La Comisión de Transparencia de Hacienda Digital para la Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados, invita al Facebook Live “Avances de Hacienda Digital: Construyendo la rendición de cuentas”, el día viernes 17 de diciembre del 2021, a las 8:30 a.m. Se contará con la participación de:
La transmisión será por el Facebook de SURCOS y del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Luis Fernando Astorga Gatjens
En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.
Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.
Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.
Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.
El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.
La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.
Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.
La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.
En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes.
Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.
La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense.
En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.
Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.
La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.
Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.
Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.
Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».
(18 de noviembre, 2021)
SIPROCIMECA y el Grupo Transparencia Nacional, invitan al Foro Virtual Internacional, Auditoría Ciudadana Integral de la Deuda Pública: “Profundizando la democracia participativa y la rendición de cuentas, frente al sistema de la deuda”.
Las organizaciones invitan a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y en general a todas las y los costarricenses y foráneos interesados, a inscribirse de manera gratuita.
Los organizadores consideran que la auditoría Ciudadana de la Deuda con participación popular debe convertirse en un instrumento viviente de lucha contra la corrupción en todos los países del mundo; y como garantía de cumplimiento de los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para combatir las desigualdades y garantizar una vida digna para todos los seres humanos.
En el caso de Costa Rica, toma relevancia de cara a los comicios presidenciales del primer domingo de febrero del 2022.
El evento tendrá la participación de expositores de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Horario: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Modalidad: 100% virtual.
Inscríbase en el siguiente enlace: https://www.siprocimeca.com/matricula/
TS C 043 21
San José, 23 de octubre de 2021
Señor Lic. Fernando Cruz Castro
Magistrado
Corte Suprema de Justicia
Poder Judicial
Estimado señor:
Nuestro Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros como usted sabe, ha venido desarrollando desde febrero de 2010, un proceso sostenido para establecer la cultura de rendición de cuentas y evaluación de resultados, tal cual lo establece el Art. 11 de la Constitución Política, lo que se transforma en un mandato incuestionable para una ciudadanía responsable que como El Soberano debe asegurar el ejercicio de un gobierno responsable, tal cual lo establece el Art. 9 Constitucional. En este proceso hemos reconocido siempre como el Poder Judicial desde el primer día se comprometió en este proceso, siendo un ejemplo no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, de hecho, este esfuerzo se tradujo en abrir el espacio para la construcción conjunta de la política de transparencia de la justicia. Como ciudadanía responsable nos hemos comprometido en rescatar la credibilidad institucional, especialmente la del Poder Judicial, la que día a día queda más en entredicho, pues se le suma el actuar del Ministerio Público, como nos lo hizo ver recientemente Don Warner Molina, cuando le señalamos el incumplimiento de la rendición de cuentas institucional, pactada para el mes de setiembre.
Ahora surge en el seno de la Corte Suprema un proceso de escogencia de Magistrados Suplentes, que deteriora aún más la imagen del instituto de la justicia y el sufragio, pilares de la estabilidad política, social y de la paz de nuestra República, pues sabemos que estos junto a otros, constituyen el pacto social que nos debe regir. Lo lamentable es que la escogencia de los magistrados ya empaña desde la Asamblea Legislativa, la gestión que la ciudadanía ha depositado en ustedes, aunque se pretenda justificar mediante una legalidad que día a día se percibe menos moral o que se valida al grito de “Fuenteovejuna fue”. Es por esto y en aras de la transparencia y la rendición de cuentas que iniciamos conjuntamente, que requerimos nos haga llegar su respuesta sobre los siguientes aspectos:
Desde luego, como ha sido nuestro esfuerzo conjunto, esto se integrará en el proceso de rendición de cuentas y evaluación de resultados, que arrancamos en el 2010, para demostrar que en este país, las personas decentes de la función pública, junto al empresariado responsable y la ciudadanía consciente de su deber constitucional, haremos que la corrupción y la impunidad, así como el autoritarismo que buscan tomar el control del país, no tendrán espacio, cuando desde El Soberano se hace valer la Carta Magna construyendo la República Participativa, ahí establecida.
Quedamos a la orden y en espera de resolver esto prontamente y a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com
Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.
