar el trabajo de afiliación sindical es otra de las estrategias implementadas por las patronales.
“Quienes deciden organizarse en sindicato se enfrentan a fuertes medidas de represalia. Las empresas, en especial las transnacionales, arremeten con más fuerza contra los dirigentes, quienes, por su ‘atrevimiento’ son perseguidos, colocados en las labores más difíciles, castigados, despedidos, puestos en listas negras”, explicó Hernández.
Arremeten contra Sitrapa
Desde su constitución, el Sitrapa ha sufrido una feroz arremetida de parte de la patronal.
A través de un sindicato amarillo, la empresa aprovecha la necesidad de los trabajadores y los convence a desafiliarse a cambio de ayudas económicas o préstamos.
El objetivo es desfinanciar y desmovilizar al sindicato obrero.
Otra estrategia que denuncia Sitrapa es el uso de médicos de empresa, cuyo verdadero rol no es el de cuidar la salud del trabajador, sino minimizar los accidentes laborales y así evitar que los casos lleguen al seguro social.
De esta manera, la empresa reduce los costos de las pólizas de riesgo trabajo.
“Trabajadores y trabajadoras se convierten en simple mercancía, desgastados, lesionados, enfermos. Y lo peor es que las autoridades del trabajo saben lo que pasa en estas empresas y siempre se hacen de la vista gorda”, lamentó Hernández.
Lo que sufren las mujeres
La situación quizás más escandalosa en Palma Tica es la que viven las mujeres trabajadoras.
Dania Obando denunciaba lo que sufren por la falta de voluntad de la empresa para instalar servicios sanitarios en el campo, garantizar medidas mínimas de higiene, establecer áreas donde ingerir alimentos y repararse en caso de tormentas.
“Hay normas que obligan a las empresas a garantizar ciertas condiciones en materia de salud laboral, sin embargo, parece que a Palma Tica no le importa. Es vergonzosa la situación en que son obligados a trabajar”, explicó el secretario general de Fentragh*.
Finalmente, Hernández señaló graves anomalías en la fijación del salario por parte de la empresa. También en este caso, las autoridades laborales brillan por su ausencia.
“Ponen metas de producción y tarifas a como les da la gana. Los trabajadores llegan agotados al final del día. A veces, ni siquiera logran cumplir con la tarea encomendada.
Es una verdadera autoflagelación que deja al trabajador con su físico debilitado, para poder ganar un poco más y así sustentar sus necesidades básicas”.
Desenmascarar a los culpables
Ante esta situación, Fentragh y Rel UITA están planificando una serie de acciones para acompañar al Sitrapa en esta lucha por la defesa de la libertad sindical y los derechos de las y los trabajadores.
“Durante casi tres años hemos venido denunciando lo que estaba pasando y nadie nos hizo caso. Estamos dispuestos a negociar, pero también estamos listos para la lucha.
Vamos a exigir que las nuevas autoridades nacionales actúen. No vamos a permitir que la empresa y sus testaferros desarticulen un sindicato que tanto sacrificio, compromiso y entrega ha costado”, concluyó Hernández.
