Ir al contenido principal

Etiqueta: rendición de cuentas

Informe de transparencia de la gestión de proyectos de obra pública

Mejorar relación entre las capacidades internas, participación ciudadana y divulgación proactiva entre recomendaciones para mejorar transparencia

La iniciativa CoST Costa Rica publicó en mayo de 2025 la tercera edición del Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI). Esta herramienta permite evaluar la transparencia en la gestión de proyectos de obra pública en el país. Este estudio se centra en cuatro dimensiones clave: divulgación, participación, rendición de cuentas y capacidad institucional.

El estudio reciente seleccionó dos proyectos por cada institución evaluada. El primer caso corresponde al proyecto con el mayor presupuesto adjudicado durante el periodo 2021–2024, mientras que el segundo se selecciona de forma aleatoria. Esta metodología permitió cubrir tanto proyectos de alto impacto social y económico como aquellos que representan diferentes niveles de avance.

En total se evaluaron 30 entidades y 60 proyectos, la selección de los proyectos se basó en datos provenientes del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), asegurando una representación diversa en términos de presupuesto, sector (como salud, educación, transporte y ambiente) y tipo institucional.

Entre los resultados se encontró un avance considerable en la calificación nacional, para el presente año se alcanzó los 67 puntos, en comparación con 53 puntos en 2023 y 48 en 2021. Este progreso se atribuye a importantes mejoras en el marco normativo y en la disponibilidad de información pública acerca de los proyectos de infraestructura.

Dentro de los aspectos destacados, la dimensión del ambiente facilitador experimentó un notable salto de 30 a 70 puntos, impulsado por mejoras en la legislación costarricense, especialmente por medio de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública) y la Ley 10554 (Ley Marco de Acceso a la Información Pública).

La divulgación de información se posiciona como un punto fuerte, con Costa Rica obteniendo un puntaje de 88,6 en esta dimensión, lo que coloca al país en un liderazgo a nivel internacional. En contraste, los indicadores de capacidades internas y participación ciudadana mostraron avances limitados, con ciertos retrocesos en los procesos de institucionalización de prácticas de transparencia.

A pesar de dichos avances el informe advierte que, pese a los avances normativos, la transparencia aún no se ha consolidado como un objetivo institucional integral. Entre las recomendaciones se destaca la necesidad de fortalecer la relación entre las capacidades internas, la participación ciudadana y la divulgación proactiva, así como de mejorar las plataformas digitales para facilitar el acceso a la información. Asimismo, se sugiere la formalización de perfiles como el del informante ideal y el embajador ITI, además de impulsar planes de mejora institucional y capacitación continua.

El estudio no solo refuerza la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos, sino que también sienta las bases para una mayor participación ciudadana en la inversión pública. Los resultados del ITI se constituyen como una herramienta clave para identificar avances y áreas de oportunidad, contribuyendo así a la toma de decisiones más acertadas y a la reducción del riesgo de corrupción en la ejecución de proyectos de infraestructura.

En política prohibido olvidar

Uno de los peores errores que cometemos los ciudadanos y ciudadanas, es olvidar lo que los gobiernos hacen y dejan de hacer. No más entra un nuevo gobierno, enterramos en el olvido al que se va, con la esperanza de que el nuevo sea mejor.

Luego como si fueran páginas que se pueden pasar, el nuevo gobierno se saca de la manga un invento que no tiene mayor significado: “los primeros cien días”, que pasan y también se olvidan, después el medio periodo, igual, como páginas que se arrancan y se tiran. Utilizan la misma estrategia publicitaria de inventar fechas para que la gente se motive y viva con la sensación de que algo bueno va a llegar… pero nunca llega.

Si alguien se le ocurre recordar y reclamar algún asunto pasado, la misma gente lo descalifica y hasta lo ridiculiza por andar buscándole “pelos a la sopa”. Y así pasan los años, unos nacen, otros mueren y seguimos dejándole a las nuevas generaciones la nefasta herencia de olvidar, por lo cual se repiten los mismos errores: elegir a quienes le mienten al pueblo, elegir a quienes no le cumple las promesas y hasta elegir a los que saquearon los dineros del pueblo.

Si queremos un mejor país, debemos quitarnos esta nefasta costumbre de olvidar y adquirir el hábito de recordar.

Es importante diferenciar lo que es el perdón y lo que es el olvido en asuntos de la política. Una cosa es perdonar a un presidente que cometió un error y la otra muy distinta es olvidar lo que hizo y volver a darle el apoyo político como ha ocurrido en no pocos países latinoamericanos.

También es importante identificar muy bien al grupo que el presidente o el alcalde representa y a sus colaboradores porque suelen poner caras nuevas con el fin de que la gente crea que existe un cambio, cuando por detrás están los mismos, como dicen, manejando el poder detrás del trono.

En cualquier etapa de la administración pública, es posible hacer un balance de lo positivo y lo negativo de quienes gobiernan, de las promesas cumplidas e incumplidas, de los errores y aciertos. No es sano para una democracia inventar periodos y cerrar páginas.