CTRN propone medidas para lograr transparencia en la gestión pública
SURCOS comparte la siguiente información:
En el video que se publicó en el canal del Periodico SURCOS, Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, expone que el problema del déficit fiscal en nuestro país obedece a actos de corrupción más la elusión, evasión y fraude fiscal.
Esto pasa frente a nuestros ojos y estos grupos de poder económico y político siguen financiando las campañas electorales de los partidos políticos tradicionales con el fin de mantener su estructura de corrupción en el gobierno siguiente. Lo peor de esto es que se culpa al empleado público del déficit.
En el video se hace una reflexión sobre los servicios públicos y plantea la situación que estarían viviendo los costarricenses si la Caja Costarricense de Seguro Social no operara. En relación con esto se propone la siguiente campaña: “No más corrupción en nuestro país: somos más los buenos”, para exigir a los poderes de la república transparencia, participación ciudadana, mejor administración pública, instrumentos de rendición de cuenta efectivos, impulsar un proyecto de ley para elegir de manera directa a los diputados y los puestos municipales.
Adjuntamos el video oficial:
El pasado jueves 08 de julio, representantes de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y del Movimiento Nacional Territorios Seguros, envían una carta al presidente Carlos Alvarado Quesada y a Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea, en la cual hacen un llamado a tomar acciones para frenar la corrupción, además resaltan el papel que debe tener la ciudadanía; En este documento realizan una serie de exigencias a los/as mandatarios y piden lo siguiente:
*Se adjunta documento completo de la carta enviada
COMUNICADO DE PRENSA; 8 de junio, 2021
Debe priorizarse el derecho a la salud y la vida; y realizarse una investigación hasta las últimas consecuencias.
El Gobierno de la República, a raíz de la pandemia, declaró estado de emergencia nacional, desde el 16 de marzo del 2020. Esta declaratoria implicó para la CCSS refinanciar el Fondo de Contingencias y destinar un presupuesto de 125.000 millones, para la construcción de infraestructura. remodelaciones, adquisición de equipos de protección personal, equipo médico, insumos y otros.
Un Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República. de carácter especial, DFOE-BIS-IF-0003-2021, de 31 de mayo 2021, acerca de las contrataciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el escenario de la emergencia sanitaria del COVID-19, desnudó las graves omisiones y evidencia las serias anomalías de control interno en las compras realizadas a través del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, en el 2020.
«En el estudio del órgano contralor se advierten deficiencias en las compras realizadas, amparadas a procedimientos de excepción, cual más de todas graves, como incumplimiento de los requisitos iniciales en las contrataciones, omisiones en las especificaciones técnicas del objeto contractual y los criterios de evaluación de las ofertas, entre otros desaciertos, que comprometieron los recursos institucionales», detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.
Si bien una emergencia permite realizar compras por excepción, como mecanismo para agilizar la adquisición de bienes y servicios, éstas no se pueden realizar a la libre, porque existe una serie de principios que no se pueden obviar, como el de publicidad, control, transparencia y rendición de cuentas, que desafortunadamente fueron incumplidos en estas compras.
No estamos hablando de compras de un termómetro, de una camilla: son miles de productos que se adquirieron y que representan miles de millones de colones.
Además, el informe advierte serias omisiones en la publicidad de las compras, que debilitan el control ciudadano y opacan la democracia.
La CCSS debe implementar estrictos mecanismos de control, que garanticen y demuestren que las compras se realicen con mayor objetividad, donde prevalezca la sana administración y el interés público.
UNDECA exige que la Auditoria Interna, con base en el Informe de la Contraloría, profundice la investigación, con la finalidad de contribuir a mejorar los procedimientos administrativos de compras de emergencia y valore la eventual responsabilidad administrativa y hasta patrimonial, si fuera del caso, de aquellas instancias superiores de la institución que puedan resultar responsables, porque se trata de recursos de los trabajadores y el pueblo, que deben destinarse a resguardar el derecho a la salud y la vida de todo el pueblo costarricense.
Información con Martha Rodríguez 8398-3527
Un total de 410400 horas de trabajo comunal, 5880 certificados de educación continua y permanente otorgados, 157 entornos virtuales de aprendizaje y 724 proyectos de Acción Social en ejecución son parte de los logros de la Vicerrectoría de Acción Social para el primer cuatrimestre del año 2021.
