Condenamos y denunciamos la criminalización de la protesta social por parte del régimen Ortega/Murillo así como la violencia y represión que ejercen
Exigimos respeto a la integridad física e identidad de género de Victoria y demandamos su inmediata liberación
Nos solidarizamos con el movimiento LGBTIQ de Nicaragua y con todos y todas quienes luchan por la democracia y los derechos humanos en el hermano país
Victoria Obando, conocida popularmente como Pibecito Blue es originaria de Bluefield, Región Autónoma del Caribe Sur, mujer transgénero, gastrónoma, estudiante de Comunicación de la UNAN Managua, activista de los derechos de las mujeres trans y de la Comunidad LGBTI.
Desde muy Joven ha luchado por los derechos de las mujeres transgénero, siendo su principal bandera de lucha el reconocimiento social y legal de la población trans, por medio de una Ley de Identidad de Género. Con ese fin funda DEIGEORSEX, Asociación por los Derechos a la Identidad de Género y Orientación Sexual y es parte del Comité de Trabajo de la Ley de Identidad de Género de la Mesa Nacional LGBTI de la cual su organización es participante activa.
Desde inicio de la jornada de protesta contra el régimen Ortega/Murillo, ella ha sido parte del movimiento autoconvocado, apoyando desde su condición de joven universitaria. Ha sido parte de la Coalición Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUDJ, como tal participó en el CRES 2018, y fue la voz de los y las estudiantes que estaban siendo asesinados y reprimidos por la policía y los paramilitares del régimen Ortega/Murillo.
El pasado 25 de Agosto junto a otros jóvenes de la CUDJ, fue detenida ilegalmente en la ciudad de León, violentando sus derechos humanos. Demandamos respeto a su integridad física y que se respete su identidad de género. Exigimos su libertad inmediata.
Exigimos la libertad inmediata de Victoria
Luis Paulino Vargas Solís, Presidente Movimiento Diversidad
Información enviada a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Este 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) (véase sitio oficial) dio a conocer su informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua, la cual se originó a partir de protestas callejeras el 18 de abril del 2018. Como Estado parte al Pacto de San José de 1969, Nicaragua debe cumplir con algunas obligaciones en materia de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza por parte de sus fuerzas para contener manifestaciones callejeras.
Es precisamente el uso desproporcional de la fuerza por parte de las autoridades contra manifestantes y estudiantes el que explica la gran cantidad de personas fallecidas (212) y heridas (más de mil) desde hace dos meses en Nicaragua, provocando diversas reacciones por parte de la comunidad internacional. Este 22 de junio, los integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinaron la situación en Nicaragua y respaldaron el contenido del informe, pese al «rechazo integral» del informe, externado por el delegado de Nicaragua, aduciendo el sesgo con el que fue elaborado (véase declaraciones disponibles en este enlace de YouTube).
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno» (La Prensa Gráfica).
El texto del informe (que consta de 91 páginas en total) está también disponible en este otro enlace, por si el acceso al enlace oficial no logra la descarga completa del documento.
Hace exactamente un mes, el pasado 22de mayo, la misma CIDH había publicado un informe preliminar después de una visita in situ a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de reproducir (véase nota nuestra al respecto). Las quince recomendaciones hechas en este informe preliminar siguen sin ser acatadas por las autoridades de Nicaragua, por lo que fueron nuevamente reproducidas en la parte final del informe presentado este 21 de junio por la CIDH (véase punto 285 de la página 88).
El pasado 5 de junio, fue en el marco de la Asamblea General de OEA que se adoptó una resolución (véase texto reproducido en esta nota nuestra).
En las conclusiones y recomendaciones del informe presentado este 21 de junio, se lee que:
278. La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua, ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país.
279. La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión.
280. De igual forma, la CIDH reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables.» (p. 87)
Con relación al hostigamiento que sufren líderes sociales y defensores de los derechos humanos, se lee (punto 264 en página 82) que:
«264. La CIDH advierte el constante uso de las redes sociales y otros medios de información con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el inicio de las protestas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos han sufrido diversos señalamientos por parte de autoridades estatales y actores no estatales en los que se les hostiga, descalifica y estigmatiza, tanto por denunciar las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal a las protestas, como por presuntamente alentar a la participación de la población en las manifestaciones. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado rechazó la existencia cualquier política de persecución a las personas defensoras de derechos humanos».