El olvido en la política no se debe dar en ningún nivel, sea presidente, ministro, diputado, alcalde, regidor, concejal y aún en los comités comunales, porque todos y todas son representantes que tienen el deber de cumplir con lo que ofrecieron y rendir cuentas.

El recuerdo permanente de las decisiones y acciones tomadas en el pasado, pulen las decisiones que podemos tomar en el futuro.

Solicitan hacer pública la información recabada durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.

Le invitamos a leer el documento.

3 de febrero del 2025

Señores
Adrián Pacheco Umaña, Intendente
Mauricio Soto Rodríguez, Director de División
Superintendencia de Pensiones

Presente

Estimados señores:

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.

De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.

Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).

No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.

No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.

Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.

En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.

Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.

Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa

Marjorie Hernández D. Presidenta.

Gerardo Romero E. Vicepresidente.

Alexander Hernández L. Tesorero.

Anabelle Castillo L. Fiscal.

La red de cuido 2.0

Partido Vanguardia Popular – comunicado

El Partido Vanguardia Popular expresa su más enérgica condena ante las recientes acciones de corrupción que han salido a la luz durante los primeros días del presente año por parte del presidente Rodrigo Chaves y a su administración.

Entre los hechos que generan mayor indignación se encuentra el cuestionado nombramiento de la destituida expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, como ministra de Planificación, hecho que pone en evidencia prácticas de amiguismo y favoritismo incompatibles con los principios de una administración pública transparente.

Asimismo, preocupa profundamente la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves renuncie a su cargo para optar por una curul en la Asamblea Legislativa en el 2026, una maniobra que parece responder a intereses personales y políticos antes que al bienestar de la nación. Buscar la impunidad a toda costa compromete sobremanera la probidad del presidente. Este acto constituye una afrenta contra la voluntad del pueblo costarricense que, de manera voluntaria y soberana, depositó y otorgó, a través del voto, su voluntad política a manos del presidente. Compartimos con miles de ciudadanos y ciudadanas que estos procesos son el principio de La Red de cuido Chaves-Cisneros, la cual queda al descubierto y demuestra la falsedad de este gobierno.

Aquí queda demostrado que el rodriguismo es el continuismo del PLN, PUSC y PAC, o sea, más de lo mismo, solo que con otro actor.

La corrupción, en cualquiera de sus formas, es un atentado directo contra la justicia y la paz social. La opacidad, el clientelismo y el uso indebido de los recursos públicos no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia, menos aun cuando vienen de las máximas autoridades del Estado, mientras millones viven en la pobreza y pasan hambre.

La corrupción no debe estar necesariamente tipificada en las leyes, las cuales son hechas por los ricos y sus políticos para perpetuarse en el poder, sin embargo, acciones como las que recientemente ha realizado el gobierno, carecen de cualquier respeto a la moral del pueblo costarricense, así como a su voluntad.

Hacemos un llamado al pueblo costarricense a mantenerse vigilante y a demandar transparencia y rendición de cuentas de sus gobernantes. Es urgente organizarnos desde las raíces de nuestro pueblo para tomar el control político de Costa Rica. Nuestra patria merece un gobierno que actúe con rectitud y en beneficio de las grandes mayorías, no uno que caiga en los vicios que han debilitado nuestra paz y forma de vida a lo largo del tiempo.

El Partido Vanguardia Popular reafirma su compromiso con la construcción de un país justo, soberano, inclusivo, solidario y libre de corrupción.

En defensa de la democracia popular participativa y la transparencia,

Partido Vanguardia Popular San José, Costa Rica

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

Sala IV da plazo de 5 días a ministro de Seguridad para entregar información a Defensoría

Rendición de cuentas sobre Política Nacional de Seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030

La Sala Constitucional ordenó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, entregar, en un plazo de 5 días, a partir de la notificación de la sentencia, la información que requiere la Defensoría de los Habitantes como parte de una intervención de oficio que realiza respecto a la Política Nacional de Seguridad conocida como Costa Rica Segura Plus 2023-2030.

El recurso de amparo presentado por la Defensoría fue declarado parcialmente con lugar y obliga al ministro a rendir cuentas por escrito en los siguientes puntos:

  • Si se cuenta con una reglamentación que precise aspectos del funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano directivo de dicha Política, un flujograma de toma de decisiones, la periodicidad de las reuniones, metodología de trabajo, y el auxilio de un secretaría técnica, entre otros aspectos,
  • También debe entregar cuentas sobre las fechas en que se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional.
  • También ordenó la Sala Constitucional contestarle a la Defensoría porqué razón se prevé una disminución únicamente de 34 delitos por cada 100 mil habitantes al año 2030 e informar los motivos técnicos que justificaron una meta tan modesta.
  • Asimismo, deberá detallar la propuesta de sostenibilidad financiera y fuentes de financiamiento para ejecutar la Política Nacional de Seguridad y, por último,
  • Deberá informar de los plazos y a través de qué medios se realizarán las evaluaciones de la Política Nacional de Seguridad, los informes periódicos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, aspectos que se mencionan, pero no se detallan en el documento de la Política.