Los datos son parte del informe presentado por la Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social (VAS), durante su presentación el pasado miércoles 12 de mayo en el marco de la semana de la Rendición de Cuentas de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR),
“Este es un momento para abrir una ventana para dialogar y construir en conjunto. Esta es una de las tareas que la universidad propicia, y nos tenemos que sentir honrados de ser parte de esta institución, y parte de este nuevo formato virtual”, manifestó Gutiérrez.
Durante la presentación por el canal oficial de la UCR, en la plataforma Youtube, la vicerrectora hizo un resumen de los retos que representaron para la VAS la migración de los proyectos inscritos a la modalidad virtual, dadas las restricciones impuestas por las autoridades de salud para actividades presenciales.
No obstante, y pese a que la pandemia tomó por sorpresa a toda la ciudadanía, la vicerrectora destacó que a su llegada a la VAS en enero pasado se encontró con un personal altamente comprometido, empático y capacitado con altos grados académicos para enfrentar esta nueva realidad.
MULTIPLICIDAD DE ESFUERZOS
Actualmente, los 724 proyectos de Acción Social continúan en vigencia, adaptados a la realidad que impone la pandemia sanitaria.
“La plataforma tecnológica ha sido central en estos primeros meses de nuestro quehacer, sabemos que tenemos que maximizar esfuerzos y aquí lo tenemos claro. En este caso, el personal que trabaja con la plataforma virtual UCR Global ha permitido que el tránsito a la virtualidad sea provechoso y útil, que nos acerque a las personas, que se derriben las fronteras y las limitaciones que haya por espacio o tiempo”, explicó Gutiérrez.
Pese a las restricciones económicas impuestas a las universidades todas las tareas se han cumplido con el compromiso del personal. En total se han habilitado 157 entornos virtuales, de los cuales 31 están en proceso.
En este sentido, Gutiérrez destacó con satisfacción que el proyecto “Costa Rica Aprende con la U Pública”, iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (Conare), demandó el diseño de una plataforma virtual para 64 cursos cursos en línea, que involucran el esfuerzo de 57 unidades académicas, centros e institutos de investigación para 1600 cupos. Esto es parte de las actividades enmarcadas en la declaratoria del Conare del 2021 como el “Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”.
De los 724 proyectos de Acción Social en vigencia, 375 corresponden a la modalidad de Educación Continua, Permanente y Servicios; 170 al Trabajo Comunal Universitario (TC), 158 de Cultura y Patrimonio y 21 a Iniciativas Estudiantiles.
De los 5880 certificados de la primera modalidad, se entregaron 1938 de aprovechamiento, 2669 de participación y 1012 de asistencia.
Los proyectos de Cultura y Patrimonio se articulan con un enfoque de derechos culturales y a la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, entre los que destacan la Red Institucional para Pueblos y Territorios Indígenas, Danza Universitaria y el Cine U, que ha presentado mediante plataformas virtuales cuatro ciclos temáticos y cine foros.
En el TC se ha logrado que concluyan el proceso 1385 estudiantes con el apoyo de 182 docentes. Esta es “una actividad medular que caracteriza a la UCR ya que la Acción Social le impregna ese sentido de solidaridad, de la construcción de saberes, del reconocimiento de otros distintos, donde nuestros saberes se ponen con relación a otros y permite que de forma conjunta podamos transformar esta sociedad en una cada día más inequitativa”, acotó la jerarca universitaria.
Para Daniela Carrillo Valverde, estudiante de Psicología, compartió durante la presentación del informe que “formó parte de la generación que tuvo que adaptarse al Trabajo Comunal de manera virtual. Esto generó en mí una marca en torno a la forma de pensar la Acción Social y la necesidad de ver el recurso tecnología como una herramienta más que nos permita pensar cómo generar lazo social”.
En lo referente a las Iniciativas Estudiantiles (IE), con 21 proyectos vigentes y que son propuestos y ejecutados por estudiantes con inquietudes sociales, se articulará un convenio marco entre la UCR y el Consejo de la Persona Joven, así como el Consejo Nacional de Capacitación Municipal, en el que la UCR tiene una representación. El objetivo es potenciar a las IE y otras vinculadas con la juventud universitaria.