Se recomienda la lectura completa del informe, así como la parte de conclusiones y de recomendaciones finales (pp. 87-91) de manera a poder apreciar mejor la labor de fiscalización ejercida por un órgano de derechos humanos como la CIDH y la urgente necesidad de acompañar a las autoridades de Nicaragua y a las organizaciones de la sociedad civil en la efectiva implementación de sus recomendaciones incluidas en la parte final de dicho informe.
En Nicaragua, como en muchas otras partes del mundo, la violencia sólo puede generar mayor violencia y conflictividad: una crisis política debe resolverse sin enlutar cada día a más familias cuyos miembros son ultimados a tiros por fuerzas de seguridad (o fuerzas paramilitares que actúan en la mayor impunidad con la complicidad del Estado).
Este sábado 23 de junio, un niño de 14 meses fue abatido de un tiro en la cabeza (véase nota de prensa), sumándose a once menores de edad fallecidos en Nicaragua en los últimos dos meses en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional acordó rechazar los actos de violencia contra los derechos humanos y el quebrantamiento de la autonomía universitaria en Nicaragua, e hizo un llamado al diálogo entre la ciudadanía y el gobierno de esa nación hermana, a condición de que cese toda acción de represión.
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA.
CONSIDERANDO QUE:
El preámbulo del Estatuto Orgánico cita:
“La Universidad Nacional es una institución de educación superior pública con plena autonomía garantizada constitucionalmente. Tiene como misión histórica crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propician la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana”.
Con sus logros y avances en el conocimiento, la Universidad Nacional aporta al bienestar integral de la sociedad. Fomenta así mejores condiciones de soberanía, democracia y solidaridad, en estrecho apego a lo más adelantado en los derechos humanos, la fraternidad y el bien común […]”.
La celebración del centenario de la Reforma de Córdoba, ratifica la autonomía universitaria como eje principal para concebir la universidad latinoamericana en plena independencia, libertad y responsabilidad del aparato estatal; así como el papel activo del estudiantado para la construcción de una mejor universidad y sociedad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe n.°113/18, del 21 de mayo de 2018, sobre la situación que se vive en la hermana República de Nicaragua, señala, entre otros aspectos, el descontento popular iniciado por las autoritarias posiciones del Gobierno, aunado al incendio en la reserva natural de Indio-Maíz y la publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, acerca de la reforma de seguridad social que incrementó los aportes de los trabajadores y la detracción del 5% a las personas pensionadas; estos hechos dieron lugar a una serie de manifestaciones, las cuales iniciaron a partir del 18 de abril y se han convertido en actos extremadamente violentos, con una sentida represión gubernamental en las ciudades de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otras. (OEA. (2018). Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua. (Documento disponible en https://goo.gl/UEDGsz).
Según la información suministrada por la CIDH se han registrado al menos 76 personas muertas, 868 heridas, en su gran mayoría en el contexto de las protestas, y 438 detenidas, entre ellas estudiantes, población civil, personas que defienden los derechos humanos y periodistas.
El pronunciamiento del Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Nacional (Caeuna), del 19 de abril de 2018; apoyado por el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna). (Caeuna (2018). ¡Alto a la brutal represión en Nicaragua! Documento disponible en https://goo.gl/cN4kVo).
La “Vigilia por la paz en Nicaragua” organizada por las asociaciones estudiantiles y los órganos de la Feuna, el 23 de abril de 2018, en diversos campus de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Los pronunciamientos comunicados por el Consejo Académico de la Universidad Nacional (Consaca), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales costarricenses.
POR TANTO, SE ACUERDA:
RECHAZAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS: RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA, DETENCIONES ARBITRARIAS, AGRESIONES Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS; COMO CONSECUENCIA DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA APLICADA POR LA POLICÍA NACIONAL EN OPOSICIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA, PARTICULARMENTE, DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS MANIFESTACIONES Y LAS MARCHAS CONVOCADAS DE MANERA PACÍFICA.
MANIFESTAR LA PREOCUPACIÓN POR EL QUEBRANTAMIENTO Y EL IRRESPETO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATALES NICARAGÜENSES, Y LA VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE NICARAGUA.