Toda esta información estuvo contemplada en un oficio que se le remitió al ministro de Seguridad el 03 de abril del año en curso y que no respondió, por lo que la Defensoría recurrió al Tribunal Constitucional en respeto al derecho de acceso a la información pública, indispensable para esta Defensoría en el avance de su labor de control.

La Sala Constitucional le indicó a su vez al ministro de Seguridad, que no es válida la argumentación presentada en el sentido de que es necesario completar el Plan de Acción para atender los requerimientos formulados por el órgano defensor en lo que respecta a la implementación de la Política Nacional de Seguridad conocida como Costa Rica Segura Plus 2023-2030.

Asimismo, se le recordó al Ministro Zamora, que la Defensoría de los Habitantes de la República goza de un acceso privilegiado a la información en el ejercicio de sus funciones en condición de sujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y que este órgano puede investigar de oficio o a petición de parte sobre presuntas irregularidades, de ahí que el legislador le dotó de competencias para poder acceder a la información pública, ya sea por parte de quien ejerza como jerarca de la institución o por sus delegados.

Cabe señalar que datos del OIJ, revelan que, al 28 de octubre de 2024, el país ha registrado 715 homicidios, cifra muy superior a la “meta” fijada en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente Administración, que cifró el dato en 533 homicidios para todo el año 2024.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

Posicionamiento de ACOJUPEMA sobre la participación ciudadana en el debate sobre los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.

Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.

Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.

Gerardo Romero,  vicepresidente de la asociación,  subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.

ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.

Se invita a a ver el vídeo completo sobre el posicionamiento de ACOJUPEMAhttps://vm.tiktok.com/ZMh1WQjyx/ .

Defensora: ministra de Educación incumplió deber de rendir cuentas

Fue citada legalmente para que ofreciera soluciones al desorden por atrasos en pago a educadores y personal del MEP.

Defensoría alista acciones ante violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Lunes 10 de junio 2024. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank afirmó esta tarde que la señora ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, declinó venir a dar explicaciones sobre las violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación, una hora antes del encuentro a la cual fue citada legalmente, a pesar de que el viernes anterior confirmó la asistencia en compañía de un equipo de funcionarios públicos.

Para la Defensoría esta decisión de no asistir a rendir cuentas sobre este grave problema que viven un grupo de personas trabajadoras del MEP demuestra que efectivamente hay un desorden en esta materia y que, no existen respuestas de la presente Administración para solucionarlo.

A la Defensoría de los Habitantes se han presentado una gran cantidad de denuncias en cuanto al atraso en el pago de distintos componentes salariales, lo cual agrava la situación de una educación efectiva y de calidad a la que tienen derechos las y los estudiantes.

La ley de la Defensoría faculta a solicitarle a las y los funcionarios públicos que acudan a la institución a rendir cuentas sobre el trabajo que hacen y, desde la creación de esta institución, han venido a dar cuentas ministros, ministras, presidentes/as ejecutivos/as, alcaldes, alcaldesas, gerentes de bancos, entre otros funcionarios públicos.

“La rendición de cuentas es un deber que incluso responde a un mandato superior establecido en la propia Constitución Pública, mandato del que no se exceptúa ningún funcionario ni funcionaria pública, como depositarios que son de la autoridad”, afirmó la Defensora.

La citación a la señora ministra y la directora del Departamento de Talento Humano fue realizada desde el 28 de mayo anterior, por lo que la Defensoría de los Habitantes analiza distintas acciones para lograr revertir las violaciones a los derechos laborales del personal del MEP.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Rendición de Cuentas del Programa de Regionalización 2023 de la UNED

El Programa de Regionalización de la UNED le invita a su rendición de cuentas de los proyectos realizados a cabo en el 2023.

Esta se llevará a cabo el 26 de abril del presente año a las 9 a.m.

Para seguir el evento lo podrá realizar desde la sala virtual de ZOOM en el enlace:  https://uned-ac-cr.zoom.us/j/88599231856

O bien en la transmisión en vivo en Facebook en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/UNED.CR 

También se está haciendo la rendición de cuentas a nivel regional en las siguientes fechas, las cuales podrá seguir en los siguientes enlaces:

Actividad

Fecha

Redes Sociales

Rendición de cuentas Chorotega

Viernes 12 de abril, 2024 de 10:00 a 12:00 m.d.

https://www.facebook.com/uned.liberia.oficial

Rendición de cuentas Brunca

Miércoles 17 de abril, 2024, de 02:00 p.m.

https://facebook.com/UnedSedeOsa

Rendición de cuentas Huetar Caribe

Viernes 19 de abril, 2024 de 10:00 a 12:00 m.d.

https://www.youtube.com/@UNEDGuapiles16

Rendición de cuentas Huetar Norte

Viernes 19 de abril del 2024, de 2:00 p.m. a 04:00 p.m.

https://www.facebook.com/uned.sancarlos

Rendición de cuentas Nacional

Viernes 26 de abril, 2023 de 09:00 a 12:00 m.d.

https://uned-ac-cr.zoom.us/j/88599231856