A criterio de la vicerrectora Gutiérrez, “a lo mejor cuando nos volvamos a encontrar en las aulas o en los pasillos, vuelvan a surgir las preguntas qué es la Acción Social, porqué la hacemos en esta universidad. Podría pensarse que es algo inútil que demanda mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pero eso es propio de gente que piensa que es inútil el conocimiento, que no lo valora. ¿Qué significa lo útil o inútil? ¿Qué significaría que desapareciera la Acción Social para esta universidad?”, cuestionó.
DESAFÍOS UNIVERSITARIOS
La vicerrectora comentó que al asumir el cargo se encontró con una importante reducción presupuestaria, y dada la crisis económica nacional se tomaron medidas para asumirlas con responsabilidad.
“Hemos empezado a tomar decisiones para redistribuir el presupuesto ordinario y obtener fondos de fuentes adicionales como el de Desarrollo institucional y Regionalización de Conare. Además, hemos hecho una reserva para el regreso a la presencialidad, que esperamos sea más pronto que tarde”.
Gutiérrez enfatizó que los desafíos no solo son financieros o tecnológicos. A su criterio hay que continuar trabajando en el trabajo coordinado entre las vicerrectorías, con Docencia para asignar cargas docentes para Acción Social. “Esto es prioritario, ya que nos singulariza, nos da ese espacio para construirnos y reconstruirnos como universidad pública, y que se abre a la diversidad de voces”.
Con Vida Estudiantil se están explorando mecanismos para exonerar a jóvenes de pueblos y territorios indígenas para la exoneración del canon establecido para la prueba de aptitud académica. Y esperamos hacer esfuerzos para emprender proyectos conjuntos entre Investigación y Acción Social, ya que ambas son parte de la triada que sustenta el quehacer institucional, explicó.
Al concluir su exposición, la vicerrectora hizo una exhortación a la comunidad universitaria: “Les invito a que trabajemos en conjunto porque la Acción Social no tiene sentido en la singularidad, sino que su definición está casualmente en la articulación vigorosa, robusta, equitativa de todas las voces, de todos los saberes, de todas las personas”.
Para escuchar el informe completo puede seguir este enlace.
Autoría:
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
Fuente: https://accionsocial.ucr.ac.cr/noticias/la-pandemia-sigue-transformando-la-accion-social
Rodrigo Arias López, Licenciado en Matemática y Máster en Matemática Actuarial
A nadie le pueden negar el acceso a información de interés público, es un derecho Constitucional. Para acceder a esa información no le pueden cobrar costos arbitrarios, solamente los de copias y timbres
A pesar de que el artículo 30 de nuestra Constitución Política “garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”, con la única excepción de los secretos de Estado, algunas jefaturas de varias instituciones públicas hacen el máximo esfuerzo para negarnos ese derecho. Se les olvida que son “simples depositarios de la autoridad” y que “están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella” como ordena el numeral 11 de la constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley General de la Administración Pública.
Comparto con los lectores algunas artimañas que parecen ilógicas o absurdas; pero que tienen mucho sentido en las mentes de quienes desean regresarnos a la época del oscurantismo.
Ahora bien, se les olvida a algunos funcionarios públicos el principio constitucional de Transparencia que deben respetar todos los servidores públicos, en ese sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano del 26 de agosto del año 1789 puso de manifiesto la relación inmanente entre control y transparencia al señalar en su artículo 15 que “la sociedad tiene el derecho de pedir a todo agente público cuentas de su administración.”
Los señores Juan V. Lozano y Merino Dinari Veleria en su obra la Hora de La Transparencia en América Latica, Manual de anticorrupción en la función pública Ediciones Granica /CIEDLA 1988 página 11 en cuanto a la transparencia señalaron: “La corrupción administrativa constituye un cáncer que carcome paulatinamente los sistemas democráticos y América Latina, puesto que, afecta su credibilidad y legitimidad y, de otro parte, empobrece a los pueblos, ya que, por su medio se roban, malversan y utilizan de forma clientelistas los fondos públicos.”