LLAMAR AL DIÁLOGO ABIERTO, TRANSPARENTE Y FRANCO ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO; PERO ANTES CESAR TODA ACCIÓN DE REPRESIÓN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS INTERNOS, CON EL PROPÓSITO DE REINSTALAR EL DIÁLOGO Y LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN EN RESPETO AL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA SOBERANÍA NACIONAL.
RESPALDAR EL TRABAJO PROPOSITIVO Y OPORTUNO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU INFORME N.° 113/18, PUES DENOTAN LA CONVICCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LLAMAR AL PUEBLO COSTARRICENSE A REAFIRMAR VÍNCULOS ESTRECHOS, HISTÓRICOS, CULTURALES Y ECONÓMICOS QUE UNEN A NUESTROS PAÍSES; EN ESTE PARTICULAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Y SUS FAMILIAS.
COMUNICAR ESTE PRONUNCIAMIENTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES, EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LAS FEDERACIONES ESTUDIANTILES Y LAS COMUNIDADES
UNIVERSITARIA Y NACIONAL.
ACUERDO FIRME. (UNA-SCU-ACUE-1072-2018).
Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, representante estudiantil ante el Consejo Universitario al 8758-7762 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen tomada de la nota Surcos titulada: CONARE condena actos de opresion e irrespeto a los derechos humanos en contra de estudiantes universitarios en Nicaragua.
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA AMÉRICA, A LOS DE NICARAGUA Y DE NUESTRO PAÍS
A todos los hombres y mujeres decentes
Desde la academia universitaria, una Universidad Humanista y Necesaria como es la UNA, jamás puede ser indiferente frente a las aflicciones a que están siendo sometidas las mujeres y los hombres vulnerabilizados de la tierra.
Hoy, conflictos internos en la hermana República de Nicaragua, han costado ya vidas de personas, jóvenes, estudiantes universitarios que enarbolan banderas de respeto, justicia, paz social y equidad.
La voz de la juventud estudiantil, su clamor por la democracia, que tanto esfuerzo, sacrificio y lucha ha producido en la historia centroamericana, su derecho a expresarse con libertad y legitimidad, jamás puede conducir como respuesta a la represión de un gobierno, menos aun cuando el origen de éste proviene de luchas semejantes que, en el pasado reciente reivindicaron en el hermano país centroamericano la instauración de los derechos humanos frente a una dictadura oprobiosa. Este régimen hizo mucho daño y llevó adelante una fuerte represión, a través de un impresionante incremento de los miembros las fuerzas policiales y militares, la creación de numerosas cárceles, la persecución, los secuestros y la aplicación de torturas por parte de la Guardia Nacional Nicaragüense.
Hacemos un enérgico llamado al diálogo inmediato, al cese de la represión, para que retorne la calma, aflore de nuevo un clima de paz y respeto a los derechos humanos en Nicaragua y que la juventud recobre el pleno derecho a la libre expresión de su pensamiento.
La Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, hace un llamado a todas las Universidades de Centroamérica, así como a las del Consejo Superior Universitario Centroamericano-CSUCA, que promueve la integración centroamericana, el fortalecimiento de la educación superior y que creen en la autonomía, la libertad, la justicia y los derechos humanos, a pronunciarse e interceder por los estudiantes, la población nicaragüenses y repudiar el clima de represión instaurado principalmente por las fuerzas policiales. Hacemos un vigoroso llamado al diálogo entre las partes, para que así, en un marco de respeto pleno de los derechos humanos, puedan discutirse y resolverse las demandas planteadas por los estudiantes y la juventud de Nicaragua.
Alberto Salom Echeverría
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL
*Imagen tomada de video publicado por OCUPA INSS Nicaragua.
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.
Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.
Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.
Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.
Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.
Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.
Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.
Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.
Los actos insurreccionales protagonizados por jóvenes auto convocados estos días, en toda Nicaragua, refleja un hartazgo a la corrupción de la pareja presidencial, al desmesurado uso de la fuerza policial, el autoritarismo más propio del somocismo que de un Gobierno que se denomina de izquierdas, a las tropelías propias de las derechas centroamericanas en los procesos electorales, la concentración de poder y la pérdida y debilitamiento de la institucionalidad del Estado, la patrimonialización familiar y partidaria de los fondos solidarios de enviados por el hermano pueblo de Venezuela, la partidarización de los movimientos sociales, las represiones constantes cuando organizaciones de todo tipo (no partidarias) salen a la callen a reivindicar derechos ganados en la Revolución Popular, la alianza con los grupos empresariales y la élite de la Iglesia Católica corruptos, la soberbia con la que han gestionado el Poder Electoral, por las consecuencias y la irresponsabilidad en la gestión de los incendios en la principal reserva ecológica Indio Maíz, por las medidas tomadas para sanear el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Es decir, ¡esta revuelta ya no es por el INSS!
Es por la libertad, la necesidad de establecer el diálogo y la cohesión social basada en el respeto a todas las diversidades y la justicia económica. Es por construir un Estado honesto, justo, que rinda cuentas, con funcionarios y funcionarias capaces y también apegados a derecho que no de intereses de un partido. Es por la oportunidad de cerrar los históricos ciclos de violencia que hemos heredado desde la colonización europea hasta las dictaduras sanguinarias del somocismo, o los gobiernos neoliberales de los años 90´s. Es por que nos merecemos vivir en convivencia todas y todos, es por terminar de integrar a la Nación a los pueblos originarios Miskitus, Mayagnas, Ramakis, Monimbó; y también a los pueblos Negros. Esta es una lucha para que construyamos una sociedad en la que ser mujer no sea un peligro.
Y hoy es también, por encontrar y llevar a los tribunales a los responsables de asesinar a nuestros jóvenes:
Darwin Manuel Urbina, trabajador de supermercado.
Jilton Rafael Manzanarez, policía.
Richard Edmundo Pavon Bermudez, activista FSLN estudiante secundaria
Alvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante Colegio Loyola
Pronunciamiento del Rector Dr. Heninng Jensen Pennington
Tras los lamentables hechos de represión acaecidos en Nicaragua durante los días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, esta semana, entre los que destaca la muerte de un policía y tres estudiantes, dos de ellos en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); la Universidad de Costa Rica se solidariza con esa institución hermana y repudia todo tipo de violencia, en especial aquella contra manifestantes indefensos por parte de las fuerzas represoras.
Además, la Upoli, institución con la que la Universidad de Costa Rica mantiene un convenio de cooperación desde noviembre del año pasado, ha sido el escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las últimas horas. Todo ello dirige nuestro pensamiento hacia los compañeros, docentes y familias de las víctimas, especialmente de estos jóvenes alumnos fallecidos en los terrenos universitarios, quienes sufren hoy de la barbarie que acontece cuando el diálogo no es el instrumento privilegiado para dirimir diferencias, sino la represión.
Hacemos un llamado, respetuoso pero vehemente, a las autoridades nicaragüenses, para que pongan fin a esta oleada de violencia y sean capaces de sentarse a la mesa con los sectores disidentes, de manera que se consiga un acuerdo que satisfaga a ambas partes sobre la administración de la seguridad social en su país, como ocurre en cualquier democracia digna y consolidada del mundo.
Confiamos en que la sangre derramada por los fallecidos sea un serio llamado de atención al gobierno de Managua, de manera que estas muertes no queden impunes y sus responsables sean juzgados de acuerdo con sus leyes.
Dr. Heninng Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica y Presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
En la imagen: bandera nacional de la República de Nicaragua.
Honduras, en su última década ha pasado por experiencias políticas que ninguna sociedad madura puede envidiar. No solamente es un país que expulsa sus familias completas a buscar su futuro económico al Norte de América, como lo hacen los otros dos países del denominado “triángulo norte”, pero ahora tiene exiliados políticos en otros países, por la constante represión política, asesinatos de sus líderes sociales y políticos, etc. Desde las elecciones de noviembre del 2017, se cuentan más de doscientos exiliados políticos, declarados o no, en su gran mayoría estudiantes. Algunos han logrado salir con visas y medios adecuados, pero otros han tenido que escapar de la represión por cualquier medio que les permita salvaguardar sus vidas. Esto, sin contar con más de veinte prisioneros políticos encarcelados como los peores delincuentes y, lo peor, hay otras decenas de víctimas letales en manos de las fuerzas gubernamentales, regulares o irregulares, aun en la impunidad.
Uno de los logros nefastos del actual régimen dictatorial, con el apoyo de la derecha internacional, es envenenar la conciencia de la juventud para que ésta concluya despreciando la sola existencia de un Estado. Eventualmente puede llegar a desear, o un Estado neo fascista o la anarquía completa. Sin elegir a ningún gobernante por no creer en la real democracia. Podremos llegar a tener una juventud que no creerá posible un Estado democrático esencial para la vida de toda sociedad, pues no habrá llegado a vislumbrar, ni intelectualmente, la libertad, la equidad social y económica en toda su dimensión.