En la mente del Sr. Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la ocurrencia más lógica para negarme información pública fue la siguiente (oficio DE-0777-12-2020 del 23/12/2020):
“En atención al requerimiento efectuado en su oficio del pasado del 10 de diciembre según el cual pide los salarios cotizados de todos los trabajadores del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), se da respuesta puntual en el sentido que el dato requerido de toda la membresía del Magisterio que cotiza para ese régimen, no es información pública a la cual se puede acceder de manera irrestricta por tratarse de información sensible, privada y confidencial cuyo acceso es limitado, debido a que es información relevante que podría afectar los intereses de los servidores activos del Magisterio Nacional; máxime que en este caso que no existe ninguna vinculación profesional con su persona, así como tampoco justificación razonable para la entrega de la información solicitada, razón por la cual y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968, se niega la solicitud efectuada. Por último, y no menos importante está el hecho que recabar la información solicitada requiere de una dedicación para recolección de los datos, razón por la cual en el evento de tener que reunirla se tardaría aproximadamente unas 40 horas laborales, es decir unos 5 días laborales y que al ser un requerimiento no habitual llevaría a la institución a disponer de recursos extra, la depuración y supervisión de las labores, por lo que se estima que esta información tiene un valor de trescientos mil colones.” (Suplo el destacado).
Para los burócratas de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial lo más razonable para negarme el acceso a datos públicos, fue contestarme con las siguientes leguleyadas:
“Se acordó: 1) Tener por recibida la gestión del señor Rodrigo Arias López, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, mediante la que solicita información relacionada con las jubilaciones y pensiones de la planilla más reciente. 2) Rechazar la solicitud presentada por el señor Arias López, con fundamento a que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, no obstante, se le indica que la información que se puede otorgar es el monto bruto y deducciones de ley que se aplican a los beneficios de jubilación y/o pensión, pero sin identificar a que persona corresponde, por cuanto para obtener los datos solicitados deberá el gestionante contar con la autorización expresa de las personas interesadas.” (Oficio N° 910-2020 del 18/11/2020) (Los destacados son míos).
“Se acordó: 1) Tener por conocida la nota presentada por el señor Rodrigo Arias López, en escrito presentado en la Secretaría General de la Corte, en fecha 5 de enero de 2021. 2) Comunicar al señor Arias López que no es posible acceder a los solicitado ya que para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial brindar la información que solicita con ese nivel de detalle es materialmente imposible por no contar con la estructura administrativa necesaria. 3.) Indicar a señor Rodrigo Arias López, que en cuanto a la planilla de trabajadores cotizantes deberá solicitarla a la Dirección de Gestión Humana por no ser potestad de esta Junta.” (Oficio N° 89-2021 del 29/01/2021) (Destacado no es del original).
Para los señores Luis Rivera Cordero y Luis Diego Calderón Villalobos, Director del SICERE y Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), respectivamente, posteriormente apadrinados por el Gerente General Sr. Roberto Manuel Cervantes Barrantes, actuando en sustitución del señor Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la CCSS, lo propio fue otra leguleyada no menos torpe que las usadas por los otros burócratas, con el fin perverso de entorpecer el suministro de la planilla de asegurados del seguro de salud. En este caso me dieron la siguiente respuesta que a primera vista luce muy profesional y convincente; pero que realmente apesta (Oficio GF-0888-2021 del 8/3/2021):
““con fundamento en lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, que indica, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. (…)”. (Se agregó el subrayado y el resaltado).
Adicionalmente se tiene que los costos administrativos asociados a este tipo de procesos deben ser asumidos por el solicitante, de conformidad con la doctrina que informa el canon 272, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°. 6227 del 2 de mayo de 1978.
(…)
En virtud de lo anterior, informamos que los costos asociados a la generación de la información solicitada ascienden a ₡ 96,662.51 (noventa y seis mil seiscientos sesenta y dos colones con 51/100) monto que se deberá depositar en la cuenta (…)
Por lo anterior, esta Gerencia queda a la espera de la remisión del comprobante de depósito correspondiente, a fin de generar y remitir la información requerida, en el ámbito de competencia de este Despacho.” (Destacados no son del original).