Con los dos últimos simulacros electorales, después del golpe de Estado por un grupo de liberales, aliados con nacionalistas, empresarios y jerarcas religiosos, en el 2009, esta ciudadanía no ha vuelto a vivir un estado democrático; es decir, que su población, ahora apenas en mayoría de edad (18), quien, en el golpe de Estado, apenas tenía cumplidos siete, ni siquiera ha vivido y conocido lo que es una elección política honrada y correcta. Conoce de golpes de Estado, de estados denominados “Democráticos” pero que son de-facto, de sobre-militarización y de violencia por expresar una opinión diferente. No ha vivido, con capacidad de discernimiento siquiera, los pocos años de democracia representativa anterior al 2009. Llegará a sus veintiunos (21) sin vivirlo, pero sí con esperanza de lograrlo, cuando alguien lo persuada de eso. Los gobernantes actuales saben eso, por lo que buscan consolidar un ejército de jóvenes neo-fascistas, que controle cualquier intento de Democracia real.
Los tres poderes de la república formal, junto a sus instituciones autónomas, no son otra cosa que un conglomerado institucional atado, desde sus bases hasta su vértice más elevado, como lo hace una enredadera-parásito sobre un árbol, hasta matarlo. Las redes corruptas, creadas por un grupo militante del Partido Nacional, cada una liderada por sus piezas más astutas, así como cínicas, controlan desde su base, hasta su parte superior, coordinando dentro de un circuito cuyo centro lidera su presidente Juan Orlando Hernández.
Pero este presidente no dirige sólo, este sistema corrupto, avasallador y degradante requiere de otros actores nacionales e internacionales. Él debe contar con las directrices de un grupo cerrado de los grandes empresarios y banqueros, además de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes participan de los mayores beneficios del botín. Éste poder también debe contar con el visto bueno y, generalmente, con las propuestas del poder estadounidense, como es usual. Esa última fuerza internacional ya se ha asegurado del sometimiento absoluto a sus directrices.
Pese a lo anterior, la ciudadanía sigue ejercitando algunas acciones democráticas en sus organizaciones locales, en sus barrios, escuelas, y demás espacios donde puede expresarse con algún grado de libertad. Lo que no deja de haber es la expresión de resistencia y protesta frente a los abusos y ofensas a los derechos ciudadanos por parte de las argollas del poder del PN. Ya se aprendió que no hay que estar inscrito en un partido político de oposición para expresar su repudio al sistema dictatorial, corrupto y narco que tiene el poder usurpado. Se aprendió que el problema atañe a toda la ciudadanía por igual.
No obstante, contradictoriamente, se está aprendiendo que el patriotismo y nacionalismo que expresan los grupos políticos mafiosos es parte de un simulacro construido desde el inicio de sus «carreras políticas» para ganar adeptos. Al momento mismo de acumular los primeros millones obtenidos por actos delincuenciales, abren sus cuentas en bancos internacionales, compran sus lujosas viviendas afuera de Honduras y en «paraísos urbanos» de la clase burgués que no habla el idioma español y menos el catracho. Buscan obtener membresía en clubs de la alta clase social extranjera y rosarse socialmente con grupos de “políticos” y empresarios dueños de fuertes capitales. Eso les hace felices, pues se asimilan cada vez más a otras “especies humanas, menos centroamericanas”.
Porque sus proyecciones familiares están afuera de Honduras, no les importa si dejan abismales deudas en el Estado, menos si dejan un pueblo más pobre y miserable, si las empresas extractivistas se llevan los recursos naturales, nada de eso importa. Más bien, gracias a esos daños irreversibles, esa clase gobernante, puede enriquecerse más rápido. Ojalá haya más pobres, sin casa, ropa ni zapatos, sin alimentación, etc., pues eso permite venderle proyectos a la comunidad internacional, quienes luego los sobre-financian. Así se lucha contra los pobres y a “favor del combate a la pobreza”.
Con esta pobreza institucionalizada y democracia dictatorial, Honduras confirma parte de lo que Trump llama “cloacas obscuras” y que la juventud catracha seguirá rechazando día a día, hasta transformar su institucionalidad en una democracia activa y participativa.