Todas esas respuestas colisionan con lo que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública como es el deber de probidad, donde en lo que interesa dice: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público…”
Convencido de que los argumentos inventados por estos señores no contenían sustento en nuestro ordenamiento jurídico, procedí en cada uno de los tres casos anteriores a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, solicitando que les ordenaran entregarme la información de interés público requerida, lo cual fue declarado con lugar en los tres casos, con la advertencia de no cobrar sumas arbitrarias no autorizadas por ley (Res. Nº 2021006286 del Exp: 21-004004-0007-CO; Res. Nº 2021009124 del Exp: 21-004135-0007-CO y Res. Nº 2021009660 del Exp: 21-007191-0007-CO).
Resulta importante mencionar que, sobre el arbitrario pretexto de cobrar los costos de administración como condición para entregar información de interés público, la Sala Constitucional es reiterativa señalando lo siguiente en diversas sentencias:
“(…) Por otra parte, condicionar la entrega de la misma al pago de una suma de tres millones y medio de colones, monto que los recurridos es el que corresponde al tiempo invertido por el funcionario o funcionarios encargados de recopilar la información, supone una restricción ilegítima al ejercicio del derecho de acceso a la información administrativa. Según la jurisprudencia de este Tribunal, según lo indicado en la Ley General de la Administración Pública el ciudadano tiene acceso al expediente administrativo y, en caso de requerir copias del mismo debe asumir el costo correspondiente a las copias del mismo, u otros rubros como los timbres tratándose de certificaciones. Sin embargo, condicionar el acceso a la información al pago de una suma, por demás, fuera del alcance del ciudadano promedio, no es más que una denegación arbitraria y contraria al Derecho de la Constitución. (…)” (Ver Res. Nº 2021009124; destacados son míos)
En cuanto a la excusa relacionada con la protección de Datos Personales, Ley Nº 8968, para negar el suministro de información, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente (ver la misma fuente):
“(…) En adición a lo expuesto, se descarta que la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley Nº 8968) o el derecho de autodeterminación informativa constituya un óbice para que se suministre a los administrados información de interés público, como lo es la relacionada con pensiones del Magisterio Nacional. Nótese que dicha ley debe leerse de manera armoniosa con el resto del ordenamiento jurídico, donde destaca el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual garantiza el acceso a la información relacionada con el gasto de fondos públicos.
(…)
Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué persona en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierta pensión. En esta materia debe regir la máxima de que el ciudadano tiene derecho no solo a conocer en qué se invierten los fondos públicos, sino también en quién se hace (ver sentencia en sentido similar 2015-019467 de las 16:33 horas del 10 de diciembre de 2015).
Por otro lado, la Sala descarta que la solicitud planteada por la amparada sea ambigua o amplia, de manera que pueda abarcar información sensible. Todo lo contrario, ella puntualiza su objeto en el detalle del nombre de la persona, número de cédula, origen de la pensión (servicio o herencia), monto percibido y periodo de beneficio; estos elementos permiten, a todas luces, la adecuada fiscalización del destino de fondos públicos.” (Suplo el destacado).
Sobre la excusa de decir “a nosotros no nos compete, pídalo a otro departamento” debemos recordarles el inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 9097 que dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta”. (Destacados son míos).
Moraleja: No se deje amedrentar ni engañar, no todo lo que brilla es oro.
El Programa de Regionalización de la Universidad Estatal a Distancia realizó la rendición de cuentas del programa el pasado viernes 07 de mayo 2021.
El objetivo de la actividad fue presentar a la comunidad universitaria y la sociedad costarricense los resultados generados desde los proyectos de Regionalización, ejecutados durante el 2020 y los cuales representan un esfuerzo de personas funcionarias de sedes, facilitadores y actores del programa, así como las unidades académicas; que articulan esfuerzos institucionales en cada una de las regiones del país, para realizar proyectos de desarrollo local con las comunidades.
Algunos de los temas abordados fueron objetivos de proyectos, resultados de los mismos, lecciones aprendidas, entre otras. Para acceder a los temas de la actividad haciendo click aquí